Los eurodiputados han votado su versión de la reforma de la Política Agrícola Común, una versión  que define la posición que va a tomar el Parlamento Europeo en lo que queda de negociación. Y esta vez no sólo tiene voz, sino que también tiene voto. En el pleno de ayer en Estrasburgo, los eurodiputados votaron a favor de una PAC más suave de la que plantea el Ejecutivo de Bruselas. Parte de esa suavización la proponen para lo que se conoce como greening, que son los requisitos medioambientales que se exigen para cobrar un 30% de las ayudas y que se resumen en tres obligaciones:la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y la creación de áreas de interés ecológico en al menos el 7% de la superficie agrícola.
El Parlamento Europeo propone «flexibilizar» el greening. Plantea que se exima a las explotaciones de menos de 10 hectáreas de la obligación de rotar los cultivos, al igual que las plantaciones arbóreas permanentes, como los olivares o los frutales. Además, las plantaciones de entre 10 y 30 hectáreas podrán rotar sólo dos cultivos. La posición de la Comisión era más dura y proponía imponer la rotación obligatoria de tres cultivos a las plantaciones por encima de las tres hectáreas.
La Eurocámara también sugiera que el primer año de aplicación de la nueva PAC, las explotaciones de más de 10 hectáreas sólo dediquen el 3% de su superficie a áreas de interés ecológico y no el 7%. A partir del 1 de enero de 2016, éstas tendrían que abarcar el 5% de las tierras cultivables y la Comisión presentaría para marzo de 2017 un estudio sobre la viabilidad de incrementar este índice hasta el 7%.
Otro de los cambios que recomienda el Parlamento Europeo es minimizar el impacto de la reforma de la PAC en los ganaderos sin tierras al vincular de forma generalizada los pagos directos a las hectáreas de superficie. Los eurodiputados plantean que los pagos se suban del 10 al 15% en el caso de los asociados a la producción, en detrimento de los vinculados a las hectáreas. Ahora queda culminar las negociaciones con las otras dos patas de la UE, el Consejo y la Comisión. La negociación debería comenzar a principios de abril para llegar a un acuerdo en junio.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer dos importantes acuerdos que afectan al sector vitivinícola de la región y en concreto a los derechos de plantación de viñedo de la reserva regional. La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, detalló el contenido de estos acuerdos, empezando por explicar que se había aprobado la modificación del decreto de derechos de plantación para adaptarlo a la normativa europea y nacional y al mismo tiempo flexibilizar los criterios de cesión de estos derechos para poder adecuarlos en cada convocatoria a las necesidades reales del sector y a la disponibilidad de derechos de plantación.
Soriano concretó que se ha eliminado el tope máximo de 15 hectáreas por viticultor, una modificación que está «consensuada» con el propio sector y sirve para simplificar la normativa y sobre todo para acercarse a las demandas reales.
El segundo acuerdo, continuó, está muy relacionado con el primero y se refiere a la orden para la convocatoria que reparte los derechos de plantación de viñedo en este año 2013.

prioridades. En este sentido, la consejera señaló que la Junta oferta 5.000 hectáreas de derechos de plantación de viñedo de la reserva regional y va a priorizar que estos derechos vayan a los jóvenes agricultores. Por ello, a los que se incorporan a la agricultura por primera vez les cederán los derechos de plantación de manera gratuita, mientras que a los agricultores menores de 40 años que no sean nuevas incorporaciones les ofrecen unas tarifas más reducidas. Así, los menores de 40 años tendrán que abonar 137 euros por hectárea, mientras que el agricultor que no responda a estas características tendrá que abonar hasta 1.097 euros por hectárea.
Asimismo, la Junta de Comunidades también priorizará a aquellos agricultores que son profesionales y a las explotaciones que tienen la titularidad compartida. Para todos ellos, habrá unos precios especiales.

La Comisión¹ de Agricultura del Partido Popular² de Albacete, presidida por Miguel Martínez³, se ha reunido para analizar el nuevo marco financiero plurianual 2014-2020 de Ayudas directas y Desarrollo rural, así como la posición mantenida por el Ministerio de Agricultura⁴, Alimentación y Medio Ambiente⁵ en las negociaciones y la repercusión que tendrá para el sector agrario de Castilla-La Mancha.

Durante el encuentro mantenido, los miembros de la Comisión han valorado positivamente que gracias al gran esfuerzo llevado a cabo por el ministro Arias Cañete⁶ durante la negociación, España mantendrá el presupuesto agrícola para este nuevo periodo al conseguir el 98 por ciento de los objetivos a precios corrientes.

Concretamente, con datos de la Comisión Europea⁷, nuestro país va a recibir en concepto de ayudas directas un total de 35.705 millones de euros, lo que supone un 0, 8 por ciento más con respecto al marco financiero actual, así como 8.291 millones de euros para el Desarrollo rural, es decir, un 3 por ciento más que en el presente periodo.

De este modo, se ha conseguido un incremento de la participación en agricultura en el presupuesto comunitario del 39 por ciento, cuando la propuesta inicial de la comisión era del 37 por ciento, por lo que el campo español recibirá 520 millones de euros más de lo previsto gracias a la negociación encabezada por el ministro Arias Cañete, cumpliendo de este modo los objetivos planteados en la Conferencia Sectorial de Agricultura de las Comunidades Autónomas.

A nivel regional, la Comisión de Agricultura del Partido Popular de Albacete⁸ ha puesto de manifiesto la importante repercusión que tendrá para Castilla-La Mancha el reparto interno del presupuesto comunitario entre todas las comunidades autónomas, al considerar que la región se verá beneficiada y reforzada por los criterios de convergencia que favorecen a las autonomías con menor renta per cápita, consiguiendo de este modo inversiones importantes, así como el mantenimiento del nivel de rentas y la creación de empleo en el mundo rural.

En este sentido, desde el Partido Popular confían en que la región consiga sus objetivos en el reparto interno que se lleve a cabo en España, jugando la diferenciación de sectores productivos y el mantenimiento de la superficie asumible un papel decisivo en este asunto.

Además, los populares han valorado positivamente el hecho de que se permita en el nuevo marco se permita el trasvase de fondos entre ayudas directas y desarrollo rural, y viceversa, de hasta un 15 por ciento, en el nuevo marco, ya que de esta forma se podrán destinar ayudas a aquellos que más lo necesiten.

En relación al Desarrollo rural, han analizado la aprobación de la medida ‘n+3’ que contempla el incremento de dos a tres años para la realización de los proyectos que se financien con estos fondos, evitando así que se pierdan ayudas.

En el transcurso de la Comisión de Agricultura, también se abordaron otros asuntos de especial relevancia como los pagos en Ayudas directas; pago base por hectárea, pago “verde” para jóvenes agricultores, así como pagos asociados a sectores desfavorecidos o zonas con desventajas.

En este sentido, los miembros de la Comisión valoraron positivamente la demanda de flexibilidad interna dentro de cada país para el reparto de los fondos por la diversidad de producciones existentes dentro de Castilla-La Mancha, así como el hecho de establecer límites al pago base de forma que no se perjudiquen los sectores más productivos, y que el pago “verde” no afecte o lo haga en la menor medida posible a la renta de los agricultores.

Otro de los temas tratados, fue el de la superficie admisible nacional con derecho a ayudas. En este asunto, la Comisión llegó a la conclusión de que se deben mantener los 22 millones de hectáreas admisibles, al considerar que aumentar esta cifra hasta los 38 millones de hectáreas supondría un grave perjuicio para la agricultura productiva de Castilla-La Mancha, afectando negativamente al empleo rural.

Del mismo modo, el Partido Popular de Albacete considera que el sobre nacional de ayudas acopladas debe ir destinado a aquellos sectores más perjudicados de la región como el ganadero.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dicho que el incumplimiento de los planes de cuenca podría suponer a España una multa de unos 80 millones de euros anuales y ha agregado que el próximo 21 de marzo, la UE decidirá si envía a España la carta de procedimiento por la falta de presentación de dichos planes. Mientras, el incumplimiento de la legislación comunitaria de aguas residuales puede generar sanciones de entre 30 y 60 millones de euros.

MADRID/TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)

Arias Cañete ha denunciado que su panorama de partida cuando llegó al Ministerio era «francamente desolador». «Más que con una herencia nos hemos encontrado, en medio ambiente, con una auténtica hipoteca. Tenemos lamentablemente un auténtico lastre de incumplimientos de compromisos europeos e internacionales y una pléyade de procedimientos de infracción abiertos», ha aseverado.

Respecto a las desaladoras, que para el ministro merecen «mención aparte», ha recordado que el plan inicial contemplaba la construcción de 51 desaladoras como alternativa al plan hidrológico nacional y que ocho años después, el gasto público en este concepto ascendía a 1.830 millones para 27 instalaciones. Arias Cañete ha precisado que a su llegada a este departamento había 13 en ejecución con un coste de 711 millones de euros de inversión.

POLÍTICA FORESTAL

En otro orden de cosas, el ministro ha anunciado que va a poner en marcha una política forestal «como no ha habido nunca en este país».

Durante su participación en un Desayuno Informativo de Europa Press, Arias Cañete ha asegurado que cree en la sostenibilidad ambiental integrada porque «el medio ambiente es sostenible», y considera que «todo lo que está haciendo este Gobierno es positivo para el medio ambiente».

«Estoy ordenando los ríos, que no estaban ordenados; estoy haciendo depuradoras, que no se habían hecho; en vez de comprar ‘papelitos’ a millón, estoy intentando que las empresas hagan proyectos para reducir el carbono en España; voy a poner en marcha una política forestal como no ha habido nunca en este país. Eso es medio ambiente. Ahora, si me piden otras cosas…», ha asegurado.

El ministro se ha referido así a las críticas de las organizaciones ecologistas, que estiman que su política va en contra del medio ambiente. En este contexto, ha asegurado que la obligación de un ministro es buscar la flexibilidad y los periodos transitorios cuando cambian las normativas.

Por ello, ha puesto de ejemplo los descartes, para evitar la sobrepesca. A este respecto ha indicado que si de la noche a la mañana se prohíben el 100 por 100 de los descartes, el efecto es que no se puede pescar y el hundimiento de la flota. «Las ONG dicen que se prohíban los descartes mañana, sin pensar en ninguna consecuencia social», ha espetado.

Además, ha subrayado que está «poniendo en orden el medio ambiente», haciendo que las evaluaciones ambientales sean más ágiles y tengan más seguridad jurídica y que sean objetivas.

Asimismo, ha reconocido que cuando hace una obra de regulación, es consciente de que a las ONG ecologistas «no les gusta una presa», pero ha criticado que «tampoco» se preocupan cuando hay una avenida, mientras que a él sí le preocupa la regulación de los ríos.

A su juicio, falta «mucho por hacer» en materia de regulación de aguas, de depuradoras y de costas y ha manifestado que no le preocupa que le digan que la Ley de Costas va a favorecer el urbanismo «porque no es verdad».

«Cada uno tiene su San Benito. Yo tengo la responsabilidad de trabajar por el medio ambiente y me estoy dedicando a cumplir las directivas europeas. Yo creo que eso es trabajar con el medio ambiente», ha añadido.

En este contexto, ha dicho que las ONG ambientales «probablemente» estuvieran más contentas con el Gobierno anterior y que si él es «el regreso del medio ambiente, el Gobierno anterior era maravilloso». Sin embargo, ha insistido en que no depuraba los ríos, tenía las depuradoras y los vertederos denunciados, el «aire compraba papeles». «Era maravilloso», ha concluido.

RENOVABLES Y FRACKING

En cuanto a las renovables, ha confesado que es defensor de la cogeneración y la biomasa, que no consumen primas elevadas y tienen una gran potencial de empleo y una utilidad en el medio rural en contra de incendios y de aprovechamiento de los residuos del mundo rural.

En este contexto y respecto a las primas y el déficit tarifario, Arias Cañete ha defendido la paralización de las primas porque el Gobierno anterior desarrolló las energías renovables de una manera que «llevaba a este país a la quiebra absoluta».

«Hubo un gobierno que se volvió loco y provocó una expansión terrible de unas energías sin prever cuál iba a ser el desarrollo futuro que estaban estimulando unas primas. Lo que ha hecho el Gobierno es pararlo (…). Cuando esté afrontado el déficit tarifario volveremos a incentivar las renovables, pero de otra manera», ha concluido.

El ministro ha criticado que el Ejecutivo de la anterior legislatura «no controló la eclosión de las energías renovables» y «cerró los ojos y se le fue de las manos el problema».

Respecto a la extracción de gas mediante el método de fractura hidráulica –conocido como fracking– el ministro ha explicado que el Ejecutivo está estudiando «toda la doctrina» que existe porque se trata de una tecnología que no se ha usado nunca en España. A este respecto, ha dicho que su departamento se encargaría de las evaluaciones de impacto ambiental. «Nos estamos documentando a nivel mundial de las mejores experiencias que hay, para ver cuáles pueden ser las medidas correctoras, en el caso de que alguien nos pidiera una evaluación de impacto ambiental para este fin», ha concluido.

CAMBIO CLIMÁTICO

En materia de cambio climático, el ministro ha dicho que puede afirmar que España cumplirá sus objetivos del Protocolo de Kioto, «previsiblemente en 2013 o 2014». Para ello, ha defendido que ha puesto en marcha un «profundo cambio de estrategia», que pasa de comprar derechos de emisión en el exterior a centrarse en la reducción de emisiones sin necesidad de recurrir a esta compra de derechos de carbono.

«En cambio climático, la herencia tampoco era mejor. Teníamos sobre la mesa una carta de la Comisaria Europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, en la que manifestaba su preocupación porque España no iba a cumplir con el compromiso del Protocolo de Kioto. Esa era realmente la situación», ha incidido.

En este sentido, ha apuntado que el anterior gobierno gastó 770 millones de euros en compra de derechos de emisión en el exterior para compensar las emisiones en el periodo de Kioto, pese a lo cual había un déficit de 105 millones de toneladas de emisión, para lo que se necesitaban otros 500 millones de euros.

«Nos habríamos gastado 770 millones de euros en compra de créditos, pero no se había puesto en España ni una sola medida de reducción de emisiones en los sectores difusos: transporte, residencial, agricultura y ganadería, que son los que dependen del Gobierno», ha sentenciado.

La reserva hidráulica de la Confederación Hidrográfica del Júcar se encuentra al 46,2 % de su capacidad total
11/03/2013

La reserva hidráulica de la Confederación Hidrográfica del Júcar está al 46,2 % de su capacidad total. Actualmente hay 1.547,3 hm3 de agua embalsada, lo que representa un aumento de 85,8 Hm3 con respecto a los niveles de la semana anterior. El mayor incremento lo ha registrado el sistema Júcar (Alarcón, Contreras y Tous) con 38,2 Hm3.

La reserva por Sistemas de Explotación es:

Sistema Júcar tiene embalsados 1.057,9 Hm3 (45,0 %)
Sistema Turia tiene embalsados 118,0 Hm3 (40,1 %)
Sistema Mijares tiene embalsados 91,2 Hm3 (49,0 %)
Sistema Marina Baja tiene embalsados 22,2 Hm3 (77,0 %)
Sistema Palancia tiene embalsados 5,0 Hm3 (82,5 %)
Sistema Cenia tiene embalsados 7,8 Hm3 (70,7 %)
Sistema Serpis tiene embalsados 23,4 Hm3 (86,7 %)
Otros embalses tiene embalsados 221,8 Hm3 (50,0 %)

Las precipitaciones han sido abundantes. El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) informa que en los últimos quince días las máximas lluvias se han producido en Alfondeguilla (Castellon),con 221 l/m2, y Villalonga (Valencia), con 200,6 l/m2. En los embalses de Beniarrés (Alicante) y Regajo (Castellón) se efectuaron desembalses técnicos para mantener el resguardo estacional establecido.

Ha pasado un año desde la publicación de la línea de ayudas para la incorporación de jóvenes al sector agrario 2012 y los solicitantes, 1.500 en toda Castilla-La Mancha -en torno a 300 en Albacete- todavía no saben la respuesta de la Administración regional. Así lo indicó ayer la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que también recordó a la Consejería de Agricultura que no se han pagado todas las ayudas de la última convocatoria resuelta, la de 2010, que se saldó con 327 expedientes favorables.

En rueda de prensa, los secretarios regional y provincial de UPA, Julián Morcillo y Julián Martínez, señalaron que el retraso perjudica a quienes están a la espera de convertirse en jóvenes agricultores este año debido a que se acercan fechas «determinantes». En este sentido, Morcillo manifestó que el próximo 19 de marzo se cierra el plazo para la cesión de derechos de pago único que «muchos» solicitantes de las ayudas van a necesitar, y también otros trámites como la petición de derechos a la reserva nacional y las propias ayudas de la Política Agraria Común (PAC), cuyo periodo de tramitación acaba el 30 de abril.

La consecuencia de todo este entramado burocrático, según UPA, es que los jóvenes corren el peligro de no ser aptos para las ayudas o de enfrentarse a un año de trabajo perdido.

«El campo necesita el relevo generacional y en este momento en que se habla tanto de emprendimiento es más necesaria que nunca esta convocatoria», dijo Morcillo, quien ofreció datos según los cuales solo un 0,5% de todos los titulares de ayudas PAC en la Región tiene menos de 25 años y un 5,4% entre 25 y 34 años, en contraposición al 35% que rebasa los 65.

Las ayudas para primera instalación de jóvenes a la agricultura están financiadas en un 75% por la Unión Europea y son claves «para crear empleo». No obstante, UPA criticó que paulatinamente ha ido mermándose la cuantía destinada a esta línea en el Programa de Desarrollo Rural, pasando de 82 millones de euros iniciales en el periodo 2007-2013 a poco más de 55 millones.

El resultado de esta reducción es que de las 1.500 solicitudes actuales solo se va a poder atender un 10%. Y es que para otorgar las ayudas solo se dispone de 6 millones de euros, una cuantía muy limitada para la demanda existente.

(Comunidad Valenciana) PARTIDOS | > AREA: Política

11-03-2013 / 15:40 h EFE

EU pedirá la creación de una comisión mixta de las consellerias de Agricultura y Sanidad y de los ayuntamientos de los municipios de la Ribera para que «actúen» ante la contaminación del agua, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) obligue a que el suministro para el consumo humano provenga de aguas superficiales del río.

Según informa esta formación en un comunicado, la coordinadora de EUPV en Les Corts, Marga Sanz, y el diputado de EUPV-Los Verdes en el Congreso, Ricardo Sixto, se han reunido hoy mañana con los concejales de los grupos municipales de esta formación en la comarca de la Ribera para estudiar diversas iniciativas parlamentarias, que trasladarán al parlamento valenciano y al Congreso.

Consideran que hace falta una actuación «urgente» sobre la presencia y el control de pesticidas en las aguas y sobre sus consecuencias en la salud de las personas, «que pueden haber sido envenenadas paulatinamente».

Los diputados de EU han acusado a la Generalitat, a los ayuntamientos, la CHJ y la concesionaria Aguas de Valencia de «suprema negligencia e irresponsabilidad».

Reclaman que el problema del agua en la Ribera «se solucione desde todos los ámbitos», y que se garantice que la potabilizadora se ponga en marcha lo más pronto posible para abastecer a los municipios de la comarca.

Según la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, la Generalitat ha incurrido en «una dejadez sin límites», ya que «es incapaz de acabar la necesaria y urgente depuradora».

Exige asimismo al Consell que informe si dispone de una línea presupuestaria «y si no, que la establezca», ya que la salud de las personas es «prioritaria».

Sanz cuestiona asimismo que no se previniera a los municipios tras detectar el pasado mes de junio la primera contaminación del agua en Carcaixent, en septiembre en Llaurí y ahora en Alzira, «después de al menos un mes de consumo».

EU reclama que se cumplan las analíticas y los controles exhaustivos, y se adopten las medidas adecuadas a través de la comisión mixta de la Generalitat y los municipios afectados.

Por su parte, Ricardo Sixto ha anunciado que reivindicará en el Congreso el Plan de Cuenca del Júcar, y pedirá a la CHJ que «obligue» a la Generalitat a que el consumo de agua potable venga de aguas superficiales y no, como hasta ahora, de aguas subterráneas.

GRUPO DE RIEGOS, AGRONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI (CSIC) Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Grupo de Riegos, Agronomía y Medio Ambiente – http://www.grupo-rama.es/es/

En las zonas semiáridas y áridas del planeta, la agricultura de regadío es el principal destino del agua. Para estudiar cómo se aprovecha el agua, a menudo se distingue entre el uso y el consumo. Mientras que un mismo litro de agua puede usarse y reutilizarse para navegar, generar electricidad o ducharse, este mismo litro sólo puede consumirse una vez porque el consumo implica que el agua pasa a la atmósfera por evaporación o transpiración y, por lo tanto, no puede reutilizarse. El regadío reproduce artificialmente estos procesos ya que los cultivos bien regados y expuestos a climas secos y cálidos tienen una elevada “evapotranspiración” (evaporación del suelo y transpiración de las plantas).

Por ello, se dice que el regadío consume mucha agua. En general, los cultivos necesitan evapotranspirar una cantidad de agua determinada para producir una determinada cantidad de alimento. Por ello, al hablar de la cantidad de agua que consume la agricultura de regadío, en realidad se está hablando de la cantidad de alimento que produce. En consecuencia, si se disminuye la cantidad de agua que se consume en el regadío, se disminuirá la cantidad de alimento producido en el mismo.

El consumo del agua en la agricultura está en este momento generando grandes tensiones en el mundo. Además del continuo incremento de la población mundial, los países emergentes están mejorando su nivel de vida, están consumiendo mayores cantidades de alimentos y por lo tanto necesitan cantidades crecientes de agua para su producción. Por otro lado, las regulaciones agrarias y medioambientales están limitando la producción agraria en los países desarrollados, generando un flujo de superficies dedicadas a la producción agraria hacia los países emergentes. Finalmente, los nuevos usos no alimentarios de los productos agrarios (energía, productos de síntesis) implican una presión adicional importante sobre la agricultura y sobre el agua que la nutre. Estos factores anuncian una presión creciente para racionalizar el consumo del agua en el regadío, que exigirá mejores políticas de gestión y más tecnología para poder alimentar a la creciente población mundial.

El consumo del agua no explica por completo la problemática del regadío. Cuando se riega un cultivo, se aplica una cantidad de agua superior a la que éste consume. Esto es así porque los sistemas de riego nunca son completamente eficientes. Además, es necesario que una cierta cantidad de agua circule a través del suelo y arrastre sales y otros compuestos. Así se evita la acumulación excesiva de contaminantes, naturales o antrópicos, en el suelo. Por lo tanto, el regadío siempre usa más agua que la que consume, y el agua aplicada y no consumida vuelve al río o al acuífero (lo que se llama “aguas de retorno del riego”), y lo hace con una pérdida de calidad. La contaminación de las masas de agua por sales, fertilizantes y pesticidas provenientes del regadío es un problema creciente en muchas áreas del mundo, y el seguimiento y remediación de esta contaminación agraria es un objetivo científico de primera magnitud.

Desde la investigación se trabaja para conocer con precisión las necesidades de agua de los cultivos, para obtener el mejor resultado de las tecnologías de riego disponibles, y para desarrollar nuevas tecnologías capaces de mejorar la aplicación del agua. Así, técnicas micrometeorológicas, de teledetección, de dinámica de fluidos computacional y de simulación de riegos y cultivos se aplican sistemáticamente para optimizar el uso y consumo de agua en el regadío. También se trabaja para conocer con precisión la contaminación producida por el regadío sobre los suelos y aguas, y para identificar las prácticas de riego y técnicas de cultivo que puedan minimizar esta contaminación. Se utilizan sensores satelitales y electromagnéticos para estimar la salinidad del suelo, técnicas de aplicación eficiente de fertilizantes orgánicos (purines) e inorgánicos y modelos de simulación agua-suelo-cultivo para optimizar la productividad y sostenibilidad del regadío.

El regadío se desarrolla en territorios con una gama muy variada de interacciones. Una de las más importantes es la interacción con el medio natural (suelo, vegetación, fauna y paisaje). La investigación analiza el efecto del desarrollo del regadío sobre el medio natural en la interfaz entre ambos sistemas. La conservación de estos recursos naturales es una necesidad social que necesita de disciplinas como la edafología, la botánica y la hidrología.

Las políticas del Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las Confederaciones Hidrográficas, así como los sectores relacionados con la agricultura de regadío (en particular los usuarios del agua y las Comunidades de Regantes) necesitan del soporte continuo de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i). La investigación aporta información acerca del impacto de políticas pasadas y puede aportar información valiosa sobre el impacto de posibles alternativas políticas en la gestión de los regadíos en particular y del agua en general. España ha tenido una tradición escasa en investigación hasta los años 80 del siglo pasado. Por ello, las actividades de investigación para dar soporte a las políticas han sido escasas en nuestro país. Desde la implantación de la Directiva Marco Europea del Agua se está creando una mayor cultura de apoyo científico al diseño de políticas de agua y a la evaluación de su impacto. Por otro lado, al haberse casi eliminado los Servicios de Extensión Agraria, con frecuencia los equipos de investigación han asumido las tareas de asesoramiento directo al regante, y han dedicado esfuerzos importantes a la transferencia de conocimientos, en los últimos años apoyándose generalmente en las nuevas tecnologías de la información.

La orientación actual de las políticas de I+D+i en España y Europa incide en la innovación como fuente de empleo y desarrollo económico. La investigación pública sobre el regadío interacciona con los grupos de interés empresariales e institucionales (como las comunidades de regantes) para contribuir a resolver sus necesidades. Este empeño necesita más cultura de cooperación tanto en la investigación pública como en el sector. Sin duda es un reto de gran importancia que exige grandes esfuerzos. La política de modernización de regadíos impulsada en España desde principios de siglo ha generado mucha innovación en las comunidades de regantes y empresas punteras en el ámbito del regadío: construcción, tuberías, bombeos, hidrantes, filtrado, electrónica, software, etcétera. España es un laboratorio de importancia mundial en este sentido. Ahora que las inversiones escasean en España es el momento de que estas capacidades se orienten hacia el mercado internacional. Las sinergias entre la investigación pública y el sector serán fundamentales para conseguirlo.

Todas estas actividades constituyen el quehacer cotidiano del grupo de investigación “Riego, Agronomía y Medio Ambiente”, que desarrolla sus actividades en el Campus de Aula Dei en Zaragoza

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha realizado un nuevo abono de las ayudas del pago único de la Política Agraria Común (PAC), por un valor superior a 6,7 millones de euros, del que se beneficiarán 1.262 productores.

Con este nuevo pago, la Junta mantiene su compromiso de acelerar la resolución de expedientes, con el fin de que las ayudas lleguen lo antes posible a  los agricultores y ganaderos.

Por provincias, Toledo cuenta con 358 beneficiarios (1,84 millones); Ciudad Real con 339 beneficiarios (1,15 millones); Albacete con 257 beneficiarios (1,56 millones); Cuenca con 236 beneficiarios (1,52 millones); y Guadalajara con 72 beneficiarios (639.000 euros).

 Este nuevo pago se suma a los 300 millones anticipados al inicio del año agrícola –que comenzó el pasado 16 de octubre- y a los 300 millones del primer pago ordinario, lo que eleva a 606 millones la cantidad que ha recibido el sector, más del 96 por ciento del total para esta campaña.