El nuevo reglamento de Desarrollo Rural en el marco de la Política Agraria Común (PAC) permitirá dar un impulso a la modernización de regadíos, según ha manifestado la secretaria general de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Isabel García Tejerina. García Tejerina ha clausurado en Madrid una jornada organizada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) sobre la importancia del regadío en la nueva planificación hidrológica, en la que también ha participado la directora general de Agua, Liana Ardiles. Ha subrayado el esfuerzo del Gobierno para que, si todo «va según parece», desde la nueva PAC se financien actuaciones en esta materia que puedan conseguir hasta un 10 % de ahorro de agua, frente al 25% de ahorro mínimo exigido que planteó la Comisión en la primera propuesta y que dejaba fuera a muchas de las intervenciones de las que se realizan en España.

    García Tejerina ha defendido un programa de desarrollo rural nacional que conviva con los autonómicos en el que se puedan incluir asuntos como las intervenciones para ahorro de agua de riego.

    Ha querido aclarar que, en la nueva programación de la PAC, el desarrollo rural de España recibirá 8.291 millones de euros, lo que supone un aumento del 3 %.

    Además de destacar el papel de las comunidades de regantes en la gestión eficiente del agua, ha insistido en que los retos se centran en que el uso el agua de riego coexista con otros y en garantizar el buen estado de todas las aguas afectadas.

    El problema de la escasez del agua es mundial y se agrava con situaciones como el calentamiento global y el aumento de la población del planeta, ha indicado.

    No obstante, ha enfatizado que los esfuerzos por conseguir un uso más eficiente del agua deben hacerse «sin perder productividad y poner en riesgo el empleo en el sector agrícola».

    Por su parte, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, ha informado a Efeagro de que la organización ha puesto en marcha una central de compras para ahorrar hasta un 14% en su factura eléctrica anual.

    Del Campo ha precisado que, por el momento, hay 30 comunidades asociadas, y que a partir del próximo año «serán muchos más», porque se trata de una medida positiva, como «todo lo que suponga un ahorro energético».

    Según las estimaciones de Fenacore, el ahorro potencial que el sector agrario puede obtener en términos absolutos con esta medida asciende a 59 millones de euros anuales, ya que su consumo actual se sitúa en torno a unos 5.400 millones de kilowatios por hora.

    Ha recordado que, después de la modernización del riego, se pasó de un sistema de irrigación en superficie, donde el uso del agua es más eficiente pero requiere un coste energético, que unido a la liberalización del mercado puede «hacer inviable la supervivencia de algunas explotaciones». Por ello, han solicitado al Gobierno unas tarifas «acordes con las necesidades de riego».

    Sobre planificación hidrológica, ha insistido en el problema que está ocasionando para los regantes el retraso en los planes hidrológicos, una demora que a su juicio se debe a que «cada comunidad autónoma está legislando por su cuenta y atribuyéndose competencias que son de la administración central».

    Ha definido la situación como la «contaminación política del agua», por lo que han pedido al Ministerio que «ponga y orden y cordura para que puedan salir los planes hidrológicos», que sería el precedente para un Plan Hidrológico Nacional «fundamental para los usuarios».

    También ha participado en la jornada el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, Fernando Marcén, quien ha abordado la oportunidad que suponen las futuras leyes de cadena alimentaria y de concentración de la oferta, ya en trámite parlamentario.

    En declaraciones a Efeagro, Marcén ha afirmado que espera que estas normas supongan «el principio del cambio necesario en España, porque las cosas no pueden seguir así y hace falta un equilibrio de verdad».

    La situación actual «sólo nos lleva a enfrentamientos y, sobre todo, a que muchos productores no sepan si seguir produciendo o si pueden invertir porque se vende incluso por debajo de coste», mientras que el consumidor vive con la inseguridad de no saber «si lo que está comprando tiene el precio que debería de tener».

    En cuanto a la Ley para la integración de la oferta ha resaltado que ayuda a las empresas y cooperativas a poder «de manera conjunta hacer empresas que compitan mejor en el mercado».

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• Destaca “el papel insustituible de las Comunidades de Regantes” en la modernización de infraestructuras, la eficiencia hídrica y energética y la implantación de métodos de riego y cultivos más eficientes.
• Resalta, en el marco del Programa Nacional de Innovación, las nuevas estrategias de riego basadas en las relaciones hídricas suelo-planta-agua, la mejora de la gestión y uso eficiente del agua y de la energía en los regadíos y el desarrollo de nuevas tecnologías.
• Señala que “el nuevo Plan Nacional de Regadíos estará perfectamente coordinado con los Planes Hidrológicos de Demarcación y será clave para la elaboración del Plan Hidrológico Nacional”.

(MAGRAMA) La Secretaria Generalde Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, ha señalado hoy que, para responder adecuadamente a los retos que plantea la planificación hidrológica, “es necesario realizar un importante esfuerzo para mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir en términos absolutos el consumo, sin que ello se traduzca en una pérdida de productividad, ni de valor añadido, ni de empleo agrícola”.

García Tejerina ha resumido de esta manera algunos de los principales retos de futuro para el sector de regadíos, durante la clausura de las XV Jornadas Técnicas sobre “La importancia del Regadío en las nueva planificación hidrológica” que, organizada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), se ha celebrado en Madrid.

La Secretaria General ha destacado la necesidad de contemplar el uso de agua para regadío junto con el resto de los usos del agua, “procurando establecer mecanismos de compatibilidad entre usos y asegurando el suministro de agua para la agricultura de regadío que, en el conjunto de España, supone nada menos que el 65% de la producción final agrícola”.

Paralelamente ha señalado la importancia de garantizar el mantenimiento en buen estado de las masas de agua afectadas, velar por la calidad del agua en las zonas vulnerables a la contaminación difusa y asegurar la conservación de los ecosistemas ligados a los recursos hídricos.

 García Tejerina ha subrayado “el papel insustituible que deben desempeñar las Comunidades de Regantes”

En esta gestión del agua, García Tejerina ha subrayado “el papel insustituible que deben desempeñar las Comunidades de Regantes”, destacando su labor cara a un cambio generalizado en lo relativo a la modernización de las infraestructuras de riego, la mejora de la eficiencia hídrica y energética, la implantación de métodos de riego y cultivos más eficientes y de mayor valor añadido, la automatización del riego e implantación de las TIC, la reducción de la contaminación difusa y la protección de la biodiversidad.

En este nuevo enfoque ha resaltado también, como factor decisivo, la innovación “que en los próximos años debe guiar las inversiones públicas, tanto en el conjunto de la economía española, como en la agricultura y en particular en el ámbito del regadío”

García Tejerina ha recordado que el Ministerio esta elaborando en este sentido un Programa Nacional de Innovación e Investigación del Sector Agroalimentario, inserto en el nuevo Programa Marco Horizonte 2020 de la UE, “en el que se ha identificado una primera medida relativa a la conservación y gestión eficiente e integral de los recursos naturales utilizados por el sector y a la adaptación y mitigación del cambio climático”.

Esta medida, ha explicado la Secretaria General, contempla algunas líneas para la innovación, como las nuevas estrategias de riego basadas en las relaciones hídricas suelo-planta-agua y su influencia en la producción y calidad de los cultivos; la biotecnología al servicio de la mejora en la eficiencia del uso del agua y la resistencia al estrés hídrico, la mejora de la gestión y uso eficiente del agua y de la energía en los regadíos, o el desarrollo de nuevas tecnologías.

García Tejerina también ha planteado los principales aspectos del nuevo Plan Nacional de Regadíos y ha explicado que contemplará por un lado, la modernización de las actuales zonas regables, cuyas infraestructuras son poco eficientes, tanto desde un punto de vista técnico como energético; y, por otro, la finalización de las transformaciones de secano en regadío que están en ejecución, pero con criterios actuales.

“Este Nuevo Plan Nacional de Regadíos, ha añadido la Secretaria General, estará perfectamente coordinado con los Planes Hidrológicos de Demarcación y será pieza clave para la elaboración del Plan Hidrológico Nacional”.

  La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que es un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Fomento, se encargará de gestionar y mantener actualizado el futuro Registro de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas de la región.

   Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles, en donde se ha aprobado un decreto por el que las competencias en materia de seguridad de presas, embalses y balsas situadas en el dominio público hidráulico de la región pasan a la Junta de Comunidades.

   El portavoz del Ejecutivo autonómico, Leandro Esteban, ha explicado que, a través de este decreto, se creará el Registro de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas en Castilla-La Mancha.

   En este Registro deberán de inscribirse todas las presas y embalses que superen una altura superior a 5 metros o una capacidad de embalse mayor de 100.000 metros cúbicos, tanto las existentes como las que se encuentren en fase de construcción.

   La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, además de gestionar y mantener actualizado dicho Registro, será la encargada de aprobar la clasificación de las presas, embalses y balsas, informar de los proyectos, inspeccionar la construcción de estas infraestructuras.

La directora general del Agua, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles, ha pedido a los regantes «esfuerzo y comprensión» para lograr un equilibrio entre los riegos y la calidad medioambiental de las aguas y los ecosistemas ligados a este recurso.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Durante la inauguración de la XVI jornada técnica de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), les ha invitado a colaborar para completar el ciclo de planificación hidrológica este año y abordar la revisión de los planes de cuenca, que tendrá que estar finalizada antes de 2015.

Concretamente ha apuntado que el plan hidrológico del Duero, del que ha dicho que es uno de los más importantes y complejos de España, y los Reales Decretos de composición de las demarcaciones de Ceuta y Melilla se abordarán en el próximo Consejo Nacional del Agua, previsto para este mes y que el del Ebro irá a dicho Consejo antes del verano.

«El Ministerio está trabajando para aunar, en los planes hidrológicos, intereses que en principio podrían parecer enfrentados en aras de satisfacer un bien común, como son asegurar el suministro de agua en cantidad y calidad y velar por el mantenimiento de los ecosistemas ligados al agua», ha explicado la directora general.

Ardiles ha precisado que se ha de entender el suministro de agua «de un modo integral», es decir, «considerando tanto las necesidades de abastecimiento como de regadío». Además, ha recordado que la agricultura de regadío consume cerca del 80 por ciento del volumen total destinada al abastecimiento.

En este sentido, Ardiles ha señalado el «firme compromiso» del Gobierno de alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua que permita aprobar un nuevo Plan Hidrológico Nacional.

Antes, a lo largo de este año, ha recordado que deberán aprobarse los planes hidrológicos de todas las cuencas competencia del Estado (intercomunitarias).

Los eurodiputados han votado su versión de la reforma de la Política Agrícola Común, una versión  que define la posición que va a tomar el Parlamento Europeo en lo que queda de negociación. Y esta vez no sólo tiene voz, sino que también tiene voto. En el pleno de ayer en Estrasburgo, los eurodiputados votaron a favor de una PAC más suave de la que plantea el Ejecutivo de Bruselas. Parte de esa suavización la proponen para lo que se conoce como greening, que son los requisitos medioambientales que se exigen para cobrar un 30% de las ayudas y que se resumen en tres obligaciones:la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y la creación de áreas de interés ecológico en al menos el 7% de la superficie agrícola.
El Parlamento Europeo propone «flexibilizar» el greening. Plantea que se exima a las explotaciones de menos de 10 hectáreas de la obligación de rotar los cultivos, al igual que las plantaciones arbóreas permanentes, como los olivares o los frutales. Además, las plantaciones de entre 10 y 30 hectáreas podrán rotar sólo dos cultivos. La posición de la Comisión era más dura y proponía imponer la rotación obligatoria de tres cultivos a las plantaciones por encima de las tres hectáreas.
La Eurocámara también sugiera que el primer año de aplicación de la nueva PAC, las explotaciones de más de 10 hectáreas sólo dediquen el 3% de su superficie a áreas de interés ecológico y no el 7%. A partir del 1 de enero de 2016, éstas tendrían que abarcar el 5% de las tierras cultivables y la Comisión presentaría para marzo de 2017 un estudio sobre la viabilidad de incrementar este índice hasta el 7%.
Otro de los cambios que recomienda el Parlamento Europeo es minimizar el impacto de la reforma de la PAC en los ganaderos sin tierras al vincular de forma generalizada los pagos directos a las hectáreas de superficie. Los eurodiputados plantean que los pagos se suban del 10 al 15% en el caso de los asociados a la producción, en detrimento de los vinculados a las hectáreas. Ahora queda culminar las negociaciones con las otras dos patas de la UE, el Consejo y la Comisión. La negociación debería comenzar a principios de abril para llegar a un acuerdo en junio.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer dos importantes acuerdos que afectan al sector vitivinícola de la región y en concreto a los derechos de plantación de viñedo de la reserva regional. La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, detalló el contenido de estos acuerdos, empezando por explicar que se había aprobado la modificación del decreto de derechos de plantación para adaptarlo a la normativa europea y nacional y al mismo tiempo flexibilizar los criterios de cesión de estos derechos para poder adecuarlos en cada convocatoria a las necesidades reales del sector y a la disponibilidad de derechos de plantación.
Soriano concretó que se ha eliminado el tope máximo de 15 hectáreas por viticultor, una modificación que está «consensuada» con el propio sector y sirve para simplificar la normativa y sobre todo para acercarse a las demandas reales.
El segundo acuerdo, continuó, está muy relacionado con el primero y se refiere a la orden para la convocatoria que reparte los derechos de plantación de viñedo en este año 2013.

prioridades. En este sentido, la consejera señaló que la Junta oferta 5.000 hectáreas de derechos de plantación de viñedo de la reserva regional y va a priorizar que estos derechos vayan a los jóvenes agricultores. Por ello, a los que se incorporan a la agricultura por primera vez les cederán los derechos de plantación de manera gratuita, mientras que a los agricultores menores de 40 años que no sean nuevas incorporaciones les ofrecen unas tarifas más reducidas. Así, los menores de 40 años tendrán que abonar 137 euros por hectárea, mientras que el agricultor que no responda a estas características tendrá que abonar hasta 1.097 euros por hectárea.
Asimismo, la Junta de Comunidades también priorizará a aquellos agricultores que son profesionales y a las explotaciones que tienen la titularidad compartida. Para todos ellos, habrá unos precios especiales.

La Comisión¹ de Agricultura del Partido Popular² de Albacete, presidida por Miguel Martínez³, se ha reunido para analizar el nuevo marco financiero plurianual 2014-2020 de Ayudas directas y Desarrollo rural, así como la posición mantenida por el Ministerio de Agricultura⁴, Alimentación y Medio Ambiente⁵ en las negociaciones y la repercusión que tendrá para el sector agrario de Castilla-La Mancha.

Durante el encuentro mantenido, los miembros de la Comisión han valorado positivamente que gracias al gran esfuerzo llevado a cabo por el ministro Arias Cañete⁶ durante la negociación, España mantendrá el presupuesto agrícola para este nuevo periodo al conseguir el 98 por ciento de los objetivos a precios corrientes.

Concretamente, con datos de la Comisión Europea⁷, nuestro país va a recibir en concepto de ayudas directas un total de 35.705 millones de euros, lo que supone un 0, 8 por ciento más con respecto al marco financiero actual, así como 8.291 millones de euros para el Desarrollo rural, es decir, un 3 por ciento más que en el presente periodo.

De este modo, se ha conseguido un incremento de la participación en agricultura en el presupuesto comunitario del 39 por ciento, cuando la propuesta inicial de la comisión era del 37 por ciento, por lo que el campo español recibirá 520 millones de euros más de lo previsto gracias a la negociación encabezada por el ministro Arias Cañete, cumpliendo de este modo los objetivos planteados en la Conferencia Sectorial de Agricultura de las Comunidades Autónomas.

A nivel regional, la Comisión de Agricultura del Partido Popular de Albacete⁸ ha puesto de manifiesto la importante repercusión que tendrá para Castilla-La Mancha el reparto interno del presupuesto comunitario entre todas las comunidades autónomas, al considerar que la región se verá beneficiada y reforzada por los criterios de convergencia que favorecen a las autonomías con menor renta per cápita, consiguiendo de este modo inversiones importantes, así como el mantenimiento del nivel de rentas y la creación de empleo en el mundo rural.

En este sentido, desde el Partido Popular confían en que la región consiga sus objetivos en el reparto interno que se lleve a cabo en España, jugando la diferenciación de sectores productivos y el mantenimiento de la superficie asumible un papel decisivo en este asunto.

Además, los populares han valorado positivamente el hecho de que se permita en el nuevo marco se permita el trasvase de fondos entre ayudas directas y desarrollo rural, y viceversa, de hasta un 15 por ciento, en el nuevo marco, ya que de esta forma se podrán destinar ayudas a aquellos que más lo necesiten.

En relación al Desarrollo rural, han analizado la aprobación de la medida ‘n+3’ que contempla el incremento de dos a tres años para la realización de los proyectos que se financien con estos fondos, evitando así que se pierdan ayudas.

En el transcurso de la Comisión de Agricultura, también se abordaron otros asuntos de especial relevancia como los pagos en Ayudas directas; pago base por hectárea, pago “verde” para jóvenes agricultores, así como pagos asociados a sectores desfavorecidos o zonas con desventajas.

En este sentido, los miembros de la Comisión valoraron positivamente la demanda de flexibilidad interna dentro de cada país para el reparto de los fondos por la diversidad de producciones existentes dentro de Castilla-La Mancha, así como el hecho de establecer límites al pago base de forma que no se perjudiquen los sectores más productivos, y que el pago “verde” no afecte o lo haga en la menor medida posible a la renta de los agricultores.

Otro de los temas tratados, fue el de la superficie admisible nacional con derecho a ayudas. En este asunto, la Comisión llegó a la conclusión de que se deben mantener los 22 millones de hectáreas admisibles, al considerar que aumentar esta cifra hasta los 38 millones de hectáreas supondría un grave perjuicio para la agricultura productiva de Castilla-La Mancha, afectando negativamente al empleo rural.

Del mismo modo, el Partido Popular de Albacete considera que el sobre nacional de ayudas acopladas debe ir destinado a aquellos sectores más perjudicados de la región como el ganadero.