La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha afirmado que la Junta sigue trabajando en esta recta final de las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) “para que el texto definitivo atienda la diversidad agrícola y ganadera de Castilla-La Mancha”
Soriano, que ha clausurado este mediodía en Toledo la Asamblea General de ASAJA-Toledo, ha destacado que la propia presidenta María Dolores Cospedal ha defendido recientemente ante el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, las principales reivindicaciones de Castilla-La Mancha, a las que el mandatario europeo se mostró muy receptivo.
Entre ellas, la presidenta rechazó la “tarifa plana” en el pago de las ayudas PAC, que suponía un pago lineal por hectárea sin atender el tipo de cultivo, y expresó su oposición a que el posible trasvase de fondos entre comunidades autónomas o sectores –a través de los mecanismos de convergencia interna- pueda perjudicar a los agricultores y ganaderos de la región.
Asimismo, María Dolores Cospedal defendió el mantenimiento de los derechos de viñedo, una cuestión en la que el propio comisario ya ha dado marcha atrás ante la oposición de varios países, entre ellos España.
Una auténtica política agraria regional
Por otro lado, la consejera de Agricultura ha sostenido que la Junta está llevando adelante “una auténtica política agraria regional”, a través del Plan de Inversión y Creación de Empleo (PICE), que cuenta con medidas concretas y un presupuesto de 1.713 millones hasta el año 2020.
María Luisa Soriano ha recordado la importancia del sector primario a través de algunas cifras, como que la agricultura y ganadería suponen el 7 por ciento del PIB regional -por el 2,6 por ciento que supone a nivel nacional-, los 22.000 empleos que generan las 2.400 empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, o el incremento del 44 por ciento en las exportaciones en los dos últimos años.
La titular de Agricultura ha indicado que aún así hay potencial de desarrollo y que el PICE “supondrá un nuevo impulso para el sector agroalimentario”, ya que contempla medidas para resolver las limitaciones actuales en aspectos como la internacionalización, la integración de cooperativas, el fomento del sector ganadero o la reconversión de cultivos.
Además, ha sostenido que una de sus prioridades es la simplificación administrativa, con el fin de disminuir la burocracia a la que se enfrentan los emprendedores y empresarios, “para que puedan dedicar su tiempo a trabajar y no perderlo con papeleos innecesarios”.