Los regantes del Vinalopó no cambian de opinión y ante el anuncio del inminente inicio de las obras del trasvase del Júcar, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja criticó ayer en un comunicado al Ministerio de Medio Ambiente por «imponer» un trasvase «en contra de la ciudadanía».

Los regantes recuerdan el resultado electoral del pasado 27 de mayo en el que «de forma clara y contundente», los ciudadanos «y en especial los de provincia de Alicante castigaron a todos los cargos electos que defendieron el trazado impuesto el Gobierno desde el Azud de la Marquesa, confirmándose que la ciudadanía no quiere esta toma de agua». En cuanto al trazado, recordaron que después de casi dos años, sigue sin contar con el apoyo de los usuarios. «Es una carrera frenética por la búsqueda de usuarios inexistentes para este trazado y con la utilización de malas artes de negociación».

Para los usuarios, los responsables del ministerio «ha culminado un proceso surrealista y que roza el esperpento», donde «pretenden presentarse con unos usuarios, como los de Elche, que no cuentan ni con un solo metro cúbico de derecho sobre aguas subterráneas».

Los trasvases deben ser la última solución de la planificación hídrica para cubrir el déficit de agua. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, reafirmó ayer su apuesta por el Programa Agua frente a la propuesta de debatir en torno a un trasvase del Ebro hasta Sagunto, lanzada el pasado lunes por el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, en el debate de investidura en las Cortes Valencianas. Moragues afirmó que la idea de transferir agua del Ebro «choca totalmente» con la política actual del Ministerio de Medio Ambiente de aprovechar el potencial de los recursos alternativos, como es el caso de las aguas subterráneas en Castellón.

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El movimiento social contra la transferencia critica la propuesta de Pla de abrir un debate

El presidente de la CHJ, no obstante, quiso evitar polémicas y se remitió a las declaraciones realizadas el martes por la ministra Cristina Narbona en Valencia. La responsable de Medio Ambiente evitó descartar cualquier trasvase -de hecho, en breve comenzarán las obras del canal Júcar-Vinalopó-, pero enfatizó que primero deben agotarse otras soluciones para ganar agua, como la reutilización, las desaladoras y la racionalización del uso de los recursos disponibles.

La propuesta de Pla se enmarcaría dentro de un pacto que busca alejar el debate del agua de la confrontación política. Un trasvase del Ebro exigiría, no obstante, el consenso de todas las partes implicadas, como han remarcado tanto el líder socialista como la ministra. Sin embargo, en la cuenca cedente, la oferta de debate de Pla ha caído como un jarro de agua fría. Así, el movimiento social que lideró la oposición al derogado trasvase del Ebro arremetió ayer contra la idea de entablar un diálogo con los gobiernos de Aragón, Cataluña y central sobre una transferencia «razonable y aceptable». «Estamos sorprendidos de la respuesta del PSPV», dijo el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), Manolo Tomàs, quien acusó a los socialistas valencianos de tratar de esquivar la oposición social y política que despertó la política hídrica del último ejecutivo de Aznar a través de proyectos menores y de menor coste que, a su juicio, continuarían poniendo en peligro el futuro ecológico del río. «La postura oficial del PSOE es la modificación del Plan Hidrológico, la derogación del trasvase del Ebro y las alternativas del programa Agua», recordó.

La PDE ve en el canal Xerta-Sènia, una infraestructura nunca usada de finales de la dictadura, el trazado de un hipotético trasvase hacia Castellón. La Generalitat de Cataluña impulsa ahora este canal y lo quiere destinar a regadío, aunque ningún regante participa en la financiación y la PDE cree que generará agua sobrante, susceptible de ser trasvasada. La plataforma recogerá firmas para presentar al parlamento catalán una resolución que defienda el caudal medioambiental del Ebro. «Lo mejor es situar este debate en el entorno científico. No nos interesa un rifirrafe político», dijo Tomàs.

Por otro lado, la CHJ firmó ayer un convenio con el Instituto Geológico y Minero de España para la vigilancia de los acuíferos en los sistemas del Júcar y del Turia. Moragues destacó la necesidad de controlar las extracciones de los pozos de sequía para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las aguas subterráneas, que componen el 75% de los recursos del territorio de la CHJ. A través de una red de puntos de medición, el organismo vigila la evolución de los acuíferos, cuya recarga por las lluvias permitirá este año una mayor extracción a los agricultores del Júcar. Moragues reiteró que la CHJ ya no está en emergencia por la sequía, pero que esta situación aún no se ha consolidado y exige mantener restricciones al regadío.

El Comité de Expertos en Sequía, un equipo interdisciplinar que el Ministerio de Medio Ambiente nombró en 2005, presentó ayer en Sevilla, en la clausura del I Foro Internacional sobre la Sequía, las conclusiones de su estudio. Los expertos desaconsejan los trasvases y los cortes en el abastecimiento urbano; mientras que apuestan por recuperar los costes con unas tarifas más elevadas y «respetar la lógica de las cuencas hidrográficas, cuya unidad no podemos cuestionar por una miopía autonomista», precisó Pedro Arrojo, miembro del comité.

«El planeta no se va a secar y dentro de 1.000 años tendremos los mismos recursos hídricos que hoy, lo que ocurre es que la distribución del agua será diferente. En el Mediterráneo está aumentando la temperatura media y disminuyendo la pluviometría, pero no se puede luchar contra la sequía construyendo más embalses y haciendo trasvases; hay que asumir la sequía como parte de nuestra climatología», aseguró ayer Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y uno de los diez miembros del comité de expertos que ha coordinado Enrique Cabrera, de la Universidad Politécnica de Valencia.

Aunque los expertos, que han elaborado el documento La sequía en España. Directrices para minimizar su impacto, no han tratado el tema de las transferencias de las competencias de las cuencas hidrográficas a las autonomías, consideran que hay que respetar su unidad. «España ha sido la primera en crear el modelo de gestión de las cuencas sin tener en cuenta limites provinciales, ni regionales; un modelo que ha funcionado y que estamos exportando a otros países. El énfasis autonomista no puede acabar con la lógica de la unidad de la cuenca», apuntó ayer Abel Lacalle, otro de los miembros del comité y profesor de Derecho Ambiental Europeo de la Universidad de Almería.

El tema surge después de que el pasado lunes la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunciase en el foro que las transferencias a la Junta de Andalucía se realizarán antes del final de la legislatura. En este sentido, el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y miembro del comité, Juan Saura, precisó ayer que es «posible compatibilizar el ejercicio de las aspiraciones autonómicas en la gestión de las cuencas, con el principio de unidad de cuenca».

Los expertos insistieron en que algunos sectores tienen una visión «compartimentada» de los recursos hídricos y se plantean cuestiones absurdas como que el caudal de los ríos que desemboca en el mar es agua que se malgasta. «Las personas que ven los ríos como depósitos de agua tendrán que cambiar esa visión, porque los aspectos medioambientales son importantísimos y la calidad y la cantidad de agua costera es un ecosistema del que dependen otras especies como por ejemplo lo fauna marina», precisó María Fernández Pita, catedrática de Geografía de la Universidad de Sevilla y también parte del comité.

«Si en la mitad de los cuatro millones de hectáreas de regadío que hay en España se ahorraran 1.500 metros cúbicos de agua al año, algo bastante factible, tendríamos 3.000 hectómetros cúbicos de agua más cada año, lo que supone tres veces el trasvase del Ebro que se planteaba el anterior Gobierno», concluye Arrojo.

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, salió ayer en defensa del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, a quien el sindicato de regantes del acueducto Tajo-Segura ha pedido la dimisión por pedir agua para Castilla-La Mancha. Valcárcel defendió la posición de Zaplana y acusó de la polémica al vicepresidente del sindicato, el valenciano Manuel Serrano, al que acusó sin mencionarlo de introducir la política en la organización de regantes.

A menos de un año de las elecciones generales el PP no puede perder ni un sólo voto: ni en la Comunidad Valenciana, ni en la Región de Murcia, y mucho menos en Castilla-La Mancha, comunidad dominada desde el principio de la democracia por el PSOE. Quizá por eso el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, defendió ayer en Madrid que el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, presentase una proposición a favor de un trasvase de agua a las Tablas de Daimiel, «porque el popular es un partido nacional, que piensa en todos y cada uno de los puntos de España» y las Tablas de Daimel «están bajo mínimos». Valcárcel agregó que la Región de Murcia es «solidaria» con el resto del país y que en la cabecera del Tajo, tras las lluvias, «hay agua para dar».

Valcárcel inauguró ayer unas jornadas con una conferencia sobre la importancia del agua para Murcia. Después, y en declaraciones a los medios de comunicación, dio su opinión sobre la oposición del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura a ese trasvase a las Tablas de Daimiel y la petición de dimisión a Zaplana por proponerlo.

El presidente murciano distinguió entre el Sindicato en su conjunto y «algún individuo que intenta introducir la política en lo que debe ser un sindicato reivindicativo». «Persona, además de la Comunidad Valenciana, de la cuenca del Segura, pero de la Comunidad Valenciana», añadió, sin citar nombres. «Cuando se pide este trasvase para recargar acuíferos, es porque hay una situación de sequía total que podría acabar con un ecosistema de la importancia de las Tablas», defendió el presidente de Murcia, para quien es obligación del PP proponer a quien gobierna «soluciones».

La Junta de Gobierno del Sindicato Central del Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) acordó el lunes solicitar la dimisión Zaplana y del director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, así como reprobar a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso por pedir un trasvase de 10 hectómetros cúbicos de agua para las Tablas de Daimiel.

Precisamente, el vicepresidente del Sindicato, Manuel Serrano, que es de la Comunidad Valenciana y quien compareció en rueda de prensa junto a Francisco del Amor para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno, rehusó valorar si la proposición sobre las Tablas presentada por Zaplana era una venganza hacia el PP valenciano, ya que «lo que haga el PP internamente no nos incumbe».

Sobre este punto, Valcárcel reiteró: «Que yo sepa no es el señor Zaplana quien gobierna España, no es Zaplana la señora Narbona. Por lo tanto, no está la solución en su mano. Él ha pedido, porque es su obligación, soluciones a problemas de España y Castilla-La Mancha es España. Desde Murcia se debiera de mantener una actitud solidaria y la mantenemos con el resto de España, por eso pedimos también solidaridad», insistió.

«No es muy entendible la actitud de los regantes», continuó el presidente murciano. «Yo no puedo estar pidiendo agua a Castilla-La Mancha, yo no puedo estar reclamando solidaridad de cualquier otro lugar de España y cuando ese lugar de España tiene un problema decir que no se les manda agua. Máxime cuando hay excedentes. En este momento hay agua para dar», manifestó.

Sobre este último punto, Valcárcel explicó que la cabecera del Tajo tiene «agua suficiente» para enviar a la cuenca del Segura más de la destinada por el Gobierno. «Quien gobierna, que no es el señor Zaplana, ha decidido enviar sólo 20 hectómetros cúbicos para regadío en tres meses, cuando podría enviarlos cada mes, porque la norma de explotación así lo precisa y porque en la cabecera del Tajo hay volúmenes suficientes», dijo.

El presidente de Murcia pidió reflexión al Sindicato de Regantes para evitar críticas a la Región de Murcia. «Si no, desde el resto de España en general y desde Castilla-La Mancha en particular, se dirá que los murcianos piden agua pero que, cuando se trata de resolver los problemas en Castilla-La Mancha, los murcianos se oponen. Y no son los murcianos, sino el Sindicato Central de Regantes y una persona perteneciente a otra región», concluyó.

Depurar agua no sólo es bueno para los ríos, los lagos y los acuíferos, sino que servirá para reutilizar más agua en riego. Esto es imprescindible en un país con fuertes sequías y que sólo reutiliza el 13% del agua, explicó ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, después de que el Gobierno aprobase el Plan Nacional de Calidad de Aguas 2007-2015, que multiplicará por seis la cantidad de agua reciclada. Ésta llegará a los 3.000 hectómetros cúbicos al año (el equivalente a tres veces el derogado trasvase del Ebro).

El proyecto prevé la inversión de 19.007 millones, de los que el Gobierno pondrá 4.843 millones y se ofrece a financiar otros 1.430 si en 45 años recupera la inversión con cargo al canon de saneamiento que pagan consumidores e industrias. Gran parte de estas obras, que incluyen un millar de nuevas depuradoras que se suman a las 2.500 existentes, tendrán que pagarse con cargo al canon de depuración. Así lo exige la normativa europea. Las constructoras afirman que eso supondrá elevar el precio del agua al menos un 15%. Medio Ambiente firmará convenios con cada comunidad autónoma para financiar las obras.

Narbona resaltó que la depuración «es una competencia autonómica y estatal», pero que desde 1995 la impulsa el Gobierno central con inversiones millonarias. La Comisión Europea está muy encima del cumplimiento de estas obligaciones, ya que España incumple los límites que Bruselas fijó para 2005 y los de 2015 son aún más exigentes. Aunque España ha hecho desde 1995 un gran esfuerzo inversor, ahora queda lo más costoso: dotar de depuradora a municipios muy pequeños y dispersos.

El sistema del río Júcar, el más importante de la Comunidad Valenciana, ha salido del estado de emergencia en el que llevaba desde septiembre de 2005 por la sequía. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) explicó ayer que ha pasado a una situación de alerta gracias a los ahorros de agua que implican las importantes restricciones que soporta la agricultura, y las lluvias de finales de abril, que han mejorado los caudales de los ríos y han incrementado las reservas en los embalses y los niveles de aguas subterráneas. También ha influido el uso conjunto de recursos depurados y pozos de sequía, en los que el Ministerio de Medio Ambiente ha invertido 92 millones de euros.

Por esa razón, Albacete ha podido cerrar pozos y abastecerse del Júcar, y Valencia recupera la capacidad de usar en un 75% agua de ese río y un 25% del Turia. La CHJ, no obstante, advirtió ayer de que el cambio de estado -los indicadores definen situaciones de normalidad, prealerta, alerta y emergencia- no permite bajar la guardia. Todas las «medidas y acciones» emprendidas contra la sequía se mantienen durante seis meses, en los que la comisión de la sequía, con los regantes y demás usuarios, vigilará la evolución de las reservas. Estas se han reducido en 4,9 hectómetros en la última semana y dejan los embalses al 23,8% de su capacidad.

«Se han encendido ya todas las luces rojas de alarma», advierten las conclusiones del diagnóstico de sostenibilidad medioambiental que Comisiones Obreras del País Valenciano se dispone a publicar como continuación del que vio la luz hace cinco años. El grupo de expertos autores del estudio, que actualiza indicadores sobre la interrelación de la sociedad valenciana y su medio ambiente, señala que es imposible mantener el ritmo que ha elevado en 20 años un 100% la generación de residuos, un 150% los requerimientos de energía y las emisiones de CO2, un 200% el empleo de electricidad y un 250% el consumo de cemento.

«El 98% de la energía primaria precisada por el sistema económico procede del exterior»

«Estamos muy próximos a un punto de no retorno, traspasado el cual, la actual crisis crónica aflorará en múltiples manifestaciones agudas con profundas implicaciones económicas, sociales, políticas e institucionales», señala el estudio titulado Un diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental del País Valencià, que ha dirigido el profesor Ernest Garcia y en el que han participado, entre otros, Ricardo Almenar, Emèrit Bono y Maria Diago. El trabajo, que cada cinco años revisa los indicadores generales de la interrelación entre la sociedad valenciana y su medio ambiente, aborda aspectos como la evolución de la densidad de población, la generación de producto económico, el volumen de residuos, los requerimientos de agua y la presión antrópica sobre el medio ambiente.

El apartado de conclusiones del estudio, al que ha tenido acceso este periódico, revela que, en el decenio comprendido entre 1995 y 2005, ha sido mucho mayor el crecimiento del uso de recursos que el aumento demográfico, ya que el modelo de desarrollo causa crecimientos exponenciales en la explotación del medio natural. Así, el aumento de energía final ha sido del 73%; el de agua final urbana, del 69%, y el de recursos minerales para la fabricación de cemento, del 133%. Sin embargo, en ese periodo, el incremento demográfico ha sido del 18% (aunque, como advierte el estudio, muy desequilibrado en la relación entre la zona litoral y el interior, lo que hace más agudos los problemas) y el del producto económico, del 46%.

«No sólo el País Valenciano presentaba a mediados de la pasada década unas densidades de población y de actividad económica manifiestamente elevadas», explica el estudio, «sino que han crecido sustancialmente desde entonces y más rápidamente de lo que lo han hecho las de otros ámbitos territoriales, como el español, el europeo o el mundial. Y peor aún: ese incremento ha precisado de incrementos aún mayores en muchos de los recursos y residuos más significativos, desde la energía o los recursos minerales hasta las emisiones de CO2 o los residuos sólidos urbanos».

El informe pone énfasis en la «marcada inadaptabilidad a la presión humana» de los sistemas ambientales valencianos, que los hace muy vulnerables, y en la pobre productividad biológica de las tierras y los mares. Como ejemplo, explica que, en verano, el 80% de la masa de aire existente tarda entre seis y ocho días en renovarse (un orden inferior al de las Islas Británicas). La baja renovación atmosférica y la alta radiación solar hacen que densidades de vertidos que en otros lugares causarían contaminación leve o moderada provoquen contaminación grave o muy grave.

Otro elemento fundamental es que la utilización de energía se ha disparado, de manera que «el 98% de la energía primaria precisada en 2005 por el sistema económico valenciano procede del exterior», frente al 85% del conjunto de España o el 56% de la media de la Unión Europea de 25 países. Asumir un grado de dependencia energética tan abultado, según los autores del estudio, «implica asumir alegremente un alto riesgo de estancamiento económico o de colapso».

Por lo que se refiere a las emisiones de dióxido de carbono, el informe recuerda que el del cambio climático es un problema global cuya incidencia puede resultar especialmente aguda en el ámbito valenciano, ya que el 90% del territorio posee un clima que va de subhúmedo a seco o semiárido acentuado y un aumento de las temperaturas incidirá negativamente sobre la densidad de la cubierta vegetal, la intensidad de los incendios forestales, la erosión y salinización de los suelos y la disponibilidad de recursos hídricos. En relación con este último apartado, el estudio indica que, en el marco de las reducciones esperables para mediados del siglo XXI en las cuencas hidrográficas de la Península Ibérica, los mayores descensos de recursos hídricos se darán en las del Segura y del Júcar, con una disminución del 28% y el 22%, respectivamente.

En conjunto, los autores de la investigación señalan que las conclusiones no pueden ser optimistas, ya que «se han encendido todas las luces rojas de alarma». El resultado puede ser «un país muy diferente al que ahora conocemos y al que -pese a los rápidos cambios de los últimos años- todavía reconocemos». Por ello, hacen un llamamiento a que la sociedad supere su actitud «autista» frente a lo que consideran una «deriva traumática».

Como ha hecho a lo largo de la legislatura, Francisco Camps volvió a mirar al sur, a su colega murciano, Ramón Luis Valcárcel, con quien se reunió en Orihuela para iniciar la campaña electoral en nombre de su argumento preferido, la reivindicación del derogado trasvase del Ebro y las críticas por ello contra el Gobierno. En el arranque de campaña, Camps estuvo acompañado por la cúpula empresarial alicantina y unos 5.000 simpatizantes que colmaron la explanada de la Glorieta de Orihuela. El presidente llamó a la unidad del partido y dijo: «Tenéis que apoyar en todos los municipios las siglas PP». 

El jefe del Consell pide a los zaplanistas que apoyen las candidaturas del PP

Acuajúcar incorpora a su consejo un representante de los regantes de Alicante

Las organizaciones del PP valenciano y murciano han empezado la campaña electoral dando una vuelta de tuerca al monotema del mandato que ahora expira: la demanda del derogado trasvase del Ebro como única alternativa para paliar la escasez de recursos hídricos en ambos territorios. Sin embargo, el único trasvase que está en obras, y para el que la sociedad estatal Acuajúcar ultimaba ayer en una reunión de su consejo la financiación, es el que enlazará el Júcar y el Vinalopó, cuyo trazado rechazan de plano los populares porque no es el que ellos diseñaron.

Esta misma idea repitió anoche una y otra vez en su alocución ante unos 5.000 simpatizantes populares congregados en la céntrica Glorieta de Orihuela. Y entre el auditorio, la plana mayor de la patronal alicantina liderada por el presidente de Coepa, Modesto Crespo y el de la CAM, Vicente Sala, así como la cúpula de la Comunidad de Regantes de la Comunidad Valencina que ayer curiosamente iniciaron en Orihuela una campaña de recogida de firmas en demanda del manido trasvase del Ebro.

En su alocución ante el auditorio, el jefe del Consell acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de «mentiroso y traidor» por haber derogado el trasvase del Ebro y censuró su presencia a esa misma hora en un acto en Murcia. «Es una desvergüenza que Zapatero esté ahora en Murcia después de haberle robado el agua». El candidato del PP a la Generalitat subrayó el carácter de primaria de la convocatoria del 27 de mayo y animó a sus simpatizantes a que refuercen la opción del PP para forzar un cambio en el Gobierno central, «única manera para poder solucionar nuestros problemas del agua». Camps pese a que también contó con el aliento del líder de los zaplanistas en Alicante, José Joaquín Ripoll, no obvió la reciente crisis del partido con motivo de la confección de las candidaturas municipales y autonómicas e hizo un llamamiento a que todos apoyen las candidaturas «de las siglas del PP en todos los municipios de la Comunidad». Camps terminó con una significativa metáfora sobre la relación que ha mantenido en este mandato con Valcárcel. «Hermanos de agua para siempre».

El presidente murciano cerró el acto abundando en los argumentos de Camps y en las críticas a Zapatero por, a su juicio, «negarles el agua a Murcia y a la Comunidad Valenciana».

Por otro lado, la sociedad estatal Acuajúcar, responsable de la infraestructura, reunió ayer a su consejo de administración en Alicante en un encuentro en el que dio entrada como consejero en representación de los usuarios de Alicante A Jaurés Mira, presidente de la Comunidad de Riegos Virgen de la Paz-Canalillo de Agost. Esta comunidad de riego formaba parte de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó hasta que hace un año salieron del colectivo dando un portazo al disentir con la actitud ante el nuevo trazado del Gobierno. El consejo de Acuajúcar dio por buena la propuesta presentada por el BBVA sobre las condiciones del crédito de 35 millones que pedirá para completar la financiación del trasvase. La propuesta deberá ser elevada al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación definitiva. Juan José Moragues, presidente de Acuajúcar, se mostró muy escueto al ser preguntado por el hecho de que de la oferta de la CAM fuera una de las menos competitivas y se limitó a defender que cada entidad deben mirar «por el buen fin de su dinero».

También sobre esta obra se pronunció ayer el Ministerio de Medio Ambiente, que resolvió que las modificaciones introducidas no precisan ser sometidas al procedimiento completo de Evaluación de Impacto Ambiental.

El consejero de Agricultura, Juan Cotino, se manifestó ayer en contra de la reforma de la Ley de Agua en la que trabaja el Gobierno y sostuvo que tiene «algunos puntos» con los que está «radicalmente en contra». Cotino se reunió ayer en Castellón con la Federación de Regantes de la Comunidad Valenciana y regantes de la cuenca del Ebro y calificó de «inviable» una subida del precio del agua sin que existan subvenciones de la Unión Europea para regar. El consejero sostuvo que la reforma «implicaría el incremento del precio del agua, lo que hace inviable para los regantes el poder regar sus campos», pese a que el anteproyecto ha sido variado, retrasa hasta 2010 el uso de la tasa universal sobre el agua y fija por ley que sólo subirá cada año la inflación. Aún así, el consejero dijo que aunque todavía no se ha establecido la cantidad en que podría subir el precio del agua, «en algunas zonas de Alicante y Murcia, este año ha subido más del 50%». «No se puede proponer una ley que pone sobre los hombros de los agricultores más peso del que ya tienen actualmente», señaló.

Así, vaticinó que, de aprobarse esta medida, el incremento de precios se reflejará en los consumidores, «ya que si el agricultor no tiene posibilidad de regar a un precio competitivo, al final los costes repercutirán en las cosechas y, eso se verá en el precio final del producto en los mercados».

Además, tras el encuentro hizo hincapié en que uno de los aspectos incluidos en la modificación de la ley con los que la Generalitat está «completamente» en desacuerdo es que «se quite peso específico a los regantes, que son los usuarios que mayoritariamente utilizan el agua, y se les dé a otras entidades» de las que, en cambio, reconoció que «pueden tener representación, pero no a costa de la pérdida de peso de los regantes, que son los que la usan más».

El consejero se refirió también a las propuestas efectuadas por algunos gobiernos autonómicos para «blindar» los ríos que atraviesan sus territorios con el fin de impedir el trasvase de agua a otras zonas. Así, la reforma prevé limitar los trasvases pactados entre cuencas a cinco hectómetros cúbicos. Según Juan Cotino, el río «no puede ser un bien particular de una comunidad autónoma y se debe gastar entre todos de forma solidaria».

El anteproyecto de Ley de reforma de Aguas que el Ministerio de Medio Ambiente envió al Consejo Nacional del Agua hace dos semanas ha sufrido ya cambios relevantes. El Gobierno ha retrasado hasta 2010 el uso de la tasa universal sobre el agua y fija por ley que sólo subirá cada año la inflación, mientras que el anterior borrador dejaba abierta la posibilidad de subidas mayores. Además, limita los trasvases pactados entre cuencas a cinco hectómetros cúbicos cada vez, lo que restringe el intercambio de agua.

La reforma de la Ley de Aguas sigue sufriendo cambios. Se trata de una de las leyes más importantes que elabora desde hace años el Ministerio de Medio Ambiente y que tendrá que ser tramitada por la vía de urgencia. La ley reorganiza las confederaciones hidrográficas (que pasan a llamarse demarcaciones) para dar entrada a las comunidades autónomas.

El Gobierno especifica en este nuevo borrador, fechado el 29 de marzo, que el Gobierno mantendrá «el 51% del voto total ponderado» en el nuevo órgano de dirección de las demarcaciones; las comunidades autónomas tendrán «hasta el 45% del voto» y los ayuntamientos «hasta el 4%». El ministerio precisa así el porcentaje de voto, algo que no aparecía en el anterior borrador, aunque dejaba claro que la Administración central mantendría la mitad más de uno de los representantes.

El texto facilita también los acuerdos entre las demarcaciones para trasvasar agua, pero mientras el último texto no limitaba la cuantía, ahora dice que podrán acordar transferencias de agua de hasta cinco hectómetros. Con este cambio, el Gobierno evita críticas de sectores de Aragón y Castilla-La Mancha, que temían que por ahí se colasen trasvases hacia el Levante.

Costes reales

El último punto que cambia es el de los nuevos impuestos. El texto, que traspone la directiva marco del agua, apunta a que hay que pagar el precio del agua para que refleje los costes reales de las obras. Para ello, la norma crea una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua» de 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad. La cantidad fijada era mínima, pero la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) protestó, ya que el texto dejaba abierta la puerta a subidas cada año. Ahora, tras la mediación del Ministerio de Agricultura, el texto retrasa hasta 2010 la implantación de las nuevas tasas y limita sus subidas a la inflación.

Medio Ambiente y Agricultura han chocado por este tema, y al final se ha impuesto la opinión de Agricultura de limitar las subidas de agua. En 2004, Medio Ambiente ya intentó crear un nuevo canon, pero Agricultura lo bloqueó en el último momento. El entonces secretario general de Agricultura y hoy secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, impuso el freno a estos impuestos.