Ayer quedó constituida oficialmente la Comisión Regional de Cambio Climático, presidida por la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que será el órgano consultivo y de coordinación en esta materia en Castilla-La Mancha, y cuyo fin es lograr una gestión eficaz y una coordinación adecuada de las políticas medioambientales.
Para Soriano, la puesta en marcha de esta comisión -que celebró en Toledo su primera reunión- permitirá «impulsar las actuaciones de lucha contra el cambio climático, lo que evidencia la decidida apuesta del Gobierno regional por el cuidado del entorno».
La titular de Agricultura aseguró que «actuar contra el cambio climático supone proteger la riqueza paisajística y medioambiental de una región cuya superficie forestal supone el 45 por ciento de su territorio, que cuenta con 1,8 millones de hectáreas dentro de la Red Natura 2000 y posee un importante patrimonio de flora y fauna que debemos salvaguardar».
Este organismo, que sustituye a la anterior Comisión Regional de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, cuenta con representantes de todas las consejerías del Gobierno regional, que trabajarán juntas para impulsar políticas de acción, que se centrarán en dos ejes: mitigación y adaptación.
El primer eje, el de mitigación, se marca dos objetivos estratégicos, como son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con el horizonte 2020 y el incremento del efecto sumidero. Por su parte, el segundo eje, el de adaptación, se centra en minimizar los impactos y reducir vulnerabilidades de cara al futuro.

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23-10-2012 / 15:11 h EFE

Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentra al 36,5% de su capacidad, dos décimas más que la semana pasada, mientras que los del Segura está al 39,9%, dos décimas menos.

En España, la reserva hidráulica se encuentra al 45,6 por ciento de su capacidad total, con 25.252 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa una disminución de 475 hectómetros cúbicos, un 0,9 por ciento más que la semana anterior.

Las cuencas con menor porcentaje de agua embalsada son las del Duero, 36,4%; Júcar, 36,5%; Ebro, 38,6%; Tajo, 39,3%; y Segura, 39,9%.

Según ha informado hoy el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado, las mayores lluvias se han producido en San Sebastián con 114 litros por metro cuadrado.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua Embalsada

—— ——— —————- —————

.Galicia Costa 684 364 53,2 %

.Miño Sil 3.030 1.372 45,3 %

.Cantábrico 633 378 59,6 %

.CCI P. Vasco 21 13 61,9 %

.Duero 7.507 2.732 36,4 %

.Tajo 11.012 4.234 39,3 %

.Guadiana 8.635 5.016 58,1 %

.C.Atl.And. 1.878 636 63,0 %

.Guadalquivir 8.101 4.282 52,9 %

.C.Medit.And. 1.177 636 54,0 %

.Segura 1.141 455 39,9 %

.Júcar 3.336 1.218 36,5 %

.Ebro 7.507 2.896 38,6 %

.Cataluña 736 382 51,9 %

.TOTAL 55.398 25.252 45,6 %.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha considerado que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tiene voluntad de resolver «de una vez por todas» el problema del agua en España.

   En una entrevista concedida a ‘Onda Regional’, Cerdá ha destacado que el ámbito del agua es un aspecto en el que «tenemos que colaborar todos», y ha insistido en que el agua es un recurso que «tiene que ser gestionado por el Gobierno central, porque es un recurso de todos».

   Así, destaca que «nadie se puede apropiar de ríos, que son del Estado y, por lo tanto, lo tiene que gestionar con la voluntad del ministro».

   A este respecto, ha manifestado que lo primero es «terminar los planes de cuenca que tenían que haber estado terminados en 2009». Así, el ministro ha dicho que tienen que estar terminados antes del 31 de diciembre de 2013.

   «Ahora mismo se está trabajando de una manera silenciosa, pero primero hay que aprobar los planes de cuenca, el del Tajo, el del Júcar y el del Segura», ha añadido Cerdá.

   «Una vez que se haya planificado y conozcamos realmente cuáles son los recursos, cuáles son las demandas y cómo ha variado todo esto respecto al anterior Plan Hidrológico Nacional (PHN), lo que hay que hacer es actualizarlo y ver cómo han variado los recursos y las demandas para ajustarlos», ha añadido.

  La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobará y enviará previsiblemente este miércoles al Senado el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, dada la mayoría absoluta del PP en el arco parlamentario, que entre otros aspectos centraliza las competencias hidráulicas en materia sancionadora, así como regular las aguas subterráneas.

   Fue a finales de abril cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, ante «el desorden legal» existente en la normativa española. Ya en mayo, el Grupo ‘Popular’ en el Congreso accedió a tramitar la norma como proyecto de ley, para poder incluir las aportaciones y «mejoras» de los grupos parlamentarios en el texto del Gobierno.

   Entre otros puntos, esta ley modificará cuatro leyes vigentes: la Ley de Aguas; la de Patrimonio Natural y la Biodiversidad; de Residuos y suelos contaminados; así como la Ley del Mercado de Valores.

   En materia de Aguas, el Estado recupera la competencia sancionadora (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.

   En prevención de que pudiera producirse una situación de sequía, y sin perjuicio de las decisiones que en este contexto deban tomarse, la presente ley se adelanta e introduce una serie de medidas que pretenden conseguir un uso más adecuado del agua, a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve como principio fundamental el de unidad de gestión de cuenca.

   Además, con la finalidad de racionalizar la gestión y el uso del agua, en línea con directivas europeas, se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas para «reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como una mayor flexibilidad para gestionar disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.

   Igualmente, esta ley incorpora medidas que incentivan, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables.

   Asimismo, también incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

   En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea. En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

   En materia de residuos, cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas.

   Referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), se precisa el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar «imprecisiones, incoherencias e interpretaciones».

SUBASTAS DE DERECHOS DE EMISIÓN

   Finalmente, esta ley incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto, según explica la norma.

   Según los cálculos del Gobierno recogidos en la memoria aneja al decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, España podría ingresar de 1.010 a 1.515 millones de euros anuales por participar en las subastas mundiales de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

   Es más, especifica que tales modificaciones consisten en someter al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los productos no financieros, como los contratos de contado a dos días, de las subastas de derechos de emisión, que comenzarán en el segundo semestre de este año, al mismo tiempo que otorga a la CNMV regular la competencia sancionadora en la materia.

   A modo global, el Ejecutivo detalla que, desde el punto de vista de los Presupuestos, el decreto en sí implica un ingreso y a la vez una reducción de las cargas administrativas. «No suponen un incremento de gastos y sí se espera una aportación de beneficios directos, si bien no es posible cuantificar los mismos», puntualiza.

La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) ha decidido regularizar la concesión de aguas superficiales para el abastecimiento de Valencia y los municipios de la comarca de l´Horta más próximos ampliando al mismo tiempo su concesión sobre las aguas del Júcar en un metro cúbico por segundo, lo que representará aumentar en 31,5 hectómetros cubicos sus recursos y disponer libremente de 157, 6 millones de metros cúbicos anuales para el suministro de la capital y de otras 50 poblaciones.La Emshi aspira a mantener sus concesiones actuales de agua sobre los caudales del Turia y del Júcar de acuerdo a la Ley de Aguas y solicita formalmente la incorporación a la concesión de sus derechos sobre uno de los tres metros cúbicos por segundo que tiene reservados en el Plan Hidrológico del Júcar en vigor.

La disponibilidad de estos ingentes recursos hídricos no implica necesariamente su consumo. De hecho, en los últimos años y a pesar del aumento de la población, las campañas de concienciación ciudadana y las mejoras introducidas en las redes han logrado reducir los consumos.
La ciudad tiene derechos sobre diversas concesiones anteriores a la ley de Aguas. Entre ellas figura una «a perpetuidad» de 0,95 metros cúbicos por segundo concedida en 1963 a derivar de agua del Turia, así como de varias concesiones de agua de pozos próximos al cauce de este río situados en Paterna y Manises (La Presa) concedidas en 1971 y 1976 con una vigencia de 99 años. Todos estos caudales son tratados en la potabilizadora de la Presa antes de llegar a la ciudad a través de diversas conducciones.

Además el área metropolitana dispone también de 3 metros cúbicos por segundo de aguas del Júcar que son derivadas en la presa de Tous a través del túnel de la Escala, conducidas por el canal Júcar-Turia y potabilizadas en las instalaciones de El Realón, propiedad del ayuntamiento de Valencia aunque situadas físicamente en Picassent.

En los últimos años se ha ampliado la capacidad de la planta de la Presa, a donde pueden llegar también las aguas del Júcar a través del citado canal.

Sin embargo las previsiones sobre un incremento de demanda provocado por el aumento de la población y de la actividad económica llevaron al Ayuntamiento de Valencia y al resto de municipios del área metropolitana a pedir una reserva de tres metros cúbicos de aguas del Júcar que fue finalmente aprobada junto al Plan Hidrológico del Júcar (1998).

Por otra parte, desde 1994, Valencia ha ido incrementando la toma de aguas del Júcar en detrimento de las del Turia debido a la peor calidad de esta y sus elevados costes de potabilización, lo que ha provocado incluso que algún año se haya superado el caudal que figuraba en la concesión del Júcar.

Con el paso formal de incorporar un de los tres metros cúbicos disponibles en el Júcar, el área metropolitana se garantiza recursos «suficientes» para sus necesidades actuales y para posibles incrementos a corto y medio plazo.

Además, la disponibilidad de agua en concesión faculta a los municipios a autorizar proyectos urbanísticos con la acreditación, exigible, de disponer de suficientes recursos hídricos.

Los orígenes del agua potable en l´Horta
El Plan Hidrológico del Júcar de 1998 asigna a Valencia la prioridad sobre todos los recursos hídricos que se regulan en los embalses de Benagéber y Loriguilla, además de los que recibe el río Turia aguas abajo de estas presas hasta un metro cúbico por segundo. Además mantiene la concesión de 962 litros por segundo (0,962 m3/s) de aguas subálveas „aguas de pozo tomadas junto al río„. Respecto al Júcar, el plan mantiene la concesión de 3 m3/s y establece una reserva de tres más para «garantizar el abastecimiento actual y futuro de Valencia y su área metropolitana». Además reserva otro metro cúbico para Sagunto y uno más para Albacete. También la Ribera aspira ahora a una concesión de aguas superficiales del Júcar para sustituir el agua subterránea cargada de nitratos.

Esta inspección, que comenzará el día 1 de noviembre, parte de reconocimientos y estudios para la toma de datos ‘in situ’ con el fin de ir confeccionando una base de datos para su posterior evaluación y seguimiento, destaca en un comunicado la Junta.

Esta herramienta servirá para fortalecer las labores de control y vigilancia del funcionamiento de estas infraestructuras para poder, por un lado, optimizar los costes de explotación y, por otro, controlar las labores de las empresas adjudicatarias de los contratos de explotación.

Asimismo, este programa permitirá uniformizar las actuaciones que debe desempeñar el personal que se desplace a inspeccionarlas, unificar criterios para evaluar el estado y mantenimiento de las mismas, e identificar en qué factores hay que incidir para optimizar los costes de explotación.

Dentro del ámbito del programa de inspección de infraestructuras gestionadas por IACLM se han desarrollado dos específicos para cada una de las tipologías de infraestructuras que actualmente gestiona: el de estaciones depuradoras de aguas residuales y el de sistemas de abastecimiento y estaciones de tratamiento de aguas potables.

El objetivo final de estas actuaciones es mejorar el estado de las infraestructuras y la calidad del servicio de abastecimiento y de depuración, consiguiendo, además, un ahorro de costes de explotación y una mayor confianza de los ayuntamientos y mancomunidades como usuarios finales del servicio.

Hace casi doce años que se aprobó la Directiva Marco del Agua (DMA), con el fin de cambiar la relación de los europeos con los ríos, humedales y recursos hídricos. Esta directiva establece que la implicación de la sociedad civil es el camino al logro de sus objetivos, contribuyendo a concienciar sobre los aspectos ambientales del agua y aumentando así el compromiso ciudadano en su planificación.

Sin embargo, SEO/BirdLife concluye que España no ha cumplido ni con el espíritu ni con la letra de la DMA en cuanto a la participación ciudadana activa y la conservación de los espacios protegidos ligados al agua. Así lo refleja la falta de análisis de las necesidades hídricas de la red Natura 2000 en los planes de cuenca aprobados y pendientes, y las amenazas que siguen sufriendo algunos de los humedales más emblemáticos de nuestro país*, como Doñana, la albufera de Valencia, el Mar Menor, las Tablas de Daimiel, el delta del Ebro, las marismas de Santoña y las rías de Arousa y el Eo. Desatender estas cuestiones es incumplir la DMA y las directivas europeas de conservación, además de despreciar el papel protagonista que debe jugar España en la conservación de la mayor red de áreas protegidas del mundo.

Según Roberto González, Técnico de la campaña Alas sobre agua** de SEO/BirdLife, la administración hidráulica debe creerse que la aportación de la sociedad ayuda al desarrollo de la política del agua, pero para ello la sociedad debe tomar la iniciativa e implicarse más. Además, el fomento de la participación pública activa es una obligación de la Directiva Marco del Agua.

En esta línea, SEO/BirdLife a través de la campaña Alas sobre agua, anima a la sociedad a implicarse en la planificación hidrológica, y presenta el manual “Principales aspectos de los planes hidrológicos de cuenca que pueden afectar a la conservación de las aves”. Dirigido tanto a expertos como a otras personas interesadas, el manual usa el ejemplo de las aves para ilustrar los objetivos y contenidos que debe incluir un plan de cuenca respecto a las especies y hábitats protegidos. Así mismo, se indican algunos incumplimientos que se están produciendo en la elaboración y aprobación de los planes de cuenca, las consecuencias negativas para la conservación de las aves ligadas al agua, sus implicaciones jurídicas y las posibles actuaciones legales.

Con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de las directivas europeas, el manual señala los contenidos clave que debe incluir un plan de cuenca en relación con la conservación de las aves, abordando temas como: la correcta identificación de los espacios protegidos ligados al agua; las necesidades hídricas y ecológicas de las especies y hábitats en cuestión; los objetivos de conservación asociados; las presiones de la actividad humana sobre estos espacios; y las medidas y el seguimiento necesarios para garantizar su buen estado de conservación.

Concluye Roberto González, estamos en un momento en el que se cuestiona la calidad de la democracia; una parte de la solución radica en una mayor y mejor participación en la toma de decisiones de temas relevantes. Este es el propósito fundamental al publicar este manual, y con el que SEO/BirdLife pretende que la participación en la planificación del agua sea un hecho.

Más información:

– Revisión del estado de conservación de los humedales Ramsar en España (Julio 2012)

– Alas sobre agua (www.alassobreagua.org) es una campaña de SEO/BirdLife que tiene como objetivo principal el cumplimiento de los objetivos de conservación de los humedales protegidos más importantes de España.

– En octubre de 2010 SEO/BirdLife publicó otro manual La Directiva Marco del Agua y la conservación de los humedales y los espacios de la Red Natura 2000 que dependen del agua. Este documento, más bien técnico en contenido, identifica los requisitos mínimos para las administraciones hidráulicas y de conservación a la hora de integrar la conservación de los humedales protegidos en los planes de cuenca de la DMA.

El Gobierno defiende el consumo y cultivo de maíz transgénico en España porque dice que, según últimos estudios, no se derivan daños ni para la salud de las personas ni para el medio ambiente, según se desprende de una respuesta parlamentaria al diputado de UPyD, Toni Cantó, sobre el fomento del cultivo de este organismo genéticamente modificado. En la respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, el Ejecutivo argumenta que, sobre el maíz ‘MON810’, maíz transgénico que se cultiva y consume principalmente en España, el Departamento de Medio Ambiente realiza un programa de seguimiento del cultivo, en colaboración con científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), desde hace 12 años.
Eso sí, el Gobierno puntualiza al mismo tiempo que no realiza ninguna acción específica dirigida a fomentar el cultivo de productos modificados genéticamente, sino que cumple «estrictamente» lo que establece la normativa comunitaria, al permitir tanto su consumo como cultivo.
Por último, recalca que, en la actualidad, está valorando la posibilidad de desarrollar una norma sobre coexistencia en España. Así, especifica que el proyecto de norma contendría la existencia de una parte general, con normas sobre coexistencia que puedan aplicarse a cualquier cultivo modificado genéticamente autorizado.
Por otra parte, recogería unas medidas específicas para cada uno de los cultivos autorizados (actualmente sólo se contemplarían medidas de coexistencia para el maíz y la patata, por ser los dos únicos cultivos autorizados a nivel comunitario).

Maíz mon810. El maíz modificado genéticamente MON810 es el único evento que se cultiva en España y está autorizado a nivel comunitario. Por tanto es una opción que el agricultor puede utilizar una vez haya valorado los beneficios que le reporta este tipo de maíz y los costes que conlleva su utilización, según señala el Gobierno.

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