El Consejo del Agua ha aprobado el nuevo plan hidrológico de la demarcación del Ebro, que supone el penúltimo trámite en la cuenca, y que creará 18.000 puestos de trabajo anuales y generará 600 millones de euros de inversión al año en su periodo de vigencia, desde que se apruebe definitivamente hasta 2015.

   Así lo ha expresado en rueda de prensa el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de Pedro, quien se ha felicitado por el «amplísimo consenso» que ha logrado el texto, con 74 votos a favor, 9 en contra –de Chunta Aragonesista (CHA), Generalitat de Cataluña y ecologistas– y cinco abstenciones –de Izquierda Unida (IU), empresas hidroeléctricas y asociaciones sindicales–.

   De Pedro ha comentado que el plan ha recibido el respaldo de ocho de las nueve Comunidades autónomas de la cuenca –Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana–, de los entes locales, los regantes y uno de los tres representantes de empresas hidroeléctricas, ha citado.

   A su entender, «los votos en contra no pueden ensombrecer» el acuerdo suscitado, teniendo en cuenta que es «difícil buscar el equilibro» y que todos los integrantes del Consejo del Agua –que representan los diferentes intereses en torno al agua en este territorio– «tengan plenamente satisfechas» sus peticiones de forma simultánea, para asegurar que «todos han tenido que renunciar a algo» lo que denota «un ejercicio de responsabilidad».

   En este sentido, ha apuntado que las ayudas agrícolas de la Unión Europea están condicionadas a la aprobación de este plan, que lleva un retraso de cinco años, ya que «debería haber aprobado a finales de 2009», mientras que la UE también controlará las inversiones y si no se cumplen «puede haber sanciones».

   En relación con estas últimas, ha reconocido que ha habido una reducción del 30 por ciento de las previsiones iniciales por la crisis económica y ha subrayado que todas las Administraciones públicas implicadas en ellas, la del Estado, las Comunidades autónomas y los municipios, las han confirmado.

   Sobre estas y los puestos de trabajo que se generen, ha glosado que se refieren a obras de mejoras medioambientales, actuaciones de saneamiento, de depuración, acciones en cauces, regulación de ríos y nuevos regadíos, creando un empleo «estable» y «diversificado», ha apostillado De Pedro.

   CAUDALES ECOLÓGICOS

   El nuevo plan incluye la necesidad de fijar caudales ecológicos aguas abajo del embalse de El Grado y en el río Segre a su paso por Lérida, cuyo ayuntamiento ha apoyado el plan.

   Además, se recoge un caudal mínimo para el Delta del Ebro de 3.200 hectómetros cúbicos al año, que se ha aumentado respecto a la situación anterior, cifra que «con toda seguridad» será mayor habitualmente, si bien ha precisado que la cuenca sufre de forma periódica sequías por lo que no se podía aceptar la petición de la Generalitat de Cataluña de que el caudal fuera de 7.000 hectómetros cúbicos anuales en años secos.

   Al respecto, ha apuntado que el año pasado, de fuerte sequía, el caudal fue de 3.800 hectómetros cúbicos y ha comentado que de haberse aceptado la petición del Gobierno catalán se habrían «hipotecado» los usos del resto de integrantes de la cuenca.

   Por otra parte, el nuevo plan reconoce la existencia de un déficit hídrico en usos agrarios de 900 hectómetros cúbicos «por insuficiencia de recursos», «más acusado en la margen derecha», que, en parte, se podrán paliar con las obras de regulación previstas.

   De Pedro ha asegurado que se «asume» el impulso a estas actuaciones para «dar pasos definitivos para su consignación presupuestaria». Asimismo, ha aclarado que el apoyo de los regantes a la revisión del plan en 2015 se ha condicionado a que haya partidas para esas obras.

   RESERVAS HÍDRICAS

   El presidente de la CHE ha subrayado que el nuevo plan mejora algunas reservas hídricas, por ejemplo, se ha incluido una para la Diputación Provincial de Álava, se ha aumentado la de la Comunidad de La Rioja y hay una nueva reserva de 445 hectómetros cúbicos año para Cataluña, especialmente para la cuenca del Segre y en el Ebro, para el desarrollo de regadíos. También se recogen los 6.550 hectómetros cúbicos para Aragón.

   Por lo que se refiere a la abstención de dos de los tres representantes de las hidroeléctricas, De Pedro ha comentado que querían que el plan recogiera un derecho de indemnización por la implantación de los caudales ecológicos que limitaran sus derechos concesionales.

   Según ha puntualizado, la Ley de Aguas vigente «establece que son restricciones a los usos con carácter general y previo al ejercicio de los derechos» por lo que esa petición no se podía incluir y en el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado.

   El presidente de la CHE ha enfatizado, respecto a los usos hidroeléctricos, que «por primera vez se incluye que la Confederación pueda gestionar aprovechamientos de este tipo para el cumplimiento de los fines del plan», si bien se exige que el destino de esos rendimientos sea para la eficacia y modernización de regadíos y restauración medioambiental.

   Otro asunto analizado ha sido el «temor a la expansión» del caracol manzana, una especie invasora que actualmente está en el Delta del Ebro, asunto que se analizará este viernes en el Comité de Autoridades Competentes.

   ÚLTIMO TRÁMITE

   El presidente de la CHE ha informado de que este viernes el plan tendrá que recibir el visto bueno en el Comité de Autoridades Competentes, «último trámite en la cuenca», donde espera que sea apoyado ya que quienes están representado en él son las administraciones públicas, que este jueves han votado a favor.

   Después, el documento se remitirá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, quien deberá aprobarlo definitivamente mediante un real decreto, algo que tendrá lugar antes de que concluya el año, ha asegurado.

   De Pedro ha manifestado que este será el primer plan elaborado teniendo en cuenta la Directiva Marco del Agua, que vela por el buen estado y calidad de las masas hídricas, por lo que incluye «muchas medidas» en este sentido que permitirán pasar del actual 70 al 85 por ciento de masas con «buena salud» en la cuenca.

ECOticias.com – ep

D. MARTÍNEZ / alicante

Día 05/07/2013

Temas relacionados

El Ministerio media entre la Comunidad y Castilla-La Mancha, que defienden las posturas antagónicas de sus regantes

El plan de cuenca del Júcar, que debe regir el funcionamiento de la cuenca hídrica principal en la Comunidad Valenciana los próximos cinco años, se retrasa. Como viene publicando este periódico en las últimas semanas, la planificación del Ministerio de Medio Ambiente pasaba por sacar a exposición pública el borrador del plan a finales de junio, de forma que entrase en vigor a principios del año que viene –el plazo para recibir alegaciones es de seis meses–.

De esta forma, el Ministerio habría dado cumplimiento a su plan de publicar un borrador cada mes (en abril fue el del Tajo, también controvertido, y en mayo el del Segura). Sin embargo, el del Júcar se ha revelado como el plan de cuenca más conflictivo del panorama hídrico actual. Según ha podido saber ABC, las negociaciones para poder desbloquear el documento se celebran al más alto nivel en Madrid. Se trata de una negociación a tres bandas, entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana.

En estas negociaciones, que se prolongan ya por espacio de varias semanas –y que ya superan el horizonte temporal fijado inicialmente–, cada una de las regiones defiende los intereses de sus regantes, que son en varios puntos totalmente antagónicos, como ha venido publicando ABC. La divergencia de posturas ya quedó de manifiesto en la negociación del plan de demarcación que define el territorio de la cuenca, y de nuevo en la votación del Esquema de Temas Importantes (ETI) del cual

Tres focos de conflicto

En cuanto al plan de demarcación, que fija el ámbito territorial de la cuenca y, por extensión, el peso específico de cada región en sus órganos de gobierno, en junio finalizó el plazo para recibir alegaciones. Los regantes de la Comunidad, como avanzó en su momento este diario, presentaron alegaciones en el último día hábil para hacerlo, al entender que la demarcación perjudicaba a la región.

En este sentido, cabe recordar que el documento –aprobado en enero– incorpora las cuencas endorreicas de Albacete (que no vierten al río ni tienen relación con el mismo) a la cuenca del Júcar, lo que otorga mayor peso territorial a la región vecina. Especialmente, si se segregan el Turia y el Vinalopó –cuencas internas que, en algún momento, deben pasar a estar gestionadas por el Gobierno autonómico–. En ese caso, los nuevos regadíos de Albacete tendrían preferencia para captar caudales del Júcar frente, por ejemplo, al abastecimiento de Valencia –a través del canal Júcar-Turia– o el trasvase al Vinalopó.

Pero al margen del plan de demarcación, ya recurrido por los regantes en el Supremo, el plan de cuenca también presenta tres focos de conflicto que se intenta ahora solventar en el Ministerio. Por un lado, los regantes valencianos reclaman que, de una vez por todas, se acometa la prometida modernización de regadíos en la Acequia Real del Júcar. Por otro, y sin salir de la Comunidad, los regantes alicantinos quieren que se recupere la toma original del trasvase Júcar-Vinalopó por la poca calidad del agua en la desembocadura del río.

Sanciones

Y desde Castilla-La Mancha rechazan el trasvase Júcar-Vinalopó –incluso llevaron a los tribunales el envío en fase de pruebas– y plantean la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental. El montante total de acometer todas estas obras –que correría a cargo del Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación del Júcar (CHJ)–, como ha publicado ABC, asciende a 200 millones de euros.

Sobre la negociación, pende la espada de Damocles de las sanciones europeas, mucho más costosas que las obras a acometer. El plan del Júcar debería haberse aprobado en 2009, y Bruselas puede reclamar a España 200.000 euros de multa por cada día de retraso, lo que supone aproximadamente 72 millones de euros al año. Una cantidad que se incrementa cada día que se retrasa su aprobación.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.abc.es/alicante/20130705/abcp-negociacion-para-aprobar-plan-20130705.html

El Consejo Balear del Agua ha aprobado el nuevo Plan Hidrológico de las Islas, que persigue garantizar el buen estado ecológico y a la vez satisfacer la demanda, fomentando un uso racional y armónico con el desarrollo regional, informa el Govern. Es el documento que debe regir la preservación y el aprovechamiento del dominio público hidráulico de la comunidad autónoma en los próximos años. El texto ha sido ratificado por amplia mayoría, 33 votos a favor y uno en contra, en la sesión extraordinaria del Consejo Balear del Agua presidida por el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company.

   Este órgano está constituido por representantes de las consellerías de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, de Hacienda y Presupuestos, de Economía y Competitividad y de Salud y de todos los consells insulars.

    Además, de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), ayuntamientos, organizaciones agrarias, pesqueras y ganaderas y de consumidores, entidades ecologistas y otros colectivos profesionales vinculados con la gestión del agua y las infraestructuras hídricas de la comunidad autónoma como los colegios de Ingenieros de Caminos y de Minas y la Asociación de Empresas de Sondeos.

    Los principales objetivos del nuevo plan son garantizar el buen estado ecológico del dominio público hidráulico, satisfacer la demanda de agua, protegiendo la calidad, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y fomentar un uso racional de este recurso.

    Biel Company ha destacado que «se trata de un plan realista y más conservacionista que el documento vigente hasta ahora, del año 2001» y que «busca un equilibrio entre la protección del recurso y la satisfacción de la demanda».

    El titular de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio también se ha mostrado satisfecho por el «consenso unánime de los sectores afectados a la hora de votar a favor de este plan» y ha matizado que el plan es «un instrumento para gestionar el recurso del agua y no para hacer política urbanística «, en referencia al elaborado por el Govern durante la pasada legislatura y que el Ejecutivo central no llegó a aprobar.

    El plan introduce la figura de masa de agua en sustitución del concepto unidad hidrogeológica, utilizado hasta ahora para clasificar los recursos disponibles, y clasifica estas masas en cuatro categorías en función de su estado ecológico.

    En concreto, se clasifican 90 masas de agua en Baleares, de las cuales el 70% se encuentran en un buen estado.

Medidas para garantizar su estado ecológico

     Del nuevo plan destaca también toda una serie de medidas encaminadas a garantizar el estado ecológico, como la reducción de la extracción de agua de pozo permitida para consumo doméstico, que pasa de 500 a 400 metros cúbicos al año, y la prohibición de hacer extracciones en los primeros 200 metros de la costa para evitar la salinización de los acuíferos.

     También se otorga la máxima protección posible que recoge la Ley de Aguas a las 4.215,15 hectáreas calificadas actualmente como zonas húmedas de las Islas y se recoge la posibilidad de recuperar futuras zonas, así como la posibilidad de recuperar zonas húmedas degradadas e integrarlas dentro de un proyecto urbano.

    Además, el plan mantiene los perímetros de protección de los pozos de suministro urbano, así como la distancia mínima entre captaciones, que es de 100 metros, tal como indica la Ley de Aguas.

    También fomenta el uso de recursos alternativos (agua regenerada y desalada) para determinados usos con el objetivo de favorecer la recuperación y la mejora de los recursos naturales.

    El plan también recoge medidas encaminadas al uso racional y al ahorro de agua, con un objetivo de reducción de pérdidas en red del 20% antes del año 2021, impulsando que las nuevas edificaciones incluyan grifos de ahorro de agua.

Oposición del Gob al Plan

    Por su parte,

    El Gob ha criticado en la reunión las «falsedades» con las que la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio justifica la retirada del Plan Hidrológico aprobado la pasada legislatura y ha subrayado que la nueva regulación satisface «las expectativas de acceso al agua sin límites ni controles».

     Por ello, «perforadores, agricultores y facultativos de minas han estado totalmente de acuerdo y satisfechos» con el plan impulsado por el Govern del PP, indican los ecologistas en un comunicado.

     Para el Gob, el nuevo Plan Hidrológico reduce el control de las captaciones de los acuíferos, relaja los requisitos para evitar su contaminación, permite triplicar los pozos existentes y autoriza nuevas extracciones en zonas costeras pese a la salinización generalizada. Asimismo, la entidad critica que la modificación de los límites de las zonas húmedas periurbanas facilita el desarrollo de proyectos urbanísticos como el de Ses Fontanelles, l’Ullal, Porto Petro y Maristany.

     Finalmente, los ecologistas inciden en que el plan aprobado hoy incumple la Directiva Marco del Agua e imposibilita el cumplimiento de las regulaciones europeas sobre el buen estado químico y ecológico de las aguas superficiales y la recuperación cuantitativa y cualitativa de los acuíferos

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agroinformacion.com/noticias/73/cuencas%20hidrograficas/62925/aprobado%20con%20un%20solo%20voto%20en%20contra%20el%20nuevo%20plan%20hidrologico%20de%20las%20islas%20baleares.aspx

a asociación ecologista Gob ha denunciado que el Plan Hidrológico  desprotege los acuíferos del archipiélago en beneficio de determinados sectores económicos, algo que tendrá «nefastas consecuencias».

El texto normativo del Plan Hidrológico del Ebro (PHE) que ayer aprobó el Consejo del Agua de la Cuenca incluye una serie de novedades que otorgan al Gobierno de Aragón capacidad –teórica, a expensas de posteriores procedimientos judiciales– para poner trabas a futuros proyectos de trasvase al arco mediterráneo y, al mismo tiempo, para obtener por ellos beneficios económicos.

El PHE reconoce reservas estratégicas de caudales a favor de siete instituciones territoriales: 40 hectómetros cúbicos anuales para la Junta de Castilla y León, 21,75 para la Diputación Foral de Álava, 148,75 para La Rioja, 32 para Navarra, uno para Castilla-La Mancha, 445 para la Generalitat de Cataluña y 850 para el Gobierno de Aragón.

En la mayoría de los casos, las ubica en cuencas que atraviesan su territorio y de las que se abastecen sus sistemas de regadío. En el cuarto, no: los derechos de Aragón pasan a extenderse a lo largo de todo el eje del Ebro, ya que han sido asignadas a la junta de explotación que regula la cabecera y el eje y a la que atiende al tramo final.

La finalidad de las reservas, que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) inscribira de oficio en su Registro de Aguas cuando el PHE esté vigente, es cubrir «las necesidades de regadío, energéticas, industriales y de abastecimiento de población» según la «disponibilidad del recurso en base a las obras de regulación existentes o previstas en este Plan Hidrológico».

No obstante, el artículo del PHE que recoge este asunto da por entendido que «la no explicitación en este apartado de la reserva para un determinado uso o aprovechamiento no implicará su no consideración en el futuro». Eso ocurrirá siempre que ese uso no explicitado «suponga una adecuada utilización y aprovechamiento del recurso disponible, y cuente con la regulación interna requerida».

El PHE ubicará así derechos de la DGA en el tramo final del Ebro –a partir del Mequinenza–, en el que se han situado todos los proyectos de trasvase al arco mediterráneo, y posibilitará que la comunidad autónoma esté representada en la Junta de Explotación de esa zona.

El balance de recursos hidráulicos que establece el PHE imposibilita la ejecución de nuevos trasvases –la cuenca ya soporta nueve– a otras áreas, aunque la legislación española en materia de aguas sí posibilita –con el visto bueno del Gobierno central– la venta de derechos entre usuarios de diferentes demarcaciones hidrográficas.

Fuentes jurídicas señalaron que la redacción del PHE da teóricamente a la DGA capacidad de intervención en el Bajo Ebro, aunque dudaron de que un tribunal la convalidara.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/el-plan-del-ebro-habilita-a-dga-para-vetar-trasvases-y-para-vender-agua_866753.html

El Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro, en el que está representada la Generalitat Valenciana, aprobó ayer el nuevo plan hidrológico de la demarcación del Ebro, que prevé una inversión de 600 millones de euros a partir de que se apruebe definitivamente.
Así lo anunció el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de Pedro, quien se felicitó por el «amplísimo consenso» que ha logrado el texto, con 74 votos a favor, 9 en contra de Chunta Aragonesista (CHA), Generalitat de Cataluña y ecologistas y cinco abstenciones de Izquierda Unida (IU), empresas hidroeléctricas y asociaciones sindicales.
A su entender, «los votos en contra no pueden ensombrecer» el acuerdo suscitado, teniendo en cuenta que es «difícil buscar el equilibro».
El nuevo plan incluye la necesidad de fijar caudales ecológicos. Además, se recoge un caudal mínimo para el Delta del Ebro de 3.200 hectómetros cúbicos al año, que se ha aumentado respecto a la situación anterior, cifra que «con toda seguridad» será mayor habitualmente, si bien ha precisado que la cuenca sufre de forma periódica sequías por lo que no se podía aceptar la petición de la Generalitat de Cataluña de que el caudal fuera de 7.000 hectómetros cúbicos anuales en años secos.
El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, ha avanzado que el Gobierno catalán planteará una «posición frontal» contra el Plan Hidrológico del Ebro. Hoy ofrecerá una «declaración pública detallada y exhaustiva para que finalmente este plan no se apruebe».

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/07/05/consejo-agua-aprueba-plan-hidrologico/1013496.html

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, aprovechó el marco de la Feria Regional del Campo para agradecer al Gobierno de España su papel en la negociación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) por «haber salvado el campo español y haber conseguido logros muy importantes para el país y para nuestra región». En este sentido calificó de «gran logro» el hecho de que no se exijan más requisitos medioambientales para recibir ayudas del viñedo, del olivar, de la almendra y del pistacho». Decisión, que según dijo, supone algo muy importante para Castilla-La Mancha al ser el mayor viñedo del mundo, ya que «de las 700.000 hectáreas que ha declarado en la solicitud única nuestra región, 357.000 son de vid, 281.000 de olivar y más de 70.000 de frutos de cáscara».
La presidenta del Gobierno autonómico se refirió también al Plan de Desarrollo rural 2014-2010, que «en breve tienen que presentar las comunidades autónomas», donde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha apostará por la integración de las cooperativas para la comercialización, con el fin «de hacer más fuerte al agricultor frente al producto». Pero  también, continuó, se realizará un esfuerzo para defender la ganadería y dotar a nuestras razas autóctonas de una mayor calidad y una mayor productividad para que sea un sector sostenible y competitivo», además de trabajar para que «la juventud quiera vivir y trabajar del mundo agrario pueda hacerlo». Asimismo, recordó cuando finalice la vendimia, se celebrará la Cumbre del vino, «donde vamos a dar a conocer que tenemos vinos de excelente, maravillosa y magnífica calidad».
Destacó también el volumen de las exportaciones de Castilla-La Mancha, pues declaró que «el 38 por ciento del total corresponde a exportaciones de productos agroalimentarios» y señaló que en el primer cuatrimestre del año, «las exportaciones en la región han subido por encima del 14 por ciento, lo que demuestra que estamos creciendo incluso por encima de le media española y que nuestro campo está sano y saludable».   
Manifestó que el hecho de que en Fercam se ponga en valor todos los últimos avances del sector primario y de la industria «es extremadamente importante», por lo que esperó que esta edición «sea completamente un éxito como ya lo fue el año pasado» y como así «lo demuestran ya los números previos», pues «hay Fercam no es sólo que sea una feria regional del campo, sino una feria nacional con dimensión internacional»..

ENLACE A NOTICIA: http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z7C277709-FD1D-4731-8873ED0D47FA5274/20130704/cospedal/valora/no/exigir/mas/requisitos/recibir/ayudas/vid/olivar

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, inauguró ayer la 53 edición de la Feria Regional del Campo. Acompañado por la presidenta regional de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, y otras autoridades políticas locales, provinciales y regionales, aseguró que «Fercam se celebra en un buen momento para el campo español», ya que el sector agroindustrial «está demostrando ser puntero en el mundo de las exportaciones y uno de los más dinámicos de la economía». Asimismo, recordó que «las exportaciones han crecido por encima del nueve por ciento con respecto al año anterior», por lo que «nuestra balanza comercial es positiva».
Durante su intervención, el titular de Agricultura resaltó la importancia que ha tenido la negociación de la Política Agraria Común (PAC). Subrayó que ha sido una buena negociación, que ha conseguido que ganaderos y agricultores «tengan un horizonte de estabilidad presupuestaria hasta 2020». Así, detalló que se contará con más de 47.000 millones de euros de apoyos, más de 35.0000 millones para ayudas directas, además de 8.000 millones para políticas de desarrollo rural y más de 4.000 millones para medidas de mercado, por lo que «el 30 por ciento de la renta agraria estará cubierto por unas ayudas comunitarias seguras, estables y permanentes».
Así, apuntó, que ante «las señales de pesimismo que se están lanzando desde el Partido Socialista al campo», el Gobierno quiere ofrecer «optimismo», pues «es el único sector de la economía española que tiene garantizados unos apoyos presupuestarios que van a estar en la banda de los 7.000 millones de euros por año en los próximos siete años»: «Ningún sector de la economía tiene esa garantía», apuntó. En este mismo sentido, Arias Cañete reiteró «que existe la seguridad de que los ganaderos y agricultores van a seguir recibiendo los mismos apoyos que en el pasado y que no habrá pérdidas ni para el sector ni para las comunidades autónomas».
Destacó además que la nueva PAC «mejorará producciones claves en Castilla-La Mancha como es el sector del vino», donde se ha conseguido «dos avances fundamentales» como es el hecho de que a olivares y a viñedos no se les exija requisitos adicionales para percibir las ayudas agrarias», así como el hecho de haber corregido uno de los grandes errores de los socialistas que «establecieron la libertad absoluta de plantaciones a partir de 2015»: «En un momento en el que nos preocupa el posible excedente del vino, el haber firmado una liberación del sector era una absoluta insensatez».
Mostró su satisfacción por estar en Fercam, muestra «que se ha abierto un espacio entre las ferias de referencia agroganaderas y de maquinaria agraria en España» con «más de 180 expositores y con ejemplares del sector caprino y bovino de una altísima calidad». Así, declaró que «se trata de un sector con futuro», pues «los ganaderos y los agricultores de Castilla-La Mancha son verdaderos empresarios dinámicos que conocen su faena y que van a apostar por los mercados de exportación con productos de una reconocida calidad a nivel mundial». Por ello, prosiguió, ahora las administraciones tienen que trabajar por aprovechar las ayudas comunitarias y conseguir «un sector más competitivo en la economía española para que sea el motor del crecimiento económico en la generación de empleo», apuntó.

Zaragoza.- Las Comunidades de Regantes pueden obtener ahorros de hasta un 15% en el suministro eléctrico si realizan una negociación colectiva con la comercializadora. Esa es una de las principales conclusiones expuestas este mes en el nuevo “Boletín al mail del Regante”, editado por la Oficina del Regante de Sarga a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

La publicación técnica trata en su tema de portada las ventajas de realizar una solicitud conjunta frente a la negociación individual, con la intención de conseguir precios más económicos. De esta forma, el artículo profundiza en el papel de la Oficina del Regante en este proceso, las pautas a seguir, así como un estudio de los ahorros conseguidos en las dos negociaciones colectivas llevadas ya a cabo en la Junta Central del Bajo Ebro Aragonés y Canal de Aragón y Cataluña.

Los porcentajes de ahorro varían en función de la potencia contratada, así como del transcurso del periodo de contrato (contrato cerrado en un periodo de hasta dos años que no es objeto de subidas), pero fluctúan entre un 6% y un 15% de ahorro en comparación a su contratación de manera individual.

El “Boletín al mail del Regante”, que desde hace dos años se distribuye por correo electrónico, ya ha alcanzado la cifra de más de 4.700 suscriptores entre regantes, cooperativas, organizaciones agrarias, investigadores, y otros miembros del sector. La suscripción a la publicación es gratuita, y sólo se precisa enviar un correo a oficinaregante@sarga.es , indicando nombre, apellidos y mail al que se desea recibir el boletín.

Desde el año 2008 la Oficina del Regante de Sarga presta un servicio de asesoramiento energético a los regantes de Aragón tras la liberación del mercado eléctrico y el encarecimiento del coste de la energía tras la desaparición de la tarifa especial para riego.

Todo ello ha llevado a Sarga a prestar unos servicios de asesoramiento energético adaptados a la necesidad de cada cliente, pudiendo prestarse a nivel individual con el objetivo de reducir el consumo eléctrico, pero también a nivel colectivo, en cuanto a negociar conjuntamente las tarifas de suministro eléctrico.

A través de un pliego de prescripciones técnicas que define los aspectos principales que debe cumplir el contrato, la Oficina del Regante solicita una propuesta económica a las comercializadiras que operan en el mercado. Al tener que cumplir fielmente las condiciones exigidas en el pliego, se garantiza que las comercializadoras presentan ofertas adaptadas a las necesidades de los regantes. Tras un estudio y evaluación de las propuestas se elegirá la oferta económica más ventajosa presentada y se garantizará un contrato de entre uno y dos años en función de la fecha de vencimiento del actual contrato.

La Oficina del Regante de Sarga prestará el asesoramiento técnico necesario para asegurar el éxito de la negociación durante todo el proceso y realizará todos los trámites necesarios hasta la firma del contrato de suministro, supervisando que se cumplen las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=109369

3-7-2013 dos nuevos litigios jucar.pdf

El Parlamento Europeo ha ratificado su acuerdo con el Consejo para que el diclofenaco -fármaco presente en medicamentos anti-inflamatorios- sea catalogado como sustancia de obligada vigilancia en los anexos de la Directiva Marco del Agua y en la directiva que establece los estándares medioambientales que se deben cumplir en el ámbito de la política de aguas. Con esta nueva medida, los Estados Miembros estarán obligados a evaluar regularmente la presencia de diclofenaco en sus masas de agua de manera que, si se sobrepasan los límites de referencia, el fármaco pasaría a engrosar la lista de sustancias no permitidas.

   El eurodiputado socialista valenciano Andrés Perelló ha explicado que, «este acuerdo supone un paso más en la garantía de seguridad de nuestras aguas, nuestros peces y por tanto de la seguridad alimentaria. Ahora toca a los Estados cumplirlo y velar por la salud de los ciudadanos y por el Medio Ambiente».

    Según ha manifestado Perelló, «la presencia de restos de diclofenaco en peces del Xúquer y el Ebro nos demostró que era necesario regular determinados tipos de fármacos bioacumulativos que pueden llegar a dañar gravemente a los ecosistemas y a la salud de la población que depende de las aguas en las que se vierta».