La reserva hidráulica de la Confederación Hidrográfica del Júcar está al 56,3 por ciento de su capacidad total. Actualmente hay 1.884,0 hm3 de agua embalsada, lo que representa una disminución de -18,1 Hm3 con respecto a los niveles de la semana anterior. El mayor descenso lo ha registrado el Sistema Júcar (Alarcón, Contreras y Tous) con -13 Hm3.

La reserva por Sistemas de Explotación es la siguiente: Sistema Júcar tiene embalsados 1345,1 Hm3 (57,3 por ciento); Sistema Turia tiene embalsados 143,8 Hm3 (48,8 por ciento); Sistema Mijares tiene embalsados 109,6 Hm3 (58,9  por ciento); Sistema Marina Baja tiene embalsados 24,2 Hm3 (84,0  por ciento); Sistema Palancia tiene embalsados 5,0 Hm3 (82,8  por ciento); Sistema Cenia tiene embalsados 9,1 Hm3 (82,6 por ciento); Sistema Serpis tiene embalsados 25,6 Hm3 (94,8 por ciento) y otros embalses tiene embalsados 221,6 Hm3 (49,9  por ciento).

La comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura podría aprobar una nueva derivación de agua de Entrepeñas y Buendía hacia Levante y Murcia, tanto para consumo humano como para regadío.

La Plataforma en Defensa del Tajo, y la Asociación de Municipios Ribereños advierten de las pocas reservas de la cuenca del Tajo y la alta capacidad hídrica del Segura, ante la inminente reunión de la comisión de explotación

La Plataforma en Defensa del Tajo ha advertido ante la reunión de la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura de que un nuevo trasvase al Segura será «un error» porque en el Tajo «no hay agua».

Esta organización manifestó que no espera «cordura» en la decisión del Gobierno central y auguró que para el primer trimestre de 2013 se trasvasarán 114 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo al Segura.

Ante la escasez de lluvia, la Plataforma argumentó que este es «el invierno más seco de los últimos años tras pasar un otoño regular».

En este sentido, la reserva de agua embalsada en los pantanos de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, supone solamente el 24,89 % de su capacidad total, según datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Además, durante el último trimestre de 2012 se trasvasaron 101,7 hectómetros cúbicos, 29,7 para abastecimiento y 72 para zonas de riego, pero han entrado en Entrepeñas y Buendía sólo 95,37 hectómetros cúbicos, lo que supone que se ha trasvasado más agua de la que ha entrado.

Las altas reservas de la cuenca del Segura (56 %) garantizan todas las demandas de la propia cuenca, por lo que no debería aprobarse un nuevo trasvase, que supondría «un nuevo hachazo».

Del mismo modo, desde la Plataforma en Defensa del Tajo se critica que no se haya aprobado aún el plan de cuenca del Tajo y advirtieron de que la situación es de «alegalidad».

También, los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía se unen a la petición de que no se apruebe un nuevo trasvase. 

carlos alós alzira La comarca de la Ribera ya tiene una voz unánime en defensa de la inclusión de una reserva de agua del Xúquer en el nuevo plan hidrológico, cuya publicación es inminente. Los populares de la Ribera Alta acordaron por unanimidad en su reunión del pasado lunes apoyar la reclamación a la Generalitat y al Gobierno.
Unos 80 cargos del partido, entre miembros de la ejecutiva, presidentes, secretarios locales y alcaldes, a excepción de las alcaldesas de Alzira y Carcaixent, Elena Bastidas y Lola Botella, participaron en la votación, que acordó reclamar una concesión de 31 hectómetros cúbicos anuales del Xúquer para abastecimiento humano de la Ribera.
Incluso, los populares lamentaron que no se les invitara formalmente a la manifestación del pasado viernes ante el Ayuntamiento de Alzira convocada por la Plataforma per l’Aigua y que reunió a unas 200 personas, en su mayoría cargos públicos de PSPV, Compromís, EUPV y sindicatos.
Los populares defienden que es el momento de reclamar la concesión de agua superficial para toda la comarca, no sólo para los 13 municipios afectados por la presencia de pesticidas y nitratos en sus aguas de consumo, sino como medida de previsión para todas las poblaciones que en el futuro pudieran necesitarla.

El Parlamento Europeo, y la Comisión Europea han dado el visto bueno a la futura reforma de la PAC, bien valorado por los grupos de desarrollo rural

El presidente de la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Ángel Exojo, aseguró que Castilla-La Mancha ha salido «bien parada» con la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) porque logrará hasta un 85 por ciento de la cofinanciación en muchos proyectos.

Exojo, que informó en rueda de prensa de las actuaciones y futuros proyectos de los seis Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Toledo de los 24 que aglutina la Red en Castilla-La Mancha, razonó a preguntas de los periodistas que la nueva reforma de la PAC es «positiva» para la región.

Explicó que, al pasar a ser «región en transición», junto a Andalucía y Galicia, el porcentaje de cofinanciación de fondos europeos tendrá de media un 75% y en muchos casos subirá al 85 %, como en Programas de Desarrollo Rural (PDR) relacionados con la innovación y la incorporación de jóvenes al mercado laboral.

«Nuestra región ha salido bien parada de cara al siguiente Programa 2014-2020 porque la aportación de fondos propios, nacionales y regionales, va a ser menor», explicó.

Y ello, pese a que el recorte estimado para los próximos seis años, y respecto al periodo 2007-2013, supondrá una reducción del 14 % de los fondos europeos para España, que se compensará, ha añadido, con la posibilidad de que cada país y región, a través de la Metodología LEADER (fondos europeos para desarrollo rural), gestione el 10 % del fondo FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) y le puedan llegar nuevos porcentajes de otros fondos comunitarios.

Reconoció que ahora queda la definición de objetivos y el reparto de los fondos que percibirá el Estado -cerca de 8.300 millones de euros- para cada comunidad autónoma y, aquí, ha tendido la mano al Ejecutivo regional «para diseñar el mejor programa».

Exojo avanzó que el trabajo inmediato de Recamder es ayudar al Gobierno regional a que se cumplan los once objetivos que ha marcado la Comisión Europea en el documento que ha remitido a España sobre las principales carencias que debe resolver.

El presidente de Recamder, además, se congratuló de que en la nueva reforma de la PAC se haya incluido la petición de la Red regional de que «junto a los 17 Programas de Desarrollo Rural se sume el número 18, a nivel nacional».

Un programa que, liderado por el Ministerio, «podrá unificar y ampliar los criterios de manera homogénea en todo el territorio, desde el punto de vista estratégico de reducir o eliminar las carencias», completó Ángel Exojo.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.clm24.es/articulo/economia/recamder-valora-que-se-financiara-hasta-el-85-por-ciento-de-proyectos-rurales/20130701140932015112.html

Cooperativas agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebró su Asamblea Sectorial, en la que se analizaron los datos de cosecha estimados por las cooperativas, tanto para nuestra región como a nivel español, así como las previsiones mundiales que ya están marcando los inicios de precios de esta campaña. En Castilla-La Mancha se espera un aumento de la producción de un 42%, aunque este dato es provisional a expensas de que se generalice y consolide la cosecha en toda la región. La cebada puede acercarse a las 2.314.000 toneladas, el trigo cerca de las 930.000 toneladas, seguido ya de lejos como tercer cereal de otoño-invierno más importante la avena, con 250.000 toneladas de producción estimadas.

   Por provincias, en Albacete se prevé que subirá un 33% la producción, hasta las 742.000 toneladas; Ciudad Real puede aumentar de media un 5% su producción hasta los 693.000 toneladas (hay que recordar que esta provincia viene de un buen año en 2012); Cuenca espera, al menos, duplicar su producción, superando el 1.000.000 toneladas; Guadalajara espera subir un 38% la producción a 556.000 toneladas, y finalmente Toledo puede aumentar hasta en un 40% las producciones, superando las 638.000 toneladas.

Datos nacionales

   A nivel nacional las estimaciones también hablan de aumento de la producción; la que se prevé alcanzar los 18.2 millones de toneladas de cereales de otoño-invierno (sin incluir el maíz), lo que supone un 56.5% más de la cosecha nacional de la pasada campaña. A esta cantidad Castilla-La Mancha aportará más de 3.6 millones de toneladas, por detrás de Castilla y León con 6.8 millones de toneladas, y seguida de Aragón con 2.46  millones.

    Muchas otras comunidades autónomas de nuestro país esperan aumentos de cosecha importantes, gracias a las lluvias de toda la campaña y a que la climatología por lo general ha propiciado un buen desarrollo y cuajado.

    En cuanto al escenario mundial en este inicio de campaña, según todos los organismos internacionales las existencias mundiales de cereales se recuperan, pasando de 1.786 millones de toneladas a 1.916 millones según  estas fuentes para la campaña 2013-2014.

   Todo el mundo está pendiente de la evolución de las siembras de maíz en EE.UU., que parece ser uno de los parámetros que pueden mantener o modificar la situación actual, en la que se espera una campaña con una fuerte competencia en la exportación entre EE.UU., América del Sur y el Mar Negro, y en segundo término la UE, que por sus cosechas tendrá menos necesidades de importación en la próxima campaña.

Reforma de la PAC en el sector

   En otro orden de asuntos, se aprovechó la reunión de la Asamblea para exponer los principales acuerdos alcanzados en la reforma de la PAC y sus principios de aplicación, destacando la aplicación del greening en este sector (hay que recordar que se introduce de manera obligatoria la diversificación de 2 o 3 cultivos según la dimensión de la explotación de los cultivos herbáceos, la superficie de interés ecológico sin cultivo), la aplicación del pago básico (el Ministerio está barajando 40 regiones productivas en función de rendimientos comarcales para secano, regadío, leñosos y pastos que recuerdan muy mucho a los planes de regionalización de 1992 ya conocidos por este sector), las posibles ayudas acopladas, además de la normativa sobre organizaciones de productores y contratación colectiva, que es específica de muy pocos sectores como los herbáceos, así como el desarrollo rural.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agroinformacion.com/noticias/2/cereales/62775/cooperativas%20de%20clm%20espera%20un%20aumento%20de%20la%20cosecha%20de%20cereales%20en%20la%20region%20de%20un%2042.aspx

La consejera de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha destacado que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) ratifica el mantenimiento del presupuesto para el campo español y castellano-manchego así como otras reivindicaciones del Gobierno de Cospedal para que los agricultores y ganaderos mantuvieran el mismo nivel de ayudas. Lo ha contrapuesto a lo que sucedía con el borrador inicial de la PAC que aprobó la Comisión Europea en octubre de 2011, tras negociar con los estados miembros. Ya entonces, el Gobierno del PSOE permitió que saliera un “texto nefasto en el que cada agricultor y ganadero perdía la mitad de las ayudas actuales”, ha recordado Soriano esta mañana durante una entrevista en el programa ‘Castilla-La Mancha Despierta’, de Castilla-La Mancha Televisión. Así, la titular de Agricultura ha explicado que en ese texto inicial se preveía un fuerte incremento de las hectáreas con derecho a ayudas –que pasarían de 22 a 38 millones-, lo que habría supuesto que cada productor percibiera en torno a un 40% menos. Esta circunstancia, sumada a la ‘tarifa plana’ por hectárea y otros condicionantes, habrían provocado esa fuerte pérdida de las ayudas de en torno al 50% para cada agricultor y ganadero de la región.

La consejera ha destacado que la labor del Gobierno del Partido Popular y el apoyo de comunidades como Castilla-La Mancha ha permitido tanto asegurar un mismo nivel de ayudas como “que se atiendan prácticamente todas nuestras demandas”, evidenciando que “España tiene una voz fuerte y clara en Europa”.Entre otros aspectos, además del presupuesto y el número de hectáreas con derecho ayudas, ha incidido en la importancia de introducir flexibilidad en la reforma para adaptarla a la realidad agronómica de los países mediterráneos; de evitar los criterios de convergencia interna que pretendía Bruselas que habrían supuesto “pérdidas para algunos sectores”; o de obtener fondos suficientes para atender a los ‘ganaderos sin tierra’.

María Luisa Soriano ha afirmado que en términos generales el sector agrario de Castilla-La Mancha ha tenido una “respuesta positiva porque le hemos dado la vuelta al texto inicial”, y ha recordado que ahora queda la parte de negociación entre comunidades autónomas para definir tanto el presupuesto como otros criterios de aplicación de la PAC a nivel nacional.En ese aspecto, y ante la reunión decisiva que tendrá lugar el 24 y 25 de julio para concretar esas cuestiones, la titular de Agricultura de la Junta ha afirmado que tiene “buenas expectativas” de cara a mantener para Castilla-La Mancha lo que se ha conseguido para España. Ha   apuntado que los técnicos de la Consejería de Agricultura ya están trabajando para desglosar todos los aspectos de la reforma y tener muy claro “qué hay que defender ante el resto de comunidades autónomas”

Por otro lado, la consejera del Gobierno regional ha avanzado que los adversidades climatológicas han producido en lo que llevamos de año daños en diferentes grados en unas 60.200 hectáreas, la mayoría de cereales y viñedo, aunque hay otros cultivos afectados en menor medida, como algunos hortofrutícolas. Por último, Soriano ha indicado que las granizadas de mayo han sido las que más perjuicios han causado, seguidas por la fauna silvestre y las inundaciones. En todo caso, ha avanzado que se prevén buenas cosechas “porque está siendo uno de los mejores años agronómicos de los últimos tiempos”.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.elpueblodealbacete.com/noticias/44841-soriano-senala-que-con-el-psoe-los-agricultores-habrian-perdido-el-50-de-las-ayudas-de-la-pac/

La presión social también puede con la Unión Europea (UE). El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha decidido que el agua quedará al margen de la directiva europea sobre concesiones, una norma para regular la privatización a través de contratos de las Administraciones con empresas sobre servicios como el transporte, la energía y correos. En la decisión, el dirigente francés admite que ha influido la primera propuesta ciudadana europea, un nuevo sistema parecido a la iniciativa legislativa popular que permite “invitar” a la Comisión a que legisle en un determinado sentido. Esta primera movilización popular, que rechaza la privatización de los servicios de agua y pretende que este recurso se considere un derecho humano, como lo ha declarado la ONU, precisaba un millón de firmas de siete países, y los promotores —la Federación Europea de Sindicatos de Servicos Públicos, operadores públicos, ecologistas y partidos de izquierda, entre otros colectivos— han superado ya los 1,6 millones de firmas en 11 países y esperan llegar a dos millones.

Barnier defiende que la directiva sobre concesiones solo pretende mejorar la seguridad jurídica para los contratos entre Administraciones y operadores, así como garantizar la transparencia y la igualdad de trato en el mercado interno.

La plataforma mantiene que este recurso es un derecho humano

El eurodiputado popular francés Philippe Juvin, principal responsable de la negociación de esta legislación en el Parlamento Europeo, también defendió que la norma sobre concesiones de servicios “no supondrá la privatización automática de los mismos” ni “dictará a los Gobiernos qué prestaciones y financiación deben ser públicas o privadas”.

Sin embargo, como admite el comisario Bernier, las declaraciones no han convencido a organizaciones sociales de todo tipo que, durante meses, han alertado de que la pretensión final era facilitar la privatización de los servicios y, entre ellos, el de agua. “Entiendo que los ciudadanos se enfaden y decepcionen cuando les dicen que sus servicios de agua pueden privatizarse contra su voluntad. Me sentiría igual si existiera este riesgo”, afirma Bernier en la resolución que deja el agua fuera de la directiva. “Es nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones expresadas por tantos ciudadanos”, añade el comisario.

La iniciativa popular defiende el agua y el saneamiento como derecho humano para impedir que sea un bien comercial sujeto a las leyes de mercado a través de las concesiones, explica el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), Luis Babiano, uno de los promotores de la acción popular. También promueve que el suministro de agua y el saneamiento sean “blindados como servicios públicos esenciales para todos”, añade.

Cuando se presenten en el Parlamento Europeo a defender su propuesta, reclamarán a los Gobiernos que garanticen y proporcionen a todos los ciudadanos servicios de agua potable y saneamiento convenientes, que las instituciones comunitarias y los Estados miembros consideren estos como un derecho y velen por que todos los ciudadanos puedan ejercerlo, y que el abastecimiento y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior y se excluyan del ámbito de la liberalización.

Bernier: «Es nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones de tantos ciudadanos»

Esta victoria de la movilización social ha sido celebrada por los promotores de la iniciativa, aunque no dan por cerrado el capítulo y mantienen abierta la recogida de firmas y la campaña iniciada en mayo del pasado año. Los requisitos ya han sido alcanzados, pero los integrantes de la plataforma pretenden llegar a los dos millones de firmas en al menos 14 países.

“A pesar de esta muy buena noticia, creo que hemos de estar muy alerta de las intenciones de la UE y sus políticas de mercantilización del agua”, advirtió Quim Pérez, de Ecologistas en Acción, al resto de miembros de la plataforma. Esta organización prepara un documento “contra las políticas neoliberales de un bien esencial como el agua” y para conseguir su buen estado ecológico. “De qué sirve que el agua sea un bien público fuera de la ley del mercado si nuestros ríos no cumplen los caudales ambientes, nuestros acuíferos están sobreexplotados y nuestras aguas superficiales y subterráneas, altamente contaminadas”, argumenta.

“Primero la sanidad, luego la educación, más recientemente los servicios sociales y ahora, finalizada la burbuja inmobiliaria, pretenden crear la burbuja del agua, lo que significa, en la práctica, incremento de precios, disminución de la calidad del servicio, entrega de un bien ciudadano universal a capital privado, peores condiciones laborales para las plantillas de las empresas y riesgo de privatización del 51% público actualmente existente”, argumentan los responsables de la Secretaría de Internacional y Organización de CC OO, integrante de la federación sindical europea que ha estado a la cabeza de la iniciativa popular.

El gerente de Aeopas añade una razón más. “El canon [el dindero que cobran las Administraciones, principalmente Ayuntamientos, por la concesión de los servicios] ha demostrado que es una puerta abierta a las irregularidades”.

Cronología de la lucha por el agua pública

• Final del siglo XX. El Banco Mundial o el Interamericano de Desarrollo promueven la privatización del agua, al imponerla en los procesos de negociación de la deuda. En Bolivia, el enfrentamiento con la población conduce a la guerra del agua, una revuelta popular en la que se registran varios muertos y centenares de detenidos. Esta lucha inspiró la película Y también la lluvia, de Iciar Bollain.

• 2004. El 31 de octubre se aprueba en Uruguay una reforma constitucional que prohíbe la privatización del agua. También Ecuador la veta. Algunos países que vendieron sus servicios empiezan a rescatar las concesiones.

• 2006. El Foro Mundial del Agua de México, una reunión de Gobiernos, empresas y ONG, plantea sin éxito por primera vez la consideración del agua como un derecho humano. Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela consensúan una iniciativa en este sentido con más de 400 organizaciones.

• 2009. El mismo Foro, esta vez en Estambul, vuelve a fracasar en una iniciativa similar, pero ya son más de 20 países los que se suman a la petición.

• 2010. El 28 de julio, la Asamblea General de la ONU reconoce, mediante su Resolución A/res/64/292, que el derecho humano al agua potable y el saneamiento es un factor esencial para la vida. El Ayuntamiento de París comienza el rescate de los servicios de agua después de 25 años por opacidad financiera, la pérdida de control técnico y de la gobernabilidad del sistema. Se consigue reducir la factura hasta un 8%.

• 2011. Italia celebra un referéndum y 25 millones de ciudadanos votan en contra de la privatización del agua.

• 2012. Decenas de colectivos, con la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos al frente, emprenden la primera iniciativa popular europea contra la privatización del agua. 

• 2013. El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, excluye el agua de la directiva de privatizaciones. Los promotores de la movilización popular superan con creces el número de firmas exigido.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/01/actualidad/1372702820_342386.html

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha señalado que “tras dos años trabajando intensamente en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), ahora nuestros técnicos trabajan para conocer las posibles repercusiones en la región y estamos preparando a todos los niveles la negociación nacional para defender a todos nuestros sectores”.

Soriano ha realizado estas declaraciones esta mañana al programa ‘A Pie de Campo’, de Radio Castilla-La Mancha, en el que ha explicado que una vez cerrada la reforma a nivel comunitario queda por negociar su aplicación en España así como el reparto de fondos para cada comunidad autónoma.

La cita, a la que acuden el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete y todos los consejeros autonómicos del ramo, se celebrará en Madrid los días 24 y 25 de julio, y en esta reunión se deben decidir importantes cuestiones como quiénes quedarán excluidos de las ayudas –por no ser agricultores activos-, la división por comarcas agrarias para aplicar la convergencia interna –limitar diferencias en el montante de ayudas por hectárea- o los fondos por sectores y regiones.

La consejera ha indicado que tiene “ilusión y esperanza en obtener lo mejor para un sector que es muy importante para la economía de la región” y ha afirmado que con el trabajo que se está haciendo confía en que Castilla-La Mancha “salga reforzada”.

Una reforma que corrige defectos de la actual

Sobre la propia reforma, María Luisa Soriano ha destacado que “no sólo corrige los defectos del borrador inicial de octubre de 2011, bajo el Gobierno del PSOE, que era claramente perjudicial para los agricultores y ganaderos castellano-manchegos, sino que incluso corrige defectos de la PAC actual, como es el hecho de que permita “orientar los pagos directos a agricultores activos, lo que conllevará mantener la actividad y crear empleo”.

La titular de Agricultura ha resaltado del texto final cuestiones como el mantenimiento del nivel de las ayudas, que se situará en 47.000 millones de euros para el período 2014-2020, la eliminación de la “tasa plana” –pagar la misma cantidad por hectárea-, que habría provocado fuertes pérdidas a los agricultores y ganaderos actualmente activos, o la flexibilidad en los requisitos medioambientales o greening, del que dependerán el 30 por ciento de las ayudas.

Especialmente ha reseñado las medidas que benefician al sector vitivinícola, ya que el viñedo –al igual que el olivar y algunos frutales- queda excluido del greening, se frena la liberalización de los derechos de viñedo que tanto temía el sector y se habilitan fondos para la promoción en los países de la Unión Europea, principal mercado de los vinos de Castilla-La Mancha.

La Confederación Hidrográfica no ha asumido aún la tutela de las zonas costeras y de las aguas litorales que establece la actual directiva marco europea

José Sierra Millán Millán, director ejecutivo del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo desde su fundación, que Europa «casi nunca legisla teniendo presente la realidad mediterránea. Hay que recordársela constantemente». Un buen ejemplo se encuentra en el apartado dedicado a las aguas costeras y de transición, a las que la Directiva marco del Agua, además de atribuir una enrevesada definición, asignó competencialmente a los organismos de cuenca como la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Lo que en Europa, tierra de grandes estuarios y deltas, tiene sentido resulta algo más complicado de encajar en el Mediterráneo. Sin embargo, la idea, además de lógica- el litoral, las zonas de marjal y los ríos están funcionalmente unidos- representaba un nuevo factor de protección. Se abría paso, según los teóricos de la Nueva Cultura del Agua, a un nuevo enfoque basado en el «ecosistema costero» y se desterraba el concepto de que «el agua que no se aprovecha, se pierde», para cambiarlo por el de «el agua que se aprovecha hoy no debe poner en peligro el futuro».

«La aplicación de la DMA a las aguas costeras y de transición será la primera iniciativa que se llevará a cabo en el dominio costero y marítimo con el nuevo enfoque de gestión medioambiental», señalaba hace unos años Jordi Salat, del Institut de Ciències del Mar (CSIC) Barcelona. Sin embargo, al nuevo concepto le cuesta arrancar, como evidencia el Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Júcar, previo al Plan Hidrológico, donde los apartados dedicados a las aguas «costeras y de transición» tienen, de momento, un papel residual.

La ficha «Protección de la funcionalidad física y natural de la Comunidad Valenciana» diagnostica los problemas de la costa valenciana, aunque sin profundizar ni apuntar soluciones. El documento es , por lo demás, heredero de otras sensibilidades medioambientales más propias de la época de Cristina Narbona que de la ley de Costas impuesta por el actual ministro Miguel Arias Cañete.

Sólo así se entiende que el ETI afirme cosas como que «las mayores vulnerabilidades de la demarcación Júcar frente al retroceso de la línea de costa están asociadas a la ocupación urbanística del litoral, donde se preven retrocesos medios de unos 15 metros en las playas para el año 2050» o que identifique como «el segundo ámbito litoral especialmente vulnerable» en la demarcación «las zonas inundables (cordones, dunares, humedales y albuferas) cuyo grado de ocupación urbanística es el más elevado de todo el litoral español».

«Mea culpa»
El «principal generador» de la regresión de la línea de costa en la demarcación, es»la presencia de embalses en la cuenca que regulan los caudales y retienen los sedimentos», aunque también «infraestructuras portuarias y obras marítimas que suponen una barrera física para el transporte de sedimentos.

Para el primer apartado ya se han desarrollado algunos proyectos de «lavado» de embalses para liberar sedimentos atrapados. Derribar espigones y puertos deportivos es otra cosa.

La ficha del ETI, «insuficiente» a la hora de proponer medidas, según Xúquer Viu y confusa en la delimitación de competencias según la Generalitat Valenciana, sitúa los principales problemas de erosión costera entre el Puerto de Burriana y el Puerto de Sagunto, «con una regresión media de la línea de costa de 1,5 metros al año» atribuíbles a la barrera que supone el puerto «borrianenc», que supone «una barrera total al transporte litoral» de arena.

Existe también una gran erosión en la cara sur de deltas como el del Mijares, donde los embalses retienen los sedimentos que hicieron posible el propio delta, y una regresión de la línea de costa en los marjales de Peñíscola y el Prat de Cabanes. Al sur destaca el informe «la erosión al norte del Puerto de Valencia, entre la Pobla de Farnals y la Malvarrosa».

El diagnóstico identifica con carácter general las afecciones de los puertos de Vinarós, Castelló y Burriana —sorprendentemente obvia el puerto de Valencia (Xúquer Viu subraya el «olvido» en sus alegaciones)— y sigue destacando la existencia de obras de protección de la costa «poco eficientes» en lugares como Chilches, Moncófa, Nules y Santa Pola, además de los situados al sur de la desembocadura del Júcar que afectan a las playas de la Safor.

El informe vaticina que la variación del perfil de playa «a lo largo del litoral de la Confederación Hidrográfica del Júcar» puede provocar «graves problemas asociados a las edificaciones construidas cerca de la costa…ya que la cota de los terrenos en la mayor parte del litoral, apenas superan los 1,5 metros sobre el nivel del mar».

Entre las medidas para solucionar el problema se apunta al cumplimiento estricto de la Ley de Costas —la anterior a la reforma Cañete— y «la retirada estratégica del borde costero de forma controlada y planificada por los instrumentos urbanísticos existentes». Una medida «marca de la casa Narbona» cuya aplicación se antoja imposible por el Gobierno actual.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/07/01/playa-reivindica-amparo-jucar/1012019.html

 29-6-2013 ENTREVISTA LA TRIBUNA FCO BELMONTE.pdf