La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana ha señalado este martes que los embalses de la cuenca del Júcar presentan un incremento del 60,4 por ciento más de agua que hace un año y un 127,4 por ciento más que la media de los últimos 10 años.

Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 46,2 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior», del 127,4 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.594 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 47,8 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico con un incremento, respecto al año anterior, de 600 hectómetros cúbicos.

Asimismo, en dicha cuenca, el año pasado por estas fechas había un 29,8 por ciento, mientras que ahora hay un 47,8 por ciento, es decir, 18 puntos más que el ejercicio anterior. Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 26,2 puntos más que la media de los últimos diez años

La organización WWF ha denunciado hoy que lleva más de cuatro años esperando información ambiental sobre el agua que se ha ahorrado gracias al Plan de Modernización de Regadíos del Gobierno, a pesar de que el Defensor del Pueblo haya dictaminado por cuarta vez que tienen derecho a conocer esta información.

Por eso, ante la próxima aprobación de un nuevo Plan de Modernización de Regadíos, actualmente en evaluación ambiental, la organización ha exigido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) que le informe de los resultados del anterior.

El objetivo es «valorar si ha existido o no un ahorro real de agua con su aplicación y cuál ha sido su destino», asegura la ONG, que quiere saber si estas medidas han supuesto tanto una mejora del estado de los ríos y acuíferos, como una mayor garantía de abastecimiento a las poblaciones.

Los ecologistas han recordado que el ahorro de agua en regadío -sector que consume el 75% de este recurso- es «clave» para «mejorar la grave situación de los ríos españoles y su futuro».

WWF recuerda que este mismo Defensor del Pueblo sugirió ya en 2008 que las excusas dadas por el MARM no eran admisibles y dictaminó que WWF tenía derecho a conocer el volumen de agua ahorrada -en términos absolutos y relativos-, así como si su destino era regadío, medio ambiente o población.

Juan Carlos del Olmo, el secretario de WWF España, ha opinado que «es inadmisible que no haya interés en dar a conocer una información que es esencial para cualquiera de los implicados en la planificación del agua en España».

Del Olmo ha apuntado, incluso, que «la falta de transparencia» del Ministerio les hace pensar que «la gran inversión pública del plan de regadíos no ha servido para ahorrar una sola gota de agua».

Así lo ha afirmado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en un comunicado, en el que denuncia la reducción de fondos para la gestión de recursos hídricos para el regadío y de las partidas dirigidas a la mejora de la calidad y la productividad agrícola, entre otras. COAG ha rechazado de forma «tajante» la reducción del presupuesto en un momento «crítico para el campo», que acumula una caída de la renta del 26 por ciento desde 2003. Los «severos recortes» afectarán especialmente a las «ya de por sí castigadas» explotaciones familiares, al desarrollo del medio rural y al empleo, ha subrayado. El secretario general de la organización agraria, Miguel López, ha asegurado en el mismo comunicado que el Gobierno «no apuesta decididamente» por el sector y «obliga» a los hombres y mujeres del campo a «un esfuerzo superior al que se exige a otros sectores y departamentos». Según COAG, el presupuesto no financiero de gastos del Estado aplicado al MARM sufre un retroceso del -31,3 por ciento para 2011, hasta 2.564,5 millones de euros, muy por encima del descenso general del 18,9 por ciento. Este retroceso sólo se ve superado por el Ministerio de Fomento con el 34,6 por ciento, ha calculado COAG, que añade que, si se compara con el presupuesto de 2009, «el MARM ha visto recortados sus fondos un 38,5 por ciento, lo que le iguala con el Ministerio de Fomento (-38,8 por ciento)». El descenso de la dotación presupuestaria a su juicio afecta principalmente a las inversiones -con un descenso del 39,2 por ciento respecto al presupuesto inicial de 2010- y a las transferencias de capital (-9,9 por ciento). Por su parte, ha apuntado que las transferencias corrientes se mantienen «más o menos estables» (-0,5 por ciento), debido a «la importancia dentro de este capítulo, de los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), que representan 6.050 millones de euros». Por rúbricas, COAG ha planteado que el recorte del 29 por ciento respecto a 2010 para el capítulo de competitividad y calidad de la producción agrícola «pone en peligro» la promoción de nuevas tecnologías y medios de producción agrícolas, la ordenación de los sectores, la sanidad vegetal y la mejora de la productividad. La caída del 23,5 por ciento para competitividad de la producción ganadera afectará a subprogramas referidos a la calidad, sanidad y mejora de la organización productiva de la ganadería, ha remarcado. COAG ha criticado el «recorte muy agresivo» del 49,4 por ciento de los fondos dirigidos a la competitividad de la industria y calidad alimentaria; del 63,4 por ciento para la gestión de los recursos hídricos para el regadío y de un 3,4 por ciento para la prevención de riesgos en el campo, que influye sobre todo en los seguros agrarios. También se ha mostrado en contra de los recortes para desarrollo del medio rural (-2,5 por ciento) y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (-18 por ciento).

Más de cinco años después de que el 21 de abril de 2005 el PSOE apoyara en el Congreso de los Diputados la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado por el Gobierno del PP el 5 de julio de 2001, poniendo fin al polémico trasvase del Ebro; la alternativa ofrecida en su día por Zapatero —la puesta en marcha de 24 plantas desalinizadoras en el arco Mediterráneo— para llevar agua a la zona de Levante, ha fracasado. Dos hechos que se han producido a lo largo del mes de septiembre suponen la constatación del fracaso de la política socialista de agua, que se quiso presentar como alternativa al proyecto popular, pero que, a la vista de lo sucedido, ha terminado por reconocer que no eran tan malos los trasvases como se demonizaron en su día.

La primera llamada de atención de este fracaso la dio el 2 de septiembre en el Congreso el presidente de Red Eléctrica Española, el ex ministro socialista, Luis Atienza, en su intervención en la Comisión de Cambio Climático, al reconocer que las desaladoras que el Gobierno ha puesto en marcha en Levante tienen problemas importantes de funcionamiento porque no les llega suficiente energía eléctrica.

Solo cinco de 24

Esta es una de las causas de que el PSOE no haya podido cumplir su compromiso de poner en marcha las 24 desaladoras previstas, de las que solo cinco están en funcionamiento, según señala el portavoz popular en la Comisión de Medio Ambiente, Carlos Floriano, que esgrime la respuesta parlamentaria que el Gobierno le remitió el 20 de abril. Con el Gobierno socialista solo se han terminado las plantas de San Pedro del Pinatar II, la ampliación de Alicante I, Alicante II, Valdelentisco y El Prat de Llobregat, esta última ejecutada por la Generalitat. Pero no funcionan a pleno rendimiento, porque no le llega la energía eléctrica necesaria.El resto de desalinizadoras puestas en marcha durante el Gobierno socialista fueron iniciadas por el Gobierno del PP, por lo que el PSOE no se puede atribuir su paternidad, según Floriano.

Atienza lo dijo muy claro en el Congreso: «Sobre las desaladoras hay proyectos de desarrollo de la red que han atenuado los problemas, pero hay necesidades importantes» El ex ministro socialista fue más allá, al señalar que «en el Levante hay un problema crónico de dificultad de desarrollo de la red de transporte, como consecuencia del incremento urbanístico que ha dificultado la obtención de pasillos. No es fácil encontrar pasillos entre las zonas protegidas y las urbanizadas, lo que ha dificultado y retrasado el desarrollo de las inversiones».

Para Floriano, las palabras de Atienza son el reconocimiento «del fracaso de las desaladoras como única solución al problema del agua. Al PSOE le sirvió para mantener un discurso alternativo al del PP». Sobre este fracaso, recuerda que el portavoz socialista, José Antonio Alonso, ofreció al PP crear una Subcomisión para estudiar la política de agua: «Estábamos dispuestos a participar en la Subcomisión, pero le dijimos que ello suponía reconocer el fracaso de su política, Al final no se hizo».

El segundo argumento de este fracaso está recogido en el documento «Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social», presentado por el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, el 20 de septiembre, en la Comisión Permanente del PSOE. Este informe no descarta los trasvases para paliar la escasez de agua: «La intervención humana, en ocasiones, también sirve para recuperar situaciones de “stress” hídrico, no debiéndose descartar a priori ninguna tecnología o infraestructura que ayude a conseguir este objetivo, incluidos trasvases intracuenca o intercuenca que estén ecológica, social y económicamente plenamente justificados». Además, el PSOE apuesta ahora por la «unidad de gestión por cuencas hidrográficas», cuando ha transferido a Andalucía la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este documento, según la diputada del PP y portavoz en la Comisión del Cambio Climático, Teresa de Lara, refleja «el fiasco y las contradicciones en que han caído los socialistas».

La llegada de agua del Júcar de calidad se vincula directamente con la propuesta de la Federación Provincial de Regantes para conectar el embalse de Tous con el trasvase Júcar-Vinalopó y así poder utilizar una parte de los caudales que se están vertiendo al mar a través del Júcar. Un planteamiento que no ha encontrado ningún tipo de respaldo entre los regantes tradicionales del río en Valencia que, además, defienden la postura del Gobierno de trasladar la toma del agua del trasvase a la desembocadura.
Juan Valero de Palma, secretario general de los usuarios del Júcar, apunta que «apoyamos la reivindicación de la Junta Central de que el agua que llegue a Alicante tenga la máxima calidad, pero también queremos dejar claro que el agua que se va a trasvasar desde el Azud de la Marquesa es la misma que utilizamos en los arrozales de Sueca, Cullera o Favareta. Nos sentimos insultados al acusarnos de insolidarios».
Valero de Palma subraya, además, que «el agua del Azud de la Marquesa es mucho mejor que la que se captaba del Ebro en Xerta y que todo el mundo aceptaba. Por supuesto que pensamos que en el trasvase deben estar todos, incluidos los abastecimientos para que la obra sea sostenible económicamente pero, insisto, el agua del Azud de la Marquesa es la que usamos nosotros».
Sobre el rechazo de los valencianos a conectar Tous con el Júcar-Vinalopó, Valero de Palma, señala que «es inviable porque la situación de este año, donde es cierto que ha habido agua, es coyuntural. En veinte años de funcionamiento del embalse sólo se ha producido en 2009 y en 2010. O sea que la conexión se podría utilizar solo 2 de cada 240 meses». Según el portavoz de la Usuj, los regantes de Valencia nunca estuvieron de acuerdo con la toma de Cortes. «Siempre hemos defendido la toma en Cullera pero nadie nos preguntó. Entonces el gobierno de Madrid era el mismo que el de Valencia y poco se podía hacer», recuerda Valero de Palma.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, ha solicitado una reunión con los dirigentes del Partido Popular y el Partido Socialista para sentar las bases de un acuerdo que otorgue al Gobierno la planificación general de todas las cuencas, garantizando así la prevalencia de los intereses generales en esta materia.

Ha insistido en la importancia de combatir la «territorialización» de la gestión de las cuencas para evitar «las guerras del agua» y situaciones como las acaecidas con el río Guadalquivir donde la Junta de Andalucía se ha atribuido, a través de su Estatuto, las competencias de forma exclusiva.

FENACORE  aboga por el respeto al principio de «unida de cuenca hidrográfica» y subraya el papel de las Confederaciones como instituciones consolidadas en las que se integran todos los usuarios y agentes implicados en la gestión del agua.

La producción de cereales caerá un 6 por ciento en la Unión Europea (UE) y subirá un 6,8 por ciento en España en 2010, respecto al año pasado, según las últimas estimaciones de la asociación de comerciantes europeos Coceral, difundidas hoy.

La UE cosechará 273 millones de toneladas de cereal este año, mientras que España recolectará 18 millones, según dichas previsiones.

Por cultivos: la UE producirá 126,8 millones de toneladas de trigo blando (-2,38 por ciento); 8,4 millones de toneladas de trigo duro (-2,2 por ciento); 52,9 millones de cebada (-14,8 por ciento); 54,9 millones de maíz (-4,4 por ciento) y 10,4 millones de triticale.

En España, la producción de trigo blando alcanzará 4,4 millones de toneladas (+28,8 por ciento); la de trigo duro, 810.000 (-38,2 por ciento); cebada, 8,2 millones (13,8 por ciento); maíz, 3.204 millones (-7,45 por ciento) y un millón de toneladas de avena.

Por otro lado, Coceral prevé que la cosecha de oleaginosas de la UE disminuya un 5,2 por ciento en 2010, hasta situarse en 27,7 millones de toneladas y para España, las estimaciones apuntan a una producción de 857.000 toneladas (-5,5 por ciento).

La reserva hidráulica acumula 36.783 hectómetros cúbicos, lo que supone 13.592 hm3 más que el pasado año y 11.620 hm3 más que la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la Atlántica Andaluza se encuentra al 81,6 por ciento, las del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 78,7 por ciento y la del Guadalquivir al 75,8 por ciento.

También entre las cuencas con mayor caudal destacan las internas de Cataluña, al 74,9 por ciento de su capacidad; las Cuencas internas del País Vasco al 71,4 por ciento; la cuenca Mediterránea Andaluza al 69,5 por ciento; la del Duero al 64 por ciento; la del Ebro al 61,2; la Cuenca del Tajo, al 61 por ciento; la del Cantábrico al 59,7 por ciento, Segura al 57,1 por ciento; y la del Miño-Sil al 55,3 por ciento.

En peor situación está Galicia Costa (51 por ciento) y Júcar (48,3 por ciento).

La capacidad total de las cuencas españolas alcanza los 55.586 hectómetros cúbicos de reserva, aunque la cantidad de agua embalsada actualmente es de 36.783 hm3. De éstos, 28.553 se encuentran en la vertiente atlántica, mientras que 8.230 pertenecen a la vertiente mediterránea.

La ONG WWF ha urgido a España a terminar con el uso ilegal del agua en la agricultura, con ocasión de la Conferencia que sobre políticas europeas de agua en la agricultura se ha inaugurado hoy en Bélgica.

España tiene más de 500.000 pozos ilegales, la mayoría dedicados al regadío, ha denunciado esta organización en una nota de prensa, difundida hoy en Madrid.

Para WWF, los pozos ilegales en España están amenazando no sólo la supervivencia de zonas de alto valor ambiental, sino el abastecimiento a poblaciones o a las actividades socioeconómicas tradicionales, «y hay dos casos que llaman especialmente la atención: Daimiel y Doñana».

Según la ONG, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un humedal de importancia internacional, se está secando por la presión de los más de 20.000 pozos ilegales que lo rodean, dedicados en gran parte al regadío del viñedo, un cultivo tradicional de secano.

Sobre Doñana afirman que hay más de 1.000 pozos ilegales y no existe un plan de extracciones de las aguas subterráneas que regule lo que sacan los pozos legales, y esta situación, añaden, ha desencadenado que las marismas de este otro Parque Nacional «reciban un 80% menos de agua de los aportes naturales del acuífero».

A partir de la experiencia española, WWF España recomienda reorientar las ayudas públicas hacia aquellos agricultores y ganaderos que generan bienes públicos (como la conservación de zonas húmedas o la lucha contra la contaminación de las aguas).

Asimismo aconsejan exigir el uso legal y eficiente del agua como requisito previo para obtener cualquier etiqueta de calidad;y la clausura inmediata de los pozos ilegales e imposición de las correspondientes sanciones.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, ha asegurado que hace años que el Ministerio de Medio Ambiente dio el dato de los 500.000 pozos ilegales en España y que «son escasos los movimientos por parte de la administración para cerrarlos».

WWF recuerda además que un 13% del regadío en España obtiene el agua de acuíferos sobreexplotados y que un 12% del territorio nacional está declarado como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos de Origen Agrario, lo que, a su juicio, pone en «serio peligro» el abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha reclamado hoy que se refuercen las competencias estatales en materia de aguas para que la administración central se encargue de planificar todas las cuencas del territorio español y garantice los intereses generales.

Así lo ha indicado en un comunicado el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, a raíz de la divulgación del documento «Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social», elaborado por el grupo parlamentario socialista.

El texto presentado por el PSOE, que propone crear un «Ente Gestor Global dependiente de la Administración General del Estado que coordine todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas», asegura que la gestión del agua no se hará atendiendo a «fronteras territoriales», sino que existirá una «gestión única e integrada de las demarcaciones por cuencas geográficas naturales».

Del Campo ha subrayado que la petición de reforzar las competencias estatales del agua no es «nueva» para los regantes, que insisten en la necesidad de combatir la «territorialización» de la gestión del agua, después de que los estatutos catalán y aragonés plantearan el «blindaje» del Ebro.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la Constitución Española dicta que la administración de las cuencas que discurren por más de una Comunidad corresponde en exclusiva al Estado.

Para Del Campo, es «inconcebible» que se fracture el principio de unidad de cuenca para dar paso a un «modelo insolidario» que divide los ríos de forma «artificial» por tramos autonómicos y genera «guerras del agua» entre las comunidades.

Además, ha reiterado su respeto «absoluto» al principio de unidad de las cuencas y a las confederaciones hidrográficas como instituciones consolidadas en las que participan «sin extralimitarse en sus competencias» todos los usuarios y agentes interesados en la gestión del agua