Más de cinco años después de que el 21 de abril de 2005 el PSOE apoyara en el Congreso de los Diputados la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado por el Gobierno del PP el 5 de julio de 2001, poniendo fin al polémico trasvase del Ebro; la alternativa ofrecida en su día por Zapatero —la puesta en marcha de 24 plantas desalinizadoras en el arco Mediterráneo— para llevar agua a la zona de Levante, ha fracasado. Dos hechos que se han producido a lo largo del mes de septiembre suponen la constatación del fracaso de la política socialista de agua, que se quiso presentar como alternativa al proyecto popular, pero que, a la vista de lo sucedido, ha terminado por reconocer que no eran tan malos los trasvases como se demonizaron en su día.

La primera llamada de atención de este fracaso la dio el 2 de septiembre en el Congreso el presidente de Red Eléctrica Española, el ex ministro socialista, Luis Atienza, en su intervención en la Comisión de Cambio Climático, al reconocer que las desaladoras que el Gobierno ha puesto en marcha en Levante tienen problemas importantes de funcionamiento porque no les llega suficiente energía eléctrica.

Solo cinco de 24

Esta es una de las causas de que el PSOE no haya podido cumplir su compromiso de poner en marcha las 24 desaladoras previstas, de las que solo cinco están en funcionamiento, según señala el portavoz popular en la Comisión de Medio Ambiente, Carlos Floriano, que esgrime la respuesta parlamentaria que el Gobierno le remitió el 20 de abril. Con el Gobierno socialista solo se han terminado las plantas de San Pedro del Pinatar II, la ampliación de Alicante I, Alicante II, Valdelentisco y El Prat de Llobregat, esta última ejecutada por la Generalitat. Pero no funcionan a pleno rendimiento, porque no le llega la energía eléctrica necesaria.El resto de desalinizadoras puestas en marcha durante el Gobierno socialista fueron iniciadas por el Gobierno del PP, por lo que el PSOE no se puede atribuir su paternidad, según Floriano.

Atienza lo dijo muy claro en el Congreso: «Sobre las desaladoras hay proyectos de desarrollo de la red que han atenuado los problemas, pero hay necesidades importantes» El ex ministro socialista fue más allá, al señalar que «en el Levante hay un problema crónico de dificultad de desarrollo de la red de transporte, como consecuencia del incremento urbanístico que ha dificultado la obtención de pasillos. No es fácil encontrar pasillos entre las zonas protegidas y las urbanizadas, lo que ha dificultado y retrasado el desarrollo de las inversiones».

Para Floriano, las palabras de Atienza son el reconocimiento «del fracaso de las desaladoras como única solución al problema del agua. Al PSOE le sirvió para mantener un discurso alternativo al del PP». Sobre este fracaso, recuerda que el portavoz socialista, José Antonio Alonso, ofreció al PP crear una Subcomisión para estudiar la política de agua: «Estábamos dispuestos a participar en la Subcomisión, pero le dijimos que ello suponía reconocer el fracaso de su política, Al final no se hizo».

El segundo argumento de este fracaso está recogido en el documento «Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social», presentado por el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, el 20 de septiembre, en la Comisión Permanente del PSOE. Este informe no descarta los trasvases para paliar la escasez de agua: «La intervención humana, en ocasiones, también sirve para recuperar situaciones de “stress” hídrico, no debiéndose descartar a priori ninguna tecnología o infraestructura que ayude a conseguir este objetivo, incluidos trasvases intracuenca o intercuenca que estén ecológica, social y económicamente plenamente justificados». Además, el PSOE apuesta ahora por la «unidad de gestión por cuencas hidrográficas», cuando ha transferido a Andalucía la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este documento, según la diputada del PP y portavoz en la Comisión del Cambio Climático, Teresa de Lara, refleja «el fiasco y las contradicciones en que han caído los socialistas».

La llegada de agua del Júcar de calidad se vincula directamente con la propuesta de la Federación Provincial de Regantes para conectar el embalse de Tous con el trasvase Júcar-Vinalopó y así poder utilizar una parte de los caudales que se están vertiendo al mar a través del Júcar. Un planteamiento que no ha encontrado ningún tipo de respaldo entre los regantes tradicionales del río en Valencia que, además, defienden la postura del Gobierno de trasladar la toma del agua del trasvase a la desembocadura.
Juan Valero de Palma, secretario general de los usuarios del Júcar, apunta que «apoyamos la reivindicación de la Junta Central de que el agua que llegue a Alicante tenga la máxima calidad, pero también queremos dejar claro que el agua que se va a trasvasar desde el Azud de la Marquesa es la misma que utilizamos en los arrozales de Sueca, Cullera o Favareta. Nos sentimos insultados al acusarnos de insolidarios».
Valero de Palma subraya, además, que «el agua del Azud de la Marquesa es mucho mejor que la que se captaba del Ebro en Xerta y que todo el mundo aceptaba. Por supuesto que pensamos que en el trasvase deben estar todos, incluidos los abastecimientos para que la obra sea sostenible económicamente pero, insisto, el agua del Azud de la Marquesa es la que usamos nosotros».
Sobre el rechazo de los valencianos a conectar Tous con el Júcar-Vinalopó, Valero de Palma, señala que «es inviable porque la situación de este año, donde es cierto que ha habido agua, es coyuntural. En veinte años de funcionamiento del embalse sólo se ha producido en 2009 y en 2010. O sea que la conexión se podría utilizar solo 2 de cada 240 meses». Según el portavoz de la Usuj, los regantes de Valencia nunca estuvieron de acuerdo con la toma de Cortes. «Siempre hemos defendido la toma en Cullera pero nadie nos preguntó. Entonces el gobierno de Madrid era el mismo que el de Valencia y poco se podía hacer», recuerda Valero de Palma.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, ha solicitado una reunión con los dirigentes del Partido Popular y el Partido Socialista para sentar las bases de un acuerdo que otorgue al Gobierno la planificación general de todas las cuencas, garantizando así la prevalencia de los intereses generales en esta materia.

Ha insistido en la importancia de combatir la «territorialización» de la gestión de las cuencas para evitar «las guerras del agua» y situaciones como las acaecidas con el río Guadalquivir donde la Junta de Andalucía se ha atribuido, a través de su Estatuto, las competencias de forma exclusiva.

FENACORE  aboga por el respeto al principio de «unida de cuenca hidrográfica» y subraya el papel de las Confederaciones como instituciones consolidadas en las que se integran todos los usuarios y agentes implicados en la gestión del agua.

La producción de cereales caerá un 6 por ciento en la Unión Europea (UE) y subirá un 6,8 por ciento en España en 2010, respecto al año pasado, según las últimas estimaciones de la asociación de comerciantes europeos Coceral, difundidas hoy.

La UE cosechará 273 millones de toneladas de cereal este año, mientras que España recolectará 18 millones, según dichas previsiones.

Por cultivos: la UE producirá 126,8 millones de toneladas de trigo blando (-2,38 por ciento); 8,4 millones de toneladas de trigo duro (-2,2 por ciento); 52,9 millones de cebada (-14,8 por ciento); 54,9 millones de maíz (-4,4 por ciento) y 10,4 millones de triticale.

En España, la producción de trigo blando alcanzará 4,4 millones de toneladas (+28,8 por ciento); la de trigo duro, 810.000 (-38,2 por ciento); cebada, 8,2 millones (13,8 por ciento); maíz, 3.204 millones (-7,45 por ciento) y un millón de toneladas de avena.

Por otro lado, Coceral prevé que la cosecha de oleaginosas de la UE disminuya un 5,2 por ciento en 2010, hasta situarse en 27,7 millones de toneladas y para España, las estimaciones apuntan a una producción de 857.000 toneladas (-5,5 por ciento).

La reserva hidráulica acumula 36.783 hectómetros cúbicos, lo que supone 13.592 hm3 más que el pasado año y 11.620 hm3 más que la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la Atlántica Andaluza se encuentra al 81,6 por ciento, las del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 78,7 por ciento y la del Guadalquivir al 75,8 por ciento.

También entre las cuencas con mayor caudal destacan las internas de Cataluña, al 74,9 por ciento de su capacidad; las Cuencas internas del País Vasco al 71,4 por ciento; la cuenca Mediterránea Andaluza al 69,5 por ciento; la del Duero al 64 por ciento; la del Ebro al 61,2; la Cuenca del Tajo, al 61 por ciento; la del Cantábrico al 59,7 por ciento, Segura al 57,1 por ciento; y la del Miño-Sil al 55,3 por ciento.

En peor situación está Galicia Costa (51 por ciento) y Júcar (48,3 por ciento).

La capacidad total de las cuencas españolas alcanza los 55.586 hectómetros cúbicos de reserva, aunque la cantidad de agua embalsada actualmente es de 36.783 hm3. De éstos, 28.553 se encuentran en la vertiente atlántica, mientras que 8.230 pertenecen a la vertiente mediterránea.

La ONG WWF ha urgido a España a terminar con el uso ilegal del agua en la agricultura, con ocasión de la Conferencia que sobre políticas europeas de agua en la agricultura se ha inaugurado hoy en Bélgica.

España tiene más de 500.000 pozos ilegales, la mayoría dedicados al regadío, ha denunciado esta organización en una nota de prensa, difundida hoy en Madrid.

Para WWF, los pozos ilegales en España están amenazando no sólo la supervivencia de zonas de alto valor ambiental, sino el abastecimiento a poblaciones o a las actividades socioeconómicas tradicionales, «y hay dos casos que llaman especialmente la atención: Daimiel y Doñana».

Según la ONG, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un humedal de importancia internacional, se está secando por la presión de los más de 20.000 pozos ilegales que lo rodean, dedicados en gran parte al regadío del viñedo, un cultivo tradicional de secano.

Sobre Doñana afirman que hay más de 1.000 pozos ilegales y no existe un plan de extracciones de las aguas subterráneas que regule lo que sacan los pozos legales, y esta situación, añaden, ha desencadenado que las marismas de este otro Parque Nacional «reciban un 80% menos de agua de los aportes naturales del acuífero».

A partir de la experiencia española, WWF España recomienda reorientar las ayudas públicas hacia aquellos agricultores y ganaderos que generan bienes públicos (como la conservación de zonas húmedas o la lucha contra la contaminación de las aguas).

Asimismo aconsejan exigir el uso legal y eficiente del agua como requisito previo para obtener cualquier etiqueta de calidad;y la clausura inmediata de los pozos ilegales e imposición de las correspondientes sanciones.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, ha asegurado que hace años que el Ministerio de Medio Ambiente dio el dato de los 500.000 pozos ilegales en España y que «son escasos los movimientos por parte de la administración para cerrarlos».

WWF recuerda además que un 13% del regadío en España obtiene el agua de acuíferos sobreexplotados y que un 12% del territorio nacional está declarado como Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos de Origen Agrario, lo que, a su juicio, pone en «serio peligro» el abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha reclamado hoy que se refuercen las competencias estatales en materia de aguas para que la administración central se encargue de planificar todas las cuencas del territorio español y garantice los intereses generales.

Así lo ha indicado en un comunicado el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, a raíz de la divulgación del documento «Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social», elaborado por el grupo parlamentario socialista.

El texto presentado por el PSOE, que propone crear un «Ente Gestor Global dependiente de la Administración General del Estado que coordine todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas», asegura que la gestión del agua no se hará atendiendo a «fronteras territoriales», sino que existirá una «gestión única e integrada de las demarcaciones por cuencas geográficas naturales».

Del Campo ha subrayado que la petición de reforzar las competencias estatales del agua no es «nueva» para los regantes, que insisten en la necesidad de combatir la «territorialización» de la gestión del agua, después de que los estatutos catalán y aragonés plantearan el «blindaje» del Ebro.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la Constitución Española dicta que la administración de las cuencas que discurren por más de una Comunidad corresponde en exclusiva al Estado.

Para Del Campo, es «inconcebible» que se fracture el principio de unidad de cuenca para dar paso a un «modelo insolidario» que divide los ríos de forma «artificial» por tramos autonómicos y genera «guerras del agua» entre las comunidades.

Además, ha reiterado su respeto «absoluto» al principio de unidad de las cuencas y a las confederaciones hidrográficas como instituciones consolidadas en las que participan «sin extralimitarse en sus competencias» todos los usuarios y agentes interesados en la gestión del agua

EFE.- La Asociación Rural de Trabajadores Autónomos de Castilla y León (ARTACYL) y la organización agraria de la que depende, ASAJA, han pedido hoy, en un comunicado, que «la normalidad sea la tónica dominante» el próximo miércoles 29.

«Los sindicatos de clase UGT y CC.OO. nunca se han preocupado de los problemas del campo ni tampoco lo han hecho de los problemas del medio rural, lugar en el que ni han estado, ni están, ni se les espera», han criticado.

«El medio rural no les debe nada y no quiere ser cómplice de una convocatoria hecha más para justificarse en su papel que para solucionar problemas», han añadido.

ASAJA y ARTACYL han demandado que «se respete el derecho de los trabajadores a trabajar y de los empresarios agroalimentarios a tener abiertas sus plantas fabriles».

Por ello, esperan que transcurran «con normalidad» las campañas agrícolas propias de la época, como la recogida de la patata, de la uva o de hortalizas, «y particularmente la recogida y procesado de la leche y otros productos ganaderos que son perecederos».

España podrá abonar a partir del 16 de octubre hasta el 50% de las primas correspondientes al régimen de «pago único», mientras que la mitad restante llegará a los agricultores en diciembre, fecha en la que se abonan habitualmente. La decisión ha sido aprobada por el Comité de Gestión de Pagos Directos de la UE -formado por expertos de los Veintisiete- y responde a una petición del Gobierno español que, según las fuentes, fue el primero de los países comunitarios en solicitar ese anticipo. El adelanto beneficiará a 800.000 agricultores y su ejecución corresponderá a las comunidades autónomas. Andalucía ya ha anunciado que anticipará el pago de más de 600 millones de euros de ayudas de la PAC a unos 250.000 beneficiarios, según informó la consejería andaluza de Agricultura. El Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino solicitó pagar con antelación las ayudas en la actual campaña, con el fin de que los agricultores pudieran hacer frente a pérdidas en el sector en los últimos meses y a la crisis económica. Por otra parte, el Comité ha dado autorizaciones similares para ocho países comunitarios (Francia, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía y algunas zonas de Bélgica).

Los embalses de la cuenca del Júcar ha acumulado esta semana hasta 1.639 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa un incremento del 151,6 por ciento respecto a la media de los últimos cinco años.

Según un comunicado de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la cantidad de agua embalsada este mes en la cuenca del Júcar es un 73,4 por ciento superior a la del mismo periodo de 2009 y un 130,5 por ciento más que la media de los últimos diez años.

Esta cifra contrasta con la experimentada en el conjunto de España, ya que en la actualidad los embalses del país contienen un 45,9 por ciento más de agua que el promedio de la década anterior, un porcentaje «significativamente inferior» al registrado en la cuenca del Júcar.

Actualmente, los embalses del Júcar disponen de reservas por un total de 1.623 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 48,7 por ciento de la reserva (agua destinada al consumo y al uso hidroeléctrico), con un incremento de 687 hectómetros cúbicos respecto a 2009.

Esta cifra supone un aumento en la reserva de 27,5 puntos porcentuales respecto a hace dos años y de un 29,4 por ciento respecto a la media de los últimos cinco años. EFE