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josé sierra valencia El vicepresidente del Gobierno valenciano y conseller de Agricultura, José Císcar, admitió ayer que el abandono de la toma del Azud de la Marquesa por cualquier otra en el trasvase Júcar-Vinalopó podría derivar en la retirada de los fondos europeos asignados a esta infraestructura, cifrados en 120 millones de euros, aunque al mismo tiempo se alineaba con la tesis de los usuarios del Vinalopó al asegurar que esta toma «no sirve» para enviar agua del Júcar que pueda ser usada para uso de boca.
Al término de la reunión semanal del Consell, Císcar dijo que los valencianos deberían «ser capaces» de alcanzar acuerdos y resolver sus conflictos «internos», en especial por ser una comunidad autónoma que al mismo tiempo reclama «solidaridad» de otras regiones.
Según aseguró el vicepresidente, el protocolo que firmó el pasado miércoles con el ministro de Agricultura Arias Cañete establece que «cualquier solución «pasa por utilizar el azud de la Marquesa» al tiempo que plantea revisar todo el esquema del trasvase evaluando su viabilidad económico-financiera y medioambiental bien desde esta toma, bien desde otras planteadas con anterioridad Cortes de Pallás o las que se puedan plantear a raíz del nuevo análisisla segunda toma en Antella reivindicada por los regantes del Vinalopó. «No concreta si si es la de Cortes de Pallás o cualquier otra», dijo.
El conseller aludió a la financiación europea del proyecto recordando que recibió 120 millones de euros de los 320 en los que estaba presupuestada la obra. «Ahora se corre el riesgo de que el Gobierno tenga que devolver esa subvención si esa infraestructura no se pone en funcionamiento», aseguró.
Ciscar manifestó que el Consell «tiene la obligación» de buscar soluciones» a la escasez hídrica del Vinalopó-Alacantí- Marina Baixa «y al problema medioambiental de primera magnitud que es la sobreexplotación de los acuíferos».
Reiteró que la puesta en marcha de la infraestructura, ya finalizada, «necesita que la Junta de Usuarios del Vinalopó-Alacantí-Marina Baixa suscriba el convenio y use la infraestructura».
«Para elloañadió les tienen que salir los números y estos no pueden salir solo de la toma del Azud de la Marquesa, porque es agua para riego y no para consumo».
El conseller aludía así al principal argumento público de Andrés Martínez , presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó: los agricultores no podrán pagar la amortización y el uso de la infraestructura si esta no transporta también agua susceptible de ser potabilizada y consumida en los municipios algunos de ellos turísticos con capacidad para pagar más y compensar así el que se presupone elevado coste del agua.
Del lado del Júcar, los regantes recuerdan que esos municipios pueden abastecerse de las desaladoras ya construidas y que el Gobierno mantiene ociosas y que en cualquier caso, existen estudios recientes del Centro de Estudios Hidrográficos (Cedex), del Ministerio de Fomento que aseguran que el agua del azud de la Marquesa puede ser potabilizada y consumida.

La diputada ‘popular’ Inmaculada López destacaba ayer el «logro» que representa para Castilla-La Mancha la aprobación de los planes de cuenca por parte del Consejo Nacional del Agua, en concreto los del Tajo y el Júcar. «En Castilla-La Mancha se ha conseguido hacer en 3 años lo que en 30 de gobierno socialistas».
En este sentido López destacaba cómo se ha conseguido para Castilla-La Mancha «más agua, más cantidad y de más calidad».
Entre los logros, destacaba la reserva estratégica de 400 hectómetros cúbicos conseguida para Entrepeñas y Buendía, por debajo de los cuales «no se podrá trasvasar ni una gota», así como los 100 hectómetros cúbicos para la cuenca del Júcar, frente a los 63 anteriores.
Asimismo destacaba las importantes inversiones que se llevarán a cabo para la modernización del regadío, en total 124 millones, de los cuales 74 serán para Castilla-La Mancha.
Apuntaba también la regularización de alrededor de 2.000 pozos prevista, así como la construcción, finalización y pago de 74 depuradoras y estaciones de tratamiento de agua. Logros todos ellos del Gobierno de Cospedal.

Empleo y riqueza. Por otra parte, López destacaba que uno de los objetivos del Gobierno del PP es la creación de empleo y la generación de riqueza, una clara apuesta por la economía.
En esta materia destacaba la puesta en marcha del programa Empresa-Empleo, cuya primera fase contó con una línea de financiación de 14,5 millones de euros, y la segunda edición que ahora se abre.
Asimismo en esta línea la diputada regional destacaba la importancia de dinamizar la actividad económica en la región, en sectores como el turismo y la caza.
Por último hacía referencia al programa de Desarrollo Rural 2007-2013, cuyos fondos europeos estuvieron a punto de perderse, debido a la «nefasta gestión» del Gobierno socialista. Este año se inicia un nuevo programa, 2014-2020, que estará dotado con 1.147 millones.

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La consejera de Agricultura del Ejecutivo regional, María Luisa Soriano, afirmó que los regantes de la región tienen en la presidenta Cospedal a su «mayor defensora», y «gracias a su impecable gestión se está poniendo solución a los problemas históricos del regadío de Castilla-La Mancha». Así lo afirmó ayer en Malagón, tras la aprobación este miércoles del Plan de Demarcación de la Cuenca del Júcar, con el que se cierran todos los planes de cuenca que afectan a Castilla-La Mancha.
La consejera sostuvo que los resultados han sido «extraordinarios» para el campo de Castilla-La Mancha, ya que se han atendido «reivindicaciones históricas de los regantes de la región», por lo que  afirmó que el Gobierno de Cospedal «ha cambiado problemas por soluciones, demagogia por agua y sanciones multimillonarias se han convertido en concesiones de agua».
La titular de Agricultura de Castilla-La Mancha recordó algunos de los «logros históricos de la presidenta Cospedal en esta materia», comenzando por los más recientes, que afectan a la Cuenca del Júcar, cuyo Plan eleva de 65 a 100 hectómetros cúbicos la reserva asignada a los regantes de la Mancha Oriental, y añade, dijo, cinco nuevos hectómetros cúbicos de agua al año para abastecimientos y nuevos regadíos en la provincia de Cuenca.
En relación a la Cuenca del Segura, recordó que el Plan, aprobado a finales de 2013, recoge como novedad una reserva de 10 hectómetros cúbicos para regadíos sociales en la provincia de Albacete.
Asimismo, María Luisa Soriano  destacó que en esta legislatura se han empezado a regularizar los pozos del Alto Guadiana, o que en el Plan del Tajo se ha obtenido una histórica reserva de 400 hectómetros cúbicos para los embalses de Entrepeñas y Buendía y un caudal mínimo de 10 metros cúbicos por segundo a la altura de Talavera de la Reina (Toledo).
Además, subrayó que la pasada semana el Gobierno español aprobó un crédito extraordinario de 74 millones de euros para financiar distintas actuaciones en regadíos de Castilla-La Mancha, dentro del Plan de Actuaciones Prioritarias en materia de agua en las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, del Tajo y del Júcar, de la que se van a beneficiar más de 23.000 hectáreas y 5.000 regantes.
Por otro lado, expuso la importancia de los proyectos europeos Leader para la diversificación de la actividad económica en las zonas rurales, a los que el Gobierno regional ha destinado en esta legislatura 55,5 millones, que «han permitido crear 900 empleos y consolidar otros 770».

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El conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y portavoz del Consell, José Císcar, aseguró ayer que desde el Gobierno valenciano se va a «procurar el máximo consenso» para el trasvase Júcar -Vinalopó, al tiempo que ha señalado la necesidad de que los usuarios entiendan que la escasez hídrica de la cuenca del Vinalopó es una «situación que se debe resolver». Císcar se pronunció así a preguntas de los medios de si el protocolo al plan de cuenca del Júcar supondrá utilizar una toma de agua en Cortes de Pallás, así como por las quejas de regantes.

En este sentido, remarcó que el Gobierno valenciano «tiene la obligación de buscar ante una situación de déficit hídrico severo y muy objetivo» y el sistema Vinalopó-Alacantí-Marina Baixa forma parte, «guste más o menos, forma parte de la Demarcación Hidrológica del Júcar», dijo.

Por tanto, «no lo queremos hacer perjudicando a nadie» y «vamos a buscar consensos» pero «todos tienen que entender que hay muchas aristas que se tienen que pulir», apuntó Císcar. El conseller dijo que las medidas de este protocolo consisten en «avanzar en la resolución de problemas en lo que se refiere a las obras de modernización de regadío tradicionales en la Ribera del Júcar y combatir la escasez hídrica».

Por lo que se refiere a los regadíos, aseguró que las administraciones «van a realizar un importante esfuerzo» y que «una parte de los ahorros que se generen en este proceso tienen que ir a reducir la situación de escasez hídrica del Vinalopó, agravada por la sobreexplotación de acuíferos».

En cuanto a la posibilidad de habilitar una segunda toma para el trasvase Júcar -Vinalopó, explicó que en el protocolo se dice expresamente que «cualquier solución de futuro pasa por que entre en esa solución para que llegue agua al Vinalopó tiene que salir una parte de la toma del Azud de la Marquesa», al tiempo que se revisará la segunda toma. «Pero no está dicho que tenga que ser en Cortes de Pallás, ni cualquier otro lugar», precisó.

Císcar dijo en este sentido que, cuando se planificó una toma en Cortes de Pallás, que luego se cambió al Azud de la Marquesa, el Gobierno contó con una subvención de la UE de cerca de 120 millones. Al respecto, advirtió de que «se corre el riesgo de que el Gobierno tenga que devolver esa subvención si esa infraestructura no se pone en funcionamiento».

Del mismo modo, explicó que para que se pudiera pagar el agua del Júcar -Vinalopó, «es necesario un equilibrio» para que con el precio del agua para abastecimiento se abarate la de riego. Por tanto, para poner en marcha la conducción se requiere a la Junta de Usuarios del Vinalopó-Alacantí-Marina Baixa que firmen el convenio y, además, «le tienen que salir los números». Eso no es posible, continuó, «sólo con la toma del Azud de la Marquesa», ya que es agua para riego pero no para consumo humano, dijo.

Por tanto, «cualquier solución pasaría por utilizar el Azud de la Marquesa», del que se extraerían 15 hectómetros cúbicos «convenientemente pagados» por parte de los regantes del Vinalopó, que «se tiene que nutrir con parte de los ahorros de las obras de regadío», recordó.

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La primera Central de Compras de Energía, promovida por Feragua, comenzará a operar el 1 de abril y representará los intereses de más de 35.000 hectáreas del regadío andaluz, repartidas por las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva, aunque con un objetivo de crecimiento del cien por ciento en el próximo año y del 300 por ciento en los dos próximo años.

   Feragua que promueve este Central de Compra pretende aliviar para los regantes la subida de las tarifas eléctricas de los últimos años. «Aparte de las soluciones políticas, que tienen que llegar, en Feragua siempre hemos tenido claro que no nos podemos quedar de brazos cruzados, y que tenemos que unir fuerzas para bajar las tarifas y hacer cara a la situación de abuso y verdadero oligopolio que mantienen las grandes compañías eléctricas», explica la presidenta de los regantes andaluces, Margarita Bustamante.

   Feragua contará como socio en este proyecto con Energía Plus, una empresa comercializadora de capital andaluz, que se encuentra entre las 15 primeras comercializadoras de España, con más de 10.000 clientes y un trading (volumen de compra y venta de energía) de mil millones de kWh anuales. Energía Plus gestiona más de un Teravatio/hora anual (TWh/año), un volumen que equivale a 6-7 veces el consumo de los asociados de Feragua, y gran parte de su experiencia se concentra precisamente en la gran industria y de manera específica en el sector agroindustrial, algo que ha sido fundamental para Feragua a la hora de decantarse por la alianza con esta comercializadora.

   La previsión de la central es lograr para sus asociados hasta un mínimo del diez por ciento de rebaja en la factura eléctrica, «aunque algunas comunidades podrán ahorrar bastante más», explica el director de Operaciones de Energía Plus. Además de la repercusión de los beneficios alcanzados en la compraventa de energía, las comunidades de regantes asociadas podrán ahorrar a través de una mejor gestión de su consumo energético, gracias al asesoramiento e información que recibirán de la propia Central.

La filosofía de esta eentral es la de «información y máxima transparencia», subraya Bustamante, que agrega que «estamos hartos de las facturas opacas y de no saber exactamente qué pagamos por cada concepto». «El mando en esta central no estará en manos de ninguna compañía eléctrica en posición de domino, sino que estará en manos de los propios regantes, que tendremos siempre la última palabra después de oír la opinión de los técnicos».

   En la Central de Compras de Feragua no existirá además compromiso de permanencia alguna, cualquier asociado se podrá dar de baja en cualquier momento si no logra el ahorro esperado o no está satisfecho con el servicio, y recibirá facilidades de financiación en el caso de que lo necesite, para lo cual la central contará con la colaboración de Caja Rural del Sur.

   El secretario general de Feragua, Pedro Parias, ha explicado que la Central de Compras de Energía es una iniciativa muy estudiada por Feragua -más de año y medio de trabajo-,  y diseñada para todos los regantes andaluces, así como para el sector agroindustrial con el que Feragua ya mantiene algunas conversaciones, estando abierta a entidades no asociadas a Feragua, tanto de dentro como de fuera de Andalucía. Mientras más volumen de contratación se alcance menos será el coste de gestión de la central y por tanto, mas ahorro tendrán los asociados a la central, que está abierta a recibir a todo tipo de suministro eléctrico de los regantes y del sector agroindustrial.

   Por último, ha apuntado que en los últimos siete años, desde 2008, como consecuencia de la liberalización del sector eléctrico, el regadío español, y el andaluz consecuentemente, han venido soportando un incremento de la factura eléctrica cercana al cien por cien y en particular los costes regulados del término de potencia más del mil por ciento.

   Este aumento ha significado que de media, el 40 por ciento de los costes del agua sean debidos al coste energético, llegando en algunos casos al 70 por ciento, lo que ha dejado al borde de la viabilidad económica a una gran parte de la agricultura de riego.

   La subida de la tarifa eléctrica ha coincidido con la inversión realizada en modernización por una buena parte del regadío español. En los últimos quince años, los regantes han dedicado más de 6.000 millones a la renovación de sus instalaciones de riego.

ep

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 El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que lejos de lo que «quieren vender», los acuerdos adoptados este jueves por el Consejo Nacional del Agua son «muy perjudiciales» para los intereses de la región.

   Para Martínez Guijarro, se puede asegurar que tras este Consejo, «el Tajo va a ser cada vez más un río que responda a los intereses de Murcia y el Júcar a los intereses de Valencia», ha informado el PSOE en nota de prensa.

   En este sentido, ha explicado que con las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura que se han aprobado, a pesar de lo que se dijo en un principio, se va a poder seguir derivando la misma cantidad de agua que se trasvasaba hasta ahora, «y encima han blindado jurídicamente el trasvase».

   «Solo hay que ver lo contento que está el consejero de Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerda, y los regantes de la comunidad vecina», ha afirmado el portavoz socialista en las Cortes castellano-manchegas.

   En cuanto al borrador del plan de cuenca del Júcar, Guijarro ha afirmado que basta escuchar lo que opina del mismo el presidente del sindicato de regantes de La Mancha Oriental, Francisco Belmonte, que ha asegurado que «con este plan la situación en la que va a quedar el río va a ser mucho peor de la que tenía en el año 1998».

   El portavoz socialista ha indicado que, «aunque intenten engañar a los ciudadanos, la realidad es que estas decisiones se han tomado con el beneplácito de Cospedal, que sigue sin tener ningún problema a la hora de traicionar los intereses de Castilla-La Mancha a favor de los suyos propios y los de su partido».

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Ecologistas en Acción ha criticado que tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como los regantes votaran a favor del Plan de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el cual «perjudica gravemente» al río Tajo.

Según ha explicado esta organización en nota de prensa, este plan «plantea suplir el déficit de la cuenca del Júcar por medio de trasvases». «A nadie se le escapa que la única infraestructura disponible a día de hoy para cubrir ese déficit es el trasvase Tajo-Segura», ha afirmado esta asociación.

De este modo, Ecologistas advierte de que el Tajo será «el que sufra la presión de este déficit y el que podría verse abocado a suplementarlo», por lo que ha mostrado su sorpresa pues, «a pesar de que lo aprobado perjudica en el presente y en el futuro a la Demarcación del Tajo», la Administración regional ha decido dar su apoyo a este plan.

«Más aún cuando un Gobierno del PP, como es el de Aragón, votó en contra de ambas medidas sólo por la sospecha de que pudieran derivar en que se proponga un trasvase del Ebro en el Plan Hidrológico Nacional», ha añadido.

A juicio de Ecologistas en Acción «se ha puesto de manifiesto, una vez más, que el Tajo no tiene quien le defienda institucionalmente y que sus usuarios están más pendientes de obtener concesiones que luego puedan vender al Segura o al Júcar que de ninguna otra cosa».

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La nueva planificación hidrológica de la Comunitat abre la puerta a que en el plazo de seis meses se puedan reanudar las obras para poner en marcha una segunda toma para el trasvase Júcar-Vinalopó a la altura de Cortes de Pallás, el punto de partida de la transferencia según el proyecto original, modificado por el anterior Ejecutivo socialista.

Así se desprende del protocolo complementario al plan de cuenca del Júcar firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat el pasado miércoles, poco antes del Consejo Nacional del Agua que dio el visto bueno a la nueva normativa de la demarcación. Según informaron fuentes próximas a la negociación, el protocolo hace una referencia explícita al convenio firmado el 13 de julio de 2001, que se refería al arranque en Cortes, y se añade que durante los próximos seis meses una comisión técnica debe evaluar cómo conectar la toma, ya construida, con la infraestructura actual para su próxima puesta en marcha. El objetivo es que en los años sucesivos el trasvase funcione con dos tomas, la citada y la actual, habilitada en el tramo final del Júcar, en el azud de la Marquesa.

Tanto el protocolo como el plan suponen un espaldarazo a las reivindicaciones de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y la Marina Baixa, que siempre ha reclamado caudales de más calidad que los que se almacenan en el citado azud. A la vez, es un jarro de agua fría para los regantes tradicionales del Júcar, que siempre han rechazado la vuelta al proyecto original.

Si se tienen en cuenta el acuerdo entre administraciones y el nuevo plan se desprende que la provincia de Alicante recibirá de manera inmediata 27 hectómetros cúbicos de agua trasvasada. De estos, 12 se podrían enviar desde el embalse de Alarcón hacia la mancomunidad de los canales del Taibilla para abastecimiento humano, y otros 15 desde el azud de la Marquesa, que se utilizarán, previsiblemente, para regadíos en la zona media del Vinalopó. Como añadieron las fuentes consultadas, las transferencias podrían ser efectivas tras la aprobación del plan en el Consejo de Ministros.

«Se cumplen las perspectivas de Alicante, pues permite recibir agua de calidad del Júcar que no está asignada a ningún uso y por lo tanto no molesta a nadie», tal y como explicó el presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, que añadió que es beneficioso «que hayan trasvases dentro de la propia Comunitat. El plan es el mejor para todos», dijo.

La opinión es bien distinta entre los usuarios de la Ribera, tanto regantes tradicionales como municipios. El miércoles, el secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, Juan Valero de Palma, mostró su malestar por no haber sido tenidos en cuenta por la Generalitat en la negociación del protocolo en las cuestiones referidas al trasvase. Incluso destacó que no dar participación a la cuenca cedente implicará «muchos problemas» para que el acuerdo salga adelante. La mejora que consiguen los regadíos históricos es la inversión de 45 millones para modernizar sus sistemas, actuaciones que las administraciones debían haber finalizado en 2009.

Ayer, desde Xúquer Viu informaron de que denunciarán el plan ante Europa por incumplir a su juicio la Directiva Marco del Agua, además de promover movilizaciones. Por su parte, los grupos de la oposición en Alzira pedirán que se tumbe la segunda toma antes de la aprobación definitiva. También se mostró crítica la Unió de Llauradors, en el sentido de que el plan beneficia a los agricultores de Castilla-La Mancha, cuyas extensiones «no están controladas ni cuantificadas».

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Xúquer Viu manifestó ayer a través de un comunicado que la acción conjunta del nuevo Plan Hidrológico de la demarcación Júcar y del protocolo firmado entre la Generalitat y el Gobierno central suponen «dar la puntilla» al Júcar, a la Albufera y a la Ribera, además de «un ejercicio vergonzoso de claudicación ante el lobby del agua de Alicante». Xúquer Viu reclama la dimisión del vicepresidente José Ciscar y del director general del Agua José Alberto Comos, anuncia la convocatoria de movilizaciones «contundentes», a las que invita a sumarse a otros colectivos, y avanza que pedirá a las instituciones europeas que invaliden el plan por lo que consideran un incumplimiento de la Directiva Marco del Agua.

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