La organización agraria UPA participa esta semana en una intensa ronda de reuniones para transmitir la postura de los agricultores y ganaderos profesionales españoles ante la nueva Política Agraria Común. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente envió la semana pasada un cuestionario a las organizaciones agrarias y a las Comunidades Autónomas para que tomaran posición sobre la aplicación nacional de la PAC.

“El viernes a las 11 de la mañana, Arias Cañete conocerá al detalle la posición de todo el sector, otra cosa es las decisiones que tome después”, declaran desde la organización. “Estamos preocupados porque en el cuestionario que nos ha enviado el Ministerio de Agricultura no es vinculante, y no sabemos lo que luego harán con nuestras respuestas”, apuntan.

Los agricultores y ganaderos están inquietos porque algunas cuestiones de las que están en el aire pueden cambiar radicalmente la PAC que finalmente se aplique los próximos seis años. Por ejemplo, el año que finalmente se tome como referencia -2011 o 2013- para concretar las ayudas podría permitir la entrada de especuladores al sistema. Otras partidas como las ayudas para jóvenes agricultores o de qué manera podrían entrar nuevos sectores como receptores de ayudas también provocan “intranquilidad” en el sector.

Mañana martes, UPA se reunirá con los técnicos de Agricultura para ir resolviendo dudas; el miércoles, los secretarios generales de las Uniones Territoriales de UPA se reunirán en Madrid y fijarán la posición de la organización y el jueves se cerrará el cuestionario para remitirlo finalmente el viernes al ministerio que dirige Arias Cañete.

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J. Sierra | valencia El Gobierno retiene desde hace al menos 15 días el Plan Hidrológico del Júcar pese a que el retraso en su elaboración, junto al de otros planes polémicos como el del Segura, representa una sanción de la Unión Europea a España de 200.000 euros al día (seis millones al mes y 72 millones al año). A estos importes hay que sumar los 100 millones pagados por el retraso de planes que deberían estar aprobados desde 2009, en aplicación de la Directiva Marco del Agua.

Después de meses de arremeter contra la «herencia recibida» en materia de planes hidrológicos, en los que el Gobierno Zapatero acumuló importantes retrasos, Miguel Arias Cañete está tropezando con la misma piedra: los intereses contrapuestos de cada comunidad autónoma y su distinto «peso» en el seno del Gobierno y del partido que lo sustenta.

Ya con Arias Cañete en el ministerio se retrasó durante meses la delimitación de la cuenca hidrográfica (Decreto de Demarcación). Cuando finalmente lo aprobó, se recurrió a una fórmula de compromiso, amable con Castilla-La Mancha, donde gobierna la secretaria general del PP, Mª Dolores de Cospedal, y discutible desde el punto de vista legal. La Generalitat Valenciana entiende que perjudica sus intereses y lo ha recurrido, así como al menos cuatro organizaciones de regantes de la Comunitat Valenciana.

La publicación en el BOE del Decreto de Demarcación permitió aprobar el Esquema de Temas Importantes, en el que se basa el borrador del Plan Hidrológico hecho por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

«A finales de junio»
El Gobierno, a través de la CHJ, hizo saber a regantes, ecologistas y otros usuarios, incluido el Consell, que el borrador del nuevo plan se presentaría a finales de junio para dar paso al periodo de exposición pública-seis meses- y aprobarlo así antes de fin de año.
Sin embargo, el plazo ha pasado y el borrador, según fuentes solventes, está «retenido» en Madrid» sin que se haya facilitado una explicación oficial sobre los motivos.

Xúquer Viu tiene previsto denunciar hoy el nuevo retraso en la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar durante el «Mulla’t pel Xúquer» que se celebra en Antella. Según Paco Sanz, portavoz de este colectivo, es «muy probable» que el «bloqueo» del plan se prolongue hasta octubre.
«Mientras el Estado Español paga 200.000 euros diarios de multa de nuestros dineros por este incumplimiento, que acumula ya 100 millones de euros en sanciones, el Júcar continua sin caudales ecológicos, con los acuíferos sobreexplotados, con un deterioro progresivo y constatable de nuestras masas de agua, ríos acuíferos y zonas húmedas», concluyó.

salva vives alzira Xúquer Viu lanzó la voz de alarma ayer en Antella y avisó de que el nuevo retraso en el Plan de Cuenca del Júcar afectará a una posible concesión de agua del río para la Ribera, una de las principales reivindicaciones que ya avalan todas las fuerzas políticas ribereñas, incluido el Partido Popular.
Según el portavoz de la plataforma, Paco Sanz, el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente «retenga» el borrador del nuevo plan, a pesar de que ya ha sido finalizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), provocará que no se publique hasta septiembre o octubre, cuando las previsiones eran que se hiciese en junio. Sin embargo, Sanz expresó sus dudas de que el documento contemple una concesión administrativa de agua del Júcar para los pueblos de la Ribera. Además, advirtió no sólo de las consecuencias ambientales que la demora puede acarrear, sino incluso las de carácter económico.
El también concejal de l’Alcúdia participó este sábado por la mañana junto a más de un centenar de personas en una nueva edición del «Mulla’t pel Xúquer» en la localidad de Antella en el marco del Día Europeo del Baño en los ríos. En el acto, Xúquer viu volvió a pedir el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, que contempla lograr un buen estado ecológico de los ríos, los acuíferos y las zonas húmedas para el año 2015. Un objetivo que la plataforma ecologista considera «no será posible» alcanzar en el caso del Júcar debido al mencionado retraso en la aprobación desde 2009.

Más zonas de baño autorizado
Otra de las reivindicaciones realizadas por Xúquer Viu ayer a través de Sanz fue la habilitación de más zonas de baño autorizadas en el interior. Actualmente, sólo hay 3 en toda la Comunitat Valenciana y ninguna de ellas se encuentra en la Ribera.
Ni siquiera el popular y concurrido azud de Antella cuenta con los permisos para ello del Ministerio de Sanidad. «Tienen las playas fluviales de interior abandonadas y son tan importantes como las de la costa», señaló Sanz en declaraciones a este diario.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.levante-emv.com/comarcas/2013/07/14/nuevo-retraso-plan-jucar-afectara/1016282.html

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=91198

El cuestionario que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiebte ha remitidio a todas las comunidades autónomas y a todos las organizaciones agrarias, y al que ha tenido acceso agroinformacion.com, abarca un total de 52 preguntas diferentes sobre las posibilidades distintas de de cómo aplicar la PAC. En un amplio documento de más de 27 páginas, se plantean cuestiones como si las CCAA estaráin dispuestas a aceptar actuaciones de ámbito supraautonómico, qué porcentaje del dinero asignado al desarrollo rural en España consideran que debe destinarse al programa nacional, cómo se debe definir lo que es un ‘agricultor activo’ o cómo repartir los fondos para los jóvenes agricultores.

   El cuestionario va detallando los distintos aspectos de la PAC, tras una introducción en la que recuerda que se concede un amplio margen de subsidiariedad a los Estados miembros para decidir, en cada caso, el modelo de política agraria más adecuado a las características de su agricultura. Y en base a este argumento, el MInisterio pone sobre la mesa la primera cuestión más importante, la del pago directo de las ayudas.

    En este sentido, propone que se debería basar en los siguientes principios generales: «Establecer que las ayudas directas del primer pilar de la PAC deben destinarse a las explotaciones agrarias verdaderamente activas. Garantizar a todas las explotaciones agrícolas o ganaderas las mismas reglas del juego, con independencia de su localización, para evitar distorsiones a la competencia entre agricultores y ganaderos de distintos territorios y llimitar los trasvases de ayudas entrebeneficiarios, sectores y territorios para garantizar la estabilidad y viabilidad de las explotaciones».

    La aceptación de estos tres principios básicos lleva, en su opinión, necesariamente a proponer una serie de condiciones generales que determinarán la aplicación en España del modelo de pagos directos, que serían: Establecer un modelo de regionalización que limite al máximo el efecto de la convergencia interna de las ayudas. Limitar la incorporación de nuevas superficies adicionales al sistema dado que dicha incorporación supondría una reducción de la ayuda media por hectárea.

    Ante esta situación, la primera pregunta es «¿Comparte los principios básicos y condiciones generales enunciados para la aplicación nacional del sistema de pagos directos en España? En caso de no ser así, por qué motivo y qué alternativas plantea».

Delimitación de los beneficiarios y el umbral del agricultor activo

   La segunda cuestión básica que se plantea es cómo delimitar a los beneficiarios de las ayudas y cómo definir la figura del agricultor activo. Así recuerda, que la primera asignación de derechos debe hacerse únicamente a aquellos productores que se consideren agricultores activos según el Estado miembro, por lo que dicha asignación es el momento adecuado para excluir del sistema a todos aquellos beneficiarios de ayudas directas que no cumplan los requisitos de agricultor activo a pesar de que, hasta ahora, hayan podido ser perceptores de las ayudas.

    Para ello, pregunta "¿Resulta conveniente adoptar medidas para lograr, ya desde la primera asignación de derechos, una mejor orientación de las ayudas directas hacia una agricultura y ganadería realmente activas?"  De igual forma recalca que "a la lista negativa de personas jurídicas que serían excluidas del beneficio de las ayudas, compañías que gestionan aeropuertos, ferrocarriles, suministro de agua, inmobiliarias, establecimientos deportivos o de recreo, ¿Qué otras categorías deberían añadirse a la lista propuesta a nivel comunitario?"

    Aunque quizás la pregunta clave sea la que plantea el Ministerio, al inquirir  que "el reglamento establece la posibilidad de que el requisito de ser agricultor activo sólo se aplique a los beneficiarios que perciban importes por encima de 5.000 €, pudiendo el Estado miembro establecer un umbral inferior. ¿Cuál considera que sería el umbral más apropiado para comprobar este requisito? ¿Considera apropiado que este umbral se establezca en 1.250 €,?"

La actividad agraria

   La siguiente cuestión que se plantea es intentar hallar un consenso sobre qué es la actividad agraria y qué se entiende por “actividad mínima”. Para ello, el Ministerio cree que las superficies de tierras de cultivo y de cultivos permanentes, se debe desarrollar una actividad de mantenimiento mínimo, de forma que las tierras puedan ser utilizadas para el cultivo en la campaña siguiente sin necesidad de realizar labores extraordinarias que vayan más allá de las preparatorias habituales para el cultivo a desarrollar. En base a lo anterior, no estarían desarrollando esta actividad mínima aquellos agricultores que tuviesen las superficies en condición de abandono del cultivo o aquellos que la tuviesen de manera permanente en condición de no cultivo, dado que el no cultivo reiterado conduciría también a una situación de abandono de la explotación.

    Por lo que se refiere a las superficies de pastos permanentes, considera que la actividad mínima implicaría un mantenimiento anual de la misma. Esa mínima actividad debe ir vinculada a una explotación ganadera inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA). Asimismo, con el objeto de evitar la creación de condiciones artificiales para percibir las ayudas, dicha superficie deberá situarse en la región donde se ubique la explotación o en una región limítrofe.

    Por ello, pregunta "¿Qué requisitos adicionales deberían exigirse a los productores para considerar que han respetado la obligación de mantener sus superficies agrarias en un estado idóneo para pastos o cultivo así como que han cumplido con la actividad mínima a desarrollar en las superficies mantenidas naturalmente en un estado adecuado?"

Cuantía mínima para cobrar los pagos directos

   El Ministerio recuerda que, los Estados miembros pueden decidir no conceder pagos directos a los agricultores que no alcancen un importe mínimo por año natural o cuya explotación no alcance una dimensión mínima. Dichos umbrales se fijan, de manera general, en 100 euros anuales (antes de reducciones y exclusiones) y en una hectárea, respectivamente. No obstante, teniendo en cuenta la diferente estructura de las economías agrícolas de los Estados miembros, es posible ajustar dichos umbrales, pudiendo incrementarlos, en el caso de España, hasta 300 euros anuales o dos hectáreas.

    Ante esta situación, el Ministerio pregunta "¿Considera adecuado establecer un umbral mínimo de 300 euros anuales para poder percibir ayudas directas?"

Pagos al sector vitivinícola, hortalizas, frutas y ganaderos

    Sobre los derechos de pagos, el Ministerio incide en las distintas posibilidades que existen según la normativa, aunque destaca tres cuestiones importantes, los pagos al sector vitivinícola, el de frutas y hortalizas y ganaderos.

    Respecto al primer punto, se destaca que en el marco del Programa de Apoyo al sector vitivinícola español 2009-2013 la medida de pago único a viticultores en forma de ayuda por hectárea, se asignaron derechos de pago único a un grupo de viticultores que en un periodo de referencia estaban “vinculados” al sector del mosto no destinado a vinificación y/o a la destilación de alcohol uso de boca. Entre estos viticultores y los productores “mixtos”, la superficie de viñedo ya integrada alcanzaba las 700.000 hectáreas en 2011, pero existirían viticultores, previsiblemente con dedicación exclusiva al cultivo del viñedo, que por no recibir ningún pago directo en 2013 no entrarían en el sistema, en caso de que así se decida.

    En esta situación se encuentra alrededor del 25% de la superficie de viñedo (230.000 hectáreas) en el año 2011. Por eso se preguta "¿Conviene asignar derechos de pago básico a aquellos agricultores que, en 2013, cultivaron viñedo sin recibir ningún tipo de apoyo en el régimen de pagos directos, aunque ello suponga reducir los apoyos a los actuales perceptores dentro de la región en la que se encuentran las nuevas superficies?"

    Respecto a la primera asignación de derechos de pago básico en los sectores de frutas, hortalizas, patata y plantas ornamentales, el Ministerio cree que se estima que más del 60% de la superficie total se encuentra ya integrada en el régimen, pero se calcula que, aproximadamente, unas 550.000 hectáreas podrían entrar por primera vez en el régimen en el año 2015.

    Por ello, se pregunta "¿Conviene asignar derechos de pago básico a aquellos agricultores que, en 2013, produjeron frutas, hortalizas, patatas para consumo humano, patatas para siembra y/o plantas ornamentales sin recibir ningún tipo de apoyo en el régimen de pagos directos, aunque ello suponga reducir los apoyos a los actuales perceptores dentro de la región en la que se encuentren las nuevas superficies?"

   Sobre los derechos de pago básico en sectores ganaderos, se recuerda que la aplicación del actual régimen de pago único ha propiciado que un número significativo de beneficiarios activen sus derechos de pago sobre superficies de pastos sin tener ganado y sin realizar ningún tipo de actividad agraria.

    Por eso se inquiere si "¿Considera oportuno que, para la primera asignación de derechos de pago básico, sólo se puedan asignar derechos sobre superficies de pastos para productores que fueran ganaderos en un año de referencia que se determine?"

Limitación del número de derechos de pago

    En este capítulo, uno de los más ha incidido España en la negociación europea, El Ministerio hace hincapié en que las derogaciones a la regla general que permiten a los Estados miembros limitar el número de derechos de pago son varias y en ocasiones consisten en una limitación cuantitativa del número de hectáreas elegibles y otras veces en restricciones cualitativas para determinados tipos de superficies.

    El texto recoge actualmente dos posibilidades para limitar el número de derechos de pago básico a asignar en 2015: limitar la superficie máxima a la declarada en 2013 o utilizar los límites del 135% ó 145% de la superficie declarada en 2009. Por eso se pregunta si "¿Está de acuerdo en aplicar mecanismos que permitan limitar la primera asignación de derechos de pago básico? En caso afirmativo, ¿Cuáles deberían ser éstos?".

Transferencia entre pilares

   El Reglamento de pagos directos establece la posibilidad de hacer transferencias de fondos entre el primer y el segundo pilar, en ambos sentidos. Para resolver esta cuestión, el Ministerio cree que habría que hacer un análisis previo de la capacidad de cofinanciación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

   Por eso pregunta "¿Está de acuerdo en que se realicen transferencias de fondos del primer pilar al segundo pilar?" P, así como "¿Está de acuerdo en que se realicen transferencias de fondos del segundo pilar al primer pilar? En caso afirmativo, ¿Considera oportuno limitar estas transferencias para cubrir los importes necesarios de las ayudas a jóvenes agricultores y/o Zonas con Limitaciones Naturales en el primer pilar?

Régimen de pago básico

    Con esta reforma y la implantación del nuevo régimen de pago básico, la Comisión pretende asegurar una distribución más igualitaria de la ayuda directa, pues considera injustificable la existencia de importantes diferencias individuales en el nivel de ayuda por hectárea derivadas de la utilización de referencias históricas.

    En este sentido, España ha ido logrando excepciones y derogaciones a la aplicación de la tasa plana que la Comisión pretendía poner en marcha en 2019. El resultado final permite limitar la convergencia interna mediante una triple vía: el estableciendo una convergencia mínima del 60% de la media de la región de que se trate; el estableciendo que aquéllos que estén ya en la actualidad por encima del 60% de la media sólo deberán converger en un tercio de la media del valor de sus derechos con respecto al 90% de la media de su región; el estableciendo un límite máximo del 30% a la reducción de las ayudas

    Por elllo, en un país tan extenso y con una agricultura tan diversa como la española,

parece conveniente regionalizar el pago básico, para adaptarlo a la realidad productiva de cada zona. Para ello, el Ministerio se plantea que el modelo de regionalización se base en los siguientes elementos: En los importes de ayuda recibidos por cada agricultor y ganadero; En los tipos de superficie declarados por cada agricultor y ganadero. A estos efectos, se distinguirán cuatro tipos de superficie: Superficies de cultivo de secano, Superficies de cultivo de regadío,o Cultivos permanentes y o Pastos.

    En la comarca agraria, como unidad geográfica perfectamente conocida por el sector, en la que se agrupan los municipios con características agronómicas semejantes. Ante estos e pregunta  "¿Está de acuerdo en que el modelo de regionalización se desarrolle conforme a estas bases?"

Jóvenes agricultores y pagos de carácter voluntario

    De cara al relevo generacional, para financiar este pago, los Estados miembros utilizarán un porcentaje del límite máximo nacional que no deberá superar el 2%.

    Por eso el Ministerio plantea las siguienets preguntas "¿Dentro del primer pilar, qué porcentaje del límite máximo nacional deberá destinarse a financiar el pago a jóvenes agricultores?". "¿Cómo considera que debe financiarse el apoyo a la primera instalación de jóvenes agricultores dentro del primer pilar: exclusivamente a cargo de sus fondos o a partir de fondos transferidos del segundo pilar?" Y por último, "¿Considera que los requisitos exigibles a los jóvenes agricultores en el primer pilar deben ser los mismos que en el segundo pilar".

    Asimismo, existe la posibilidad de complementar los pagos anteriores, de naturaleza obligatoria, con una serie de pagos voluntarios para el Estado miembro que atienden circunstancias específicas de los beneficiarios o los sectores a los que van dirigidas.

    Ante esta situación, y tras reseñar los sectores que se pueden afectados por esta situación, el MInisterio pregunta "¿Con qué criterios debería concederse una ayuda asociada?, ¿A qué sectores?"

     De igual forma inquiere "¿Dado que esta medida es de aplicación voluntaria, considera necesario conceder un pago en el primer pilar a las explotaciones situadas en determinadas subregiones que se enfrentan a problemas específicos dentro de las zonas con limitaciones naturales, en el primer pilar?"

    En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, "¿Qué porcentaje habría que destinar a esta medida, dentro del máximo del 5%?" Asimismo, "¿Qué zonas deberían delimitarse como zonas objetivo para este pago? o si "¿Considera que la financiación del pago a las explotaciones situadas en zonas con limitaciones naturales debe realizarse con fondos transferidos del segundo pilar al primer pilar?"

Pago adicional a las primeras hectáreas

    El Reglamento establece una medida de carácter voluntario de apoyo a las primeras hectáreas de cada productor. Su importe unitario es el correspondiente al 65%, como máximo, del pago medio regional o nacional. El número de hectáreas admisibles para este pago es de un máximo de 30 ó del tamaño medio nacional (24 ha en el caso de España). Pero para esta medida no hay fondos adicionales, sino que deben detraerse del límite nacional hasta un máximo del 30%, sin que se puedan establecer diferenciaciones de carácter sectorial.

    Por eso pregunta "¿Considera oportuno conceder un pago adicional a las primeras hectáreas de todas las explotaciones y de todos los sectores?". En caso afirmativo, "¿Con qué finalidad? y ¿Qué porcentaje del límite máximo nacional detraería con esta finalidad?".

Régimen simplificado para pequeños agricultores

    Supone una oportunidad para mejorar la eficacia de la gestión de las ayudas directas por la vía de la simplificación administrativa. En España podrían acogerse al mismo un significativo porcentaje de beneficiarios, que se verán exentos del seguimiento en el cumplimiento de la condicionalidad y greening. Además no se les aplicará la convergencia interna.

    Ante esto se plantea "¿Le parece apropiada la propuesta de aplicación, de oficio, del régimen simplificado para los pequeños agricultores cuyas ayudas estén por debajo de 1.250 €?" O si "¿Le parece apropiado que el cálculo de las ayudas en el Régimen de pequeños se haga en base a sus ayudas del año 2015 sin aplicar posteriormente la convergencia a los mismos?"

Organización de productores

    En este caso, el reglamento establece también una serie de requisitos para que una entidad pueda ser reconocida como organización de productores, tales como un número mínimo de miembros y/o un volumen mínimo de producción, es, por tanto, necesario disponer de una normativa nacional de desarrollo que regule éstas y otras cuestiones para que una entidad pueda ser reconocida como OP.

    Esta legislación nacional existe actualmente para el sector lácteo y para las frutas y hortalizas. Ante ello, se pregunta "¿Considera que debería establecerse normativa nacional para regular las organizaciones de productores en los sectores donde aún no se ha establecido de forma que sea posible su reconocimiento? ¿Para qué sectores y con qué prioridad?"

Organizaciones interprofesionales y el vino

    En el formulario se recuerda que hasta ahora, el sector lácteo y el azúcar eran los únicos sectores agrarios que contaba con disposiciones específicas en materia de relaciones y negociación contractual en el marco de la OCM Única, pero la reforma abre el marco de las relaciones contractuales al resto de sectores agrícolas y ganaderos, con especial incidencia en el aceite de oliva, los cultivos herbáceos y el vacuno de carne.

   Un caso epecial es el del vino, recalcando que que se ha hecho una consulta a la Comisión Europea en relación al tratamiento de los beneficiarios y derechos generados por el sector del vino en estos años en caso de que el presupuesto se destine a las medidas del Programa de Apoyo. Conforme a la respuesta de la Comisión, jurídicamente es imposible excluir a los beneficiarios que generaron derechos del sector vitivinícola del régimen, ni reducir el valor de sus derechos. Por tanto, aunque se decidiera mantener el presupuesto para el Programa de Apoyo, los beneficiarios a los que se les asignó derechos de pago único “vino” permanecerían en el régimen con sus derechos adquiridos y estos importes se deberían detraer de otros beneficiarios y de otros sectores.

   Por ello, pregunta "¿Considera adecuado mantener el status quo y transferir los 142,749 M€ de forma definitiva al régimen de pagos directos?"

Desarrollo rural

    El Ministerio señala que los Estados miembros podrán presentar un programa único para todo su territorio o un conjunto de programas regionales, o en casos debidamente justificados, un programa nacional y un conjunto de programas regionales. Si un Estado miembro presenta un programa nacional y un conjunto de programas regionales, las medidas y/o tipos de operaciones deberán programarse a nivel nacional o a nivel regional, y deberá asegurarse la coherencia entre la estrategia nacional y las regionales.

   Tras detallar las ventajas de las política supraautonómicas, el Mnisterio plantea "¿Considera adecuado presentar para España un programa nacional, además de los programas regionales de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de realizar actuaciones de ámbito supraautonómico y de interés general?" o si "¿Qué medidas u operaciones de las anteriormente citadas incluiría en un programa nacional? ¿Incluiría otras diferentes?". Asimismo, pregunta si "¿Considera interesante para su Comunidad Autónoma participar en un programa plurirregional con el objetivo de optimizar la utilización de recursos financieros y humanos?"

   Ante el marco nacional, y con el objetivo de evitar desigualdad de trato entre los beneficiarios de distintas comunidades autónomas, el Ministerio pide la opinion sobre si "¿Considera necesaria una mayor armonización de las condiciones de aplicación de determinadas medidas a través del establecimiento de elementos comunes en unmarco nacional acordado con las Comunidades Autónomas?" En caso afirmativo, "¿Qué medidas y aspectos considera que deben armonizarse a nivel nacional?" Teniendo en cuenta que el marco nacional puede incluir un cuadro financiero con la dotación de todos los PDR, ¿Considera que deben establecerse los mecanismos oportunos para flexibilizar la transferencia de fondos entre programas con el objetivo de evitar la pérdida de fondos a nivel nacional?".

Zonas con limitaciones naturales significativas

    En la nueva designación de zonas con limitaciones naturales significativas, los Estados miembros deberán efectuar un ejercicio de “ajuste fino” basado en criterios objetivos para excluir las zonas que hayan superado tales limitaciones por inversiones, actividad económica, por la evidencia de una productividad normal, o si la utilización de métodos o sistemas de producción agrarios compensan la pérdida de renta y los costes adicionales.

    Ante esto plantea "¿Considera conveniente que, para realizar la delimitación precisa (fine tuning) de las zonas, se utilicen fuentes de las propias Comunidades Autónomas o, por el contrario, considera que deben utilizarse fuentes comunes para el conjunto del territorio español?"

    De igual forma, ante el enfoque Leader, se inquiere "¿Qué porcentaje de fondos procedentes del FEADER considera que debe destinarse a la financiación de proyectos LEADER en su Comunidad Autónoma teniendo en cuenta que, según el Reglamento FEADER, se ha de destinar un mínimo del 5%?",así como que  "¿Está previsto en su Comunidad Autónoma destinar otros fondos del MEC (FSE, FEDER, FEMP) para financiar proyectos LEADER? En caso afirmativo ¿Sería partidario de financiar con FEADER exclusivamente actuaciones LEADER relacionadas con el sector agrario y que otros fondos financiaran otras actuaciones de diversificación?". De igual forma, "¿A la vista de la experiencia del periodo de programación anterior, qué porcentaje máximo de los recursos destinados a financiar proyectos LEADER debería destinarse a gastos de estructura y funcionamiento? ¿Considera que deberían limitarse los gastos de funcionamiento por debajo de lo permitido por el Reglamento MEC (25% para gastos de explotación y animación)?".

Jóvenes, mujeres y componentes verdes

    Ante el despoblamiento de las zonas rurales, y en particular el abandono de los jóvenes, y la irrupción de la mujer en estas labores, "¿Considera necesario elaborar subprogramas regionales temáticos para jóvenes agricultores y mujeres?" o "¿Considera que en el marco nacional habría que establecer elementos comunes mínimos para jóvenes agricultores y mujeres?"

   Entre las  novedades en la medida de agroambiente y clima, que aunque no incluirán las prácticas del componente verde como obligatorias, sí deberán ser más ambiciosas para evitar la doble financiación, se plantea "¿Considera oportuno establecer elementos comunes para la medida agroambiental, o submedidas concretas, en un marco nacional?" Del menú facilitado por la Comisión, "¿Qué compromisos agroambientales propone que en el territorio nacional puedan considerarse equivalentes al componente verde?".

Flexibilidad entre pilares

    El marco financiero plurianual, establecen una transferencia de fondos entre pilares de hasta el 15% en el caso de trasvase de fondos del primer pilar al segundo y de hasta el 25%, en el caso de segundo a primer pilar.

    Ante esto, "¿Son partidarios de la transferencia de fondos entre pilares? ¿En qué sentido? ¿En qué porcentaje? En caso de transferencia del primer pilar al segundo, y con independencia del sentido, "¿Los fondos transferidos deberían asignarse a medidas o actuaciones concretas?" En caso de respuesta afirmativa, "¿A qué medidas?".

Reparto de los repartos FEADER

    Según la información facilitada por la Comisión en el Consejo Europeo sobre el MFP 2014-2020 del 8 de febrero, a España le corresponden 8.291 millones de euros, es decir 236 millones de euros más que en el programa anterior. Ante esto, "¿Qué porcentaje del dinero asignado al desarrollo rural en España considera que debe destinarse al programa nacional?"

    "¿Para el reparto de los fondos FEADER entre CCAA, apoyaría la utilización a nivel nacional de los mismos criterios objetivos de reparto que establece la Comisión para el reparto entre Estados miembros a nivel comunitario?" O, por el contrario, "¿Considera que deben utilizarse criterios semejantes a los empleados en el reparto 2007-2013?".

    De igual forma se plantes "¿Considera que la RRN debería tener su propio programa?" En el caso de que coexistan una programación nacional y regional, "¿Considera que la RRN debería formar parte de un programa nacional?"  De la reserva de fondos del 4% que la propuesta de reglamento prevé para asistencias técnicas, preparación, gestión, control auditoría y creación de redes, "¿Qué porcentaje considera que debería reservarse a la RRN para que desarrolle los objetivos y actuaciones previstas en FEADER?".

Innovacion agraria y forestal

    Por último, el Ministerio destaca que la innovación es un objetivo transversal del desarrollo rural y el Reglamento FEADER prevé un nuevo instrumento cuyo objetivo es acelerar la innovación en el sector agroalimentario y forestal, para lograr un sector competitivo que produzca más con menos recursos y menor impacto ambiental: La EIP de agricultura productiva y sostenible.

    Por eso pregunta, En el caso de coexistencia de un Programa Nacional y Programas Regionales, "¿Considera que deberían integrarse en el Programa Nacional las cuestiones relativas a la creación de la EIP, su funcionamiento, selección de los grupos operativos y establecimiento de redes?"

    "¿Considera adecuado incluir en el Marco Nacional los elementos para decidir la forma de incorporar la innovación en las medidas y operaciones comprendidas en los PDR?"

    Y por último, "¿Considera adecuado utilizar la RRN en la divulgación, comunicación y difusión de los resultados de los grupos operativos de la EIP?"

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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, no comparecerá en el Congreso de los Diputados para hablar sobre el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, que se aprobará «en próximas fechas».

Así lo ha anunciado la portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, María Teresa de Lara, en referencia a la solicitud de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto para que el titular de Medio Ambiente asistiera al Congreso para informar sobre el nuevo Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro.

Durante su intervención en el debate, la diputada del PP ha avanzado que rechazará esta petición de comparecencia en la votación y, dada la mayoría absoluta en el arco parlamentario de los ‘populares’, ésta no se llevará a cabo.

Según ha recordado, España tiene abierto en Bruselas un procedimiento de infracción, que actualmente se encuentra en sentencia condenatoria, debido a «la inacción en materia hidrológica» del anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

A pesar de que la directiva europea establece que el proceso de planificación hidrológica debería haberse culminado en 2009, la diputada ‘popular’ ha criticado que Arias Cañete se encontró «con panorama desolador» y, de los 25 planes que deberían haberse completado en 2009, sólo el de las cuencas internas de Cataluña se llevó a cabo.

«Los avances logrados en la planificación hidrológica en estos 18 meses de Gobierno no tienen precedente y el ministro se comprometió en la UE a finalizarlos este año», ha defendido.

Al mismo tiempo, ha explicado que los planes hidrológicos son la base para construir un pacto nacional del agua, que garantice el suministro en cantidad y calidad «suficiente» y un pacto que desde el consenso, la responsabilidad y la solvencia técnica, garantice las necesidades objetivas de los territorios y proteja al medio ambiente y a la solidaridad interterritorial.

«La propuesta de proyecto se rige por la citada directiva y en el ordenamiento jurídico español que la traspone y desarrolla. En próximas fechas el Consejo nacional del Agua emitirá informe preceptivo y el ministerio trasladará el documento al Gobierno para su aprobación definitiva mediante real decreto», ha indicado.

«ATENTA CONTRA LAS TIERRAS DEL EBRO»

En defensa de esta solicitud de comparecencia, el diputado de ERC, Alfred Bosch, ha avisado de que esta propuesta de plan hidrológico de Cuencas del Ebro «incumple» la directiva marco de aguas de la UE, además de «atentar» contra las tierras del Ebro.

«No tiene en cuenta el caudal mínimo, ni incluye medidas necesarias para el cumplimiento de objetivos de calidad de las cuencas hidrográficas que determina la UE. Ha sido impuesto desde intereses diferentes e incompatibles de las personas que viven ahí y no tiene en cuenta el criterio científico, ni la legislación europea», ha lamentado.

A su juicio, este plan que está diseñando Arias Cañete supone «un nuevo ataque frontal a Cataluña» en el que Arias Cañete espera «un pase militar» como dice que ya anunció el ministro en 2001. «Hay que decirle que no hace falta que dedique recursos a esta batalla porque volverá a perderla», ha apostillado.

Mientras, la socialista catalana Teresa Cunillera, ha adelantado que su grupo parlamentario respaldará esta solicitud porque el ministro, en su primera comparecencia en el Congreso de esta legislatura, «habló de herencia recibida».

«Queremos que hable de cómo administra él su acción de Gobierno y dijo que sí iba a ser capaz de un nuevo pacto del agua o pacto hidrológico nacional. Si ese era el objetivo hay que decirle que al menos con la cuenca del Ebro fracasa. Es la primera vez que se rompe la adopción de acuerdos por consenso y debería explicarnos por qué se produce el desencuentro en este momento con CiU y la Generalitat, cuando en 2001 sí se pusieron de acuerdo», ha criticado.

LA CONFRONTACIÓN CON CATALUÑA

Igualmente, considera que dada la reacción de la Generalitat Arias Cañete debería explicar cómo va a manejar ese desencuentro. En este sentido, ha recordado que el titular de Medio Ambiente tiene una solicitud de comparecencia pendiente para explicar cómo tiene previsto el desarrollo de todos los planes hidrológicos de cuenca.

Finalmente, el nacionalista catalán de CiU, Pere Macias, ha anunciado que su grupo parlamentario votará favorablemente esta petición para que el ministro dé cuenta «de algo tan importante» como el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.

En su opinión, este plan debe permitir un reparto «equitativo» del agua disponible de una cuenca entre varios sectores que necesitan de recursos hídricos.

«Nuestra sensación es que se han tenido en cuenta las necesidades de los regantes, sin embargo, las necesidades ecológicas han sido tenido menos en cuenta. Es grave en el marco del delta del Ebro, un sistema muy frágil y que subsiste por las apuestas hídricas, sin las que sufrirá una grave recesión y el hecho de garantizar los caudales ecológicos no sólo tiene que ver con la calidad ambiental sino con la supervivencia del delta del Ebro», ha sentenciado.

(EuropaPress)

El presidente de la Comunidad de Regantes de la Izquierda del Ebro, Lluís Pegueroles, se ha visto obligado a dimitir después de la polémica que generó en el seno de la entidad su voto favorable al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. Según ha dado a conocer en un comunicado, su Junta de Gobierno «no comparte» la decisión que tomó el presidente, lo que ha desencadenado el conflicto y la posterior dimisión que tendrá efectos a partir del próximo martes. Pegueroles ha justificado su voto afirmativo «condicionado» en que la votación del 4 de julio pasado «en ningún caso» se decidía «ningún trasvase del río».

    Ha añadido que «cuando esto se ha planteado abiertamente como en el caso de la interconexión de redes de 2008 para llevar agua a Barcelona o el trasvase del Segre, la Comunidad de Regantes de la Izquierda del Ebro y yo mismo nos hemos opuesto encarnizadamente, y me opongo y me opondré».

    «Que la totalidad de las comunidades de regantes de la Cuenca del Ebro, incluidas todas las del Ebro catalán, se dispusiesen a emitir un voto afirmativo condicionado a la adopción de determinadas medidas y ejecución de obras, valoré que el voto condicionado sería la mejor manera de defender los intereses de los comuneros regantes», ha explicado.

   En la reivindicación de ejecutar la valla salina del delta y el plan de emergencia del canal, Pegueroles pidió «que se reconociera por ley que los caudales concesionados, que además de la función específica del riego cumplen una función medioambiental, tengan un tratamiento igual al caudal ecológico determinado en la estación de aforo de Tortosa «.

   Y reclamó a los gobiernos español y catalán fondos para la lucha contra la plaga del caracol manzana.

   «Aunque estos planteamientos los he expuesto ampliamente y que eran conocidos por todos, asumo íntegramente mi responsabilidad individual de este voto condicionado», ha sentencia en la nota.

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El Consejo de Ministros aprobará hoy por fin la reforma del sector eléctrico cuyo objetivo es acabar con el déficit de tarifa. Unas medidas muy bien guardadas que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, cuyas líneas generales transmitió ayer a las grandes eléctricas de Unesa y las grandes renovables, a las que convocó a sendas reuniones en el ministerio: una a las cinco de la tarde con Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Eon España y otra a las siete, en la que participaron las tres grandes empresas de renovables, Acciona, ACS y Abengoa.

 Al encuentro no acudió ningún presidente, sino los ejecutivos que han participado en otras reuniones con el ministerio: Andrea Brentan, consejero delegado de Endesa; José Luis San Pedro, consejero director general Iberdrola; José María Egea, director de planificación energética de Gas Natural Fenosa; Miguel Stilwell, consejero delegado de EDP España, y Miguel Antoñanzas, consejero delegado de Eon España. Por parte de Acciona, acudió Juan Gallardo, director económico financiero, y por ACS, Ángel García Altozano.

Tras la primera reunión, en la que Nadal no ofreció datos concretos, las eléctricas llegaron a la conclusión de que la reforma, con la que el Gobierno quiere acabar con el déficit de tarifa, será un fracaso, pues el Ministerio de Hacienda no está dispuesta a pagar el desfase que se producirá este año en el sistema por un importe de 2.000 millones de euros. Fuentes empresariales aseguran que, según se les informó en la reunión, ni siquiera los Presupuestos del Estado de 2014 asumirán la partida que, por ley le corresponde: los 1.800 millones de los extracostes de los sistemas eléctricos de las islas. Como mucho, se dijo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estaría dispuesto a que las cuentas públicas sufraguen la mitad, apenas 900 millones de euros.

Con esta premisa, los recortes de la actividades reguladas, serán mucho mayores de lo previsto y podrían suponer un fuerte tajo para la distribución de hasta el 20%. Además de cargar las tintas en el negocio de las redes, Industria, que ha venido reiterando que los recortes se harán respetando una rentabilidad razonable de los activos, ha decidido mantener una tasa de retorno de la inversión del 7,5% para las energías del régimen especial y del 6,6% para el resto de las infraestructuras tradicionales (una diferencia entre ellas de 100 puntos básicos que no se justifica, según las grandes eléctricas. Una “clara discriminación”, señalan, que responde también a la decisión de Hacienda de que el recorte sea menor para las energías verdes.

Rajoy exigió la semana pasada que la reforma se aprobase hoy

CAMBIO RADICAL DEL SISTEMA DE PRIMAS

Sin embargo, la lectura de las renovables es otra muy diferente. A estas se les comunicó lo que consideran un «cambio radical del sistema de primas». Según fuentes de estas compañías, el Gobierno ha planteado un sistema de retribución fija a la inversión por megavatio instalado y no a la producción, de tal manera que se pagará una tasa de rentabilidad del 7,5% a contar desde que se montó el parque, por lo que si han recibido una rentabilidad superior hasta ahora, se podría dar la paradoja de que deberán dinero al sistema.

Acciona, Abengoa y ACS calculan que el recorte para las renovables será de 1.500 millones, una cifra similar para las eléctricas tradicionales y REE.

La reforma incluye, asimismo, la posibilidad de que se cierren o hibernen centrales de ciclo combinado, que, como consecuencia de la crisis de la demanda, apenas funcionan al 10% de su capacidad. Sin embargo, Nadal no informó a las afectadas de cuál sería la compensación por esta decisión ni cómo se resolverá el papel de respaldo que tienen las centrales de gas natural para el amplio parque de renovables.

Una reunión para que "no se enteren por la prensa"

La reforma eléctrica auspiciada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se ha mantenido durante meses en el más absoluto de los secretos. Y, aunque Nadal ha mantenido reuniones con casi todas las empresas del sector que se lo pidieron, sus encuentros no se les puede calificar como negociación, pues la mayoría de las veces, el secretario se ha limitado a escuchar.

Esta situación ha creado un profundo malestar en un sector, máxime cuando las únicas pinceladas que ha dado el ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre la citada reforma es que habría recortes de ingresos a todas las actividades reguladas y las primas del régimen especial.

Por todo ello, o por vergüenza torera, Nadal se comprometió con las grandes compañías a contarles la reforma antes de que la aprobara el Consejo de Ministros:“para que no se enteraran el mismo día por la prensa”, aseguran fuentes empresariales. Esa fue la razón por la cual, el ministerio convocó ayer por la mañana a los responsables de las eléctricas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDPEspaña y Eon España) y a las dos mayores de energías renovables (Acciona y Abengoa) a sendas reuniones que tuvieron lugar por la tarde.

La filtración de la convocatoria creó un profundo malestar entre las asociaciones de empresas fotovoltaicas (APPA y Unef), los cogeneradores (Acogen) y la de consumidores Facua, que no habían sido convocados.

Con todo, se trataba de una reunión meramente informativa, ya que margen para negociar ya no quedaba. De hecho, las compañías enviaron al ministerio a segundos espadas de su staff, más duchos en las cuestiones técnicas que pudieran surgir.

Directamente al Consejo de Ministros

Pese a los muchos meses que se lleva gestando la reforma eléctrica auspiciada por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el final va a resultar un tanto atropellado. Las medidas, que se incluirán en un real decreto-ley de estabilidad financiera del sistema eléctrico, un proyecto de ley de reforma de la ley eléctrica y ocho reales decretos que se remitirán el lunes a la Comisión Nacional de Energía (CNE),ni siquiera han pasado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que se debía haber celebrado ayer y fue suspendida.

Por tanto, el paquete será aprobado directamente por el Consejo de Ministros de hoy, después de que el propio presidente, Mariano Rajoy, diese la orden la semana pasada de que la polémica reforma se aprobara hoy sin falta. Ello ha provocado que se cerrara casi en falso el conflicto entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se ha negado a que las cuentas públicas asuman el desfase de 2.000 millones de euros de la tarifa de este año. Como mucho, ha dicho Montoro, los Presupuestos del Estado pagarían la mitad de los costes de los sistemas extrapeninsulares, apenas 900 millones.

Ello ha llevado a optar por el escenario de recortes mayores para las actividades reguladas y resultará inevitable fuertes subidas de tarifa, ya que el objetivo de la reforma es el de acabar con el déficit de tarifa.

Los ocho reales decretos se refieren a la distribución, el transporte, el autoconsumo, el régimen especial, la interrumpibilidad, las extrapeninsulares, pagos por capacidad e hibernación de los ciclos combinados.

Según las empresas, los recortes ponen en peligro las inversiones en redes.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado que el “Gobierno propondrá en España un modelo de aplicación nacional de la Política Agrícola Común (PAC) que tenga en cuenta las diferentes realidades agrarias”. Para ello, el Gobierno buscará “el mayor grado de consenso con Comunidades Autónomas y Organizaciones Agrarias para definir un sistema de regionalización adecuado a la diversidad de nuestra agricultura y que conlleve la menor transferencia posible de importes de ayuda entre beneficiarios, y con ello, entre sectores productivos y territorios”.

   En respuesta a una pregunta del grupo de CiU en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Arias Cañete ha explicado que uno de los logros del Gobierno español en las negociaciones de la reforma de la PAC ha sido haber conseguido “la flexibilidad necesaria para que se adapte a las peculiaridades de las agriculturas de los distintos Estados Miembros –y, en particular, la española–, pero sin perder la coherencia y el equilibrio que le otorga su carácter de Política Común”.

    Arias Cañete ha explicado que el modelo más adecuado se basa en establecer una división territorial por comarcas agrarias, con importes homogéneos de ayudas, por tipo de superficie. “La comarca -como agregación de municipios con las mismas características agronómicas- es la mejor aproximación a las realidades agrarias de nuestro país. Y, dentro de cada comarca, se distinguirían cuatro tipos de superficies cultivadas (cultivos herbáceos de secano, de regadío, cultivos permanentes y pastos). En todo caso, la delimitación definitiva de las regiones será uno de los resultados del acuerdo que alcancemos con CCAA y Organizaciones Agrarias”, ha detallado.

Corregir defectos europeos para adaptar la PAC a la realidad española

    Para el ministro, España ha logrado corregir los defectos de una propuesta inicial de reforma de la PAC de la Comisión Europea “muy lesiva para los intereses españoles y adaptarla a la especificidad de la agricultura española”.

    Esta propuesta de la Comisión suponía “un importe de ayuda por hectárea idéntico por Estado o región, en un proceso de convergencia interna plena”. Y, ha proseguido, “tras meses de trabajo, hemos logrado de la Comisión la flexibilidad necesaria en la definición de regiones, para que, simultaneando criterios, podamos configurar un modelo adaptado a la realidad de la agricultura española”.

    De esta manera, Arias Cañete ha insistido en que defiende la aplicación de “un modelo nacional basado en comarcas agrarias, de manera que queden contempladas sus distintas condiciones productivas”. “Un sistema de regionalización adecuado a la diversidad de realidades agrarias de nuestro país, y que minimice los trasvases de fondos entre perceptores, con una convergencia efectiva de ayudas entre agricultores dentro de cada comarca muy limitada”. Y, con este objetivo, ha sentenciado el ministro, “vamos a buscar el máximo consenso en el ámbito nacional”.

    Arias Cañete ha recordado que el Ministerio remitirá  a las Comunidades Autónomas un cuestionario sobre la aplicación de la reforma de la PAC, que abarca todos los aspectos del acuerdo alcanzado. “Se trata de conocer la posición de las Comunidades sobre las distintas alternativas, incluyendo el sistema de regionalización más adecuado a las necesidades de nuestro país”, ha explicado.

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La Comisión Europea ha descartado este martes tomar medidas contra España por el proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación del Río Ebro, en curso de elaboración, porque se trata de «un proyecto de plan» y sólo podrá «ver» si cumple o no la directiva marco sobre agua una vez esté aprobado.

El funcionario de la Comisión Europea Giovanni Valera ha explicado que «lo primero es que España adopte el plan de gestión para la cuenca hidrográfica» del Ebro «lo antes posible» y sólo después podrá «evaluar los planes para ver si ha habido infracción o no de la directiva».

Así se ha expresado durante el debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de la queja de la Coordinadora Antitrasvasaments contra la propuesta del Plan Hidrológico del Ebro.

Valera ha emplazado a los peticionarios a trasladar «sus preocupaciones al Gobierno español en relación con ese borrador». «Podemos evaluar planes que ya se han presentado», ha zanjado, recordando que el plazo de consultas del plan está abierto hasta el 27 de septiembre, al tiempo que ha confiado en que el plan esté listo antes de finales de año.

Matilde Font Ten, en nombre de la Coordinadora Antitrasvasaments, denunció hace meses ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, encargada de estudiar las quejas de los ciudadanos europeos, que el proyecto de Plan Hidrológico para la Cuenca del Río Ebro infringe varias normativas europeas, en concreto la Directiva marco sobre Agua, la directiva de Hábitats y la directiva sobre responsabilidad ambiental y que el plan tendrán «graves consecuencias» para el medioambiente de la cuenta de aprobarse.

Delta

Manel Tomás, de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, ha advertido de que «si no se mejora el caudal destinado» en la desembocadura del Ebro «no tiene futuro». Tras criticar que la regresión del caudal «está afectando al ecosistema de la zona», ha apelado a la «responsabilidad» de los eurodiputados para que «no cierren el tema» y ha instado a la Comisión a lanzar «medidas correctoras» para evitar la probación de un plan que «suponen la transgresión más vulgar» de las normas europeas.

También ha lamentado la «falta de estudios» sobre los daños medioambientales del plan de trasvase del Ebro por parte del Gobierno español y que no se haya estudiado «suficientemente» el caudal en su tramo final, además de expresar que el plan no ha sido objetivo de «ningún debate técnico» ni «científico» ni contrastado con las organizaciones sociales.

Antes de la comparecencia, se han reunido con los comparecientes el responsable de Asuntos Europeos de Chunta Aragonesista, Miguel Martínez Tomey, y la eurodiputada de ALE Ana Miranda. CHA presentó alegaciones al proyecto de Plan Hidrológico en noviembre de 2012 por considerar que contraviene la normativa europea.

"Sentido Común"

El eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz ha apoyado «el sentido común» de la Comisión Europea y ha defendido que esta sólo podrá ver si el plan del Ebro cumple con la legislación europea después de que este sea presentado.

El parlamentario de ICV, Raúl Romeva, ha apoyado a los peticionarios porque «la población no ha sido escuchada» y ha confiado en que las instituciones europeas tengan «más sentido común» y defiendan «el bien común», pidiendo «corregir a tiempo» la situación para evitar un daño «irreversible».

El eurodiputado socialista Miguel Ángel Martínez Martínez ha apoyado también la petición tras recordar las grandes movilizaciones sociales contra el proyecto de trasvase del Ebro, igual que su compañero de partido Ramón Obiols.

El eurodiputado de CiU Ramón Tremosa se ha mostrado contrario al trasvase y al Plan Hidrológico del Ebro, especialmente en un momento de «tensión política» y, tras lamentar las divergencias sobre el caudal mínimo, ha advertido de que si se aprueba tal cual tendrá el rechazo del 90 por ciento de los ciudadanos de la comunidad.

El presidente en funciones de la Comisión de Peticiones y eurodiputado de IU, Willy Meyer, ha pedido mantener «abierta» la petición para «hacer seguimiento de esta elaboración del Plan» Hidrológico con el objetivo de lograr que su resultado «final, sea acorde con las Directivas europeas», al tiempo que ha criticado que no son «casualidad» los «retrasos» acumulados por España para elaborar los planes de gestión de las cuencas hidrográficas y no solo del Ebro.

«Las Administraciones del Estado estaban en otra cosa, en la burbuja inmobiliaria», les ha reprochado, al tiempo que ha avanzado que propondrá al resto de Grupos Políticos la posibilidad de visitar el Delta del Ebro para ver la situación de primera mano.