Los socialistas recuerdan que el plazo de presentación de alegaciones finaliza este viernes, por lo que es necesario “incrementar la presión y la movilización para que este plan no se ejecute y todo quede como hasta ahora”

El responsable de Agricultura, pesca y agua de los socialistas de la provincia de Alicante, Manuel Aldeguer, realizará esta misma tarde, en el municipio de Benferri, una charla organizada por el consistorio con regantes y público en general de la comarca y de la provincia, en la que informará sobre las consecuencias que para “la agricultura, la economía y los ciudadanos en general, puede tener la aprobación del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo” realizada por el gobierno central y que, en periodos de sequía “significaría que no nos llegaría ni una gota de agua desde el trasvase Tajo-Segura” al tiempo que insistirá en la presentación de alegaciones al mismo.

Y es que como ha recordado Aldeguer, ex Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, el plazo para la presentación alegaciones contra dicho plan -que eleva la reserva de cabecera del Tajo para permitir trasvases, de los 240 hm3 actuales a 400- finaliza el próximo viernes, y para la presentación de las mismas, el PSPV ofrece un modelo tipo de alegaciones.

Así, ha destacado el papel fundamental de la alegación contra este proyecto, no sólo por parte de las instituciones, regantes o partidos políticos, sino también por los propios ciudadanos “ya que el agua para beber también se ve afectada. Las restricciones podrían afectar al mismo tiempo al agua de consumo humano ya que la mitad de la que sirve la Mancomunidad de Canales del Taibilla a toda la zona sur de Alicante también proviene del trasvase” ha informado.

En este sentido, el dirigente socialista a insistirá en que, con la reserva de 400 hectómetros cúbicos que pretende el gobierno del PP “la mitad de los años que lleva el trasvase funcionando no habría llegado ni una sola gota de agua a nuestras tierras” por lo que se debe “intensificar incrementar la presión y la movilización para que este plan no se ejecute y todo quede como hasta ahora”.

Para los socialistas, esta propuesta acarrea consecuencias muy negativas para la economía y calidad de vida de los agricultores incluidos en el área regable del Acueducto Tajo Segura, y de todos los usuarios de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, con lo cual perjudica directamente a la provincia de Alicante. En este sentido, Aldeguer ha afirmado que “no puede resolverse el problema de un tramo del río Tajo, que está causado por la mala calidad de las aguas que llegan mal depuradas, y que además pueden regularse, produciendo un grave perjuicio económico en el área regada por el Trasvase Tajo Segura, y afectando a millones de habitantes que tienen como recurso principal para beber, el agua del Trasvase”.

Aldeguer ha afirmado que “hay agua suficiente para resolver ambos problemas acometiendo las obras necesarias que tienen garantizada su rentabilidad desde el punto de vista ambiental, económico, y también social”.

Es por esto, que el dirigente socialista resalta la necesidad de que se mantenga o incremente la riqueza creada gracias al Trasvase Tajo-Segura con las posibilidades actuales de trasvase, y no elevando la reserva existente y contemplada tanto en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 como en el Plan Hidrológico del Tajo vigente, de 240 hm3, al tiempo que propone que se prioricen las inversiones en depuración de aguas residuales de las grandes poblaciones que vierten, directa o a través de otros cauces, al río Tajo.

Pero además, Aldeguer alertará también sobre “la letra pequeña de dicho proyecto que eleva las reservas estratégicas para poder trasvasar, no a los 400 hectómetros cúbicos anunciados, sino hasta los 580 hectómetros cúbicos (en estos momentos 240 hectómetros)». Y es que a los 400 hectómetros cúbicos que plantea el proyecto, se han de sumar otros 180 hectómetros más que salen de la suma de ochenta destinados a las reservas futuras para las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, y hasta 100 hectómetros al caudal ecológico del Tajo a su paso por Talavera.

 ENLACE A NOTICA ORIGINAL: http://www.elperiodic.com/palicante/noticias/259015_pspv-psoe-provincial-insta-regantes-ciudadanos-general-alegar-contra-desmantelamiento-trasvase-tajo-segura.html

Desde que se dio a conocer el borrador del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, se ha destacado, desde la Junta y el Ministerio, el alto grado de consenso logrado. Sin embargo, importantes comunidades de usuarios, como la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, ya han anunciado públicamente su rechazo al mismo, tanto a las obras aprobadas, como la sustitución de bombeos, como a las asignaciones de agua a Albacete. Así pues, ¿no hay riesgo de que este consenso se resquebraje cuando estas comunidades presenten sus alegaciones?
La obligación del Gobierno de Castilla-La Mancha es defender con rigor y firmeza los intereses de nuestros ciudadanos, pero hacerlo desde la lealtad, porque de nada sirve hacer del agua una guerra, como se ha hecho durante tantos años en esta tierra. Era una cortina de humo, una forma de ocultar la incapacidad del Gobierno socialista para resolver los problemas en materia de agua. Nosotros creemos que hay que garantizar las necesidades de Castilla-La Mancha en materia de agua, pero desde la lealtad. Creo que eso es la garantía del consenso básico. El plan del 98 se cerró con un altísimo grado de consenso y confío que el que está en marcha obtenga el mismo grado de consenso.
Otro aspecto que se ha destacado sobre el borrador, por parte de la Junta de Comunidades, es que Castilla-La Mancha dispondrá de más agua en comparación al Plan de 1998. ¿Podría detallar cuáles son las asignaciones de agua que aumentan?
Aumentan en dos aspectos, en que hay más agua y además podemos utilizar más agua. Para la provincia de Cuenca, por ejemplo, hay dos dotaciones nuevas de agua que no estaban recogidas en el plan actual, de once hectómetros cúbicos, seis de ellos para la capital de Cuenca. Se establecen también seis hectómetros cúbicos para futuros desarrollo industriales, que va a beneficiar a pequeños pueblos de Cuenca y Albacete que tenían estancado su desarrollo por no tener agua. Además, podemos usar más agua. Una petición justa es la de los regantes de la Mancha Oriental, porque de nada sirve el reconocimiento de poder disponer de 145 hectómetros cúbicos para riego si al final solo puedes disponer de 30, por las obras que hay, que es lo que está pasando. El borrador recoge las obras de la segunda fase de sustitución de bombeos, que han de iniciarse en 2014 y que van a permitir a nuestros regantes usar el agua que tienen reconocida. En cifras globales, en la planificación de 1998 las dotaciones reconocidas a la región eran de unos 3.800 metros cúbicos; en la actualidad las dotaciones se incrementan en 425.
Cospedal ha repetido que un principio básico en la gestión del agua es el de la prioridad de la cuenca cedente. En el caso del borrador del Plan del Júcar, ¿qué medidas concretas se han establecido para garantizarlo?
Haría una reflexión previa y es que trabajamos sobre el respeto a las sentencias de los tribunales. En 2004 hubo una sentencia que daba la razón a Castilla-La Mancha pero los gobiernos socialistas no hicieron nada. Dicho esto, el plan recoge el principio de prioridad como principio básico.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z8FD75D16-DE85-4CEF-A53FA16696476036/20130917/nada/sirve/hacer/agua/guerra/ha/hecho/tantos/años/tierra

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, durante su asistencia al Consejo Consultivo de Política Agrícola

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, espera que el plan que presentará el Gobierno el viernes contra los robos en el campo incluya un aumento de las penas, sobre todo para castigar la reincidencia.

Soriano respondió así, antes de participar en el Consejo Consultivo de Agricultura que se celebró este lunes en Madrid, a preguntas sobre el plan que dará a conocer el Gobierno este viernes para combatir los robos en explotaciones agrarias.

«Nosotros hemos solicitado desde Castilla-La Mancha -y hemos hablado también con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete- para que, sobre todo, se penalice la multirreincidencia», afirmó Soriano.

Confió en que, «tal y como dijo el ministro», la reforma del Código Penal vaya en esa línea.

Según Soriano, en Castilla-La Mancha existen «bastantes problemas», en el sentido de que algunas sustracciones no se consideran delito o el género robado no llega a un importe determinado, «tal y como nos dicen las Fuerzas de Seguridad».

A su juicio, el incremento de los robos, aparte de pérdidas económicas, está generando «alarma» en el medio rural y el Gobierno debe «responder a esta situación».

Limitar trasvases de ayudas de la PAC entre sectores

En otro orden de cosas, la consejera de Agricultura defendió que se limite al máximo el posible trasvase de ayudas entre diferentes sectores en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2014-2020.

La consejera recordó que, una vez cerrados los grandes temas de cara a la nueva PAC, quedan asuntos pendientes que se están abordando este mes en los Grupos de Alto Nivel –conformados por el Ministerio y las CCAA- para cerrar definitivamente el modelo español.

En concreto, estos grupos están abordando temas como la creación de las ‘comarcas agrarias’; la decisión de a qué se considera agricultor activo y, por tanto, puede recibir ayudas; los sectores acoplados que recibirán ayudas a través del llamado sobre nacional; y cuáles serán las zonas con limitaciones naturales, ya sea por lejanía, alta montaña u otros motivos, que podrán recibir ayudas durante los próximos siete años.

Sobre el primer asunto, la titular de Agricultura de Castilla-La Mancha incidió en que esas comarcas sean “lo más unitarias posibles desde el punto de vista agrario porque, de lo contrario, se podrían dar grandes trasvases de fondos entre sectores, lo que introduciría distorsiones”.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.clm24.es/articulo/actualidad/clm-espera-aumento-penas-nuevo-plan-robos-campo/20130916134851021571.html

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes día 20 una reforma del Código Penal que, entre otras cuestiones, incluirá un endurecimiento de las penas por los robos en el campo, así como contra los autores de incendios forestales, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete en una comparecencia en Jerez. Sobre el primer tema, además de incrementar las condenas se aplicará el agravante de que no sólo se valorará lo sustraído, sino los daños materiales provocados y los efectos que tendrá en las actividades de la explotación para reponer lo robado. En los incendios forestales, se decidirá que estos casos sean juzgados por jueces ordinarios y no por jurados.

   En su intervención, Miguel Arias Cañete, sí quiso dejar claro que con esta reforma se va a cumplir, en primer lugar, el acuerdo alcanzado en su día con la organización ASAJA, cuyo presidente Pedro Barato se reunió con él y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, antes del verano para estudiar una modificación del Código Penal ante el incremento de los robos en el campo y la cada vez más creciente preocupación de los agricultores ante estos asaltos a las explotaciones.

    En este sentido, sin entrar en detalles, el ministro sí recalcó que lo que se va es a proceder «a un endurecimiento de las penas, aunque no a una tipificación de los delitos. Los hurtos son hurtos y los robos, robos. Lo que se quiere hacer es pasar a sancionar con unas penas más duras que permitan que ya no sean faltas, que era el verdadero problema del sector, que siempre eran faltas, faltas y faltas y no les afectaba la reincidencia».

   Por eso, ahora lo que se pretende es que los ladrones tengan sanciones más fuertes y que paguen no sólo por el material sustraído, sino que también se tenga en cuenta los destrozos que ocasionan y las consecuencias que generan en la actividad de las explotaciones, de forma que no sea «tan rentable» este tipo de asaltos.

Penas de uno a tres años ante la oleada de robos

    Aunque Miguel Arias Cañete no quiso detallar ningún pormenor de la reforma, ya que deja este anuncio al propio Ministerio de Justicia, su reconocimiento de que la reforma recogerá lo pactado con ASAJA en su momento, hace presagiar que se podría incluir condenas que irían entre uno y tres años.

   Como señalaba este mes de junio responsables de esta organización agraria, las  penas que baraja el Ministerio de Justicia irían de entre uno y tres años para aquellos robos o asaltos a explotaciones agrarias o, como se recogerá en la nueva reforma, «lugares desprotegidos fuera de núcleos urbanos vinculados con carácter agrícola y ganadero».

    Ya entonces, las mismas fuentes, que confiaban que la reforma entrase en vigor en octubre, como así va a ser, el endurecimiento las condenas afectarán a conducciones de suministro eléctrico, telecomunicaciones, cobre o riego, además de tenerse en cuenta la reparación de los daños colaterales que se hayan cometido, como costes y tiempo de reparación o la interrupción del trabajo, tal y como dejó entrever este viernes el propio Arias Cañete.

Tipificación más clara en los incendios forestales

    Dentro de esa reforma del Código Penal que va a presentar esta semana el Ministerio de Justicia, se incluirá un endurecimiento de las penas para los autores de los incendios y que sea un juez quien decida las sanciones, sin que tengan que intervenir los jurados, como sucede hasta ahora, segúnavanzó también el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien ha mostrado asimismo su preocupación por el alto número de incendios ocurridos este final de año en Galicia, de los que la mayoría "han podido ser provocados".

   El ministro aseguró que el problema de cómo afrontar los incendios tiene dos vertientes distintas. Por un lado está que "las penas  de privación de libertad son muy reducidas". La otra, que el sistema judicial que las juzga, con jurados, "no está dando los resultados que esperábamos".

    Respecto a la primera, la reforma del Código Penal que el Gobierno va a llevar al Consejo de Ministros de las próxima semana "se ha introducido un endurecimiento muy notables de las penas de condena por los incendios forestales cuando pueda haber una circunstancias muy específicas, como es un peligro para la vida de las personas, que afecte a núcleos de población o que provoquen daños medioambientales", destacó el ministro. Asimismo, también habrá una "mejor definición de los tipos para que puedan ser sancionados".

Mejor un juez ordinario que un jurado

   En relación a la segunda vertiente, Miguel Arias detalló que estos incendios tiene una "peculiariedad que les hace difícil ser sancionados. Y es que en nuestro sistema judicial es el jurado el que determina la culpabilidad del infractor en los incendios forestales. Y los jurados se eligen en las zonas donde está el Juzgado competente para esta situación y lo que sucede es que como los jurados, en lo sitios pequeños, se conocen todos a todos, es muy difícil que establezcan una condena a un vecino con el que va a convivir mucho tiempo".

   Por eso, el Gobierno cree que debe ser un juez ordinario el que juzgue los delitos, sin la intervención del jurado. "Con estas dos vertientes, endurecimiento de las penas y que sea el juez quien lo haga puede cambiar completamente la situación"., aseveró el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

    Además, Miguel Arias Cañete ha mostrado su gran preocupación por el final del verano en Galicia, por el viento nordeste y por el alto número de incendios "intencionados, porque es imposible que haya este número en una sola comunidad. No es normal".

ENLACE  A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agroinformacion.com/noticias/78/espana/65427/la%20reforma%20del%20codigo%20penal%20endurecera%20este%20viernes%20las%20penas%20por%20robos%20agrarios%20e%20incendios.aspx

En el 2011 se puso en marcha en Tinajeros (Albacete)una experiencia piloto de vigilancia ante el aluvión de robos que se habían registrado en explotaciones agrarias, con el cobre como principal reclamo para los amantes de lo ajeno. Según recuerda Herminio Molina, secretario de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), de esta manera se quería poner coto a una situación de inseguridad que llegó a ser «insostenible, con una oleada tremenda de sustracciones no por pequeños rateros, sino por bandas perfectamente organizadas con ojeadores, ejecutores del robo, controladores, y especialistas en la fuga».
Añade Molina que visto lo visto y teniendo en cuenta que la administración competente no tenía medios para cubrir todo el territorio, a iniciativa de la Jcrmo y de la empresa Unión Protección Civil, se ofreció a los agricultores la posibilidad de que por un euro o euro medio por hectárea al mes, contar con este servicio cuyo cometido no es detener sino ver, controlar e identificar cualquier movimiento sospechoso y dar cuenta a la Guardia Civil para que actúe, «pues los agricultores -dice Molina- no somos policías».  
El tiempo transcurrió y los robos pasaron de ser algo habitual a prácticamente desaparecer, por lo que  dos años después, no sólo hay vigilancia privada en Tinajeros, sino que también se ha extendido a otros municipios de la provincia albaceteña como Barrax y La Roda, «de manera que hoy por hoy 10.000 hectáreas de regadío de la provincia, un 10% del total, están bajo esta protección».  De hecho, en lo que va de año únicamente en una finca de Barrax ha habido una sustracción de varios aspersores, pero no así de cables de pivotes -unos artículos que en otros tiempos llegó a representar el 80% de lo que se robaba en las explotaciones agrarias albacetenses-, ni de transformadores, aunque en este caso, indica Molina, es más el daño que ocasionan al agricultor que el dinero que pueden obtener por lo robado y sin perder de vista que, el cobre se está cotizando en el mercado sobre unos seis euros el kilo.
No obstante, en opinión del secretario de la Jcrmo, pese a la actitud disuasoria de esta acción y el trabajo llevado a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desmantelado redes y chatarrerías clandestinas, esto no va parar hasta que no se cambie el Código Penal y se incrementen las penas de prisión por esos hechos.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z5CB7B46C-EA5C-6D4E-20FEE1378FD20897/20130916/regadios/mancha/oriental/confian/vigilancia/privada

El Ministerio de Agricultura lleva meses trabajando en simulaciones con distintos tipos de modelos de regionalización, con el fin de valorar cuál se adapta mejor a la diversidad agrícola española y produce una menor transferencia de importes de ayudas, en la aplicación de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC).
En una respuesta parlamentaria al diputado socialista Alejandro Alonso, el Gobierno asegura que el modelo más adecuado a estos objetivos se basa en una división territorial por agrupaciones de comarcas agrarias, con importes homogéneos de ayudas y por tipo de superficie.
«La comarca, como agregación de municipios con las mismas características agronómicas, es la mejor aproximación a las realidades agrarias de nuestro país, distinguiendo dentro de cada una de ellas, cuatro tipos de superficies cultivadas (cultivos herbáceos de secano, de regadío, cultivos permanentes y pastos», afirma el Ejecutivo.

Consenso. Pese a ello, el Gobierno subraya que la delimitación definitiva de las regiones será uno de los resultados del acuerdo que se alcance con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias.
No obstante, en la respuesta parlamentaria, el Ministerio de Agricultura afirma que uno de los grandes logros alcanzados por este país en las negociaciones de la reforma de la PAC ha sido haber conseguido la flexibilidad necesaria, de manera que se adapte a las peculiaridades de las agriculturas de los distintos estados miembros y, en particular, la española, pero «sin perder la coherencia y equilibrio» que le otorga su carácter de Política Común.
Por ello, el Ministerio asegura que se pondrá en marcha en nuestro país un modelo de aplicación nacional de la PAC que tenga en cuenta las diferentes realidades agrarias y, para ello, buscará el máximo consenso con las comunidades autónomas y asociaciones agrarias, para definir un sistema de regionalización adecuado a la diversidad de la agricultura española y que conlleve la menor transferencia posible de importes de ayuda entre sectores productivos y territorios y, con ello, entre beneficiarios.
En este sentido, la apuesta del Ministerio se centra en la aplicación de un modelo nacional basado en comarcas agrarias, de manera que queden contempladas sus distintas condiciones productivas.
«Un sistema de regionalización, adecuado a la diversidad de realidades agrarias de nuestro país, y que minimice los trasvases de fondos entre sectores, con una convergencia efectiva de ayudas entre agricultores dentro cada comarca muy limitada», concluye el Gobierno.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z5CD316F7-9A5A-A0DA-E6E60AF209751369/20130916/moncloa/defiende/importes/homogeneos/ayudas/comarcas/agrarias

http://economia.elpais.com/economia/2013/09/13/actualidad/1379065989_627693.html

Sentar unas reglas del juego claras son fundamentales para evitar conflictos. El nuevo plan hidrológico de cuenca del Júcar (PHJ), que se encuentra en fase de exposición pública, deja abierta a la interpretación cuestiones que los regantes de la Ribera del Júcar consideran fundamentales.

El secretario de la Unión Sindical de Regantes del Júcar (USUJ), Juan Valero de Palma, explica a LA RAZÓN que el documento copia del anterior plan, vigente desde 1998, la redacción del artículo en el que habla de la asignación y la reserva de recursos en el sistema Júcar. «Dentro de estos usos existentes, y dejando a salvo los de abastecimiento, se otorga la mayor prioridad a los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar».

Para los regantes, esta afirmación es una mera declaración de intenciones que debe concretarse, si no en este documento, en el plan de explotación que ha de elaborarse en los seis meses siguientes a la aprobación del de cuenca.

La importancia de estas reglas es fundamental para atender situaciones que se repiten cada vez que el río atraviesa una época de sequía. Valero de Palma incide en que es necesario que al menos el plan de explotación concrete de qué manera y en que porcentaje se ponen en marcha las restricciones. De esta manera, los regantes pueden tener una previsión más clara del agua con la que pueden contar. Insiste en la necesidad de llevar a cabo una buena planificación para que las sequías afecten lo menos posible a los cultivos.

En cualquier caso, es complicado que llegada una época de escasez de lluvias los agricultores no salgan perjudicados de una manera u otra. En el mejor de los casos, puede ocurrir que se vean obligados a utilizar los pozos de sequía, a tirar mano de los acuíferos. Esto supone un importante incremento en el precio del agua, puesto que aumenta el coste energético.

También puede ocurrir que se pierda la cosecha. «En los años 90 se perdieron cultivos de arroz y en la sequía de 2004 a 2008 también se abandonaron huertas». Para ambos casos, USUJ considera imprescindible que el plan de explotación regule qué tipo de indemnizaciones deben recibir los agricultores.

La tesis que defienden los regantes valencianos es que el hecho de que los abastecimientos urbanos tengan prioridad sobre los cultivos no quiere decir que no tengan que recibir compensación por el agua que los regadíos dejan de utilizar. La inclusión de un régimen de indemnizaciones en el plan de explotación ahorraría muchos problemas a los regantes, especialmente en las tensas relaciones que viven con Albacete.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/3635849/local+comunidad-valenciana/los-regantes-del-jucar-piden-un-plan-de-cuenca

La consejera de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha estimado que en torno a 118.000 agricultores y ganaderos de la región se verán beneficiados de la decisión del Gobierno regional de adelantar a partir del 16 de octubre el 50 por ciento de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) del próximo año, lo que supondrá una inyección económica de 300 millones para el sector.

Así lo ha señalado la consejera esta tarde ante los medios en Guadalajara, donde ha indicado que esta decisión la ha tomado el Gobierno de María Dolores Cospedal después de que el Comité de Pagos de la Unión Europea haya dado el visto bueno al anticipo de los pagos directos de la PAC del año 2013 a los productores de la UE, siempre que los gobiernos regionales así lo quieran.

Soriano ha indicado que el Gobierno regional hará uso de esta posibilidad -que precisamente era una petición que la Junta hizo a la Unión Europea- debido a la importancia de que “el dinero llegue cuanto antes a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha”.

Asimismo, ha avanzado que los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura “ya están trabajando para tener listos los expedientes y transferir los fondos con celeridad”. El resto de pagos directos se abonarán a partir del 1 de diciembre.

La consejera de Agricultura ha destacado que en la actual campaña el “excelente trabajo de los técnicos ha posibilitado que los dos primeros meses y medio de campaña llegaran al sector el 95 por ciento de los fondos, y en esa línea queremos seguir trabajando para favorecer a nuestros agricultores y ganaderos”.

María Luisa Soriano ha recordado que el año pasado se adelantaron otros 300 millones a 118.185 productores de la región. Por provincias, Ciudad Real contó en 2012 con 38.703 beneficiarios del anticipo, que percibieron 83,7 millones. Le siguieron Toledo, con 33.940 beneficiarios y 73,8 millones; Cuenca, con 20.814 beneficiarios y 60,3 millones; Albacete, con 19.139 beneficiarios y 55,3 millones; y Guadalajara, con 5.589 beneficiarios y 26,8 millones.

ENLACE  ANOTICIA ORIGINAL: http://www.elpueblodealbacete.com/noticias/48626-soriano-estima-que-unos-118000-agricultores-y-ganaderos-se-beneficiaran-del-adelanto-de-300-millones-de-las-ayudas-pac/

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, presidió este jueves la inauguración de la infraestructura hidráulica de riego de Riba-roja del Túria, donde aseguró que el Consell «va a defender siempre la llegada del agua en la cantidad suficiente y a un precio asequible para poder ser competitivos en nuestros productos«, según informó el Gobierno valenciano en un comunicado.

Durante su intervención, Fabra valoró el esfuerzo del sector agrario en la Comunidad, que en momentos como el actual, está «generando empleo» y ha «contribuido a dinamizar la economía» con un nivel de exportaciones que asciende a 5.000 millones de euros en el último año, así como más de 100.000 puestos de trabajo generados.

Asimismo, se refirió a la modernización de las infraestrucutras hidráulicas realizada conjuntamente entre administraciones y agricultores, que ha supuesto una inversión superior a los 1.100 millones de euros. «Un esfuerzo necesario que ahora nos legitima para reclamar el agua que necesita nuestra tierra y que, además, nos permite depurar 500 hm3 al año y triplicar la media estatal, liderando también la reutilización en España«, agregó.

El jefe del Consell destacó que el Gobierno de España está realizando la planificación hidrológica de nuestras cuencas, y ello es «determinante para la defensa del agua». Al respecto, reiteró que el Consell va a defender siempre la llegada del agua «en la cantidad suficiente y a un precio asequible para poder ser competitivos en nuestros productos».

Así, brindó «todo el respaldo del Consell» a los agricultores y puso como ejemplo el recurso que se ha presentado conjuntamente, entre la Generalitat y los agricultores, y que hace referencia a la demarcación de la delimitación de la Cuenca del Júcar, «donde defendemos los intereses y los derechos de los agricultores, que son fundamentales para la economía de nuestra Comunidad», concluyó.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/13/valencia/1379053277.html