• Se reducen los tiempos de tramitación a un plazo entre 4 y 6 meses
• Se trata de que todas las administraciones públicas puedan aplicar el nuevo modelo de evaluación ambiental
• Incide en los beneficios del anteproyecto sobre el crecimiento económico y el empleo

(MAGRAMA) El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado que el Anteproyecto de Ley de Avaluación Ambiental trata de dar “las máximas garantías a la protección del medio ambiente, la máxima eficacia al funcionamiento de la administración y facilitar la vida a los ciudadanos, protegiendo el medio ambiente, del que todos tienen derecho a disfrutar y que sea preservado”

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Arias Cañete ha detallado que este Anteproyecto tiene tres objetivos básicos: garantizar el máximo nivel de protección del medio ambiente a través de la prevención, “anticipándonos a la toma de decisiones sobre proyectos y planes que puedan afectar al medio ambiente”; simplificar la evaluación ambiental, unificando en un solo texto la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental; y favorecer el trámite de información pública a los ciudadanos.

Según ha explicado Arias Cañete, se trata de que todas las administraciones públicas puedan aplicar el nuevo modelo de evaluación ambiental. Es decir, ha aclarado, “nosotros regulamos las evaluaciones ambientales estratégicas y las evaluaciones de impacto ambiental en el marco de la Administración General del Estado, pero trataremos en Conferencia Sectorial de conseguir que todas las Comunidades Autónomas incorporen un procedimiento armonizado común que simplifique la labor de todos los operadores, y pongan en marcha de las adaptaciones necesarias, con carácter voluntario, en sus territorios”

También ha destacado que esta ley se adapta rigurosamente a las directivas comunitarias en materia de evaluación ambiental. Además, en su redacción se han tenido en cuenta las propuestas de modificación de evaluación ambiental que está realizando la Comisión Europea. “No hay una sola exigencia de la Unión Europea en materia de evaluación ambiental que no se haya incorporado al texto legal de la nueva ley que estamos proponiendo”, ha recalcado.

Agilizar los tiempos del procedimiento

Entre las principales novedades que articula esta norma, Arias Cañete ha señalado una regulación mucho más ordenada, más clara, y mucho más concisa de procedimientos, además de aportar soluciones jurídicas a cuestiones que la normativa vigente dejaba sin resolver. Para ello, se han simplificado los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y simplificada, al utilizar un esquema similar para ambas.

Al mismo tiempo, el ministro ha valorado el esfuerzo realizado para ajustar los tiempos de tramitación, “con lo que se evitarán dilaciones de difícil justificación, de los proyectos y trámites”. En este sentido, Arias Cañete ha revelado que uno de los aspectos novedosos es que el Anteproyecto ajusta los tiempos de tramitación y establece un plazo de entre 4 y 6 meses de duración.

La media actual de resolución de los proyectos sujetos al procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental se sitúa en 3,4 años y la estimación es que hay 10.000 expedientes pendientes de resolución en el conjunto de las administraciones públicas.

El ministro afirmado que esta agilización de los procedimientos se va a realizar “sin merma de ninguna garantía”. Es decir, “las garantías ambientales son máximas, pero también tiene que ser máxima la diligencia de las administraciones públicas y de los organismos que tienen que evacuar informes”. Según el ministro, no se puede consentir la dilación de proyectos que pueden ser rentables para muchos ciudadanos.

Además, el ministro ha incidido en los beneficios del anteproyecto sobre el crecimiento económico y el empleo, “porque, cuando se tramitan los procedimientos en tiempo y forma, los agentes económicos y sociales desarrollan sus proyectos con eficacia, rapidez y prontitud”. En este sentido, se calcula que los proyectos que están en tramitación de evaluación ambiental son capaces de generar cerca de 80.000 empleos y un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros.

Como otras novedades, el ministro ha apuntado que se integran los efectos del cambio climático, en línea con el nuevo borrador de directiva de evaluación ambiental de la UE; se crea la figura del banco de conservación de la naturaleza, como mecanismo para evitar la pérdida neta de biodiversidad a través de medidas de compensación basado en el mercado; y se somete al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria la técnica de fractura hidráulica.  

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador argumentó que el borrador del plan de cuenca del Tajo, ofrecer soluciones para la Comunidad Autónoma, y criticó al PSOE por la utilización política del agua

clm24 | 20 Abril 2013 – 13:29 h.

El delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador incidió en que la solución al problema del agua «tiene que venir desde el consenso» porque «siempre es mejor que encontrarla desde el conflicto».

En este sentido, subrayó que «es hora de que los intolerantes dejen de hablar de agua y hablen del tema sólo aquellos que quieren buscar una solución».

 «Hay muchas organizaciones convencidas de la bondad de este plan, pero hay personas empeñadas en buscar conflicto. Entendería que la gente intentara mejorar el Plan, pero no entiendo a los que se ponen una venda en los ojos y todo lo ven mal porque se solucionan problemas que ellos no pudieron hacer en 30 años», aseguró en referencia al PSOE.

Labrador lamentó la «falta de visión política y de compromiso con los ciudadanos» de los socialistas por «buscar conflictos y no soluciones cuando se es consciente que la solución de este Plan de Cuenca es la mejor de las soluciones».

 «Siendo consciente de que es buena, sólo por atrincherarse en la bandera de conflictos de intereses, hacen lo contrario de lo que ellos saben que es bueno», sentenció

En todo caso, resaltó que este Plan de Cuenca se ha elaborado «desde el consenso y en colaboración con las administraciones y las comunidades autónomas, buscando solucionar el problema y no buscando el enfrentamiento».

Toledo, 18 abr (EFE).- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado hoy que no hará un Plan Hidrológico Nacional «hasta conocer cuáles son las capacidades de cada cuenca» y ha avanzado que esta misma semana el Consejo de Ministros estudiará los planes de cuenca del Miño y el Sil.

El ministro ha participado hoy en un almuerzo coloquio en Toledo, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), y en el turno de preguntas ha respondido a cuestiones sobre las cuencas hidrográficas y, en particular, sobre el trasvase desde el Ebro.

Arias Cañete ha explicado que su prioridad durante este año, y su compromiso con la Unión Europea, es aprobar todos los planes de cuenca y ha criticado que el PSOE no lo hizo durante su gobierno pese a que la fecha que marcaba la directiva europea era 2009.

«No haré un Plan Hidrológico Nacional hasta conocer cuáles son las capacidades de cada cuenca, los excedentes de agua o de déficit de agua. Y ese día haremos la oferta de planificación que corresponda a este país», ha asegurado Arias Cañete.

Será, según ha precisado, el plan que «científica y técnicamente sea más aconsejable» para España y a ello dedicará el próximo año, ya que durante 2013 debe culminar la planificación hidrológica de las distintas cuencas.

Ha avanzado que espera tener terminados «pronto» los planes de cuenca del Júcar y el Segura una vez que esta misma semana presentará al Consejo de Ministros los del Miño y el Sil.

De cara al Plan Hidrológico Nacional, el ministro ha dicho que su intención es «trabajar sobre el consenso y el diálogo» y ha precisado que «la obligación de un gobernante serio es analizar, estudiar y ofrecer las mejores soluciones».

Ha criticado al PSOE por no acometer la planificación hidrológica por «falta de valor político» para establecer consensos». EFE

• El presidente murciano pide a PSOE e IU que se sumen a la moción del PP que recogerá los contenidos del ‘memoradum’ firmado por Valencia y Murcia, y enriquecido por los regantes, para mejorar el funcionamiento y la regulación del trasvase Tajo-Segura.
• Afirma que "no sirven posiciones cerradas y excluyentes, no puede haber triunfos para Murcia si se sustentan en fracasos y perjuicios de otros porque la política de ‘Juan Palomo’ no sirve en el mundo del agua".

(CARM) El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró hoy que “se ha llegado al fin de una etapa oscura de arbitrariedades y confrontación”, que, según dijo, permitirá, a partir de ahora, garantizar el trasvase Tajo-Segura y el “agua para todos”, porque con el acuerdo que se ha alcanzado con el Plan del Tajo “comienza a ponerse punto y final a las guerras del agua”.

El jefe del Ejecutivo regional, compareció hoy, a petición propia, ante el pleno de la Asamblea Regional, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en materia de agua por parte del Gobierno regional y, en concreto, sobre la importancia del agua “en el desarrollo presente y futuro y el progreso de la Región de Murcia y los murcianos”.

Valcárcel indicó que el agua “no puede ser nunca un elemento de confrontación, como algunos se empeñan, sino de solidaridad y progreso, y nuestra exigencia no puede variar en función de cuestiones ajenas al interés general de los murcianos”.

Por ello, remarcó que en materia hídrica “no sirven las posiciones cerradas y excluyentes, no puede haber triunfos para la Región de Murcia si se sustentan en fracasos y perjuicios para otros, porque la política de ‘Juan Palomo’ no sirve en el mundo del agua”.

El jefe del Ejecutivo murciano afirmó que, con el borrador de Plan elaborado por el anterior Gobierno socialista, el Tajo-Segura “tenía escrita su sentencia de muerte”, mientras que, con la publicación de este nuevo documento, “tenemos la certeza de que seguirá funcionando”.

De igual forma, insistió en que la reivindicación del Gobierno regional murciano en materia de agua “no depende ni ha dependido nunca del color político de La Moncloa, sino de la consecución de los objetivos que los murcianos demandan”. Por ello, añadió, “es necesario ahora también buscar mecanismos de mejora, y, a raíz del Plan del Tajo, vamos a seguir incidiendo en esta línea”.

Así, explicó que “aunque el trasvase está garantizado, nuestro objetivo no culmina con ello, ya que hay distintas ideas plasmadas en el ‘memorándum’ de entendimiento para pactar cuestiones que mejoran el funcionamiento y la regulación del trasvase Tajo-Segura, que ya se han dado a conocer y van a ser estudiadas y desarrolladas en los próximos meses por parte del Ministerio y las comunidades de Murcia y Valencia”.

Este documento recoge la cesión de derechos, las menores pérdidas, la regulación legal del trasvase, el papel de la Comisión Central de Explotación del Acueducto, las nuevas reglas de explotación y su funcionamiento automático.

Acuerdo histórico entre comunidades promovido por el Estado

El Plan de Cuenca del Tajo, afirmó, “es un acuerdo histórico entre autonomías donde todos cedemos para que todos ganemos”, recalcó el presidente, porque, “el acuerdo es posible y es el único camino en la política del agua”. “Hoy en España, apostilló, el agua vuelve a ser considerada un recurso de Estado, como instrumento de vertebración”.

En este sentido, subrayó que ante el apremio de Europa de que se aprobasen planes hidrológicos de cuenca “tras años de parálisis y desgobiernos, hemos sido capaces ahora de reaccionar y llegar a un acuerdo”. Un acuerdo propuesto por el Ministerio, afirmó el presidente, “que los usuarios han aceptado, ellos son los verdaderos protagonistas, porque de ellos depende la garantía del trasvase, y hemos de agradecer el esfuerzo que han hecho todas las partes”.

“Hemos superado, por tanto, un momento trascendental, pero hemos de seguir avanzando todos juntos si es posible”, subrayó el jefe del Ejecutivo regional, que invitó a todos los agentes sociales y políticos a contribuir “a una planificación hidrológica nacional basada en criterios comunes, no de confrontación”.

En este punto de su intervención, el jefe del Ejecutivo murciano pidió al grupo parlamentario socialista y a Izquierda Unida que se sumen y suscriban la moción que elaborará el grupo popular para que, a modo de ‘Pacto del Agua’, “recoja los contenidos del ‘memoradum’ firmado por las comunidades de Valencia y Murcia, y enriquecido de forma determinante por el Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura, que mejore el funcionamiento y la regulación del trasvase”.

Además, les instó a lograr “un avance desde el consenso, no desde una dinámica de vencedores y vencidos”, porque, “lo mejor para Murcia ha de ser lo mejor para Castilla-La Mancha, Valencia, Andalucía o para cada una de las regiones de España y, del mismo modo, lo mejor para ellos también ha de repercutir en ser lo mejor para nuestra comunidad”, apostilló.

Repaso a la gestión política del agua en España

Así, tras un exhaustivo repaso histórico a todos los episodios en la gestión política del agua en España, y en concreto del trasvase Tajo-Segura, y las decisiones adoptadas en los ocho años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Valcárcel aseguró que “nosotros tenemos una visión de estos problemas muy diferente; siempre hemos creído y creemos que el agua no es propiedad de al que le llueve, sino que es patrimonio común de todos los españoles, porque únicamente el Estado puede garantizar esta unidad de acción”.

En este sentido, recordó que “la falta de rigor, frivolidad, condescendencia y ausencia de una política de Estado durante dos legislaturas llegó a poner en peligro la subsistencia del trasvase Tajo-Segura, lo que hubiera condenado a la Región de Murcia, donde se habrían perdido 30.000 puestos de trabajo”.

Además, hizo referencia directa a la política del Plan Agua de la exministra Cristina Narbona y la construcción de desaladoras para paliar el déficit de agua en la cuenca mediterránea. “Pese a los datos técnicos que lo desaconsejaban, y en un ejercicio extraordinario de irresponsabilidad, se dilapidó una ingente cantidad de dinero en obras que, no sólo proporcionaban agua mucho más cara, sino que no encontraron usuario, y llevaron a la firma de convenios ficticios, en condiciones económicas ruinosas, engañando a los usuarios con costes subvencionados insostenibles”.

La Comisión Europea propuso ayer retrasar al año 2015, en lugar de 2014 como estaba inicialmente previsto, la mayoría de los cambios en la Política Agraria Común (PAC), como el denominado ‘pago verde’ o la convergencia interna de los subsidios. El objetivo de esta prórroga es dar más tiempo a las autoridades nacionales y a los agricultores para adaptarse a la reforma, que todavía se está negociando entre la Eurocámara y los Gobiernos. Bruselas espera que haya un acuerdo final en junio. No obstante, el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, dejó claro que este periodo de transición «no implicará retrasos para los agricultores» en el cobro de los subsidios. «Es importante que los organismos pagadores tenga tiempo de establecer el marco administrativo y puedan garantizar una buena gestión de los fondos de la UE, y que los agricultores estén bien informados de las nuevas reglas y no se les fuerce a aplicarlas antes de que estén listas», alegó Ciolos.
Por ello, «en 2014, los pagos directos funcionarán según el principio ‘reglas existentes, nuevo presupuesto’», explicó el comisario de Agricultura. Es decir, las reglas actuales sobre el pago único se mantendrán durante todo el año que viene.
Las nuevas normas -por ejemplo la que condiciona una parte de las ayudas agrícolas a prácticas ecológicas, el denominado ‘reverdecimiento’, o la convergencia interna de los subsidios- no se aplicarán antes de principios de 2015. También se retrasa un año el tope máximo de ayudas por explotación y la degresividad.
No obstante, la transición hacia un reparto más equitativo de los fondos para los pagos directos entre los Estados miembros -la denominada convergencia externa- sí empezará a aplicarse ya en 2014.
Por lo que se refiere al desarrollo rural, Bruselas también ha propuesto disposiciones transitorias específicas para tener en cuenta las consecuencias del retraso en la puesta en marcha del nuevo régimen de pagos directos. Además, habrá reglas transitorias para Croacia.

Toledo, 17 abr (EFE).- La diputada nacional y portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, ha apostado hoy por «desideologizar» y «descomarcalizar» el debate del agua, pues ese recurso no es de Castilla-La Mancha, de Murcia o de Valencia, sino de todos los españoles.

Díez, antes de ofrecer una charla en Toledo, ha recordado que UPyd siempre ha defendido un principio elemental: «que el agua es de interés general, y por tanto su uso y destino ha de obedecer al interés general».

Por ello, no puede «parcelarse» el uso del agua a partir de un debate entre el PSOE y el PP o entre las comunidades autónomas, sino que debe usarse «con un criterio de sostenibilidad, de racionalidad» y siempre desde un punto de vista nacional.

«No es el agua de Castilla-La Mancha, Murcia o Valencia, sino de todos los españoles y ha de utilizarse con ese sentido nacional, para eso es para lo que debe valer el patriotismo, para saber que los recursos públicos han de servir a los intereses y a los derechos de todos los ciudadanos»

A juicio de Rosa Díez, «es imposible que haya algo bueno para Castilla-La Mancha y malo para Murcia o al revés», por lo que, o se actúa con un criterio global, o «terminará perjudicando a todos». EFE

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha propuesto hoy la aprobación «inmediata» de una moción «a modo de auténtico pacto del agua» que recoja los contenidos del memorándum suscrito a principios de abril entre las comunidades de Murcia y Valencia y el Ministerio de Agricultura sobre agua.

Valcárcel ha trasladado esa petición a los grupos políticos de la Asamblea Regional en el pleno en el que ha apostado porque sean los regantes quienes «enriquezcan de forma inteligente» ese documento que pretende garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y considerarlo un objetivo estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, según sus palabras.

El memorándum de entendimiento, ha subrayado, no es «papel mojado», como han acusado los grupos políticos de la oposición, sino un «acuerdo entre el Gobierno de la nación y los de dos comunidades autónomas» para dar solución a un problema de Estado que afecta a varias regiones.

Según ha indicado, el borrador para el plan hidrológico de cuenca del Tajo, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado y que recoge, entre otras medidas, elevar la reserva no trasvasable de los embalses de cabecera de 240 a 400 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, supone la «certeza de que el trasvase Tajo-Segura seguirá funcionando».

Valcárcel ha reconocido que la nueva norma contiene «cosas que no gustan» a su Gobierno, como ese incremento de las reservas no trasvasables, pero ha indicado que «para ganar todos, todos deben ceder» con el objetivo de ganar la continuidad del trasvase en el presente y no perderlo en el futuro.

El memorándum, ha indicado, recoge la exigencia de contrapartidas por ese negativo aumento hasta los 400 hm3, pero ha advertido de que ese aumento en absoluto supone acabar con el trasvase, como ha sostenido la oposición.

El borrador del proyecto del plan del Tajo, así como el memorándum de entendimiento, ha dicho, son un «acuerdo histórico entre comunidades autónomas que no se había producido hasta ahora» y han permitido que el agua «vuelva a ser considerada un recurso de Estado y un instrumento de vertebración del Estado».

Este proyecto, ha insistido, «garantiza la supervivencia del trasvase», si bien los objetivos de la región de Murcia no han culminado, ya que es necesario continuar buscando mecanismos de mejora del déficit de agua existente en la cuenca del Segura y seguir trabajando en esa línea.

Por el contrario, ha lamentado, el borrador planteado por el anterior Gobierno central del PSOE, así como la modificación del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha planteada por este partido la pasada legislatura, que no legaron a salir adelante, sí hubieran supuesto la «sentencia de muerte del trasvase», ya que establecían un aumento de las reservas en cabecera no trasvasables hasta los 600 hm3.

Esos borradores establecían también un aumento de los caudales ecológicos al paso del río por Toledo y Talavera de la Reina hasta los 14 y 16,7 metros cúbicos por segundo (m3/s), respectivamente, unas cifras que el actual proyecto rebaja a 9 y 10 m3/s.

En ese sentido, ha insistido, el actual borrador supone «el fin de una etapa oscura de arbitrariedades y confrontación y comienza a poner el punto final de las guerras del agua».

También ha criticado duramente la derogación en 2004 del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional, que supuso un «perjuicio para la mayoría» y llevó a poner en marcha medidas como la construcción de desalinizadoras «despilfarrando» dinero público para dar lugar a un agua «más cara» y sin utilidad para la agricultura.

En su opinión, es momento de avanzar en la planificación nacional para luchar contra la escasez de agua, ya que esta «no es propiedad de a quien le llueve, sino patrimonio común de todos los españoles» y solo el Estado «puede garantizar la unidad de acción» en ese terreno.

La región de Murcia, ha agregado, seguirá exigiendo la llegada de agua, pero «esforzándose hasta el límite en su ahorro y reutilización, pagando sus costes reales y siendo un referente nacional e internacional en la lucha contra su escasez».