TOLEDO. El consejero de Presidencia de Murcia, Fernando de la Cierva, anunció ayer en rueda de prensa que los servicios jurídicos de esta comunidad preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha por vulnerar los artículos 14, 45, 138.2, 139.1 y 149.1.22 de la Constitución española. De la Cierva advirtió que si la citada reforma, en los artículos 95 y el capítulo II sección primera, titulada «La Política del Agua», así como en la disposición transitoria primera, no se rectifican en el trámite parlamentario, el gobierno murciano presentará el citado recurso de inconstitucionalidad.

Según De la Cierva, en el texto del Estatuto se cita la Constitución Española con «eufemismo», porque «se dice claramente que el agua es propiedad de Castilla-La Mancha, lo que es una gran ofensa a la Constitución, porque el agua es de todos los españoles».

Castellano manifestó que desde el PPCV «no vamos a renunciar a defender lo que es un derecho legítimo y justo para el presente y futuro de nuestra Comunitat, como es el derecho al agua y el derecho a la solidaridad interterritorial» en un bien, según remarcó, «tan importante como éste y con el que nos jugamos tanto los valencianos».

Además, desde valencia, el portavoz del PP en las Corts Valencianes, Serafín Castellano, manifestó el mismo lunes en que se aprobó el texto en las Cortes que los populares valencianos estudiarán recurrir la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha si durante su tramitación parlamentaria no se elimina la caducidad del trasvase Tajo-Segura, establecida para el año 2015.

En Castilla-Las Mancha, sin embargo, el diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Salinas dijo ayer que quienes desde la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia se oponen al Estatuto castellanomanchego utilizan «la ley del embudo» ya que olvidan que el valenciano «se arrogaba los excedentes de agua de otras cuencas».

En rueda de prensa en Toledo, el diputado regional socialista comparó así la reforma del Estatuto valenciano con el «derecho preferente al uso del agua» de las cuencas hidrográficas propias y el fin del trasvase Tajo-Segura con un plazo de más de ocho años recogidos en la reforma estatutaria aprobada ayer por el parlamento castellanomanchego.

«Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha plasmado la solidaridad en realidad, la única que ha estado trasvasando agua de forma continuada y la única que tampoco ha protestado por que en la Comunidad Valenciana el Estatuto esté contemplado como está», dijo Salinas, a pesar de que el Gobierno castellanomanchego planteó recurso de constitucionalidad contra aquél. Y auguró que an el trámite parlamentario que se abrirá mañana en el Congreso «cada uno usará sus armas» y opinó que el Estatuto de Castilla-La Mancha «es plenamente constitucional».

Los textos aprobados o en tramitación incluyen alusiones a la cuestión hidráulica.

Comunidad Valenciana. Se garantiza el derecho de los valencianos a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal.

Cataluña. La Generalitat debe emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial.

Andalucía. Ostentacompetencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad autónoma.

Aragón. Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, velar especialmente para evitar cualquier transferencia de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad. La Comunidad emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno central deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre las comunidades afectadas.

Se considera necesaria una reserva para uso exclusivo de Aragón de 6.550 hm3.

Castilla y León. La Junta emitirá un informe preceptivo sobre cualquier decisión estatal que implique transferencia de aguas fuera de su territorio.

Castilla-La Mancha. La Junta velará por evitar cualquier transferencia de aguas. Emitirá un informe previo, preceptivo y determinante ante cualquier cesión, transferencia o intercambio de aguas, tanto públicas como privadas, dentro de una misma cuenca o entre cuencas que se plantee y que afecte a los cauces, recursos o infraestructuras que discurran dentro de su territorio. El Estado y Castilla-La Mancha velarán para que el agua trasvasable del Tajo al Segura se reduzca progresivamente hasta su definitiva extinción, que, en todo caso, se producirá en 2015.

En la reunión mantenida ayer por el Director General de Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España.

Este programa, sobre el que se lleva trabajando desde hace más de un año, cubre en la actualidad más de 400.000 hectáreas de regadío.

Permitirá elaborar una base de datos de regadío agrícola que servirá de base y orientación para la elaboración de estudios y la toma de decisiones en materia de aprovechamientos hídricos.

24. Enero ´07 – El Director General de Desarrollo Rural del MAPA, Francisco Amarillo, analizó ayer, en una reunión mantenida con la Federación Nacional de Comunidades de regantes de España (FENACORE), las actuaciones llevadas a cabo para la implantación del programa CORENET, destinado a recoger información sobre la modernización de regadíos, y el intercambio de información entre las Comunidades de Regantes. El sistema, sobre el que se lleva trabajando más de un año, permitirá informatizar toda la red de riego que se va modernizando, mediante un equipamiento básico por parte de las Comunidades de Regantes, y el establecimiento de un centro de intercambio que, por parte del MAPA se situaría en el Centro Nacional de Tecnología del Regadío (CENTER), para el intercambio de información entre los regantes y la Administración. En la actualidad CORENET cubre ya más de 400.000 hectáreas de regadío, contando con la participación de 70 Comunidades de Regantes, estando previsto llegar hasta el millón de hectáreas. El programa, para cuya financiación el MAPA ha aportado 200.000 euros, además de modernizar la gestión de las Comunidades de Regantes, posibilitando la canalización de servicios externos e información de interés para la gestión del riego, servirá para la creación de una base de datos «Centro de datos CORENET», que será de gran utilidad para la elaboración de estudios y la adopción de decisiones relacionadas con el uso eficiente de los recursos hídricos.

MURCIA. El Ministerio de Medio Ambiente ha descartado el envío de agua de la cabecera del Tajo al parque nacional de Las Tablas de Daimiel, que atraviesa una situación dramática. La negativa se produce días después de que el PSOE de Ciudad Real lanzara una petición para evitar la desaparición de este enclave natural.

El director general del Agua, Jaime Palop, explicó ayer que casi toda el agua que se pudiera transportar se perdería por el camino, ya que el tramo natural de 80 kilómetros del río Cigüela está tan seco que todo los caudales quedarían absorbidos por el terreno.

Sin embargo, Palop explicó que los abastecimientos para la población, para la industria y la construcción, así como para el turismo, están garantizados este año en la cuenca del Segura. La excepción sigue siendo los regadíos, que se tendrán que apretar más el cinturón a la vista de las bajas aportaciones de agua en los pantanos de la cabecera del Tajo y en la propia cuenca del Segura.

El responsable ministerial incidió ayer en que la situación actual es la misma que la del año pasado debido a la escasez de lluvias en Murcia, la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha. Las cuencas del Segura, Júcar, parte del Tajo, zonas de la margen derecha del Ebro, áreas del Guadalquivir y la cuenca del Almanzora (Almería) están afrontando el tercer año de un ciclo de sequía que se se considera el más grave de los últimos tres decenios.

Sólo si lloviera de forma abundante se podría empezar a paliar una situación que, a día de hoy, mantiene importantes prohibiciones para los regadíos. Según las estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente, los regantes que dependen de Trasvase Tajo-Segura sólo podrán recibir 40 hectómetros cúbicos en el presente año hidrológico, que finaliza en octubre. De esta cantidad, 30 corresponden a la compra de derechos a los agricultores de Estremera.

El contrato ya ha sido formalizado y está pendiente del visto bueno del Ministerio. Así pues, el Consejo de Ministros sólo tiene por ahora margen para autorizar un pequeño riego de socorro para mantener el arbolado.

Nota de Castilla-La Mancha
La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, destacó esta semana el incremento en un 200% del presupuesto del Gobierno de Castilla-La Mancha destinado a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y pidió la colaboración de las organizaciones agrarias y de UCAMAN “para convencer a nuestros agricultores de la necesidad de esta estructuras”.

En este sentido, la consejera, que explicó  en Albacete la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha de cara a la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas, se refirió al reducido número de OPFH de la región, donde sólo hay 15, de las que 9 pertenecen a la provincia de Albacete.

Presupuesto “insuficiente”

Mercedes Gómez aseguró que “es insuficiente” el techo presupuestario del 4,1% que va a mantener la Comisión Europea para los fondos de programas operativos de los productores de frutas y hortalizas en la reforma de esta OCM, destacando que la petición, tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Castilla-La Mancha es incrementar al 6% este porcentaje de financiación destinado a actuaciones de promoción, formación, seguros de cosecha o comercialización del sector.

Actualmente, las 15 OPFH de Castilla-La Mancha reciben de la Comisión Europea dos millones de euros de los cuatro millones de euros destinados al desarrollo de sus programas operativos.

Además, según manifestó la consejera, con la nueva OCM se quiere establecer una reserva del 20% de ese fondo a medidas medioambientales, lo que, a su juicio, “es excesivo, teniendo en cuenta que los agricultores ya realizan este tipo de medidas en sus explotaciones porque son muy respetuosos con el medio ambiente”.

Por otro lado, Mercedes Gómez, que valoró positivamente la intención de la Comisión Europea de flexibilizar la normativa en materia de comercialización de los productos del sector de frutas y hortalizas, trasladó la preocupación del Gobierno regional ante “el desinterés total” de la comisión por exigir a productores, fundamentalmente de China, que exportan productos como el ajo, la cebolla o el champiñón, cumplir la misma normativa que se establece para los productores europeos.

Por último, la consejera se refirió a la propuesta de integrar al sector de frutas y hortalizas en el sistema de Pago Único, a través del “pago desacoplado”, mostrando el rechazo, tanto del Gobierno regional como del sector, de la propuesta de la Comisión Europea de suprimir la prohibición de cultivar frutas y hortalizas en superficies que ya cobran estas ayudas por otros sectores.

Visitas a empresas del sector

En este contexto, Mercedes Gómez visitó algunas empresas y cooperativas del sector de frutas y hortalizas de la provincia de Albacete.

En primer lugar, la consejera recorrió las instalaciones de la empresa “Hortícola Albacete, S.A”, ubicada en el polígono industrial Campollano de Albacete, dedicada al envasado de productos frescos, conservas y congelados, con una facturación de 12 millones de euros y 244 trabajadores, el 80% de los cuales son mujeres.

Esta empresa es pionera, en España y Europa, al utilizar, gracias a un acuerdo comercial con una empresa sueca, un formato único en la conservación de verduras: el tetrapack, para lo que ha realizado una inversión de más de 8,5 millones de euros, contando con la colaboración de la Consejería de Agricultura, a través del programa FOCAL.

Posteriormente, Mercedes Gómez se desplazó a la pedanía albaceteña de El Salobral, donde procedió al acto de inauguración de la cooperativa “CORYMAR”, dedicada, aparte de la producción de cereales, a la comercialización de cebolla y, en breve, se sumará a las 15 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que hay en Castilla-La Mancha.

Esta sociedad cooperativa, que nació de la unión de dos cooperativas, cuenta con 223 socios y cinco trabajadores fijos.

La consejera aprovechó esta visita para destacar que Albacete es la principal productora de cebolla de España, mostrando su interés por esta cooperativa y su deseo “de dejar de comercializar nuestra cebolla a granel para comercializarla con nuestra propia marca y con nuestra propia Indicación Geográfica Protegida porque así nos garantizaremos que el valor añadido de estas producciones se lo lleven nuestros agricultores”.

Por la tarde, Mercedes Gómez visitó, en el municipio albaceteño de Bonete, las instalaciones de la empresa “Bonechamp”, dedicada a la producción de setas y champiñón, que cuenta con 16 trabajadores.

La candidata del PP a la Junta, María Dolores de Cospedal, manifestó ayer que está de acuerdo con el vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, respecto a la necesidad de «evitar la demagogia y tener una política clara sobre el agua en materia nacional».

A preguntas de los medios antes de reunirse con representantes de la Cámara de Comercio de Toledo, De Cospedal apuntó, sin embargo, que es al Gobierno central «al que le corresponde buscar ese consenso» para garantizar el derecho al agua «que tenemos todos los españoles» y establecer las medidas para que «en aquellas regiones donde no tienen agua la tengan y en las que tenemos agua, la podamos disfrutar y enriquecernos de ella».

En cuanto a las declaraciones realizadas la pasada semana por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre el riego «a manta» en la región, Cospedal apuntó que cualquier consideración que se pueda hacer en contra de Castilla-La Mancha siempre va a tener la réplica del PP regional y de su presidenta», pero «si lo que se pretende es que entre en discusiones para el disfrute del PSOE, no lo voy a hacer», indicó.

Sobre la posible falta de acuerdo en materia de agua con los «populares» murcianos y valencianos, la presidenta del PP de la región recordó que Mariano Rajoy «ha dicho que en materia del Estatuto de Castilla-La Mancha la voz y la decisión la tiene el PP regional y nos ha dado libertad de opinar lo que sea mejor para los ciudadanos».

Cospedal realizó estas declaraciones antes de reunirse con los representantes de la Cámara de Comercio de Toledo para compartir con «los empresarios, comerciantes e industriales de Toledo y la provincia mis propuestas e inquietudes y escuchar las aspiraciones y deseos que puedan hacerme».

El vicepresidente segundo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page acusó ayer a los agricultores levantinos de llevar meses pidiendo un riego de socorro para salvar los limoneros y los naranjos de Murcia y Alicante y que sin embargo haya hoy «millones de kilos sin recoger que se van a podrir».

Pese a estas duras acusaciones, García-Page abogó por una «nueva» política de agua que sea «consensuada» en el conjunto de España y «destierre» enfrentamientos entre comunidades autónomas ya que «el trasvase solo puede significar en el futuro más follón, menos futuro y menos solución».

El portavoz del Ejecutivo autonómico recordó que se van a poner en marcha nuevas políticas en materia de agua y recomendó «evitar el ruido de partido y anteponer los intereses generales a los que tienen que ver con vinculaciones de tipo electoral». Afirmó que desde Castilla-La Mancha no se quiere contribuir a «ningún» tipo de ruido artificial, sino que sobre un problema tan de fondo como el agua se hable a fondo «para evitar malas interpretaciones y demagogia».

Optimismo del PP

También ayer, el coordinador regional del Grupo de Diputados del PP en el Congreso, Alejandro Ballestero, se mostró «optimista» y «convencido» de que sus compañeros de formación valencianos y murcianos, votarán a favor del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, cuando llegue el momento. El diputado popular reiteró que el PP apoyará en la Cámara Baja el nuevo texto autonómico, pero habrá que esperar a ver en qué términos lo hace el PSOE, «porque es una pena, pero no es el PP no tiene mayoría en el Congreso» para sacarlo adelante.

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, trasladó ayer su apoyo «incondicional» a los responsables de la Plataforma en Defensa del río Tajo en su aspiración a que se establezca un caudal mínimo de cantidad y calidad a su paso por Talavera de la Reina.

Cospedal, en declaraciones a los medios, manifestó que Talavera de la Reina necesita de manera «urgente e inexcusable» que se fije ese caudal mínimo, exigido por una directiva de la UE, que además sería fundamental para garantizar el agua para toda la comunidad autónoma.

Añadió en este sentido que el Gobierno regional tiene la «obligación inexcusable» de defender que haya agua en Talavera y en el resto de la comunidad y lamentó que, de momento, no haya presentado ninguna alegación al plan especial de sequía que prepara el Ministerio de Medio Ambiente y en el que no aparece el citado caudal mínimo.

Asimismo, la jefa de la oposición afirmó que el PP y la Plataforma coinciden en la necesidad de invertir en obras hidráulicas, en obras para la modernización de los regadíos, para la reutilización del agua, y para mejorar el saneamiento y el abastecimiento en toda la comunidad.

Por su parte, el coordinador de la Plataforma, Miguel Ángel Sánchez, trasladó a Cospedal su preocupación por la gestión que se hace del agua en la comunidad y por la «debilidad» con la que el Gobierno regional defiende los intereses de la comunidad.

Advirtió de que el plan especial de sequía es «un panfleto» que busca perpetuar el trasvase Tajo-Segura y emplazó a cada administración afectada a que cumpla con su deber porque ahora «se gestiona el futuro del agua en España para los próximos 20 ó 25 años y tenemos la impresión de que nos quedamos fuera».

Sánchez dijo que el Tajo debería llevar en Talavera 30 ó 35 metros cúbicos por segundo, con lo que quedaría garantizado el caudal del cauce medio y el abastecimiento para las poblaciones.

La sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ha rechazado la petición de la Junta de Usuarios del Vinalopó de suspender cautelarmente las obras del nuevo trazado del trasvase desde el Júcar.

En un auto hecho público ayer, el TSJ considera que las obras, «de interés general», se verían sometidas a «pérdidas de tiempo importantes» de acordar su suspensión en tanto se resuelve el contencioso interpuesto por los usuarios contra el acuerdo de la sociedad estatal Aguas del Júcar, por el que se adjudicaba la ejecución de los nuevos tramos.

El Tribunal advierte también del «importante calado ambiental» de la infraestructura, y del riesgo de «pérdida de la financiación europea», ya que la suspensión «paralizaría políticas ambientales».

La Junta de Usuarios interpuso el contencioso el pasado verano, al entender que el acuerdo de Aguas del Júcar por el que se adjudicaban los contratos de proyecto y ejecución de obra en los cinco tramos del trasvase Júcar-Vinalopó que modifican el trazado inicial violaban la directiva marco del Agua de la Unión Europea (UE), al no garantizar el abastecimiento. El contencioso sigue su curso, por lo que está pendiente de la sentencia que pueda dictarse en su día.

«Varapalo»

El consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, se mostró ayer «muy satisfecho» con la decisión del TSJ, ya que se trata de «la segunda ocasión en que la Justicia da un varapalo a la Junta Central» -en la primera, en marzo de 2006, un juez de lo Mercantil falló a favor del propio Marugán, después de que los usuarios denunciasen que no era competente para paralizar el trasvase original-.

El entusiasmo del consejero de la sociedad estatal fue más allá, y llegó a solicitar a Martínez que dimita como presidente de la Junta de Usuarios. En opinión de Marugán, la decisión del TSJ «inhabilita totalmente a Andrés Martínez como interlocutor con la Administración», por lo que «debería presentar su dimisión».

Para el consejero, que no ceja en su empeño de identificar a Martínez con el PP -pese a su expresa desvinculación de la «batalla política»-, éste se muestra «más interesado en defender los intereses de los populares que los de los agricultores».

El presidente de la Junta de Usuarios, por su parte, replicó que «los únicos que me pueden hacer dimitir son aquellos que me apoyan», es decir, los miembros de la Junta. Respecto a las apreciaciones de Marugán, Martínez consideró que se trata de «valoraciones políticas», por lo que evitó referirse a ellas.

En cualquier caso, lamentó la ausencia de respuesta por parte de Aguas del Júcar a su oferta de diálogo para consensuar la explotación del trasvase, que ayer mismo reiteró por tercera vez en dos meses a través de un nuevo comunicado, y que ya ha sido transmitida a la sociedad y a Medio Ambiente.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, dijo hoy que, si bien el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha acordado denegar su petición de paralizar cautelarmente las obras del nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó, «el recurso continúa bajo procedimiento».

TALAVERA. La Plataforma en Defensa del Tajo considera que el plan especial ante situaciones de alerta y sequía que ha elaborado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) está realizado «exclusivamente» para mantener el trasvase Tajo-Segura.

Los portavoces de la Plataforma, Miguel Angel Sánchez y Miguel Méndez, presentaron ayer en rueda de prensa las alegaciones que han realizado al citado plan y exigieron que la Junta y el Ayuntamiento talaverano «pongan todo su esfuerzo» en paralizar este proyecto.

El plan especial ante situaciones de alerta y sequía del Tajo es un documento de 2.400 páginas, cuyo período de presentación de alegaciones concluyó ayer mismo, y que establece las medidas que se adoptarán en la cuenca en períodos de sequía y que, según la Plataforma, pretende «consagrar» el trasvase, informa Efe.

Miguel Angel Sánchez recalcó que rechazan este documento y piden a la Confederación que lo retire porque, entre otros motivos, este organismo no utiliza cifras reales del agua que fluye por el río y tampoco ha hecho estudios para establecer un caudal ecológico como en otras cuencas. «El Plan se ha hecho para seguir con el trasvase Tajo-Segura y mirando al río Segura, no al río Tajo», sostuvo el portavoz.

Opinó que los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y de la CHT «están cometiendo un delito grave porque no están vigilando los intereses del río Tajo y de los 10 millones de personas que beben agua de su cuenca sino que hacen un plan para garantizar el mantenimiento de por vida del trasvase», y calificó a la Confederación del Tajo como la «Confederación del Segura II».

Explicó que «la táctica de la Confederación es ahorrar todo el agua posible en la cuenca para tener más agua en la cabecera y poder trasvasar al Segura» y reiteró que desde 1979 la cuenca del Tajo se ha gestionado «mirando los intereses de Murcia» y que esta situación continúa en el plan sobre situaciones de alerta y sequía.

Recordó que la ciudad de Talavera, que es la mayor de España a orillas del Tajo, queda fuera de este plan especial y al no establecerse un caudal mínimo podría darse la situación de que Murcia tuviera agua para riego pero no los regantes de Talavera de la Reina.

Respecto a la Junta, Sánchez recordó que el presidente regional, José María Barreda, se mostró dispuesto a defender un caudal ecológico para el Tajo en Talavera en la reunión que mantuvo con responsables de la Plataforma hace unas semanas. No obstante, dijo que «nos preocupa la tibieza» del Gobierno regional en esta cuestión y recordó que el plan es «una bofetada» a la Junta en cuanto que establece lo contrario de lo que prevé el Ejecutivo autónomo respecto al trasvase.