El secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Manuel González Ramos¹, lamentó que “la gran victoria de Cospedal, esa de la que presumen ella y su Gobierno, en relación al nuevo Plan Hidrológico² para la Demarcación del Júcar (PHDJ), se reduce a que ha rendido el río y sus recursos a los intereses de la Comunidad Valenciana, que sí que tiene motivos para la celebración”.

En opinión del diputado nacional socialista, la prueba de cargo de que es así, es que “el Gobierno de Cospedal³ no se ha reunido con los regantes de la provincia de Albacete para explicarles lo que publicitan en los medios como un logro. Esto supone un ninguneo intolerable que choca con el trato que sí se ha dispensado a los regantes valencianos, que se reunieron, con los representantes de la CHJ⁴ y de los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y Valencia⁵”.

A juicio de González Ramos, la única razón por la que el PP de sí ha explicado las bondades del PHDJ a todo el mundo menos a los regantes de Castilla-La Mancha, es que los usuarios y el Gobierno Valenciano⁶ sí tienen motivos para estar satisfechos, porque “todos sus intereses se han blindado en el nuevo Plan del Júcar⁷, mientras que los nuestros, los regantes de Castilla-La Mancha y de la provincia de Albacete son los paganos de este acuerdo, que se inmortalizó con una foto indigna el pasado 16 de octubre, en la que se retrató el ministro de Agricultura con los consejeros de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia⁸, para vergüenza de Cospedal y todos los castellano-manchegos, porque la presidenta de nuestra Región nos ha traicionado”.

Asimismo, el secretario provincial de los socialistas albaceteños argumentó que “Cospedal intenta hacernos comulgar con ruedas de molino, afirmando que este acuerdo ha puesto fin a la guerra del agua, pero nada más lejos de la realidad, ha habido una guerra del agua para definir las nuevas reglas del juego en el Plan del Júcar y la hemos perdido los castellano-manchegos, porque nuestros representantes en el Ayuntamiento de Albacete, la Diputación y la Junta de Castilla-La Mancha no han estado a la altura y han preferido supeditar los intereses de todos los castellano-manchegos a los suyos propios”.

Cospedal ha firmado la paz de los cementerios para Albacete. En este punto, González Ramos incidió en que “lo que Cospedal vende como el fin de la guerra del agua, es en realidad la paz de los cementerios. Le ha dado todo lo que se podía dar y más a la Comunidad Valenciana, mientras que aquí, en Albacete, que es la ciudad más importante por la que transcurre el curso del río Júcar, nos tendremos que conformar con ver pasar el agua en dirección a la Región Valenciana”.

No hay más que repasar por encima las reacciones de los diferentes representantes políticos de la Comunidad Valenciana, para comprender, reflexionó González Ramos, quien “ha ganado de verdad esta guerra del agua, de la que Cospedal intenta convencernos que ha puesto fin”.

De hecho, el diputado socialista puso como ejemplo las reacciones en Alicante⁹, “que ha recibido con satisfacción un Plan, que aseguran que garantizará la creación de 150.000 empleos en esta provincia, gracias al agua de un río, el Júcar, que ni pasa por ni es de Alicante, pero, gracias a que ahora se han inventado ese concepto de demarcación hidrográfica, pueden disponer de todo el agua que necesitan del Júcar sin que tan siquiera estén sometidas estas aportaciones hídricas a la reglamentación que regulaba hasta la fecha los trasvases entre diferentes cuencas hidrográficas, generando, de manera artificial una prioridad de uso para los abastecimientos del Vinalopó”, aseveró.

En este punto, el secretario provincial del PSOE argumentó que “nosotros también tenemos claro que el agua es fuente de riqueza, que contribuye a la creación de puestos de trabajo y al desarrollo económico. De ahí que entre nuestras reivindicaciones hay una que es clave, si a Valencia se le ha consignado una reserva estratégica en el Pantano de Alarcón¹⁰ de 300 hectómetros cúbicos, Castilla-La Mancha, como cuenca cedente que es, tiene derecho a una reserva hídrica con cargo a los recursos hídricos del río Júcar, y una vez garantizada ésta y si es medioambientalmente factible, no tenemos problema en que se trasvase agua a otras cuencas, pero primero tienen que garantizarse nuestras necesidades, como cuenca cedente que somos”.

González Ramos prosiguió lamentando que con el nuevo PHDJ pretenden “contentarnos con obras, que carecen de memoria económica ni compromiso alguno para su calendario de ejecución, a cambio de renunciar al reconocimiento del derecho preferente sobre nuestras aguas”.

Algunos creen que a Albacete se le contenta con una medida graciable. A esto se suma, subrayó el diputado nacional socialista que, finalmente, la exención para la ciudad de Albacete de la obligación de pagar por el agua para abastecimiento humano que consuma en tiempos de sequía, procedente del pantano de Alarcón¹¹, “nos la han concedido como una medida graciable, pues el coste lo asumirá ahora el Gobierno de España¹², pero no porque se reconozca la prioridad del abastecimiento, sino por motivos medioambientales en lugar de reconocerse, como pretendíamos, que Albacete no tenía que pagar porque pertenece a la cuenca del Júcar y porque es para abastecimiento humano, que está recogido como uso prioritario, que no han querido reconocer porque pretenden seguir dándonos tratamiento de segunda, concediéndonos esta petición como algo graciable, en lugar de porque estamos en nuestro derecho”.

González Ramos concluyó aseverando que el “verdadero mal del PHDJ se encuentra en su raíz. Han pretendido regular por decreto en lugar de por consenso” y expresó su compromiso para que “si en el año 2015, el PSOE se encuentra al frente de las administraciones, recuperaremos el consenso que rodeó al Plan del Júcar del 98’. Estamos en el momento de proponer que todos los colectivos y agentes sociales que tienen algo que decir y decidir en relación al rio Júcar, puedan hacerlo en la revisión de este Plan, que acaban de imponernos Cospedal y el PP y cuyo proceso de revisión ya se ha iniciado y concluirá en el horizonte del año 2015”, concluyó Manuel González Ramos.

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• http://www.lacerca.com/noticias/albacete/gonzalez_ramos_cospedal_plan_jucar_rio_comunidad_valenciana-204482-1.html

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3. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/gobierno%20de%20cospedal
4. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/chj
5. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/valencia
6. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/gobierno%20valenciano
7. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/plan%20del%20j%C3%BAcar
8. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/murcia
9. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/alicante
10. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/alarc%C3%B3n
11. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/pantano%20de%20alarc%C3%B3n
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García-Page, en un desayuno en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), se ha referido así al nuevo trasvase del Tajo al Segura aprobado este jueves –del que esta misma semana se han cumplido 30 años– y al hecho de que «nos acaban de colar por la puerta de atrás un penoso Plan del Júcar».

   Según ha informado el PSOE en un comunicado, el dirigente socialista ha aseverado que el agua siempre ha sido considera por Cospedal como «un problema menor que no ha entendido, y su gobierno menos, y encima aplauden, como hicieron con el basurero nuclear de Cuenca, no solo una contradicción al hacer lo contrario de lo que votaron, sino que además mienten de una manera burda y exagerada».

AGUAS DE ALCÁZAR

   En este contexto, el líder del PSOE castellano-manchego ha hablado de la polémica existente en Alcázar de San Juan con la venta de la empresa pública que gestiona este servicio, convencido de que lo que ha fallado en este asunto son las «actitudes de quién gobierna en el Ayuntamiento de Alcázar. No solo es que haya faltado mano izquierda, ha faltado mano en todos los sentidos».

   Para tomar decisiones, García-Page ha indicado que «hay que hablar y escuchar, y todo lo que no sea eso ya está mal, independientemente de las decisiones que se tomen y de la legitimidad de las mismas», pues está convencido de que lo que más ha ofendido a la gente es la burla, ir por detrás y no haber abordado el problema con ausencia total de talante».

   En su visita de trabajo a Alcázar de San Juan, el socialista ha estado acompañado por miembros de las direcciones del PSOE a nivel regional, provincial y local, un municipio considerado para los socialistas como «una prioridad, locomotora social, termómetro y modelo de lo público» para el resto de Castilla-La Mancha.

   En esa misma línea, García-Page ha finalizado reconociendo las grandes ilusiones que tienen los socialistas porque esta localidad de La Mancha supere esta etapa, consciente de que «si Alcázar de San Juan tira, es que tira la región», y para recuperar esa senda ha resaltado que los socialistas «nos vamos a dejar la piel para que vuelva la normalidad política y la pujanza económica», un terreno favorable porque «notamos vientos de cambio no solo en Castilla-La Mancha, sino en muchas ciudades importantes, incluida Alcázar».

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Valencia, 4 abr (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Júcar ha finalizado hoy las comisiones de Desembalse para la campaña de riego 2014, en las que ha informado del ligero aumento de su capacidad total, 104 hectómetros cúbicos en comparación con el año anterior.

Según informa el Ministerio de Agricultura en un comunicado, su reserva hídrica se encuentra al 55,7 % de su capacidad total (1.865,9 hm3), una cifra «algo superior» a la media de los últimos diez años.

Los embalses reflejan así un año de escasas lluvias, pues la precipitación media en todo el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha sido de 130 litros por metro cuadrado, muy por debajo de la registrada los últimos diez años, de 245 l/m2.

Las escasas precipitaciones se han hecho notar en los diferentes sistemas de explotación que integran la confederación, pues salvo en el Sistema Júcar, los demás se encuentran por debajo de la media.

Pese a ello no se espera que haya restricciones en la campaña de riego aunque la entidad exige un uso cuidadoso, consumiendo lo «estrictamente necesario».

Leer más: http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140404/54404732578/la-confederacion-del-jucar-registra-un-ligero-aumento-en-su-capacidad.html#ixzz2yBcF2EW9 Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia

El nuevo plan de cuenca del río Júcar, y el protocolo firmado por el Gobierno del Estado y la Generalitat Valenciana para abrir un nuevo trasvase al Vinalopó, han encendido a la comarca de la Ribera. La Mesa pel Xúquer acordó este sábado denunciar las decisiones de ambas administraciones ante la Unión Europea. Lo harán desde tres frentes: las organizaciones agrarias, de regantes, ecologistas, políticas y sindicales; los ayuntamientos, y desde iniciativas personales.

Este acuerdo, adoptado en Sueca, también abre la posibilidad de presentar quejas ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Tras la asamblea, la Mesa del Xúquer anunció el inicio de movilizaciones en los próximos meses en El Palmar y Sueca que concluirán con una concentración de protesta en Valencia, prevista para el 28 de junio

Regantes, ecologistas, asociaciones ciudadanas, sindicatos, partidos políticos y representantes institucionales de municipios de la comarca que conforman la Mesa pel Xúquer rechazan de plano el nuevo plan de cuenca. “Es el principio del expolio del río y nos deja peor que en 1998”, afirmó Paco Sanz, portavoz de Xúquer Viu.

Los intregrantes de la Mesa interpretan que el plan hidrológico de la cuenca vulnera la Directiva Marco del Agua (DMA) europea e “hipoteca el futuro del río y de l’Albufera, por cuanto no garantiza los caudales ecológicos mínimos para su supervivencia”, según señaló Sanz. El portavoz de Xúquer Viu añadió: «Además, se asigna una reserva de 100 hectómetros, sobre los 400 que tenía, a la Mancha Oriental, cuando el borrador del plan establecía 65 hectómetros cúbicos”.

El protocolo firmado entre el Gobierno y el Consell es una hoja de ruta que en seis meses deberá revisar el trasvase de agua de riego para el Vinalopó desde el azud de la Marquesa, situado en el término de Cullera. Considera «provisional» esta conducción, según advirtieron ayer en Sueca. En el nuevo plan se asignan 12 hectómetros cúbicos de agua, como mínimo, para el consumo humano en el Vinalopó mientras las poblaciones de la Ribera deberán pagar o permutar con los regantes el propio suministro de uso doméstico. Se abre la puerta a que la hipotética transferencia futura pueda hacerse desde Cortes de Pallás o Antella.

La conducción de agua de riego del Júcar al Vinalopó desde Cullera fue financiada por la Unión Europea con 120 millones de euros con la finalidad de potenciar la recuperación de los acuíferos y garantizar la supervivencia sostenible del río, de la comarca de La Ribera y del lago de l’Albufera.

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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/05/valencia/1396720914_241488.html

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Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que cree una tarifa eléctrica estacional que se base en la potencia consumida en lugar de en la potencia contratada para los agricultores de regadío, una propuesta que ya ha sido planteada por el PSOE y CiU y que los ‘populares’ rechazaron el mes pasado.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, recuerda que la desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regantes en 2008 unida al incremento constante del precio de la energía en España ha supuesto un «duro golpe» para un sector «vulnerable» como el de los agricultores, que no pueden soportar este encarecimiento de uno de sus principales costes.

Además, la formación magenta lamenta que los intentos de buscar una solución pactada con el Gobierno que el sector ha impulsado desde 2007 no hayan fructificado, por lo que insta al actual Ministerio de Agricultura a adoptar medidas que beneficien al sector, comenzando por la reivindicación que, a su juicio, es «más razonable».

Se trata de la propuesta de crear una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional del regadío, en la que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada para «adaptarse a las necesidades reales de consumo de las explotaciones» agrícolas. Así, dice UPyD, con sólo «dos modificaciones anuales de la cuota de potencia» se conseguiría un sistema «flexible y sin penalizaciones», con consecuencias «muy favorables» para el sector.

«Se trata de una medida justa que se adapta a las propias necesidades de un sector que ha realizado en los últimos años una importante innovación y modernización en lo que se refiere al ahorro del agua y disminución de la contaminación, que ha conllevado inevitablemente un coste energético. (Con estos cambios se conseguiría) una considerable reducción de costes para los regantes, ya que podrían elegir los horarios de tarifa más económicos», insiste la formación magenta.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PLANTEA

Sin embargo, ésta no es la primera vez que la propuesta llega al Congreso. El pasado 12 de marzo, la Comisión de Agricultura debatió y rechazó, con el voto del PP, sendas proposiciones no de ley presentadas por CiU y el PSOE con el mismo objetivo.

En concreto, los nacionalistas catalanes reclamaban cambios en la regulación energética para permitir que la contratación por parte de los regantes se adapte a las circunstancias de cada mes o tramo del año, así como adecuar la normativa sobre autoconsumo a este tipo de actividades mediante un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Por su parte, el PSOE reclamaba tarifas eléctricas específicas para regantes que se ajusten a las particularidades de consumo estacional y que sean más baratas que las actuales, facturando únicamente por la potencia real utilizada y no por la contratada, así como contratos de temporada para que los agricultores puedan disponer de diferentes potencias en función de la época del año.

Además, los socialistas proponían impulsar las centrales de compra, aplicar un IVA reducido a las comunidades de regante y un plan de fomento para que este tipo de explotaciones puedan consumir la energía eléctrica que ellas mismas produzcan.

Durante el debate, los ‘populares’ recordaron que la mayor parte de las propuestas (rebaja del IVA, contratos de temporada o tarifas especiales) conculca la normativa comunitaria, tal y como el PSOE recordaba durante la pasada legislatura en debates similares. «Lo propuesto está fuera de las posibilidades de este Gobierno, es imposible y, además, también es demagógico», llegó a afirmar el ‘popular’ José Cruz Pérez Lapazarán.

Además, recordó que el autoconsumo ya está regulado y que ya se han fomentado las centrales de compra de energía para abaratar costes a los regantes. En cualquier caso, subrayó que el Gobierno «se ha hecho cargo de la situación» y que está estudiando si existen «resquicios legales» que permitan recuperar las tarifas eléctricas específicas con un perfil de temporada. «No obstaculicen la labor del Gobierno, que está trabajando desde el primer momento y que pronto dará sus frutos», requirió por último.

De hecho, una semana después fue el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien respondió al PSOE durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que su departamento está trabajando en el diseño de un nuevo contrato de suministro eléctrico «específico» para los regantes con un perfil de temporada.

Leer más:  UPyD reclama una tarifa eléctrica estacional basada en la potencia consumida para la agricultura de regadío – elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5676910/04/14/UPyD-reclama-una-tarifa-electrica-estacional-basada-en-la-potencia-consumida-para-la-agricultura-de-regadio.html#Kku8YImNlGZ5eL6E

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que cree una tarifa eléctrica estacional que se base en la potencia consumida en lugar de en la potencia contratada para los agricultores de regadío, una propuesta que ya ha sido planteada por el PSOE y CiU y que los ‘populares’ rechazaron el mes pasado.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, recuerda que la desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regantes en 2008 unida al incremento constante del precio de la energía en España ha supuesto un «duro golpe» para un sector «vulnerable» como el de los agricultores, que no pueden soportar este encarecimiento de uno de sus principales costes.

Además, la formación magenta lamenta que los intentos de buscar una solución pactada con el Gobierno que el sector ha impulsado desde 2007 no hayan fructificado, por lo que insta al actual Ministerio de Agricultura a adoptar medidas que beneficien al sector, comenzando por la reivindicación que, a su juicio, es «más razonable».

Se trata de la propuesta de crear una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional del regadío, en la que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada para «adaptarse a las necesidades reales de consumo de las explotaciones» agrícolas. Así, dice UPyD, con sólo «dos modificaciones anuales de la cuota de potencia» se conseguiría un sistema «flexible y sin penalizaciones», con consecuencias «muy favorables» para el sector.

«Se trata de una medida justa que se adapta a las propias necesidades de un sector que ha realizado en los últimos años una importante innovación y modernización en lo que se refiere al ahorro del agua y disminución de la contaminación, que ha conllevado inevitablemente un coste energético. (Con estos cambios se conseguiría) una considerable reducción de costes para los regantes, ya que podrían elegir los horarios de tarifa más económicos», insiste la formación magenta.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PLANTEA

Sin embargo, ésta no es la primera vez que la propuesta llega al Congreso. El pasado 12 de marzo, la Comisión de Agricultura debatió y rechazó, con el voto del PP, sendas proposiciones no de ley presentadas por CiU y el PSOE con el mismo objetivo.

En concreto, los nacionalistas catalanes reclamaban cambios en la regulación energética para permitir que la contratación por parte de los regantes se adapte a las circunstancias de cada mes o tramo del año, así como adecuar la normativa sobre autoconsumo a este tipo de actividades mediante un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Por su parte, el PSOE reclamaba tarifas eléctricas específicas para regantes que se ajusten a las particularidades de consumo estacional y que sean más baratas que las actuales, facturando únicamente por la potencia real utilizada y no por la contratada, así como contratos de temporada para que los agricultores puedan disponer de diferentes potencias en función de la época del año.

Además, los socialistas proponían impulsar las centrales de compra, aplicar un IVA reducido a las comunidades de regante y un plan de fomento para que este tipo de explotaciones puedan consumir la energía eléctrica que ellas mismas produzcan.

Durante el debate, los ‘populares’ recordaron que la mayor parte de las propuestas (rebaja del IVA, contratos de temporada o tarifas especiales) conculca la normativa comunitaria, tal y como el PSOE recordaba durante la pasada legislatura en debates similares. «Lo propuesto está fuera de las posibilidades de este Gobierno, es imposible y, además, también es demagógico», llegó a afirmar el ‘popular’ José Cruz Pérez Lapazarán.

Además, recordó que el autoconsumo ya está regulado y que ya se han fomentado las centrales de compra de energía para abaratar costes a los regantes. En cualquier caso, subrayó que el Gobierno «se ha hecho cargo de la situación» y que está estudiando si existen «resquicios legales» que permitan recuperar las tarifas eléctricas específicas con un perfil de temporada. «No obstaculicen la labor del Gobierno, que está trabajando desde el primer momento y que pronto dará sus frutos», requirió por último.

De hecho, una semana después fue el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien respondió al PSOE durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que su departamento está trabajando en el diseño de un nuevo contrato de suministro eléctrico «específico» para los regantes con un perfil de temporada.

Leer más:  UPyD reclama una tarifa eléctrica estacional basada en la potencia consumida para la agricultura de regadío – elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5676910/04/14/UPyD-reclama-una-tarifa-electrica-estacional-basada-en-la-potencia-consumida-para-la-agricultura-de-regadio.html#Kku8YImNlGZ5eL6E

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno que cree una tarifa eléctrica estacional que se base en la potencia consumida en lugar de en la potencia contratada para los agricultores de regadío, una propuesta que ya ha sido planteada por el PSOE y CiU y que los ‘populares’ rechazaron el mes pasado.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, recuerda que la desaparición de las tarifas eléctricas específicas para regantes en 2008 unida al incremento constante del precio de la energía en España ha supuesto un «duro golpe» para un sector «vulnerable» como el de los agricultores, que no pueden soportar este encarecimiento de uno de sus principales costes.

Además, la formación magenta lamenta que los intentos de buscar una solución pactada con el Gobierno que el sector ha impulsado desde 2007 no hayan fructificado, por lo que insta al actual Ministerio de Agricultura a adoptar medidas que beneficien al sector, comenzando por la reivindicación que, a su juicio, es «más razonable».

Se trata de la propuesta de crear una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional del regadío, en la que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada para «adaptarse a las necesidades reales de consumo de las explotaciones» agrícolas. Así, dice UPyD, con sólo «dos modificaciones anuales de la cuota de potencia» se conseguiría un sistema «flexible y sin penalizaciones», con consecuencias «muy favorables» para el sector.

«Se trata de una medida justa que se adapta a las propias necesidades de un sector que ha realizado en los últimos años una importante innovación y modernización en lo que se refiere al ahorro del agua y disminución de la contaminación, que ha conllevado inevitablemente un coste energético. (Con estos cambios se conseguiría) una considerable reducción de costes para los regantes, ya que podrían elegir los horarios de tarifa más económicos», insiste la formación magenta.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PLANTEA

Sin embargo, ésta no es la primera vez que la propuesta llega al Congreso. El pasado 12 de marzo, la Comisión de Agricultura debatió y rechazó, con el voto del PP, sendas proposiciones no de ley presentadas por CiU y el PSOE con el mismo objetivo.

En concreto, los nacionalistas catalanes reclamaban cambios en la regulación energética para permitir que la contratación por parte de los regantes se adapte a las circunstancias de cada mes o tramo del año, así como adecuar la normativa sobre autoconsumo a este tipo de actividades mediante un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.

Por su parte, el PSOE reclamaba tarifas eléctricas específicas para regantes que se ajusten a las particularidades de consumo estacional y que sean más baratas que las actuales, facturando únicamente por la potencia real utilizada y no por la contratada, así como contratos de temporada para que los agricultores puedan disponer de diferentes potencias en función de la época del año.

Además, los socialistas proponían impulsar las centrales de compra, aplicar un IVA reducido a las comunidades de regante y un plan de fomento para que este tipo de explotaciones puedan consumir la energía eléctrica que ellas mismas produzcan.

Durante el debate, los ‘populares’ recordaron que la mayor parte de las propuestas (rebaja del IVA, contratos de temporada o tarifas especiales) conculca la normativa comunitaria, tal y como el PSOE recordaba durante la pasada legislatura en debates similares. «Lo propuesto está fuera de las posibilidades de este Gobierno, es imposible y, además, también es demagógico», llegó a afirmar el ‘popular’ José Cruz Pérez Lapazarán.

Además, recordó que el autoconsumo ya está regulado y que ya se han fomentado las centrales de compra de energía para abaratar costes a los regantes. En cualquier caso, subrayó que el Gobierno «se ha hecho cargo de la situación» y que está estudiando si existen «resquicios legales» que permitan recuperar las tarifas eléctricas específicas con un perfil de temporada. «No obstaculicen la labor del Gobierno, que está trabajando desde el primer momento y que pronto dará sus frutos», requirió por último.

De hecho, una semana después fue el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien respondió al PSOE durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que su departamento está trabajando en el diseño de un nuevo contrato de suministro eléctrico «específico» para los regantes con un perfil de temporada.

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El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, acudió este jueves a Alicante con el palo y la zanahoria. Por un lado, demonizó las desaladoras y la política hídrica del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y por otro apeló al necesario “diálogo y al consenso” en la aprobación de los planes hidrológicos.

El ministro participó en la jornada Estrategia de recursos hídricos en España organizada por Casa Mediterráneo ante un auditorio con más ausencias que presencias. No hubo ningún miembro de la Generalitat, ni alcaldes, ni expertos universitarios, tan solo la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, algunos regantes, un puñado de concejales y decenas de sillas vacías.

Arias Cañete criticó el “dineral” gastado en desaladoras que, en su opinión, “no son la solución al problema del agua” y ahora “tocará integrar” en la planificación hidrológica, y destacó que el retraso en la aprobación de los planes se ha recuperado en solo dos años con el PP.

El ministro se mostró satisfecho concretamente por el “consenso básico” en torno al nuevo plan hidrológico del Júcar, que está solo pendiente de que lo apruebe el Consejo de Ministros y afecta principalmente a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Señaló que el plan ha sido “complicado” de negociar y agradeció el “gran esfuerzo” realizado por todas las partes en “la búsqueda del máximo consenso y la máxima racionalidad”. Reconoció, además, que las “presiones para utilizar el agua son más altas en la Comunidad Valenciana que en otras comunidades” porque la cuenca del Júcar es deficitaria.

El vicepresidente afirma que se busca una solución que haga viable la obra

Sobre el protocolo firmado con la Generalitat al margen del plan, que implica la revisión del trasvase Júcar-Vinalopó, el ministro confió en que con nuevas negociaciones “se logre un consenso absoluto”. El ministro pasó de puntillas sobre la polémica surgida por este protocolo, que prevé inversiones de 50 millones de euros para modernizar el regadío en el Júcar, pero también un posible replanteamiento del trasvase al Vinalopó exigida por los usuarios alicantinos sin el consenso de La Ribera, que cederá el agua.

El ministro explicó que una comisión técnica se encargará de analizar “la viabilidad y los precios” del agua del trasvase Júcar-Vinalopó y evitó decantarse por ninguna opción cuando se le preguntó sobre la posibilidad de construir una segunda toma de agua río arriba en Cortes de Pallás, frente a la opción de enviar el agua desde el azud de la Marquesa, la única conexión construida cerca de la desembocadura.

El protocolo califica el trasvase actual como “solución provisional”, con lo que abre la puerta a una segunda toma que defienden los usuarios del Vinalopó y a la que se oponen los del Júcar. Los regantes integrados en la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) trasladaron este jueves en una reunión al vicepresidente del Consell, José Ciscar, su “malestar” por un protocolo que no se consultó con ellos. En el encuentro, los regantes dejaron clara su postura sobre el trasvase, que consideran que “solo” es posible “desde la desembocadura en el azud de la Marquesa, donde hay [recursos] sobrantes” para llevar a Alicante.

Los regantes de La Ribera recalcaron que han sido solidarios “no solo con palabras, sino con un trasvase al Turia, otro al Palancia y finalmente al Vinalopó”, pero que este último debe realizarse desde la Marquesa. “En la situación actual, la capacidad del Júcar se ha superado y no caben más demandas”, afirmó USUJ.

En respuesta a la polémica generada, Ciscar aseguró que el protocolo “solo plantea que se estudie la solución que sea viable técnica y económicamente, pero no se pronuncia sobre la toma de Cortes de Pallás”, según destacó USUJ en un comunicAdo.

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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/03/valencia/1396523927_844691.html

La Mesa del Xúquer se reunirá mañana a las once y media en Sueca para analizar el Plan de Cuenca del Júcar aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y el protocolo firmado por el ministro Miguel Arias Cañete y el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, en el que se contempla un nuevo trasvase.

Con el objetivo de informar y acordar medidas para revertir la situación creada por estos documentos en el río y la Ribera, Xúquer Viu ha convocado a los regantes, concejales y alcaldes, organizaciones ecologistas, sindicales y sociales.

«Es necesario y urgente dar una respuesta desde la Mesa del Xúquer para evitar que el nefasto Plan arruine el futuro del río, de l’Albufera y de nuestra agricultura y comarca», señalan desde Xúquer Viu.

El texto definitivo del Plan del Júcar ha provocado la indignación entre gran parte de la sociedad de la comarca ya que no soluciona muchos de los problemas como son el abastecimiento con agua de calidad a los municipios o el futuro del río.

«No sólo mantiene los errores del Plan de 1998 sino que empeora notablemente con su versión definitiva por las negociaciones opacas realizadas de espaldas a la sociedad y a muchos sectores implicado», explican desde la plataforma ecologista.

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levante-emv/EFE/E. press valencia El president de la Generalitat, Alberto Fabra, rechazó ayer las críticas de Esquerra Unida hacia su gestión en el Plan Hidrológico del Júcar manifestando que «tiene narices» que EU «intente dar lecciones de agua» al Partido Popular, cuando evitaron que el agua del Ebro llegara a la Comunitat Valenciana y «resolviera definitivamente» todo el problema de déficit hídrico existente.
Fabra respondía así en la sesión de control de Les Corts a una pregunta de la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, sobre el «rechazo» que ha generado en determinadas comarcas valencianas la reciente aprobación del Plan del Júcar.
El president reprochó a EU que mantenga un discurso «muy distinto» en función de los territorios, ya que lo que dicen en Valencia «son incapaces de mantenerlo» en Alicante, y reivindicó que el PP «ha puesto fin a la guerra del agua» con los acuerdos sobre Tajo-Segura y sobre el Júcar-Vinalopó.
Por el contrario, Sanz aseguró que el Consell no podía «haberlo hecho peor» en el Plan del Júcar, con el que han «enfrentado» a valencianos, han dado un «golpe de muerte» al Júcar, a la Albufera y a La Ribera, y han «claudicado frente a los terratenientes» de Castilla-La Mancha «tan amigos» de Dolores de Cospedal, presidenta de la región y secretaria general del PP.
El president acusó a EU de no leer el protocolo, que supone una inversión de 50 millones de euros en la modernización de regadíos y unos dos millones en obras de mejora de la Real Acequia del Júcar, y de tener una «sordera selectiva»
Así, indicó que IU de Castilla-La Mancha sostiene que en este protocolo se han defendido los intereses de los valencianos por encima de los manchegos, y que el alcalde de Aspe (Alicante), de EU, ha dicho que empiezan a ver la luz de la llegada del agua desde el Júcar y que es un alivio tener agua a bien precio.
Fabra destacó que los acuerdos sobre agua han permitido garantizar 150.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana, y ha reivindicado los esfuerzos del Consell en defensa de los intereses de todos los valencianos, «por encima de cualquier otra cuestión partidista o intereses personales».
«Que se vayan de una vez»
La portavoz de EU insistió en que el Consell «da la espalda» a los valencianos con un protocolo del Júcar que reproduce y «agrava» el pacto que alcanzaron José Bono y Eduardo Zaplana en 1997, además de consumar «la traición» a la comarca de La Ribera y ceder «como siempre» a los intereses de los latifundistas manchegos.
Sanz considera que el Consell se ha «plegado» a «demasiados intereses ajenos» y no tiene «autonomía ni capacidad» para gestionar los intereses de todos los valencianos, por lo que ha pedido que «se vayan de una vez» y los ciudadanos decidan quién va a defender «realmente» sus intereses.
El vicepresidente del Consell, José Císcar, terció para destacar un problema hídrico «muy grave» en la comarca del Vinalopó, donde Crevillent tienen que extraer agua de pozos subterráneos a 600 metros de profundidad.
Císcar aseguró que van a trabajar para buscar soluciones «sin perjudicar a nadie», y destacó que los regantes de la Ribera cuentan con 500 hectómetros cúbicos en concesiones y el plan recoge su «prioridad absoluta sobre cualquier otra asignación o reserva».

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El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció ayer en Alicante la redacción de un nuevo Plan Hidrológico Nacional en el que se tendrán que integrar todas las desaladoras en fase de construcción, entre ellas las de Torrevieja y Mutxamel, que, según denunció, han supuesto un fracaso tras un desembolso de 2.000 millones de euros a los que hoy no se puede sacar rendimiento, pero que deben ponerse en marcha para cumplir con la legislación europea. Arias Cañete subrayó, en este sentido, que «los cálculos para planificar las desaladoras por aquellas ínfulas ambientales fueron erróneos, ya que, de un precio de 0,30 euros/m3 que se anunció para el agua desalada, hoy no sale por menos de 1 euros el metro cúbico, algo que no puede pagar nadie, pero debemos solucionarlo».

El ministro, que participó con regantes en una mesa redonda sobre el agua organizada por Casa Mediterráneo, se felicitó por haber sacado adelante los planes hidrológicos del Júcar, Segura, Tajo y Ebro, aunque tarde. Los documentos debían haber estado aprobados el 31 de diciembre de 2009 y el retraso ha costado ya una multa a España de 100 millones de euros de la Comisión Europea.

Por su parte, los regantes, representados, entre otros, por el presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, Benjamín Aparicio, aprovecharon la presencia del ministro en Alicante para volver a reclamar la recuperación del trasvase del Ebro a la Comunidad que inició su gobierno cuando lo presidía José María Aznar y que, según recordó Aparicio, «solo representaría el 8% del caudal del río que llega al mar en su desembocadura y, además de solucionar de forma definitiva el problema del suministro de agua, crearía 500.000 puestos de trabajo. Por ello, aprovechamos la oportunidad para que traslade al presidente Rajoy y al presidente Fabra la urgencia de recuperar el proyecto».

Por otra parte, y al margen de la sempiterna reivindicación del trasvase del Ebro –Arias Cañete no recogió, por cierto, el guante y advirtió de que ser ministro obliga a conciliar intereses de toda España–, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, recordó al ministro que en la provincia existen 125.000 hectáreas en producción, que el déficit anual de agua supera ya los 300 hm3 y que en estos momentos en el acuífero de la Sierra de Crevillente, declarado sobreexplotado desde hace 20 años, el agua se extrae a 600 metros de profundidad y con un contenido en sal de 1 gramo por metro cúbico. Martínez alertó de que la falta de operatividad del trasvase Júcar-Vinalopó, unida a la ausencia de lluvias, provoca que en zonas como Aspe sólo quede agua de riego hasta el mes de julio.

El ministro tomó nota de todo y en su intervención, tras recordar la herencia recibida –sólo una de las 15 desaladoras anunciadas tras derogar el trasvase del Ebro y comprada en Marbella, y 25 planes hidrológicos sin aprobar–, apeló al consenso de todos para que el agua se convierta en una cuestión de Estado «y no quede a merced de los cambios de gobierno». Anunció incentivos para que los regantes puedan plantearse la compra de agua desalada, mayor implicación en la fijación de caudales ecológicos e inversiones, pero lo circunscribió todo al nuevo Plan Hidrológico Nacional que, sin embargo, aún tardará, ya que primero hay que revisar en 2015 todos los planes hidrológicos de cuenca que este año verán la luz.

Ausencia del Consell
La presencia del ministro fue breve. Llegó en avión a primera hora de la mañana, se pasó por Casa Mediterráneo, participó en la mesa redonda de Casino y raudo se volvió a Madrid en el AVE de las 12.30 horas. Su intervención fue seguida por unas 50 personas, entre las que al final estaban los regantes tras la reacción de la directora de Casa Mediterráneo invitándoles a última hora, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor y, entre otros, el presidente del Puerto, Joaquín Ripoll, y Moisés Jiménez (Coepa). La alcaldesa Castedo delegó en el edil Castillo y fue sonada la ausencia de representantes del Consell. El conseller Císcar se excusó por la comisión de control de las Cortes y envió al secretario autonómico de Agricultura.

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