Un equipo de investigadores del Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y de las universidades de Lleida y del País Vasco ha llevado a cabo diferentes pruebas de campo para medir el «estado de salud» actual de la cuenca del Júcar.

Según un comunicado de la UPV, se «han tomado las primeras muestras para analizar los tipos de sedimentos de los ríos y los cambios que en ellos se producen».

El objetivo de este proyecto es describir y predecir las consecuencias del cambio global sobre la disponibilidad del agua, su calidad y los servicios ecosistémicos de las cuencas mediterráneas de la Península Ibérica, además de conocer su impacto en la sociedad y la economía.

Estos trabajos forman parte de un programa denominado SCARCE, coordinado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del Consejo Superior de Investigaciones Científica (IDAEA-CSIC) de Barcelona.

El estudio se ha centrado en las cuencas del Llobregat, Ebro, Guadalquivir y Júcar, y en él han participado 12 grupos científicos españoles con más de cien investigadores, entre ellos investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la UPV.

«Intentaremos predecir el comportamiento futuro de los ríos de la cuenca, posibles cambios en su morfología y en su fauna acuática en un hipotético escenario futuro de escasez de agua», ha explicado el investigador del Instituto IGIC de la UPV, Francisco Martínez Capel.

Los expertos del Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costera de la UPV han establecido quince puntos de estudio en toda la cuenca del Júcar.

«Este río de gran valor natural será objeto de un estudio más detallado que comenzará a finales de este año, y servirá para aplicar técnicas más novedosas y distintos modelos para predecir como cambiarán nuestros ríos», han explicado las mismas fuentes. EFE

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado un recurso interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de julio de 2007 por el que se autorizaba la utilización de 6,1 Hm3 de la reserva del sistema a favor de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) para paliar el déficit de abastecimiento de los municipios de Alicante, Elche, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Aspe y Hondón de las Nievas, todos ellos servidos por la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, han informado los regantes valencianos en un comunicado.

La Junta de Castilla-La Mancha se opuso a este acuerdo de la CHJ por entender que esta mancomunidad no forma parte de la cuenca del Júcar y que los órganos de gobierno de la Confederación carecen de competencia legal para adoptar cualquier acuerdo como el impugnado.

La junta manchega señalaba que «las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Valencia tienen competencias estatutarias plenamente vigentes en materia de aguas que discurran plenamente por sus territorios autonómicos y que, en consecuencia, el Estado carece de competencias para aprobar planes hidrológicos intracomunitarios, es decir, referentes a cuencas cuyas aguas no excedan del territorio de una comunidad autónoma».

La sentencia —dictada por la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV y a la que ha tenido acceso Europa Press— recuerda que al amparo del Real Decreto de 21 de octubre por el que se adoptan medidas excepcionales para la gestión de recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía, contempla una serie de atribuciones específicas temporales para solventar la situación de sequía que atraviesa el Estado Español y dota a la administración hidráulica de los «instrumentos legales para proceder a la ordenación de recursos».

Así, se establece en el artículo 2 del Real Decreto que las juntas de gobierno de las conferederaciones hidrográficas podrán modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico. «Por lo que en todo caso, al amparo de esta disposición la CHJ ostenta cobertura para la adopción de los acuerdos ahora impugnados sin que tampoco se aleguen o acredirten circunstancias que excluyan la subsunción de los acuerdos en la cobertura de la citada norma», señala la resolución judicial.

Tras conocer el fallo, el secretario General de USUJ, Juan Valero de Palma, considera que es «importante porque es una derrota más de Castilla La Mancha en su afán por territorializar el problema del agua y permite continuar con la gestión del agua por la Confederación del Júcar hasta que se delimite el ámbito territorial de la Demarcación del Júcar».

Paralelamente a este proceso, la USUJ, propietaria del embalse de Alarcón, mantiene en la actualidad un contencioso con el Ayuntamiento de Albacete para reclamar la deuda que el consistorio manchego tiene contraída con los regantes valencianos y que supera el millón de euros, han recordado desde el colectivo.

Tanto el Plan Hidrológico del Júcar como el Convenio de Alarcón y sentencias recientes del TSJCV establecen que las aguas del embalse pueden ser utilizadas por terceros, como es el caso del ayuntamiento albaceteño, de forma gratuita siempre que la reserva para USUJ esté por arriba de la curva de abastecimientos estipulada. Cuando la curva está por debajo, debe ser el Ayuntamiento de Albacete quien indemnice los costes de la extracción del agua de los pozos por parte de los regantes de USUJ, han explicado.

Según el Avance de superficies de los regímenes de ayudas directas por superficie en la campaña 2010-2011 recogido por el Fondo Español de Garantía Agraria, la superficie de secano solicitada para acceder al Pago Único asciende a 20,8 millones de hectáreas.

La mayor cantidad corresponde a pastos (7,8 millones de ha), seguida de la cebada (2,6 millones), barbecho tradicional (2,3 millones) olivar (1,7 millones) y trigo blando (1,49 millones).

Por comunidades, Castilla-La Mancha concentra la mayor cantidad de hectáreas (5,05 millones). Por detrás, Andalucía (4,03 millones), Extremadura (2,5 millones) y Aragón (1,5 millones).

Por su parte, en el apartado de superficies de secano de otros regímenes de ayuda alcanza las 980.483 ha con las ayudas a los frutos de cáscara a la cabeza (415.103 ha). Castilla-La Mancha (450.000 ha) y Aragón (296.282) concentraron el mayor número de hectáreas.

En cuanto a otras superficies, las forrajeras llegan a los 7,5 millones de ha con Castilla y León como la comunidad que más extensión tiene (1,8 millones).

REGADÍO

Más de 3 millones de superficie de regadío optan en la campaña 2010/2011 al Pago Único siendo el trigo blando el que más extensión presenta (396.441 ha). Por comunidades destacan Extremadura (929.039 ha), Andalucía (410.050), y Castilla y León (398.096).

Por su parte, en cuanto a la superficie de otros regímenes de ayuda destaca el pago específico al cultivo del arroz (115.886 ha) o la ayuda especifica al cultivo del algodón (49.035 ha).

El Gobierno regional pedirá una lámina de agua muy superior a la actual en los pantanos de la cabecera del Tajo, con el fin de que se contemple en la reforma de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo indicó el consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, quien aseguró que esta axigencia será básica y se planteará antes «de que se tenga que plasmar en la aprobación del Plan de cuenca». Se trata «de que se de satisfacción de un viejo anhelo de los municipios ribereños y de los castellano-manchegos: que se establezca una lámina de agua muy superior a la que ahora está establecida».

El titular de Presidencia dijo que el Gobierno regional está «muy satisfecho» de que Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo-Segura haya decidido revisar las normas de explotación del trasvase, porque supone que «por fin» se ha entendido «que el Tajo se regula en la cabecera y no en el Levante». «Nos sentimos muy satisfechos de que por fin se pueda estar empezando a garantizar, como debe ser, que el Tajo va a ser un río vivo y que por lo tanto volverá a tener unos caudales ecológicos, que permitan que sea un río lleno de vida», añadió. Va a ser un río «en el que pueda volver a bañarse la gente, a pescar, a disfrutar de sus aguas y a utilizarlas en su desarrollo económico y social», destacó Moreno.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, calificó de muy positiva la decisión tomada por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de modificar las normas que rigen el trasvase, pues a partir de ahora el «Tajo estará en el Tajo».

Además señaló, en una comparecencia en Ciudad Real, que considera «crucial» que se hayan revisado las normas y que ahora los demandantes de agua tengan que justificar el uso que van a darle y demostrar que la han utilizado para ello.

«Hemos dado un salto hacia delante en nuestra filosofía de agua para todos, sí, pero agua para todo no«. Además, aplaudió que, por primera vez, se tiene en cuenta a la cuenca cedente, ya que hasta el momento bastaba con una mera petición formulada.

Después de las reacciones a favor (desde el Levante) y en contra (en Castilla-La Mancha) por la petición de los regantes de un nuevo trasvase de 230 hectómetros cúbicos hasta final de año desde la cabecera del Tajo al Segura, la reunión de la Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura, celebrada ayer, parece que ha dejado contentos a todas las partes; y es que se aprobó la derivación de agua, pero con un cambio de reglas significativo.

El Ministerio de Medio Ambiente, según un comunicado remitido ayer, aseguró que atenderá todas las demandas «justificadas» de agua solicitadas a través del trasvase Tajo-Segura, y dada la situación de normalidad de reserva de agua, se establecerá una programación para los dos próximos trimestres del año hidrológico.

Además, la Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura decidió someter a estudio la revisión de las normas de explotación que rigen este trasvase del Tajo-Segura. Según el Ministerio, se ha constatado que la situación de reserva de agua tanto en la cuenca cedente como en la receptora es de absoluta normalidad, por lo que se ha decidido establecer una programación para los dos próximos trimestres del año hidrológico.

Programación quincenal

Así, se acordó aprobar una disponibilidad en cabecera de hasta un máximo correspondiente a las demandas solicitadas para los diferentes usos. El volumen de agua disponible se mantendrá en la cabecera del Tajo y se trasvasará en función de la demanda real. Las demandas se programarán quincenalmente y se servirán en función de esas demandas reales, llevando a cabo un control a posteriori. El Ministerio realizará un seguimiento técnico de control para atender las demandas «de manera motivada y razonada».

Estas decisiones fueron valoradas muy positivamente por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ya que a partir de ahora «el agua del Tajo estará en el Tajo, en los pantanos de cabecera y no en los del Talave-Cenajo», indicó.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, en Ciudad Real, el presidente aseguró que los castellano-manchegos «hemos dado un gran salto hacia delante en nuestra filosofía de agua para todos, sí pero agua para todo no» ya que «no era justo que el agua del Tajo no se regulara en el Tajo, sino en el Segura».

Consideró «crucial» que se hayan revisado las normas y aplaudió el hecho de que, a partir de ahora, los demandantes de agua tengan que justificar no sólo qué uso van a darle, sino también demostrar que la han utilizado para dicho fin.

«Sólo cuando se justifiquen las necesidades reales de la cuenca receptora se considerará trasvasar el agua», apuntó Barreda, que advirtió que las peticiones decaerán si no se justifican, informó ayer la Junta.

También se mostró muy satisfecho porque, por vez primera, se tienen en cuenta las existencias de la cuenca cedente y las necesidades reales de la cuenca receptora, lo que demuestra un importante «cambio de mentalidad» pues, recordó, hasta ahora bastaba con la mera petición formulada desde la cuenca receptora para que se considerara y se planteara como un derecho de los regantes.

«Hasta ahora, la estrategia de Murcia era regular las aguas del Tajo no en los pantanos de la cabecera, sino en el Segura, y en cuanto había agua en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, independientemente de sus necesidades, pedían un trasvase para tener ellos el agua», indicó.

Según el presidente, esta situación que consideró «injusta e irracional», no garantizaba una lámina de agua estable y permanente en la cabecera del Tajo, por lo que, reiteró, este cambio de mentalidad es fundamental para conseguir este objetivo.

«Hemos dado un paso muy importante», apuntó el presidente, que reiteró que la valoración es fundamental por lo que tiene de cambio de filosofía, de orientación, y por lo que va a ocurrir a partir de ahora en relación con las normas de explotación.

Aseguró que la situación de indefensión que Castilla-La Mancha sufría hasta ahora, en la que sólo la petición de agua de los regantes de Murcia provocaba que se hiciera efectiva sin ningún tipo consideración, ha cambiado.

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) ha presentado sus consideraciones al Esquema provisional de Temas Importantes dentro del proceso de Participación Pública del Plan Hidrológico de Cuenca de la demarcación hidrográfica del Júcar, han informado fuentes de la entidad.

Según las alegaciones de COIAL, la previsión de reducción de la actividad agraria que contempla el plan «es una mera especulación», pues el periodo estudiado «no es lo suficientemente amplio para ser significativo».

Esta circunstancia, según los ingenieros agrónomos, conlleva «una menor dotación hídrica para el sistema agrario y limita sus posibilidades en pleno cambio del modelo productivo, lo que imposibilita la regeneración de la actividad agraria, que hasta el momento disponía de una dotación hídrica mayor».

Además, la reducción de la dotación hídrica para la agricultura «impide que el modelo agrario se ajuste a la demanda, que es lo deseable para el incremento de la competitividad y viabilidad del sector».

Según el Colegio de Ingenieros Agrónomos, «si la agricultura emplea el 80% de los recursos hídricos de la demarcación hidrográfica», los estudios agronómicos base para la determinación de la dotación hídrica «deben ser más precisos, pues existe «tecnología, medios y conocimiento técnico para poder ajustar con mucha más precisión el cálculo de las dotaciones por cultivos y por zonas agroclimáticas».

Indican también que los cálculos, realizados a partir del censo agrario, «pueden llevar a resultados imprecisos», por lo que un pequeño error en las estimaciones «supone una variación muy significativa en términos absolutos del volumen de agua asignada».

Los ingenieros agrónomos aprecian también «una tendencia a la inversión de los recursos hídricos para la renaturalización de los sistemas fluviales».

En su opinión, esta actuación tendrá como consecuencia «una desnaturalización del sistema agrario, que forma parte del medio ambiente, contribuye a fijar CO2, crea y mantiene suelo fértil, crea paisaje y ecosistemas de alto valor ecológico, mantiene puestos de trabajo, fija población en el medio rural y es la base de la seguridad alimentaria». EFE

Las cuencas de los dos principales ríos de la Comunidad Valenciana, el Júcar y el Segura, cerraron el ejercicio 2009 en estado de prealerta por riesgo de restricciones, según el informe «El medio ambiente y el medio rural y marino en España 2009» elaborado por el Ministerio que dirige Elena Espinosa.

No obstante, las lluvias caídas durante esta primavera han permitido corregir parcialmente la situación. Según el último Informe Hidrológico redactado por el Ministerio, la semana pasada el Júcar alcanzó un caudal de 1.222 hectómetros cúbicos, más del doble que en las mismas fechas de 2009 (cuando la reserva era de 579 hectómetros cúbicos).

Del mismo modo, el caudal actual del Segura alcanza los 685 hectómetros cúbicos, más del doble que el año pasado en estas fechas, cuando sus reservas eran de 326 hectómetros. No obstante, se trata de una situación coyuntural provocada por las abundantes precipitaciones que han descargado sobre la Comunidad Valenciana en los últimos meses y que en junio llegaron a causar inundaciones en la provincia de Alicante.

Inversiones amenazadas

Unos chaparrones que, en cualquier caso, no resuelven el déficit hídrico de la región a largo plazo. Mientras tanto, seis años después de la derogación del trasvase del Ebro, la Comunidad Valenciana carece aún de una solución definitiva para alejar la amenaza de sequía estructural.

El Gobierno anunció el Plan AGUA del Ministerio de Medio Ambiente como alternativa a los recursos hídricos que iban a llegar desde el Ebro, pero ahora las inversiones de este programa también se están viendo afectadas por el tijeretazo decretado al presupuesto público.

En la actualidad, se está ejecutando las obras de la desaladora de Torrevieja y el trasvase Júcar-Vinalopó, que deberían entrar en funcionamiento este mismo año. En cambio, están pendientes de iniciarse las plantas de Guardamar del Segura y Denia, así como las obras complementarias de la desaladora de Muchamiel-El Campello.

En el caso de Denia, el cambio de ubicación de la desaladora —el emplazamiento anunciado inicialmente por el Ministerio de Medio Ambiente provocó un gran rechazo social— ha obligado a reiniciar el proceso y adaptar el proyecto. Fuentes del Ministerio han admitido la posibilidad de que se retrase la licitación de las obras que aún no se han iniciado, a causa del recorte presupuestario impuesto a todos los departamentos del Gobierno.

La desaladora de Muchamiel, que empezó a construirse hace ya más de un año —en junio de 2009—, debería entrar en funcionamiento en la primavera de 2011, aunque el retraso en las obras complementarias, como los colectores, podría demorar aún más la fecha de puesta en servicio.

De esta forma, siguen en el aire los 73,5 hectómetros anuales que debían generar las tres plantas que aún están pendientes de construcción: 17,5 la de Muchamiel, 40 la de Guardamar, y 16 la de Denia.

Sin agua del Ebro

La negativa del Ejecutivo a trasvasar caudales del Ebro a las tierras del sur, mientras sí acepta trasvases temporales a varias locales de Cataluña, ha llevado a que al río Ebro vierta más de seis mil hectómetros cúbicos al mar en tan sólo en los cinco primeros meses de 2010, una cantidad equivalente a diecisiete trasvases anuales a la Comunidad Valenciana. Todo ello, seis años después de que el Gobierno decidiera anular el proyecto del trasvase del Ebro en 2005, en el comienzo de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

La frecuencia de las subidas del recibo de la luz están a punto de multiplicars, al menos, por dos. El Ministerio de Industria reconocía ayer que ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía una propuesta de real decreto que le permitirá revisar la tarifa de la luz «cuando las circunstancias especiales así lo aconsejen», esto es, en cualquier momento, como adelantó ayer ABC. No obstante, intentó enviar un mensaje tranquilizador a los indignados consumidores asegurando que, aunque se reserva tal potestad, en realidad sólo pretende revisar la factura eléctrica cada tres meses, en lugar de cada seis meses como sucede ahora, con lo que, al menos, se duplicará la frecuencia de actualización del recibo. En esta línea, el cambio normativo abre la puerta a que el Gobierno aplique una subida de la luz el próximo 1 de octubre.

Las revisiones se realizarán en el tramo del recibo que corresponde a las tarifas o peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la electricidad. Este capítulo supone el 50% de la factura para los casi 27 millones de hogares y pequeñas empresas que pueden acogerse a ella. La última propuesta de Industria, paralizada por el acuerdo entre el Gobierno y el PP, hubiera supuesto un incremento de casi el 10% para los hogares en este tramo. En el trasfondo de la medida se sitúa el déficit de tarifa —la diferencia entre lo que pagan los consumidores y lo que cuesta la energía— que existe en el sistema eléctrico español y que acumula una deuda de 20.000 millones con las compañías del sector. La medida estaría encaminada a rebajar el agujero ajustando los costes a los ingresos, es decir, a la factura de la luz.

Consumidores encendidos

Un punto que se contradice con las negociaciones que mantiene Industria con el Partido Popular y que tienen el objetivo de «hacer una revisión profunda del sistema eléctrico» para eliminar los gastos superfluos, de tal forma que lo que pagan las familias por la luz sea

suficiente para cubrir los costes de generación y transporte.

La tramitación de este real decreto, que ya espera el informe preceptivo de la CNE, ha quedado al margen de las reuniones que Sebastián mantiene con los populares para intentar llegar a un Pacto de estado de Energía. Fuentes del PP reconocían que no conocen el texto ni tienen constancia de él, pero que siguen en conversaciones con el Gobierno «al que han pedido que haga el esfuerzo de tomar medidas para que no se incremente el recibo de la luz».

Tampoco tenían conocimiento del texto las asociaciones de consumidores. La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Iliana Izverniceanu, declaraba a este periódico que «la medida refleja que la política energética del Gobierno es un despropósito». La OCU se mostró en desacuerdo con el contenido porque «primero dicen que van a congelar la subida de la luz y poco después descubrimos que sólo la aplazan hasta octubre, o sea que le dan dos meses a los usuarios. Esto demuestra que el pacto está hecho de cara a la galería y que hay una improvisación total en un servicio básico para los hogares».