La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, rechazó ayer la decisión de Bruselas de reformar la Política Agrícola Común (PAC) para que un 30 por ciento de los pagos directos se otorguen a aquellos agricultores o ganaderos que presten ciertos «servicios ambientales», como el barbecho obligatorio para un porcentaje de la tierra, el mantenimiento de pasto permanente o la rotación de cultivos.
María Luisa Soriano pidió al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que defienda ante las autoridades comunitarias la eliminación de este requisito y, en el caso de que no sea posible, una reducción «considerable» de este porcentaje, además de desligar por completo el cumplimiento de este nuevo requisito con el «pago básico» a agricultores y ganaderos.
La titular de Agricultura, que realizó estas declaraciones tras asistir a la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para asuntos Comunitarios, en Madrid, también defendió la necesidad de «flexibilizar» las nuevas demandas de Bruselas para percibir subvenciones, y que afectarían a unos 95.000 agricultores y ganaderos de la región, según las estimaciones de la Consejería.
«Estas nuevas medidas hacen inviable y poco rentable la mayoría de nuestras explotaciones, incrementan los costes de producción y, por tanto, reducen aún más la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas en unos momentos de crisis y de delicada situación económica. Nuestros agricultores y ganaderos ya están soportando gran cantidad de exigencias y requisitos medioambientales, y entendemos que no se pueden incrementar todavía más», afirmó.
Para María Luisa Soriano, esta reforma de la PAC ya ha suscitado el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas y de las asociaciones agrarias porque, en realidad, supone un recorte de las ayudas para el sector al imponer unos requisitos «difíciles de cumplir» y reducir la rentabilidad de las explotaciones.
«Obligaría a muchas explotaciones a tener que diversificar los cultivos y mantener hasta tres cultivos distintos. Esto, en el momento que estamos, con los productores muy débiles en la cadena agroalimentaria, provocaría una mayor atomización del sector primario y los debilitaría aún más», concluyó.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anunció ayer en Extremadura que se redactará un nuevo Plan Hidrológico Nacional que «garantice el principio de solidaridad entre toda España. Y para otros las peleas y la demagogia, vamos a hacer que el agua cree riqueza en toda España», sentenció Cospedal en el XI Congreso del PP de Extremadura, donde además dio «la bienvenida a la medida aprobada el viernes por el Consejo de Ministros para que el Gobierno central recupere las facultades sancionadoras en las cuencas «porque es verdad que el agua es un bien de todos».

Cospedal se une así al discurso del Gobierno, muy próximo a las tesis del Ejecutivo valenciano. Precisamente, el pasado martes el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dio un paso más allá en su discurso de defender la solidaridad entre cuencas y dijo en Zaragoza que «habrá un gran pacto nacional sobre el agua», sin descartar un hipotético trasvase del Ebro, derogado por el anterior Gobierno de Zapatero y que dio al traste con las aspiraciones de las regiones de Valencia y Murcia de conseguir una infraestructura que garantizara el agua para las próximas generaciones.

En este sentido, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, habló del «compromiso de elaborar un Plan Hidrológico Nacional basado en la solidaridad y en que el agua es un bien común que irá de donde sobre a donde falte». No se atrevió Sánchez de León a nombrar el trasvase del Ebro, pero sí parece recuperar el espíritu que permitió elaborar el proyecto antes de ser derogado a la llegada de los socialistas al Ejecutivo. Por eso, Sánchez de León cree que para el presidente Mariano Rajoy «el agua no es un elemento de confrontación entre territorios, sino de unión, y como tal asume su responsabilidad con sentido de Estado, lejos de la instrumentalización política que practicó el anterior Ejecutivo».

La delegada del Gobierno también se refirió a la decisión de recuperar para el Estado competencias que los socialistas habían cedido a algunas comunidades, zanjando cualquier duda sobre qué administración tiene encomendada por la Constitución la gestión de las cuencas intercomunitarias. Fue tras las sentencias del Constitucional, que negó la posibilidad de que los Estatutos de Autonomía de Andalucia o Castilla y León se arrogaran las competencias en materia hídrica del Guadalquivir o del Duero cuando los socialistas se plegaron a los andaluces para darles parte de la gestión, una decisión que fue precisamente recurrida por el Gobierno de la Comunitat Valenciana el pasado mes de noviembre.

Trasvase Tajo-Segura

La decisión de centralizar toda la gestión en el Estado, además de anunciar un Plan Hidrológico Nacional que garantice la solidaridad hídrica, permitirá la pervivencia del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que el Ejecutivo del socialista Barreda puso en serio peligro al intentar poner fin a los desembalses a partir de 2015. No llegó a prosperar, pero creó en Castilla-La Mancha una corriente contraria al trasvase que permite dar de beber a decenas de municipios de la costa de Alicante y Murcia.

Tampoco han sido las desalinizadoras la solución. El alto coste del agua desalada, así como las dificultades para ponerlas en marcha, han planteado la posibilidad de privatizarlas, para que al menos se pueda rentabilizar una inversión millonaria de un programa Agua que sirvió de excusa al Ejecutivo de Zapatero para eliminar de un plumazo el trasvase del Ebro. Además, el Ejecutivo de Rajoy ha eliminado de los presupuestos las dos desalinizadoras que todavía quedaban por construir en Alicante.

¿Significa que se puede recuperar el trasvase del Ebro? La crisis económica será quizás el gran escollo que se encuentre esta infraestructura en el camino, en el caso de que el Ministerio de Arias Cañete pretenda recuperarlo, sobre todo por su alto coste. Sin embargo, la posibilidad existe, y lo demuestra el hecho de que en las autonomías por las que atraviesa la cuenca del Ebro, como Aragón o La Rioja, ya han mostrado su preocupación por la recuperación de un proyecto al que se opusieron radicalmente durante el Ejecutivo de Aznar.

«Cada nuevo paso que se da es para seguir permitiendo que las grandes Comunidades Autónomas más fuertes se apoderen de las más pequeñas». Así lo aseguró Francisco Belmonte, presidente de la Junta de Regantes de la Mancha Oriental, quien mostró su «extrañeza» porque, aunque mantiene que ha de profundizar en la materia, considera que «son precisamente las competencias sobre las cuencas intercomunitarias las que corren por cuenta del Gobierno».

Belmonte prefiere esperar para comprobar qué se concluye de todo ello pero insiste en que «tenemos que ser serios y repetar nuestrar leyes», y en que la situación es complicada cuando «el Gobierno se muestra como autista, sin hablar ni dirigirse a los pacientes directos». Por ello, se muestra excéptico, estando solo seguro de que, «por mi experiencia, las grandes obras, para el gusto de todos, no existen».

El Gobierno parece decidido a acabar con las duplicidades pese a quien pese, y ha empezado por una parcela muy polémica, la del agua, que quién sabe si desencadenará otra guerra por el preciado elemento. Así, el Consejo de Ministros de ayer derogó la anterior normativa en esta materia y aprobó un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma «directamente» las funciones de Política Hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión «mucho más eficiente».
Según informó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría, se quieren evitar solapamientos, asumiendo también el Estado las competencias en el procedimiento sancionador, ya que, según insistió, esta ha sido «siempre» una competencia de la Administración central.
Para reforzar su argumentación, la jurista recordó que el pasado mes de marzo, el Constitucional «dejó sentado» el Principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas autonomías. A raíz de esta sentencia, el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades asumir las funciones, sobre todo sancionadoras, en el tramo que pasaba por su territorio.

EFICIENTES. Sin embargo, Santamaría subrayó que para el Ejecutivo «es más necesario que nunca» que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una «clara delimitación de competencias» entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado. Yes que de lo que se trata es de «no multiplicar costes por tres, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero a las cuentas públicas», amén de mejorar el medio ambiente.
Además, comentó que el Gobierno estima que el agua es un «recurso escaso» y que es un dominio público «de todos los españoles», por lo que el Estado asume «todas las funciones de Policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.
Por otro lado, la vicepresidenta explicó que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta «especialmente» a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
De este modo, indicó que éste es el caso «paradigmático» de los residuos, y puso de ejemplo que un traslado de los mismos que pasara por varias comunidades, necesitaba permiso notificado de la de salida y de llegada, un procedimiento«complejo» para esta cuestión tan delicada, lo que crea «múltiples dificultades» para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo su gestión.
Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para «simplificar y reducir» las cargas administrativas que estaban provocando «incertidumbre e inseguridad» en la aplicación de la norma.
Las críticas a esta medida no se hicieron esperar. Así, el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, denunció que el Gobierno se convierte en «un mamporrero de las empresas ejecutoras de infraestructuras y se pone al servicio de los intereses empresariales». Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán tachó de «chapuza» la medida, avisando de que el Ejecutivo quedaba como un «guardia con porra».
También es de destacar que el Consejo de Ministros ha «abordado» un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las «reformas estructurales» en transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de «mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes». No se concretó ninguna medida, aunque quedó claro que no se tocarán los peajes.
Eso sí, la dirigente gallega empleó los mismos términos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, 24 horas antes, quiso dejar bien claro que esta polémica cuestión que la Comunidad de Madrid quiere aplicar cuanto antes «no está en la agenda del Consejo de Ministros». 

Madrid, 3 may (EFECOM).- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha recordado hoy al PSOE que tenía que haber presentado los planes de cuenca en 2009, después de que esta formación culpara al Gobierno de «marear la perdiz» por no aprobar estos planes y obstaculizar proyectos hídricos.

En declaraciones a EFE, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha precisado que los planes de cuenca debieron presentarse antes del final de 2009, «cuando gobernaba el PSOE, y que por esta razón somos el país más atrasado de Europa en la aplicación de la Directiva Marco del Agua», además de indicar que los tendrán preparados antes de que concluya el próximo año.

Ramos ha contestado así a unas declaraciones del portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados, Alejandro Alonso, y de la portavoz de la Comisión para el Cambio Climático de este partido, Cristina Narbona, en las que responsabilizaban al Gobierno por el retraso en la aprobación de los planes de cuenca.

Además, ha indicado que por la demora del último equipo de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «la Comisión Europea ha puesto de manifiesto que España incumple sus compromisos en materia de aguas».

Ramos, que ha denunciado que el improvisado plan de desaladoras impulsado por el PSOE ha tenido un coste de 2.000 millones de euros, ha comentado que el Ministerio «está impulsando la planificación de las demarcaciones hidrográficas, repasando el estado de situación de cada uno de sus planes hidrológicos y acelerando su aprobación».

Todo ello, ha indicado el secretario de Estado, «con el objetivo ineludible de tener revisados y terminados todos los planes de cuenca en el mínimo tiempo posible, a lo largo del próximo año».

En su opinión, la nueva estructura de gestión y decisión establecida entre el Ministerio y las Confederaciones Hidrográficas, «más coordinada, redundará en una aceleración y finalización de los planes de las demarcaciones hidrográficas».

Federico Ramos también ha desmentido, ante las acusaciones vertidas por Alejandro Alonso, que los gobiernos populares «hayan obstaculizado la puesta en marcha de proyectos hídricos como las desaladoras».

El secretario de Estado ha asegurado que estas infraestructuras -desaladoras- «no se dimensionaron de la forma adecuada, ni se planificaron correctamente», porque fueron «una improvisación del PSOE de más de 2.000 millones de euros con un recurso tan valioso como el agua», lo que «merece todas nuestras críticas».

Ramos ha criticado el plan de desaladoras desarrollado por el PSOE en el anterior Gobierno, por su «inversión descomunal y porque no se analizaba la mejor tecnología a aplicar».

En este sentido, ha comentado: «Nos hemos encontrado con una herencia envenenada en materia de desaladoras», dado que en algunos sitios carecen de suministro eléctrico suficiente para funcionar a pleno rendimiento o en otros ofertan agua a unos precios que el mercado no puede costear. EFECOM

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso culpó ayer al Gobierno de Mariano Rajoy de «marear la perdiz» al no agilizar la aprobación de los planes de cuenca y a las comunidades del PP de obstaculizar proyectos de desaladoras, lo que podría acarrear a España multas o que tenga que devolver fondos europeos.

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, instó al Gobierno central a que no «mire para otro lado» en la planificación hidrológica nacional y agilice la aprobación de los planes de demarcación.

Alonso aseguró que «es evidente» que el retraso en la aprobación de estos planes de cuenca puede acarrear multas de la UE.

La portavoz en la Comisión para el Cambio Climático del Congreso, Cristina Narbona, advirtió que muchas obras han tenido un proceso de ejecución mucho mayor de lo deseable «por la oposición» de administraciones gobernadas por el PP, lo que podría obligar a España a devolver fondos europeos.

Narbona citó la desaladora de Torrevieja y confió en que este año se lleve a cabo la parte final de esta desaladora o, de lo contrario, España se enfrentaría a la pérdida de fondos de la UE.

La portavoz de Medio Ambiente, Leire Pajín, afirmó que el proyecto de presupuestos no garantiza recursos suficientes que garanticen agua «allí donde no la hay», para lo que se necesita la desalación, la reutilización y la modernización de infraestructuras que defiende el PSOE.

El portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, José Cruz Pérez Lapazarán, respondió que le parece «sorprendente» que el PSOE hable de retraso en los planes de cuenca que «tenían que haber presentado a finales de 2009», y señaló que cuando el antiguo ejecutivo socialista dejó el Gobierno aún «quedaban muchos planes por presentar», por lo que este retraso «es imputable a ellos».

el Consejo también dará luz verde a las reformas de la Ley de Aguas y de la Ley de Residuos, dentro del Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente, que también tratará la protección de espacios naturales y, en concreto, el Parque Nacional de Tablas de Daimiel.

Agua y Medio Ambiente
En un documento reciente remitido por España a la Comisión Europea, el Ejecutivo explica que la reforma de la Ley de Aguas se realizará para «contribuir a una gestión más eficaz y coordinada», informa Europa Press.

Entre las medidas que contempla la reforma, se incluiría un plan para incentivar, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. Finalmente, propone reforzar la potestad sancionadora en materia de aguas.

La reforma normativa plantearía una gestión que preserve el «principio fundamental de unidad de gestión de cuenca» y permita «reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como contar con una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación».

En este sentido, las modificaciones propondrían la inclusión de figuras de proyección y mecanismos administrativos de actuación ante situaciones atmosféricas desfavorables, como las sequías que, en su opinión, «han de redundar en una mejora del estado tanto cuantitativo como químico de las aguas subterráneas y de los sistemas terrestres asociados».

Además, el documento asegura que se llevará a cabo una simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que, por su propia complejidad, resultan ineficaces e imponen demoras para los ciudadanos y dificultades para las Administraciones Públicas.

En cuanto a la Ley de Residuos, según distintas fuentes del sector, el Gobierno estaría planteando la supresión de algunas figuras que contempla la ley aprobada a finales de julio de 2011 como la que abría la puerta al Sistema de Depósito y Devolución de Residuos (SDDR), que funciona en otros países del norte de Europa y a la que se oponen otros sistemas integrados de gestión, como Ecoembes o Ecovidrio.

La consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Comunidad Valenciana, Maritina Hernández, ha asegurado que el Consell defenderá un plan hidrológico de la cuenca del Júcar que «cubra las demandas de agua y garantice las necesidades de los regantes» de la Comunitat Valenciana, según ha indicado en un comunicado.

   Maritina Hernández se ha referido a esta cuestión con motivo de la tradicional ‘suelta de aguas’ de la Acequia Real del Júcar, en el azud de Antella. Allí ha explicado que los planes de cuenca deben marcar las prioridades del nuevo plan hidrológico nacional y por ello ha insistido en que el documento que elabore la Confederación Hidrográfica del Júcar «debe reflejar la realidad de nuestro territorio, con unos regadíos modernizados y tecnificados que dan como resultado una agricultura competitiva y abierta al mercado, pero también con un déficit hídrico estructural».

   En este sentido, ha señalado que ya ha mantenido un encuentro con la nueva presidenta del organismo de cuenca, y ambos departamentos ya trabajan conjuntamente para que el documento final establezca el marco que permita el acceso a recursos suficientes a todos nuestros regantes.

   La consejera ha recordado que el ministro de Agricultura ha marcado los pasos para «reconstruir» una política nacional que garantice el agua en todos los territorios, y el primero es «analizar los caudales existentes y necesarios en cada demarcación». De ahí la trascendencia y el trabajo iniciado con la Confederación para elaborar un documento que responda a los intereses de todas las partes.

INICIO DE LA CAMPAÑA DE RIEGOS

   Por otra parte, Maritina Hernández ha reiterado el compromiso de la Generalitat de seguir colaborando con las comunidades de regantes en la implantación de sistemas de gestión del riego que permitan aprovechar al máximo los caudales disponibles. «Pese a la situación actual vamos a seguir concentrando recursos para finalizar los planes que hay en marcha y corresponder así al esfuerzo de los regantes», ha explicado.  

   La suelta de aguas de la Acequia Real del Júcar simboliza el inicio de la temporada de riegos para cerca de 35.000 agricultores y regantes. Este agua sirve para regar 21.000 hectáreas de frutales, sobre todo cítricos, pero también hortalizas y arroz de la comarcas de l’Horta, la Ribera Alta y la Ribera Baixa.

   El riego de estos campos se realiza a través de otros canales menores de distribución que parten de esta acequia, que es la principal del río Júcar, y de dispositivos de ahorro hídrico que han sido incorporados con inversiones de los propios agricultores que la consejería de Agricultura ha cofinanciado al 50 por ciento.

   En concreto, la inversión en la modernización del regadío de la Acequia Real del Júcar se eleva a 186 millones de euros desde el año 2001, y resulta de utilidad no sólo a los usuarios tradicionales del Júcar, sino a toda la cuenca puesto que permite disponer de caudales para otras zonas de la demarcación.

El PP quiere acabar de un vez por todas con la guerra política que mantiene con el PSOE en la política del agua y, para ello, propone restituir «el espíritu» del Plan Hidrológico Nacional del 2001, para garantizar agua en cantidad y calidad suficientes en la región.
Para los populares, las medidas incluidas en este acuerdo tenían en cuenta las necesidades presentes y futuras de los castellano-manchegos y aseguraban el crecimiento sostenible de la región, de un modo «ajeno y al continuo enfrentamiento estéril». «Reivindicaremos una verdadera política hidrológica nacional que resuelva los problemas estructurales del agua en este país, más allá de infraestructuras creadas como parches», afirman los ‘populares’.
Finalmente, señala que su propuesta hidrológica respetaba el principio de solidaridad interterritorial y recogía el fundamento de preferencia de la cuenca cedente , pero que no fue del agrado del anterior gobierno socialista porque «cerraba la posibilidad de seguir explotando políticamente el agua»

En materia de agricultura y medio ambiente, en una de las ponencias de su XXII Congreso regional el Partido Popular insta a la Unión Europea a incrementar la producción alimentaria y a mantener el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) en la futura reforma, al tiempo que apuesta decididamente en la región por una agricultura de regadío. Por ello, propone una reestructuración del olivar tradicional para potenciar la instalación de plantaciones intensivas, vinculada a las transformaciones en regadío por goteo, y plantea desarrollar algunos cultivos emergentes, como el del almendro o pistacho.
También se compromete a impulsar la creación de interprofesionales en el sector hortofrutícola, aumentar la dimensión de las cooperativas, mantener la financiación de los grupos de desarrollo rural, potenciar la vigilancia ambiental, impulsar la creación de una nueva Ley de caza y el uso de una licencia única para toda España, modificar la Ley de montes y apoyar la pesca.