Los precios de la cebada, trigo blando y maíz ligeramente en la última semana de agosto y rompieron, de esta forma, la tendencia a la baja del mes pasado, según los últimos datos difundidos por la patronal de comerciantes Accoe. El precio del trigo blando se situó en 188,8 euros/tonelada (+1,76%); el del maíz en 215,2 euros/tonelada (+0,28%) y la cebada en 172,1 euros/tonelada (+1,66%). Se mantuvieron estables los precios del trigo duro (234,17 euros/tonelada) y de la cebada de malta (178 euros/tonelada). En cuanto a las variaciones mensuales, fueron la siguientes: trigo blando (-2,12%); maíz (-5,96%); cebada (-1,88%); cebada de malta (-1,11%) y trigo duro (+0,5%).

    Desde enero de 2013, los precios de trigo blando, maíz, cebada y trigo duro han caído un 30,2%; 15,2%; 33% y 15,9%, respectivamente.

    En cuanto al mercado de las proteínas, Accoe recoge precios de entre 447 y 450 euros/tonelada para la soja; 173-186 para los pellets de girasol; de 240 a 243 para la colza y 350 euros/tonelada para las pipas de girasol.

    En cuanto a los coproductos, los precios se sitúan en los siguientes niveles: palmiste, de 180 a 193 euros; pulpa, entre 228 y 240 euros/tonelada, y cascarilla, que cotiza entre 165 y 175 euros/tonelada.

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Alegaciones al PHJ

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La primera edil aseguró que desde el Ayuntamiento se van a hacer las gestiones oportunas para que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) inicie «cuanto antes» las obras que eviten las inundaciones. «Esto es una cuestión de la CHJ; las obras están previstas en el borrador del plan hidrológico del Júcar (PHJ) y nosotros haremos las alegaciones correspondientes para que se hagan lo antes posible», aunque –aseguró la regidora- no a tan corto plazo como le gustaría puesto que el documento establece que se ejecutarán más allá de 2020.

Expertos aseguran que la solución a estas inundaciones estaría en rehabilitar la red de drenajes y construir balsas de gran capacidad que recojan el agua sobrante.

Bayod criticó que algunas de las obras que se tendrán que priorizan podrían haberse iniciado hace años, «si el anterior gobierno municipal, del PSOE, no hubiera tirado el dinero cuando se gastó 7’5 millones de euros en la rehabilitación del mirador de los depósitos del agua de la Fiesta del Árbol», hoy sin inaugurar y todavía cerrados puesto que los gastos para su mantenimiento no pueden ser actualmente sufragados por el Ayuntamiento de la capital.

La Junta en la misma línea

También alegará en la misma línea el Gobierno regional, tal y como aseguró la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, quien precisamente ayer estuvo en Albacete para reunirse con la alcaldesa.

Del borrador del plan de cuenca del Júcar, la consejera subrayó que «por fin se recoge la asignación de 24 hectómetros cúbicos para abastecimiento de la ciudad de Albacete» y se ha referido, además, a que hay otros 7,5 hectómetros en reserva para cuando lo solicite el Ayuntamiento, «paso importante en el abastecimiento de la capital que ya era hora», puntualizó de la Calzada.

«Pese a las limitaciones presupuestarias», el plan recoge que las obras de la segunda fase de sustitución de bombeos comenzarán el próximo año 2014. De hecho, esta obra se encuentra incluida dentro de las inversiones previstas en el programa de medidas, en donde se contabilizan 600 millones de euros para Castilla-La Mancha.

Según explicó la consejera de Fomento, «esta infraestructura responde a una demanda justa de nuestros regantes, que hasta la fecha sólo han podido utilizar poco más del 30 por ciento del agua».

La titular de Fomento dijo también que a finales de este año esperan contar con el proyecto de la Autovía de los Llanos -que unirá por una vía más rápida la ciudad y el parque aeronáutico y aeropuerto- para que las obras puedan empezar en 2014.

Del parque aeronáutico señaló que tratan de solventar los problemas que presenta y que hacen que «viva de espaldas al aeropuerto» para conseguir dinamizar esta infraestructura.

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La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, aseguró ayer que el Plan Hidrológico del Júcar supondrá «más agua» para la provincia de Cuenca y recordó que refuerza la garantía del suministro a la capital.

En declaraciones a los medios en la inauguración de una depuradora en Horcajo de Santiago, que ha supuesto una inversión de dos millones y medio de euros, la consejera dijo que el borrador contempla «dos dotaciones nuevas» que no existían en el plan vigente y que suman once hectómetros cúbicos, seis de ellos para el suministro de la capital. García añadió que se mantienen las dotaciones, de 40 hectómetros cúbicos para los regadíos tradicionales y que la provincia sale beneficiada. También apuntó que «se reservan otros seis hectómetros cúbicos adicionales» para atender futuros crecimientos urbanos e industriales del sistema Júcar, lo que favorecerá a algunos municipios de Cuenca y Albacete «que tenían ralentizado o paralizado sus desarrollos».

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http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130805/abcp-desvio-provisional-habilitara-trasvase-20130805.html

http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130807/abcp-gobierno-reserva-caudales-para-20130807.html

Una de las medidas más controvertidas aprobadas por la Conferencia Sectorial de Agricultura ha sido que se ha establecido un umbral mínimo de 300 euros para poder recibir ayudas directas de la PAC a partir de 2015.Sin embargo, teniendo en cuenta la petición de algunas organizaciones agrarias y de algunas autonomías, se ha estableciendo de igual forma un periodo transitorio para que los beneficiarios que estén por debajo de ese umbral puedan acordar fórmulas asociativas y mecanismos que les permitan agruparse y seguir accediendo a las ayudas. De igual forma, y en aras de la simplificación, se ha establecido un régimen de pequeños agricultores para todos los perceptores que reciben menos de 1.250 euros, que no estarán sujetos a la convergencia interna.

    En el desglose de algunas de las medidas consensuadas entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, también se ha dejado claro que se ha establecido que el umbral máximo para la percepción de ayudas sea de 300.000 euros, para evitar que los grandes terratenientes puedan acapar la mayor parte de los fondos.

    Sin embargo, para calcular este importe, el ministro ha explicado que se podrán deducir los costes laborales del beneficiario y no se tendrá en cuenta el importe de la ayuda procedente del pago verde. Igualmente, se tendrán en cuenta las circunstancias específicas de la agricultura asociativa, para que no salga perjudicada, en especial en un momento en el que se está apostando por el cooperativismo como fórmula de futuro del sector.

    Respecto a la también controvertida decisión de que no se aplique el pago adicional a las primeras hectáreas, o que tampoco se haya considerado que los productores y superficies de viñedo, frutas y hortalizas, que hasta ahora no percibían ayudas de la PAC, se incorporen al nuevo modelo de ayudas, lo que ha provocado el enfado de dos comunidades tan impliadas en esta decisión como La Rioja o Murcia, el ministro MIguel Arias cañete ha aclarado que, si se hubieran incorporado, habría que haber reducido las ayudas de otros agricultores y ganaderos, una decisión que no contó con el respaldo de la mayoría de las autonomías.

    En este sentido, se ha decidido también que el  importe de 142,7 millones de euros, que el programa de apoyo al sector vitivinícola destinó al régimen de pago único, se incorpore de forma definitiva al régimen de pagos directos. Arias Cañete también ha avanzado que se impulsará la aprobación de la normativa nacional relativa al reconocimiento de organizaciones de productores en todos los sectores agrarios, a los agricultores y productores que se agrupen y cumplan con los requisitos que se establezcan.

    De igual forma, se ha creado asimismo un grupo de trabajo de alto nivel para definir la figura de agricultor activo, incluida la ampliación de la lista negativa de organismo y entidades que dejarán de percibir ayudas, así como otro grupo en relación con los pagos acoplados, que analizará la problemática de cada sector. A este respecto, la Conferencia Sectorial considera que deberá utilizarse el porcentaje máximo del 15%, y que los sectores ganaderos, en particular, deberán tener una consideración prioritaria dentro de estos pagos. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente creará cinco grupos de trabajo para definir el modelo de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2014-2020, unos 50.000 millones de euros, avanzó a Efeagro el secretario general de COAG, Miguel Blanco. Los grupos se encargarán de definir el nuevo modelo sobre: definición de agricultor activo; modelo de regionalización y convergencia; incorporación de viñedo y frutas y hortalizas; ayudas acopladas y qué sectores incluir y, por último, sobre posible trasvase de fondos del segundo pilar (desarrollo rural que deberían cofinanciar comunidades autónomas) al primero de ayudas directas. Así lo ha apuntado Blanco a Efeagro tras participar este martes día 23, junto a UPA y ASAJA, en la reunión del Comité Asesor Agrario, que estuvo presidido por el ministro, Miguel Arias Cañete, un día antes de que este último se encuentre con los responsables de agricultura regionales.

   Sobre el desarrollo del modelo que se aplicará en España, el dirigente agrario constata que «esto está todavía en una negociación incipiente» y que «va a ser muy difícil que pueda haber un acuerdo político del Gobierno con las comunidades autónomas en julio».

Un acuerdo político casi imposible en julio

    Y es que ahora «se abre el debate y la discusión o negociación a determinados grupos de trabajo, que bajo nuestro punto de vista es positivo», ha puntualizado Blanco.

    Concreta que los nuevos grupos de trabajo tendrán que analizar en septiembre los asuntos sobre los que hay un desacuerdo más profundo, por lo que el debate sobre la PAC seguirá en próximos meses.

    Reconoce que los puntos donde hay mayor desacuerdo hacen referencia a la definición de agricultor activo, la incorporación de nuevos productores al viñedo y hortalizas y a qué ámbitos se permite seguir recibiendo ayudas acopladas (vinculadas a la producción) en el nuevo sistema de la PAC, en el que se prima a la hectárea.

    También debe negociarse un posible trasvase de fondos de desarrollo rural al primer pilar para atender necesidades de zonas desfavorecidas, por ejemplo, o qué porcentaje de fondos se reserva a los jóvenes agricultores para que haya relevo generacional, si un 2% como pide COAG, o en menor porcentaje como algunas regiones piden.

La definición de agricultor activo, en el eje de todas las discusiones

    En cambio, sí hay más consenso sobre la limitación de superficies para evitar que los agricultores pierdan fondos y también sobre el régimen especial que apoya a los pequeños perceptores.

    En este contexto, COAG reclama que «no aceptaremos que se sigan cobrando ayudas de la PAC de manera indiscriminada como ahora», pero este objetivo no se conseguirá -añade- si no hay una adecuada definición de agricultor «activo».

     En su opinión, éstos deben ser aquellos que al menos obtengan el 25 % de sus ingresos de la agricultura y, además, coticen a la seguridad social agraria como profesionales de este sector.

    En todo caso, desde COAG afirman que el Ministerio deja claro que habrá una «aplicación nacional» de la PAC, pero haciéndolo compatible con un sistema de regionalización que permita mantener aproximadamente los mismos cheques regionales actuales.

UPA no lo ve nada claro y cree que el debate está "muy verde"

    Ramos ha recordado que hay «partes muy importantes» de la aplicación de la nueva PAC 2014-2020 que quedan abiertas y que analizarán distintos grupos técnicos de expertos que el Ministerio se ha comprometido -matiza- en crear.

    Entre los temas que aún quedan abiertos, el dirigente agrario apunta que «no hay definición» aún para el «agricultor activo» -aquél que se considerará prioritario para recibir los pagos-. «Para UPA deben ser los perceptores cuyos ingresos procedentes de la agricultura representen más del 25 % del total», agrega Ramos.

    Destaca Ramos que hay «muchas dudas» aún sobre la mesa entre Gobierno y comunidades sobre si debe permitirse pasar fondos del segundo pilar (del desarrollo rural que, además, exige cofinanciación autonómica) al primero (ayuda al agricultor) para atender necesidades de zonas desfavorecidas, por ejemplo.

Diferencias sobre los pagos acoplados

    También hay diferencias en cuanto a los sectores que deban recibir pagos «acoplados» o vinculados a la necesidad de producir, un sistema que conviviría con el nuevo sistema que impulsa la nueva PAC, basado en las ayudas por la hectárea hasta 2020.

    Unas ayudas asociadas que UPA cree imprescindibles para sectores como la ganadería y el lácteo, los cultivos industriales o para impulsar cultivos «protéicos» que sirvan para alimentar el ganado con menores costes y menor dependencia como ahora de la importación.

    Otro de los debates abiertos -añade Ramos- es si deben incluirse en el nuevo sistema de ayudas de la PAC a los agricultores que entren en el cultivo del viñedo y de las frutas y hortalizas, una posibilidad que UPA sí exige aunque, según agrega, el Ministerio no comparte al asegurar que implicaría recortar a otros productores. «Nosotros creemos que hay que sacar dinero de los perceptores que no son agricultores activos» realmente, añade el dirigente agrario.

    Ramos asegura que en septiembre continuarán las conversaciones entre Gobierno, comunidades autónomas y sector agrario. «Creo que tendrán problemas con algunas comunidades autónomas porque algunas dicen ya que no aceptarán un cheque menor al que perciben en la actualidad», afirma Ramos.

ASAJA cree que hay tiempo para hacer "las cosa ordenadas"

    Para Pedro Barato existen una serie de temas lo suficiente importantes para que haya un consenso como el del «agricultor activo, el presupuesto para el vino, las zonas específicas de montaña, si se va a pagar del primer pilar o si se va a producir transferencia del segundo pilar».

    Una serie de cuestiones que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado en la reunión dy que «nosotros así lo consideramos». Por ello se crearán comisiones el próximo mes de septiembre para intentar clarificar todo lo que es la aplicación de la PAC. En su opinión «lo que el agricultor quiere que se le diga todavía no es posible».

    Respecto a la Conferencia Sectorial que se celebrará esta semana entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas para debatir el modelo de aplicación de la PAC, Barato considera que al igual que ha pasado con las organizaciones agrarias habrá cosas en las que haya acuerdo y otras en las que se crearán grupos de trabajo para llegar a un consenso «lo más amplio posible».

Finalmente, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha afirmado a Efeagro que las comisiones que se crearán en septiembre para clarificar la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), dan un tiempo para «hacer las cosas ordenadas y que los temas se puedan ir terminando».Por su parte, el secretario general de la organización agraria UPA, Lorenzo Ramos, ve aún «muy verde» el acuerdo político entre Gobierno y comunidades autónomas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España y mucho menos que se zanje en conferencia sectorial de esta semana.

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha anunciado que en la reunión que mantendrá este miércoles día 17 con representantes de las organizaciones agrarias regionales se fijará una postura «unánime» sobre las principales demandas de la región en el futuro desarrollo de la Política Agraria Común (PAC). Soriano ha indicado a preguntas de los periodistas tras presentar en rueda de prensa la nueva página web ‘Unidad Ganadera Virtual’ (UGV), que en la cita se analizará el documento que ha remitido la Unión Europa (UE) al Ministerio de Agricultura acerca del modelo agrícola que se va a adoptar en España con la PAC.

    «Abordaremos ese cuestionario, las preguntas que, de manera más singular, pueden afectar a Castilla-La Mancha y poder llevar al Ministerio», en debate que junto al resto de comunidades autónomas se desarrollará en Madrid los próximos 24 y 25, «una respuesta unánime, consensuada con todos los sectores, en defensa de nuestros intereses, así como para el Programa de Desarrollo Rural», ha dicho.

    En la reunión está prevista la presencia de los interlocutores de las organizaciones agrarias, ganaderas y de las industrias agroalimentarias de la comunidad.

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http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=91198