ASUNCIÓN FDZ. DE CASTILLEJO / SEVILLA

Día 31/03/2014

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Resolvería el problema de la subida del término de potencia, que les supone más de 100 millones anuales

Tras las movilizaciones del pasado mes de febrero, las negociaciones entre los regantes y el Ministerio de Industria para dar con una solución al llamado «tarifazo eléctrico» —derivado de la reforma de la regulación eléctrica realizada por el Gobierno en agosto pasado— han sido constantes, aunque aún no se haya llegado a un acuerdo. En estos momentos, el departamento que dirige José Manuel Soria tiene en sus manos la última propuesta de las organizaciones mayoritarias de los regantes, que es un contrato anual flexible.

Así, según Pedro Parias, secretario general de Feragua, con este modelo de contrato que se ha presentado para su estudio al Ministerio, se pretende resolver el problema que sufre el regadío —con un patrón de consumo estacional—

Costes disparados

Según vienen denunciando los regantes, la última reforma de la regulación eléctrica aprobada en agosto pasado ha supuesto una subida de los costes superior a 37 millones de euros en Andalucía y más de 100 millones en España, con subidas medias del término de potencia del 115 % que —según afirma Pero Parias— «hacen insostenible la viabilidad de gran parte del regadío nacional, que además se ha modernizado para ahorrar un 20% de agua, pero asumiendo un incremento del consumo eléctrico superior al 50%».

Ajustar la potencia

En definitiva, la propuesta presentada por Fenacore y Feragua —y en cuya elaboración han colaborado otras organizaciones como es el caso de Asaja Andalucía— se propone un tipo de contrato anual flexible, «donde el regante pueda ajustar las necesidades de potencia demandadas a un contrato que lo facilite, pues los modelos de contratación actual obligan a pagar durante los meses de no riego unas potencias muy elevadas que no se demandan en dichos periodos», explica Parias.

Aunque la propuesta es bastante técnica, se puede resumir en que se propone un tipo de contrato que tenga en cuenta las peculiaridades de la forma de consumir del regadío, que es fuertemente estacional. Según explican desde Feragua, «actualmente ya existe un contrato de temporada, pero que no tiene validez alguna para nosotros porque obliga a desengancharse de la red la mayor parte del año».

Así lo que proponen los regantes al Ministerio de Industria es «que contemple la posibilidad de contratos anuales en los que se distingan dos periodos, uno de consumo intensivo -que se correspondería con la campaña de riegos- y otro de consumo residual, en el que pueda contratarse, como máximo, el 20% de la potencia total, de tal manera que nos permita disponer durante esos meses de invierno de cierto suministro de electricidad, necesario para bajas demandas de riego en dichas época (noviembre a marzo en Andalucía ) y para el mantenimiento del resto de usos dentro de una comunidad de regantes distintos al regadío en sí mismo (conservación de equipos de bombeo y de redes, equipos informáticos, sistema de control y vigilancia, etc)».

Acceso limitado

Uno de los problemas que avanzaba el Ministerio para aceptar este tipo de contratos era la posibilidad de que abrieran la veda y se engancharan a ellos otros usuarios desestabilizándoles de alguna manera su regulación eléctrica,

Por ello, en la propuesta de los regantes, «para asegurarnos de que el acceso a ese contrato se realiza exclusivamente por consumidores «estacionales», le incluimos una serie de condicionantes, tales como que al menos el 90% del consumo anual se produzca en el periodo de consumo intensivo; que este periodo no pueda prolongarse más allá de los ocho meses; o que el consumo de energía en los periodos Valles (normalmente las noches y los fines de semana) supere al de resto de periodos, de tal forma que sólo puedan aprovechar este tipo de contratos quiénes colaboran con el sistema eléctrico consumiendo energía cuando «nadie la quiere», es decir, durante los Periodos Valle». De esta forma, se solventa que otros sectores puedan reclamar la aplicación del contrato.

ENLACE A NOTICIA: http://www.abc.es/cordoba/20140331/sevp-regantes-proponen-contrato-anual-20140331.html

España ha enviado a la Comisión Europea y a los Estados Miembro, un total de 15 planes hidrológicos de cuenca, del total de 25 demarcaciones hidrográficas del conjunto del país.

De acuerdo con la normativa, la comunicación de la aprobación de los planes hidrológicos a Bruselas se realiza a medida que los mismo concluyen su tramitación, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que apuntan que este requisito figura en el artículo 15 de la Directiva del Agua, que establece que los planes aprobados deben comunicarse a la Comisión Europea y a otros estados miembro interesados.

Así, han explicado que España informa mediante el envío material de todos los documentos del plan grabados en un DVD desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y a través de la Oficina de Representación de España en Bruselas.

Además, de forma complementaria se remite la documentación vía telemática, cumplimentando una base de datos alfanumérica y espacial creada por la Comisión a tal efecto, que alimenta el Water Information System for Europe (WISE), a través del portal Reportnet establecido al efecto.

En la actualidad España incumple la Directiva de Agua desde finales de 2009, ya que la primera fase de planificación hidrográfica debía concluir en esa fecha para iniciar la fase de revisión, que culmina en 2015. A partir del próximo año, el conjunto de los Veintiocho deberán iniciar el segundo ciclo de planificación, cuyo plazo expira en 2021.

Por este incumplimiento de la ley, el Reino de España se enfrenta a sanciones de varios millones de euros. En aquella fecha, únicamente había sido aprobado el plan de las cuencas internas de Cataluña que posteriormente ha sido recurrido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por temas competenciales.

El último plan que ha sido aprobado ha sido el del Ebro. Así, estos catorce planes hidrológicos son los de Ceuta, Melilla, Islas Baleares, Duero, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Guadiana, Guadalquivir, Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que se suma al único aprobado por el anterior Ejecutivo, el del distrito fluvial de Cataluña.

Tajo, Júcar y Segura, los últimos

Los últimos planes de cuenca en tramitación son el Tajo, Júcar y Segura, que han sido informados favorablemente por el Consejo Nacional del Agua y que están pendientes de aprobación por el Consejo de Ministros. El plan del Júcar ha sido analizado esta misma semana en la última reunión del Consejo del Agua.

De este modo, quedaría pendientes aún los planes de Islas Canarias, que son de competencia autonómica y, con ello, finalizaría la primera fase de planificación hidrológica de todas las cuencas de España.

Esta semana, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ha defendido la gestión del Ejecutivo y su «enorme esfuerzo» en esta materia para superar el retraso acumulado y ha agradecido el «trabajo constante» con las comunidades autónomas.

«Hemos seguido avanzando en los pactos del agua para aprobar, en poco más de dos años, 14 planes de cuenca e impulsar la tramitación del resto»– ha subrayado. –«En poco más de dos años estamos haciendo lo que no fue capaz de hacer en ocho años el Gobierno anterior».

Por otro lado, el Gobierno ha prometido que una vez finalice la planificación se tratará de lograr un «gran» pacto nacional del agua que garantice agua en cantidad y calidad de forma integral y solidaria a toda España. Después del pacto, se realizará el nuevo Plan Hidrológico Nacional que incluya los acuerdos alcanzados en las cuencas y que según ha manifestado en distintas ocasiones el ministro «no descarta ninguna tecnología», lo que abriría la puerta a nuevos trasvases y obras hidráulicas como embalses.

ENLACE A NOTICIA: http://www.clm24.es/articulo/actualidad/espana-ha-comunicado-ue-total-15-25-planes-cuenca/20140330172706041281.html

j. Sierra valencia El Pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer una declaración institucional firmada por el Grupo Popular, Grupo Socialista, Esquerra Unida y Compromís que mantiene íntegramente el fondo de las alegaciones presentadas por el consistorio al Plan Hidrológico de la demarcación Júcar y sus previsiones sobre caudales para la Albufera de Valencia.
El ayuntamiento reclamó en sus alegaciones, no atendidas por el Gobierno, un aporte de 121 hectómetros cúbicos anuales de agua con una calidad similar a la del Júcar a su salida de Tous y advertía sobre las consecuencias de seguir alimentando el lago con aguas de depuradora, tal como fija el PHJ.
La declaración institucional «considera que la mejora de las condiciones ecológicas de la Albufera solo se puede conseguir habilitando caudales de uso exclusivamente ambiental para el lago y su entorno húmedo de calidad similar a los de salida desde el embalse de Tous en los volúmenes señalados en las alegaciones presentadas por este Ayuntamiento a dicho plan, así como continuando con la mejora del sistema de saneamiento en su ámbito territorial».
Maria Angels Ramón-Llin, concejal responsable del Ciclo Hidráulico aseguró ayer que el ayuntamiento de Valencia se muestra «invariable» en su demanda de caudales para el lago, demandas justificadas en informes realizados por la Oficina Técnica Devesa-Albufera que advierten de un deterioro progresivo de las aguas del lago pese a las obras de saneamiento y depuración realizadas.
«Llevamos diciendo lo mismo desde que se abrió el periodo de consultas y el hecho de que no se hayan incluido nuestras peticiones es el que provocó que el ayuntamiento, con el pleno conocimiento y respaldo de nuestra alcaldesa, se abstuviera en la votación del Plan Hidrológico», explicó.
«Se atendieron nuestras reivindicaciones de caudal para el suministro de agua potable, aunque no estamos tampoco de acuerdo en que se exima a algunos usuarios de pagar por recursos hídricos que sí tendrán que pagar los valencianos», dijo en alusión al hecho de que el Gobierno asuma el pago del Convenio de Alarcón que debe realizar Albacete.

ENLACE A NOTICIA: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/29/pleno-municipal-valencia-exige-unanimidad/1095175.html

ENLACE  A NOTICIA: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/29/ciscar-admite-europa-pedir-120/1095176.html

josé sierra valencia El vicepresidente del Gobierno valenciano y conseller de Agricultura, José Císcar, admitió ayer que el abandono de la toma del Azud de la Marquesa por cualquier otra en el trasvase Júcar-Vinalopó podría derivar en la retirada de los fondos europeos asignados a esta infraestructura, cifrados en 120 millones de euros, aunque al mismo tiempo se alineaba con la tesis de los usuarios del Vinalopó al asegurar que esta toma «no sirve» para enviar agua del Júcar que pueda ser usada para uso de boca.
Al término de la reunión semanal del Consell, Císcar dijo que los valencianos deberían «ser capaces» de alcanzar acuerdos y resolver sus conflictos «internos», en especial por ser una comunidad autónoma que al mismo tiempo reclama «solidaridad» de otras regiones.
Según aseguró el vicepresidente, el protocolo que firmó el pasado miércoles con el ministro de Agricultura Arias Cañete establece que «cualquier solución «pasa por utilizar el azud de la Marquesa» al tiempo que plantea revisar todo el esquema del trasvase evaluando su viabilidad económico-financiera y medioambiental bien desde esta toma, bien desde otras planteadas con anterioridad Cortes de Pallás o las que se puedan plantear a raíz del nuevo análisisla segunda toma en Antella reivindicada por los regantes del Vinalopó. «No concreta si si es la de Cortes de Pallás o cualquier otra», dijo.
El conseller aludió a la financiación europea del proyecto recordando que recibió 120 millones de euros de los 320 en los que estaba presupuestada la obra. «Ahora se corre el riesgo de que el Gobierno tenga que devolver esa subvención si esa infraestructura no se pone en funcionamiento», aseguró.
Ciscar manifestó que el Consell «tiene la obligación» de buscar soluciones» a la escasez hídrica del Vinalopó-Alacantí- Marina Baixa «y al problema medioambiental de primera magnitud que es la sobreexplotación de los acuíferos».
Reiteró que la puesta en marcha de la infraestructura, ya finalizada, «necesita que la Junta de Usuarios del Vinalopó-Alacantí-Marina Baixa suscriba el convenio y use la infraestructura».
«Para elloañadió les tienen que salir los números y estos no pueden salir solo de la toma del Azud de la Marquesa, porque es agua para riego y no para consumo».
El conseller aludía así al principal argumento público de Andrés Martínez , presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó: los agricultores no podrán pagar la amortización y el uso de la infraestructura si esta no transporta también agua susceptible de ser potabilizada y consumida en los municipios algunos de ellos turísticos con capacidad para pagar más y compensar así el que se presupone elevado coste del agua.
Del lado del Júcar, los regantes recuerdan que esos municipios pueden abastecerse de las desaladoras ya construidas y que el Gobierno mantiene ociosas y que en cualquier caso, existen estudios recientes del Centro de Estudios Hidrográficos (Cedex), del Ministerio de Fomento que aseguran que el agua del azud de la Marquesa puede ser potabilizada y consumida.

La diputada ‘popular’ Inmaculada López destacaba ayer el «logro» que representa para Castilla-La Mancha la aprobación de los planes de cuenca por parte del Consejo Nacional del Agua, en concreto los del Tajo y el Júcar. «En Castilla-La Mancha se ha conseguido hacer en 3 años lo que en 30 de gobierno socialistas».
En este sentido López destacaba cómo se ha conseguido para Castilla-La Mancha «más agua, más cantidad y de más calidad».
Entre los logros, destacaba la reserva estratégica de 400 hectómetros cúbicos conseguida para Entrepeñas y Buendía, por debajo de los cuales «no se podrá trasvasar ni una gota», así como los 100 hectómetros cúbicos para la cuenca del Júcar, frente a los 63 anteriores.
Asimismo destacaba las importantes inversiones que se llevarán a cabo para la modernización del regadío, en total 124 millones, de los cuales 74 serán para Castilla-La Mancha.
Apuntaba también la regularización de alrededor de 2.000 pozos prevista, así como la construcción, finalización y pago de 74 depuradoras y estaciones de tratamiento de agua. Logros todos ellos del Gobierno de Cospedal.

Empleo y riqueza. Por otra parte, López destacaba que uno de los objetivos del Gobierno del PP es la creación de empleo y la generación de riqueza, una clara apuesta por la economía.
En esta materia destacaba la puesta en marcha del programa Empresa-Empleo, cuya primera fase contó con una línea de financiación de 14,5 millones de euros, y la segunda edición que ahora se abre.
Asimismo en esta línea la diputada regional destacaba la importancia de dinamizar la actividad económica en la región, en sectores como el turismo y la caza.
Por último hacía referencia al programa de Desarrollo Rural 2007-2013, cuyos fondos europeos estuvieron a punto de perderse, debido a la «nefasta gestión» del Gobierno socialista. Este año se inicia un nuevo programa, 2014-2020, que estará dotado con 1.147 millones.

ENLACE A NOTICIA: http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z622D2955-BB66-5E68-B486393DB864E5CC/20140329/pp/subraya/hito/historico/logrado/materia/agua/castillala/mancha

La consejera de Agricultura del Ejecutivo regional, María Luisa Soriano, afirmó que los regantes de la región tienen en la presidenta Cospedal a su «mayor defensora», y «gracias a su impecable gestión se está poniendo solución a los problemas históricos del regadío de Castilla-La Mancha». Así lo afirmó ayer en Malagón, tras la aprobación este miércoles del Plan de Demarcación de la Cuenca del Júcar, con el que se cierran todos los planes de cuenca que afectan a Castilla-La Mancha.
La consejera sostuvo que los resultados han sido «extraordinarios» para el campo de Castilla-La Mancha, ya que se han atendido «reivindicaciones históricas de los regantes de la región», por lo que  afirmó que el Gobierno de Cospedal «ha cambiado problemas por soluciones, demagogia por agua y sanciones multimillonarias se han convertido en concesiones de agua».
La titular de Agricultura de Castilla-La Mancha recordó algunos de los «logros históricos de la presidenta Cospedal en esta materia», comenzando por los más recientes, que afectan a la Cuenca del Júcar, cuyo Plan eleva de 65 a 100 hectómetros cúbicos la reserva asignada a los regantes de la Mancha Oriental, y añade, dijo, cinco nuevos hectómetros cúbicos de agua al año para abastecimientos y nuevos regadíos en la provincia de Cuenca.
En relación a la Cuenca del Segura, recordó que el Plan, aprobado a finales de 2013, recoge como novedad una reserva de 10 hectómetros cúbicos para regadíos sociales en la provincia de Albacete.
Asimismo, María Luisa Soriano  destacó que en esta legislatura se han empezado a regularizar los pozos del Alto Guadiana, o que en el Plan del Tajo se ha obtenido una histórica reserva de 400 hectómetros cúbicos para los embalses de Entrepeñas y Buendía y un caudal mínimo de 10 metros cúbicos por segundo a la altura de Talavera de la Reina (Toledo).
Además, subrayó que la pasada semana el Gobierno español aprobó un crédito extraordinario de 74 millones de euros para financiar distintas actuaciones en regadíos de Castilla-La Mancha, dentro del Plan de Actuaciones Prioritarias en materia de agua en las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, del Tajo y del Júcar, de la que se van a beneficiar más de 23.000 hectáreas y 5.000 regantes.
Por otro lado, expuso la importancia de los proyectos europeos Leader para la diversificación de la actividad económica en las zonas rurales, a los que el Gobierno regional ha destinado en esta legislatura 55,5 millones, que «han permitido crear 900 empleos y consolidar otros 770».

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z6BB41F84-E1D6-B0EE-1B72101853944B89/20140329/soriano/resalta/gestion/junta/defensa/regantesENLACE A NOTICIICIA                              

El conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y portavoz del Consell, José Císcar, aseguró ayer que desde el Gobierno valenciano se va a «procurar el máximo consenso» para el trasvase Júcar -Vinalopó, al tiempo que ha señalado la necesidad de que los usuarios entiendan que la escasez hídrica de la cuenca del Vinalopó es una «situación que se debe resolver». Císcar se pronunció así a preguntas de los medios de si el protocolo al plan de cuenca del Júcar supondrá utilizar una toma de agua en Cortes de Pallás, así como por las quejas de regantes.

En este sentido, remarcó que el Gobierno valenciano «tiene la obligación de buscar ante una situación de déficit hídrico severo y muy objetivo» y el sistema Vinalopó-Alacantí-Marina Baixa forma parte, «guste más o menos, forma parte de la Demarcación Hidrológica del Júcar», dijo.

Por tanto, «no lo queremos hacer perjudicando a nadie» y «vamos a buscar consensos» pero «todos tienen que entender que hay muchas aristas que se tienen que pulir», apuntó Císcar. El conseller dijo que las medidas de este protocolo consisten en «avanzar en la resolución de problemas en lo que se refiere a las obras de modernización de regadío tradicionales en la Ribera del Júcar y combatir la escasez hídrica».

Por lo que se refiere a los regadíos, aseguró que las administraciones «van a realizar un importante esfuerzo» y que «una parte de los ahorros que se generen en este proceso tienen que ir a reducir la situación de escasez hídrica del Vinalopó, agravada por la sobreexplotación de acuíferos».

En cuanto a la posibilidad de habilitar una segunda toma para el trasvase Júcar -Vinalopó, explicó que en el protocolo se dice expresamente que «cualquier solución de futuro pasa por que entre en esa solución para que llegue agua al Vinalopó tiene que salir una parte de la toma del Azud de la Marquesa», al tiempo que se revisará la segunda toma. «Pero no está dicho que tenga que ser en Cortes de Pallás, ni cualquier otro lugar», precisó.

Císcar dijo en este sentido que, cuando se planificó una toma en Cortes de Pallás, que luego se cambió al Azud de la Marquesa, el Gobierno contó con una subvención de la UE de cerca de 120 millones. Al respecto, advirtió de que «se corre el riesgo de que el Gobierno tenga que devolver esa subvención si esa infraestructura no se pone en funcionamiento».

Del mismo modo, explicó que para que se pudiera pagar el agua del Júcar -Vinalopó, «es necesario un equilibrio» para que con el precio del agua para abastecimiento se abarate la de riego. Por tanto, para poner en marcha la conducción se requiere a la Junta de Usuarios del Vinalopó-Alacantí-Marina Baixa que firmen el convenio y, además, «le tienen que salir los números». Eso no es posible, continuó, «sólo con la toma del Azud de la Marquesa», ya que es agua para riego pero no para consumo humano, dijo.

Por tanto, «cualquier solución pasaría por utilizar el Azud de la Marquesa», del que se extraerían 15 hectómetros cúbicos «convenientemente pagados» por parte de los regantes del Vinalopó, que «se tiene que nutrir con parte de los ahorros de las obras de regadío», recordó.

ENLACE A NOTICIA                                       http://www.laverdad.es/alicante/v/20140329/provincia/consell-busca-maximo-consenso-20140329.html

La primera Central de Compras de Energía, promovida por Feragua, comenzará a operar el 1 de abril y representará los intereses de más de 35.000 hectáreas del regadío andaluz, repartidas por las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva, aunque con un objetivo de crecimiento del cien por ciento en el próximo año y del 300 por ciento en los dos próximo años.

   Feragua que promueve este Central de Compra pretende aliviar para los regantes la subida de las tarifas eléctricas de los últimos años. «Aparte de las soluciones políticas, que tienen que llegar, en Feragua siempre hemos tenido claro que no nos podemos quedar de brazos cruzados, y que tenemos que unir fuerzas para bajar las tarifas y hacer cara a la situación de abuso y verdadero oligopolio que mantienen las grandes compañías eléctricas», explica la presidenta de los regantes andaluces, Margarita Bustamante.

   Feragua contará como socio en este proyecto con Energía Plus, una empresa comercializadora de capital andaluz, que se encuentra entre las 15 primeras comercializadoras de España, con más de 10.000 clientes y un trading (volumen de compra y venta de energía) de mil millones de kWh anuales. Energía Plus gestiona más de un Teravatio/hora anual (TWh/año), un volumen que equivale a 6-7 veces el consumo de los asociados de Feragua, y gran parte de su experiencia se concentra precisamente en la gran industria y de manera específica en el sector agroindustrial, algo que ha sido fundamental para Feragua a la hora de decantarse por la alianza con esta comercializadora.

   La previsión de la central es lograr para sus asociados hasta un mínimo del diez por ciento de rebaja en la factura eléctrica, «aunque algunas comunidades podrán ahorrar bastante más», explica el director de Operaciones de Energía Plus. Además de la repercusión de los beneficios alcanzados en la compraventa de energía, las comunidades de regantes asociadas podrán ahorrar a través de una mejor gestión de su consumo energético, gracias al asesoramiento e información que recibirán de la propia Central.

La filosofía de esta eentral es la de «información y máxima transparencia», subraya Bustamante, que agrega que «estamos hartos de las facturas opacas y de no saber exactamente qué pagamos por cada concepto». «El mando en esta central no estará en manos de ninguna compañía eléctrica en posición de domino, sino que estará en manos de los propios regantes, que tendremos siempre la última palabra después de oír la opinión de los técnicos».

   En la Central de Compras de Feragua no existirá además compromiso de permanencia alguna, cualquier asociado se podrá dar de baja en cualquier momento si no logra el ahorro esperado o no está satisfecho con el servicio, y recibirá facilidades de financiación en el caso de que lo necesite, para lo cual la central contará con la colaboración de Caja Rural del Sur.

   El secretario general de Feragua, Pedro Parias, ha explicado que la Central de Compras de Energía es una iniciativa muy estudiada por Feragua -más de año y medio de trabajo-,  y diseñada para todos los regantes andaluces, así como para el sector agroindustrial con el que Feragua ya mantiene algunas conversaciones, estando abierta a entidades no asociadas a Feragua, tanto de dentro como de fuera de Andalucía. Mientras más volumen de contratación se alcance menos será el coste de gestión de la central y por tanto, mas ahorro tendrán los asociados a la central, que está abierta a recibir a todo tipo de suministro eléctrico de los regantes y del sector agroindustrial.

   Por último, ha apuntado que en los últimos siete años, desde 2008, como consecuencia de la liberalización del sector eléctrico, el regadío español, y el andaluz consecuentemente, han venido soportando un incremento de la factura eléctrica cercana al cien por cien y en particular los costes regulados del término de potencia más del mil por ciento.

   Este aumento ha significado que de media, el 40 por ciento de los costes del agua sean debidos al coste energético, llegando en algunos casos al 70 por ciento, lo que ha dejado al borde de la viabilidad económica a una gran parte de la agricultura de riego.

   La subida de la tarifa eléctrica ha coincidido con la inversión realizada en modernización por una buena parte del regadío español. En los últimos quince años, los regantes han dedicado más de 6.000 millones a la renovación de sus instalaciones de riego.

ep

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