La revisión del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), que ya supera la década de vigencia, reajustará las asignaciones de agua al regadío en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Las exigencias medioambientales de la directiva europea, la disminución de las lluvias, iniciativas de reutilización y la modernización de regadíos, marcan los trabajos del futuro plan.

La revisión del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), que ya supera la década de vigencia, reajustará las asignaciones de agua al regadío en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Las exigencias medioambientales de la directiva europea, la disminución de las lluvias, iniciativas de reutilización y la modernización de regadíos, marcan los trabajos del futuro plan.

El documento que reordena los recursos del Júcar y otros ríos importantes como el Turia y el Mijares, está a la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente decida los nuevos límites de la demarcación hidrográfica, ya que de ella deberán desgajarse los cauces internos, que pasarán a ser competencia de la Generalitat. Este proceso, conflictivo porque enfrenta los intereses de castellanomanchegos y valencianos, no ha impedido que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) avance en el estudio de los recursos disponibles.

Un primer análisis de la asignación del agua se esboza en el documento entregado a la Comisión Europea sobre el trasvase Júcar-Vinalopó, ya que la cofinanciación europea de esta infraestructura va ligada a exigencias de recuperación ambiental de acuíferos, caudales ecológicos, control de vertidos y garantías de agua para el parque natural de L’Albufera. El informe da cuenta de las condiciones de la transferencia al Vinalopó, de nuevo en primer plano de la polémica por la decisión del Gobierno de permitir agua para consumo urbano. Y también analiza el futuro de los regadíos en el Júcar y Castilla-La Mancha, ya que de la recuperación de los acuíferos y la modernización deben surgir los excedentes para el Vinalopó.

Sobre los regadíos del Júcar, la CHJ destaca «el esfuerzo en mejorar la gestión de los usuarios», especialmente durante la sequía de los últimos años, y los «efectos que ya ha tenido la modernización de regadíos» en las acequias históricas de las Riberas Alta y Baixa. Los riegos históricos de las dos Riberas tienen una asignación en el vigente plan del Júcar de 725 hectómetros cúbicos anuales, frente a una demanda bruta actual de 504 hectómetros cúbicos para casi 40.000 hectáreas. La CHJ estima ante el nuevo PHJ que «a la vista de las eficiencias existentes, todavía queda posibilidad de realizar ahorros adicionales, aunque de magnitud moderada». Una vez finalizadas las obras de modernización de regadíos, el organismo calcula que la demanda bruta anual bajará a los 423,7 hectómetros cúbicos.

El futuro reparto de agua a la agricultura valenciana aún deberá ajustarse para tener en cuenta los obligatorios caudales ecológicos. También será así en Castilla-La Mancha, descrito asimismo en el informe porque la recuperación del acuífero de la Mancha Oriental, principal fuente de recursos del regadío en Albacete, es una prioridad para garantizar los caudales necesarios en el Júcar, que bebe de esas aguas subterráneas. Con un volumen de hasta 465 hectometros cubicos anuales (320 son de aguas subterráneas) para unas 90.000 hectáreas, la CHJ considera que se podrán mantener los usos agrícolas actuales.

Xuquer Viu, que ha tenido acceso al informe, considera que el futuro PHJ debe recortar las extracciones subterráneas para revertir el mal estado del acuífero de la Mancha Oriental y que los caudales ecologicos están calculados a la baja.

La opción de que el trasvase Júcar-Vinalopó destine agua al consumo urbano y no solo a la agricultura tomó cuerpo ayer con la visita a las obras del secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu. El último informe sobre la obra entregado a la Comisión Europea, que cofinancia la infraestructura, ya apunta la posibilidad de cubrir el crecimiento futuro del consumo en las poblaciones del interior del Vinalopó con agua del Júcar. Y Puxeu confirmó la apuesta del Ministerio de Medio Ambiente por el doble uso del trasvase, para riego y abastecimiento urbano. «Sí, si hay recursos para esa utilización y si hay voluntad de inversión de potabilizarlos al final del trasvase», afirmó el secretario de Estado sobre la intención de dar agua de boca al Vinalopó.

• El trasvase en cifras

• La Ribera reitera que el trasvase es para riego

Puxeu afirma que las soluciones al déficit de agua deben ser «globales»

El Consell dice que el objetivo de servir a la costa es «irrenunciable»

La visita de Puxeu a las obras del trasvase -asistió al final de la perforación de uno de los túneles en la Sierra de Corbera- se produce a pocas semanas de que rebrotara la polémica en torno al proyecto y el reparto de los hasta 80 hectómetros cúbicos anuales que cederá el Júcar al Vinalopó. La obra está ejecutada al 85% y su finalización está prevista para el verano de 2010, por lo que ha llegado el momento de concretar las normas de explotación del trasvase, el destino del agua y su precio. En ese contexto, el informe a la Comisión Europea ha despertado recelos tanto en el Júcar como en el Vinalopó. El documento plantea el cierre de pozos para recuperar el acuífero sobreexplotado del Vinalopó; la desconexión de los recursos subterráneos de las poblaciones de la costa de L’Alacantí y La Marina Baixa para abastecerlas con la desaladora de Mutxamel, y la opción de dar agua del Júcar a localidades del interior.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, respaldado de siempre por la Generalitat, no quiere desvincular el abastecimiento de la costa del trasvase. Por el contrario, la Mesa del Xúquer, integrada por ayuntamientos de La Ribera, regantes y ecologistas, rechaza que se dé agua para consumo del Júcar, que también tiene que recuperarse, y defiende que el trasvase se pactó sólo para riego.

Ambas partes han pedido entrevistas a Puxeu, que les contestó ayer, aunque sin entrar en detalles o aclarar si el agua del Júcar también servirá para cubrir necesidades en la costa, donde el crecimiento de la demanda es mayor. «Hay que resolver los problemas de los ciudadanos, no crear falsos debates, espúreos a veces, sin términos medios y de sí o no», afirmó el secretario de Estado, que insistió en que con la capacidad de gestión actual y las nuevas tecnologías, como la desalación, las soluciones han de ser «globales, integrales». Dicho de forma más clara: «La concesión es la concesión, de hasta 80 hectómetros, y los usos son los que están preestablecidos. Pero a nadie se le escapa que si hay unos remanentes o sobrantes, los propios concesionarios [del Vinalopó] estarán dispuestos a llegar a acuerdos para la posible utilización, que pasa por la potabilización al final del recorrido» del trasvase.El giro del Gobierno socialista, que anunció que las poblaciones de la costa se abastecerían de la desalación al cambiar el proyecto del trasvase en 2005, fue bien recibido en Alicante, donde Puxeu se entrevistó con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y con el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón.

«Se abre un nuevo periodo, con esa esperanza salimos de la reunión y nos merecen todo el crédito del mundo las palabras del secretario de Estado», dijo Andrés Martínez, presidente de la Junta Central, tras la reunión en Alicante. Martínez, promotor de manifestaciones que han reunido a miles de regantes y políticos del PP contra la política hídrica del Gobierno, se comprometió a trabajar «con lealtad y codo a codo» con una Administración central que «aporte soluciones como las de hoy [por ayer]». El buen entendimiento con el Gobierno exhibido ayer por los regantes del Vinalopó contrasta con los últimos cuatro años de desencuentros y rechazo público al cambio del trasvase aprobado en 2005, a pesar de que detrás del telón los usuarios mantienen reuniones periódicas con la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Martínez, que ha cuestionado en varias ocasiones la calidad del agua que recibirá el Vinalopó, lo que ha generado protestas de los regantes del Júcar, pareció ayer satisfecho: «Se podrá usar para regar y abastecimiento humano, no entramos en más detalles, pero será agua de calidad». Y agregó: «En cuanto al precio, con una Administración sensata, como esta, llegaremos hasta donde se pueda llegar». Martínez incidió en que los regantes no pueden pagar tanto como las poblaciones.

El mismo argumento lo ha utilizado el consejero para afirmar que sin los abastecimientos de la costa el trasvase «es inviable». Ayer, García Antón insistió en ello tras la reunión con Puxeu, de la que salió satisfecho: «Aunque este trasvase es el mejor posible, hoy se han alcanzado una serie de compromisos que mejoran notablemente la situación». El objetivo de destinar agua del trasvase al abastecimiento es «irrenunciable» para el Consell. «No es el mejor trasvase, pero está ahí, con calidad, con una potabilizadora y con precios asequibles a los agricultores», abundó. García Antón prometió que acabará a tiempo las obras del postrasvase, muy retrasadas.

Puxeu, por su parte, anunció que se pondrán en marcha comisiones mixtas «para fijar tarifas y precios, teniendo en cuenta usos». En cuanto a la calidad, garantizó que la de riego será «óptima» y «con potabilización» lo será «para uso de boca».

La tarifa eléctrica para regadíos experimentó en el último año un incremento medio superior al 60% según los datos manejados por el sector. Las tres organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag se han dirigido al Gobierno denunciando los incumplimientos de los compromisos suscritos en su día con el Ministerio de Industria, y el silencio de los departamentos de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente en este asunto.

Las organizaciones señalan que, mientras en otras actividades económicas se prevé y pueden repercutir en los precios el incremento del coste de la energía, en el caso de la actividad agraria es algo imposible.

Por su parte, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes estima la subida en un 90%, lo que supone un coste añadido para los agricultores de 100 millones de euros.

Para Javier Alejandre, responsable de los servicios técnicos de UPA, es impresentable que el sector agrario esté haciendo esfuerzos para ser más eficiente en el uso del agua, con la aplicación de nuevos sistemas de riego, y que esa política sea penalizada por el Gobierno con estas subidas.

El 1 de julio de 2008, el Gobierno eliminó las tarifas especiales para el riego que suponían una media de rebaja del 30% sobre las tarifas normales. Para los contratos de alta tensión, como compensación a esa decisión, Industria se comprometió con el sector a la puesta en marcha de una serie de medidas como los contratos temporales para cinco meses, ampliar las horas valle con tarifas reducidas, así como los festivos y fines de semana.

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy un trasvase desde el Tajo al Segura para los meses de verano. La comisión de expotación del trasvase planea aprobar un envío de unos 70 hectómetros cúbicos para abastecimiento y consumo humano, ya que unos 2,5 millones de personas de Murcia, Alicante y Almería beben agua del Tajo. El travase incluye la compraventa de derechos de agua a regantes de Estremera (Madrid), que cobran por el agua a cambio de no regar. El trasvase servirá para sortear el verano.

• Los embalses de cabecera del Tajo almacenan 552 hectómetros cúbicos (cada uno equivale a un volumen como el del estadio Santiago Bernabéu) y están al 40,11% de su capacidad. Los pantanos de Entrepañas y Buendía salieron a principios de marzo de la situación de emergencia y, por primera vez desde junio de 2005, no es el Consejo de Ministros el que debe autorizar los desembalses hacia Murcia. Ahora los desembalses los aprueba la Comisión de Explotación del Trasvase, un organismo controlado por Medio Ambiente pero con un perfil técnico.

El trasvase previsiblemente levantará las críticas de Castilla-La Mancha, que se opone a estos envíos. El estatuto de autonomía que aprobaron las Cortes autonómicas por unanimidad pedía la caducidad de la obra, pero lel texto va a cumplir un año encallado en el Congreso. El PP ha rechazado la última propuesta -que Castilla-La Mancha tenga una reserva de 6.000 hectómetros en toda la cuenca y una mención a la caducidad del trasvase en el preámbulo- pese a que su secretaria general, Dolores de Cospedal, la votó en Castilla-La Mancha. Mientras el texto no salga adelante, el Gobierno mantiene el uso del acueducto como regula la ley.

La Mesa pel Xúquer denunció ayer de nuevo en Sueca la paralización de los trabajos para terminar el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar. La normativa exige que esté listo para finales de año, pero los plazos son prácticamente imposibles de cumplir. La Mesa es una plataforma abierta de ayuntamientos, agricultores, regantes, partidos políticos, sindicatos y todo tipo de entidades de la Ribera. Gabriel Palop, concejal del PP en Algemesí, cuyo partido se ha mantenido hasta ahora al margen, participó activamente en la reunión de ayer.

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El documento debe concretar un caudal ecológico para proteger el río

Todos los participantes mostraron su preocupación sobre la marcha del futuro plan del Júcar, que debe establecer, entre otras condiciones medioambientales, un caudal ecológico del Júcar y garantizar el uso sostenible de los recursos y acuíferos asociados al río. En esa línea, «la directiva marco del agua de la Unión Europea es la norma, y vamos a exigir, en Valencia, Madrid o Bruselas, su estricto cumplimiento», aseveró Paco Sanz, de Xúquer Viu. La plataforma ha criticado reiteradamente el retraso del plan, que sigue pendiente de que se concrete el ámbito territorial de la demarcación, del que deben excluirse para una gestión autonómica los ríos que nacen y mueren en la Comunidad Valenciana.

Sus críticas las ha lanzado la Mesa a todas las administraciones implicadas, a las que exige que asuman su responsabilidad para desatascar el conflicto de las competencias, ya que el plan del Júcar sufre el mayor retraso de todos. Otras demarcaciones, como la del Ebro o el Tajo, tienen sus planes muy avanzados.

No es el único problema, también hay que mejorar la gestión de los recursos. Así, Joan Baldoví (Bloc), alcalde de Sueca, puso el ejemplo de la situación en que se encuentran los ayuntamientos de la comarca después de que la Administración autonómica construyera tuberías para llevar a los pueblos agua sin nitratos «y ahora resulta que, técnicamente, ésta no existe». José Pascual Fortea, presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, recurrió a la ironía para hablar de las contradicciones en el reparto del agua del Júcar y recordó que la Valencia del Turia, en realidad, bebe más agua del Júcar, donde los recursos son cada vez más escasos.

El Grupo Popular rechazó ayer una proposición no de ley de Compromís con una enmienda in voce del PSPV para que el Gobierno central tome medidas para revertir la sobreexplotación de los ríos de la cuenca del Júcar en la Mancha Oriental y que el Consell y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) revisen las asignaciones para los riegos en esta zona y se garanticen los recursos para la Comunidad Valenciana y los caudales ecológicos del río y L’Albufera. El PSPV lamentó el rechazo del PP a esta propuesta, sobre la que no se pronunció, en un momento clave en el que las negociaciones del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar están a punto de culminar. Por su parte, Compromís criticó la «falta de control» del Gobierno central sobre la explotación de los acuíferos de la Mancha Oriental que, «además, se utilizan para el riego de cultivos transgénicos». La iniciativa que presentó el grupo Compromís en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes instaba al Gobierno a tomar medidas con carácter de urgencia y pedía que la CHJ declarase sobreexplotado el acuífero de la Mancha Oriental.

El 1 de julio desaparecerán las tarifas eléctricas reguladas. Pero que nadie se haga ilusiones, la luz no bajará. Así lo advirtió ayer el presidente de la asociación patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero. «Que no piensen los clientes que la tarifa refugio [a la que podrán acogerse los usuarios domésticos] va a consistir en pagar menos. Eso no es verdad. Lo decimos antes de que haya frustraciones», dijo Rivero.

Unesa, a través de Rivero, aludió así a la circunstancia de que para los usuarios domésticos, con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios y que no quieran contratar en el mercado libre, quedará la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR). Pero la TUR, supervisada por el Gobierno, se tendrá que ajustar, según las eléctricas, a lo que establece la legislación comunitaria y reflejar todos los costes. En suma, explicó Rivero «tienen que reflejar el coste de la energía sin déficit». Establecido que las tarifas no bajarán, Rivero declinó precisar cuánto deberían subir.

Tras las previsiones de Unesa, que presentó el estudio La situación económico-financiera de la actividad eléctrica: 1998- 2008, están las negociaciones con el Ministerio de Industria para acabar con el denominado déficit tarifario, que asciende a 14.575 millones de euros, de los cuales, 9.449 están pendientes de cobro efectivo por parte de las empresas. Es ese déficit el que lastra las cuentas de las compañías y el que impide, según Unesa, que las tarifas eléctricas puedan bajar en los próximos meses.

El déficit tarifario, que las empresas quieren solucionar con Industria antes de julio, supone un 24% de la deuda de las compañías. Éstas, que ya tenían, según Rivero, un «endeudamiento excesivo antes de la crisis», todavía no han retrasado inversiones debido al déficit tarifario que no cobran. Pero podrían hacerlo en el futuro, en opinión del presidente de Unesa. Y ello porque el desajuste reduce la capacidad de las empresas para financiar el gasto en generación, transporte y distribución de la energía.

El nuevo plan hidrológico del Júcar lleva meses de retraso porque debe reflejar la nueva ordenación de los ríos de acuerdo con un decreto que aún está por aprobar. El documento enfrenta a la Comunidad Valenciana con Castilla-La Mancha por el peso que tendrá cada una de esas comunidades autónomas en los futuros órganos de gestión de la cuenca hidrográfica del Júcar.

El conflicto ha generado un aluvión de informes de ambas partes dirigidos al Gobierno para defender sus posiciones. La Junta castellanomanchega ha enviado uno extenso para alegar, de momento sin éxito, que la cuenca vertiente a L’Albufera debe asumirla la Generalitat, lo que implicaría desligar el parque natural del Júcar y un sinfín de ramblas del área metropolitana de Valencia. A ello se oponen frontalmente el Consell y los regantes, que consideran que estos cauces y el lago de L’Albufera forman parte indiscutible del sistema del río Júcar.

El Gobierno tampoco apoya este planteamiento, y rechaza también que de la cuenca del Turia se desvinculen los barrancos del Carraixet y del Poyo, como pretende Castilla-La Mancha. En el núcleo del enfrentamiento por la delimitación de la demarcación del Júcar está la asignación de votos a cada comunidad autónoma. La Generalitat quiere conservar su actual mayoría, y así lo defiende ante el ministerio, mientras que la Junta castellanomanchega ve la ocasión de ganar peso si los valencianos pierden territorio dentro de la demarcación al quedarse sus ríos.

A ninguna de las dos partes ha gustado el reparto que propone el borrador del decreto, que pretende responder a la nueva realidad. La Comunidad Valenciana quiere más que la mayoría relativa que consigue, y Castilla-La Mancha no logra desbancar a la Generalitat en los órganos de gestión de la cuenca hidrográfica. La pugna sigue abierta.

El borrador de real decreto de la nueva demarcación de la cuenca del Júcar, presentado ayer en el Consejo Nacional del Agua, no ha gustado nada a la Generalitat. El Gobierno valenciano, que se ha resistido a gestionar sus ríos internos a pesar de que lo prevé el Estatut y lo exige una sentencia desde 2004, manifestó su oposición a la delimitación propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y que quedará reflejada en el nuevo plan del Júcar, donde sólo se incluirán los cauces que atraviesan más de una autonomía.

El borrador asigna a la Generalitat los ríos costeros del norte de Castellón, como el Sèrvol, las cuencas del Serpis, de las dos Marinas y de L’Alacantí. El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, rechazó que se separen los acuíferos de L’Alacantí de los del Vinalopó, que quedaría integrado en la cuenca del Júcar. La separación del Vinalopó dejaría el trasvase del Júcar fuera del ámbito de abastecimiento de L’Alacantí, a lo que se opone el Consell, que abogado por mantener al máximo la unidad de la cuenca del Júcar. García Antón auguró problemas de gestión en Las Marinas y en L’Alacantí. Sí vio razonable que el río Sénia, en el límite con Cataluña, pase a la cuenca del Ebro.

La Generalitat también critica su nueva representación en los órganos del Júcar, donde perderá peso frente a Castilla-La Mancha, aunque tendrá una mayoría relativa.