La presión social también puede con la Unión Europea (UE). El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha decidido que el agua quedará al margen de la directiva europea sobre concesiones, una norma para regular la privatización a través de contratos de las Administraciones con empresas sobre servicios como el transporte, la energía y correos. En la decisión, el dirigente francés admite que ha influido la primera propuesta ciudadana europea, un nuevo sistema parecido a la iniciativa legislativa popular que permite “invitar” a la Comisión a que legisle en un determinado sentido. Esta primera movilización popular, que rechaza la privatización de los servicios de agua y pretende que este recurso se considere un derecho humano, como lo ha declarado la ONU, precisaba un millón de firmas de siete países, y los promotores —la Federación Europea de Sindicatos de Servicos Públicos, operadores públicos, ecologistas y partidos de izquierda, entre otros colectivos— han superado ya los 1,6 millones de firmas en 11 países y esperan llegar a dos millones.

Barnier defiende que la directiva sobre concesiones solo pretende mejorar la seguridad jurídica para los contratos entre Administraciones y operadores, así como garantizar la transparencia y la igualdad de trato en el mercado interno.

La plataforma mantiene que este recurso es un derecho humano

El eurodiputado popular francés Philippe Juvin, principal responsable de la negociación de esta legislación en el Parlamento Europeo, también defendió que la norma sobre concesiones de servicios “no supondrá la privatización automática de los mismos” ni “dictará a los Gobiernos qué prestaciones y financiación deben ser públicas o privadas”.

Sin embargo, como admite el comisario Bernier, las declaraciones no han convencido a organizaciones sociales de todo tipo que, durante meses, han alertado de que la pretensión final era facilitar la privatización de los servicios y, entre ellos, el de agua. “Entiendo que los ciudadanos se enfaden y decepcionen cuando les dicen que sus servicios de agua pueden privatizarse contra su voluntad. Me sentiría igual si existiera este riesgo”, afirma Bernier en la resolución que deja el agua fuera de la directiva. “Es nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones expresadas por tantos ciudadanos”, añade el comisario.

La iniciativa popular defiende el agua y el saneamiento como derecho humano para impedir que sea un bien comercial sujeto a las leyes de mercado a través de las concesiones, explica el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), Luis Babiano, uno de los promotores de la acción popular. También promueve que el suministro de agua y el saneamiento sean “blindados como servicios públicos esenciales para todos”, añade.

Cuando se presenten en el Parlamento Europeo a defender su propuesta, reclamarán a los Gobiernos que garanticen y proporcionen a todos los ciudadanos servicios de agua potable y saneamiento convenientes, que las instituciones comunitarias y los Estados miembros consideren estos como un derecho y velen por que todos los ciudadanos puedan ejercerlo, y que el abastecimiento y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior y se excluyan del ámbito de la liberalización.

Bernier: «Es nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones de tantos ciudadanos»

Esta victoria de la movilización social ha sido celebrada por los promotores de la iniciativa, aunque no dan por cerrado el capítulo y mantienen abierta la recogida de firmas y la campaña iniciada en mayo del pasado año. Los requisitos ya han sido alcanzados, pero los integrantes de la plataforma pretenden llegar a los dos millones de firmas en al menos 14 países.

“A pesar de esta muy buena noticia, creo que hemos de estar muy alerta de las intenciones de la UE y sus políticas de mercantilización del agua”, advirtió Quim Pérez, de Ecologistas en Acción, al resto de miembros de la plataforma. Esta organización prepara un documento “contra las políticas neoliberales de un bien esencial como el agua” y para conseguir su buen estado ecológico. “De qué sirve que el agua sea un bien público fuera de la ley del mercado si nuestros ríos no cumplen los caudales ambientes, nuestros acuíferos están sobreexplotados y nuestras aguas superficiales y subterráneas, altamente contaminadas”, argumenta.

“Primero la sanidad, luego la educación, más recientemente los servicios sociales y ahora, finalizada la burbuja inmobiliaria, pretenden crear la burbuja del agua, lo que significa, en la práctica, incremento de precios, disminución de la calidad del servicio, entrega de un bien ciudadano universal a capital privado, peores condiciones laborales para las plantillas de las empresas y riesgo de privatización del 51% público actualmente existente”, argumentan los responsables de la Secretaría de Internacional y Organización de CC OO, integrante de la federación sindical europea que ha estado a la cabeza de la iniciativa popular.

El gerente de Aeopas añade una razón más. “El canon [el dindero que cobran las Administraciones, principalmente Ayuntamientos, por la concesión de los servicios] ha demostrado que es una puerta abierta a las irregularidades”.

Cronología de la lucha por el agua pública

• Final del siglo XX. El Banco Mundial o el Interamericano de Desarrollo promueven la privatización del agua, al imponerla en los procesos de negociación de la deuda. En Bolivia, el enfrentamiento con la población conduce a la guerra del agua, una revuelta popular en la que se registran varios muertos y centenares de detenidos. Esta lucha inspiró la película Y también la lluvia, de Iciar Bollain.

• 2004. El 31 de octubre se aprueba en Uruguay una reforma constitucional que prohíbe la privatización del agua. También Ecuador la veta. Algunos países que vendieron sus servicios empiezan a rescatar las concesiones.

• 2006. El Foro Mundial del Agua de México, una reunión de Gobiernos, empresas y ONG, plantea sin éxito por primera vez la consideración del agua como un derecho humano. Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela consensúan una iniciativa en este sentido con más de 400 organizaciones.

• 2009. El mismo Foro, esta vez en Estambul, vuelve a fracasar en una iniciativa similar, pero ya son más de 20 países los que se suman a la petición.

• 2010. El 28 de julio, la Asamblea General de la ONU reconoce, mediante su Resolución A/res/64/292, que el derecho humano al agua potable y el saneamiento es un factor esencial para la vida. El Ayuntamiento de París comienza el rescate de los servicios de agua después de 25 años por opacidad financiera, la pérdida de control técnico y de la gobernabilidad del sistema. Se consigue reducir la factura hasta un 8%.

• 2011. Italia celebra un referéndum y 25 millones de ciudadanos votan en contra de la privatización del agua.

• 2012. Decenas de colectivos, con la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos al frente, emprenden la primera iniciativa popular europea contra la privatización del agua. 

• 2013. El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, excluye el agua de la directiva de privatizaciones. Los promotores de la movilización popular superan con creces el número de firmas exigido.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/01/actualidad/1372702820_342386.html

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha señalado que “tras dos años trabajando intensamente en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), ahora nuestros técnicos trabajan para conocer las posibles repercusiones en la región y estamos preparando a todos los niveles la negociación nacional para defender a todos nuestros sectores”.

Soriano ha realizado estas declaraciones esta mañana al programa ‘A Pie de Campo’, de Radio Castilla-La Mancha, en el que ha explicado que una vez cerrada la reforma a nivel comunitario queda por negociar su aplicación en España así como el reparto de fondos para cada comunidad autónoma.

La cita, a la que acuden el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete y todos los consejeros autonómicos del ramo, se celebrará en Madrid los días 24 y 25 de julio, y en esta reunión se deben decidir importantes cuestiones como quiénes quedarán excluidos de las ayudas –por no ser agricultores activos-, la división por comarcas agrarias para aplicar la convergencia interna –limitar diferencias en el montante de ayudas por hectárea- o los fondos por sectores y regiones.

La consejera ha indicado que tiene “ilusión y esperanza en obtener lo mejor para un sector que es muy importante para la economía de la región” y ha afirmado que con el trabajo que se está haciendo confía en que Castilla-La Mancha “salga reforzada”.

Una reforma que corrige defectos de la actual

Sobre la propia reforma, María Luisa Soriano ha destacado que “no sólo corrige los defectos del borrador inicial de octubre de 2011, bajo el Gobierno del PSOE, que era claramente perjudicial para los agricultores y ganaderos castellano-manchegos, sino que incluso corrige defectos de la PAC actual, como es el hecho de que permita “orientar los pagos directos a agricultores activos, lo que conllevará mantener la actividad y crear empleo”.

La titular de Agricultura ha resaltado del texto final cuestiones como el mantenimiento del nivel de las ayudas, que se situará en 47.000 millones de euros para el período 2014-2020, la eliminación de la “tasa plana” –pagar la misma cantidad por hectárea-, que habría provocado fuertes pérdidas a los agricultores y ganaderos actualmente activos, o la flexibilidad en los requisitos medioambientales o greening, del que dependerán el 30 por ciento de las ayudas.

Especialmente ha reseñado las medidas que benefician al sector vitivinícola, ya que el viñedo –al igual que el olivar y algunos frutales- queda excluido del greening, se frena la liberalización de los derechos de viñedo que tanto temía el sector y se habilitan fondos para la promoción en los países de la Unión Europea, principal mercado de los vinos de Castilla-La Mancha.

La Confederación Hidrográfica no ha asumido aún la tutela de las zonas costeras y de las aguas litorales que establece la actual directiva marco europea

José Sierra Millán Millán, director ejecutivo del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo desde su fundación, que Europa «casi nunca legisla teniendo presente la realidad mediterránea. Hay que recordársela constantemente». Un buen ejemplo se encuentra en el apartado dedicado a las aguas costeras y de transición, a las que la Directiva marco del Agua, además de atribuir una enrevesada definición, asignó competencialmente a los organismos de cuenca como la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Lo que en Europa, tierra de grandes estuarios y deltas, tiene sentido resulta algo más complicado de encajar en el Mediterráneo. Sin embargo, la idea, además de lógica- el litoral, las zonas de marjal y los ríos están funcionalmente unidos- representaba un nuevo factor de protección. Se abría paso, según los teóricos de la Nueva Cultura del Agua, a un nuevo enfoque basado en el «ecosistema costero» y se desterraba el concepto de que «el agua que no se aprovecha, se pierde», para cambiarlo por el de «el agua que se aprovecha hoy no debe poner en peligro el futuro».

«La aplicación de la DMA a las aguas costeras y de transición será la primera iniciativa que se llevará a cabo en el dominio costero y marítimo con el nuevo enfoque de gestión medioambiental», señalaba hace unos años Jordi Salat, del Institut de Ciències del Mar (CSIC) Barcelona. Sin embargo, al nuevo concepto le cuesta arrancar, como evidencia el Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Júcar, previo al Plan Hidrológico, donde los apartados dedicados a las aguas «costeras y de transición» tienen, de momento, un papel residual.

La ficha «Protección de la funcionalidad física y natural de la Comunidad Valenciana» diagnostica los problemas de la costa valenciana, aunque sin profundizar ni apuntar soluciones. El documento es , por lo demás, heredero de otras sensibilidades medioambientales más propias de la época de Cristina Narbona que de la ley de Costas impuesta por el actual ministro Miguel Arias Cañete.

Sólo así se entiende que el ETI afirme cosas como que «las mayores vulnerabilidades de la demarcación Júcar frente al retroceso de la línea de costa están asociadas a la ocupación urbanística del litoral, donde se preven retrocesos medios de unos 15 metros en las playas para el año 2050» o que identifique como «el segundo ámbito litoral especialmente vulnerable» en la demarcación «las zonas inundables (cordones, dunares, humedales y albuferas) cuyo grado de ocupación urbanística es el más elevado de todo el litoral español».

«Mea culpa»
El «principal generador» de la regresión de la línea de costa en la demarcación, es»la presencia de embalses en la cuenca que regulan los caudales y retienen los sedimentos», aunque también «infraestructuras portuarias y obras marítimas que suponen una barrera física para el transporte de sedimentos.

Para el primer apartado ya se han desarrollado algunos proyectos de «lavado» de embalses para liberar sedimentos atrapados. Derribar espigones y puertos deportivos es otra cosa.

La ficha del ETI, «insuficiente» a la hora de proponer medidas, según Xúquer Viu y confusa en la delimitación de competencias según la Generalitat Valenciana, sitúa los principales problemas de erosión costera entre el Puerto de Burriana y el Puerto de Sagunto, «con una regresión media de la línea de costa de 1,5 metros al año» atribuíbles a la barrera que supone el puerto «borrianenc», que supone «una barrera total al transporte litoral» de arena.

Existe también una gran erosión en la cara sur de deltas como el del Mijares, donde los embalses retienen los sedimentos que hicieron posible el propio delta, y una regresión de la línea de costa en los marjales de Peñíscola y el Prat de Cabanes. Al sur destaca el informe «la erosión al norte del Puerto de Valencia, entre la Pobla de Farnals y la Malvarrosa».

El diagnóstico identifica con carácter general las afecciones de los puertos de Vinarós, Castelló y Burriana —sorprendentemente obvia el puerto de Valencia (Xúquer Viu subraya el «olvido» en sus alegaciones)— y sigue destacando la existencia de obras de protección de la costa «poco eficientes» en lugares como Chilches, Moncófa, Nules y Santa Pola, además de los situados al sur de la desembocadura del Júcar que afectan a las playas de la Safor.

El informe vaticina que la variación del perfil de playa «a lo largo del litoral de la Confederación Hidrográfica del Júcar» puede provocar «graves problemas asociados a las edificaciones construidas cerca de la costa…ya que la cota de los terrenos en la mayor parte del litoral, apenas superan los 1,5 metros sobre el nivel del mar».

Entre las medidas para solucionar el problema se apunta al cumplimiento estricto de la Ley de Costas —la anterior a la reforma Cañete— y «la retirada estratégica del borde costero de forma controlada y planificada por los instrumentos urbanísticos existentes». Una medida «marca de la casa Narbona» cuya aplicación se antoja imposible por el Gobierno actual.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/07/01/playa-reivindica-amparo-jucar/1012019.html

 29-6-2013 ENTREVISTA LA TRIBUNA FCO BELMONTE.pdf

Destaca que se evita el fuerte trasvase de fondos entre sectores o regiones y que cultivos tan importantes para la región como el viñedo o el olivar no tendrán que cumplir nuevos condicionantes medioambientales Castilla-La Mancha logra una cofinanciación del 75 por ciento en los fondos de desarrollo rural para el período 2014/2020 El Consejo de Gobierno¹ ha aprobado una ayuda de 5,5 millones para 13 Proyectos de Interés Regional que concedió el PSOE sin habilitar presupuesto para ellos

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano², ha afirmado que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) “recoge casi la totalidad de las medidas que reclamaba y que ha peleado el Gobierno de Castilla-La Mancha³”, y ha sostenido que “se adapta a las necesidades de nuestra agricultura”.

En este sentido, Soriano ha destacado que el texto final mantiene “un alto apoyo presupuestario y permite a los agricultores y ganaderos de nuestra región contar con un horizonte estable en el que trabajar y en el que realizar las inversiones necesarias para seguir haciendo de Castilla-La Mancha una potencia agroalimentaria”.

Soriano ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Gobierno al que ha informado de las claves del acuerdo alcanzado ayer por los ministros de Agricultura de la UE, la Comisión y el Parlamento Europeo⁴ para reformar la PAC en el período 2014-2020, en el que España contará con presupuesto de más de 47.000 millones de euros.

La consejera ha felicitado al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete⁵ “por las muchas mejoras que ha logrado” y ha recordado que en este trabajo ha contado desde el principio con el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha, “ya que hemos sido muy activos tanto en propuestas como en reuniones y debates a nivel nacional y europeo y nos hemos sentado con todos aquellos responsables de organismos e instituciones con algo que decir en esta reforma”, ha indicado.

No habrá “tasa plana”

La consejera de Agricultura, que ha expuesto los principales puntos del acuerdo, ha resaltado la importancia de que se haya logrado evitar el fuerte trasvase de fondos de unos sectores a otros o entre regiones que pretendía la Comisión Europea⁶ con los criterios de convergencia interna, que preveían una “tasa plana” con un importe fijo por hectárea independientemente del tipo de cultivo y su nivel de ayudas anterior.

Así, Soriano ha aplaudido que, finalmente, esta convergencia se haya limitado de forma considerable, ya que se excluye de la misma a los pequeños agricultores y ganaderos que reciben hasta 1.250 euros al año -unos 70.000 en Castilla-La Mancha- así como a las ayudas acopladas, que suponen el 13 por ciento del presupuesto. Además, se permite que los estados miembros creen “comarcas agrarias” que no se correspondan con las comunidades autónomas, lo que permite fijar comarcas homogéneas en las que se perciban ayudas similares.

La titular de Agricultura de Castilla-La Mancha ha subrayado también que se mantiene la superficie con derecho a recibir ayudas de la PAC en 22,4 millones de hectáreas para toda España, contra la intención de Bruselas de ampliar las hectáreas a 38 millones, “lo que habría supuesto un fortísimo recorte en la ayuda a la hectárea, de más del 40 por ciento”.

En cuanto al greening o requisitos medioambientales -de los que dependerán el 30 por ciento de las ayudas- Soriano ha destacado la flexibilidad y los grandes avances que se han logrado, como es el hecho de que cultivos leñosos tan importantes para Castilla-La Mancha como la vid o el olivar se consideren “verdes o de valor ecológico” y, por tanto, recibirán dicha ayuda sin necesidad de condicionantes.

Buenas noticias para el vino de Castilla-La Mancha

Por lo que respecta al sector vitivinícola, además de que sus ayudas no estarán sujetas al cumplimiento de nuevos requisitos medioambientales, también se ha logrado evitar la prevista liberalización de los derechos de plantación de viñedos para el año 2015 para poner en marcha en esa fecha un nuevo sistema basado en “autorizaciones”, que estará en vigor hasta el año 2030.

“Con ello eliminamos la incertidumbre de nuestros viticultores, que temían la plantación descontrolada de viñas que supondría graves perjuicios para ellos”, ha aseverado María Luisa Soriano, que ha lamentado que “al Partido Socialista⁷ le parecía bien” en contra de la opinión totalmente contraria del sector.

Además, en cuanto a la promoción del vino, ha destacado que la reforma “permitirá que los fondos para campañas, hasta ahora limitados a terceros países, incluyan la promoción que se realice en los países de la Unión Europea⁸”, que es el principal destino de nuestras exportaciones.

Con respecto a otros sectores, la consejera ha señalado las mejoras que se introducen en el aceite de oliva, en el que “se actualizan los precios para el almacenamiento privado, por primera vez en 15 años”, al igual que ocurrirá con el vacuno. Asimismo, para el sector apícola el texto final mantiene la cofinanciación de las ayudas.

Fortalecimiento de los productores y fondos para desarrollo rural

Durante su intervención, María Luisa Soriano ha subrayado también que la reforma de la PAC “introduce medidas que fortalecen a los productores de cara a negociar con la gran distribución”, como la obligatoriedad de firmar los contratos para la entrega del producto o la posibilidad de negociación colectiva de los contratos.

En cuanto al desarrollo rural, lo más destacado es que Castilla-La Mancha mantiene una cofinanciación europea del 75 por ciento, es decir, que de cada 100 euros en ayudas, 75 provendrán de Europa y el resto lo aportarán la Junta y el Gobierno español⁹. En este aspecto, ha recordado que la Comisión Europea quería rebajar la cofinanciación al 50 por ciento, por lo que “hemos conseguido más fondos de la UE y un menor esfuerzo presupuestario para los ciudadanos de esta región”.

Por último, la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha ha avanzado que, aunque se ha cerrado la reforma a nivel europeo, aún queda por ver el reparto de fondos entre sectores y comunidades autónomas, cuestión que abordará con el resto de comunidades autónomas y el ministro de Agricultura a finales de julio.

5,5 millones para Planes de Interés Regional

Al margen de la reforma de la PAC, María Luisa Soriano ha informado del acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar una ayuda de 5,5 millones de euros para 13 Proyectos de Interés Regional que se están llevando a cabo en el marco del Programa de Desarrollo Rural, en concreto a través del programa Leader.

En este sentido, Soriano ha asegurado que con esta partida “tapamos un nuevo agujero del Partido Socialista, que aprobó estos proyectos sin contar con presupuesto ni reserva de crédito para ellos, dando un nuevo cheque en blanco” que ahora paga el Gobierno de María Dolores Cospedal¹⁰.

Los 13 proyectos son de diferentes ámbitos, tales como residencias de mayores, centros de atención a la infancia, centros de interpretación, plantas de reciclaje o inversiones en infraestructuras, entre otros, que podrán finalizarse gracias a esta inyección económica de la Junta.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL:http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/soriano_reforma_pac_adapta_necesidades_agricultura-170987-1.html

cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha considera que la prioridad debería haber sido la mejora de la gestión de mercados, y que se ha perdido la oportunidad de corregir al alza la ayuda media de aquellas regiones con un promedio más bajo, como Castilla-La Mancha

A falta de conocer en profundidad los detalles del acuerdo alcanzado por el Consejo y de la ratificación del Parlamento Europeo¹, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha entiende que los esfuerzos se han centrado en modificar la propuesta de Ciolos sobre los pagos directos, y no tanto en mejorar los instrumentos de gestión de mercado y el reequilibrio de la cadena agroalimentaria. No hay que olvidar que el 70% de la renta de los agricultores proviene de la comercialización de sus productos en el mercado.

En pagos directos, el sistema de convergencia interna que proponía el comisario de agricultura (consistía en una tasa plana en 2019), se ha convertido en un sistema de reparto distinto al actual, pero con parecidos resultados. Es decir, vamos recorrer un difícil camino administrativo para llegar a una administración de dinero público muy parecida a la actual.

Asimismo, se ha perdido la oportunidad de nivelar las ayudas de regiones como Castilla-La Mancha (216 euros/hectárea de ayuda media), que no llega al 75% del pago medio por hectárea español (285 euros/hectárea de ayuda media). No obstante sigue habiendo grandes incógnitas por despejar y, en lo que concierne a pagos directos, nadie sabrá a ciencia cierta las ayudas que percibirá hasta pasado octubre de 2015. También quedan pendientes la multitud de decisiones que se tienen que tomar desde el Ministerio y desde las Comunidades Autónomas.

Se consolida la posibilidad de limitar la superficie admisible para nuevos derechos de pago en España en la reforma a 22.4 millones de hectáreas. El sector cooperativo regional, y en especial el del vino y las frutas y hortalizas, espera que en la concreción del acuerdo estos dos sectores puedan ser superficies generadoras de los derechos en el sistema de regionalización que prevé acordar el ministerio con las Comunidades autónomas.

En cuanto a la política de desarrollo rural, se ha conseguido que pueda coexistir un plan nacional junto con los planes de desarrollo rural autonómicos. Esta posibilidad será clave para el desarrollo de la Ley de Integración Cooperativa impulsada por el Gobierno, actualmente en trámite parlamentario, que pretende apoyar proyectos comunes llevados a cabo por cooperativas de ámbito supra-autonómico.

Cooperativas valora positivamente la extensión de las Organizaciones de Productores a todos los sectores, por el contrario, las negociaciones sobre la OCM única no han servido para mejorar unas propuestas de la Comisión totalmente insuficientes en la gestión de los mercados e incoherentes con los objetivos de reequilibrar la cadena de valor.

Cooperativas Agro-alimentarias destaca el importante esfuerzo que aún queda por hacer en la instrumentación de esta compleja reforma en nuestro país y comunidad autónoma, y recuerda a los agricultores socios de cooperativas que en el primer año de aplicación de los nuevos pagos – la PAC 2015 – confíen en el personal técnico de sus cooperativas, tanto en la explicación y comunicación de las nuevas condiciones, como en la tramitación de sus ayudas, pues la complejidad de las normas comunitarias requieren de un servicio cada vez más profesional y permanente al productor.

Enlaces

Esta página:

• http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/luces_sombras_reforma_pac_acordada-170980-1.html

El coordinador del grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, ha señalado hoy que con la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) nuestro país, pero especialmente nuestra comunidad autónoma van a perder importantes ayudas que antes recibía.

Según Alonso, se equivocan Cospedal y Arias Cañete a la hora de valorar con triunfalismo esta nueva PAC, porque en la misma se contempla una reducción significativa del presupuesto en torno al 13 por ciento. “Pero lo que es más grave es que los fondos destinados a los agricultores más productivos y a los ganaderos más profesionales se reducen un 30 por ciento”.

Para Alonso, no hay nada que celebrar porque se va a poner en riesgo el futuro de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas. “Vamos a perder dinero y competitividad”. Y apuntaba que sectores como el del olivar, estratégico para Castilla-La Mancha puede ser uno de los grandes perjudicados.

El parlamentario socialista indicó que ahora se va a abrir un periodo en el que se tendrá que negociar el reparto de los fondos entre las diferentes comunidades autónomas de España. En este sentido, instó a Cospedal a utilizar su “influencia” para presionar al ministro Arias Cañete para que Castilla-La Mancha salga lo menos perjudicada posible. “Que no se quede de brazos cruzados y que no acepte cualquier ‘traje’ que el ministro quiera imponer a nuestra comunidad autónoma”, concluyó.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.elpueblodealbacete.com/noticias/44662-alonso-con-la-nueva-pac-espana-y-c-lm-van-a-perder-importantes-ayudas/

El próximo 30 de junio finaliza el periodo de suscripción de los seguros de pedrisco en maíz y en aceituna de almazara. En el caso del maíz el agricultor tiene la posibilidad de elegir entre los módulo 1,2 y P, alcanzando diferentes coberturas según la opción escogida. Si se decanta por el modulo P, la cobertura es a nivel de parcela y además del pedrisco como riesgo principal , tiene coberturas para los riesgos de incendio, daños por fauna silvestre, viento huracanado, inundación lluvia torrencial y lluvia persistente. Si elige los módulo 1 o 2, a las coberturas anteriores hay que añadir el resto de adversidades climáticas. Nuestra provincia mantiene una superficie de cultivo destacada en esta especie  que asciende a 17.000 ha, de estas siembras se aseguraron 6.000 ha en 2012, con un capital asegurado de 12,6 millones de euros.

Esta línea de seguro no está sujeta a ninguna limitación de rendimientos y los asegurados pueden a la hora de contratar el seguro asegurar los rendimientos que viene obteniendo habitualmente en su explotación. La campaña pasada se registraron importantes daños por pedrisco en parcelas situadas en Aguasnuevas y Santa Ana.

El seguro de olivar ofrece garantías a nivel de parcela contra el pedrisco y  riesgos excepcionales similares a los del maíz. Las parcelas en este cultivo ya están en garantía para todos los riesgos, salvo para el viento huracanado y la lluvia persistente, donde se  alcanzan en el estado fonológico H “Hueso Duro”. Esta opción de aseguramiento es ideal para aquellas explotaciones que se cultiven en regadío y estén situadas en zonas que no tengan riesgo de helada.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de ENESA, colabora en el pago de las primas aportando una subvención que puede alcanzar el 25 % en el caso del olivar y entre el 10 y el 44 % del coste del seguro, en el maíz. En 2012 estas subvenciones supusieron  para los agricultores 134.801,35 euros.

ENLACE A NOTICIA: http://www.elpueblodealbacete.com/noticias/44666-el-30-de-junio-finaliza-el-periodo-de-suscripcion-de-los-seguros-de-pedrisco-en-maiz-y-en-olivar/

El aluvión de recursos compromete la viabilidad del futuro Plan Hidrológico del Júcar – Además del gobierno valenciano han acudido ya a los tribunales los regantes del Turia, Riegos de Levante y los de la Junta Central de la Mancha Oriental

28.06.2013 | 02:31

josé sierra | valencia La Generalitat Valenciana ha presentado un recurso administrativo contra contra el Real Decreto 255/2013 de 12 de abril que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El recurso, que cuestiona la ordenación del Júcar aprobada este mismo año por el ministro Miguel Arias Cañete y el Gobierno de Mariano Rajoyfavorable a los intereses de Castilla-la Mancha y a las tesis de su presidenta regional y secretaria general del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedalse suma a los presentados ya por la Comunidad de Riegos de Levante (Alicante), la Junta de Usuarios del Túria y al de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Albacete).

La proliferación de recursos judiciales cuestiona la viabilidad real del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), actualmente en elaboración, en la medida en que eterniza y no resuelve el conflicto de la delimitación planteado por Castilla-La Mancha y se limita a esquivar el espinoso asunto manteniendo «provisionalmente» la delimitación actual.

Sin embargo, la «provisionalidad», un recurso para salir del atasco en el que se encuentra el PHJ, no gusta nada en Castilla-La Mancha mientras que el contenido del decreto de demarcación tampoco gusta en Valencia porque sienta las bases para una próxima hegemonía de la vecina región sobre las aguas del Júcar.

El Gobierno Rajoy mantiene «provisionalmente» dentro del Júcar todas las cuencas hidrográficas que van desde ribera norte de la desembocadura del Segura hasta el «riu de la Çenia». Sin embargo alude a cuencas o sistemas de explotación como el Vinalopó, l’Alacantí, Serpis, Palancia, etc. como espacios de gestión que deben formar parte en el futuro de las cuencas transferidas a la Comunitat Valenciana en cumplimiento de su Estatut de Autonomía.

En este contexto, derivado de un cumplimiento estricto del concepto hidrológico y no administrativo o de gestión de la cuenca hidrográfica,el Gobierno de Mariano Rajoy debería haber asignado también «provisionalmente» a Castilla-la Mancha las cuencas endorreícassin salida al mar de Albacete y Pozohondo que suponen casi la mitad de la provincia de Albacete. Sin embargo, el Real Decreto ignora la existencia de estas cuencas cuya administración por Castilla-La Mancha haría que se mantuviera el actual reparto territorial y de poder sobre las aguas del Júcar.

La existencia de numerosos recursos ya admitidos y otros que se podrían conocer en los próximos días puede hacer inviable el PHJ, extremadamente «vulnerable» desde el punto de vista jurídico al partir de una delimitación ya cuestionada.

Fuentes de la Generalitat Valenciana explicaron que «en la fase actual», el recurso no profundizaba en las razones del desencuentro con el Gobierno y que era «de momento, poco más de un papel», aunque eso sí, cargado de simbolismo.

«Una vez presentado el recurso, para lo que había un plazo ineludible, elaboraremos un informe con nuestra argumentación y lo incorporaremos a la causa», dijeron las fuentes.

«Se tratadijeron de conseguir un trato igualitario de las cuencas intracomunitarias de la Comunitat Valenciana con el resto de cuencas intracomunitarias del Júcar», en clara alusión a las cuencas endorreícas de Castilla-la Mancha.

«En su redacción actual, el Real Decreto de Demarcación acarrea una seria de ventajas y prioridades para Castilla-La Mancha que no son ajustadas a derecho y que es necesario recurrir para garantizar la igualdad».

Las fuentes citaron recientes declaraciones del vicepresidente José Ciscar y del propio President de la Generalitat, Alberto Fabra, comprometiéndose a estar «al lado» de los regantes.

Desmarcados
Por otra parte, el Gobierno valenciano podría estar interesado en demostrar su «independencia» de criterio respecto a los dictados del Partido Popular en Madrid y al propio Gobierno de Mariano Rajoy y el conflicto del Júcar: cuenta con el respaldo de todos los regantes sin excepciones y tiene el respaldo de las sentencias recientes del Tribunal Supremo avalando que el mantenimiento de la Cuenca Hidrográfica del Júcar en su configuración actual no sería ilegal ni contrario a la Directiva Marco del Agua.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/27/generalitat-recurre-decreto-jucar-rajoy/1010935.html

La presidenta del Gobierno regional, María Dolores de Cospedal criticó la utilización partidista del discurso del agua, asegurando que “siempre hemos oído hablar del agua para enfrentamientos políticos y para echarse las culpas los partidos”, desvelando una crítica a la política hidrológica defendida por el PSOE, durante los más de 28 años de Gobierno en Castilla-La Mancha, bajo este signo político.

Cospedal que presidió, la firma de los dos convenios entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para poner en marcha la conexión entre el embalse de Alcorlo y la Estación de Tratamiento de Agua de Mohernando por un lado, y para dar luz verde a la denominada tercera vía de abastecimiento en el Corredor del Henares.

En contraposición a este enfrentamiento en asuntos relacionados con el agua, la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también dijo que, sin embargo, el agua puede servir para poner de acuerdo a las instituciones, “con esta firma tres administraciones se ponen de acuerdo, para dar un mejor servicio a los ciudadanos”.

Por otro lado, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos finalizó su intervención, declarando que, “hay que acabar con viejas disputas y es un campo de cooperación, para generar progreso, empleo y riqueza”.