Madrid, 1 feb (EFEverde).- El Gobierno ha aprobado hoy una serie de medidas para contener los costes del sistema eléctrico y evitar así subidas en el recibo de la luz, unos cambios que han chocado con la oposición de las renovables, que las consideran un recorte retroactivo de su retribución que las condena a la insolvencia.

El Consejo de Ministros ha recortado hoy, a través de un real decreto, la retribución de las actividades reguladas y ha introducido cambios en el sistema de retribución del régimen especial (renovables y cogeneración), con los que pretende ahorrar entre 600 y 800 euros.

El primero de estos cambios supone cambiar el sistema de retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico, que incluyen el transporte, la distribución y las primas al régimen especial, entre otros conceptos.

Esta actualización se hacía conforme al IPC y, a partir de ahora, se realizará en base a la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la evolución de los productos energéticos ni de los alimentos frescos- y a impuestos constantes.

Para el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, esta modificación no supone «cambiar las reglas del juego» sino racionalizar el modo en el que se actualizan dichas retribuciones.

Además de esto, el Gobierno ha modificado el sistema de retribución de las plantas acogidas al régimen especial, que hasta ahora podían elegir, generalmente cada año, si querían cobrar una tarifa regulada fija o el precio de mercado más una prima.

El nuevo método establece que todas las instalaciones del régimen especial recibirán una tarifa fija excepto aquellas que prefieran cobrar el precio de mercado (sin prima) y que, cualquiera que sea la opción elegida, no podrá cambiarse después.

Esta medida, con la que el Gobierno prevé ahorrar entre 250 y 500 millones de euros, evitará que los productores se acojan al mercado cuando el precio esté alto y a la tarifa cuando baje, lo que, según Soria, impactaba al alza en el recibo de la luz.

Además, el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado un anteproyecto de ley de crédito extraordinario por valor de 2.200 millones de euros para hacer frente a los posibles desfases que se registren a lo largo de 2013 en relación a las primas al régimen especial, con el fin de que éstos no se traduzcan en subidas de la luz.

El anteproyecto, que prevé la concesión del crédito por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Industria, tendrá que ser aprobado en el Consejo de Estado para después continuar su tramitación en las Cortes Generales para incorporarse a los Presupuestos Generales del Estado 2013.

Soria ha defendido que el objetivo del Gobierno es que el déficit sea «cero» este año para que «no se encarezca la tarifa eléctrica ni para los hogares ni para las empresas».

El sector de las renovables ha criticado estas medidas al considerar que suponen, en la práctica, un recorte de las primas que las condena a la insolvencia.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha cifrado en 300 millones el impacto que tendrán las medidas, que considera «inaceptables, y ha asegurado que emprenderá «todas las acciones legales a su alcance» porque «atentan claramente» contra el respeto de la rentabilidad razonable.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha rechazado el real decreto de hoy porque «empeora una situación ya dramática» para el sector y aumentará «el número de instalaciones condenadas a la insolvencia».

Por su parte, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha criticado las medidas porque «constituyen nuevos pasos en la política de exterminio del sector» y ha apuntado que «el objetivo final de estas medidas no parece ser otro que hacer quebrar las plantas existentes».

La patronal termosolar, Protermosolar, ha denunciado que la modificación de primas aprobada hoy por el Gobierno pondrá a las plantas en una situación «peor que crítica» y es la puntilla de un conjunto de medidas que suponen la «expropiación forzosa del sector». EFEverde

Madrid, 1 feb (EFECOM).- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) ha criticado las medidas aprobadas hoy por el Gobierno, que implican modificaciones en el sistema y la actualización de la retribución de las renovables, porque «constituyen nuevos pasos en la política de exterminio del sector».

En un comunicado, APPA considera que estos cambios suponen «un nuevo golpe al sector» y apunta que «el objetivo final de estas medidas no parece ser otro que hacer quebrar las plantas existentes».

El Gobierno ha aprobado hoy un real decreto por el que modifica el método de actualización de las primas del régimen especial (renovables y cogeneración), que a partir de ahora dejará de hacerse en base al IPC para hacerlo conforme a la inflación subyacente (excluidos los productos energéticos y los alimentos frescos) y a impuestos constantes.

Para APPA, esto supone «en la práctica que la retribución crezca por debajo del IPC».

Además, el real decreto establece que las plantas acogidas al régimen especial tendrán que optar por un único sistema de retribución, tarifa regulada o mercado, con lo que se excluye tanto la posibilidad de cobrar el mercado más una prima como de cambiar de un método a otro.

La asociación cree que esta medida obliga a las plantas a acogerse a una tarifa fija regulada, lo que las deja a merced de nuevos impuestos», que «tendrá que asumir de forma íntegra» al no poder repercutirlos a sus precios de venta. EFECOM

La Alcaldesa de Albacete Carmen Bayod¹ ha mantenido en la mañana de hoy una reunión de trabajo con la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar² Mª Ángeles Ureña para tratar distintos temas urbanísticos, medioambientales y jurídicos relativos a la ciudad de Albacete.

La Presidenta de la Confederación, como viene siendo habitual, ha sido totalmente receptiva con los asuntos de la ciudad, algunos de ellos en vías de solución.

Tanto la Presidenta como la Alcaldesa de Albacete han manifestado la voluntad de seguir en esta línea de colaboración continua entre las dos instituciones.

La secretaria general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presentado los principales argumentos defendidos por España en el marco de las negociaciones de la Reforma de la PAC en relación con los pagos directos y la OCM única. Ha sido en su intervención en la mesa redonda sobre ‘La PAC después de 2013’ que se ha celebrado en el marco del IX Congreso Nacional del Maíz en Lisboa. García Tejerina ha recordado que, en relación con los pagos directos, la propuesta de la Comisión plantea sustituir el actual modelo histórico de pago único por un régimen de pago básico por hectárea admisible, con derechos de pago uniformes en 2019, tras un periodo transitorio. Un cambio, ha señalado la secretaria general, que en el caso español “podría provocar trasvases significativos de ayudas entre productores, sectores y territorios, y producir graves desajustes en las ayudas percibidas, poniendo en riesgo la viabilidad de d

   En este ámbito García Tejerina ha señalado cómo desde el inicio de las negociaciones España ha defendido la necesidad de establecer un mecanismo de convergencia interna por aproximación, más progresivo y limitado en el tiempo, para tratar de limar las diferencias entre lo percibido con el modelo actual y con el nuevo”. También ha destacado el interés de España “de limitar el número de hectáreas admisibles que pueden entrar en el sistema de pago básico, mediante el establecimiento de un periodo de referencia anterior a 2014”.

    En relación con otra de las propuestas de la Comisión, como es la introducción de un componente verde o ‘greening’ obligatorio, para apoyar diversas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, la secretaria general ha subrayado que para España es esencial que la propuesta se ajuste, “para que se tenga en cuenta la diversidad de producciones y la realidad agraria de los países mediterráneos”.

    En este sentido, ha añadido que “se considera imprescindible flexibilizar la propuesta de la Comisión sobre la diversificación de cultivos y el mantenimiento de las superficies de interés ecológico ya que, en muchos casos, las medidas propuestas no son aplicables a una agricultura mediterránea como la española”. 

    Por otro lado, y con respecto al mantenimiento de las superficies de interés ecológico, García Tejerina ha explicado que desde la posición española se propone “un umbral mínimo de 20 hectáreas, que se reduzca el porcentaje del 7% al 3%, y que se incluyan dentro de esta categoría y se reconozca el valor ambiental intrínseco de ciertos tipos de producciones agrarias”. En este apartado se incluirían las superficies en zonas Natura 2000, los cultivos permanentes, los cultivos bajo agua, los cultivos como las leguminosas o las superficies acogidas a medidas agroambientales.

    En relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se crea la OCM única, la secretaria general ha puntualizado que “es preciso avanzar hacia la creación de una verdadera red de seguridad de protección de los mercados, que atienda a todos los productos con problemática similar”. En ésta línea, ha destacado los cereales, indicando que se reclama el mantenimiento de la intervención pública para trigo duro y sorgo, así como la apertura obligatoria del mecanismo de intervención en caso necesario. 

    También ha abogado por un mecanismo de revisión y actualización de los precios de referencia para todos los sectores y, cara a la protección de los mercados, ha resaltado la necesidad de seguir trabajando en la ampliación de las medidas excepcionales propuestas a todos los sectores sin excepción. “Dichas medidas deberían poder contar con una dotación financiera adecuada y ser los suficientemente flexibles para poder hacer frente a cualquier situación de crisis”, ha subrayado.

El libro “Water, Agriculture and the Environment in Spain: can we square the circle?”, editado por la Fundación Botín, se inspira en la afirmación de que los problemas del agua del mundo, en general, se deben a una mala gestión y no a su escasez física.

Las publicación, en la que ha participado 28 autores y 5 revisores internacionales, explora como esa tesis es aplicable a España, el país más árido de la Unión Europea. En ambos textos se analiza el concepto de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en el caso español, considerando los dos grandes sistemas de valores que requiere esta gestión integrada: los cuantificables y los intangibles.

Descargar “Water, Agriculture and the Environment in Spain: can we square the circle?”

El PSOE presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos contra la reforma fiscal en materia energética instando al Gobierno a derogar una norma que califican de «subterfugio recaudatorio» y que «atenta» contra las economías familiares y la competitividad de las empresas.

En este contexto, el responsable de ordenación del territorio y sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha reclamado una nueva ley en línea con la estrategia energética europea y en el marco de un acuerdo político y social lo más amplio posible.

Desde el PSOE consideran que todas las decisiones que ha adoptado el Gobierno no tienen un soporte estratégico común que las justifiquen, son «erráticas», carentes de sentido, «profundamente» equivocadas y «lesivas» tanto desde el punto de vista social, como económico y ambiental.

En opinión de los dirigentes socialistas, es imprescindible que el Gobierno ponga fin «a una carrera hacia ninguna parte», por lo que le solicitan que mantenga la tarifa de último recurso (TUR), que afecta a la mayor parte de los consumidores.

En caso contrario, ha señalado Morán, millones de familias sufrirán un «notable» incremento en su factura de la luz, lo que añadirá más incertidumbre e inseguridad a los españoles.

Por ello, han solicitado al Gobierno que derogue la moratoria para las renovables y que implemente un plan de apoyo al desarrollo de las energías renovables que permita a España retomar la senda de liderazgo que había alcanzado en el sector a nivel internacional. EFEverde

Desde el PSPV-PSOE señalan que si se aprueba el Real Decreto del Gobierno Central la Comunidad Valenciana «podría perder el control y la influencia que ha tenido históricamente en los órganos de gobierno de la Demarcación Hidrográfica del Júcar» y dice que las presiones de Cospedal «están dejaando en evidencia a Fabra»

Por vocesdecuenca.es

El portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente en Las Cortes Valencianas del Partit Socialista del País Valencià-PSOE, Francesc Signes, ha advertido que si se aprueba el Real Decreto que ha dado conocer el Gobierno Central sobre los cambios que afectarán a la Demarcación Hidrográfica del Júcar “la Comunitat Valenciana podría perder el control y la influencia que ha tenido históricamente en los órganos de gobierno de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, lo que repercutiría muy negativamente sobre los valencianos y favorecería a Castilla la Mancha”.

Así, ha lamentado que “esto significa que las presiones de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, están dejando en evidencia a (Alberto) Fabra”, presidente del Gobierno valenciano,  y se demuestra «una vez más que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy ningunea al presidente de la Generalitat que es incapaz de defender los intereses de los valencianos”.

Este borrador del Real Decreto establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y “prima los criterios de extensión de territorio y no de población como hasta ahora”. Ante esto, los socialistas consideran que de aprobarse este nuevo texto “puede representar un grave atentado contra la hasta ahora exitosa gestión de la Cuenca del Júcar y puede producir graves problemas para la economía de la Comunitat Valenciana que no podemos consentir”.

Por ello, los socialistas han planteado una Proposición No de Ley en Les Corts para conseguir una “oposición frontal ante estas intenciones” que, a su juicio, “suponen un duro varapalo para los intereses de la Comunitat Valenciana”. Así, en el texto presentado por los socialistas se exige que Les Corts “manifiesten su pleno y rotundo apoyo a una gestión única de la cuenca hidrográfica del Júcar, incluyendo las cuencas intercomunitarias y las cuencas intracomunitarias”.

Además, los socialistas reclaman que se cree una Comisión de Estudio que analice y debata este borrador y se tomen las medidas necesarias y oportunas que defiendan de una manera plena y capaz los intereses de todos los valencianos en este asunto tan crucial”.

En este sentido, el diputado socialista ha recordado que el Júcar “es un río que tradicionalmente ha estado ligado a la historia, economía y cultura de la Comunitat y es la espina dorsal de la economía de gran parte del territorio valenciano, además de ser sostén medioambiental de la Albufera de Valencia”. Sin embargo, Signes ha lamentado que Fabra y el PPCV “vuelven a dar la espalda a los valencianos” y ha criticado que “cada día observamos con indignación más muestras del nulo peso que tiene en el conjunto de su partido”. De hecho, ha remarcado que el presidente “está enfrascado todos los días en los casos de corrupción que salpican a su partido que es incapaz de luchar y defender los intereses de los valencianos”.

Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran al 41,8 de su capacidad, cuatro décimas más que la semana pasada, mientras que los del Segura están al 55,3%, 2,5 puntos más que hace siete días.

La reserva hidráulica se encuentra al 62,4 % de su capacidad y en conjunto suma 34.528 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa un aumento del 3,5 % en relación a la semana anterior, informa hoy el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La del Júcar es la cuenca con menor porcentaje de agua embalsada (41,8%), seguida de la del Duero (43%), Tajo (47,1%), CCII Cataluña (53,5%) y Segura (55,3%).

Las mayores variaciones se han registrado en la cuenca mediterránea andaluza, con una reducción de cuatro hectómetros cúbicos, y en la del Guadalquivir, con un incremento de 448 hectómetros cúbicos.

Las máximas precipitaciones, que han sido abundantes en toda la península, se han registrado en San Sebastián con 104 litros por metro cuadrado.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua Embalsada

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Cantábrico 633 572 90,4 %

Miño-Sil 3.030 2.376 78,4 %

Galicia Costa 684 580 84,8 %

CCII País Vasco 21 20 95,2 %

Duero 7.507 3.219 43,0 %

Tajo 11.012 5.185 47,1 %

Guadiana 8.635 6.238 72,2 %

C. Atl. Andaluc. 1.880 1.514 80,5 %

Guadalquivir 8.101 6.439 79,5 %

C.Medt. Andaluc. 1.177 858 72,9 %

Segura 1.141 631 55,3 %

Júcar 3.336 1.393 41,8 %

Ebro 7.493 5.131 68,5 %

CCII Cataluña 677 362 53,5 %

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TOTAL 55.328 30.969 62, 4%

EFE

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete presentará una moción en el pleno por la que urge al Gobierno de Castilla-La Mancha¹ a que paralice “cautelarmente” los permisos aprobados el pasado mes de septiembre en las provincias de Albacete y Ciudad Real, mientras se estudian las consecuencias ambientales que la técnica del fracking —fractura hidráulica— puede generar especialmente en los acuíferos de la Mancha Oriental y Occidental.

En un comunicado el PSOE de Albacete ha señalado que no pueden permitir que en el municipio de Albacete y su Ayuntamiento, junto con los sectores sociales, económicos y medioambientales, se ponga en riesgo su posible contaminación o su sobrexplotación.

Los socialistas han lamentado que en septiembre del año pasado, el Gobierno regional publicara una resolución por la que aprobaba un proyecto denominado “permiso de investigación de hidrocarburos en Esteros, Almorada y Nava”, mediante la técnica del fracking.

Estos permisos, según el PSOE de Albacete, afecta a los términos municipales de Viveros, Villarrobledo, Munera, Ossa de Montiel, El Bonillo, Lezuza y el Ballestero (Provincia de Albacete) y Alhambra (provincia de Ciudad Real).

Así, han explicado que el promotor es OIL AND GAS CAPITAL S.L. pero las afecciones, especialmente el riesgo de posible contaminación de acuíferos no se limita a los municipio mencionados, sino que además del acuífero de la Mancha Occidental (cuenca del Guadiana) afecta claramente al acuífero de la Mancha Oriental (cuenca del Júcar), por la interconexión de ambos acuífero, pues El Bonillo, Lezuza o Villarrobledo están a caballo de los dos acuíferos.

Por este motivo, han solicitado al Gobierno de España² la promulgación de una moratoria para el uso de esta técnica de explotación minera en todo el territorio, suspendiendo con carácter inmediato las actividades que se estuvieran realizando en virtud de autorizaciones concedidas hasta la fecha, y prohibiendo la concesión de nuevas autorizaciones

Asimismo, han solicitado al Ejecutivo central que constituya un grupo de expertos en el que se evalúen los riesgos ambientales de toda índole ligados a las técnicas de fracturación hidráulica, u otras destinadas a la explotación del llamado gas no convencional, y remitir dicho informe al Parlamento Nacional³, a fin de que el mismo sirva de base para los trabajos de una ponencia o subcomisión que defina el contenido de una normativa reguladora para todo el Estado.

El Grupo Socialista en el Consistorio albaceteño dará cuenta del acuerdo de este pleno a la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al presidente del Gobierno de España.

«La muerte del Júcar» es lo que desde el PSPV prevén si se aprueba el real decreto presentado por el Gobierno central sobre la modificación de la demarcación hidrográfica del río.

Y es que con este cambio la Comunitat perdería fuerza en el control de órganos como la Confederación Hidrográfica que pasarían a manos de Castilla la Mancha.

«Puede representar un grave atentado contra la hasta ahora exitosa gestión de la Cuenca del Júcar y puede producir graves problemas para la economía de la Comunitat Valenciana», ha señalado el diputado socialista, Francesc Signes.

Este cambio en el control del Júcar afectaría de forma muy importante a la comarca de la Ribera, que históricamente se ha nutrido de su río para desarrollar su economía agraria. Por esta razón, desde el PSPV se ha llamado a la movilización de los ciudadanos de la comarca para que luchen para que no se haga efectivo el cambio. Un real decreto que se justifica primando criterios de extensión y no de población como hasta el momento en cuestión del control de la cuenca del Júcar.

«Hemos presentado una propuesta no de ley en Les Corts para que la Comunitat no pierda influencia y nos opongamos de forma contundente a este cambio. Una vez más se deja en evidencia a Fabra y el río queda en manos de María Dolores de Cospedal», ha apuntado Francesc Signes en una visita del grupo socialista en Alzira.

En esta ocasión, los representantes del PSPV se han reunido con miembros de los sindicatos del Hospital Universitario de la Ribera para conocer la situación del centro sanitario de gestión privada. Una forma de gestión a la que se oponen rotundamente desde el grupo socialista porque «se ha demostrado que no es de más calidad ni más barato sino que se priman los beneficios económicos respecto a la salud», ha explicado la senadora por Alicante, Encarna Llinares.

Por este motivo, el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha asegurado que si gana las elecciones autonómicas de 2015 el hospital de Alzira pasará a ser público, universal y gratuito.

«Se realizará el rescate inmediato del centro aunque su concesión finaliza en 2018. Se están realizando estudios jurídicos para saber cuanto costará este rescate, pero es una prioridad al igual que el de resto de centros privatizados», ha adelantado el diputado, Francesc Signes.

Centro abandonado

Mientras desde la Generalitat se anuncia que en los próximos años no se realizará ninguna obra nueva, todavía hay infraestructuras acabadas que esperan ser inauguradas y puestas en uso.

Es el caso del centro de día de Alginet que después de dos años de la finalización de las obras incluidas en el Plan E y de estar totalmente equipado, por falta de fondos de la Generalitat no se ha puesto en funcionamiento.

«Costó 2,2 millones de euros y podría estar atendiendo a unas 70 personas, pero continúa cerrado y deteriorándose porque la Conselleria no puede pagar su mantenimiento pero sí invierte en grandes eventos», ha explicado el portavoz en Les Corts del grupo socialista, Antonio Torres.

Este centro se realizó para atender a personas mayores y discapacitados y pensaba ocupar a unas 30 personas pero no ha sido abierto y ha sufrido actos vandálicos.

«Como la Generalitat no ha cumplido con la Ley de la Dependencia se está atendiendo a la mitad de las personas y con la aportación autonómica se tendría que hacer frente al mantenimiento», ha concluido el síndic socialista.