El Constitucional rechaza un recurso que puso la Junta a un cambio normativo de 2003. Niega que se invadan competencias autonómicas y defiende la posibilidad de multarlas

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que presentó la Junta de Castilla-La Mancha presidida por el socialista José Bono contra el artículo 129 de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del 2003 que modificaba la Ley de Aguas para incorporar una directiva comunitaria al derecho español.
La ley de la UE tenía como objetivo la protección y mejora de la calidad y el estado ecológico de las aguas, y establecía un marco para la protección conjunta de las aguas continentales, de transición, costeras y subterráneas para alcanzar un buen estado de las aguas en cada cuenca hidrográfica.
La reforma que aprobó entonces el Gobierno de José María Aznar ampliaba el objeto de la propia Ley de Aguas y, además, definía la ‘demarcación hidrográfica’ como la zona terrestre, marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas.
La Junta centró la argumentación de su recurso ante el alto Tribunal en cuestiones de técnica legislativa, especialmente el hecho de que se empleara la Ley de Acompañamiento y, por lo tanto, se limitaba el debate parlamentario y, en segundo lugar, a una supuesta invasión de competencias por parte del Gobierno central.

Argumentos del Constitucional.

Ahora, el Tribunal Constitucional rechaza todas las razones esgrimidas por el entonces gobierno autonómico por considerar que no existe ningún mandato legal que exija que una directiva comunitaria deba ser transpuesta a través de un determinado instrumento normativo.
«La Ley de Acompañamiento es una ley ordinaria que emana de las Cortes Generales y, como tal, puede entrar a regular cualquier materia no expresamente asignada a otro tipo legislativo (…) Se trata de una decisión de mera oportunidad parlamentaria que, en sí misma, no conlleva merma alguna de los principios constitucionales que han de informar el procedimiento legislativo», se afirma de forma expresa en en el fallo.
En segundo lugar, rechaza que el legislador haya «alterado, condicionado o limitado» las competencias de la Junta de Castilla-La Mancha que, además, subraya, están definidas por la propia Carta Magna y «no por el legislador estatal».
En este sentido, explica que las leyes del Gobierno central cumplen una función de «uniformidad relativa» y de «ordenación mediante mínimos» que deben ser respetados por todas las comunidades autónomas, aunque las permite establecer «niveles de protección más altos» que no entrarían, por ese sólo hecho, en una contradicción con la normativa básica del Estado.
«El sentido del precepto constitucional es el que las bases estatales son de carácter mínimo y, por tanto, los niveles de protección que el Estado establezca en desarrollo del mismo pueden ser elevados o mejorados por la normativa autonómica», se añade.

Las competencias autonómicas.

En tercer lugar, el Tribunal  tampoco considera inconstitucional que se recojan en una disposición reglamentaria las técnicas definitorias de cada uno de los estados y potenciales en las masas de agua, así como los criterios para su clasificación. «La mera remisión en abstracto al reglamento no supone necesariamente que dicha norma vulnerará las competencias asumidas por las comunidades autónomas», reza el fallo.
Finalmente, el Tribunal Constitucional también defiende la legalidad la composición del entonces órgano de cooperación interadministrativa y, en segundo lugar, la posibilidad de repercutir en las comunidades aquellas responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del incumplimiento de la directiva comunitaria.
Corresponde al Estado no sólo establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la normativa europea, sino también los sistemas de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio Estado», concluye el fallo.

El alcalde de Hellín, Manuel Mínguez, reivindicó ante el Ministerio de Agricultura los derechos de los regantes de Hellín, en el contexto de una reunión en Madrid con la directora general del Agua, Liana Ardiles, sobre la recuperación de los caudales de las infiltraciones producidas en el túnel de El Talave de las aguas del Segura.

Junto a la concejala del área, Marta Pérez, el presidente de la SAT Regadíos del Sur de Hellín, Ignacio Valcárcel y el subdirector general de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, Javier Ruza, el alcalde agradeció la «predisposición» de la directora general a lo que aseguró, es «el futuro de nuestra tierra», al asegurar que con esa dotación de agua se podrán crear numerosos puestos de trabajo en lo que, confirmó, «hoy es el principal motor de la economía local», en alusión a la Agricultura. Hay que recordar que, dicha concesión, fue aprobada por el Real Decreto 2765/1982 en el que se declaraba de interés nacional la transformación en regadío de la segunda ampliación de Hellín, con las aguas procedentes de las aportaciones al túnel del Talave de las filtraciones permanentes de aguas subterráneas.

Desde entonces, y hasta la fecha, el derecho al aprovechamiento de ese agua, ha sido ratificado por la Orden Ministerial de 23 de marzo de 1993, por la Resolución de la D.G.O.H. de 24 de julio de 2002 y por la Resolución de la D.G.O.H. de 12 de diciembre de 2003, en la que se establece que los 2,2 hectómetros cúbicos al año de agua que corresponden a los regantes de Hellín, serían otorgados provisionalmente a la cuenca del Júcar ( riegos en la zona de Los Llanos de Albacete) hasta que la zona de Hellín dispusiese de la infraestructura necesaria para incrementar el aprovechamiento.

El Gobierno tantea a los regantes valencianos para satisfacer la exigencia sobre el agua albaceteña, que cuenta con el apoyo del ejecutivo de María Dolores de Cospedal – Niegan validez al Convenio de Alarcón que USUJ firmó con el Gobierno Aznar con el apoyo de los presidentes autonómicos

09.03.2013 | 01:28

J. sierra valencia El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha sondeado a los usuarios y regantes del Júcar para que acepten que los textos legales que deben regular el abastecimiento de agua a Albacete ignoren la existencia del Convenio de Alarcón por el que las comunidades de regantes valencianas y empresas que construyeron el embalse en tierras conquenses cedían al Estado su gestión en 2001, con el aval de los presidentes autonómicos José Bono y Eduardo Zaplana, a cambio de tener garantizados unos caudales mínimos.

El Ayuntamiento de Albacete, fortalecido por el apoyo del Gobierno regional de Maria Dolores de Cospedal, no acepta la tutela valenciana sobre Alarcón y niega el derecho reconocido en el citado convenio, convertido en normativa nacional tras su inclusión en el vigente Plan Hidrológico del Júcar vigente.

La negativa de Albacete a reconocer validez legal al Convenio de Alarcón se ha convertido en un símbolo de la fuerza con la que cuenta actualmente la vecina comunidad autónoma en la negociación hídrica abierta para la renovación del Plan Hidrológico del Júcar y ha hecho saltar las alarmas en el regadío valenciano.

Según ha podido saber Levante-EMV, el ministerio pretende, en respuesta a la demanda de Albacete, que en la concesión de aguas superficiales del Júcar para el abastecimiento a la ciudad castellano-manchega no haya ninguna referencia al Convenio de Alarcón. Si acaso una vaga referencia en la exposición de motivos, pero no en el articulado. Los regantes valencianos se niegan; creen que se estaría violando la legislación vigente por quien debería ser su garante-el Estado-y abriría la puerta al «caos» en la regulación y aprovechamiento ordenado del río Júcar.

Una decisión aplazada
El primer borrador de la concesión de aguas a Albacete data del año 2001. La sangría del acuífero para el regadío manchego hizo que el nivel de los pozos de los que se abastecía la capital manchega bajara entre 70 y 80 metros y que la calidad del agua se deteriorara rápidamente. Albacete comenzó a tomar agua superficial del Júcar regulada en Alarcón y así ha seguido haciéndolo en años posteriores aunque sin ningún respaldo legal.

La concesión-el documento vinculante por el que se fija el caudal y las condiciones de toma- es necesario y ya en 2002 se presentó un primer borrador en el que se reconocía la existencia del Convenio de Alarcón aunque el documento quedó paralizado hasta hace unos meses, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar intentó resolver este conflicto que lastra y dificulta la firma del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar.

Albacete, al igual que Valencia y el resto de poblaciones que se abastecen del río Júcar mantendrían sus derechos prioritarios a tomar agua del río, aunque si lo hacen por debajo de la curva de reserva-nivel del embalse-pactada por el Gobierno y USUJ (los regantes valencianos del Júcar e Iberdrola) tendrían que compensar económicamente el sobrecoste que representa sustituir el agua superficial por la extraída mediante pozos. Esta circunstancia se ha producido ya en varias ocasiones y Albacete, al contrario que Valencia o Sagunt, se ha negado a pagar. En 2005 recurrió a los tribunales la liquidación. Después ni eso. Ahora, la insumisión afecta a la raiz: el Convenio de Alarcón.

José Pascual Fortea

El agua es un bien público que debería estar por encima de la política y de los partidos políticos. Pero no hay manera de que esto sea así, al menos en el Júcar.
Como consecuencia de la presión política de Castilla-La Mancha y de la Comunitat Valenciana se aprobó el Plan Hidrológico del Júcar de 1998 repartiendo mucha más agua de la que existía. Tanto Bono como Zaplana pudieron vender a sus gobernados que habían conseguido más agua para su región de la que jamás habían tenido. Pero era agua de papel, agua que no crea riqueza sino conflictos y decepciones al no alcanzarse nunca las expectativas generadas.
El 2013 podría ser el año clave para la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar y parece que las cosas no hayan cambiado. Los políticos continúan queriendo politizar el agua. Pero las cosas sí que han cambiado, tenemos la experiencia de 14 años de aplicación de un Plan Hidrológico donde se sobrevaloraron los recursos. Los usuarios somos conscientes de que repartir más agua de la que existe conduce a la escasez, a la penuria y al conflicto. Y por ahí no vamos a pasar. El nuevo plan sólo puede repartir el agua que existe, ni una gota más.
Desde Castilla-La Mancha empiezan a tomar posiciones ante el nuevo plan. Se está presionando para que se otorgue una concesión de agua del Júcar al abastecimiento de Albacete. Los usuarios del Júcar no nos oponemos a que se otorgue una concesión de agua a Albacete, faltaría más, es un abastecimiento a población. Pero esta concesión debe cumplir el Plan Hidrológico en vigor en el que se establece que el uso del agua del embalse de Alarcón se regulará en el Convenio del embalse de Alarcón. El abastecimiento de Albacete toma las aguas del embalse, por lo que la concesión debe recoger el sometimiento al citado convenio. Así está previsto en el Plan Hidrológico del Júcar y no puede ser de otra manera. No cabe ninguna duda, el uso de agua del embalse de Alarcón sólo es posible con el cumplimiento del convenio.
Pero desde Albacete no se quiere respetar el plan del Júcar, sólo en lo que les interesa. El expediente de concesión de agua para el abastecimiento de Albacete se inició en 2001, en 2002 se comunicó ya una propuesta de concesión donde se incluía el condicionado al Convenio de Alarcón y, tras 12 años y dos presidentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar de distinto color político, sigue sin aprobarse. Con lo fácil que hubiese sido si simplemente se aceptase que hay unas normas y que todos las tenemos que cumplir.
El abastecimiento de Albacete supone un volumen muy pequeño dentro del conjunto de usos del Júcar. Por su magnitud no es importante en la cuenca, pero su aprobación sin incluir el condicionado al Convenio de Alarcón supone un incumplimiento del Plan Hidrológico y una demostración del peso de Castilla-La Mancha en la toma de decisiones en el Júcar.
La Comunitat Valenciana se juega mucho en el Plan Hidrológico del Júcar y la Generalitat debe hacerse valer en la mesa de negociación, donde va a tener el apoyo de todo el regadío valenciano. Este es el primer envite que nos llega de la vecina comunidad autónoma y no se puede dejar pasar.

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha asegurado que el nuevo presupuesto comunitario y la cantidad que recoge para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) permitirá mantener la renta de agricultores y ganaderos hasta el año 2020. Soriano intervino en el Foro COPE Castilla-La Mancha con una ponencia titulada ‘La política agraria del Gobierno de Castilla-La Mancha en el contexto nacional y europeo’.

Recortes

Afirmó que el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha debe estar tranquilo porque, a pesar de un ambiente de recortes europeos, España ha sabido mantener un presupuesto que permitirá atender el sector. La consejera de Agricultura comentó que Castilla-La Mancha está «muy satisfecha» por las negociaciones que ha hecho el Gobierno de España para defender el presupuesto.

La defensa de este presupuesto, dijo, «permite dar estabilidad al campo de España en el horizonte hasta 2020», si bien, precisó, ahora queda otra parte importante que es la reforma de la propia PAC. En este sentido, aseguró que el documento inicial que existe debe reformarse puesto que incluye aspectos que quedan por solucionar como «el que hace referencia al número de hectáreas elegibles».

«Estamos trabajando con el Ministerio para poder atender esta situación y que tengamos una PAC que permita la flexibilidad que necesita cada uno de los Estados miembro para así poder adaptarla a las condiciones que cada país tiene y atender la diversidad de ecosistemas que existen en cada una de las regiones», señaló Soriano.

La consejera de Agricultura resaltó la apuesta del Gobierno regional por el sector agroalimentario y consideró «fundamental» para su futuro desarrollo el que la Región cuente con una «economía resuelta».

Por eso, valoró que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya sido capaz de conseguir la estabilidad en las cuentas públicas a la vez que atender los servicios sociales básicos, lo que también permitirá atender sectores tan importantes como la agricultura y la ganadería.

Soriano señaló que la política agroalimentaria del Gobierno de Castilla-La Mancha pasa por apostar y defender la mejora de las explotaciones agrarias para que sean más rentables y competitivas, y también lograr la internacionalización de las industrias agroalimentarias, mejorar los canales de comercialización y lograr una Administración cercana a los ciudadanos.

El Tribunal Constitucional (TC) desestimó el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Murcia presentó contra el real decreto-ley del 18 de junio del 2004 que modificó la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y derogó el trasvase del Ebro.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el Ejecutivo murciano «no ha aportado ninguna razón» que justifique que el Gobierno central utilizó indebidamente esta vía legislativa o que incurriera en un caso de arbitrariedad de los poderes públicos. La pasada semana ya ocurrió lo mismo con otro recurso presentado por la Comunidad Valenciana.

Para el Gobierno murciano, ese decreto-ley vulneraba la Constitución porque no existían razones de urgencia para aprobarlo e infringía el principio de interdicción de la arbitrariedad de la administración pública.

Murcia expuso también que «se había vulnerado el derecho de participación desde la perspectiva del principio de lealtad institucional», al considerar que el PHN «funciona como un todo unitario interrelacionado que afecta a todo el territorio».

Asimismo, expuso que «el respeto a las competencias autonómicas y el principio de buena fe obligan a respetar ese derecho de participación en la elaboración de decisiones del Estado que hayan de ejercer una influencia decisiva en la esfera competencial autonómica».

La sentencia que desestima el recurso reconoce la validez del requisito de extraordinaria y urgente necesidad, «sin entrar a valorar la bondad técnica de las medidas aprobadas ni su oportunidad e idoneidad para paliar las deficiencias hídricas que han aquejado secularmente a las cuencas mediterráneas, juicios que no compete formular» al TC.

No encuentro manera más adecuada de comenzar mi colaboración en este blog que lanzando a los lectores dos preguntas: ¿cómo se explica que una cuestión tan relevante como la planificación hidrológica y la gobernanza del agua no avance con la agilidad deseada? y, la más inquietante, ¿para cuándo las necesarias obras de regulación?…

Digo necesarias porque España, sin estas obras, no podría disponer de más del 8% del agua de lluvia, porcentaje que supera el 42% en Europa; o dicho de otra manera: gracias a los embalses y trasvases hemos conseguido un nivel de regulación de más del 45%, con la diferencia de que Europa sí ha continuado realizando embalses para aumentar las garantías de agua.

Esta “cuasi parálisis hidráulica” amenaza nuestras producciones agrarias, que están perdiendo competitividad a pasos agigantados

Esta “cuasi parálisis hidráulica” amenaza nuestras producciones agrarias, que están perdiendo competitividad a pasos agigantados, ya no sólo por el brusco aumento de los costes de producción que las hace mucho menos rentables, sino por las denominadas guerras del agua.

Por todos es bien sabido cómo la presión de las autonomías ha propiciado conflictos territoriales injustificados por el reparto de agua, dificultando y en muchos casos impidiendo la aprobación de los planes hidrológicos de las cuencas y, en consecuencia, la ejecución del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y sus correspondientes obras de regulación.

También es verdad que la complejidad de los diferentes planes hidrológicos de cuenca no contribuye a acelerar la aprobación de estos planes por la excesiva cuantificación de caudales que refleja y que sin duda sería necesario simplicar; pero lo que sí es indiscutible es que si la Administración Central no aplica con firmeza la legislación ya existente en materia de aguas la continuidad del sector puede peligrar.

Claramente, esta firmeza a la hora de tomar las riendas de la política de aguas pasa por atribuir a las propias Confederaciones Hidrográficas, coordinadas con usuarios y autonomías, la cuantificación de las demandas y la determinación de los caudales ecológicos de las cuencas intercomunitarias de acuerdo a criterios técnicos, y no dejarlo en manos de las autonomías que actúan de acuerdo a criterios políticos y arbitrarios.

Como parece que no tendremos una solución a corto plazo, una respuesta a la sequía podría ser flexibilizar los contratos de cesión temporal de derechos del uso del agua

Como parece que no tendremos una solución a corto plazo, una respuesta a la sequía podría ser flexibilizar los contratos de cesión temporal de derechos del uso del agua. En esta medida encontraríamos una manera de disminuir los efectos negativos de la ausencia de lluvias, al convertirse en una alternativa ágil a la falta de embalses y trasvases en las cuencas menos reguladas.

Lo cierto es que, sea como fuere, hay que tomar medidas. Todos sabemos que en un país como el nuestro, con una pluviometría tan inestable, no podemos vivir pendientes del cielo para ver si llueve o hace sol. Insisto: las obras de regulación son una auténtica necesidad aunque ya no estén de moda.

Con estas infraestructuras se evitarían los daños producidos por las lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes por las consecuencias del cambio climático; también permitirían almacenar el agua para utilizarla en los periodos de sequía que, por este mismo motivo, también serán cada vez más duraderos.

En definitiva, el impacto negativo del cambio climático será mínimo en las cuencas hidrográficas que tengan el mayor grado de regulación. Esto es una realidad.
 

Las dos cuencas hidrográficas más importantes para la provincia de Albacete, Júcar y Segura, así como la del Tajo, cuyo trasvase también cruza tierras albaceteñas, se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno de la nación.
Así lo reconoció en la última Comisión de Medio Ambiente del Senado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, quien señaló que estos dos primeros planes «son los que mayor dificultad están presentando» aunque también dejó claro que la fecha límite de diciembre de 2013 se tiene que respetar, so pena de sufrir fuertes sanciones económicas por parte de la UE.
Recordar que los planes de cuenca vigentes se aprobaron, en su totalidad, a finales de los años 90 y que la Directiva Marco del Agua de la UEestablece que debían estar todos revisados, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2009, hace ya más de tres años.

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