El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dicho que el incumplimiento de los planes de cuenca podría suponer a España una multa de unos 80 millones de euros anuales y ha agregado que el próximo 21 de marzo, la UE decidirá si envía a España la carta de procedimiento por la falta de presentación de dichos planes. Mientras, el incumplimiento de la legislación comunitaria de aguas residuales puede generar sanciones de entre 30 y 60 millones de euros.

MADRID/TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)

Arias Cañete ha denunciado que su panorama de partida cuando llegó al Ministerio era «francamente desolador». «Más que con una herencia nos hemos encontrado, en medio ambiente, con una auténtica hipoteca. Tenemos lamentablemente un auténtico lastre de incumplimientos de compromisos europeos e internacionales y una pléyade de procedimientos de infracción abiertos», ha aseverado.

Respecto a las desaladoras, que para el ministro merecen «mención aparte», ha recordado que el plan inicial contemplaba la construcción de 51 desaladoras como alternativa al plan hidrológico nacional y que ocho años después, el gasto público en este concepto ascendía a 1.830 millones para 27 instalaciones. Arias Cañete ha precisado que a su llegada a este departamento había 13 en ejecución con un coste de 711 millones de euros de inversión.

POLÍTICA FORESTAL

En otro orden de cosas, el ministro ha anunciado que va a poner en marcha una política forestal «como no ha habido nunca en este país».

Durante su participación en un Desayuno Informativo de Europa Press, Arias Cañete ha asegurado que cree en la sostenibilidad ambiental integrada porque «el medio ambiente es sostenible», y considera que «todo lo que está haciendo este Gobierno es positivo para el medio ambiente».

«Estoy ordenando los ríos, que no estaban ordenados; estoy haciendo depuradoras, que no se habían hecho; en vez de comprar ‘papelitos’ a millón, estoy intentando que las empresas hagan proyectos para reducir el carbono en España; voy a poner en marcha una política forestal como no ha habido nunca en este país. Eso es medio ambiente. Ahora, si me piden otras cosas…», ha asegurado.

El ministro se ha referido así a las críticas de las organizaciones ecologistas, que estiman que su política va en contra del medio ambiente. En este contexto, ha asegurado que la obligación de un ministro es buscar la flexibilidad y los periodos transitorios cuando cambian las normativas.

Por ello, ha puesto de ejemplo los descartes, para evitar la sobrepesca. A este respecto ha indicado que si de la noche a la mañana se prohíben el 100 por 100 de los descartes, el efecto es que no se puede pescar y el hundimiento de la flota. «Las ONG dicen que se prohíban los descartes mañana, sin pensar en ninguna consecuencia social», ha espetado.

Además, ha subrayado que está «poniendo en orden el medio ambiente», haciendo que las evaluaciones ambientales sean más ágiles y tengan más seguridad jurídica y que sean objetivas.

Asimismo, ha reconocido que cuando hace una obra de regulación, es consciente de que a las ONG ecologistas «no les gusta una presa», pero ha criticado que «tampoco» se preocupan cuando hay una avenida, mientras que a él sí le preocupa la regulación de los ríos.

A su juicio, falta «mucho por hacer» en materia de regulación de aguas, de depuradoras y de costas y ha manifestado que no le preocupa que le digan que la Ley de Costas va a favorecer el urbanismo «porque no es verdad».

«Cada uno tiene su San Benito. Yo tengo la responsabilidad de trabajar por el medio ambiente y me estoy dedicando a cumplir las directivas europeas. Yo creo que eso es trabajar con el medio ambiente», ha añadido.

En este contexto, ha dicho que las ONG ambientales «probablemente» estuvieran más contentas con el Gobierno anterior y que si él es «el regreso del medio ambiente, el Gobierno anterior era maravilloso». Sin embargo, ha insistido en que no depuraba los ríos, tenía las depuradoras y los vertederos denunciados, el «aire compraba papeles». «Era maravilloso», ha concluido.

RENOVABLES Y FRACKING

En cuanto a las renovables, ha confesado que es defensor de la cogeneración y la biomasa, que no consumen primas elevadas y tienen una gran potencial de empleo y una utilidad en el medio rural en contra de incendios y de aprovechamiento de los residuos del mundo rural.

En este contexto y respecto a las primas y el déficit tarifario, Arias Cañete ha defendido la paralización de las primas porque el Gobierno anterior desarrolló las energías renovables de una manera que «llevaba a este país a la quiebra absoluta».

«Hubo un gobierno que se volvió loco y provocó una expansión terrible de unas energías sin prever cuál iba a ser el desarrollo futuro que estaban estimulando unas primas. Lo que ha hecho el Gobierno es pararlo (…). Cuando esté afrontado el déficit tarifario volveremos a incentivar las renovables, pero de otra manera», ha concluido.

El ministro ha criticado que el Ejecutivo de la anterior legislatura «no controló la eclosión de las energías renovables» y «cerró los ojos y se le fue de las manos el problema».

Respecto a la extracción de gas mediante el método de fractura hidráulica –conocido como fracking– el ministro ha explicado que el Ejecutivo está estudiando «toda la doctrina» que existe porque se trata de una tecnología que no se ha usado nunca en España. A este respecto, ha dicho que su departamento se encargaría de las evaluaciones de impacto ambiental. «Nos estamos documentando a nivel mundial de las mejores experiencias que hay, para ver cuáles pueden ser las medidas correctoras, en el caso de que alguien nos pidiera una evaluación de impacto ambiental para este fin», ha concluido.

CAMBIO CLIMÁTICO

En materia de cambio climático, el ministro ha dicho que puede afirmar que España cumplirá sus objetivos del Protocolo de Kioto, «previsiblemente en 2013 o 2014». Para ello, ha defendido que ha puesto en marcha un «profundo cambio de estrategia», que pasa de comprar derechos de emisión en el exterior a centrarse en la reducción de emisiones sin necesidad de recurrir a esta compra de derechos de carbono.

«En cambio climático, la herencia tampoco era mejor. Teníamos sobre la mesa una carta de la Comisaria Europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, en la que manifestaba su preocupación porque España no iba a cumplir con el compromiso del Protocolo de Kioto. Esa era realmente la situación», ha incidido.

En este sentido, ha apuntado que el anterior gobierno gastó 770 millones de euros en compra de derechos de emisión en el exterior para compensar las emisiones en el periodo de Kioto, pese a lo cual había un déficit de 105 millones de toneladas de emisión, para lo que se necesitaban otros 500 millones de euros.

«Nos habríamos gastado 770 millones de euros en compra de créditos, pero no se había puesto en España ni una sola medida de reducción de emisiones en los sectores difusos: transporte, residencial, agricultura y ganadería, que son los que dependen del Gobierno», ha sentenciado.

La reserva hidráulica de la Confederación Hidrográfica del Júcar se encuentra al 46,2 % de su capacidad total
11/03/2013

La reserva hidráulica de la Confederación Hidrográfica del Júcar está al 46,2 % de su capacidad total. Actualmente hay 1.547,3 hm3 de agua embalsada, lo que representa un aumento de 85,8 Hm3 con respecto a los niveles de la semana anterior. El mayor incremento lo ha registrado el sistema Júcar (Alarcón, Contreras y Tous) con 38,2 Hm3.

La reserva por Sistemas de Explotación es:

Sistema Júcar tiene embalsados 1.057,9 Hm3 (45,0 %)
Sistema Turia tiene embalsados 118,0 Hm3 (40,1 %)
Sistema Mijares tiene embalsados 91,2 Hm3 (49,0 %)
Sistema Marina Baja tiene embalsados 22,2 Hm3 (77,0 %)
Sistema Palancia tiene embalsados 5,0 Hm3 (82,5 %)
Sistema Cenia tiene embalsados 7,8 Hm3 (70,7 %)
Sistema Serpis tiene embalsados 23,4 Hm3 (86,7 %)
Otros embalses tiene embalsados 221,8 Hm3 (50,0 %)

Las precipitaciones han sido abundantes. El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) informa que en los últimos quince días las máximas lluvias se han producido en Alfondeguilla (Castellon),con 221 l/m2, y Villalonga (Valencia), con 200,6 l/m2. En los embalses de Beniarrés (Alicante) y Regajo (Castellón) se efectuaron desembalses técnicos para mantener el resguardo estacional establecido.

Ha pasado un año desde la publicación de la línea de ayudas para la incorporación de jóvenes al sector agrario 2012 y los solicitantes, 1.500 en toda Castilla-La Mancha -en torno a 300 en Albacete- todavía no saben la respuesta de la Administración regional. Así lo indicó ayer la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que también recordó a la Consejería de Agricultura que no se han pagado todas las ayudas de la última convocatoria resuelta, la de 2010, que se saldó con 327 expedientes favorables.

En rueda de prensa, los secretarios regional y provincial de UPA, Julián Morcillo y Julián Martínez, señalaron que el retraso perjudica a quienes están a la espera de convertirse en jóvenes agricultores este año debido a que se acercan fechas «determinantes». En este sentido, Morcillo manifestó que el próximo 19 de marzo se cierra el plazo para la cesión de derechos de pago único que «muchos» solicitantes de las ayudas van a necesitar, y también otros trámites como la petición de derechos a la reserva nacional y las propias ayudas de la Política Agraria Común (PAC), cuyo periodo de tramitación acaba el 30 de abril.

La consecuencia de todo este entramado burocrático, según UPA, es que los jóvenes corren el peligro de no ser aptos para las ayudas o de enfrentarse a un año de trabajo perdido.

«El campo necesita el relevo generacional y en este momento en que se habla tanto de emprendimiento es más necesaria que nunca esta convocatoria», dijo Morcillo, quien ofreció datos según los cuales solo un 0,5% de todos los titulares de ayudas PAC en la Región tiene menos de 25 años y un 5,4% entre 25 y 34 años, en contraposición al 35% que rebasa los 65.

Las ayudas para primera instalación de jóvenes a la agricultura están financiadas en un 75% por la Unión Europea y son claves «para crear empleo». No obstante, UPA criticó que paulatinamente ha ido mermándose la cuantía destinada a esta línea en el Programa de Desarrollo Rural, pasando de 82 millones de euros iniciales en el periodo 2007-2013 a poco más de 55 millones.

El resultado de esta reducción es que de las 1.500 solicitudes actuales solo se va a poder atender un 10%. Y es que para otorgar las ayudas solo se dispone de 6 millones de euros, una cuantía muy limitada para la demanda existente.

(Comunidad Valenciana) PARTIDOS | > AREA: Política

11-03-2013 / 15:40 h EFE

EU pedirá la creación de una comisión mixta de las consellerias de Agricultura y Sanidad y de los ayuntamientos de los municipios de la Ribera para que «actúen» ante la contaminación del agua, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) obligue a que el suministro para el consumo humano provenga de aguas superficiales del río.

Según informa esta formación en un comunicado, la coordinadora de EUPV en Les Corts, Marga Sanz, y el diputado de EUPV-Los Verdes en el Congreso, Ricardo Sixto, se han reunido hoy mañana con los concejales de los grupos municipales de esta formación en la comarca de la Ribera para estudiar diversas iniciativas parlamentarias, que trasladarán al parlamento valenciano y al Congreso.

Consideran que hace falta una actuación «urgente» sobre la presencia y el control de pesticidas en las aguas y sobre sus consecuencias en la salud de las personas, «que pueden haber sido envenenadas paulatinamente».

Los diputados de EU han acusado a la Generalitat, a los ayuntamientos, la CHJ y la concesionaria Aguas de Valencia de «suprema negligencia e irresponsabilidad».

Reclaman que el problema del agua en la Ribera «se solucione desde todos los ámbitos», y que se garantice que la potabilizadora se ponga en marcha lo más pronto posible para abastecer a los municipios de la comarca.

Según la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, la Generalitat ha incurrido en «una dejadez sin límites», ya que «es incapaz de acabar la necesaria y urgente depuradora».

Exige asimismo al Consell que informe si dispone de una línea presupuestaria «y si no, que la establezca», ya que la salud de las personas es «prioritaria».

Sanz cuestiona asimismo que no se previniera a los municipios tras detectar el pasado mes de junio la primera contaminación del agua en Carcaixent, en septiembre en Llaurí y ahora en Alzira, «después de al menos un mes de consumo».

EU reclama que se cumplan las analíticas y los controles exhaustivos, y se adopten las medidas adecuadas a través de la comisión mixta de la Generalitat y los municipios afectados.

Por su parte, Ricardo Sixto ha anunciado que reivindicará en el Congreso el Plan de Cuenca del Júcar, y pedirá a la CHJ que «obligue» a la Generalitat a que el consumo de agua potable venga de aguas superficiales y no, como hasta ahora, de aguas subterráneas.

GRUPO DE RIEGOS, AGRONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI (CSIC) Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Grupo de Riegos, Agronomía y Medio Ambiente – http://www.grupo-rama.es/es/

En las zonas semiáridas y áridas del planeta, la agricultura de regadío es el principal destino del agua. Para estudiar cómo se aprovecha el agua, a menudo se distingue entre el uso y el consumo. Mientras que un mismo litro de agua puede usarse y reutilizarse para navegar, generar electricidad o ducharse, este mismo litro sólo puede consumirse una vez porque el consumo implica que el agua pasa a la atmósfera por evaporación o transpiración y, por lo tanto, no puede reutilizarse. El regadío reproduce artificialmente estos procesos ya que los cultivos bien regados y expuestos a climas secos y cálidos tienen una elevada “evapotranspiración” (evaporación del suelo y transpiración de las plantas).

Por ello, se dice que el regadío consume mucha agua. En general, los cultivos necesitan evapotranspirar una cantidad de agua determinada para producir una determinada cantidad de alimento. Por ello, al hablar de la cantidad de agua que consume la agricultura de regadío, en realidad se está hablando de la cantidad de alimento que produce. En consecuencia, si se disminuye la cantidad de agua que se consume en el regadío, se disminuirá la cantidad de alimento producido en el mismo.

El consumo del agua en la agricultura está en este momento generando grandes tensiones en el mundo. Además del continuo incremento de la población mundial, los países emergentes están mejorando su nivel de vida, están consumiendo mayores cantidades de alimentos y por lo tanto necesitan cantidades crecientes de agua para su producción. Por otro lado, las regulaciones agrarias y medioambientales están limitando la producción agraria en los países desarrollados, generando un flujo de superficies dedicadas a la producción agraria hacia los países emergentes. Finalmente, los nuevos usos no alimentarios de los productos agrarios (energía, productos de síntesis) implican una presión adicional importante sobre la agricultura y sobre el agua que la nutre. Estos factores anuncian una presión creciente para racionalizar el consumo del agua en el regadío, que exigirá mejores políticas de gestión y más tecnología para poder alimentar a la creciente población mundial.

El consumo del agua no explica por completo la problemática del regadío. Cuando se riega un cultivo, se aplica una cantidad de agua superior a la que éste consume. Esto es así porque los sistemas de riego nunca son completamente eficientes. Además, es necesario que una cierta cantidad de agua circule a través del suelo y arrastre sales y otros compuestos. Así se evita la acumulación excesiva de contaminantes, naturales o antrópicos, en el suelo. Por lo tanto, el regadío siempre usa más agua que la que consume, y el agua aplicada y no consumida vuelve al río o al acuífero (lo que se llama “aguas de retorno del riego”), y lo hace con una pérdida de calidad. La contaminación de las masas de agua por sales, fertilizantes y pesticidas provenientes del regadío es un problema creciente en muchas áreas del mundo, y el seguimiento y remediación de esta contaminación agraria es un objetivo científico de primera magnitud.

Desde la investigación se trabaja para conocer con precisión las necesidades de agua de los cultivos, para obtener el mejor resultado de las tecnologías de riego disponibles, y para desarrollar nuevas tecnologías capaces de mejorar la aplicación del agua. Así, técnicas micrometeorológicas, de teledetección, de dinámica de fluidos computacional y de simulación de riegos y cultivos se aplican sistemáticamente para optimizar el uso y consumo de agua en el regadío. También se trabaja para conocer con precisión la contaminación producida por el regadío sobre los suelos y aguas, y para identificar las prácticas de riego y técnicas de cultivo que puedan minimizar esta contaminación. Se utilizan sensores satelitales y electromagnéticos para estimar la salinidad del suelo, técnicas de aplicación eficiente de fertilizantes orgánicos (purines) e inorgánicos y modelos de simulación agua-suelo-cultivo para optimizar la productividad y sostenibilidad del regadío.

El regadío se desarrolla en territorios con una gama muy variada de interacciones. Una de las más importantes es la interacción con el medio natural (suelo, vegetación, fauna y paisaje). La investigación analiza el efecto del desarrollo del regadío sobre el medio natural en la interfaz entre ambos sistemas. La conservación de estos recursos naturales es una necesidad social que necesita de disciplinas como la edafología, la botánica y la hidrología.

Las políticas del Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las Confederaciones Hidrográficas, así como los sectores relacionados con la agricultura de regadío (en particular los usuarios del agua y las Comunidades de Regantes) necesitan del soporte continuo de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica (I+D+i). La investigación aporta información acerca del impacto de políticas pasadas y puede aportar información valiosa sobre el impacto de posibles alternativas políticas en la gestión de los regadíos en particular y del agua en general. España ha tenido una tradición escasa en investigación hasta los años 80 del siglo pasado. Por ello, las actividades de investigación para dar soporte a las políticas han sido escasas en nuestro país. Desde la implantación de la Directiva Marco Europea del Agua se está creando una mayor cultura de apoyo científico al diseño de políticas de agua y a la evaluación de su impacto. Por otro lado, al haberse casi eliminado los Servicios de Extensión Agraria, con frecuencia los equipos de investigación han asumido las tareas de asesoramiento directo al regante, y han dedicado esfuerzos importantes a la transferencia de conocimientos, en los últimos años apoyándose generalmente en las nuevas tecnologías de la información.

La orientación actual de las políticas de I+D+i en España y Europa incide en la innovación como fuente de empleo y desarrollo económico. La investigación pública sobre el regadío interacciona con los grupos de interés empresariales e institucionales (como las comunidades de regantes) para contribuir a resolver sus necesidades. Este empeño necesita más cultura de cooperación tanto en la investigación pública como en el sector. Sin duda es un reto de gran importancia que exige grandes esfuerzos. La política de modernización de regadíos impulsada en España desde principios de siglo ha generado mucha innovación en las comunidades de regantes y empresas punteras en el ámbito del regadío: construcción, tuberías, bombeos, hidrantes, filtrado, electrónica, software, etcétera. España es un laboratorio de importancia mundial en este sentido. Ahora que las inversiones escasean en España es el momento de que estas capacidades se orienten hacia el mercado internacional. Las sinergias entre la investigación pública y el sector serán fundamentales para conseguirlo.

Todas estas actividades constituyen el quehacer cotidiano del grupo de investigación “Riego, Agronomía y Medio Ambiente”, que desarrolla sus actividades en el Campus de Aula Dei en Zaragoza

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha realizado un nuevo abono de las ayudas del pago único de la Política Agraria Común (PAC), por un valor superior a 6,7 millones de euros, del que se beneficiarán 1.262 productores.

Con este nuevo pago, la Junta mantiene su compromiso de acelerar la resolución de expedientes, con el fin de que las ayudas lleguen lo antes posible a  los agricultores y ganaderos.

Por provincias, Toledo cuenta con 358 beneficiarios (1,84 millones); Ciudad Real con 339 beneficiarios (1,15 millones); Albacete con 257 beneficiarios (1,56 millones); Cuenca con 236 beneficiarios (1,52 millones); y Guadalajara con 72 beneficiarios (639.000 euros).

 Este nuevo pago se suma a los 300 millones anticipados al inicio del año agrícola –que comenzó el pasado 16 de octubre- y a los 300 millones del primer pago ordinario, lo que eleva a 606 millones la cantidad que ha recibido el sector, más del 96 por ciento del total para esta campaña.

El Constitucional rechaza un recurso que puso la Junta a un cambio normativo de 2003. Niega que se invadan competencias autonómicas y defiende la posibilidad de multarlas

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que presentó la Junta de Castilla-La Mancha presidida por el socialista José Bono contra el artículo 129 de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del 2003 que modificaba la Ley de Aguas para incorporar una directiva comunitaria al derecho español.
La ley de la UE tenía como objetivo la protección y mejora de la calidad y el estado ecológico de las aguas, y establecía un marco para la protección conjunta de las aguas continentales, de transición, costeras y subterráneas para alcanzar un buen estado de las aguas en cada cuenca hidrográfica.
La reforma que aprobó entonces el Gobierno de José María Aznar ampliaba el objeto de la propia Ley de Aguas y, además, definía la ‘demarcación hidrográfica’ como la zona terrestre, marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas.
La Junta centró la argumentación de su recurso ante el alto Tribunal en cuestiones de técnica legislativa, especialmente el hecho de que se empleara la Ley de Acompañamiento y, por lo tanto, se limitaba el debate parlamentario y, en segundo lugar, a una supuesta invasión de competencias por parte del Gobierno central.

Argumentos del Constitucional.

Ahora, el Tribunal Constitucional rechaza todas las razones esgrimidas por el entonces gobierno autonómico por considerar que no existe ningún mandato legal que exija que una directiva comunitaria deba ser transpuesta a través de un determinado instrumento normativo.
«La Ley de Acompañamiento es una ley ordinaria que emana de las Cortes Generales y, como tal, puede entrar a regular cualquier materia no expresamente asignada a otro tipo legislativo (…) Se trata de una decisión de mera oportunidad parlamentaria que, en sí misma, no conlleva merma alguna de los principios constitucionales que han de informar el procedimiento legislativo», se afirma de forma expresa en en el fallo.
En segundo lugar, rechaza que el legislador haya «alterado, condicionado o limitado» las competencias de la Junta de Castilla-La Mancha que, además, subraya, están definidas por la propia Carta Magna y «no por el legislador estatal».
En este sentido, explica que las leyes del Gobierno central cumplen una función de «uniformidad relativa» y de «ordenación mediante mínimos» que deben ser respetados por todas las comunidades autónomas, aunque las permite establecer «niveles de protección más altos» que no entrarían, por ese sólo hecho, en una contradicción con la normativa básica del Estado.
«El sentido del precepto constitucional es el que las bases estatales son de carácter mínimo y, por tanto, los niveles de protección que el Estado establezca en desarrollo del mismo pueden ser elevados o mejorados por la normativa autonómica», se añade.

Las competencias autonómicas.

En tercer lugar, el Tribunal  tampoco considera inconstitucional que se recojan en una disposición reglamentaria las técnicas definitorias de cada uno de los estados y potenciales en las masas de agua, así como los criterios para su clasificación. «La mera remisión en abstracto al reglamento no supone necesariamente que dicha norma vulnerará las competencias asumidas por las comunidades autónomas», reza el fallo.
Finalmente, el Tribunal Constitucional también defiende la legalidad la composición del entonces órgano de cooperación interadministrativa y, en segundo lugar, la posibilidad de repercutir en las comunidades aquellas responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del incumplimiento de la directiva comunitaria.
Corresponde al Estado no sólo establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la normativa europea, sino también los sistemas de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio Estado», concluye el fallo.

El alcalde de Hellín, Manuel Mínguez, reivindicó ante el Ministerio de Agricultura los derechos de los regantes de Hellín, en el contexto de una reunión en Madrid con la directora general del Agua, Liana Ardiles, sobre la recuperación de los caudales de las infiltraciones producidas en el túnel de El Talave de las aguas del Segura.

Junto a la concejala del área, Marta Pérez, el presidente de la SAT Regadíos del Sur de Hellín, Ignacio Valcárcel y el subdirector general de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, Javier Ruza, el alcalde agradeció la «predisposición» de la directora general a lo que aseguró, es «el futuro de nuestra tierra», al asegurar que con esa dotación de agua se podrán crear numerosos puestos de trabajo en lo que, confirmó, «hoy es el principal motor de la economía local», en alusión a la Agricultura. Hay que recordar que, dicha concesión, fue aprobada por el Real Decreto 2765/1982 en el que se declaraba de interés nacional la transformación en regadío de la segunda ampliación de Hellín, con las aguas procedentes de las aportaciones al túnel del Talave de las filtraciones permanentes de aguas subterráneas.

Desde entonces, y hasta la fecha, el derecho al aprovechamiento de ese agua, ha sido ratificado por la Orden Ministerial de 23 de marzo de 1993, por la Resolución de la D.G.O.H. de 24 de julio de 2002 y por la Resolución de la D.G.O.H. de 12 de diciembre de 2003, en la que se establece que los 2,2 hectómetros cúbicos al año de agua que corresponden a los regantes de Hellín, serían otorgados provisionalmente a la cuenca del Júcar ( riegos en la zona de Los Llanos de Albacete) hasta que la zona de Hellín dispusiese de la infraestructura necesaria para incrementar el aprovechamiento.

El Gobierno tantea a los regantes valencianos para satisfacer la exigencia sobre el agua albaceteña, que cuenta con el apoyo del ejecutivo de María Dolores de Cospedal – Niegan validez al Convenio de Alarcón que USUJ firmó con el Gobierno Aznar con el apoyo de los presidentes autonómicos

09.03.2013 | 01:28

J. sierra valencia El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha sondeado a los usuarios y regantes del Júcar para que acepten que los textos legales que deben regular el abastecimiento de agua a Albacete ignoren la existencia del Convenio de Alarcón por el que las comunidades de regantes valencianas y empresas que construyeron el embalse en tierras conquenses cedían al Estado su gestión en 2001, con el aval de los presidentes autonómicos José Bono y Eduardo Zaplana, a cambio de tener garantizados unos caudales mínimos.

El Ayuntamiento de Albacete, fortalecido por el apoyo del Gobierno regional de Maria Dolores de Cospedal, no acepta la tutela valenciana sobre Alarcón y niega el derecho reconocido en el citado convenio, convertido en normativa nacional tras su inclusión en el vigente Plan Hidrológico del Júcar vigente.

La negativa de Albacete a reconocer validez legal al Convenio de Alarcón se ha convertido en un símbolo de la fuerza con la que cuenta actualmente la vecina comunidad autónoma en la negociación hídrica abierta para la renovación del Plan Hidrológico del Júcar y ha hecho saltar las alarmas en el regadío valenciano.

Según ha podido saber Levante-EMV, el ministerio pretende, en respuesta a la demanda de Albacete, que en la concesión de aguas superficiales del Júcar para el abastecimiento a la ciudad castellano-manchega no haya ninguna referencia al Convenio de Alarcón. Si acaso una vaga referencia en la exposición de motivos, pero no en el articulado. Los regantes valencianos se niegan; creen que se estaría violando la legislación vigente por quien debería ser su garante-el Estado-y abriría la puerta al «caos» en la regulación y aprovechamiento ordenado del río Júcar.

Una decisión aplazada
El primer borrador de la concesión de aguas a Albacete data del año 2001. La sangría del acuífero para el regadío manchego hizo que el nivel de los pozos de los que se abastecía la capital manchega bajara entre 70 y 80 metros y que la calidad del agua se deteriorara rápidamente. Albacete comenzó a tomar agua superficial del Júcar regulada en Alarcón y así ha seguido haciéndolo en años posteriores aunque sin ningún respaldo legal.

La concesión-el documento vinculante por el que se fija el caudal y las condiciones de toma- es necesario y ya en 2002 se presentó un primer borrador en el que se reconocía la existencia del Convenio de Alarcón aunque el documento quedó paralizado hasta hace unos meses, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar intentó resolver este conflicto que lastra y dificulta la firma del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar.

Albacete, al igual que Valencia y el resto de poblaciones que se abastecen del río Júcar mantendrían sus derechos prioritarios a tomar agua del río, aunque si lo hacen por debajo de la curva de reserva-nivel del embalse-pactada por el Gobierno y USUJ (los regantes valencianos del Júcar e Iberdrola) tendrían que compensar económicamente el sobrecoste que representa sustituir el agua superficial por la extraída mediante pozos. Esta circunstancia se ha producido ya en varias ocasiones y Albacete, al contrario que Valencia o Sagunt, se ha negado a pagar. En 2005 recurrió a los tribunales la liquidación. Después ni eso. Ahora, la insumisión afecta a la raiz: el Convenio de Alarcón.

José Pascual Fortea

El agua es un bien público que debería estar por encima de la política y de los partidos políticos. Pero no hay manera de que esto sea así, al menos en el Júcar.
Como consecuencia de la presión política de Castilla-La Mancha y de la Comunitat Valenciana se aprobó el Plan Hidrológico del Júcar de 1998 repartiendo mucha más agua de la que existía. Tanto Bono como Zaplana pudieron vender a sus gobernados que habían conseguido más agua para su región de la que jamás habían tenido. Pero era agua de papel, agua que no crea riqueza sino conflictos y decepciones al no alcanzarse nunca las expectativas generadas.
El 2013 podría ser el año clave para la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar y parece que las cosas no hayan cambiado. Los políticos continúan queriendo politizar el agua. Pero las cosas sí que han cambiado, tenemos la experiencia de 14 años de aplicación de un Plan Hidrológico donde se sobrevaloraron los recursos. Los usuarios somos conscientes de que repartir más agua de la que existe conduce a la escasez, a la penuria y al conflicto. Y por ahí no vamos a pasar. El nuevo plan sólo puede repartir el agua que existe, ni una gota más.
Desde Castilla-La Mancha empiezan a tomar posiciones ante el nuevo plan. Se está presionando para que se otorgue una concesión de agua del Júcar al abastecimiento de Albacete. Los usuarios del Júcar no nos oponemos a que se otorgue una concesión de agua a Albacete, faltaría más, es un abastecimiento a población. Pero esta concesión debe cumplir el Plan Hidrológico en vigor en el que se establece que el uso del agua del embalse de Alarcón se regulará en el Convenio del embalse de Alarcón. El abastecimiento de Albacete toma las aguas del embalse, por lo que la concesión debe recoger el sometimiento al citado convenio. Así está previsto en el Plan Hidrológico del Júcar y no puede ser de otra manera. No cabe ninguna duda, el uso de agua del embalse de Alarcón sólo es posible con el cumplimiento del convenio.
Pero desde Albacete no se quiere respetar el plan del Júcar, sólo en lo que les interesa. El expediente de concesión de agua para el abastecimiento de Albacete se inició en 2001, en 2002 se comunicó ya una propuesta de concesión donde se incluía el condicionado al Convenio de Alarcón y, tras 12 años y dos presidentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar de distinto color político, sigue sin aprobarse. Con lo fácil que hubiese sido si simplemente se aceptase que hay unas normas y que todos las tenemos que cumplir.
El abastecimiento de Albacete supone un volumen muy pequeño dentro del conjunto de usos del Júcar. Por su magnitud no es importante en la cuenca, pero su aprobación sin incluir el condicionado al Convenio de Alarcón supone un incumplimiento del Plan Hidrológico y una demostración del peso de Castilla-La Mancha en la toma de decisiones en el Júcar.
La Comunitat Valenciana se juega mucho en el Plan Hidrológico del Júcar y la Generalitat debe hacerse valer en la mesa de negociación, donde va a tener el apoyo de todo el regadío valenciano. Este es el primer envite que nos llega de la vecina comunidad autónoma y no se puede dejar pasar.