El Ministerio de Hacienda ha aprobado la orden ministerial que reduce para el periodo impositivo 2012 los módulos agrarios para los agricultores y ganaderos que hayan sufrido en dicho ejercicio circunstancias excepcionalmente desfavorables en sus explotaciones. La medida, publicada ayer en el BOE, se adopta ahora para anticiparse al inicio del plazo de declaración correspondiente a estos contribuyentes, que arranca hoy, día 24 de abril para las declaraciones presentadas por vía telemática a través de Internet, y el 6 de mayo para las presentadas por cualquier otro medio.
Como consecuencia del importante número de situaciones climáticas excepcionales que tuvieron lugar en 2012 se aprueban, además de las que se aplicarán a determinadas zonas y productos, reducciones a nivel nacional en los siguientes productos: flores y plantas ornamentales, productos del olivo, apicultura, bovino de leche, cunicultura, ovino y caprino de leche y ovino y caprino de carne extensivos.
Finalmente, por importante impacto que ha tenido el incremento del precio de los piensos durante el período impositivo 2012, así como la falta de pastos derivada de una situación de sequía meteorológica, Hacienda ha mejorado el índice corrector por piensos adquiridos a terceros, aplicable por las actividades ganaderas.

La presidenta de la Diputación de Alicante , Luisa Pastor, expresó ayer su confianza en que el vicepresidente de la Generalitat valenciana y conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar, «defenderá» a la provincia en el futuro diseño de la nueva demarcación hidrográfica del Júcar, por sus posibles consecuencias con respecto al trasvase Júcar-Vinalopó. Pastor hizo estas declaraciones a al ser preguntada por la posibilidad de que la futura demarcación hidrográfica del Júcar incluya cuatro cuencas de Castilla La Mancha, con «prioridad» para establecer el reparto del agua y los caudales a asignar al trasvase Júcar-Vinalopó.

Así, en cuanto a las medidas que la institución provincial puede tomar en este asunto, Pastor explicó que la Diputación no tiene competencias en materia hídrica, sino que las ostenta la Conselleria de Agricultura y Agua, por lo que expresó su confianza en que Císcar, como responsable autonómico del área, «ya está en contacto» con el Ministerio. «Estoy segura de que el conseller tomará las medidas que considera adecuadas y presentará, sin ningún tipo de dudas, los temores que tenemos en Alicante , puesto que es el titular del ramo, además de vicepresidente del Consell y presidente del PP alicantino. Es un tema que le afecta por todos los aspectos. Estoy convencida de que va a defender a su provincia», manifestó.

La dirigente alicantina también subrayó que, en caso de que el proyecto se desarrolle en base a esos criterios de «prioridad», la medida «supondría la muerte» del trasvase Júcar Vinalopó. «Me uno a las palabras de una de las personas y autoridades más importantes en materia hídrica de nuestra provincia, de la Comunitat Valenciana, y uno de los principales conocedores de la realidad hídrica de España, el profesor Gil Olcina, que ha dicho que sería la muerte del trasvase Júcar-Vinalopó», resaltó Pastor.

Igualmente, dijo que «muchos» de los agricultores «verían en peligro su medio de vida». «Pero no sólo eso, no olvidemos que la principal industria de la provincia, que es el Turismo, posiblemente también se vería afectada, como ya ha pasado en épocas anteriores». De esta manera, se muestra «frontalmente en contra» de este posible diseño, y considera que «se tiene que tener en cuenta cuando se planifica desde Madrid, desde el Ministerio, que es el que tiene la competencia, la realidad hídrica» de la Comunitat»

Además, e interrogada sobre si esa supuesta prioridad de Castilla La Mancha «sería motivo para convocar la Mesa provincial del Agua», confirmó que reunirá «ya» a la Comisión Técnica del referido órgano para abordar el tema.

F. J. B. Paso al frente de Luisa Pastor. La presidenta de la Diputación reclamó ayer el Consell que se ponga las pilas e impida que el Ministerio de Agricultura ceda ante Castilla-La Mancha y deje la dotación de los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó en manos de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tal como esta previsto en la hoja de ruta marcada por el Gobierno en el decreto para formar el nuevo consejo del Agua de la Confederación del Júcar y su futura tranformación en demarcación hidrográfica y adelantó ayer este periódico. Pastor se mostró inflexible y avanzó que pedirá al vicepresidente José Císcar, en quien tiene plena confianza, que pare el sainete en el que se ha convertido la futura planificación de la cuenca del Júcar, en la que está previsto la exclusión de las comarcas de l´Alacantí y la Marina Baixa, lo que representaría, según la presidenta de la Diputación, la «muerte del trasvase del Júcar y, por lo tanto, problemas graves para dos sectores clave de la provincia como son la agricultura y el turismo.
La presidenta anunció que el proyecto de las nuevas demarcaciones hidrográficas y la creación de una propia para la Comunidad Valenciana, pero sin dotarla de agua se llevará a la comisión de expertos creada en la Mesa Provincial del Agua, aunque reiteró que confía en que José Císcar intervendrá. Mientras Pastor mostraba su cara más dura, el Consell optó por el silencio aunque fuentes de la Conselleria de Agricultura aseguraron que el vicepresidente Císcar ha ordenado estudiar a fondo el decreto para ver qué camino seguir.
«Me uno y suscribo las palabras
de una de las personas y autoridades más importantes en materia hídrica de nuestra provincia y uno de los principales conocedores de la realidad hídrica de España, el profesor Gil Olcina, que ha dicho que la separación de Vinalopó de l´Alacantí y la Marina Baixa sería la muerte del trasvase», aseveró Luisa Pastor, tras ser preguntada ayer en un acto público por la nuevas intenciones del Ministerio de Agricultura.
La presidenta alertó, por otro lado, de que seguir adelante con el proyecto para crear una demarcación hidrográfica del Júcar, con más representación para Castilla-La Mancha, «provocaría que muchos agricultores verían en peligro su medio de vida. Pero no sólo eso, no olvidemos que la principal industria de la provincia, que es el turismo, se vería afectada, como ya ha pasado en épocas anteriores». Y es que la garantía de agua es vital para mantener los visitantes. Pastor vivió en directo, aunque en otra situación, la fuga de los turistas alemanes a finales de los 70 al falta de agua en la Marina Alta.
Desde el Instituto de Geografía, el catedrático Antonio Rico reiteró el «despropósito que supone el planteamiento del Gobierno al proyectar una demarcación hidrográfica sin agua y duplicando el gasto de fondos públicos».

 La reserva hidráulica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentra al 55,6 por ciento de su capacidad total, ya que actualmente dispone de 1.861,1 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de 18,6 hectómetros cúbicos con respecto a los niveles de la semana anterior. El año anterior fue de 1.796,9 hm3 y la media de los últimos 10 años es de 1.300 hm3.

   Según ha informado la CHJ en un comunicado, el mayor incremento lo ha registrado el sistema del Júcar –que tiene embalsados 1.337,1 hectómetros cúbicos y se encuentra al 56,9 por ciento. La capacidad total es de 2.349 hm3, el año pasado tenía embalsados 1.247 y la media de los últimos 10 años es 738,1 hm3.

   En el resto de sistemas, el del Turia tiene embalsados 129,3 hectómetros cúbicos y se encuentra al 43,9 por ciento. Su capacidad total es de 294,5 hm3 y el pasado año fue de 179,2. La media de los últimos 10 años es de 195,9 hm3.

   El sistema Mijares tiene embalsados 106,2 hm3 de una capacidad total del 186,2 (el 57 por ciento). El año anterior fue de 98,4 y la media de la última década de 100,4 hm3.

   El de la Marina Baja, 23 hectómetros de capacidad actual de un total de 28,8 (el 79,8 por ciento). El año anterior fue de 24,7 hm3 y la media de los últimos 10 años es de 20,7 hm3.

   El embalse del Cenia dispone de 10,2 hectómetros cúbicos actualmente de una capacidad total de 11 (el 92,7 por ciento). El año anterior era de 2,8 y la media de la última década es de 7,5 hm3.  

   El del Serpis tiene embalsados 24,2 hectómetros cúbicos de un total de 27 (al 89,8 por ciento). El año anterior fue de 24,2 hm3 y la media de la pasada década fue de 20,7 hectómetros cúbicos.

   Por último, el embalse del Palancia tiene embalsados 5 hectómetros cúbicos de una capacidad total de 6 (al 82,9 por ciento). El año anterior fue de 5,5 y la media de la década fue de 5,5 hm3.

El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ha mostrado su «preocupación» por la «intransigencia» del comisario europeo, señaló que el reajuste de pagos directos entre agricultores dentro de un país, conocido como convergencia interna, «condicionará totalmente» la posición de España sobre la Política Agrícola Común (PAC). «Para España, la posición, el sistema que se dé a la convergencia interna, condicionará totalmente nuestra posición sobre la reforma», destacó Arias Cañete en un debate público junto a sus colegas comunitarios durante un Consejo de Ministros de Agricultura que se celebra en Luxemburgo. Los ministros comunitarios abordan los avances de la negociación a tres bandas o «trílogo» (de la que ya se han celebrado seis sesiones) entre los Estados miembros, la Comisión Europea (CE) y la Eurocámara sobre la reforma de la PAC que se aplicará entre 2014 y 2020.

    Cañete valoró positivamente «el intensísimo trabajo de la Presidencia irlandesa» de la UE para poder lograr un acuerdo final el próximo junio y se mostró dispuesto a «tener flexibilidad».

     Precisó también que «tenemos una preocupación mayor, sobre todo después de haber oído al comisario, que ha puesto encima de la mesa una intransigencia absoluta respecto de la convergencia interna».

     La CE propuesto una transición hacia una tasa plana para los pagos directos a los agricultores a nivel nacional en 2019.

    El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, insistió en su intervención en que se trata de «una evolución necesaria para garantizar la equidad» del reparto de ayudas dentro de los países y entre agricultores.

La comisión no va "a transigir en este punto"

     «La Comisión no va a transigir en este punto, y tengo la impresión de que el Parlamento Europeo (colegislador en esta materia) también será firme», dijo.

     España y otros países como Italia piden contar con mayor flexibilidad para aplicar los pagos directos entre regiones y explotaciones.

     «Para nosotros, éste es el punto clave de la reforma, y pedimos a la presidencia que defienda las proposiciones del Consejo con la flexibilidad necesaria pero con la energía necesaria», apuntó Arias Cañete.

     En su opinión, «no comprendemos cómo se puede defender a rajatabla una convergencia hacia una tasa uniforme por región que en un país como España, con una diversidad productiva, va a producir unos efectos devastadores sobre muchos cultivos».

"No comprendemos cuando las cosas no se fundamentan"

    «No comprendemos cuando las cosas no se fundamentan en razones agronómicas ni económicas ni sociales, como se dice que no va a haber ninguna flexibilidad. Creo que todos debemos hacer un ejercicio de flexibilidad», añadió el ministro español.

     Por otra parte, los ministros europeos discutieron sobre las medidas transitorias necesarias para que los agricultores puedan recibir los pagos directos correspondientes durante 2014, ya que los Estados miembros no tendrán tiempo para incorporar esas nuevas normas de la futura PAC hasta 2015.

     Esas medidas afectarán a los pagos de base, las medidas «verdes» o las ayudas a los jóvenes y pequeños agricultores, que la Comisión quiere que sean obligatorias en todos los países.

http://www.visionseis.tv/multimedia/5606-calle-ancha-4-abril-2013/

• Se reducen los tiempos de tramitación a un plazo entre 4 y 6 meses
• Se trata de que todas las administraciones públicas puedan aplicar el nuevo modelo de evaluación ambiental
• Incide en los beneficios del anteproyecto sobre el crecimiento económico y el empleo

(MAGRAMA) El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado que el Anteproyecto de Ley de Avaluación Ambiental trata de dar “las máximas garantías a la protección del medio ambiente, la máxima eficacia al funcionamiento de la administración y facilitar la vida a los ciudadanos, protegiendo el medio ambiente, del que todos tienen derecho a disfrutar y que sea preservado”

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Arias Cañete ha detallado que este Anteproyecto tiene tres objetivos básicos: garantizar el máximo nivel de protección del medio ambiente a través de la prevención, “anticipándonos a la toma de decisiones sobre proyectos y planes que puedan afectar al medio ambiente”; simplificar la evaluación ambiental, unificando en un solo texto la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental; y favorecer el trámite de información pública a los ciudadanos.

Según ha explicado Arias Cañete, se trata de que todas las administraciones públicas puedan aplicar el nuevo modelo de evaluación ambiental. Es decir, ha aclarado, “nosotros regulamos las evaluaciones ambientales estratégicas y las evaluaciones de impacto ambiental en el marco de la Administración General del Estado, pero trataremos en Conferencia Sectorial de conseguir que todas las Comunidades Autónomas incorporen un procedimiento armonizado común que simplifique la labor de todos los operadores, y pongan en marcha de las adaptaciones necesarias, con carácter voluntario, en sus territorios”

También ha destacado que esta ley se adapta rigurosamente a las directivas comunitarias en materia de evaluación ambiental. Además, en su redacción se han tenido en cuenta las propuestas de modificación de evaluación ambiental que está realizando la Comisión Europea. “No hay una sola exigencia de la Unión Europea en materia de evaluación ambiental que no se haya incorporado al texto legal de la nueva ley que estamos proponiendo”, ha recalcado.

Agilizar los tiempos del procedimiento

Entre las principales novedades que articula esta norma, Arias Cañete ha señalado una regulación mucho más ordenada, más clara, y mucho más concisa de procedimientos, además de aportar soluciones jurídicas a cuestiones que la normativa vigente dejaba sin resolver. Para ello, se han simplificado los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y simplificada, al utilizar un esquema similar para ambas.

Al mismo tiempo, el ministro ha valorado el esfuerzo realizado para ajustar los tiempos de tramitación, “con lo que se evitarán dilaciones de difícil justificación, de los proyectos y trámites”. En este sentido, Arias Cañete ha revelado que uno de los aspectos novedosos es que el Anteproyecto ajusta los tiempos de tramitación y establece un plazo de entre 4 y 6 meses de duración.

La media actual de resolución de los proyectos sujetos al procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental se sitúa en 3,4 años y la estimación es que hay 10.000 expedientes pendientes de resolución en el conjunto de las administraciones públicas.

El ministro afirmado que esta agilización de los procedimientos se va a realizar “sin merma de ninguna garantía”. Es decir, “las garantías ambientales son máximas, pero también tiene que ser máxima la diligencia de las administraciones públicas y de los organismos que tienen que evacuar informes”. Según el ministro, no se puede consentir la dilación de proyectos que pueden ser rentables para muchos ciudadanos.

Además, el ministro ha incidido en los beneficios del anteproyecto sobre el crecimiento económico y el empleo, “porque, cuando se tramitan los procedimientos en tiempo y forma, los agentes económicos y sociales desarrollan sus proyectos con eficacia, rapidez y prontitud”. En este sentido, se calcula que los proyectos que están en tramitación de evaluación ambiental son capaces de generar cerca de 80.000 empleos y un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros.

Como otras novedades, el ministro ha apuntado que se integran los efectos del cambio climático, en línea con el nuevo borrador de directiva de evaluación ambiental de la UE; se crea la figura del banco de conservación de la naturaleza, como mecanismo para evitar la pérdida neta de biodiversidad a través de medidas de compensación basado en el mercado; y se somete al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria la técnica de fractura hidráulica.  

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador argumentó que el borrador del plan de cuenca del Tajo, ofrecer soluciones para la Comunidad Autónoma, y criticó al PSOE por la utilización política del agua

clm24 | 20 Abril 2013 – 13:29 h.

El delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador incidió en que la solución al problema del agua «tiene que venir desde el consenso» porque «siempre es mejor que encontrarla desde el conflicto».

En este sentido, subrayó que «es hora de que los intolerantes dejen de hablar de agua y hablen del tema sólo aquellos que quieren buscar una solución».

 «Hay muchas organizaciones convencidas de la bondad de este plan, pero hay personas empeñadas en buscar conflicto. Entendería que la gente intentara mejorar el Plan, pero no entiendo a los que se ponen una venda en los ojos y todo lo ven mal porque se solucionan problemas que ellos no pudieron hacer en 30 años», aseguró en referencia al PSOE.

Labrador lamentó la «falta de visión política y de compromiso con los ciudadanos» de los socialistas por «buscar conflictos y no soluciones cuando se es consciente que la solución de este Plan de Cuenca es la mejor de las soluciones».

 «Siendo consciente de que es buena, sólo por atrincherarse en la bandera de conflictos de intereses, hacen lo contrario de lo que ellos saben que es bueno», sentenció

En todo caso, resaltó que este Plan de Cuenca se ha elaborado «desde el consenso y en colaboración con las administraciones y las comunidades autónomas, buscando solucionar el problema y no buscando el enfrentamiento».