El máximo responsable en Castilla-La Mancha de UPA, Julián Morcillo, informó ayer de las alegaciones presentadas por la organización al plan de la Cuenca del Júcar, que, al igual que los regantes de la Mancha oriental -que engloba a más de 10.000 personas-, considera «tremendamente injusto para este tierra».
Morcillo, que reconoció que las alegaciones, presentadas el pasado día 7, van de la mano con las presentadas por la comunidad de regantes, con quien se han mantenido encuentros y asambleas informativas por diversos pueblos del territorio afectado, especialmente Albacete y Cuenca, calificó el plan de «ilegal e inconstitucional, porque no tiene en cuenta la norma básica de planificación hidrológica».
En este sentido, el responsable regional de UPA comentó que lo que hace el plan es tratar la demarcación «como un todo para de alguna manera mostrar una aparente legalidad en los papeles y poder dar forma a los trasvases a la Comunidad Valenciana». Así, «creemos que lo que se quiere es asegurar las dotaciones a otras cuencas», agregó.
Con la propuesta conforme está, Morcillo dice que se podría pasar de una cuenca que en principio es «excedentaria» a «deficitaria», con un trasvase de hasta 530 hectómetros cúbicos, «y esto supone limitaciones para los regantes».
A este respecto, el líder de la organización agraria de pequeños agricultores en Castilla-La Mancha comentó que «nos asignan 400 hectómetros cúbicos a Albacete y Cuenca, pero reconoce el Plan que se dejan sin atender 60 hectómetros cúbicos de los derechos que tienen estos regantes».
Y además, añadía, se plantea una reducción del acuífero de aquí al año 2027 de otros 60, dejando, por tanto, sin atender 120 hectómetros cúbicos de los regantes de Castilla-La Mancha. «Y para rizar el rizo, nos dicen que estas dotaciones las tenemos que pedir al Plan Hidrológico Nacional», subrayó Morcillo.
 Desde UPA instan a la Administración al cumplimiento de los dos aspectos más importantes que deben respetarse en el proceso de planificación y consideran son las líneas rojas que no se podían traspasar, y se vulneran «escandalosamente»: atender necesidades presentes y futuras de Castilla-La mancha y preferencia del uso de la Cuenca cedente. De lo contrario,  «todo esto nos va a llevar al absurdo, y es que la región debe pedir el aporte de agua externa al sistema, al Plan Hidrológico Nacional, incluso disponiendo de más agua en nuestro territorio, en el Júcar, que las demandas reales que tenemos».

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