Es necesaria, pero por sí sola no es suficiente. Esta es la valoración que hacen las dos principales organizaciones agrarias de la provincia de Albacete, Asaja y UPA, de la decisión de varios ayuntamientos de La Manchuela de pedir al Gobierno la declaración de zona catastrófica.
Como se recordará, en un período de una semana, municipios como Fuentealbilla, Villamalea o Abengibre han sufrido dos fuertes tormentas de lluvia y pedrisco, que produjeron daños en parcela de entre el 75% y el 80%, sobre todo en cultivos como la vid, pero también, en menor medida, en almendros, frutales y olivares.
Casi de inmediato, los Ayuntamientos afectados celebraron o anunciaron la celebración de plenos, extraordinarios y urgentes, para solicitar al Gobierno la declaración de zona catastrófica, a la vista de los graves daños sufridos en las cosechas, que son el principal sustento de sus economías.
Pero, desde las organizaciones agrarias albacetenses, se recuerda que hay otras vías de ayuda, más puntuales, pero también más rápidas, que no se pueden dejar de lado, precisamente a causa de la magnitud del siniestro.
«No nos parece mal que se pida la zona catastrófica -señalaba José Pérez Cuenca, presidente de Asaja- pero no podemos olvidar que la situación es muy urgente y que una declaración de este tipo es un proceso muy lento, que no solo tiene que pasar por la mesa del Consejo de Ministros, sino por la Unión Europea, que mira con lupa todo lo que le pueda sonar a unas ayudas de Estado».
En ese sentido, Asaja apuesta por solicitar, en paralelo, decretos de ayuda, por términos municipales concretos, que incluyan «tres o cuatro medidas muy precisas» como líneas de crédito a bajo interés, así como exenciones o aplazamientos de los pagos a Hacienda o la Seguridad Social.
«Nosotros preferimos este mecanismo porque estos decretos se pueden aprobar tanto en el ámbito regional como en el nacional y porque le dan un alivio al agricultor que, ya mismo, tiene que adelantar un dinero que muchas veces no tiene, para hacer podas, limpiezas o tratamientos de urgencia en los cultivos dañados», señalaba Pérez Cuenca.
cuesta arriba. Desde UPA, su secretario provincial, Julián Martínez, compartía que esos decretos son más eficaces y rápidos que una declaración de zona catastrófica. Pero también advertía que, desde el inicio de la crisis, su tramitación y concesión también se ha puesto «cuesta arriba».
«Hoy por hoy, para que el Gobierno conceda una zona catastrófica, tendríamos que hablar de daños mucho más graves que un pedrisco, hablamos de algo como el terremoto de Lorca, con afectación a bienes y personas y daños a largo plazo en edificios e infraestructuras básicas», advirtió.
Por eso, UPAtambién cree que los decretos en los ámbitos nacional y regional son más efectivos. «Pero, de un tiempo a esta parte, la Administración ha impuesto un criterio muy restrictivo; si se trata de una producción no asegurable, aprueba el decreto, pero como haya una póliza para el cultivo y el daño, y la hay para el pedrisco, no suele dar ayudas, remite a los agricultores al sistema de seguros».
El problema, apunta Martínez, es que aunque haya pólizas, el nivel de aseguramiento es muy bajo, a causa del coste de las pólizas y del recorte de las subvenciones aprobado por las diferentes administraciones en el marco de las políticas de austeridad: «En el caso de La Manchuela -afirma Martínez- hablamos de un 15%, y siendo optimistas».
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