El Pleno del Parlamento aprobó ayer por unanimidad de los grupos —PSOE, PP e IU— la toma en consideración de la Ley Orgánica para reclamar al Gobierno central la delegación de competencias del Guadalquivir, en respuesta a las sentencias del Constitucional y del Supremo que anularon tales atribuciones a Andalucía recogidas en el Estatuto. El PP prestó su apoyo, aunque muy condicionado, por respeto al espíritu de consenso que reinó durante la reforma estatutaria, y su presidente regional, Javier Arenas, anunció «multitud de enmiendas» durante la tramitación de la ley para conseguir un cambio «radical» del modelo de gestión en política de aguas, ya que a su juicio el trabajo desarrollado por el Gobierno andaluz en esta materia en los últimos años ha sido un «desastre».

De la defensa de la toma en consideración de la Ley Orgánica se encargó, en nombre del grupo proponente, el Socialista, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, quien en su segundo turno de palabra y pese al voto favorable anunciado por la representante del PP, Carolina González Vigo, descargó sobre el primer partido de la oposición una sarta de improperios por las críticas y las objeciones a una medida que los populares, en su fuero interno, consideran que se trata de una «farsa disfrazada de debate» de la que tendrá que dar cuenta unas Cortes «disueltas». Según González Vigo, la intención de los socialistas es «empezar a preparar la oposición» al próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Debate de gestión

Señaló la portavoz del PP que el debate real no es el de las competencias sino el del modelo de gestión, «que ha fracasado —dijo— estrepitosamente». Tras valorar que los restantes grupos aceptaran solicitar del Consejo Consultivo un dictamen sobre la legalidad de la iniciativa parlamentaria, se mostró partidaria de alcanzar un gran pacto para la administración del Guadalquivir con la participación de todos los colectivos vinculados al río, un nuevo modelo de gestión que, auguró, lo llevará a la práctica el futuro Gobierno de Javier Arenas en la Junta.

Arenas, precisamente, en una visita al municipio sevillano de Gelves anunció que su partido presentará «multitud de enmiendas» a la Proposición de Ley Orgánica para propiciar «un cambio radical» del modelo de gestión en política de aguas. ya que el seguido hasta ahora ha sido, aseguró, un «desastre».

Mario Jiménez defendió con vehemencia en su primer intervención las bondades de la iniciativa legislativa, ya que a su juicio respeta la sentencias de los altos tribunales y permite dar continuidad a las reclamaciones recogidas en el Estatuto con una gestión de «máximo» de las competencias del Guadalquivir.

Y tras escuchar el posicionamiento del PP, acusó a esta formación de mantener una «actitud refractaria» hacia el texto estatutario y de no haber estado «a la altura de las circunstancias». Esta «oportunidad perdida», destacó, es una «ofensa al Estatuto» y un intento de jugar «a la confusión». Según Jiménez, los populares pretenden constantemente «limpiar el pecado original» que supuso «la traición al Estatuto de Carmona. Digan si están con Andalucía o con el centralismo que siempre ha caracterizado a la derecha española», pidió.

La postura de IU, favorable a la iniciativa, la expresó el parlamentario José Antonio Castro, quien no obstante señaló que la tramitación de la Ley Orgánica se podría haber resuelto antes de las elecciones generales del 20 de noviembre si se hubiera planteado en primavera. De forma irónica manifestó que si los socialistas han sido capaces de modificar la Constitución de manera «express», también podrían haber resuelto antes del conflicto de las competencias del Guadalquivir y recuperar la gestión de la cuenca.

Los regantes auguran nuevos conflictos por la reforma de la Ley de Aguas estatal

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, advirtió ayer de que el Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley de Aguas para ceder las competencias en materia de control y vigilancia del dominio público hidráulico «es perjudicial para todos los usuarios y, muy en particular, para los andaluces porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos, sobre todo, en épocas de sequía». Fenacore considera que Andalucía debe acatar «en letra y espíritu» la sentencia del Alto Tribunal, por la cual se devuelve al Estado, a través de la Confederación Hidrográfica de su Demarcación, las competencias exclusivas que se atribuía su Estatuto de Autonomía sobre el río Guadalquivir.

Así lo ha explicado a EFE el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, quien recuerda que el sector agrario constituye el segundo consumidor de electricidad en España, sólo por detrás del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Ha denunciado que, tras la supresión por parte del actual Gobierno de las tarifas especiales de riego en el verano de 2008, el coste en el término de potencia para los profesionales se ha incrementado un 450 %.

Se trata de un gasto fijo para el agricultor por potencia máxima instalada durante todo el año se riegue o no -recuerda Del Campo- y que no se ajusta a las necesidades de flexibilidad y costes asumibles que reclaman los productores.

La irrigación de los campos se generaliza coincidiendo con los meses de verano, más calurosos y con ausencia pluviométrica, aunque los agricultores riegan desde marzo o abril hasta septiembre y octubre en el Norte y Centro de España, mientras que en Levante y área meridional debe hacerse casi todo el año.

Por su parte, el alza de las tarifas eléctricas propiamente dichas ha subido entre el 70 y el 80 % de media desde entonces, aunque en algunos territorios el incremento alcanza el 150 %.

De momento, estas tarifas representan ya entre el 25 y el 30 % de los costes de producción de los agricultores, según Fenacore.

Los elevados gastos han provocado ya el abandono del regadío en algunas zonas para introducir cultivos de secano, como los cereales o el girasol.

«En 2010, por primera vez en la historia, se redujeron en alrededor de 16.000 las hectáreas de regadío», detalla Del Campo.

Según los datos de Fenacore, el regadío retrocedió un 6,8 % en Comunidad Valenciana (hasta 304.624 ha), un 3 % en Murcia (hasta 162.791 ha), un 2,4 % en Castilla-La Mancha (478.712 ha) y un 1,5 % en Castilla y León (hasta 394.219 ha).

Según la Federación, en la primera fase del Plan Nacional de Regadíos se han transformado miles de hectáreas de cultivo para introducir riegos localizados más eficientes, lo que ha implicado aumentar la factura energética que, en un contexto de precios agrícolas bajos en muchos casos, impide una adecuada rentabilidad a los agricultores.

En su opinión, el «bárbaro» encarecimiento de la electricidad que utilizan los regantes para impulsar el agua hasta las fincas hace necesario «rediseñar» en el futuro algunos proyectos de modernización para adaptarlos a las nuevas condiciones de mayores costes energéticos.

Por otra parte, Del Campo ha defendido la importancia del regadío para producir más en el campo y una nueva Política Agraria Común (PAC) que fomente la productividad con el objetivo de aumentar la disponibilidad de alimentos en un 43 % antes de 2030 y en un 70 % para 2050 para evitar hambrunas, como la que padece ahora el Cuerno de África.

En su opinión, la PAC actual se ha visto afectada por el «fundamentalismo ambiental» que ha desprestigiado la actividad agraria y fomentado el abandono, de tal forma que ahora sólo un 6 % de los productores son jóvenes -menores de 35 años- frente al 40 %, que tiene más de 65 años.

Según Del Campo, sin agricultores «no habrá desarrollo rural, ni turismo rural ni calidad ambiental» y, si se abandonan zonas regables, los territorios se convierten en desérticos, como ha ocurrido en zonas de Murcia, Levante o Aragón. EFE

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cantidad de agua embalsada en esta cuenca se ha incrementado un 88,2 por ciento sobre la media de los últimos diez años, con lo que ha multiplicado en 3,2 veces el incremento del 27,2 por cien experimentado en el conjunto de España.

Así, los pantanos del Júcar disponen de 29,8 puntos más de agua embalsada que en la media de los últimos cinco y diez años.

En cambio, la diferencia entre la reserva de agua almacenada ahora y la de hace dos años se ha situado esta semana en 32,7 puntos porcentuales. EFE

EFE.- La posición común, presentada hoy por el presidente de dicha Comisión Mixta, Miguel Arias Cañete (PP), ha sido redactada de cara a la reforma de la PAC, que discute la UE y cuya negociación se acelerará a partir de otoño, cuando la Comisión Europea (CE) haga público su proyecto legislativo.

Arias Cañete ha declarado, en rueda de prensa, que el objetivo de este acuerdo entre los parlamentos de los dos principales países agrícolas de la UE, es reclamar a sus Gobiernos «presentes o futuros» que defiendan que esta política «siga siendo potente».

La declaración -firmada por las Cortes Generales españolas, la Asamblea Nacional de Francia y su Senado- insiste en que la producción alimentaria debe ser un «objetivo estratégico» para la UE.

Ambos parlamentos insisten en que la dotación asignada actualmente a la agricultura (para el período 2007-2013), no debe verse reducida.

En este punto, Arias Cañete ha mencionado la última propuesta presupuestaria de la Comisión Europea (CE), que plantea congelar los fondos agrícolas en 2014, lo que según el diputado, significa en la práctica rebajar «un 11 % los pagos directos y bajar el 5 %» el dinero para desarrollo rural.

Los parlamentarios españoles y franceses han solicitado que los países tengan «cierto margen de flexibilidad» para aplicar la PAC y la distribución de sus apoyos.

Además, la posición común alude a la necesidad de aplicar medidas eficaces para reforzar el poder del agricultor en la cadena de producción alimentaria.

Los parlamentos de España y de Francia defenderán actuaciones para regular los mercados, financiadas totalmente por la UE, para garantizar una «red de seguridad» y de estabilización de precios en situaciones problemáticas, como la reciente «crisis del pepino».

También promoverán que los acuerdos comerciales que firme la UE con países terceros incluyan cláusulas para garantizar que las importaciones al mercado europeo respetan las mismas normas de seguridad alimentaria que las exigidas a los productos comunitarios.

El documento alude a la conveniencia de fomentar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y la modernización de las explotaciones agrícolas.

El portavoz socialista en el Comisión Mixta Congreso-Senado, Juan Moscoso del Prado, ha destacado el consenso entre todos los partidos políticos para impulsar esta iniciativa en defensa de una PAC fuerte, porque se trata de un sector que afecta a «millones de españoles.

Ha indicado que esta política necesita «recursos, fondos y un marco estable».

Los Parlamentos de España y de Francia enviarán esta propuesta al comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, a la Eurocámara y están contactando con Cámaras de otros países para tratar de adherirles a esta iniciativa.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la cantidad de agua embalsada en esta cuenca ha crecido un 86,1 por ciento, con lo que ha multiplicado en 3,4 veces el incremento del 25,4 por cien experimentado en el conjunto de España.

Así, los pantanos del Júcar disponen de 26,6 puntos más de agua embalsada que en la media de los últimos cinco años, mientras que si se hace un promedio de la última década la cifra desciende hasta los 26,5 puntos.

En cambio, la diferencia entre la reserva de agua almacenada ahora y la de hace dos años se ha situado esta semana en 22,8 puntos porcentuales. EFE

El presidente de la CHJ, que ha visitado las obras de acondicionamiento del Júcar a su paso por Cuenca, ha dicho a preguntas de los periodistas que también está en una buena situación este río, que tiene el segundo máximo valor de los contabilizados en estos 60 años.

Moragues ha adelantado que, «si todo va razonablemente bien», la Confederación del Júcar cerrará el año con más de 1.100 hectómetros cúbicos de agua embalsada, una cantidad diez veces superior a lo almacenado en los años 2006 y 2007.

El embalse de Contreras se encuentra por encima de los 400 hectómetros cúbicos y se pretende que finalice el año con un volumen embalsado de 390 ó 400 hectómetros cúbicos «para tener una reserva de seguridad» en caso de que el próximo invierno sea lluvioso, ha señalado Moragues.

A su vez, el embalse de Alarcón registra unos 700 hectómetros cúbicos de agua embalsada, mientras que el embalse de Tous, dedicado a la protección de avenidas en la ribera baja del Júcar, se quedará «con el máximo nivel que la seguridad nos permite que es de 70 hectómetros cúbicos», ha añadido. EFE 1011121

El Gobierno ha aprobado una nueva subida de las tarifas eléctricas que entró en vigor el pasado 1 de julio y que afecta a todos los que tienen contratados menos de 10 kilovatios; o sea, que se encuadran en las tarifas TUR, reguladas por el Gobierno, lo que es el caso de muchos regantes.

En concreto, el mayor aumento es el que se ha producido en el término de energía, en el periodo llamado «valle», que es el más utilizado por los regantes, al suponerse que es el más barato, pero que en esta ocasión se ha incrementado en un seis por ciento. Este trimestre el Gobierno ha optado por congelar el coste fijo de la factura eléctrica —coste de la potencia contratada— para los usuarios de las tarifas TUR —menos de 10KW— y por elevar el coste variable —el de la energía consumida—, que sube en un 1,60 % para los que tienen una tarifa plana, que son la mayor parte de los consumidores de energía; es decir, en el recibo doméstico.

La gran subida se produce para los que tienen contratada una tarifa con dos periodos —punta y valle—, caso de la mayor parte de los regantes que están en tarifa TUR. En este caso, la energía en horario punta sube un 2,30% y la energía en horario valle, el que más usan los regantes en su intento de ahorrar costes, lo hace en un 6%, con lo que se convierten en los usuarios más castigados por este incremento, según afirma el técnico de Asaja Sevilla, Carlos Mesa, que explica que la mayor parte de los regantes contratan la doble tarifa y tratan de ajustar sus riegos a los horarios valle, más económicos, aunque a veces no les quede más remedio que regar también en horario punta.

Acumuladas

Este «estirón» se suma a los anteriores aprobados este mismo año por el Gobierno que ya suponían un aumento del 7 % en el recibo eléctrico de los regantes, frente al ejercicio anterior. En la anterior subida, el coste de la energía se elevó también en el término de potencia que es un coste fijo, se gaste más o menos electricidad.

Carlos Mesa explicaba a ABC que un estudio de la Comisión Europea muestra que en toda Europa los costes energéticos de los agricultores han crecido un 223% en el periodo comprendido entre 1980 y 2010, mientras que los precios percibidos por los agricultores lo han hecho sólo en un 50%. En el caso de España, esa subida ha sido mucho más elevada, entre otras razones, porque había una tarifa especial de riego que ha sido suprimida.

El técnico de Asaja Sevilla afirma que estas subidas se están produciendo cada trimestre sin que el Gobierno esté dando respuestas al sector que le viene demandando una solución para que los riegos modernos, que ahorran agua y son por tanto mucho más sostenibles, no se hagan inviables. En este sentido, recuerda que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió con las organizaciones agrarias a propiciar un acuerdo que solventara el problema. De hecho, las organizaciones agrarias y los Ministerios de Agricultura y de Industria estuvieron negociando la posibilidad de que los agricultores pudieran gozar del «trato de temporada», de forma que tuvieran una tarifa durante todo el año para los servicios corrientes de la explotación y otra sólo para la temporada de riego, con lo que esta última se pagara sólo cuando se usa. Sin embargo, estas negociaciones quedaron truncadas y, pese a las reiteradas peticiones del sector, el Gobierno no las ha retomado.

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha aprobado personarse en el procedimiento judicial abierto por las competencias del Guadalquivir, para exigir la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anuló la transferencia a Andalucía de la gestión de dicho río.

Así lo ha acordado hoy la junta de gobierno de Feragua, con los informes favorables de los servicios jurídicos de esta federación, con el objetivo de «evitar que se demore más una solución definitiva para el Guadalquivir», que, según precisa en una nota la asociación, pasa por devolver todas las competencias de gestión al Estado.

Feragua dice que ha decidido instar la ejecución de la sentencia del TS, que el pasado 13 de junio declaró la nulidad del traspaso de la gestión del Guadalquivir a la Junta al estimar el recurso de Castilla-La Mancha, tras percibir en los representantes de ambas administraciones «algunos indicios que parecen mostrar una actitud de resistencia ante el pronunciamiento de los altos tribunales».

Según esta asociación de regantes de Andalucía, también parece existir «un empeño a toda costa de lograr que la Junta de Andalucía acapare el máximo de competencias, situación incompatible con el orden constitucional y el principio de unidad de cuenca».

Para «forzar el vencimiento de esas resistencias, y haciendo valer los procedimientos que arbitra el ordenamiento para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», Feragua se va a personar en dicho procedimiento para exigir la ejecución «de lo ya juzgado por el Tribunal Supremo» en esa sentencia del pasado 13 de junio.

A ésta le siguió días después otra del TS en los mismos términos, que estimaba un recurso de la Junta de Extremadura, y, según Feraga, dicha ejecución «debería producirse a principios de septiembre, pues la ley concede diez días para el acuse de recibo de las sentencias firmes y dos meses para llevar a efecto la condena».

Esta asociación de comunidades de regantes también ha anunciado que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite su recurso contra la encomienda de gestión sobre el Guadalquivir, que el Gobierno otorgó el pasado abril por un periodo de seis meses a la Junta.

Feragua recuerda que recurrió por considerar la encomienda como una «maniobra política dilatoria» ante la anterior sentencia del Tribunal Constitucional, que en marzo anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía que asumía las competencias sobre el Guadalquivir, y que «exigía claramente la devolución de las competencias de gestión» al Estado.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura aprobó el pasado día 5 una disponibilidad en cabecera de hasta 270,8 hectómetros cúbicos de agua para el segundo semestre del año, correspondiente a las demandas solicitadas tanto para abastecimiento humano como para regadío.

Alberto Fernández, responsable de Agua de WWF, ha declarado a Efeverde que Castilla-La Mancha ha cedido ante las exigencias de Murcia, que pretende ejercer toda la «presión posible» sobre los recursos de la cabecera del Tajo, a pesar de que la cuenca del Segura cuenta con «excelentes» reservas de agua y de que las desaladoras de esa Región están ahora paradas por la falta de demanda.

Según WWF la petición de Murcia es excesiva y parece hecha «no por necesidad». Esa agua, ha añadido el portavoz, podría ir a «las numerosas balsas que tienen en las explotaciones agrarias y que multiplican la capacidad de embalse en la cuenca».

Alberto Fernández ha mostrado el temor de la organización por que con esa política de «oferta desmedida» de agua se pone en riesgo la superación de los momentos de resequía, en los que se «estrujarán» las mínimas reservas del Tajo por Real Decreto con la excusa de los abastecimientos y el mantenimiento de cultivos leñosos.

En la actualidad las reservas apenas llegan el 50%, por lo que WWF considera que es injustificado y arriesgado trasvasar tanta agua al Segura.

El portavoz de WWF ha añadido que el trasvase «bombardea» la política del «Plan Agua» del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM), que apuesta por las desaladoras para paliar los déficit.

El acuerdo de envío de agua «se ha tomado deprisa y corriendo, antes de que se apruebe en el nuevo Plan de cuenca, y supone -ha agregado WWF- un desprecio hacia los caudales ecológicos del Tajo aguas debajo de Entrepeñas».

La organización medioambiental ha señalado que a causa de los trasvases, el caudal que se libera hacia el Tajo medio es excesivamente bajo, lo que constituye el principal factor de degradación del río.

«No existe fecha de aprobación del Plan del Tajo, lo que genera una situación de indefensión ante los trasvases, pues se están considerando las demandas y caudales ecológicos del obsoleto plan hidrológico anterior», ha explicado.

WWF espera que la Confederación del Tajo proponga un aumento de caudales ecológicos aguas abajo de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que es imprescindible para alcanzar el buen estado ecológico que exige la Directiva Marco del Agua (DMA).

Esta organización no descarta la existencia de «fuertes presiones» para que no se conozcan públicamente los datos oficiales de los caudales ecológicos. EFE

MARM.-La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en reunión ordinaria celebrada hoy, ha decidido continuar con una programación para los próximos seis meses, siguiendo los mismos criterios de racionalidad y prudencia en la toma de decisiones, atendiendo todas las demandas de agua justificadas para abastecimiento y regadío.

Asimismo, durante el encuentro se ha resaltado el éxito de la celebración de reuniones con carácter semestral, que resultan beneficiosas tanto para la cuenca cedente como para la receptora. En ese sentido, se ha puesto de manifiesto que los embalses de la cabecera del Tajo muestran unos niveles constantes durante los últimos seis meses y que la cuenca receptora ha realizado un uso racional y sostenible de los recursos.

Además, la Comisión ha constatado que la situación de reserva de agua tanto en la cuenca cedente como en la receptora es de normalidad y que se han obtenido unos consumos de agua inferiores, no solamente a los máximos trasvasables, sino también inferiores a los máximos previstos para el semestre.

Por ello, se ha acordado aprobar una disponibilidad en cabecera de hasta un máximo de 270,8 hm³, cantidad correspondiente a las demandas solicitadas tanto para abastecimiento como para regadío. El volumen de agua disponible seguirá manteniéndose en la cabecera del Tajo y trasvasándose en función de la demanda real y adecuadamente justificada.

Las demandas continuarán programándose quincenalmente y se servirán en función de las demandas reales, llevando a cabo un control a posteriori, por lo que el MARM continuará manteniendo un seguimiento técnico de control con el objetivo de atender las demandas de manera motivada y razonada, al tiempo que seguirá avanzando en la mejora de la información justificativa.

Las circunstancias hidrológicas y la forma racional de autorización de los desembalses han permitido la optimización y ahorro en el uso del agua, preservando las necesidades de la cuenca cedente.
Por último, la Comisión ha aprobado el presupuesto de explotación para el año 2012 y ha estudiado la actualización de las tarifas correspondientes a la conducción de las aguas por el Acueducto Tajo-Segura.