El secretario del Agua del PSOE de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, señaló ayer que las declaraciones que realizó en Lorca (Murcia) el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en las que aseguró que los servicios jurídicos de su Ministerio «trabajan para que el Memorándum» que en su día firmaron los Gobierno de Murcia y Valencia con el Gobierno central sobre el Tajo-Segura «adquiera rango de ley» demuestran a las claras que «Cospedal ha traicionado a Castilla-La Mancha».
Para Luengo, estas afirmaciones «no pueden ser más desastrosas» para la región y vienen a poner de manifiesto que «lejos de trabajar en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, Cospedal, por detrás, ha vendido a nuestra comunidad autónoma en materia de agua y lo ha hecho por sus intereses partidistas», informó el PSOE en nota de prensa.
El responsable socialista indicó que tanto Cospedal como el resto de los miembros del Ejecutivo regional, «que tanto han alardeado del borrador del plan de cuenca del Tajo, conocían las verdaderas intenciones que había tras la firma de este Memorándum, y que nosotros hemos advertido en numerosas ocasiones y lo más grave es que además no han hecho nada para evitarlo».
De confirmarse las intenciones de Cañete de dar rango de ley a este Memorándum, en opinión de Luengo, supondría que «todas» las posibilidades de desarrollo económico para Castilla-La Mancha que pudiera traer consigo el plan del Tajo quedarían «totalmente» truncadas. «El plan del Tajo se convertiría en papel mojado y Castilla-La Mancha sería una colonia hídrica del Levante, con un Tajo que más que un río sería un estercolero», añadió.

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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, manifestó ayer que los servicios jurídicos trabajan en estos momentos para que el Memorándum Tajo-Segura adquiera rango de ley «y en ver que otros aspectos, sin embargo, no tienen que tener esa regulación a tan alto nivel porque puedan ser modificables más fácilmente».
Pero, subrayó, las preocupaciones fundamentales y factores que preocupan a los regantes «están consolidados en una norma que les garantice la máxima estabilidad».
En la pedanía La Campana en Lorca (Murcia), donde el ministro presentó las obras para el desarrollo de nuevas infraestructuras de distribución de agua desalada, procedente de la planta de Águilas hasta el Valle del Alto Guadalentín, Arias Cañete recordó que el Memorándum es un acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Regantes «y por lo tanto tiene unos compromisos firmes que tendrán su encaje normativo en normas de distinto rango».
«Puede haber normas, prosiguió su explicación, que tengan que tener una regulación a nivel de ley y que por su naturaleza tenga que tener un desarrollo reglamental». En este momento, acentuó el ministro, «estamos analizando cuál es la mejor forma jurídica».
Al hilo indicó, a preguntas de los medios, que el Memorándum es bueno porque está «muy dialogado y pactado» y ha sido el eje fundamental para sacar a exposición pública el Plan del Tajo, por lo tanto, «ahí ha habido un esfuerzo de consenso, de búsqueda de compromisos para garantizar las preocupaciones naturales de los regantes, que quieren tener la seguridad de que van a tener abastecimiento de agua y también de otras cuencas, de las excedentes».
Arias Cañete destacó, en este sentido, el esfuerzo «de conciliación y concordia» muy importante, en su opinión, y que «va a permitir el funcionamiento normal del trasvase Tajo-Segura, con garantía de seguridad jurídica, que no existía anteriormente, y estabilidad».
«Siempre que se hace planificación hidrológica hay preocupación porque el agua es muy necesaria», apostilló Arias Cañete, tras indicar que «si el Partido Socialista fue incapaz en el año 2009 de cerrar los planes hidrológicos es porque requieren mucho diálogo, consenso y negociación, y nosotros hemos dedicado muchas horas de diálogo a poder buscar el consenso básico, que se recogió en un Memorándum».
Y ahí, resaltó, «las aspiraciones de las comunidades de regantes, de las comunidades autónomas y la lógica preocupación del Gobierno de España de equilibrar las cuencas, se han plasmado en un documento; ahora estamos viendo como ese documento de intenciones se plasman en textos normativos».
Una vez que estos textos normativos estén encima de la mesa habrá una mayor tranquilidad «y las aguas volverán a su cauce», pero, señaló, la planificación hidrológica en España «no es fácil».

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El portavoz del Grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado esta mañana que el PSOE presentará alegaciones al plan de Cuenca del Tajo, cuyo plazo se cierra el próximo viernes, día 20, en las que, entre otras cuestiones, exigirá “una reserva estratégica de 900 hectómetros cúbicos de agua en los pantanos de cabecera del río para asegurar el desarrollo presente y futuro de las tres comunidades autónomas de la Cuenca del Tajo y una notable elevación de los caudales ecológicos mínimos que debe llevar el Tajo a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera”.

Martínez Guijarro se pronunciaba de esta manera esta mañana, en una comparecencia ante los medios de comunicación, en Toledo, en la que cifraba esos caudales mínimos en “11 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, 14 en Toledo y 16 en Talavera de la Reina. Esas son las cifras imprescindibles a partir de las que al Tajo se le puede llamar río”.

Guijarro justificaba todos estos números “en los documentos de análisis que hicieron técnicos de la propia Confederación Hidrográfica del Tajo durante los trabajos previos a la publicación del borrador del Plan”. Un hecho que le llevaba a señalar que “es de esperar que el Gobierno de Castilla-La Mancha presente también alegaciones. Algo habrá que se pueda mejorar de ese borrador del Plan desde la perspectiva de Castilla-La Mancha”.

No obstante, el portavoz socialista en el Parlamento regional contraponía “todo lo que están haciendo y diciendo los Gobiernos de Murcia y Valencia frente al silencio y la pasividad del Gobierno de Cospedal”.

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El pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha expresado, su apoyo al memorandum que firmaron los gobiernos de la Región Murcia y la Comunidad Valenciana con el Ministerio de Agricultura y Agua, en el que se determinan diversos acuerdos sobre el Trasvase del Tajo.

 El acuerdo se ha adoptado en la primera de las dos sesiones que ha celebrado la Corporación Municipal. Esta primera, de carácter extraordinario, había sido solicitada por los grupos municipales de la oposición para elaborar alegaciones conjuntas al proyecto del plan hidrológico de la cuenca del Tajo y debatir sobre el memorandum.

 Finalmente el debate se ha quedado en una declaración institucional en la que, además de apoyar el memorandum, se ha pedido que el mismo adquiera rango de ley y se ha mostrado la adhesión a las alegaciones del Sindicato Central de regantes.

 A favor de este acuerdo han votado PP, PSOE y Movimiento Ciudadano; mientras que IU-Verdes se ha abstenido al considerar que el memorandum no tiene en cuenta las necesidades reales de la Región, aunque su grupo defiende el trasvase Tajo-Segura.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.gacetacartagonova.com/2013/09/16/el-ayuntamiento-de-cartagena-a-favor-del-memorandum-sobre-el-trasvase-del-tajo/

La reforma eléctrica aprobada por el Gobierno central a mediados del pasado mes de julio continúa preocupando a los regantes extremeños pues supondrá un aumento de los costes en un 15% aproximadamente. El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, mantuvo ayer una reunión con los responsables de las federaciones de regantes del Guadiana y del Tajo, en la que abordaron las tarifas eléctricas que se aplicarán en el sector tras la reforma eléctrica del Ministerio de Industria, según informó el Ejecutivo regional en una nota de prensa. Según ha manifestado el Consejero, las nuevas tarifas hacen que la situación del sector “sea insostenible”, más aún cuando los regantes han hecho “un enorme esfuerzo” por la modernización de sus explotaciones para ahorrar agua y energía; y con esta reforma del Ejecutivo central “rieguen o no rieguen le penalizan de la misma forma con esta subida de tarifas”. Echávarri ha mostrado su apoyo al sector y ha señalado que trasladará sus reivindicaciones tanto al Ministerio de Industria, autor de la reforma, como al de Agricultura. Además, ha explicado que la próxima semana presentará en el Parlamento regional una propuesta “con el objetivo de que todos los grupos reivindiquemos y apoyemos a un sector que no pide esto por capricho, sino que es un sector que ha hecho un gran esfuerzo y que no pueden marcar los precios en sus productos, sino que les vienen marcados”. La nueva reforma energética prevé la aplicación de un modelo de ‘tarifa plana’ en el que se aumenta el peso de los costes fijos (potencia) en detrimento de los costes variables (consumo), de forma que el pago de la factura dependería en menor medida del consumo real. Esto perjudicaría especialmente a un sector de gran importancia en la comunidad autónoma extremeña, como es el caso de los regantes.

Agricultura trasladará las quejas de los regantes extremeños contra el nuevo modelo de tarifa eléctrica,Extremadura.-Economía y empresa Expansión.com

La reforma eléctrica aprobada por el Gobierno central a mediados del pasado mes de julio continúa preocupando a los regantes extremeños pues supondrá un aumento de los costes en un 15% aproximadamente.

El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, mantuvo ayer una reunión con los responsables de las federaciones de regantes del Guadiana y del Tajo, en la que abordaron las tarifas eléctricas que se aplicarán en el sector tras la reforma eléctrica del Ministerio de Industria, según informó el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Según ha manifestado el Consejero, las nuevas tarifas hacen que la situación del sector “sea insostenible”, más aún cuando los regantes han hecho “un enorme esfuerzo” por la modernización de sus explotaciones para ahorrar agua y energía; y con esta reforma del Ejecutivo central “rieguen o no rieguen le penalizan de la misma forma con esta subida de tarifas”.

Echávarri ha mostrado su apoyo al sector y ha señalado que trasladará sus reivindicaciones tanto al Ministerio de Industria, autor de la reforma, como al de Agricultura.

Además, ha explicado que la próxima semana presentará en el Parlamento regional una propuesta “con el objetivo de que todos los grupos reivindiquemos y apoyemos a un sector que no pide esto por capricho, sino que es un sector que ha hecho un gran esfuerzo y que no pueden marcar los precios en sus productos, sino que les vienen marcados”.

La nueva reforma energética prevé la aplicación de un modelo de ‘tarifa plana’ en el que se aumenta el peso de los costes fijos (potencia) en detrimento de los costes variables (consumo), de forma que el pago de la factura dependería en menor medida del consumo real. Esto perjudicaría especialmente a un sector de gran importancia en la comunidad autónoma extremeña, como es el caso de los regantes.

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 Los socialistas recuerdan que el plazo de presentación de alegaciones finaliza este viernes, por lo que es necesario “incrementar la presión y la movilización para que este plan no se ejecute y todo quede como hasta ahora”

El responsable de Agricultura, pesca y agua de los socialistas de la provincia de Alicante, Manuel Aldeguer, realizará esta misma tarde, en el municipio de Benferri, una charla organizada por el consistorio con regantes y público en general de la comarca y de la provincia, en la que informará sobre las consecuencias que para “la agricultura, la economía y los ciudadanos en general, puede tener la aprobación del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo” realizada por el gobierno central y que, en periodos de sequía “significaría que no nos llegaría ni una gota de agua desde el trasvase Tajo-Segura” al tiempo que insistirá en la presentación de alegaciones al mismo.

Y es que como ha recordado Aldeguer, ex Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, el plazo para la presentación alegaciones contra dicho plan -que eleva la reserva de cabecera del Tajo para permitir trasvases, de los 240 hm3 actuales a 400- finaliza el próximo viernes, y para la presentación de las mismas, el PSPV ofrece un modelo tipo de alegaciones.

Así, ha destacado el papel fundamental de la alegación contra este proyecto, no sólo por parte de las instituciones, regantes o partidos políticos, sino también por los propios ciudadanos “ya que el agua para beber también se ve afectada. Las restricciones podrían afectar al mismo tiempo al agua de consumo humano ya que la mitad de la que sirve la Mancomunidad de Canales del Taibilla a toda la zona sur de Alicante también proviene del trasvase” ha informado.

En este sentido, el dirigente socialista a insistirá en que, con la reserva de 400 hectómetros cúbicos que pretende el gobierno del PP “la mitad de los años que lleva el trasvase funcionando no habría llegado ni una sola gota de agua a nuestras tierras” por lo que se debe “intensificar incrementar la presión y la movilización para que este plan no se ejecute y todo quede como hasta ahora”.

Para los socialistas, esta propuesta acarrea consecuencias muy negativas para la economía y calidad de vida de los agricultores incluidos en el área regable del Acueducto Tajo Segura, y de todos los usuarios de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, con lo cual perjudica directamente a la provincia de Alicante. En este sentido, Aldeguer ha afirmado que “no puede resolverse el problema de un tramo del río Tajo, que está causado por la mala calidad de las aguas que llegan mal depuradas, y que además pueden regularse, produciendo un grave perjuicio económico en el área regada por el Trasvase Tajo Segura, y afectando a millones de habitantes que tienen como recurso principal para beber, el agua del Trasvase”.

Aldeguer ha afirmado que “hay agua suficiente para resolver ambos problemas acometiendo las obras necesarias que tienen garantizada su rentabilidad desde el punto de vista ambiental, económico, y también social”.

Es por esto, que el dirigente socialista resalta la necesidad de que se mantenga o incremente la riqueza creada gracias al Trasvase Tajo-Segura con las posibilidades actuales de trasvase, y no elevando la reserva existente y contemplada tanto en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 como en el Plan Hidrológico del Tajo vigente, de 240 hm3, al tiempo que propone que se prioricen las inversiones en depuración de aguas residuales de las grandes poblaciones que vierten, directa o a través de otros cauces, al río Tajo.

Pero además, Aldeguer alertará también sobre “la letra pequeña de dicho proyecto que eleva las reservas estratégicas para poder trasvasar, no a los 400 hectómetros cúbicos anunciados, sino hasta los 580 hectómetros cúbicos (en estos momentos 240 hectómetros)». Y es que a los 400 hectómetros cúbicos que plantea el proyecto, se han de sumar otros 180 hectómetros más que salen de la suma de ochenta destinados a las reservas futuras para las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, y hasta 100 hectómetros al caudal ecológico del Tajo a su paso por Talavera.

 ENLACE A NOTICA ORIGINAL: http://www.elperiodic.com/palicante/noticias/259015_pspv-psoe-provincial-insta-regantes-ciudadanos-general-alegar-contra-desmantelamiento-trasvase-tajo-segura.html

Desde que se dio a conocer el borrador del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, se ha destacado, desde la Junta y el Ministerio, el alto grado de consenso logrado. Sin embargo, importantes comunidades de usuarios, como la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, ya han anunciado públicamente su rechazo al mismo, tanto a las obras aprobadas, como la sustitución de bombeos, como a las asignaciones de agua a Albacete. Así pues, ¿no hay riesgo de que este consenso se resquebraje cuando estas comunidades presenten sus alegaciones?
La obligación del Gobierno de Castilla-La Mancha es defender con rigor y firmeza los intereses de nuestros ciudadanos, pero hacerlo desde la lealtad, porque de nada sirve hacer del agua una guerra, como se ha hecho durante tantos años en esta tierra. Era una cortina de humo, una forma de ocultar la incapacidad del Gobierno socialista para resolver los problemas en materia de agua. Nosotros creemos que hay que garantizar las necesidades de Castilla-La Mancha en materia de agua, pero desde la lealtad. Creo que eso es la garantía del consenso básico. El plan del 98 se cerró con un altísimo grado de consenso y confío que el que está en marcha obtenga el mismo grado de consenso.
Otro aspecto que se ha destacado sobre el borrador, por parte de la Junta de Comunidades, es que Castilla-La Mancha dispondrá de más agua en comparación al Plan de 1998. ¿Podría detallar cuáles son las asignaciones de agua que aumentan?
Aumentan en dos aspectos, en que hay más agua y además podemos utilizar más agua. Para la provincia de Cuenca, por ejemplo, hay dos dotaciones nuevas de agua que no estaban recogidas en el plan actual, de once hectómetros cúbicos, seis de ellos para la capital de Cuenca. Se establecen también seis hectómetros cúbicos para futuros desarrollo industriales, que va a beneficiar a pequeños pueblos de Cuenca y Albacete que tenían estancado su desarrollo por no tener agua. Además, podemos usar más agua. Una petición justa es la de los regantes de la Mancha Oriental, porque de nada sirve el reconocimiento de poder disponer de 145 hectómetros cúbicos para riego si al final solo puedes disponer de 30, por las obras que hay, que es lo que está pasando. El borrador recoge las obras de la segunda fase de sustitución de bombeos, que han de iniciarse en 2014 y que van a permitir a nuestros regantes usar el agua que tienen reconocida. En cifras globales, en la planificación de 1998 las dotaciones reconocidas a la región eran de unos 3.800 metros cúbicos; en la actualidad las dotaciones se incrementan en 425.
Cospedal ha repetido que un principio básico en la gestión del agua es el de la prioridad de la cuenca cedente. En el caso del borrador del Plan del Júcar, ¿qué medidas concretas se han establecido para garantizarlo?
Haría una reflexión previa y es que trabajamos sobre el respeto a las sentencias de los tribunales. En 2004 hubo una sentencia que daba la razón a Castilla-La Mancha pero los gobiernos socialistas no hicieron nada. Dicho esto, el plan recoge el principio de prioridad como principio básico.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z8FD75D16-DE85-4CEF-A53FA16696476036/20130917/nada/sirve/hacer/agua/guerra/ha/hecho/tantos/años/tierra

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, durante su asistencia al Consejo Consultivo de Política Agrícola

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, espera que el plan que presentará el Gobierno el viernes contra los robos en el campo incluya un aumento de las penas, sobre todo para castigar la reincidencia.

Soriano respondió así, antes de participar en el Consejo Consultivo de Agricultura que se celebró este lunes en Madrid, a preguntas sobre el plan que dará a conocer el Gobierno este viernes para combatir los robos en explotaciones agrarias.

«Nosotros hemos solicitado desde Castilla-La Mancha -y hemos hablado también con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete- para que, sobre todo, se penalice la multirreincidencia», afirmó Soriano.

Confió en que, «tal y como dijo el ministro», la reforma del Código Penal vaya en esa línea.

Según Soriano, en Castilla-La Mancha existen «bastantes problemas», en el sentido de que algunas sustracciones no se consideran delito o el género robado no llega a un importe determinado, «tal y como nos dicen las Fuerzas de Seguridad».

A su juicio, el incremento de los robos, aparte de pérdidas económicas, está generando «alarma» en el medio rural y el Gobierno debe «responder a esta situación».

Limitar trasvases de ayudas de la PAC entre sectores

En otro orden de cosas, la consejera de Agricultura defendió que se limite al máximo el posible trasvase de ayudas entre diferentes sectores en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2014-2020.

La consejera recordó que, una vez cerrados los grandes temas de cara a la nueva PAC, quedan asuntos pendientes que se están abordando este mes en los Grupos de Alto Nivel –conformados por el Ministerio y las CCAA- para cerrar definitivamente el modelo español.

En concreto, estos grupos están abordando temas como la creación de las ‘comarcas agrarias’; la decisión de a qué se considera agricultor activo y, por tanto, puede recibir ayudas; los sectores acoplados que recibirán ayudas a través del llamado sobre nacional; y cuáles serán las zonas con limitaciones naturales, ya sea por lejanía, alta montaña u otros motivos, que podrán recibir ayudas durante los próximos siete años.

Sobre el primer asunto, la titular de Agricultura de Castilla-La Mancha incidió en que esas comarcas sean “lo más unitarias posibles desde el punto de vista agrario porque, de lo contrario, se podrían dar grandes trasvases de fondos entre sectores, lo que introduciría distorsiones”.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.clm24.es/articulo/actualidad/clm-espera-aumento-penas-nuevo-plan-robos-campo/20130916134851021571.html

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes día 20 una reforma del Código Penal que, entre otras cuestiones, incluirá un endurecimiento de las penas por los robos en el campo, así como contra los autores de incendios forestales, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete en una comparecencia en Jerez. Sobre el primer tema, además de incrementar las condenas se aplicará el agravante de que no sólo se valorará lo sustraído, sino los daños materiales provocados y los efectos que tendrá en las actividades de la explotación para reponer lo robado. En los incendios forestales, se decidirá que estos casos sean juzgados por jueces ordinarios y no por jurados.

   En su intervención, Miguel Arias Cañete, sí quiso dejar claro que con esta reforma se va a cumplir, en primer lugar, el acuerdo alcanzado en su día con la organización ASAJA, cuyo presidente Pedro Barato se reunió con él y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, antes del verano para estudiar una modificación del Código Penal ante el incremento de los robos en el campo y la cada vez más creciente preocupación de los agricultores ante estos asaltos a las explotaciones.

    En este sentido, sin entrar en detalles, el ministro sí recalcó que lo que se va es a proceder «a un endurecimiento de las penas, aunque no a una tipificación de los delitos. Los hurtos son hurtos y los robos, robos. Lo que se quiere hacer es pasar a sancionar con unas penas más duras que permitan que ya no sean faltas, que era el verdadero problema del sector, que siempre eran faltas, faltas y faltas y no les afectaba la reincidencia».

   Por eso, ahora lo que se pretende es que los ladrones tengan sanciones más fuertes y que paguen no sólo por el material sustraído, sino que también se tenga en cuenta los destrozos que ocasionan y las consecuencias que generan en la actividad de las explotaciones, de forma que no sea «tan rentable» este tipo de asaltos.

Penas de uno a tres años ante la oleada de robos

    Aunque Miguel Arias Cañete no quiso detallar ningún pormenor de la reforma, ya que deja este anuncio al propio Ministerio de Justicia, su reconocimiento de que la reforma recogerá lo pactado con ASAJA en su momento, hace presagiar que se podría incluir condenas que irían entre uno y tres años.

   Como señalaba este mes de junio responsables de esta organización agraria, las  penas que baraja el Ministerio de Justicia irían de entre uno y tres años para aquellos robos o asaltos a explotaciones agrarias o, como se recogerá en la nueva reforma, «lugares desprotegidos fuera de núcleos urbanos vinculados con carácter agrícola y ganadero».

    Ya entonces, las mismas fuentes, que confiaban que la reforma entrase en vigor en octubre, como así va a ser, el endurecimiento las condenas afectarán a conducciones de suministro eléctrico, telecomunicaciones, cobre o riego, además de tenerse en cuenta la reparación de los daños colaterales que se hayan cometido, como costes y tiempo de reparación o la interrupción del trabajo, tal y como dejó entrever este viernes el propio Arias Cañete.

Tipificación más clara en los incendios forestales

    Dentro de esa reforma del Código Penal que va a presentar esta semana el Ministerio de Justicia, se incluirá un endurecimiento de las penas para los autores de los incendios y que sea un juez quien decida las sanciones, sin que tengan que intervenir los jurados, como sucede hasta ahora, segúnavanzó también el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien ha mostrado asimismo su preocupación por el alto número de incendios ocurridos este final de año en Galicia, de los que la mayoría "han podido ser provocados".

   El ministro aseguró que el problema de cómo afrontar los incendios tiene dos vertientes distintas. Por un lado está que "las penas  de privación de libertad son muy reducidas". La otra, que el sistema judicial que las juzga, con jurados, "no está dando los resultados que esperábamos".

    Respecto a la primera, la reforma del Código Penal que el Gobierno va a llevar al Consejo de Ministros de las próxima semana "se ha introducido un endurecimiento muy notables de las penas de condena por los incendios forestales cuando pueda haber una circunstancias muy específicas, como es un peligro para la vida de las personas, que afecte a núcleos de población o que provoquen daños medioambientales", destacó el ministro. Asimismo, también habrá una "mejor definición de los tipos para que puedan ser sancionados".

Mejor un juez ordinario que un jurado

   En relación a la segunda vertiente, Miguel Arias detalló que estos incendios tiene una "peculiariedad que les hace difícil ser sancionados. Y es que en nuestro sistema judicial es el jurado el que determina la culpabilidad del infractor en los incendios forestales. Y los jurados se eligen en las zonas donde está el Juzgado competente para esta situación y lo que sucede es que como los jurados, en lo sitios pequeños, se conocen todos a todos, es muy difícil que establezcan una condena a un vecino con el que va a convivir mucho tiempo".

   Por eso, el Gobierno cree que debe ser un juez ordinario el que juzgue los delitos, sin la intervención del jurado. "Con estas dos vertientes, endurecimiento de las penas y que sea el juez quien lo haga puede cambiar completamente la situación"., aseveró el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

    Además, Miguel Arias Cañete ha mostrado su gran preocupación por el final del verano en Galicia, por el viento nordeste y por el alto número de incendios "intencionados, porque es imposible que haya este número en una sola comunidad. No es normal".

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