La planificación hidrológica nacional vuelve a dar un giro bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desalación frente a trasvases fue la primera decisión de su Ejecutivo bajo la batuta de la defenestrada ministra de Medio ambiente, Cristina Narbona.
Esa radicalidad en el planteamiento segó de raíz el Pacto Nacional del Agua que se alcanzó con un consenso superior al 80% y que contemplaba, entre otras, la ejecución del trasvase del Ebro. La presión ejercida en esa primera legislatura por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que condicionó el apoyo a Zapatero en los presupuestos a la derogación del citado trasvase resultó definitiva.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, fue quien estampó su firma en la defunción -siquiera temporal- de esa conducción. Cuatro años después, la tortilla ha dado la vuelta casi por completo y el Gobierno socialista se presenta como valedor de los trasvases.
Vuelta al «interés general»
El motivo es obvio: la guerra del agua se ha extendido en este último lustro como un reguero de pólvora afianzando en los diferentes territorios autonómicos a sus gobiernos que realizaban encendidas defensas de sus derechos hídricos.
La vuelta al «interés general» es lo que auspicia este giro copernicano en la planificación del Gobierno de España. Marcelino Iglesias en Aragón, José María Barreda en Castilla-La Mancha, Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, Josep Lluís Carod-Rovira en Cataluña y Ramón Luis Valcárcel en la Región de Murcia han protagonizado los principales duelos dialécticos entre territorios con cuencas excedentarias y deficitarias. Javier Arenasen Andalucía también ha levantado la voz con dureza para reclamar más recursos hídricos, algo que Manuel Chaves ha obviado, mientras que Esperanza Aguirre se sumaba en el último año a la solidaridad que pedía Camps y que también reclamó para el sistema de financiación autonómica.
El órdago de Castilla-La Mancha en su reforma estatutaria (analizada ahora en el Congreso de los Diputados) ha acabado por romper la baraja de los discursos nacionales de PP y PSOE en la materia. Primeros espadas de ambas formaciones como María Dolores de Cospedal o el propio Barreda se han visto involucrados en una guerra interna que las direcciones nacionales de Génova y Ferraz han querido cortar.
El consenso está más cerca -aunque en ningún caso es inminente- y se pretende no ahondar más en la herida del «agua para todos», pero la conclusión es que cinco años después Zapatero vuelve a ceder ante ERC y también ante su «compañero» de partido, el presidente catalán, Josep Montilla.
La presión de las fuerzas políticas catalanas ha sido suficientemente insoportable para el Gobierno de España como para obligarle a abandonar la idea del trasvase del Ebro y retomar «otro Tajo-Segura» en el curso medio del río a la altura del embalse de Valdecañas.
Extremadura, con su presidente Guillermo Fernández Vara a la cabeza, no pondrá tantas objeciones si obtiene alguna compensación económica (factible en la cercana reforma del sistema de financiación).
El Ebro sigue en el horizonte
Zapatero busca también que uno de los principales ejes de reivindicación de los Gobiernos valenciano y murciano quede desactivado, ofreciéndoles igual cantidad de agua que la que llegaría del Ebro.
La realidad, no obstante, es que el trasvase del Ebro seguirá en los próximos años como un proyecto «irrenunciable» para el Consell, tal como ha asegurado su presidente en varias ocasiones. No se entiende la demonización de esta conducción para acabar haciendo otra en un lugar diferente del país con coste elevado.
La politización, pues, de la planificación hidrológica nacional dista pues mucho de solucionarse. Mientras, los regantes seguirán padeciendo dificultades si los años hidrológicos son tan secos como los últimos porque la alternativa de la desalación se desvanece -al menos en su condición masiva-por su elevado coste medioambiental y energético.