Algunas de estas labores hacen referencia, según desgranó el presidente de la organización agraria, a la tramitación de ayudas o la suscripción de seguros agrarios; el asesoramiento agronómico; la realización de informes; la resolución de cuestiones en materia laboral, contable o financiera; la formación; la elaboración de publicaciones periódicas y el apoyo técnico en todo tipo de proyectos.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, que firmó el convenio en la sede de Asaja, trasladó el compromiso de la institución que dirige en todo lo relacionado con la actividad agraria de la provincia. Francisco Núñez aludió a la necesidad de «mejorar la calidad de vida» de los profesionales del campo y puso en valor su trabajo como «motor fundamental» de la economía albaceteña.

El presidente de Asaja Albacete hizo balance de la situación del sector, señalando que en la actualidad hay una «pelea grande» por conseguir una PAC dotada de un presupuesto «adecuado», ya que de lo contrario «será difícil» afrontar el futuro. Sobre esta cuestión, recordó que las negociaciones siguen su curso con la mirada puesta en 2014, fecha en la que está previsto que la nueva PAC entre en vigor, pero subrayó que de momento «no hay nada concreto».

Adelanto de ayudas

Pérez Cuenca se pronunció, asimismo, sobre el adelanto de las ayudas de la PAC por parte del Gobierno regional, señalando que se prevé un nuevo pago en breve que, a su juicio, va a ser muy positivo porque otorgará liquidez a los agricultores y ganaderos en un escenario marcado por el incremento de los costes de producción.

«Estamos deseando que venga alguna ‘perra’», dijo el presidente de Asaja Albacete, quien señaló que este dinero vendrá muy bien a los agricultores de la provincia que están «preparando la sementera» para la nueva campaña de cereal.

Los escollos para la comercialización de los productos agrarios y, sobre todo, la diferencia de precios en origen y para el consumidor final, son otros de los asuntos que preocupan a los profesionales del campo, que reclaman una ley que regule la cadena alimentaria, dijo José Pérez Cuenca, que compareció junto al secretario de Asaja Albacete, Jorge Navarro, y el vicepresidente de la organización agraria, Martín Esteso.

El proyecto para la segunda fase de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental se ha desbloqueado hoy, tras varios años paralizado, y comenzará en unos meses, según ha informado la Junta en un comunicado.

La puesta en marcha de este proyecto, -que salió a licitación en septiembre de 2007, pero se paralizó-, se ha producido tras la reunión mantenida entre la Consejería de Fomento, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y la Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable de ejecutar el proyecto.

El Gobierno regional ha explicado que en este encuentro se han dado los primeros pasos para reiniciar la segunda fase de sustitución de estos bombeos, un proyecto mediante el cual se utilizan aguas superficiales para conseguir el equilibrio medioambiental del río Júcar y el acuífero de la Mancha Oriental.

De acuerdo con el comunicado de la Junta, los representantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Paco Belmonte y Herminio Molina, han trasladado al director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Aquilino Iniesta, su satisfacción y agradecimiento.

Por su parte, la presidenta de la Confederación del Júcar, María de los Ángeles Ureña, ha valorado el reinicio de esta obra, que ha considerado de prioritaria.

Para acometer esta segunda fase, se cuenta con un presupuesto inicial de 100 millones de euros, con los que se construirán diversas estructuras, como tuberías y balsas de regulación.

La Mesa pel Xúquer denunciará cualquier nueva transferencia de agua del río Júcar al Vinalopó “si se siguen incumpliendo las condiciones impuestas por la Comisión Europea para la cofinanciación del trasvase”, ha afirmado Paco Sanz, portavoz de la asamblea. Estas son, entre otras, el establecimiento de un caudal ecológico; la aprobación de las normas de explotación para garantizar los derechos de los usuarios de la cuenca cedente; la reversión de la sobreexplotación de los acuíferos de la Mancha Oriental y del Vinalopó, que supondrá el cierre de pozos en el Vinalopó; y la aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA). Europa aportó unos 120 millones de los 320 que costó la infraestructura.

La plataforma que agrupa Ayuntamientos, regantes, sindicatos, asociaciones y partidos políticos se ha reunido esta tarde en Sueca ante la situación de “bloqueo total en que se encuentra nuestro río”, según Sanz.

En la misma asamblea han acordado instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a que convoque de nuevo la mesa de participación sobre las actuaciones de defensa frente a inundaciones. No se reúne desde 2011. Este amplio proyecto combinaba las obras de protección con restauración medioambiental en distintos puntos de la Ribera. Destacable la primera de las actuaciones previstas, en Albalat de la Ribera, que la CHJ ha desestimado pese haber sido licitada en noviembre de 2011 por 8 millones de euros.

Joan-Baptista Ferrando (PSPV-PSOE) ya ha viajado a Estrasburgo para interesarse, a través de los parlamentarios socialistas, por el destino “del 70 u 80% de la financiación que aportaba la Comisión Europea”. También ha movilizado diputados nacionales y autonómicos, si bien, aseguró no tener confianza en que se les conteste.

Los Mesa también acordó exigir de la administración del Estado la redacción del nuevo plan de cuenca del Júcar, adaptado a la DMA. Este documento básico sobre los usos y explotación del río debió haberse aprobado a finales de 2009. Ahora, un tribunal europeo ha condenado a España por ello. El plan vigente data de 1998 “y ha quedado totalmente obsoleto tras la promulgación de la Directiva Marco del Agua Europea”, dijo Sanz.

ABC / TOLEDO

Día 18/10/2012

Representantes de laConsejería de Fomento, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, han mantenido un encuentro en Albacete para desbloquear y reconfigurar la actuación de la segunda fase de sustitución de bombeos, mediante la cual se utilizan aguas superficiales para conseguir el equilibrio medioambiental del río Júcar y el acuífero de la Mancha Oriental.

En este encuentro se han dado los primeros pasos para poner en marcha una actuación que llevaba años paralizada, y que ha sido una preocupación desde el primer momento para el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Los representantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Paco Belmonte y Herminio Molina, han trasladado al director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Aquilino Iniesta, su satisfacción y agradecimiento tras ver que el proceso se pone en marcha gracias a la intervención y celeridad que el Gobierno regional ha dispuesto en este asunto, y que ha realizado las gestiones oportunas para que esta obra, anunciada continuamente por el Gobierno socialista pero que nunca vio la luz, comience en unos meses. Por su parte, la presidenta de la Confederación del Júcar, María Ángeles Ureña, considera también esta obra como prioritaria.

Para acometer esta segunda fase de la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental es necesario llevar a cabo la construcción de estructuras tales como tuberías y balsas de regulación, para lo que se cuenta con un presupuesto inicial que supera los 100 millones de euros.

En esta reunión se han sentado las bases para redefinir las obras de un modo más concreto, así como para especificar el marco económico financiero de la misma. Aprovechando el encuentro, también se han tratado otros temas de interés común, como el futuro Plan de Demarcación y cuestiones relativas a abastecimientos.

 El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha expresado el compromiso de España, Francia e Italia de conformar un frente común en el marco de las negociaciones para la reforma de la PAC, “desde la racionalidad, los argumentos, las propuestas, para configurar una Política Agraria Común que se adapte a la realidad de nuestros países”.

Tras mantener una reunión con los ministros de Agricultura de Italia, Mario Catania, y de Francia, Stephane Le Foll hoy en Roma, en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), donde se encuentra para participar en los actos con motivo del Día Mundial de la Alimentación, Arias Cañete ha resaltado la relevancia de que estos tres países, “los países agrarios más grandes de la Unión Europea”, tengan una posición común en el marco del proceso de negociación de la Política Agraria Común.

En especial, el ministro ha valorado la coincidencia en considerar la propuesta presupuestaria que ha hecho la Comisión como el “mínimo admisible”, y ha resaltado el compromiso de estos países para defender un presupuesto suficiente para la PAC.

Miguel Arias Cañete ha afirmado el compromiso de estos tres países en el sistema de aplicación de la reforma, “reclamando flexibilidad para adaptar la reforma a las agriculturas de nuestros diferentes países”. Además, “también reclamamos que se mantengan los derechos de limitación de plantaciones en el viñedo, para evitar crisis de superproducción en la Unión Europea”, ha añadido.

Al mismo tiempo, tenemos el compromiso de defender la participación de los productores agrarios en la cadena agroalimentaria, “buscando mayor equilibrio y dotando a las organizaciones de productores y a las interprofesiones de mayor fuerza para poder participar en los procesos de concentración de la oferta y la negociación en una cadena alimentaria que, en la Unión Europea, tiene fuertes desequilibrios”.

Firmeza en defensa de los Programas de Alimentos

Por otro lado, el titular de Agricultura ha expresado la voluntad política “firme” de estos tres países de seguir manteniendo los programas de alimentos para los más desfavorecidos. Arias Cañete considera que mantener este programa está “muy justificado”, y ha expresado la necesidad de que en las futuras perspectivas financieras (2014-2020) se recoja “una línea clara” para apoyar a las personas más desfavorecidas en la Unión Europea. Se trata, ha dicho el ministro, de unos “programas de éxito, bien gestionados y de enorme eficacia para paliar situaciones de extrema necesidad”.

En este sentido, la Comisión Europea aprobó el pasado juevesel Reglamento por el que se establece la asignación correspondiente al Plan 2013 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea. El nuevo Reglamento otorga a España 85,6 millones de euros para la compra de nuevos alimentos que, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), repartirá gratuitamente entre cerca de 2 millones de personas necesitadas.

Los recursos asignados en el Plan 2013 suponen un incremento de 5 millones de euros con respecto a los asignados en el Plan del año 2012. Con esta asignación se asegura la continuidad del Plan de ayuda alimentaria un año más y permitirá enlazar con el actual Plan 2012, que se inició en el mes de junio y que finalizará en enero de 2013 con la distribución de más de 67 millones de kilos de alimentos.

Las alegaciones de Asaja piden también que se garantice un precio asumible para el agua de regadío, por debajo de los 0,20 euros

D. MARTÍNEZ / ALICANTE

Día 17/10/2012

Convertir el recurso a los trasvases como política hídrica en una cuestión de ámbito europeo. Ese es el objetivo que se han fijado los agricultores alicantinos en la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) que redacta Bruselas, y que debería entrar en vigor a partir de 2014.

Según explicó a ABC el presidente del sindicato agrario Asaja-Alicante, Eladio Aniorte, los agricultores han pactado con la Generalitat Valenciana el contenido de la aportación de la Comunidad al debate de la PAC. En dicho documento, entre otras cuestiones, se abordará la necesidad de mantener la unidad de cuenca, de recurrir a los trasvases para realizar aportes a las cuencas deficitarias, y de que el agua para uso agrícola tenga un precio asumible para los usuarios.

Aniorte explicó que la intención de los agricultores alicantinos es que «no se pierda el espíritu de los trasvases». Aunque la coyuntura económica imposibilite acometer este tipo de infraestructuras a corto plazo, el objetivo es que «cuando se supere la crisis y sea económicamente posible, se recupere la idea de acometer trasvases». Si bien el presidente de Asaja-Alicante no lo citó expresamente, uno de esos trasvases sería el del Ebro, derogado en 2004 por el primer Gobierno de Zapatero.

Especular con el agua

Los agricultores alicantinos también aspiran a que el precio del agua no se dispare con el aumento de los costes energéticos. De hecho, «la PAC hace mucho hincapié en la eficiencia y la reducción de costes», según Aniorte. En este sentido, cabe recordar que la Mancomunidad de Canales del Taibilla -de la que forman parte una treintena de municipios de la provincia y varias comunidades de regantes- acaba de aprobar un aumento en el recibo del agua del 9,5% (que para el consumidor final puede ser de debido al incremento de la factura eléctrica y la excesiva dependencia de la desalación.

«Hay quien está especulando con el precio del agua», señala Aniorte en referencia a algunas comunidades de regantes, «y esa es una práctica que puede llevar a que desaparezcan muchos cultivos».

Según Asaja-Alicante, el precio que permite que el agua sea asumible para el regadío es de 0,2 euros por metro cúbico -el mismo que se paga por el trasvase Tajo-Segura, por ejemplo-. Sin embargo, el agua procedente de la desalación se eleva hasta 0,5 euros en la mayoría de los casos. Asimismo, el caudal procedente del desembalse del Júcar-Vinalopó (los cinco hectómetros enviados en pruebas en 2010, y que se han repartido ahora para vaciar la balsa de San Diego y proceder a su reparación), aunque se ha pagado a Acuamed a 0,18 euros por metro, podría alcanzar también los 0,45 euros a precio de mercado, dado el elevado coste energético de la transferencia. De hecho, Aniorte denuncia que algunas comunidades de regantes beneficiarias del desembalse están efectivamente vendiendo el agua a ese precio para sufragar las infraestructuras que han acometido en los últimos años.

Ayudas directas

La propuesta de los agricultores y el Consell para una PAC que «solo defiende la agricultura continental, pero no la mediterránea», según Aniorte, aporta otras consideraciones relativas al modelo de cultivo que se sigue en la Comunidad. Según el citado documento, «las ayudas directas al agricultor son un complemento a la remuneración del mercado». No obstante, «con el sistema que se está trabajando [en la PAC] no serán aplicables a las condiciones de producción de la Comunidad Valenciana».

En este sentido, Asaja y el Consell reclaman que dichas ayudas sean «para todos los agricultores activos», a partir de aquellos que cultiven «una superficie mínima de una hectárea» -en el anexo de la PAC, se fija una superficie mínima de dos hectáreas para el caso de España-. Según los agricultores, el importe de dicha ayuda «debería establecerse en base a la productividad de la tierra», y no solo por superficie.

Asimismo, el texto rechaza que se imponga a los agricultores nuevas exigencias para optar a dichas ayudas, como la diversificación del cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y los objetivos ecológicos. A juicio de Asaja, estas condiciones no pueden aplicarse a la mayoría de explotaciones agrícolas de la Comunidad.

TERESA JUAN-MOMPÓ ALZIRA «La continuidad del Xúquer hasta el mar está en peligro en los últimos catorce kilómetros de recorrido», denuncia Xúquer Viu. Esta pasada semana, miembros de este colectivo han observado que «por el Assut de Cullera -situado entre Sueca y Fortaleny- a 14 kilómetros del mar, no ha pasado ni gota de agua, lo que ha provocado un descenso del nivel del río a la otra parte del azud de casi un metro».
«No es que por el río no bajara agua, sino que al no estar fijados los caudales ecológicos el agua se deriva de manera íntegra por las acequias dejando el río seco», explica el portavoz de Xúquer Viu, Paco Sanz. El Xúquer, subraya, «en realidad traía agua como para poder atender su conectividad con el mar, pero la ausencia de caudales ecológicos y la falta de respeto hacia el río han hecho que, como ha pasado en repetidas ocasiones, se sacrifique dejándolo completamente seco».
Sanz culpa de esta situación, que «raramente» se había producido antes (hasta cuando menos agua ha pasado, una fina lámina ha cubierto el muro del azud, asegura) a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), «que es la que debe garantizar que el río llegue al mar y no que su curso acabo a 14 kilómetros de su desembocadura». El hecho de que todavía no se haya aprobado el Plan de Cuenca del Xúquer impide la regulación de los caudales ecológicos para este río, lo que en la práctica -y ante la «falta de control de la CHJ»- permite a las acequias chupar cuanto quieren del río, lamenta Sanz, quien recuerda que recientemente la Unión Europea ha condenado a España por no haber aprobado los nuevos planes de cuenca, entre ellos el del Xúquer, incumpliendo así la Directiva Marco del Agua. «El Plan del Xúquer, que debe fijar los caudales ecológicos, es el más tardío del estado Español, y tendría que haberse aprobado el 22 de diciembre de 2009. El Xúquer ha pasado de cuenca piloto a furgón de cola en vía muerta con respecto a la planificación hidrológica», apostilla Sanz.
Mientras tanto, deplora, «la situación de los ríos, acuíferos, zonas húmedas y ecosistemas dependientes continúa empeorando, agravada por la sequía que estamos pasando y por la carencia de capacidad y voluntad política». Las lluvias del viernes hicieron que ayer a media mañana el agua volviera a discurrir por la pared del azud. Pero Sanz está «seguro de que en las próximas semanas se repetirá la situación».