La UE aprueba reducir las ayudas directas a la agricultura un 4% de cara al año próximo

La Comisión Europea (CE) decidió este miércoles reducir las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en un 4% en 2014, ya que el presupuesto disponible está por debajo del requerido, informó el Ejecutivo comunitario. En concreto, se necesitan 1.470 millones de euros que se recuperarán con esta rebaja, explicó la CE en un comunicado. No obstante, los primeros 2.000 euros de ayudas están exentos de esta reducción, tal y como propusieron el Consejo y el Parlamento Europeo durante la última reforma de la PAC. La CE había propuesto en marzo que la reducción fuese del 4,98% pero a partir de 5.000 euros.

    Pese a todo, se espera que a mediados de octubre se presente una enmienda al borrador del presupuesto comunitario para 2014 y, en este contexto, el Ejecutivo comunitario podría proponer al Consejo modificar el porcentaje de reducción.

   Esta decisión se enmarca dentro de la operativa del «Mecanismo de Disciplina Financiera» de la PAC, cuya función es vigilar que los pagos directos no rebasan el techo establecido en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2014-2020.

    Este presupuesto prevé que las ayudas comunitarias a la agricultura se reduzcan de forma progresiva en los próximos siete años, a lo que se suma la necesidad de dotar con 442 millones de euros el nuevo fondo de reserva agrícola contra la crisis.

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La defensa del Tajo-Segura aplaza la negociación del Júcar

Los regantes alicantinos lamentan que sufren «el síndrome del hermano pequeño»por la urgencia para salvar la vigencia del primer trasvaseLos regantes alicantinos lamentan que sufren «el síndrome del hermano pequeño»por la urgencia para salvar la vigencia del primer trasvase

La cuestión hídrica sigue siendo uno de los grandes asuntos pendientes de resolver en la Comunidad. A pesar de que el pasado año hidrológico, especialmente húmedo, ha dado un respiro a las reservas de agua en la región –aunque los embalses de Alicante y Valencia siguen por debajo del 50% de su capacidad-, el periodo que comenzó el pasado 1 de octubre se antoja clave para desbloquear los dos principales frentes: el trasvase Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó.

Sin embargo, todos los esfuerzos del Consell y los regantes se centran en estos momentos en salvar la transferencia al Segura, y evitar que la entrada en vigor del plan de cuenca del Tajo (prevista para diciembre) pueda poner en entredicho una infraestructura con 35 años de historia de la que dependen 100.000 empleos (entre directos e indirectos) en el sector agroalimentario, según el último informe de PricewaterhouseCoopers. Esta concentración de esfuerzos ha dejado en un segundo plano la negociación para hacer viable el trasvase Júcar-Vinalopó, terminado en 2011 y que todavía no tiene usuarios.

Como ha venido contando ABC, la mesa técnica formada por técnicos de la Administración, expertos y regantes trabaja contrarreloj para sacar adelante el memorándum que debe blindar la transferencia a pesar del aumento de la reserva en los embalses de cabecera, con la intención de que esté lista a mediados de octubre. Mientras, el Júcar-Vinalopó y la búsqueda de un consenso entre los usuarios de Valencia y Alicante que permita reconducir el trasvase han quedado aparcados.

Desde la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí (que agrupa a los potenciales beneficiarios del trasvase) lamentan que están sufriendo «el síndrome del hermano pequeño». La urgencia por salvar el Tajo-Segura ha postergado «sine die» la resolución de un conflicto que, en el caso del Vinalopó, se remonta al año 2005, cuando la exministra socialista Cristina Narbona modificó unilateralmente el trazado del trasvase para llevar la toma al azud de la Marquesa, en Cullera.

Con el cambio de Gobierno en 2011, se abrió la puerta a la negociación para retomar la conexión original, en Cortes de Pallás (donde el caudal tiene una calidad sensiblemente superior a la desembocadura del río), e incluso la sociedad estatal Acuamed se comprometió a abrir los contactos con los regantes a finales del año pasado, tal como desveló ABC en su momento. Sin embargo, las dificultades para sacar adelante el plan de cuenca del Júcar, obsoleto desde 2009 –y que se ha revelado como el más complejo de todos los aprobados este año por el Ministerio–, bloq

Mediados de 2014

El plan vio la luz finalmente el pasado mes de agosto (estaba previsto para junio), y su redacción permite plantear la vuelta al trazado original o, al menos, diseñar una toma intermedia –otra de las posibilidades que han puesto sobre la mesa los regantes alicantinos- para satisfacer las expectativas de los usuarios del Vinalopó. Con todo, parece poco probable que la necesaria negociación haya culminado con éxito a mediados de 2014, cuando se calcula que se habrán consumido las reservas obtenidas este año merced a las lluvias y al reparto del agua embalsada en Villena.

La cuestión hídrica sigue siendo uno de los grandes asuntos pendientes de resolver en la Comunidad. A pesar de que el pasado año hidrológico, especialmente húmedo, ha dado un respiro a las reservas de agua en la región –aunque los embalses de Alicante y Valencia siguen por debajo del 50% de su capacidad-, el periodo que comenzó el pasado 1 de octubre se antoja clave para desbloquear los dos principales frentes: el trasvase Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó.

Sin embargo, todos los esfuerzos del Consell y los regantes se centran en estos momentos en salvar la transferencia al Segura, y evitar que la entrada en vigor del plan de cuenca del Tajo (prevista para diciembre) pueda poner en entredicho una infraestructura con 35 años de historia de la que dependen 100.000 empleos (entre directos e indirectos) en el sector agroalimentario, según el último informe de PricewaterhouseCoopers. Esta concentración de esfuerzos ha dejado en un segundo plano la negociación para hacer viable el trasvase Júcar-Vinalopó, terminado en 2011 y que todavía no tiene usuarios.

Como ha venido contando ABC, la mesa técnica formada por técnicos de la Administración, expertos y regantes trabaja contrarreloj para sacar adelante el memorándum que debe blindar la transferencia a pesar del aumento de la reserva en los embalses de cabecera, con la intención de que esté lista a mediados de octubre. Mientras, el Júcar-Vinalopó y la búsqueda de un consenso entre los usuarios de Valencia y Alicante que permita reconducir el trasvase han quedado aparcados.

Desde la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí (que agrupa a los potenciales beneficiarios del trasvase) lamentan que están sufriendo «el síndrome del hermano pequeño». La urgencia por salvar el Tajo-Segura ha postergado «sine die» la resolución de un conflicto que, en el caso del Vinalopó, se remonta al año 2005, cuando la exministra socialista Cristina Narbona modificó unilateralmente el trazado del trasvase para llevar la toma al azud de la Marquesa, en Cullera.

Con el cambio de Gobierno en 2011, se abrió la puerta a la negociación para retomar la conexión original, en Cortes de Pallás (donde el caudal tiene una calidad sensiblemente superior a la desembocadura del río), e incluso la sociedad estatal Acuamed se comprometió a abrir los contactos con los regantes a finales del año pasado, tal como desveló ABC en su momento. Sin embargo, las dificultades para sacar adelante el plan de cuenca del Júcar, obsoleto desde 2009 –y que se ha revelado como el más complejo de todos los aprobados este año por el Ministerio–, bloquearon las negociaciones.

Mediados de 2014

El plan vio la luz finalmente el pasado mes de agosto (estaba previsto para junio), y su redacción permite plantear la vuelta al trazado original o, al menos, diseñar una toma intermedia –otra de las posibilidades que han puesto sobre la mesa los regantes alicantinos- para satisfacer las expectativas de los usuarios del Vinalopó. Con todo, parece poco probable que la necesaria negociación haya culminado con éxito a mediados de 2014, cuando se calcula que se habrán consumido las reservas obtenidas este año merced a las lluvias y al reparto del agua embalsada en Villena.

enlace  a noticia original:  http://www.abc.es/comunidad-valencia/20131010/abcp-defensa-tajo-segura-aplaza-20131010.html

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Cañete dice que el plan contra los robos en el campo trata por igual a todo el territorio

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado en el Pleno del Senado que el nuevo plan para atajar los robos en el campo trata por igual «a todas las provincias» españolas. Arias Cañete ha contestado así a una pregunta del senador socialista Ibán García del Blanco, quien ha pedido explicaciones sobre el hecho de que la comunidad de Castilla y León no cuente en su territorio con ningún equipo ROCA de la Guardia Civil, creado específicamente para luchar contra estos delitos. Según el ministro, el plan «se aplica en todo el territorio» y ha matizado que las primeras unidades ROCA se han organizado para actuar en las provincias «donde más delitos» se producen. El ministro lo ve algo «de sentido común, y eso no es un agravio a Castilla y León».

   Además, ha asegurado que a lo largo de este mes se creará un equipo ROCA en cada Comandancia de la Guardia Civil del país. «Tratamos a todas las provincias por igual; donde más delitos hay, con más intensidad, y donde menos también se ponen en marcha los medios», ha remarcado Arias Cañete, quien ha insistido en que eso «no es agraviar a nadie», sino «utilizar los recursos que se disponen para combatir los delitos allí donde se producen».

    En su intervención, ha subrayado que los robos en las explotaciones agrarias se han incrementado desde 2007 y el anterior Gobierno socialista «no hizo absolutamente nada».

    En cambio, ha valorado la puesta en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy de «un plan especial que se aplica en toda España y tiene multitud de acciones».

    Por su parte, el senador socialista ha argumentado que hay falta de medios en el campo castellanoleonés para luchar contra las sustracciones, lo que ha llevado a los ganaderos y agricultores a crear patrullas para «poder autotutelarse».

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Las demandas de agua, aseguradas durante varios años gracias a las lluvias caídas

El agua embalsada es un 21,2% superior a la de hace un año y un 17,2% sobre la media de la década pasada, debido a la abundancia de lluvia de los últimos doce meses y que garantiza atender las demandas de riego y abastecimiento durante los próximos años en casi todo el país. Actualmente, los embalses guardan 36.879 hectómetros cúbicos de agua, ha informado el Ministerio de Medio Ambiente con motivo del inicio del nuevo año hidrológico -entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014- y de la finalización del anterior. La vertiente mediterránea, con los presas al 63,8% de su capacidad, tiene un 26,2% más de reservas que el año anterior, mientras que la vertiente atlántica, cuyos embalses están al 67,6%, cuenta con un 19,5% más de agua que el periodo anterior.

   Tomando como referencia tanto el último año como la media de la última década, el agua almacenada ha subido en todos los embalses, pero el mayor incremento durante el último año se registró en las cuencas del Ebro (33,6%), en las Cuencas Internas de Cataluña (32,3%), en la del Guadalquivir (27,8%), en la del Duero (25,9%) y en la del Segura (25,8%).

    En la cuenca del Guadalquivir, dicha abundancia de lluvias se ha traducido en que sus embalses hayan recibido aportaciones tres veces superiores a la media de los últimos 25 años, cifradas en 10.000 hm3 de agua.

    Ello ha permitido que sus embalses acaben la campaña al 80% de capacidad, un volumen que garantiza la atención de las demandas durante los próximos años.

    La cuenca del Segura ha acabado el año hidrológico con 760 hectómetros cúbicos de agua en sus pantanos, cerca de 300 hm3 más de los que tenía al comienzo. Un volumen que, salvo situaciones extremas, garantiza que se puedan cubrir las demandas de los usuarios del Segura durante los dos próximos años.

    También en la cuenca del Guadiana el año hidrológico pasado fue muy húmedo, con una lluvia media de 570 litros por metro cuadrado frente al valor medio de 522 l/m2, lo que se ha traducido en importantes aportaciones a sus embalses, con 6.300 hm3 de agua.

    Los embalses de esta cuenca iniciaron el año hidrológico al 67  de su capacidad y terminaron con un 77,1%, un valor que nunca se había alcanzado en esta fecha y que permite cubrir las demandas de riego y del abastecimiento urbano para los próximos años.

    En la cuenca del Tajo, los embalses han acabado el año con un volumen de 32.908 hm3, frente a los 20.014 hm3 registrados el año hidrológico 2011-2012.

    Unas cifras que han permitido que la cuenca atendiera todas sus demandas, incluidas las internacionales (salida para Portugal de 7.860 hm3 de agua, como establece el Convenio de Albufeira).

    En cuanto a los embalses del Júcar, iniciaron el ejercicio al 36,2% de su capacidad y ahora están al 48,2%. Actualmente hay embalsados 1.613 hm3, lo que supone un aumento de 400 hm3 con respecto a hace un año, y de 634,8 hm3 sobre la media de la última década.

    En la cuenca del Ebro, la mayoría de los sistemas de la cuenca han superado la situación de los últimos cinco años e incluso algunos han registrado valores históricos, salvo subcuencas de la margen derecha (del Martín y del Jalón) que presentan valores inferiores a los del año pasado.

    Gracias a ello, la campaña de riego se ha desarrollado con normalidad, y el volumen de agua acumulada alcanza los 5.033 hm3, lo que supone un 67,2  del total. El pasado año, por estas mismas fechas, las reservas se situaban en 2.580 hm3, un 34,4% del total.

    En la cuenca del Duero, sus embalses registraron reservas superiores en un 20% a la media de la última década y en un 120 % a las del año anterior, que fue muy seco.

    La mayoría de los sistemas (afluentes) se encuentran entre el 45% y el 55% de su capacidad, aunque hay otros, sobre todo en León y Palencia, que están en una situación más comprometida y sin apenas reservas.

    En la cuenca del Miño-Sil, el volumen en los embalses es de 1.746 hm3, lo que supone un 58% del total y el quinto valor más alto de los últimos 13 años.

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Industria no rectifica en sus tarifas electricas y no descarta otra subida en el peaje del regadío

El Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, mantuvo con los representantes de Fenacore una reunión en la que estos pudieron expresar al Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, su preocupación por las consecuencias para el regadío de la reforma tarifaria. El encuentro sirvió para mostrar que el Ministerio de Industria sólo quiere saber de una cosa: la situación del sector energético con un déficit anual, que aún después de las reformas sigue aumentando. Alberto Nadal dejó bastante claro que su Ministerio no tiene intención de rectificar, más bien adelantó nuevas subidas de los peajes en los próximo meses, y propuso soluciones que no resuelven casi nada y muestran un conocimiento bastante precario de la realidad del regadío, según informa Feragua en una nota de prenda.

   Al final de la reunión, pidió no obstante un informe completo de los efectos sobre el regadío de la reforma tarifaria, informe que elaborará Fenacore y que el sector espera que «le haga recapacitarr».

    Asimismo, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía ha calculado que esta nueva subida costará al sector de esta región unos 25 millones de euros, destacando que «el impacto será especialmente severo sobre las comunidades de regantes de menor dimensión, cuya viabilidad queda gravemente comprometida, poniendo en riesgo la continuidad de las correspondientes zonas regables», por lo que consideran que «es preciso corregir la legislación actual, que obliga al regadío a contratar un término de potencia para todo el año, a pesar de que su consumo se concentra en 5-6 meses en el regadío de interior y 8-9 meses en el regadío actual»

    De igual forma, Feragua ha solicitado una reunión urgente con las nuevas consejeras de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Elena Víboras y María Jesús Serrano. El objetivo de esta reunión es brindarles la colaboración de la Asociación para el diseño y desarrollo de las políticas que afectan al regadío, así como para tratar los temas de actualidad que preocupan a los regantes.

   Entre esta cuestiones destaca la de la subida de la factura eléctrica, que tanto preocupa al regadío, por lo que, la intención de la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, es solicitarles una declaración formal de apoyo a las reivindicaciones de los regantes, y de rechazo a la reforma tarifaria aprobada por el Ejecutivo central, tal y como han hecho ya diferentes titulares de Agricultura de otras comunidades, incluso de comunidades gobernadas por el PP como Extremadura y Castilla-León.

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El Gobierno aprueba los Planes Hidrológicos de Ceuta y de Melilla

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Ceuta y de Melilla, los primeros con los que cuentan ambas Ciudades Autónomas. Con éstos ya son 13 los planes hidrológicos aprobados por el actual Ejecutivo en poco más de año y medio. A los dos aprobados hoy se unen los de las Islas Baleares, Duero, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Guadiana, Guadalquivir, Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. El Plan Hidrológico del Ebro se encuentra ya en su última fase administrativa tras el informe favorable del Consejo Nacional del Agua.

   Los Planes Hidrológicos de Ceuta y de Melilla, elaborados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, son el elemento básico de gestión de cada una de estas demarcaciones y tienen como objetivos principales conseguir el buen estado de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico.

    Así, estos Planes establecen las pautas para atender las demandas de agua, respetando el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial en cada Ciudad Autónoma.

185 millones de inverisón para el Plan de Melilla

    El Plan Hidrológico de Melilla define los usos del agua de la demarcación y sus prioridades y establece y controla los objetivos medioambientales en las masas de agua definidas: una masa de agua de la categoría río (río Oro), tres masas costeras y tres masas de agua subterránea.

   El Plan establece, además, un programa de medidas a ejecutar hasta 2015 con un importe global de 185 millones de euros, a sufragar entre todas las administraciones.

   Entre estas medidas destacan las que tienen como objetivo paliar la contaminación puntual, con una inversión de 56,9 millones de euros; las relativas a la satisfacción de la demandas, en las que se prevé una inversión de 49,9 millones de euros; así como las destinadas al incremento de la eficiencia de los usos del agua, en las que se invertirán 45,7 millones.

129 millones entre todas las administraciones en Ceuta

    El Plan Hidrológico de Ceuta, por su parte, define los usos del agua de la demarcación y sus prioridades, y establece y controla los objetivos medioambientales en las masas de agua definidas: tres masas costeras y una masa de agua subterránea.

    El Plan establece, también, un programa de medidas a ejecutar hasta 2015 con una inversión global, entre todas las administraciones, de 129 millones de euros.

   En concreto, el plan contempla unas inversiones de 38,6 millones de euros para paliar la contaminación puntual, de 37,3 millones para adoptar medidas relativas a la satisfacción de la demandas, y una inversión de 26,1 millones de euros para incrementar la eficiencia de los usos del agua.

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Regantes temen que la subida eléctrica paralice modernizaciones por 1,1 millones

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Andrés del Campo, teme que la reforma del sector eléctrico impulsada por el Gobierno para reducir el déficit tarifario provoque «la paralización de la modernización de 1,1 millones de hectáreas en regadío». Según Del Campo García, «las tarifas actuales pueden además hacer fracasar el Plan Nacional de Regadíos (PNR) de 2002» y convertirse «en la ruina de más de 700.000 agricultores regantes de España». Fenacore ha calculado que la aprobación de la orden IET/1491/2013 el pasado mes de agosto y que encarece los costes fijos, en término de potencia, de los peajes de acceso a la energía, se traducirá en un sobrecoste de cien millones anuales para el sector agrario.

   «A este sobrecoste hay que sumar que muchos de los riegos que se han transformado pueden ser ahora inviables», ha subrayado. En España hay en la actualidad 3,5 millones de hectáreas en regadío, de las que 1,1 millones cuentan aún con sistemas de riego antiguo por gravedad y de superficie.

    La implantación de sistemas de riego moderno por presión ha aumentado la productividad -ahora la de una hectárea en regadío equivale a la de 5,5 hectáreas de secano-, pero también ha provocado que la factura eléctrica aumente hasta el 41 % de los costes de producción en regadío, según los datos que maneja esta federación.

Un 50% del regadío moderno puede llegar a "desaparecer"

    «Peligran los sistemas de regadío moderno en más del 50% de la superficie» en la que están implantados, «podrían llegar a desaparecer o podría darse un paso atrás y volverse a la utilización de los tradicionales de superficie, con menor eficiencia en el uso del agua pero sin costes energéticos», ha advertido.

    Del Campo, que también es presidente de la EIC, la asociación europea de regantes (Euro-Mediterranean Irrigators Community), ha alabado en cambio el trabajo del ministro Miguel Arias Cañete en defensa en materia de regadío en la negociación del nuevo paquete de la política agrícola común (PAC).

    Durante este nuevo curso político, ha avanzado que Fenacore continuará defendiendo la mejora de la factura eléctrica para los regantes, «para que paguen por la potencia real registrada en la época de riego (de abril a octubre) y no por la teórica contratada», e intentará reactivar la modernización de los regadíos.

    «También colaboraremos con la Administración para que se aprueben los planes hidrológicos de todas las cuencas -faltan las del Tajo, Segura y Júcar- y así poder tener un nuevo Plan Hidrológico Nacional», ha añadido.

    El presidente de esta federación se ha mostrado muy orgulloso del sistema de organización de las comunidades de regantes en España en la que sus miembros gestionan e incluso se «autosancionan» por el uso del agua y cuyo origen data de hace más de 1.200 años.

    «Es un modelo apolítico de gestión que ha sido referencia y es estudiado en muchos países, entre los que se encuentran Marruecos, Egipto, Turquía, China, India, México, Estados Unidos o Costa Rica».

    El próximo mes de octubre, la EIC celebrará su asamblea general ordinaria en Bucarest, en la sede del Ministerio de Agricultura del país, cuyo titular, Daniel Constantin, visitó en julio España con el propósito de optimizar la administración y gestión del agua para regadío en Rumanía.

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