Valencia: Agricultores de la Ribera no pueden legalizar sus viejos pozos como alternativa para regar

Las reservas de agua siguen muy bajas en los embalses de los ríos Júcar y Cabriel y los agricultores de la comarca valenciana de la Ribera, que se surten de ellos para regar, temen que el próximo verano se impongan serias restricciones, a no ser que mejore la situación en los próximos meses con lluvias extraordinarias en las cabeceras de las cuencas. Para intentar la salvación de sus cultivos, algunos productores intentan recuperar viejos pozos que han estado abandonados, pero las soluciones que plantean, que son posibles desde el punto de vista técnico, chocan con la actual legislación en materia de aguas. Probablemente van a tener muy difícil conseguir las autorizaciones necesarias.

Algunos agricultores de la Ribera ya han intentado legalizar sus viejos pozos y perforaciones ante la autoridad en la materia, la Confederación Hidrográfica del Júcar, y se han encontrado con la sorprendente respuesta de que no es posible resolverles sus casos, al menos como ellos desean, según informan los servicios técnicos de la Asociación Valenciana de Pozos de Riego, adscrita a la organización agraria AVA-ASAJA.

La respuesta oficial que les han dado a estos solicitantes consiste en que tendrían que renunciar a sus derechos de agua del río (que tienen como regantes de la Acequia Real del Júcar u otras comunidades a las que pertenecen) y seguir un largo camino para poner en marcha sus pozos con todas las de la ley, constituyéndose en comunidades aparte.

Pero lo primero que ocurre es que estos agricultores no quieren renunciar bajo ningún concepto a sus derechos de agua del río, naturalmente; sólo buscan aportar soluciones particulares de emergencia, para salvar esta época de aguda sequía y con sus propios medios, sin reclamar ayudas económicas.

El problema principal estriba en que la ley de aguas no contempla una peculiaridad muy propia del campo valenciano, donde muchos agricultores cuentan con alternativas para poder regar, y si falla una acuden a otra (de río y de pozo o de varios pozos), sino que la norma impone la obligación de contar con una única fuente.

Derechos entrecruzados
El objetivo que se busca es, presumiblemente, el de evitar despilfarros y promover el ahorro, pero resulta evidente que si un agricultor cuenta con derechos de agua de más de un sitio, y se los ha costeado de su bolsillo, no es una inversión que se haya hecho por capricho, ni con la intención de regar un mismo mampo ahora de una fuente y mañana de otra. A esto se ha llegado por la evolución natural de las cosas. Las sucesivas sequías han dejado exhaustos ríos y pozos y los agricultores, si han tenido alguna opción, la han buscado y la han pagado.

Por eso existen multitud de pozos, en zonas de huertas de las planas litorales y valles fluviales, de los que son propietarios agricultores y agrupaciones de regantes que normalmente riegan con agua de río, pero si esta falla, recurren al pozo. Y si un pozo falla, se recurre a otro. De ahí que sea habitual que muchos agricultores sean socios de más de un pozo a la vez. Algo que los funcionarios de la administración hidrológica no acaban de entender y que suscita innumerables problemas, hasta el punto de exigir que se evite lo que se denomina como ‘solapamiento’ de parcelas. Cada parcela se entiende que debe regar de una fuente única. Y si se han de poner soluciones de emergencia, ya lo hará la Administración.

De hecho, tanto la Confederación Hidrográfica como la Generalitat han aflorado en los últimos años innumerables ‘pozos de sequía’ para reponer parte de los caudales que escasean en los ríos. Sin embargo no se está a favor -por ahora- de reconocer la ayuda ejemplar de los agricultores que pretende recuperar con el misma finalidad sus viejos pozos olividados.

Como en las últimas décadas no hicieron falta estos pozos, nadie se preocupó de inscribirlos en el Catálogo de Aguas Proivadas. Ahora han pasado todos los plazos posibles. La única opción sería constituir nuevas comunidad de regantes, pero para eso deberían renunciar a pertenecer a las que encuadran actualmente a estos usuarios para emplear el agua del río, y eso no lo van a hacer. En ocasiones, la burocracia complica en exceso soluciones que a pie de campo se ven lógicas y fáciles.

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