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Castilla-La Mancha se juega 1.000 millones en la reforma de la PAC

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, expuso ayer las principales reivindicaciones de Castilla-La Mancha de cara a la futura Política Agraria Común (PAC) a partir de 2014, que pasan por mantener, como mínimo, el presupuesto actual de la misma. La consejera recordó que la región «se juega casi 1.000 millones de euros en esta reforma, que son los que vienen en ayudas a la región al año». Apuntó que, con la propuesta actual de la Comisión Europea esos fondos se verían muy mermados, lo que, en opinión de Soriano, «es inasumible para la Junta», toda vez que las ayudas suponen el 40% de la renta de los productores.
La consejera también explicó que quieren flexibilizar las normativas permitiendo adaptaciones a las diferentes zonas, potenciar la figura de los productores, mejorar su poder de negociación de cara al mercado y simplificar la burocracia «para que dediquen su tiempo a gestionar su explotación y su negocio».
Soriano expuso estas reivindicaciones en el Consultivo Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en el que el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han preparado el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. Soriano se comprometió ayer  a defender las ayudas de Bruselas ante el Ministerio y ante la Unión Europea, «con ímpetu y con argumentos, porque los agricultores y ganaderos prestan una labor esencial».

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La Universidad de Castilla-La Mancha a través del IDR de Albacete acogió y organizó la visita de una delegación turca para conocer tecnología punta en gestión de regadíos.

La Universidad de Castilla-La Mancha a través del  IDR de Albacete acogió y organizó la visita de una delegación turca para conocer tecnología punta en gestión de regadíos.

La Universidad de Castilla-La Mancha a través del IDR de Albacete  ha organizado y acogido una visita a España de una delegación de 25 expertos turcos con el fin de conocer las diferentes  instalaciones, instituciones y usuarios y recibir formación sobre todo de la tecnología punta de gestión de regadíos. El objetivo del proyecto del Gobierno Turco es el desarrollo para el sureste de Anatolia, región oriental de Turquía, básicamente la antigua Mesopotamia, donde están los embalses más grandes y una zona inmensa de regadíos entre los ríos Eufrates y Tigris. El grupo, compuesto por representantes estatales, comunidades de regantes, universidades, cooperativas de agricultores y técnicos, ha visitado entre otras instituciones,  la Confederación Hidrogáfica del Júcar en Valencia, el ITAP (Instituto Técnico Agronómico Provincial) y la JCRMO (Junta Central de Regantes Mancha Oriental) en Albacete.

El objetivo principal del GAP es reducir las disparidades de desarrollo al interior del Sureste de Anatolia, una de las regiones menos desarrolladas de Turquía, y que a largo plazo desaparezcan las diferencias con las regiones más desarrolladas del país. Para conseguir este objetivo se mejorarán y se hará un uso más eficiente del agua y del suelo y se trabajará también por la mejora de los recursos humanos. Teniendo en cuenta las estructuras físicas implicadas, el área cubierta y los objetivos que se quieren alcanzar, éste es uno de los proyectos más ambiciosos y de mayor alcance jamás planteados, no sólo en Turquía sino en todo el mundo.

http://habitat.aq.upm.es/dubai/98/bp536.html

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El PSOE lamenta que Cospedal no pusiera fin al trasvase en Valencia

La Tribuna / Toledo – lunes, 17 de septiembre de 2012

Cristina Maestre recuerda que más de una decena de pueblos ribereños de los embalses de cabecera del Tajo han tenido que ser abastecidos este verano con camiones cisternas

La portavoz y vicesecretaria del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, criticó que la presidenta regional, María Dolores Cospedal, haya «desaprovechado» su viaje a Valencia y no haya dicho «alto y claro» que el trasvase Tajo-Segura «no da más de sí» y que quien más necesita el agua es la comunidad autónoma.
En este sentido, Maestre asegura que «Cospedal, como siempre, se vuelca en defender las necesidades hídricas de cualquier comunidad autónoma menos de la suya», informó el PSOE en una nota de prensa.
Esta actitud, añade, «no es de recibo» en Castilla-La Mancha, «donde más de una decena de pueblos ribereños de los embalses de cabecera del río Tajo han tenido que ser abastecidos este verano con camiones cisternas.
«Indigna, con la situación tan grave, escuchar en Valencia defender el agua para la zona del Levante, en una zona donde están utilizando las desaladoras. Mientras tanto, aquí seguimos esperando a que Cospedal defienda el agua para Castilla-La Mancha», argumentó la portavoz de la oposición.

CUMBRE SOCIAL. En otro orden de cosas, Maestre consideró que la Cumbre Social que el sábado congregó en la capital de España «a miles y miles» de ciudadanos, demostró que Mariano Rajoy y María Dolores Cospedal, y sus gobiernos, han perdido la conexión con la realidad social de este país.
«Siguen empecinados en llevar a cabo unos recortes sociales y económicos que están haciendo más difícil el día a día de miles de españoles y castellano-manchegos», argumentó.
Para Maestre, los «recortes» en educación y sanidad que están aplicando los gobiernos de Rajoy y Cospedal «están acabando con la cohesión social de España, provocando que miles y miles de ciudadanos estén pagando las consecuencias de una crisis económica que ellos no han generado».
La dirigente socialista criticó a la jefa del Ejecutuvo regional, que este fin de semana acusó de «poner piedras en el camino» a los ciudadanos que acudieron a la Cumbre Social, convocada por 200 asociaciones y colectivos de toda España junto a los sindicatos mayoritarios.

DONDE MÁS DIFÍCIL ES ENCONTRAR EMPLEO.  Al respecto, dijo que «en vez de ofender a los ciudadanos, que están defendiendo lo que Cospedal y Rajoy destrozan en tiempo récord, se tendría que tomar en serio los datos conocidos recientemente que apuntan a que sus políticas regresivas sitúan a Castilla-La Mancha a la cabeza de las regiones donde es más difícil encontrar trabajo».
La vicesecretaria del PSOE regional aseguró que «es inconcebible» que ante las protestas de los ciudadanos, «los Gobiernos de Mariano Rajoy y María Dolores Cospedal sigan con los ojos y los oídos cerrados y no vean que los recortes, únicamente, generan más desempleo, paralización económica del país y una pérdida de derechos sociales que será difícil recuperar».
La portavoz socialista aseguró que mientras se contenta a los mercados y a los verdaderos causantes de la crisis económica y social, «el Partido Popular está cabreando a un país entero, que se siente engañado por ver cómo está haciendo lo contrario de lo que prometía, como no pasar las líneas rojas de la educación, sanidad y servicios sociales, no subir impuestos como el IVA y el IRPF y no amnistiar a los que no pagan a Hacienda».

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Cospedal le recuerda a Valencia que «toda España necesita agua»

La presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal  aseguró ayer que el Gobierno de España «lo tiene muy claro» y va a hacer lo necesario para que vuelva a haber un Plan Hidrológico Nacional que garantice el agua en Castilla-La Mancha y en toda España, «porque el agua no es por donde pase y se la mire, el agua es de quien la necesita y necesita agua toda España».
Cospedal se pronunció de esta manera en el cierre de la Escuela de Verano que el PP celebra en Gandia (Valencia), en referencia a las exigencias hídricas realizadas el viernes en el mismo foro por el presidente valenciano, Alberto Fabra. En este sentido, parafraseó al propio Fabra al señalar que el agua «no es de quien la ve pasar, sino de quien la necesita» y «necesita agua toda España».
La también secretaria general del PP a nivel nacional insistió en la necesidad de que toda España cuente con un Plan Hidrológico Nacional que resuelva los problemas hídricos del país, una herramienta que ya aprobó el Partido Popular en el Gobierno, hace más de ocho años, recibió el beneplácito de la mayoría de las comunidades autónomas –incluida Castilla-La Mancha- y fue derogada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.  
Fue durante su intervención en la clausura de la Escuela de Verano del Partido Popular, que concluyó ayer en Gandía, cuando la presidenta regional recalcó que puede haber agua suficiente para todas las comunidades, pero para ello hace falta una planificación hidrológica, unida a la construcción de infraestructuras.
En este sentido, recalcó que el Plan de Inversión y Creación de Empleo en Castilla-La Mancha que anunció la semana pasada en el Debate del Estado de la Región hace especial hincapié en este aspecto, dentro de uno de sus ejes principales, el del impulso de infraestructuras viarias e hidráulicas.
No es la primera vez que Cospedal ha proclamado que el Gobierno que preside pretende que Castilla-La Mancha tenga todo el agua que necesite para el consumo, la agricultura y la industria y que se debe contemplar en el Plan Hidrológico Nacional, que garantice el agua en toda España. Cospedal añadió que el PHN hará que Castilla-La Mancha «tenga agua suficiente, en cantidad y de calidad, tanto para las necesidades presentes como para las futuras y que garantice siempre la prioridad de la cuenca cedente sobre aquella cuenca a la que va a parar el agua». Desde Talavera, Riolobos aplaudió la «defensa firme» hecha por Cospedal en Valencia.

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España crea siete impuestos para acabar con el déficit eléctrico

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un anteproyecto de ley con medidas fiscales para poner fin en 2013 a la generación del déficit de tarifa eléctrica, texto que contempla la creación de siete tasas o impuestos, y que prevé recaudar unos 2.700 millones de euros.

 Los usuarios de Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Asturias, Castilla y León y Canarias deberán pagar de su bolsillo las tasas de carácter ambiental que gravan la actividad de las eléctricas y a estos se sumarán los de Valencia y Cataluña cuando aprueben las tasas que tramitan. En la foto de archivo, un gráfico de la demanda de consumo de energía eléctrica de Red Eléctrica Española, empresa que actúa como gestor técnico del sistema eléctrico.EFE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el objetivo es lograr un sistema eléctrico «solvente y sostenible» y acabar con el «agujero» de 24.000 millones de euros dejado por anteriores ejecutivos que, además, si no se hiciera nada crecería unos 5.000 millones al año en los próximos ejercicios.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que el propósito del Ejecutivo ha sido el de no trasladar al consumidor todo el peso de esta deuda, ya que de hacerlo habría que subir el recibo de la luz una media del 43 %.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha detallado que el impuesto que más recaudación generará será el que gravará con un 6 % cada megavatio de energía que se venda, independiente de cómo haya sido producido.

Este nuevo gravamen tendrá un impacto de 571,7 millones en las compañías que operan en el régimen ordinario (nuclear, hidráulica, ciclos combinados, carbón, etc…) y de 688 millones para las del régimen especial (renovables y cogeneración).

También se impondrá el conocido como «céntimo verde» al gas natural, medida con la que se estima recaudar unos 804 millones de euros a razón de 2,79 céntimos por metro cúbico de gas; así como sobre la producción de energía eléctrica con carbón, a la que se impondrá una tasa de 14,97 euros por tonelada de mineral para ingresar 268 millones.

CÉNTIMO VERDE E IMPUESTOS NUCLEARES

El céntimo verde también recaerá sobre la producción con fueloil y gasóleo, tasas mediante las que se recaudarán 38 millones.

Además, habrá dos impuestos nucleares, uno sobre la generación de residuos radiactivos, de 2.190 euros por kilo de mental pesado producido y con el que se prevé ingresar 269,6 millones durante los próximos tres años, y otro sobre el almacenamiento de residuos que agrupará a los ya existentes en determinadas autonomías y, por tanto, no supondrá ningún ingreso adicional. Para este cálculo se ha eliminado a la central nuclear de Garoña.

También se impondrá una tasa a las centrales hidráulicas que gravará el uso de aguas continentales para la generación de energía eléctrica, con el que se recaudarán unos 304,2 millones.

«El objetivo es lograr ingresos adicionales para hacer desaparecer el déficit y lograr la sostenibilidad del sistema, tanto medioambiental como económica y financiera», ha insistido Soria.

El ministro ha apuntado que a estas medidas fiscales se sumarán otras, como por ejemplo rebajar el umbral de acceso a la tarifa regulada, al que actualmente sólo pueden acogerse los usuarios con potencias contratadas de 10 kilovatios o menos, una cifra que podría reducirse a la mitad o incluso por debajo.

Otra novedad es que el Tesoros asumirá la amortización de los intereses correspondientes a la titulización del déficit de tarifa acumulado hasta 2011, y que ahora representan un «coste adicional» de unos 2.100 ó 2.200 millones al año.

El objetivo es que las variaciones del recibo de la luz «no tengan nada que ver con un acto discrecional» del Gobierno y que si la electricidad sube sea sólo debido al encarecimiento de la energía y no para cubrir el déficit de tarifa, ha explicado el ministro.

ENERGÍAS RENOVABLES

El anteproyecto introduce también que las energías renovables que usan para parte de su producción combustibles fósiles, como por ejemplo la termosolar, no puedan cobrar primas por esa energía.

No obstante, la biomasa estaría excluida de esta medida, ya que la madera que utiliza proviene de la limpieza de los bosques para prevenir incendios.

También se usarán para acabar con el déficit, los ingresos que provengan de las subastas de los derechos de emisión de CO2, que se calculan en 450 millones de euros para 2013.

El déficit de tarifa se genera porque los ingresos que se obtienen vía recibo de la luz no son suficientes para cubrir todos los costes que se pretenden retribuir con ellos, como por ejemplo la generación, transporte y distribución de energía, las primas a las renovables, las ayudas al carbón, la moratoria nuclear, etc… EFEverde

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Liana Ardiles López, nueva Directora General del Agua de España

El Consejo de Ministros ha nombrado Directora General del Agua a Liana Ardiles López, en sustitución de Juan Urbano López de Meneses, que llevaba 9 meses en el cargo.

Nacida en Bahía Blanca (Argentina), es Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster de Hidrología General y Aplicada por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

Después de trabajar en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, trabajó en el Área de Seguridad de Presas de la Dirección General del Agua y fue responsable de la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero. Actualmente era jefa de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático

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Aprobados nuevos planes hidrológicos para Andalucía y Galicia

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, mediante Real Decreto, los planes hidrológicos para las demarcaciones de las cuencas de Tinto-Odiel-Piedras, Guadalate-Barbate y las Cuencas Mediterráneas-Andaluzas, en Andalucía, y para la demarcación Galicia-Costa, en la comunidad autónoma gallega, según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   Tras participar en la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha explicado que con la aprobación de estos nuevos planes hidrológicos el Gobierno acomete una «planificación hidrológica» de las cuencas españolas que se venía «demorando desde el año 2009». «Con un retraso de de tres años, este país acomete la planificacuión de determinadas demarcaciones», ha apuntado.

   Estos cuatro planes han sido elaborados por las administraciones hidráulicas competentes (la autonómica, al tratarse de cuencas hidrográficas comprendidas en el ámbito territorial de una Comunidad), de acuerdo con el Reglamento de Planificación Hidrológica, y examinados por la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   Después, el pasado 28 de junio, estos cuatro planes de cuenca fueron aprobados por el Consejo Nacional del Agua, a propuesta del Ministerio, y tras someterse a un trámite de información pública durante al menos seis meses. En dicho Consejo Nacional del Agua también se aprobó el plan de la cuenca del Miño-Sil, que se elevará próximamente al Consejo de Ministros.

   El Consejo Nacional del Agua es el órgano asesor del Gobierno en esta materia y en él están representados la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los entes locales, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas relacionadas con los distintos usos del agua, las organizaciones sindicales y empresariales, y las entidades sin ánimo de lucro estatales.

   El objetivo del Gobierno es aprobar los planes de cuenca de las demarcaciones competencia del Estado (intercomunitarias) en 2013 –inicialmente debían estar aprobados en 2009– e impulsar que en ese plazo se apruebe el mayor número de los planes de las cuencas intracomunitarias (de competencia autonómica), de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, evitando así posibles sanciones comunitarias.

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Cañete prepara cambios por las discrepancias en la política de agua

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, planea cambios en su equipo ante la parálisis en la gestión del agua. El ministerio estudia relevar al director general del Agua, Juan Urbano, según fuentes próximas al departamento. Urbano había tenido discrepancias con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, sobre los planes de cuenca de Tajo y Segura. La sustituta será previsiblemente Liana Ardiles López, ingeniera de Caminos y hasta ahora en la Oficina Española de Cambio Climático. Un portavoz oficial señaló que el ministro “no ha tomado ninguna decisión” al respecto.

La política del agua en España sigue enquistada. Al llegar al cargo, Arias Cañete prometió consenso y aprobar los planes de cuenca, que ordenan los usos en todos los ríos. Estos planes tenían que estar listos en 2009 pero solo están aprobados los de cuencas no problemáticas. Ante la presión de Bruselas, Cañete los prometió para antes de finales de 2013. Para entonces, pasada la mitad de legislatura y cerca de las elecciones autonómicas, se pondría con un nuevo plan hidrológico nacional, con lo que enfrió la posibilidad de construir un trasvase desde el Ebro.

Pero los planes de cuenca avanzan con mucha dificultad. Tras sacar a información pública el borrador del Ebro y aprobar cinco menores (Galicia-Costa, Miño-Sil, Tinto-Odiel, Guadalete-Barbate y las Cuencas Mediterráneas Andaluzas), el Ejecutivo se ha encontrado con un problema endiablado: los planes del Tajo y el Segura, dos ríos interconectados por un trasvase y cuyos borradores son incompatibles.

El Ejecutivo se ha topado con los endiablados planes de Tajo y  Segura

El borrador del Tajo preparado por los técnicos considera que el trasvase al Segura es “inadmisible” por la bajada registrada en las aportaciones de agua a la cabecera del río y que si aumenta el caudal ecológico en Aranjuez (Madrid) para garantizar el buen estado ecológico de los ríos apenas quedaría agua para trasvasar. El plan del Segura, en cambio, cuenta con el agua del trasvase para el regadío y para abastecer a más de dos millones de personas.

Juan Urbano, ingeniero agrónomo procedente de la Agencia Europea de Medio Ambiente, pensó en arreglar rápidamente el problema, según fuentes del sector, y en julio presentó un documento a las comunidades que preveía reducir la dotación de agua para Madrid y mantener el caudal ecológico en Aranjuez como está ahora. Con eso, y según unos números un poco forzados, podría incluso aumentar el agua trasvasada a Murcia. Además, Urbano ha defendido un nuevo trasvase desde el Tajo Medio (en Cáceres) al Segura, una polémica obra de la que el ministerio no quiere oír hablar.

La propuesta de Urbano no fue aceptada por Castilla-La Mancha y también perjudicaba a Madrid, la comunidad de la que procede el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

La sustituta de Urbano
será previsiblemente
Liana Ardiles López

Ramos ha tomado la negociación y estudia remplazar a Urbano, según las fuentes consultadas por Liana Ardiles López, ex directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero. En 2010 dejó ese cargo tras ser señalada por los sobrecostes de la presa de Castrovido (Cañete ha criticado esos desvíos presupuestarios de la época socialista). Después, y aún con el PSOE, pasó a la Oficina Española de Cambio Climático. Con la vuelta de una ingeniera de Caminos, Cañete da satisfacción a este gremio, ya que Urbano había sido el primer director del Agua que tenía otra formación.

La tensión por el trasvase llevó a que cuando el pasado agosto apareció mutilado el monumento al Tajo-Segura que hay en La Roda (Albacete), el consejero de Agua de Murcia, Antonio Cerdá, acusó inmediatamente a los opositores al acueducto. Sin embargo, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 23 y le acusa de hacerlo para vender el cobre de la estatua.

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El riego con agua del Júcar-Vinalopó ya solo depende de la CHJ‎

Terminadas las pruebas, los regantes esperan recibir el agua en una semana

D. M./I. M. C. / alicante

Día 13/09/2012

El primer riego con agua del trasvase Júcar-Vinalopó ya solo depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Terminadas las pruebas de las tuberías, que han sido superadas con éxito, los regantes alicantinos esperan recibir el agua la próxima semana, una vez que el organismo de cuenca conceda su visto bueno a la propuesta de reparto proporcional entre los usuarios de los cinco hectómetros cúbicos disponibles. El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, explicó que ya tienen «un visto bueno previo, por lo que es una mera cuestión de trámite».

Así, si nada se tuerce, el grifo podría abrirse el próximo miércoles, según Martínez. Las filtraciones detectadas en el embalse de San Diego -y que influyeron de forma decisiva en la aceptación del caudal almacenado por parte de los regantes, para evitar su pérdida- no alterarán los planes iniciales, adelantados el pasado mes de agosto por ABC: el embalse se llenará y se vaciará dos veces (una vez reparados los escapes) para terminar las pruebas, por lo que los usuarios del Vinalopó realizarán al menos dos riegos con agua de la toma del trasvase a cuyo uso se oponen.

De hecho, Martínez recordó que la aspiración última de su colectivo es recuperar la toma en Cortes de Pallás (descartada en 2005 por la socialista Cristina Narbona), algo que ya conocen la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, y la presidenta de la CHJ, María Ángeles Ureña. En este sentido, aceptar el agua embalsada -cuya calidad ha mejorado con el paso del tiempo- ha otorgado a los regantes un mayor nivel de interlocución.

La consellera de Agricultura, precisamente, se desplazó ayer a Villena para conocer de primera mano la marcha de las pruebas del postrasvase. «Con esta actuación aseguramos la llegada de agua en un momento crítico por la escasez del recurso, y estamos dando el primer paso para garantizar el suministro a las comarcas del Vinalopó desde el Júcar dando respuesta a una demanda histórica de agua de esta zona», señaló.

La ejecución de la infraestructura de conexión va a posibilitar el envío de los cinco hectómetros cúbicos de agua que actualmente se embalsan en San Diego a través de las conducciones del postrasvase a las comunidades de regantes que mayores necesidades hídricas presentan.

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Los regantes pagan 900.000 euros por el agua del Júcar embalsada en Villena

Conselleria de Agricultura, Confederación del Júcar y Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó cerraron ayer el acuerdo económico por el que 20.000 agricultores de la provincia comenzarán a recibir el próximo miércoles el agua almacenada desde hace dos años en el embalse de San Diego (Villena) y cuyo uso se ha desbloqueado por la sequía y la necesidad de reparar el embalse, cuyos fallos de construcción han hecho que se hayan perdido ya 7 hm3.
Finalmente, los regantes confían en aprovechar unos 4 hm3 -oficialmente quedan cinco- por los que pagarán unos 900.000 euros, (0,18 euros/ m3) en concepto de pago del agua y amortización del préstamo que suscribieron para hacer el trasvase y que todavía debían tras el aval del Consell. La operación durará tres meses, y a partir de enero, una vez vacío, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que repararlo tras haberse gastado 40 millones de euros en su construcción.
Una operación que, por otro lado, bloqueará durante varios meses cualquier posibilidad de que el agua del Júcar llegue a la provincia, abriéndose así una nueva etapa en la ejecución de un proyecto que ha costado 400 millones de euros y cuyo futuro sigue en el aire. De hecho, recientemente y según datos oficiales en la toma de muestreo del Huerto de Mulet, aguas arriba del Azud de la Marquesa han aparecido 1.600.000 coliformes.
Ayer, la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, sí se mostró satisfecha de la operación. «Con esta actuación aseguramos la llegada de agua en un momento crítico por la escasez del recurso, y estamos dando el primer paso para garantizar el suministro a las comarcas del Vinalopó desde el Júcar dando respuesta a una demanda histórica de agua de esta zona». Respuesta al que, sin embargo, le queda todavía un largo recorrido porque lo regantes continúan rechazando el agua de la Marquesa. Fuentes e la Federación Provincial de Comunidades de Regantes recordaron, en este sentido, que «no renunciamos a la toma de Cortes de Pallás y la discusión sigue encima e la mesa. Lo de hoy es un gesto de buena voluntad para seguir negociando».
Mañana, el Pleno del Consell aprobará el convenio entre el Ejecutivo y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa que permitirá el aprovechamiento para el riego del agua que en estos momentos almacena el embalse de San Diego. En concreto, el agua llegará a las comunidades de regantes de Hondón-Monóvar, La Romana, Monforte del Cid, Monteagudo, Salinas, Virgen de la Paz-Canalillo de Agost, SAT San Enrique, SAT Percamp, Virgen de las Nieves de Aspe y SAT Casas de Juan Blanco,

«Voluntad de entendimiento»
La consellera subrayó que se trata de «una solución que llega de la mano del consenso entre la administración autonómica y el Gobierno central, que tras la llegada de Rajoy sí ha demostrado sensibilidad, voluntad de entendimiento y compromiso para hacer frente a la situación de déficit hídrico que padece esta comarca, así como otras zonas de la Comunidad». Un paso adelante pero, de momento, sólo un paso porque la Junta Central mantiene el contencioso contra el Gobierno, aunque el motivo fuera el cambio de la toma del agua del Ministerio que entonces dirigía la socialista Cristina Narbona.

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