Las reacciones de las distintas comunidades autónomas implicadas en la «guerra del agua» al anuncio de un pacto nacional lanzado por la ministra de medio Ambiente, Elena Espinosa, no se han hecho esperar. Mientras las cuencas potencialmente receptoras aplaudieron el principio de «cambio» en las tesis del Ejecutivo, las que se convertirían en cedentes mostraron una vez más su oposición frontal.

Las dos regiones que comparten la cuenca hidrográfica del Segura -la más deficitaria de España-, la Comunidad Valenciana y Murcia, se felicitaron ayer por la intención del Gobierno de alcanzar un «gran Pacto del Agua», como lo definió Espinosa el pasado lunes.

Tanto el consejero de Agua valenciano, José Ramón García Antón, como su homólogo en la Región de Murcia, Antonio Cerdá, aplaudieron el cambio de postura del Ejecutivo -que durante la pasada legislatura vetó la posibilidad de debatir la interconexión de cuencas-. No obstante, se mostraron poco optimistas sobre las posibilidades del citado pacto, dado que Espinosa «ha excluido de entrada» el trasvase del Ebro al Levante.

Antes de participar en Alicante en unas jornadas sobre gestión de aguas organizadas por una asociación empresarial, García Antón admitió que la salida de Cristina Narbona del Ministerio dibuja un nuevo escenario tras la «etapa antitrasvasista», acentuado por el debate en torno a la derogada transferencia a Barcelona, y dijo que «gobiernan según la climatología».

«Criterios técnicos»

El consejero valenciano, que la pasada semana se reunió con el secretario de Estado de Agua, José Puxeu, confió en que la relación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno «cambie» tras ese encuentro, en el que se limaron asperezas. En cualquier caso, recordó que la «radical» política de Medio Ambiente en los últimos cuatro años será difícil de cambiar «de golpe», por lo que se mostró cauto sobre su verdadero alcance.

En este sentido, afirmó -en relación a la negativa de Espinosa a debatir sobre el trasvase del Ebro original- que «si se veta algo, es que no hay un sincero deseo de pacto». Por ello, advirtió que «aunque estamos dispuestos» a formar parte de dicho acuerdo, «si empiezan con exclusiones, no podemos estar».

El consejero de Agua de la Generalitat Valenciana incluso retó a la ministra de Medio Ambiente: «Estamos dispuestos a admitir, si nos lo demuestran, que no tenemos razón al pedir el trasvase», dijo. Eso sí, pidió que el debate se centre en aspectos «técnicos, y no políticos». Así, consideró que el Ebro «nos recuerda cada dos meses -en relación a las crecidas del río- que tiene agua suficiente» para acometer la transferencia.

El consejero murciano, por su parte, se sumó al análisis de su homólogo. Cerdá dio la «bienvenida» al Pacto del Agua propuesto por la ministra, aunque advirtió que el trasvase del Ebro al Levante «tiene que estar sobre la mesa». El consejero advirtió que el Ebro «no es un río sagrado», y por tanto se trata de una opción a contemplar «como el resto».

Aragón, entre tanto, no quiere que se siga hablando de trasvase. La coalición PSOE-PAR ha estado a punto de tener que digerir un trasvase a Barcelona después de años arremetiendo contra el PP por el defendido para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

«Vacuna» contra el trasvase

A toro pasado, con el trasvase a Barcelona descartado gracias a las lluvias, el líder del PAR y vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, exigió ayer que se le otorgue a esta Comunidad la gestión de 6.550 hectómetros cúbicos. Es el volumen que el Pacto del Agua de 1992 reconoce como necesaria para cubrir las necesidades hídricas de esta Comunidad, la misma cifra que incluyó el PHN del gobierno Aznar y la que, eso sí, sigue sin poder hacerse efectiva porque no hay embalses en los que guardar el agua. Embalses que fijaba en 1992 el mismo Pacto del Agua de Aragón.

Desde 1999, los esfuerzos institucionales de esta región han dado prioridad a luchar contra el trasvase del Ebro. Ahora, la coalición PSOE-PAR subraya que esos embalses son imprescindibles para abastecer a Aragón, pero también como «vacuna» contra futuros intentos de trasvases, porque con 6.550 hectómetros cúbicos a gestionar, será más difícil que haya excedentes en el Ebro.

Para que esos embalses lleguen de una vez, Biel defiende que sea Aragón la que gestione la ejecución de las obras, que en cualquier caso han de ser financiadas con los presupuestos del Estado. Biel avanzó que así lo pedirán el próximo 7 de julio, en la comisión bilateral de coordinación Estado-Aragón. El vicepresidente aragonés afirmó que si esta Comunidad gestiona esa reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos y los embalses se hacen de una vez por todas, se habrá acabado con la «amenaza del trasvase para los próximos cien años».