J. Sierra El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha disminuido en un 13,47% su inversión directa en infraestructuas hidráulicas y gestión del agua en la Comunitat Valenciana. El descenso resulta dificilmente comprensible si se acepta la cifra oficial ofrecida ayer por el ministerio, que declaró un incremento global de las inversiones en agua en España de un 30%.

La sociedad estatal Acuamed, sobre la que recaía en los últimos años buena parte de la inversión en materia hidráulica, también reduce su presupuesto al pasar de los 69,671 millones de euros previstos en 2013 a 47,937 millones en el presupuesto de 2014, con un retroceso del 31,19%.

Varios proyectos pasan directamente al limbo de la próximas anualidades, sin que haya un duro previsto para el próximo año. Es el caso de la reutilización de las aguas residuales en el sistema Vinalopó-Alacantí y del tratamiento terciario y reutilización de aguas residuales de la depuradora de Xàbia. Desaparecen también de las inversiones del Estado todas las obras del Plan de Defensa contra avenidas del Júcar, inluidas las presas de Sellent, Montesa y Marquesado. Tampoco se incluye la de Vilamarxant en el Turia,ni la reforma del nuevo cauce, dejando a Valencia indefensa frente a las avenidas del río

La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), encargada de la modernización del regadío, incrementa ligeramente su presupuesto para obras con 8,274 millones de euros frente a 7,732 millones del pasado año, con una ganancia del 6,55%.

El presupuesto directamente administrado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pasa de 20.189.570 euros a 17.451.180 euros, con un descenso del 13,47%. Organismos como la Dirección General del Agua ven reducido su presupuesto para la Comunitat Valenciana a algo más de la mitad, al pasar de 3,573 millones de euros a 1,310 que irán casi íntegramente a Tous.

Seguridad en entredicho
La seguridad y el mantenimientode las presas —todas las del Júcar—dispondrá este año de una cifra récord: 150 euros, según el proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno, cuando el pasado año se presupuestaron 902.700 euros.

Por último, la Confederación Hidrográfica del Júcar tendrá que obrar milagros literalmente para mantener su capacidad de gestión en una de las cuencas hidrográficas más complejas y conflictivas de España. El año pasado contó con 12.008.920 euros pero en 2014 se tendrá que conformar con algo menos de la mitad: 5.844.960 euros, un 51% menos.

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El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Ceuta y de Melilla, los primeros con los que cuentan ambas Ciudades Autónomas. Con éstos ya son 13 los planes hidrológicos aprobados por el actual Ejecutivo en poco más de año y medio. A los dos aprobados hoy se unen los de las Islas Baleares, Duero, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Guadiana, Guadalquivir, Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. El Plan Hidrológico del Ebro se encuentra ya en su última fase administrativa tras el informe favorable del Consejo Nacional del Agua.

   Los Planes Hidrológicos de Ceuta y de Melilla, elaborados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, son el elemento básico de gestión de cada una de estas demarcaciones y tienen como objetivos principales conseguir el buen estado de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico.

    Así, estos Planes establecen las pautas para atender las demandas de agua, respetando el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial en cada Ciudad Autónoma.

185 millones de inverisón para el Plan de Melilla

    El Plan Hidrológico de Melilla define los usos del agua de la demarcación y sus prioridades y establece y controla los objetivos medioambientales en las masas de agua definidas: una masa de agua de la categoría río (río Oro), tres masas costeras y tres masas de agua subterránea.

   El Plan establece, además, un programa de medidas a ejecutar hasta 2015 con un importe global de 185 millones de euros, a sufragar entre todas las administraciones.

   Entre estas medidas destacan las que tienen como objetivo paliar la contaminación puntual, con una inversión de 56,9 millones de euros; las relativas a la satisfacción de la demandas, en las que se prevé una inversión de 49,9 millones de euros; así como las destinadas al incremento de la eficiencia de los usos del agua, en las que se invertirán 45,7 millones.

129 millones entre todas las administraciones en Ceuta

    El Plan Hidrológico de Ceuta, por su parte, define los usos del agua de la demarcación y sus prioridades, y establece y controla los objetivos medioambientales en las masas de agua definidas: tres masas costeras y una masa de agua subterránea.

    El Plan establece, también, un programa de medidas a ejecutar hasta 2015 con una inversión global, entre todas las administraciones, de 129 millones de euros.

   En concreto, el plan contempla unas inversiones de 38,6 millones de euros para paliar la contaminación puntual, de 37,3 millones para adoptar medidas relativas a la satisfacción de la demandas, y una inversión de 26,1 millones de euros para incrementar la eficiencia de los usos del agua.

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El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Andrés del Campo, teme que la reforma del sector eléctrico impulsada por el Gobierno para reducir el déficit tarifario provoque «la paralización de la modernización de 1,1 millones de hectáreas en regadío». Según Del Campo García, «las tarifas actuales pueden además hacer fracasar el Plan Nacional de Regadíos (PNR) de 2002» y convertirse «en la ruina de más de 700.000 agricultores regantes de España». Fenacore ha calculado que la aprobación de la orden IET/1491/2013 el pasado mes de agosto y que encarece los costes fijos, en término de potencia, de los peajes de acceso a la energía, se traducirá en un sobrecoste de cien millones anuales para el sector agrario.

   «A este sobrecoste hay que sumar que muchos de los riegos que se han transformado pueden ser ahora inviables», ha subrayado. En España hay en la actualidad 3,5 millones de hectáreas en regadío, de las que 1,1 millones cuentan aún con sistemas de riego antiguo por gravedad y de superficie.

    La implantación de sistemas de riego moderno por presión ha aumentado la productividad -ahora la de una hectárea en regadío equivale a la de 5,5 hectáreas de secano-, pero también ha provocado que la factura eléctrica aumente hasta el 41 % de los costes de producción en regadío, según los datos que maneja esta federación.

Un 50% del regadío moderno puede llegar a "desaparecer"

    «Peligran los sistemas de regadío moderno en más del 50% de la superficie» en la que están implantados, «podrían llegar a desaparecer o podría darse un paso atrás y volverse a la utilización de los tradicionales de superficie, con menor eficiencia en el uso del agua pero sin costes energéticos», ha advertido.

    Del Campo, que también es presidente de la EIC, la asociación europea de regantes (Euro-Mediterranean Irrigators Community), ha alabado en cambio el trabajo del ministro Miguel Arias Cañete en defensa en materia de regadío en la negociación del nuevo paquete de la política agrícola común (PAC).

    Durante este nuevo curso político, ha avanzado que Fenacore continuará defendiendo la mejora de la factura eléctrica para los regantes, «para que paguen por la potencia real registrada en la época de riego (de abril a octubre) y no por la teórica contratada», e intentará reactivar la modernización de los regadíos.

    «También colaboraremos con la Administración para que se aprueben los planes hidrológicos de todas las cuencas -faltan las del Tajo, Segura y Júcar- y así poder tener un nuevo Plan Hidrológico Nacional», ha añadido.

    El presidente de esta federación se ha mostrado muy orgulloso del sistema de organización de las comunidades de regantes en España en la que sus miembros gestionan e incluso se «autosancionan» por el uso del agua y cuyo origen data de hace más de 1.200 años.

    «Es un modelo apolítico de gestión que ha sido referencia y es estudiado en muchos países, entre los que se encuentran Marruecos, Egipto, Turquía, China, India, México, Estados Unidos o Costa Rica».

    El próximo mes de octubre, la EIC celebrará su asamblea general ordinaria en Bucarest, en la sede del Ministerio de Agricultura del país, cuyo titular, Daniel Constantin, visitó en julio España con el propósito de optimizar la administración y gestión del agua para regadío en Rumanía.

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Algo tiene el agua cuando la bendicen, dice el refrán, y también, cuando es la protagonista de una y mil batallas. Los planes hidrológicos de cuenca que ha comenzado a tramitar el Gobierno central han reabierto las heridas entre territorios.

Los regantes del Júcar miran con la misma proporción de recelo que deseo la última declaración de apoyo que hizo el Consell al Sindicato de Regantes del Tajo- Segura.

El Gobierno valenciano decidió suscribir punto por punto las alegaciones realizadas al plan de cuenca del Tajo. El aspecto clave de las mismas es el rechazo a que se establezca una reserva en los embalses de cabecera de 400 hectómetros cúbicos, una cantidad con la que sería imposible ejecutar los trasvases con la misma frecuencia que hasta el momento. Supone pues, un claro rechazo a la propuesta auspiciada por la presidenta de Castilla- La Mancha, María Dolores de Cospedal, también secretaria general del Partido Popular.

Sin embargo, los regantes del Júcar llevan su particular pelea con los manchegos a cuenta del acuífero de la Mancha Oriental. Como ya ha publicado este diario, la nueva planificación permitirá que se siga sobreexplotando el acuífero e incluso se da prioridad a la construcción de infraestructuras usadas por los regantes manchegos frente a la modernización de regadíos.

En resumen, entienden que Castilla-La Mancha les ha ganado la partida en el plan y que se arrogan más privilegios de los conseguidos hasta el momento. Por ello, creen que la Generalitat debería actuar como ha hecho con las alegaciones al plan del Tajo y apoyar las que ellos preparan. Sin embargo, no las tienen todas consigo. El portavoz de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), José Pascual Fortea, teme que la presión de los usuarios de Alicante les deje solos ante el Ministerio de Medio Ambiente.

Alicantinos y valencianos tienen un punto de desencuentro. El trasvase Júcar- Vinalopó. Fortea explicó que el nuevo plan deja la puerta abierta a que se ejecute un trasvase desde la cabecera, algo a lo que se oponen rotundamente. «La Generalitat siempre dice que no se modificará el trasvase si no hay unanimidad entre los regantes. Pues que quede claro, en este asunto, nunca la habrá».

A día de hoy, el Consell no se ha pronunciado de manera clara sobre el plan. Lo poco que ha dicho ha sido positivo, por lo que tendría que producirse un cambio muy importante para suscribir totalmente las reivindicaciones de USUJ.

Tregua obligada

En los últimos años, tras las intensas batallas libradas tras la derogación del trasvase del Ebro y la pretensión no satisfecha de tratar de apoderarse de los ríos a través de los Estatutos de Autonomía, ha habido una tranquilidad poco habitual entorno al agua.

El hecho de que no haya habido sequía ha ayudado, pero lo cierto es que el anterior Gobierno central ha mantenido paralizados los planes hidrológicos de cuenca, documentos en los que se revisa y distribuyen los recursos y se marca la posibilidad de que existan o no trasvases entre diferentes cuencas. La UE obligó a que todos los planes estuviesen antes de 2009. El del Júcar está en fase de alegaciones.

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El Parlamento europeo y los estados miembros han cerrado un acuerdo sobre las cuatro propuestas legislativas que integran la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020. Ambas partes lograron sellar el pasado martes un acuerdo que incluye los dos últimos puntos pendientes de la negociación: las tasas de cofinanciación para el desarrollo rural y el techo de las ayudas a las grandes explotaciones.
Las divergencias que frenaron el acuerdo definitivo tenían que ver con la transferencia de fondos de un pilar a otro, la tasa de cofinanciación de los programas de desarrollo rural y la opción de fijar un techo de 300.000 euros a las ayudas por explotación.
Finalmente, la Eurocámara no logró hacer obligatorio ese tope máximo de las ayudas, pero a cambio obtuvo una reducción progresiva, llamada ‘degresividad’, por la que se aplicará una rebaja del cinco por ciento a las ayudas de más de 150.000 euros por explotación y año.
La Comisión de Agricultura vota hoy el texto acordaro. La fecha del voto en el pleno aún no se ha decidido y podría tener lugar bien en la segunda sesión de octubre (del 21 al 24) o en noviembre (del 18 al 21), informa el Parlamento europeo en un comunicado. Es la primera vez que el Parlamento decide la nueva política agraria en pie de igualdad con el Consejo.
El presidente de la Comisión de Agricultura, el socialista italiano Paolo de Castro, confiesa sentirse «orgulloso» de haber podido sacar adelante una reforma de este calado en un plazo tan corto, demostrando así que el Parlamento podía lograr una reforma mejor y más democrática. Asegura también que la Comisión ha trabajado de forma intensa para garantizar que los agricultores se beneficiarán de la nueva PAC en los plazos previstos.
Por su parte, el ponente de los informes sobre desarrollo rural y pagos directos, el también socialista portugués Luis Manuel Capoulas, señala que la PAC se ha reformado para hacer frente a los retos del presente y del futuro y asegura que ésta es la reforma «más justa» de la política agraria en Europa y «estará al servicio no solo de los agricultores, sino también de los ciudadanos y los contribuyentes».
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha también ha querido pronunciarse sobre el voto que de decide hoy. Su secretario general, José María Fresneda, en declaraciones a La Tribuna, quiso quitar importancia a la decisión que la Comisión de Agricultura ha de adoptar hoy mismo porque ya «está todo acordado». Reconoce que éste es el último acuerdo pendiente que le quedaba a la reforma pero insiste en que lo importante es lo que se está negociando en cada estado miembro. «Lo negro sobre blanco se está decidiendo ya en cada estado miembro», recalca.
Por tanto, la votación de hoy forma parte de la «lógica de los tiempos» y aventura que «no va a haber ningún problema» añadido más porque «está todo pactado».

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La Guardia Civil ya puso en marcha en el 2011 el denominado «Plan contra la Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas» para combatir esta modalidad delictiva, concentrando unidades en aquellas zonas consideradas más críticas, según explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria al portavoz de Interior del Grupo Socialista, Antonio Trevín, y al diputado socialista Francisco Pradas.
La polémica se suscitó la pasada semana, después de que el Ministerio del Interior ofreciera unos datos sobre el número de robos agrícolas en España en el 2012 muy inferiores a los que en el mismo día reconocía en un escrito remitido al Congreso de los Diputados, y que ascendían a 23.655, aunque lo más grave para los socialistas es el hecho de que esta cifra ya ascendía a 11.370 desde principios de este año al mes de mayo y auguran que puede llegar a 30.000 a finales de año.
Según los datos facilitados por el propio Gobierno, el número de robos en este tipo de explotaciones se ha ido incrementando progresivamente desde hace cinco años: 12.347 (2008), 12.741 (2009), 15.616 (2010) y 29.726 (2011).

Estrategia. El Plan puesto en marcha hace dos años por la Guardia Civil fijaba entre sus objetivos la confección de mapas delincuenciales, con áreas críticas y puntos clave; intensificación de las reuniones con los colectivos afectados (415 encuentros sólo en el 2012); articulación de mecanismos rápidos de comunicación y, finalmente, elaboración de informes sobre el modus operando y perfiles criminológicos.
Junto a estas medidas, la Guardia Civil, en cada una de sus comandancias, han orientado sus esfuerzos de servicio hacia las zonas donde se focaliza este tipo de actividad delictiva, de modo que el 100% del personal de seguridad ciudadana de cada demarcación afectada ejerce labores de prevención.
Además, las patrullas de Tráfico intensificaron los controles en las zonas sensibles para disuadir a los posibles delincuentes, las Unidades de Seguridad de Compañías (USECIAs) y las patrullas de Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) también actúan permanentemente sobre estas zonas, además de participar junto con otras unidades en establecer dispositivos específicos en estas zonas.
Paralelamente, el Plan recogía la obligatoriedad de que se diera prioridad a los incidentes que se producen en relación a esta actividad delictiva, aunque sin detraer efectivos de este servicio para otros cometidos, así como un mayor contacto de los jefes de compañía de la Guardia Civil con los responsables de empresas de seguridad y, en especial, con los Guardas Particulares del Campo.
Finalmente, la estrategia de la Guardia Civil recogida en este Plan también implicaba  reforzar las acciones de investigación, además de continuar con el uso de helicópteros para la vigilancia y la movilización de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) con la finalidad de potenciar los dispositivos de detección y detención, sirviendo de apoyo a aquellas comandancias en que exista una mayor incidencia de este tipo delictivo.

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El Partido Castellano (PCAS) presentó en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas con el objetivo de conocer el memorándum Tajo-Segura a través del diputado de la Chunta Aragonesista Chesús Yuste, ya que lo consideran «enormemente perjudicial para el río Tajo» pese a lo que el Gobierno regional «no ha tenido capacidad de bloquearlo».

Así, en sus preguntas parlamentarias, el PCAS cuestiona sobre el contenido exacto del texto firmado entre el Ministerio de Agricultura, la Generalitat Valenciana y la Comunidad de Murcia; cómo afecta el texto a la infraestructura, caudales y precios del agua del Trasvase Tajo-Segura; o cuál es el valor y el encaje legal de dicho texto en el ordenamiento jurídico español y europeo.

Igualmente se interesa por si el Ministerio de Agricultura dejará que el memorándum influya y condicione el desarrollo del Plan Hidrográfico del Tajo; o qué condicionantes incluye el texto en cuanto a cantidades anuales a trasvasar desde el Tajo al Segura.

Entre otras preguntas, el PCAS quiere saber con qué fondos «se pagarán las posteriores multas que se le dirigirán España por subordinar el estado ambiental del Tajo a los intereses económicos privativos del empresariado agrícola levantino».

«¿Lo pagaremos todos los españoles al igual que las subvenciones al agua trasvasada del Tajo en Levante, para garantizarle al mencionado empresariado agrícola levantino una posición de privilegio en el mercado estatal y europeo en detrimento del resto de agricultores del Estado y Europa?», concluyó el PCAS.

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La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha asegurado que con la reciente autorización de trasvasar 228 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo a la del Segura, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente certifica «la burla» que ha supuesto la propuesta de Plan de Cuenca del Tajo para sus ribereños.

«Es una burla y un insulto a la inteligencia de toda la ciudadanía ribereña del Tajo que el borrador de plan de cuenca se empeñe en no contemplar la detracción de aguas de cabecera al trasvase Tajo-Segura como una presión ejercida aguas debajo de Bolarque», ha informado la Plataforma en rueda de prensa.

Así, afirma que «la burla» es aún mayor si el Plan ni siquiera considera el descenso del 48 por ciento de las aportaciones en cabecera. «Burla es que el ministro Cañete se jacte de diálogo y consenso entre las partes para sacar adelante esa propuesta de plan», añade.

Máxime, según dice, cuando al mismo tiempo se anuncia la suscripción de un memorándum junto con el gobierno de Murcia y de Valencia «de cuyo contenido nada se dice hasta concluir el plazo de exposición pública del borrador de Plan de Cuenca».

A la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo le gustaría que tales «burlas y esfuerzos» vengan acompañados de «algo de transparencia» que permita «apreciar tanto la magnitud de esos esfuerzos como la justificación de la burla y, así, se nos diga públicamente quiénes y en calidad de qué participan en esa comisión y qué argumentos ha esgrimido cada cual para llegar a tan esforzado acuerdo».

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