El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, mediante Real Decreto, los planes hidrológicos para las demarcaciones de las cuencas de Tinto-Odiel-Piedras, Guadalate-Barbate y las Cuencas Mediterráneas-Andaluzas, en Andalucía, y para la demarcación Galicia-Costa, en la comunidad autónoma gallega, según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   Tras participar en la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha explicado que con la aprobación de estos nuevos planes hidrológicos el Gobierno acomete una «planificación hidrológica» de las cuencas españolas que se venía «demorando desde el año 2009». «Con un retraso de de tres años, este país acomete la planificacuión de determinadas demarcaciones», ha apuntado.

   Estos cuatro planes han sido elaborados por las administraciones hidráulicas competentes (la autonómica, al tratarse de cuencas hidrográficas comprendidas en el ámbito territorial de una Comunidad), de acuerdo con el Reglamento de Planificación Hidrológica, y examinados por la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   Después, el pasado 28 de junio, estos cuatro planes de cuenca fueron aprobados por el Consejo Nacional del Agua, a propuesta del Ministerio, y tras someterse a un trámite de información pública durante al menos seis meses. En dicho Consejo Nacional del Agua también se aprobó el plan de la cuenca del Miño-Sil, que se elevará próximamente al Consejo de Ministros.

   El Consejo Nacional del Agua es el órgano asesor del Gobierno en esta materia y en él están representados la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los entes locales, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas relacionadas con los distintos usos del agua, las organizaciones sindicales y empresariales, y las entidades sin ánimo de lucro estatales.

   El objetivo del Gobierno es aprobar los planes de cuenca de las demarcaciones competencia del Estado (intercomunitarias) en 2013 –inicialmente debían estar aprobados en 2009– e impulsar que en ese plazo se apruebe el mayor número de los planes de las cuencas intracomunitarias (de competencia autonómica), de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, evitando así posibles sanciones comunitarias.

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, planea cambios en su equipo ante la parálisis en la gestión del agua. El ministerio estudia relevar al director general del Agua, Juan Urbano, según fuentes próximas al departamento. Urbano había tenido discrepancias con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, sobre los planes de cuenca de Tajo y Segura. La sustituta será previsiblemente Liana Ardiles López, ingeniera de Caminos y hasta ahora en la Oficina Española de Cambio Climático. Un portavoz oficial señaló que el ministro “no ha tomado ninguna decisión” al respecto.

La política del agua en España sigue enquistada. Al llegar al cargo, Arias Cañete prometió consenso y aprobar los planes de cuenca, que ordenan los usos en todos los ríos. Estos planes tenían que estar listos en 2009 pero solo están aprobados los de cuencas no problemáticas. Ante la presión de Bruselas, Cañete los prometió para antes de finales de 2013. Para entonces, pasada la mitad de legislatura y cerca de las elecciones autonómicas, se pondría con un nuevo plan hidrológico nacional, con lo que enfrió la posibilidad de construir un trasvase desde el Ebro.

Pero los planes de cuenca avanzan con mucha dificultad. Tras sacar a información pública el borrador del Ebro y aprobar cinco menores (Galicia-Costa, Miño-Sil, Tinto-Odiel, Guadalete-Barbate y las Cuencas Mediterráneas Andaluzas), el Ejecutivo se ha encontrado con un problema endiablado: los planes del Tajo y el Segura, dos ríos interconectados por un trasvase y cuyos borradores son incompatibles.

El Ejecutivo se ha topado con los endiablados planes de Tajo y  Segura

El borrador del Tajo preparado por los técnicos considera que el trasvase al Segura es “inadmisible” por la bajada registrada en las aportaciones de agua a la cabecera del río y que si aumenta el caudal ecológico en Aranjuez (Madrid) para garantizar el buen estado ecológico de los ríos apenas quedaría agua para trasvasar. El plan del Segura, en cambio, cuenta con el agua del trasvase para el regadío y para abastecer a más de dos millones de personas.

Juan Urbano, ingeniero agrónomo procedente de la Agencia Europea de Medio Ambiente, pensó en arreglar rápidamente el problema, según fuentes del sector, y en julio presentó un documento a las comunidades que preveía reducir la dotación de agua para Madrid y mantener el caudal ecológico en Aranjuez como está ahora. Con eso, y según unos números un poco forzados, podría incluso aumentar el agua trasvasada a Murcia. Además, Urbano ha defendido un nuevo trasvase desde el Tajo Medio (en Cáceres) al Segura, una polémica obra de la que el ministerio no quiere oír hablar.

La propuesta de Urbano no fue aceptada por Castilla-La Mancha y también perjudicaba a Madrid, la comunidad de la que procede el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

La sustituta de Urbano
será previsiblemente
Liana Ardiles López

Ramos ha tomado la negociación y estudia remplazar a Urbano, según las fuentes consultadas por Liana Ardiles López, ex directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero. En 2010 dejó ese cargo tras ser señalada por los sobrecostes de la presa de Castrovido (Cañete ha criticado esos desvíos presupuestarios de la época socialista). Después, y aún con el PSOE, pasó a la Oficina Española de Cambio Climático. Con la vuelta de una ingeniera de Caminos, Cañete da satisfacción a este gremio, ya que Urbano había sido el primer director del Agua que tenía otra formación.

La tensión por el trasvase llevó a que cuando el pasado agosto apareció mutilado el monumento al Tajo-Segura que hay en La Roda (Albacete), el consejero de Agua de Murcia, Antonio Cerdá, acusó inmediatamente a los opositores al acueducto. Sin embargo, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 23 y le acusa de hacerlo para vender el cobre de la estatua.

Terminadas las pruebas, los regantes esperan recibir el agua en una semana

D. M./I. M. C. / alicante

Día 13/09/2012

El primer riego con agua del trasvase Júcar-Vinalopó ya solo depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Terminadas las pruebas de las tuberías, que han sido superadas con éxito, los regantes alicantinos esperan recibir el agua la próxima semana, una vez que el organismo de cuenca conceda su visto bueno a la propuesta de reparto proporcional entre los usuarios de los cinco hectómetros cúbicos disponibles. El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, explicó que ya tienen «un visto bueno previo, por lo que es una mera cuestión de trámite».

Así, si nada se tuerce, el grifo podría abrirse el próximo miércoles, según Martínez. Las filtraciones detectadas en el embalse de San Diego -y que influyeron de forma decisiva en la aceptación del caudal almacenado por parte de los regantes, para evitar su pérdida- no alterarán los planes iniciales, adelantados el pasado mes de agosto por ABC: el embalse se llenará y se vaciará dos veces (una vez reparados los escapes) para terminar las pruebas, por lo que los usuarios del Vinalopó realizarán al menos dos riegos con agua de la toma del trasvase a cuyo uso se oponen.

De hecho, Martínez recordó que la aspiración última de su colectivo es recuperar la toma en Cortes de Pallás (descartada en 2005 por la socialista Cristina Narbona), algo que ya conocen la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, y la presidenta de la CHJ, María Ángeles Ureña. En este sentido, aceptar el agua embalsada -cuya calidad ha mejorado con el paso del tiempo- ha otorgado a los regantes un mayor nivel de interlocución.

La consellera de Agricultura, precisamente, se desplazó ayer a Villena para conocer de primera mano la marcha de las pruebas del postrasvase. «Con esta actuación aseguramos la llegada de agua en un momento crítico por la escasez del recurso, y estamos dando el primer paso para garantizar el suministro a las comarcas del Vinalopó desde el Júcar dando respuesta a una demanda histórica de agua de esta zona», señaló.

La ejecución de la infraestructura de conexión va a posibilitar el envío de los cinco hectómetros cúbicos de agua que actualmente se embalsan en San Diego a través de las conducciones del postrasvase a las comunidades de regantes que mayores necesidades hídricas presentan.

Conselleria de Agricultura, Confederación del Júcar y Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó cerraron ayer el acuerdo económico por el que 20.000 agricultores de la provincia comenzarán a recibir el próximo miércoles el agua almacenada desde hace dos años en el embalse de San Diego (Villena) y cuyo uso se ha desbloqueado por la sequía y la necesidad de reparar el embalse, cuyos fallos de construcción han hecho que se hayan perdido ya 7 hm3.
Finalmente, los regantes confían en aprovechar unos 4 hm3 -oficialmente quedan cinco- por los que pagarán unos 900.000 euros, (0,18 euros/ m3) en concepto de pago del agua y amortización del préstamo que suscribieron para hacer el trasvase y que todavía debían tras el aval del Consell. La operación durará tres meses, y a partir de enero, una vez vacío, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que repararlo tras haberse gastado 40 millones de euros en su construcción.
Una operación que, por otro lado, bloqueará durante varios meses cualquier posibilidad de que el agua del Júcar llegue a la provincia, abriéndose así una nueva etapa en la ejecución de un proyecto que ha costado 400 millones de euros y cuyo futuro sigue en el aire. De hecho, recientemente y según datos oficiales en la toma de muestreo del Huerto de Mulet, aguas arriba del Azud de la Marquesa han aparecido 1.600.000 coliformes.
Ayer, la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, sí se mostró satisfecha de la operación. «Con esta actuación aseguramos la llegada de agua en un momento crítico por la escasez del recurso, y estamos dando el primer paso para garantizar el suministro a las comarcas del Vinalopó desde el Júcar dando respuesta a una demanda histórica de agua de esta zona». Respuesta al que, sin embargo, le queda todavía un largo recorrido porque lo regantes continúan rechazando el agua de la Marquesa. Fuentes e la Federación Provincial de Comunidades de Regantes recordaron, en este sentido, que «no renunciamos a la toma de Cortes de Pallás y la discusión sigue encima e la mesa. Lo de hoy es un gesto de buena voluntad para seguir negociando».
Mañana, el Pleno del Consell aprobará el convenio entre el Ejecutivo y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa que permitirá el aprovechamiento para el riego del agua que en estos momentos almacena el embalse de San Diego. En concreto, el agua llegará a las comunidades de regantes de Hondón-Monóvar, La Romana, Monforte del Cid, Monteagudo, Salinas, Virgen de la Paz-Canalillo de Agost, SAT San Enrique, SAT Percamp, Virgen de las Nieves de Aspe y SAT Casas de Juan Blanco,

«Voluntad de entendimiento»
La consellera subrayó que se trata de «una solución que llega de la mano del consenso entre la administración autonómica y el Gobierno central, que tras la llegada de Rajoy sí ha demostrado sensibilidad, voluntad de entendimiento y compromiso para hacer frente a la situación de déficit hídrico que padece esta comarca, así como otras zonas de la Comunidad». Un paso adelante pero, de momento, sólo un paso porque la Junta Central mantiene el contencioso contra el Gobierno, aunque el motivo fuera el cambio de la toma del agua del Ministerio que entonces dirigía la socialista Cristina Narbona.

Los fallos de construcción del embalse regulador (San Diego, Villena) de las aguas que llegarán a la provincia por el trasvase Júcar-Vinalopó han provocado que los agricultores de la provincia hayan perdido en los dos últimos años 7 hm3 de agua, debido a las filtraciones que se detectaron en su estructura, y el conflicto abierto entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta Central de Usuarios, ya que en un principio el caudal no era de calidad.

El embalse comenzará a vaciarse el próximo día 15 para repartir los alrededor de 5 hm3 que quedan embalsados y que, gracias al efecto purificador del sol durante los dos años que el agua ha estado almacenada, podrán utilizarse ahora para regar las plantaciones de uva de mesa, beneficiando a 20.000 agricultores, tras el acuerdo alcanzado por la Confederación del Júcar y las comunidades de regantes que pagarán 500.000 euros por el caudal. La operación durará tres meses y, a partir de enero, una vez vacío, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que repararlo tras haberse gastado 40 millones de euros en su construcción.

Una operación que, por otro lado, bloqueará durante varios meses cualquier posibilidad de que el agua del Júcar llegue a la provincia, abriéndose así una nueva etapa para la finalización de un proyecto que ha costado 400 millones de euros y cuyo futuro sigue en el aire. Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, apuntó ayer, en este sentido, que «el acuerdo para repartir el agua que queda en San Diego ha sido un gesto de buena voluntad, pero no renunciamos a la toma de Cortes de Pallás porque en el Azud de la Marquesa un día el agua sale buena y el otro llena de coliformes y restos de pesticidas. No ofrece garantías para riego y consumo urbano, y en la Confederación Hidrográfica del Júcar lo saben». De hecho, recientemente y según datos oficiales, en la toma de muestreo del Huerto de Mulet, aguas arriba del Azud de la Marquesa, han aparecido 1.600.000 coliformes.

Presa de categoría A
La balsa o embalse de San Diego, ubicada entre los términos municipales de La Font de la Figuera (Valencia) y Villena, es el punto final del trasvase Júcar-Vinalopó, tanto si la toma del agua se hiciera en Cortes de Pallás como en la actual de Cullera. Puede almacenar más de 20 millones de m3 de aguas procedentes del curso bajo del Júcar, caudal suficiente para regar 10.000 hectáreas de cultivo. Y lo que es más importante, en épocas de bonanza hídrica, San Diego podría llenarse hasta cuatro veces al año, siempre que se hubiera construido si eficiencias.
El embalse tiene unas dimensiones extraordinarias y fue clasificada como Presa de Categoría A por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente. Su perímetro supera los 4 kilómetros de longitud, presenta una altura máxima de 35,2 metros al pie de talud y de 38,5 metros sobre el eje de los cimientos; el ancho de coronación tiene 7,5 metros y el ancho de base de talud llega a alcanzar en algunos puntos los 200 metros. El agua almacenada, en su cota máxima, tendrá 22 metros de profundidad, es decir, cubriría un edificio de 7 plantas.
El vaso de la balsa tiene una superficie de 800.000 m2, equivalente a 80 campos de fútbol. Cuando la lámina de agua alcance su cota máxima esa superficie equivaldrá a 115 campos de fútbol (1.150.000 m2). En marzo de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el Plan de Emergencia de la balsa, y en febrero de 2010 aprobó el plan de puesta en carga de la balsa, al cumplir éste con todos los requisitos establecidos por el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses.
Sin embargo, los problemas comenzaron cuando se llenó el embalse y con el agua almacenada y sin uso, por el contencioso abierto entre usuarios y Ministerio, se detectaron filtraciones que terminaron provocando la pérdida de 7 hm3 de agua (7.000 millones de litros de agua) en una provincia estructuralmente azotada por la sequía.
Los regantes que van a recibir los 5 hm3 que se han logrado salvar abonarán un total de diez céntimos por metro cúbico y otros 8 céntimos para amortizar el crédito que tuvieron que pedir cuando se comprometieron a pagar una parte de las obras, explicó Martínez.

Madrid/Valencia, 11 sep (EFE).- Las reservas de los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran al 37,2% de su capacidad, 0,6 puntos menos que la semana pasada, mientras que en la cuenca del Segura el agua embalsada alcanza el 42,1%, de la capacidad total, 0,8 puntos menos que hace siete días.

En España, la reserva hidráulica se encuentra al 47,5% de su capacidad total, con 26.295 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa una disminución de 502 hectómetros, el -0,9% con respecto a los niveles de la semana anterior.

Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, las principales variaciones han afectado a la cuenca del Ebro que ha perdido 192 hectómetros cúbicos.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada

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Galicia Costa 684 413 60,4%

Miño – Sil 3.030 1.634 53.9%

Cantábrico 633 390 61,6%

P. Vasco 21 15 71,4%

Duero 7.520 2.977 39,7%

Tajo 11.012 4.532 41.2%

Guadiana 8.635 5.078 58,8%

C.Atl.And. 1.878 1.205 64,2%

Guadalquivir 8.280 4.383 54,1%

C.Medit And 1.177 607 51,6%

Segura 1.141 480 42,1%

Júcar 3.336 1.242 37,2%

Ebro 7.507 2.900 38,6%

Cataluña.CC I. 736 439 59,6%

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TOTAL 55.398 26.295 47,5%

EFE

El gobierno ha nombrado a Juan Urbano López de Meneses, como director general del Agua; Susana Magro Andrade, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático; y Pablo Saavedra Inaraja, director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

EFE.- Las tres direcciones pertenecen al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y han sido asignadas en el Consejo de ministros celebrado este viernes a propuesta del titular de esa cartera, Miguel Arias Cañete.

La dirección general de la Costa y del Mar dependerá de la secretaría de Estado de Medio Ambiente.

El Gobierno aún no ha nombrado a la persona que estará al frente de la secretaría general de Pesca.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado hoy el Decreto por el que se crea la Comisión Regional de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, que se configura como órgano colegiado consultivo y de coordinación en esta materia.

Este organismo, sin coste alguno para las arcas regionales, sustituye a la anterior Comisión Regional de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, con el fin de lograr una gestión eficaz y una coordinación adecuada de las políticas medioambientales, tanto de la Administración como de las empresas y particulares de Castilla-La Mancha.

Entre sus funciones están la coordinación de las distintas consejerías del Gobierno de Castilla-La Mancha para el impulso de políticas y estrategias con posibles repercusiones en materia de cambio climático; la representación de la Junta en la Comisión Regional de Cambio Climático; o el impulso y la coordinación de programas y actuaciones que fomenten la reducción de emisiones perjudiciales para el medioambiente.

Con la creación de esta Comisión, presidida por la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, la Junta pretende dar un impulso a las políticas de lucha contra el cambio climático, siguiendo los compromisos del Protocolo de Kioto -refrendados en Durban (Sudáfrica) en diciembre de 2011- que la UE ha impulsado en la conocida como “Estrategia Europa 2020”, por la que los estados miembros deben reducir un 20 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar al 20 por ciento el porcentaje correspondiente a energías renovables y lograr el objetivo del 20 por ciento de eficiencia energética de aquí al año 2020.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el proyecto de Real Decreto por el que se modifican tanto el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986) como el Real Decreto 509/1996 por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

La finalidad de este proyecto normativo es, por un lado, crear un marco normativo común, a fin de evitar situaciones discriminatorias entre las distintas cuencas hidrográficas, en desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Así,el contenido relativo a la protección y utilización del Dominio Público Hidráulico vincula al que prevean los futuros planes hidrológicos de demarcación, garantizando un régimen jurídico homogéneo en las distintas demarcaciones hidrográficas en toda España.

Se ha decidido así teniendo en cuenta que, durante la fase de elaboración de los planes hidrológicos, se ha manifestado la necesidad de armonizar su contenido de conformidad con la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Además, la praxis en la gestión y protección del Dominio Público Hidráulico ha evidenciado la necesidad de solucionar insuficiencias y ambigüedades en la aplicación de dicho Reglamento.

Otro objetivo de este proyecto normativo es armonizar el régimen jurídico de rango reglamentario previsto para la gestión y protección del Dominio Público Hidráulico en relación con el contenido de las normas aprobadas con posterioridad, en cumplimiento de la normativa comunitaria, como son, entre otras, el Real Decreto 60/2011 (normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas) y el Real Decreto 907/2007 (Reglamento de la Planificación Hidrológica).

Aguas Residuales Urbanas

Mientras, la modificación al Real Decreto 509/1996 de adaptación al régimen sobre vertidos de aguas pluviales pretende adaptar su redacción para recoger con mayor fidelidad el texto de la Directiva 91/271/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Además, se pretende dotar de seguridad jurídica a la existencia de aliviaderos de aguas de escorrentía deben estar o no prohibidos, teniendo en cuenta lo apuntado por la Directiva 91/271/CEE.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy este proyecto normativo tras la consulta al Consejo Nacional del Agua, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, y tras el pertinente periodo de información pública en el Ministerio, así como la consulta a los departamentos ministeriales y el dictamen del Consejo de Estado.

Las Comunidades Autónomas y las entidades más representativas de los sectores afectados, asimismo, han sido consultadas de esta modificación normativa a través de su participación tanto en el Consejo Nacional del Agua como en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.