El Ministerio de Industria remitió ayer a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la propuesta de orden ministerial que determina la subida de la luz a partir de julio. El planteamiento acordado por el equipo que dirige Miguel Sebastián consiste en ajustar el incremento de la tarifa eléctrica a un 5,62% para los hogares. Para los grandes consumidores industriales que todavía están sujetos a un precio regulado, el aumento se limitará al 4,7%, de acuerdo con el IPC adelantado del pasado mes de mayo.

El borrador de la citada disposición normativa, al que ha tenido acceso ABC, fija en el 1 de noviembre el inicio del año eléctrico, una fecha que debe marcarse en rojo dentro del calendario porque servirá para abordar las futuras y más vertiginosas subidas de la luz. No en balde, el Gobierno tiene hasta finales de año para reestructurar los llamados costes de acceso del sistema eléctrico, que son los que componen el principal caballo de batalla en las relaciones con las empresas generadoras. Dicho de otro modo, será a partir de noviembre cuando se desencadene la verdadera ofensiva sobre la tarifa eléctrica, de la que dependerá el incremento para el año 2009.

Hasta entonces, y con arreglo a la subida del próximo 1 de julio, el Ministerio de Industria va a tener que admitir un nuevo déficit de tarifa de 2.500 millones de euros entre el pasado abril y el próximo octubre. A esta cifra hay que añadir otros 1.300 millones de «agujero» acumulado durante el primer trimestre del año.

Exención del 5%

El déficit en cuestión es producto de un incremento de tarifa que queda situado muy por debajo del 11,3% propuesto inicialmente por la CNE. La subida media del 5,6%para los consumidores finales se produce gracias a la aplicación de un mínimo de consumo exento de 25 kilowatios por hora al bimestre. Se da la circunstancia de que el consumo medio en el sector residencial y de oficinas (unos 22 millones de puntos de suministro) está cuantificado en 272 kilowatios por hora al mes, lo que supone 544 kilowatios por hora al bimestre. En consecuencia, los 25 kilowatios por hora de consumo mínimo gratuito vienen a suponer una exención del 5% para la mayor parte de los consumidores españoles.

La orden ministerial de Industria incluye como anunció Miguel Sebastián la adopción de la futura tarifa social de aplicación a suministros domésticos en baja tensión contratados por personas físicas y solo para su residencia habitual, no para las segundas viviendas. Dicha tarifa social podrá ser solicitada por un total de 3,6 millones de hogares y para acceder a ella será necesario firmar una declaración jurada en la que se acredite el cumplimiento de unos requisitos básicos. Dichas condiciones se resumen en la obligación de disponer de una potencia contratada inferior a los 3 kilowatios.

La tarifa social se traduce básicamente en que sus beneficiarios no tendrán que pagar el denominado término de potencia o coste fijo y, en consecuencia, sólo deberán afrontar los costes variables de sus respectivos consumos.

Para compensar al sistema eléctrico de todos estos ajustes a la baja, el planteamiento del Ministerio de Industria incluye un incremento de las penalizaciones que ahora se establecen por los denominados consumos excesivos. Hasta la fecha, el consumo excesivo se estimaba a partir de los 1.100 kilowatios por hora al bimestre, prácticamente el doble del consumo promedio que, como queda dicho, es de 544 kilowatios por hora.

A partir de ahora, el límite del exceso de consumo se determina en los 1.000 kilowatios por hora al bimestre y a partir de esta cuantía los consumidores pagarán penalizaciones del 25% del consumo de energía básico establecido en la tarifa 2.0.1, que es la que comprende una potencia contratada de entre 1 y 2,5 kilowatios.

Próximo calendario

La orden ministerial fue ayer distribuida a los comités consultivos afectados por la subida de la luz, que se reunirán el próximo lunes con la Comisión de la Energía que preside Maite Costa. A partir de este encuentro se espera que el miércoles día 25 el organismo regulador aborde en su consejo la propuesta del Ministerio de Industria con el fin de trasladar su informe preceptivo al Gobierno. Los plazos administrativos culminarán el viernes 27 con la aprobación del nuevo recibo de la luz por parte del Consejo de Ministros. En consecuencia con este calendario, la subida de la tarifa eléctrica entrará en vigor el próximo 1 de julio.