El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, valoró en una rueda de prensa «muy positivamente» el acuerdo al considerar que «recoge la práctica totalidad» de las peticiones de España y «mejorar sensiblemente» el acuerdo precedente de los ministros de marzo. Además, afirmó que «supone haber dado la vuelta por completo» a la propuesta de reforma que planteó la Comisión Europea, que a su juicio era «muy lesiva» para el campo español. La posición adoptada por los ministros, que este miércoles deberá ser negociada en un último «trílogo» con el Parlamento Europeo, mantiene el apoyo a los agricultores españoles que hasta ahora venían percibiendo, destacó Arias Cañete.

   Una de las grandes peticiones de España era evitar la aplicación de una «tasa plana» total en 2019, igual para todos los agricultores.

La convergencia interna se queda en el 60%

    Los ministros han respaldado, en cambio, un nivel de «convergencia interna» del 60% de la media del pago medio regional por hectárea, siempre y cuando las explotaciones no sufran pérdidas del 30%, algo que según Arias Cañete en España sólo ocurriría en casos «muy excepcionales» (menos del 1 %).

    Además, España ha logrado «flexibilidad» para configurar un sistema «muy detallado» de comarcalización, que ha diferenciado 40 regiones en las que se «limitará» la convergencia y «evitará que no haya grandes desplazamientos entre sectores, agricultores y territorios», explicó el ministro español.

    Los pequeños agricultores (los que perciben menos de 1.250 euros anuales, un total del 46 % de los beneficiarios en España) quedarán fuera de esa convergencia, al igual que las ayudas acopladas (las vinculadas a la producción).

    Ese tipo de ayudas, supondrán entre el 2 y el 15% del sobre nacional y para España significarán unos 600 millones de euros, dijo Arias Cañete.

Las prácticas ecológicas se harán a nivel nacional, no de explotación

    También aseguró que el 30% de los pagos directos que se otorgarán a cambio de prácticas ecológicas se calculará «a nivel de explotación, no nacional».

    Por otra parte, recordó que se ha esquivado una «reducción muy significativa» de las ayudas por hectárea al haberse descartado un modelo que habría aumentado un 42 % la superficie elegible potencialmente para las ayudas.

    Arias Cañete dijo también que no se exigirán medidas ecológicas adicionales a cultivos permanentes como el olivar, los cítricos, los frutales o los frutos secos, que en España suman 5 millones de hectáreas.

    El nuevo sistema de autorizaciones de plantación de viñedo estará vigente hasta 2030, según el acuerdo de lo ministros, mientras que se han reintroducido los precios de desencadenamiento de almacenamiento de aceite privado de oliva, dijo.

Tabaco y algodón no recibirán ayudas acopladas

    Destacó asimismo que el tabaco y el algodón no percibirán ayudas acopladas, como había solicitado España, aunque podrán «incorporar esas cantidades en el cálculo de los derechos de pago básico» para que mantengan el mismo nivel de ayuda que hasta ahora.

    «Se garantiza la viabilidad de todos los sectores productivos entre todas las regiones españolas», resumió, y afirmó que la agricultura española percibirá de la PAC en los próximos siete años un total de más de 50.000 millones de euros.

    Especificó que las primeras asignaciones llegarán «no antes de octubre de 2015», dado el retraso que lleva la reforma en su tramitación.

Puede haber prórroga para el azúcar y se negocia la de la leche

    Como asuntos pendientes para negociar con el Parlamento Europeo este miércoles, destaca la posibilidad de prorrogar las cuotas del azúcar hasta 2017, explicó.

    «Nos ha faltado conseguir la prórroga de las cuotas» lácteas, reconoció Arias Cañete, un asunto que los eurodiputados también apoyan.

    La reunión de este miércoles entre el Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea será definitiva para ver si la UE consigue cerrar la reforma de la PAC.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agroinformacion.com/noticias/80/union%20europea/62540/arias%20canete%20acaba%20optimista%20porque%20la%20pac%20recoge%20la%20pratica%20totalidad%20de%20sus%20peticiones.aspx

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=90781

El Consell intenta facilitar un acuerdo a múltiples bandas para que el Ministerio pueda sacar a exposición pública el documento a finales de mes y aprobarlo en 2014El Consell intenta facilitar un acuerdo a múltiples bandas para que el Ministerio pueda sacar a exposición pública el documento a finales de mes y aprobarlo en 2014

el Consell y los regantes de las provincias de Valencia y Alicante se afanan en alcanzar un acuerdo satisfactorio a múltiples bandas –incluidas las instituciones y los usuarios castellano-manchegos– que permita desbloquear la aprobación del plan de cuenca del Júcar. Como ha publicado ABC, el retraso del instrumento de planeamiento de la cuenca, que debía haberse terminado en 2009, podría llegar a costarle al Gobierno de España una multa de 200.000 euros por día de retraso si Bruselas decide ejecutar la sanción, lo que supone 72 millones de euros por año.

El acuerdo que permita desbloquear el plan y sortear esa posible sanción (en cualquier caso, el documento no entraría en vigor antes de finales de año), que pasa por satisfacer las demandas de los regantes de Valencia, Alicante y Castilla-La Mancha, tiene en cambio un coste de entre 200 y 250 millones de euros, según las fuentes consultadas. Un coste, eso sí, que podría financiarse vía tarifa, y que de esta forma se cargaría a los regantes.

Según las fuentes consultadas por ABC, tres son las grandes cuestiones que mantienen paralizado el plan de cuenca –de hecho, existe un borrador donde no se ha fijado todavía el reparto de caudales, dado que éste dependerá del acuerdo que se alcance–. La primera, el trasvase Júcar-Vinalopó: los regantes alicantinos rechazan el agua de la toma en la desembocadura y reclaman la vuelta a la conexión original, derogada con la llegada del PSOE al Gobierno en 2004. El Gobierno llegó a iniciar los contactos para retomar dicha conexión, pero en los últimos meses

Vuelta a la toma original

La vuelta a la toma original, como ha publicado ABC, costaría unos 60 millones de euros, dado que la conexión existe físicamente, y solo sería necesario terminar la conducción desde la presa de Cortes de Pallás hasta el trazado actual del trasvase. Los regantes del Vinalopó se han mostrado dispuestos a correr con los gastos a través de la tarifa que deberán pagar a Acuamed por cada metro cúbico trasvasado.

La segunda gran cuestión, y que facilitaría el visto bueno de los regantes valencianos a la recuperación de la toma original, es la modernización de regadíos tradicionales en el Júcar. Una obra que se ha convertido en una reivindicación histórica, pero que en el transcurso de los años ha ido quedando postergada. En cuanto a los regantes castellano-manchegos, su principal inquietud es la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental. Estas dos actuaciones, junto con el trasvase Júcar-Vinalopó original, suman los citados 200-250 millones.

Equilibrio de fuerzas

Los regantes consideran que se trata más de un problema de financiación que de disponibilidad presupuestaria, dado que se han prestado a sufragar el coste de las obras vía tarifa. Es decir, el Ministerio no tendría que cargar con el coste, pero sí conseguir la financiación para ejecutar las obras, que se cobrarían en diferido.

Sobre el papel, el plan de cuenca tiene que salir a exposición pública a finales de mes, para estar aprobado a finales de año. No obstante, la batalla se libra ahora sobre el decreto de demarcación. Como ha publicado este periódico, si las cuencas endorreicas (sin salida al mar) de Albacete se «convierten» en cuenca del Júcar, alterarían el equilibrio de poderes y pondrían en riesgo el resultado de las negociaciones que se llevan a cabo.

el Consell y los regantes de las provincias de Valencia y Alicante se afanan en alcanzar un acuerdo satisfactorio a múltiples bandas –incluidas las instituciones y los usuarios castellano-manchegos– que permita desbloquear la aprobación del plan de cuenca del Júcar. Como ha publicado ABC, el retraso del instrumento de planeamiento de la cuenca, que debía haberse terminado en 2009, podría llegar a costarle al Gobierno de España una multa de 200.000 euros por día de retraso si Bruselas decide ejecutar la sanción, lo que supone 72 millones de euros por año.

El acuerdo que permita desbloquear el plan y sortear esa posible sanción (en cualquier caso, el documento no entraría en vigor antes de finales de año), que pasa por satisfacer las demandas de los regantes de Valencia, Alicante y Castilla-La Mancha, tiene en cambio un coste de entre 200 y 250 millones de euros, según las fuentes consultadas. Un coste, eso sí, que podría financiarse vía tarifa, y que de esta forma se cargaría a los regantes.

Según las fuentes consultadas por ABC, tres son las grandes cuestiones que mantienen paralizado el plan de cuenca –de hecho, existe un borrador donde no se ha fijado todavía el reparto de caudales, dado que éste dependerá del acuerdo que se alcance–. La primera, el trasvase Júcar-Vinalopó: los regantes alicantinos rechazan el agua de la toma en la desembocadura y reclaman la vuelta a la conexión original, derogada con la llegada del PSOE al Gobierno en 2004. El Gobierno llegó a iniciar los contactos para retomar dicha conexión, pero en los últimos meses estos se han «enfriado».

Vuelta a la toma original

La vuelta a la toma original, como ha publicado ABC, costaría unos 60 millones de euros, dado que la conexión existe físicamente, y solo sería necesario terminar la conducción desde la presa de Cortes de Pallás hasta el trazado actual del trasvase. Los regantes del Vinalopó se han mostrado dispuestos a correr con los gastos a través de la tarifa que deberán pagar a Acuamed por cada metro cúbico trasvasado.

La segunda gran cuestión, y que facilitaría el visto bueno de los regantes valencianos a la recuperación de la toma original, es la modernización de regadíos tradicionales en el Júcar. Una obra que se ha convertido en una reivindicación histórica, pero que en el transcurso de los años ha ido quedando postergada. En cuanto a los regantes castellano-manchegos, su principal inquietud es la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental. Estas dos actuaciones, junto con el trasvase Júcar-Vinalopó original, suman los citados 200-250 millones.

Equilibrio de fuerzas

Los regantes consideran que se trata más de un problema de financiación que de disponibilidad presupuestaria, dado que se han prestado a sufragar el coste de las obras vía tarifa. Es decir, el Ministerio no tendría que cargar con el coste, pero sí conseguir la financiación para ejecutar las obras, que se cobrarían en diferido.

Sobre el papel, el plan de cuenca tiene que salir a exposición pública a finales de mes, para estar aprobado a finales de año. No obstante, la batalla se libra ahora sobre el decreto de demarcación. Como ha publicado este periódico, si las cuencas endorreicas (sin salida al mar) de Albacete se «convierten» en cuenca del Júcar, alterarían el equilibrio de poderes y pondrían en riesgo el resultado de las negociaciones que se llevan a cabo.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130617/abcp-regantes-reclaman-millones-obras-20130617.html

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha aseguradoque, “con la aprobación de los Planes Hidrológicos, estamos sentando las bases de un gran Pacto Nacional del Agua que, partiendo del principio de unidad de cuenca, defiende la gestión integral del recurso, con actuaciones coordinadas en materia de saneamiento, abastecimiento, depuración y reutilización”. Miguel Arias Cañete hacía estas manifestaciones en la inauguración unas jornadas de debate sobre planificación hidrológica, organizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos bajo el lema “Los Planes Hidrológicos de Cuenca”.

   En su intervención, Arias Cañete ha recalcado que estas jornadas se celebran “en un momento especialmente oportuno”, ya que estamos en la fase de transición entre la finalización de los planes hidrológicos y el inicio de la revisión de los mismos, con el objetivo de alcanzar los objetivos de la Directiva marco del Agua.

    Además, el ministro ha destacado que los planes hidrológicos son la base para construir un gran Pacto Nacional del Agua que garantice el suministro en cantidad y calidad suficiente, “un pacto que, desde el consenso, la responsabilidad y la solvencia técnica, garantice las necesidades objetivas de los territorios y proteja el medio ambiente”.

    Según ha explicado, en este año y medio se ha conseguido un avance “sin precedentes, partiendo de una situación nefasta”, puesto que en 2009 deberían haber estado aprobados los 25 planes de demarcación, y sólo se había aprobado el plan de las cuencas internas de Cataluña. El ministro ha lamentado que esta situación provocara un procedimiento sancionador en el ámbito europeo, al que hay que sumar los expedientes por incumplimientos del anterior Gobierno en materia de depuración de aguas residuales.

    Por el contrario, en lo que va de legislatura, este Gobierno ha aprobado ya nueve planes hidrológicos: Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Cuencas mediterráneas andaluzas, Miño-Sil, Guadalquivir, Guadiana y, en el último Consejo de Ministros, Cantábrico Oriental y Cantábrico Occidental. “Un esfuerzo que nos está permitiendo recuperar voz y crédito en la Unión Europea”, ha subrayado.

Retos del Pacto Nacional del Agua

    Por otra parte, Arias Cañete ha señalado que este Pacto Nacional del Agua tendrá que hacer frente a grandes retos, como los asociados al cambio climático, que está acentuando fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones. En este sentido, el ministro ha puesto en valor “el papel desempeñado por nuestra administración hidráulica en la gestión de episodios de avenidas y en la minimización de los efectos de los periodos de sequía”.

    Asimismo, Arias Cañete se ha referido a los retos económicos, donde se suscita el debate sobre la financiación de los servicios del agua y la idoneidad del actual modelo para garantizar la sostenibilidad en la prestación del servicio. Para solventar esta cuestión, “debemos plantear fórmulas innovadoras basadas en la participación público-privada, especialmente en el ámbito del saneamiento y la depuración”, ha afirmado.

    El ministro también ha mencionado retos en materia de gobernanza, “para mejorar nuestro sistema de gestión y profundizar en la aplicación de la legislación europea en materia de agua, siguiendo la senda marcada por la Comisión Europea en su documento Blueprint”.

    En el ámbito de la investigación, el ministro considera que se hace necesaria una política de I+D*i “coherente con nuestras líneas de planificación y alineadas con las orientaciones de la UE, fundamental para asegurar los niveles de eficacia y eficiencia de prestación de los servicios públicos en España”.

Proyecto de Marca España-Agua

   Al mismo tiempo, Arias Cañete se ha referido al reto de dar plena efectividad al derecho humano al agua y al saneamiento, “con el que España reafirma su compromiso”. Según el ministro, así se hizo el año pasado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y en el debate de la Asamblea General de la ONU sobre cooperación en materia de agua. “El proyecto de Marca España-Agua pretende, precisamente, poner a disposición las capacidades de nuestros sectores público y privado”, ha destacado.

    Por último, el ministro ha mostrado su compromiso para dar respuesta a estos retos, “desde el consenso, apoyándonos en nuestras fortalezas y con la mirada puesta en Europa”, pero sin perder de vista las singularidades climatológicas, orográficas e hidrológicas de España.

     A este respecto, Arias Cañete ha reiterado el compromiso de su Departamento con las empresas del sector del agua, con la ingeniería, la consultoría y la construcción, “que cuentan con nuestro apoyo institucional para su consolidación en el mercado internacional”.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agroinformacion.com/noticias/75/politica%20hidraulica/61962/los%20planes%20hidrologicos%20sentaran%20las%20bases%20de%20un%20gran%20pacto%20nacional%20que%20defienda%20la%20gestion%20integral%20del%20agua.aspx

La Comunidad intenta retener la mayoría en la cuenca del Júcar frente a Castilla-La Mancha

Los regantes de la Comunidad presentarán hoy en el Tribunal Supremo las alegaciones al decreto de demarcación del Júcar, que beneficia directamente a Castilla-La Mancha al incluir en la cuenca que comparten ambas regiones los endorreísmos –cuencas que no vierten al mar– de Albacete. Como adelantó ABC el pasado lunes, esta inclusión supone ampliar el territorio castellano-manchego de la cuenca y, por tanto, dar mayor peso a la comunidad vecina. Al mismo tiempo, la segregación del Turia de la cuenca provocaría que los regadíos albaceteños sin salida al Júcar tuviesen prioridad sobre los volúmenes frente al suministro de Valencia, por ejemplo.

Los regantes han decidido apurar el plazo de alegaciones –inicialmente tenían previsto acudir ayer– para terminar de perfilar su recurso, que en esencia se basa en la actual demarcación del Júcar y la normativa general. En este sentido, la demarcación vigente –aprobada en 1987– señala que forman parte del Júcar «todas las cuencas hidrográficas que viertan sus aguas al mar Mediterráneo, entre la desembocadura de los ríos Segura y Cenia, incluyendo también este último». Algo que no sucede en el caso de las cuencas

Sanción millonaria

Los regantes de la Comunidad –tanto las comunidades del Vinalopó como las del Júcar se han unido en defensa de sus intereses en este asunto– alegan en este sentido que los endorreísmos de Albacete no solo se encuentran a 150 kilómetros del río, sino que por su propia naturaleza ninguno de ellos vierte al Júcar (ni mucho menos al mar).

El decreto de demarcación es el paso previo para aprobar el plan de cuenca del Júcar, que como publicó ayer ABC acumula un retraso de cuatro años. La Comisión Europea podría sancionar a España con 200.000 euros por día de retraso. El Ministerio tiene previsto sacar a exposición pública el borrador del plan a finales de mes.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130612/abcp-regantes-alegan-cuenca-albacete-20130612.html

D. MARTÍNEZ / ALICANTE

Día 10/06/2013

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La inclusión de cuencas de Albacete sin salida al mar y la segregación del Turia y del Vinalopó-Alacantí concedería el control del río a Castilla-La Mancha

abc

El plan de cuenca del Júcar amenaza con volverse en contra de los intereses de la Comunidad. Hasta el punto de que regadíos de nueva implantación en el interior de Albacete, sin contacto con el Júcar, podrían tener preferencia sobre sus caudales respecto al abastecimiento de la ciudad de Valencia.

Tal como está concebido en la actualidad, el decreto de demarcación del Júcar –que define el ámbito territorial de la cuenca– podría incluir a diversas cuencas endorreicas (sin salida al mar) de la provincia de Albacete, que en realidad no vierten sus aguas en el Júcar y, por tanto, no deberían formar parte del sistema.

El efecto práctico de dicha inclusión es que el territorio de Castilla-La Mancha superaría en peso específico al de la Comunidad, dado que ese mismo decreto de demarcación contempla segregar el sistema Vinalopó-Alacantí y el Turia de la cuenca del Júcar. De esta forma, los regadíos de Albacete ganarían derechos hídricos sobre el Júcar, y al mismo tiempo, tanto el Vinalopó-Alacantí como la cuenca del Turia dejarían de pertenecer al sistema, por lo que sus derechos estarían en un segundo plano respecto a los de las citadas cuencas endorreicas. Es decir, los regadíos de Albacete sin contacto directo con el Júcar tendrían preferencia a la hora de repartirse caudales respecto al Vinalopó y el Turia.

El principal damnificado por esta nueva ordenación de los recursos sería el trasvase Júcar-Vinalopó

Vital para el suministro

Cabe recordar que Valencia y otras 44 poblaciones de su área metropolitana «beben» del agua que llega a través del canal Júcar-Turia. Con la entrada de las cuencas endorreicas de Albacete en el sistema del Júcar y la segregación del Turia, el canal pasaría a convertirse en un trasvase entre cuencas, por lo que los nuevos regadíos castellano-manchegos tendrían siempre preferencia. Es decir, hasta que no se cubriese la demanda de dichos regadíos no se liberarían caudales para el canal.

La dependencia de Valencia del citado canal es, además, muy acusada. De cada cuatro litros que llegan al área metropolitana, tres proceden del Júcar y uno del Turia. Si se corta el canal, la ciudad solo dispone de agua para seis horas. Esa es precisamente una de las «debilidades» que debía resolver el plan de cuenca.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha abierto a consulta pública los primeros documentos del proceso de planificación hidrológica 2015-2021 en las demarcaciones hidrográficas con plan de cuenca definido, de las 16 con las que cuenta España.

La información, que gestiona la Dirección General del Agua, compete al Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar así como a la parte española de las demarcaciones del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Durante seis meses, todos los interesados podrán consultar el programa y el calendario de trabajo previsto; el estudio general de cada demarcación, que contendrá una descripción de la demarcación, un análisis de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas y un análisis económico del uso del agua.

«El objetivo del Gobierno es cumplir con el plazo previsto y acompasar la planificación española a la del resto de los países europeos aunque tenga que llevar a cabo una doble labor: aprobar los planes hidrológicos pendientes y revisar antes de que termine 2015 todos los planes de cuenca», señala en una nota de prensa el Ministerio.

Según el calendario establecido por la Unión Europea, Medio Ambiente recuerda las demarcaciones de cuenca españolas que debían haber presentado sus planes de gestión en 2009, plazo que incumplió la pasada administración.

El documento rector del Distrito Fluvial de Cataluña, el único presentado por el Gobierno socialista, fue anulado recientemente por disposición judicial.

España cuenta con siete demarcaciones hidrográficas intracomunitarias (con sus aguas en una sola autonomía) y nueve intercomunitarias (con aguas en más de una autonomía), además de planes ejecutivos para Ceuta y Melilla.

El proceso informativo que se inicia hoy atiende la necesidad de revisar los planes hidrológicos antes de que acabe el año 2015, tal y como establece la Directiva Marco europea.

Los documentos que salen a exposición pública podrán consultarse en las sedes y en las páginas web de los Organismos de cuenca correspondientes, así como en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.es).

(Cataluña) SECTORES-EMPRESAS | > AREA: Economia, negocios y finanzas

21-05-2013 / 20:10 h EFE

La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) ha celebrado hoy que el comité de peticiones del Parlamento Europeo haya aceptado debatir el borrador del Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro.

La PDE lo considera un hecho «sin precedentes» puesto que supone que por primera vez la Comisión Europea debatirá un proyecto que todavía no se ha convertido en ley.

Los antitrasvasistas consideran que este debate europeo, que promoverá un posicionamiento público de las fuerzas políticas europeas, presionará al Gobierno a la hora de aprobar un plan que no garantiza caudales mínimos para la supervivencia del Delta del Ebro.

Esta previsto que el debate, que ha sido tildado de «pionero» por Susana Abella, una de las portavoces de la PDE, se produzca entre el 8 y el 10 de julio.

«Queremos que Europa sea proactiva y que antes que estos planes lleguen a la Comisión, se actúe», ha dicho Abella, que ha instado a la Comisión a que «rescate los informes que hizo en 2003», cuando ya aseguraba que un caudal mínimo de 100 m3 era insuficiente para el mantenimiento del Delta del Ebro.

«El Estado está ejerciendo una política de hechos consumados», ha dicho Abella, ya que sigue adelante con la ejecución de los canales Segarra-Garrigues y Xerta-Sénia, dos canalizaciones que, según la PDE, siguen el trazado de las conexiones fijadas en el Plan Hidrológico Nacional diseñado por el Partido Popular en el año 2000, y que servirían para trasvasar agua entre cuencas.

La PDE ha estado estos días en Bruselas, donde se ha reunido con miembros del Parlamento Europeo, ONG medioambientalistas y expertos vinculados con el control de los planes hidrológicos europeos para buscar apoyos de cara al debate de julio.

Según los antitrasvasistas, varios grupos europeos, entre los que se incluyen los verdes europeos, socialistas y liberales, coinciden en la indignación que ha mostrado la PDE sobre los incumplimientos de calendario en la aprobación de los planes de cuenca.

«El retraso en la aprobación de estos planes no es casualidad», ha dicho Abella, para quien «se está gestando un nuevo reparto del agua de las diferentes cuencas sobre las mismas bases del Plan Hidrológico Nacional del año 2000».

De hecho, el Estado ya ha recibido una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia Europeo por vulneración de la normativa de agua.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1420690

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=90027

(Cataluña) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

16-05-2013 / 22:30 h EFE

El plan hidrológico de las Cuencas Catalanas anulado hoy era el único aprobado por el anterior gobierno entre los 25 por los que responde España ante la Unión Europea, destacó el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que recordó las sanciones abiertas por incumplimiento desde 2009.

Según Arias Cañete, que clausuró la jornada de conmemoración del 40 aniversario de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), la actual legislatura recibió «un lastre de incumplimientos de compromisos internacionales, expedientes sancionadores y deudas reconocidas y no contabilizadas».

«Esta legislatura -dijo- promueve un gran pacto nacional del agua y una gestión integral que garantice un abastecimiento de calidad y en cantidad y cumpla con todos nuestros compromisos internacionales».

El ministro subrayó que desde 2011 se han aprobado cinco planes de cuenca, cinco están en fase de ejecución pendientes de la aprobación del Consejo de Ministros, tres cumplen el proceso de información pública y se avanza en los de mayor complicación, como los del Júcar y el Segura.

Además apuntó que, durante 2012, su ministerio ha licitado 40 contratos para actuaciones incluidas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas por un importe de total de 300 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto de la Generalitat de 2011 que facultaba al Ejecutivo catalán a desarrollar un plan de gestión de su cuenca fluvial interna.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, estima el recurso interpuesto por el gobierno aragonés para denunciar que se rompía la unidad de la cuenca hidrológica del Ebro.

Los magistrados admiten el primer argumento dado por el ejecutivo aragonés y aprecian que el acuerdo del gobierno catalán no incluía el preceptivo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, un defecto que consideran «sustancial» para garantizar la legalidad del plan, por lo que no entran a analizar el resto de razones aducidas.

El gobierno aragonés había denunciado, además, que el plan de la Generalitat carecía de competencia para aprobar un plan hidrológico de la cuenca del Ebro al corresponder al Estado, no incluía dictamen del Instituto Aragonés del Agua, carecía de una evaluación de impacto ambiental e incorporaba en la cuenca fluvial de Cataluña recursos hídricos del Ebro.

La Generalitat anunció ya que presentará un recurso de casación, lo que le permitirá continuar aplicando el plan de gestión de la cuenca fluvial y su programa de medidas y subraya que la Unión Europea ha considerado válido este plan hasta la fecha de hoy.

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