Arias Cañete mantiene que el Plan Hidrológico Nacional se hará por consenso

Zaragoza.- El Gobierno central llevará a cabo un Plan Hidrológico Nacional por consenso cuando termine la planificación nacional en el año 2015. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha mostrado su “satisfacción parcial” por haber concluido el Plan del Ebro con consenso de ocho comunidades y ha lamentado que no haya sido con el apoyo también de Cataluña.

Ha indicado que el mayor problema en el Ebro es el caudal ecológico medio del delta, porque Cataluña reclama alrededor de 9.000 hectómetros cúbicos, lo que supone “una discrepancia de 6.000 hectómetros cúbicos”.

Se han iniciado las negociaciones para aproximar las posiciones y analizar técnicamente los caudales ecológicos en la búsqueda de una solución, puesto que la intención del Gobierno central es “conseguir el consenso de las nueve comunidades que integran la cuenca del Ebro”.

El presidente de la Comisión de Seguimiento de las Obras del Pacto del Agua, José Ángel Biel, ha destacado que el Plan de la Cuenca del Ebro “no incluye ningún trasvase” y que cuando se plantee un pacto nacional del agua será necesario el consenso.

Con ello, ha indicado que “está todo dicho”, puesto que la postura de Aragón será contraria a la inclusión de un trasvase del Ebro en la planificación nacional.

Sobre la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de Aragón contra la Ley de Evaluación Ambiental y el rechazo de la Comunidad a los planes hidrológicos del Júcar y del Segura, el ministro ha recordado que lo que se busca con estas normas es regular “las condiciones de los trasvases que existen”, lo que no implica que “se prepare una legislación para transferencias de agua futuras”.

Ha dejado claro que trasvases como el Tajo-Segura “están muy lejos del Ebro y de Zaragoza” y que no afectan a la Comunidad. Por ello, cree que el rechazo de la Comunidad se debe a “la hipersensibilidad” de Aragón en materia de agua más que “a una circunstancia real”.

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El PAR enmienda en el Senado la Ley de Evaluación Ambiental al considerar que podría facilitar futuros trasvases

Zaragoza.- Los senadores del Partido Aragonés presentarán mañana tres enmiendas al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental por considerar que simplifica trámites y procedimientos que podrían facilitar “un futuro proyecto de trasvase del Ebro”, tal y como aparece contemplado en un argumentario interno de la Presidencia de la fuerza política.

El senador José María Fuster ha explicado que la Ley tiene como objetivo simplificar y agilizar los trámites de los estudios de impacto ambiental, pero durante su tramitación en el Congreso “el Grupo Parlamentario Popular introduce una serie de enmiendas” con las que el PAR no está de acuerdo al considerar que son contrarias a los intereses de la Comunidad.

La formación, en su argumentario interno, ha remarcado que las enmiendas populares “vienen a ampliar los supuestos específicos que existían en el proyecto de Ley sobre el Tajo-Segura para hablar de trasvases en general, dejando la puerta abierta a que se puedan contemplar nuevas transferencias de caudales entre las cuencas”.

Fuster ha resaltado que lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados “no es un trasvase”, pero sí abrir “caminos jurídicos a otras formas de trasvase diferentes a las conocidas”, algo que le preocupa a la fuerza política.

La primera de las enmiendas formuladas busca la supresión de la disposición final cuarta, la cual modifica el artículo 72 de la Ley de Aguas, relativo a las infraestructuras de conexión intercuencas. En caso de aprobarse la norma de Evaluación Ambiental, la Dirección General del Agua podrá autorizar la cesión de derechos que implique el uso de infraestructuras que interconectan territorios de distintos planes hidrológicos de cuenca. La autorización de las cesiones no podrá alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los trasvases

Fuster considera que la modificación de la Ley de Aguas “abre un melón importante”, por mucho que después “advierta de que no se podrá alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los trasvases” ya que “no se sabe a cuáles se refiere, si a los anteriores, a los nuevos…”.

El senador ha querido dejar claro que ese artículo 72 con la modificación planteada en la Ley de Evaluación Ambiental viene a decir que “la Dirección General puede autorizar cesiones de derechos de una cuenca a otra cuando hasta ahora esa circunstancia se hacía de manera excepcional”.

El partido, en un argumentario interno, cree que este artículo “facilita la venta de caudales entre cuencas”. Hasta ahora, los concesionarios debían ceñirse a poder comerciar con ese derecho dentro de la cuenca, pero la Ley posibilita que, por ejemplo, “un concesionario de caudales de Tarragona pueda vendérselos de forma temporal a un regante del Levante”. La concesión “es un derecho” y “tan sólo se requeriría la tubería física para poder trasvasar el agua sin permiso alguno de la confederación cedente”.

Hasta ahora la cuenca cedente tenía una prioridad de uso y era preceptivo el acuerdo entre cuenca. Ahora, con el texto de la Ley, “será la Dirección General del Agua quien pueda autorizar dicha transferencia sin necesidad de proyecto de ley o decreto ley alguno, como sucedía hasta ahora, lo que resta garantías jurídicas”.

La segunda de las enmiendas es de supresión a la disposición final quinta, que modifica la disposición adicional sexta de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Fuster ha subrayado que el texto modifica “un artículo que en aquel momento estaba referido al Tajo y el Segura y que obligaba a dar cuenta al Congreso y al Senado de los destinos y caudales transportados”. Cree que ahora lo que se hace es “establecer valores de referencia en la cuenca cedente y destinataria y que con un informe previo de la Dirección General del Agua se puedan valorar los consumos que se pueden distribuir”.

La última de las enmiendas es al preámbulo de la norma. Se pide que no aparezcan las referencias a los trasvases intercuenca en general, dejando sola la de la transferencia de aguas entre el Tajo y el Segura; a la modificación del artículo 72 de la Ley de Aguas; y a que sea necesario que, en el futuro próximo, la regulación de las transferencias de agua entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos se incorporen al Plan Hidrológico Nacional.

Además, busca eliminar del preámbulo que la próxima Ley del Plan Hidrológico Nacional deberá integrar, armonizar y actualizar en un único bloque normativo las disposiciones relativas a todos los trasvases intercuencas, que se encuentran dispersas en diferentes normas.

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Los regantes pueden ahorrar un 15% en el suministro eléctrico con negociaciones colectivas

Zaragoza.- Las Comunidades de Regantes pueden obtener ahorros de hasta un 15% en el suministro eléctrico si realizan una negociación colectiva con la comercializadora. Esa es una de las principales conclusiones expuestas este mes en el nuevo “Boletín al mail del Regante”, editado por la Oficina del Regante de Sarga a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

La publicación técnica trata en su tema de portada las ventajas de realizar una solicitud conjunta frente a la negociación individual, con la intención de conseguir precios más económicos. De esta forma, el artículo profundiza en el papel de la Oficina del Regante en este proceso, las pautas a seguir, así como un estudio de los ahorros conseguidos en las dos negociaciones colectivas llevadas ya a cabo en la Junta Central del Bajo Ebro Aragonés y Canal de Aragón y Cataluña.

Los porcentajes de ahorro varían en función de la potencia contratada, así como del transcurso del periodo de contrato (contrato cerrado en un periodo de hasta dos años que no es objeto de subidas), pero fluctúan entre un 6% y un 15% de ahorro en comparación a su contratación de manera individual.

El “Boletín al mail del Regante”, que desde hace dos años se distribuye por correo electrónico, ya ha alcanzado la cifra de más de 4.700 suscriptores entre regantes, cooperativas, organizaciones agrarias, investigadores, y otros miembros del sector. La suscripción a la publicación es gratuita, y sólo se precisa enviar un correo a oficinaregante@sarga.es , indicando nombre, apellidos y mail al que se desea recibir el boletín.

Desde el año 2008 la Oficina del Regante de Sarga presta un servicio de asesoramiento energético a los regantes de Aragón tras la liberación del mercado eléctrico y el encarecimiento del coste de la energía tras la desaparición de la tarifa especial para riego.

Todo ello ha llevado a Sarga a prestar unos servicios de asesoramiento energético adaptados a la necesidad de cada cliente, pudiendo prestarse a nivel individual con el objetivo de reducir el consumo eléctrico, pero también a nivel colectivo, en cuanto a negociar conjuntamente las tarifas de suministro eléctrico.

A través de un pliego de prescripciones técnicas que define los aspectos principales que debe cumplir el contrato, la Oficina del Regante solicita una propuesta económica a las comercializadiras que operan en el mercado. Al tener que cumplir fielmente las condiciones exigidas en el pliego, se garantiza que las comercializadoras presentan ofertas adaptadas a las necesidades de los regantes. Tras un estudio y evaluación de las propuestas se elegirá la oferta económica más ventajosa presentada y se garantizará un contrato de entre uno y dos años en función de la fecha de vencimiento del actual contrato.

La Oficina del Regante de Sarga prestará el asesoramiento técnico necesario para asegurar el éxito de la negociación durante todo el proceso y realizará todos los trámites necesarios hasta la firma del contrato de suministro, supervisando que se cumplen las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones.

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UPyD solicita nuevos planes de cuenca que solucionen los problemas hídricos del país

Con motivo del Día Mundial del Agua que tiene lugar este jueves, UPyD Aragón manifiesta el peligro de las actuales disfunciones en la organización territorial de la política de aguas en España y Aragón, como consecuencia de “atender a posiciones demagógicas y electoralistas planteadas por las Comunidades Autónomas en la gestión del agua”. Así, exige la inmediata aprobación de los nuevos planes de cuenca/demarcación hidrográficas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para la solución de los actuales problemas y disfunciones de gestión del agua.

El partido afirma en un comunicado que se están dando “usurpación de competencias de la Administración Central en materia de gestión de cuencas intercomunitarias”, lo que supone la imposibilidad de aprobar por parte del Estado los planes de cuenca/demarcación hidrográficas que el Gobierno Central debería haber aprobado antes del 2010, en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. La opción de ampliar al máximo las competencias de las autonomías y limitar las del Estado, en materia de aguas, ha supuesto “la creación de importantes disfunciones en los planteamientos de gestión, que de facto rompen con el principio de unidad de cuenca y gestión integral de demarcaciones hidrográficas”.

Según UPyD, la anterior situación ha generado un caos hidrológico, derivado de la extralimitación de las autonomías en sus funciones en materia de aguas intercomunitarias. Para volver a la cordura hidrológica es necesario que el Estado ostente con carácter pleno las competencias de planificación y gestión integral -no delegándolas hacia las Comunidades Autónomas- de todas las cuencas intercomunitarias y evitar situaciones como las que contempla el recientemente modificado artículo 94.2 de la Ley de Aguas, por el que se otorgan competencias de policía sobre Dominio Público Hidráulico de los ríos Guadalquivir y Ebro en las autonomías de Andalucía, y de Cataluña y Aragón, respectivamente.

Asimismo, UPyD Aragón afirma que las graves consecuencias que la sequía está teniendo en Aragón, y en el resto país, se ven agravadas por la falta de la aprobación de los planes de sequía que se deberían incluir en los nuevos planes de cuenta de las respectivas demarcaciones hidrográficas, con el establecimiento de una red de indicadores de sequía y planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, así como de planes de emergencia de las entidades suministradoras.

Finalmente UPyD Aragón considera un gran error el nombramiento como nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, del regionalista y miembro de la ejecutiva del Partido Aragonés (PAR), Xavier de Pedro pues, en su comunicado, sostiene que tiene poca experiencia en la gestión de recursos hídricos.

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comentarios

  • 1|Tiermas dijo
    Todas las CCAA han jugado a trocear los ríos y las competencias sobre agua, sean cual sea el partido que las gobierna. Que el PP nombre a Xavier de Pedro como presidente de la CHE, cuando el PAR ha defendido una visión "aragonesista" del Ebro, sólo significa que el PP está pagando por gobernar mucho mas de lo que podía haber imaginado. Cuando uno se acuesta con niños, se levanta mojado

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El Constitucional admite a trámite los recursos de Valencia y Murcia contra la policía hidráulica

Los recursos de inconstitucionalidad de Valencia y Murcia contra la modificación de la Ley de Aguas que accede a transferir las competencias a Aragón, Cataluña y Andalucía de la vigilancia e inspección del dominio hidráulico han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional. Esta modificación permite desarrollar el Estatuto.

Noelia Fragoso Delgado

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El Ebro a su paso por la capital aragonesa

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Zaragoza.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat Valenciana, otro de Las Cortes Valencianas y otro de Región de Murcia contra el Real Decreto que permitió la modificación de la Ley de Aguas para que Comunidades como Aragón, Cataluña y Andalucía pudieran ejercitar las competencias recogidas en sus Estatutos de Autonomía en relación a la policía de dominio público hidráulico. El Pleno del alto tribunal lo hizo el pasado 13 de enero.

Una medida que no gustó al Gobierno de la Comunidad Valenciana que consideró que se rompía la unidad de cuenca, además argumentó que con ella se excede el ámbito territorial de gestión de las cuencas, y habló de aprobación con «nocturnidad y oscurantismo», ya que se hizo a finales de agosto «de espaldas de los regantes y a las Administraciones autonómicas» y sin convocar al Consejo Nacional de Regantes. Unas palabras que al igual que la consejera de Agua valenciana, Maritina Hernández, también pronunció el consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá. A lo que añadió que «es un recurso de todos los españoles».

Además las razones valencianas se centran en que el control, la vigilancia, la sanción de las obras y de los aprovechamientos de regadíos y otros concesionarios «no pueden separarse» de la revisión, tramitación y otorgamiento de las concesiones. Así, esgrimen que crea inseguridad en la gestión de los recursos públicos, por dividir los procedimientos administrativos y duplicar los órganos que los administran.

De este modo, se remiten al artículo 149, en su apartado 1.22 de la Constitución Española, en el que da la competencia exclusiva al Estado sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

Competencias modificadas

Las competencias se incluyen en el artículo 94.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, y son la inspección y control del dominio público hidráulico; la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de las concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico; la realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas; la inspección y vigilancia de las obras derivadas de las concesiones y autorizaciones de dominio público hidráulico; la inspección y vigilancia de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas, cualquier que sea su titularidad y el régimen jurídico al que están acogidos; la dirección de los servicios de guardería fluvial; y, en general, la aplicación de la normativa de policía de aguas y cauces

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