UPA Castilla-La Mancha ha trasladado la inquietud que existe en el campo debido a losrobos que se siguen produciendoen la región. Esta mañana el secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo; acompañado de la secretaria de UPA Toledo, Elisa Fernández ha acudido a la reunión con el delegado del gobierno, Jesús Labrador y las otras organizaciones agrarias.
Toledosigue siendo una de las provincias españolas donde más delitos se producen en el campo. Una cifra que no ha dejado de crecer en el país hasta en un 7’6 %. Aunque UPA ha precisado que estos datos no son del todo exactos, y que podrían ser superiores, dado que el hartazgo de muchos agricultores y ganaderos les lleva en ocasiones a no denunciar.
El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la creación por parte de la Guardia Civil de losequipos ROCA(Equipos de lucha contra el Robo en el Campo)cuya función es la de incrementar la seguridad de las explotaciones “mediante una vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados”. En total, de los 55 equipos destinados en toda España,9 ya vigilan en Castilla-La Mancha. Son agentes de la Guardia Civil dedicados en exclusiva a estos cometidos.
El secretario general de UPA CLM espera, además, que la aprobación delendurecimiento del Código Penal contribuya para frenar los delitos en el entorno rural, ante la situación de “alarma social y personal” que viven miles de agricultores y ganaderos en Castilla-La Mancha.
Reforma del código penal
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, para que los robos de productos agrícolas y ganaderos, o de los medios e instrumentos para su obtención, puedan conllevar penas de prisión de uno a tres años. Esta pena podrá ser de uno a cuatro años de prisión si la persona que comete el delito porta un arma o pertenece a una organización criminal y comete el delito junto a otro de sus integrantes.
La reforma también contempla el castigo a quien trafique con los productos robados, “pudiendo, llegado el caso, imponer pena de inhabilitación especial, de entre 2 y 5 años para el ejercicio de la profesión o industria que trafique con lo robado, así como la clausura temporal o definitiva del local del que se trate.
En los últimos meses,UPA ha ejercido una importante labor de denuncia de esta problemática, poniendo en conocimiento de las Administraciones los robos y delitos cometidos y buscando la máxima coordinación con las fuerzas de seguridad.
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