el Consejo también dará luz verde a las reformas de la Ley de Aguas y de la Ley de Residuos, dentro del Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente, que también tratará la protección de espacios naturales y, en concreto, el Parque Nacional de Tablas de Daimiel.

Agua y Medio Ambiente
En un documento reciente remitido por España a la Comisión Europea, el Ejecutivo explica que la reforma de la Ley de Aguas se realizará para «contribuir a una gestión más eficaz y coordinada», informa Europa Press.

Entre las medidas que contempla la reforma, se incluiría un plan para incentivar, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. Finalmente, propone reforzar la potestad sancionadora en materia de aguas.

La reforma normativa plantearía una gestión que preserve el «principio fundamental de unidad de gestión de cuenca» y permita «reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como contar con una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación».

En este sentido, las modificaciones propondrían la inclusión de figuras de proyección y mecanismos administrativos de actuación ante situaciones atmosféricas desfavorables, como las sequías que, en su opinión, «han de redundar en una mejora del estado tanto cuantitativo como químico de las aguas subterráneas y de los sistemas terrestres asociados».

Además, el documento asegura que se llevará a cabo una simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que, por su propia complejidad, resultan ineficaces e imponen demoras para los ciudadanos y dificultades para las Administraciones Públicas.

En cuanto a la Ley de Residuos, según distintas fuentes del sector, el Gobierno estaría planteando la supresión de algunas figuras que contempla la ley aprobada a finales de julio de 2011 como la que abría la puerta al Sistema de Depósito y Devolución de Residuos (SDDR), que funciona en otros países del norte de Europa y a la que se oponen otros sistemas integrados de gestión, como Ecoembes o Ecovidrio.

La consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Comunidad Valenciana, Maritina Hernández, ha asegurado que el Consell defenderá un plan hidrológico de la cuenca del Júcar que «cubra las demandas de agua y garantice las necesidades de los regantes» de la Comunitat Valenciana, según ha indicado en un comunicado.

   Maritina Hernández se ha referido a esta cuestión con motivo de la tradicional ‘suelta de aguas’ de la Acequia Real del Júcar, en el azud de Antella. Allí ha explicado que los planes de cuenca deben marcar las prioridades del nuevo plan hidrológico nacional y por ello ha insistido en que el documento que elabore la Confederación Hidrográfica del Júcar «debe reflejar la realidad de nuestro territorio, con unos regadíos modernizados y tecnificados que dan como resultado una agricultura competitiva y abierta al mercado, pero también con un déficit hídrico estructural».

   En este sentido, ha señalado que ya ha mantenido un encuentro con la nueva presidenta del organismo de cuenca, y ambos departamentos ya trabajan conjuntamente para que el documento final establezca el marco que permita el acceso a recursos suficientes a todos nuestros regantes.

   La consejera ha recordado que el ministro de Agricultura ha marcado los pasos para «reconstruir» una política nacional que garantice el agua en todos los territorios, y el primero es «analizar los caudales existentes y necesarios en cada demarcación». De ahí la trascendencia y el trabajo iniciado con la Confederación para elaborar un documento que responda a los intereses de todas las partes.

INICIO DE LA CAMPAÑA DE RIEGOS

   Por otra parte, Maritina Hernández ha reiterado el compromiso de la Generalitat de seguir colaborando con las comunidades de regantes en la implantación de sistemas de gestión del riego que permitan aprovechar al máximo los caudales disponibles. «Pese a la situación actual vamos a seguir concentrando recursos para finalizar los planes que hay en marcha y corresponder así al esfuerzo de los regantes», ha explicado.  

   La suelta de aguas de la Acequia Real del Júcar simboliza el inicio de la temporada de riegos para cerca de 35.000 agricultores y regantes. Este agua sirve para regar 21.000 hectáreas de frutales, sobre todo cítricos, pero también hortalizas y arroz de la comarcas de l’Horta, la Ribera Alta y la Ribera Baixa.

   El riego de estos campos se realiza a través de otros canales menores de distribución que parten de esta acequia, que es la principal del río Júcar, y de dispositivos de ahorro hídrico que han sido incorporados con inversiones de los propios agricultores que la consejería de Agricultura ha cofinanciado al 50 por ciento.

   En concreto, la inversión en la modernización del regadío de la Acequia Real del Júcar se eleva a 186 millones de euros desde el año 2001, y resulta de utilidad no sólo a los usuarios tradicionales del Júcar, sino a toda la cuenca puesto que permite disponer de caudales para otras zonas de la demarcación.

El PP quiere acabar de un vez por todas con la guerra política que mantiene con el PSOE en la política del agua y, para ello, propone restituir «el espíritu» del Plan Hidrológico Nacional del 2001, para garantizar agua en cantidad y calidad suficientes en la región.
Para los populares, las medidas incluidas en este acuerdo tenían en cuenta las necesidades presentes y futuras de los castellano-manchegos y aseguraban el crecimiento sostenible de la región, de un modo «ajeno y al continuo enfrentamiento estéril». «Reivindicaremos una verdadera política hidrológica nacional que resuelva los problemas estructurales del agua en este país, más allá de infraestructuras creadas como parches», afirman los ‘populares’.
Finalmente, señala que su propuesta hidrológica respetaba el principio de solidaridad interterritorial y recogía el fundamento de preferencia de la cuenca cedente , pero que no fue del agrado del anterior gobierno socialista porque «cerraba la posibilidad de seguir explotando políticamente el agua»

En materia de agricultura y medio ambiente, en una de las ponencias de su XXII Congreso regional el Partido Popular insta a la Unión Europea a incrementar la producción alimentaria y a mantener el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) en la futura reforma, al tiempo que apuesta decididamente en la región por una agricultura de regadío. Por ello, propone una reestructuración del olivar tradicional para potenciar la instalación de plantaciones intensivas, vinculada a las transformaciones en regadío por goteo, y plantea desarrollar algunos cultivos emergentes, como el del almendro o pistacho.
También se compromete a impulsar la creación de interprofesionales en el sector hortofrutícola, aumentar la dimensión de las cooperativas, mantener la financiación de los grupos de desarrollo rural, potenciar la vigilancia ambiental, impulsar la creación de una nueva Ley de caza y el uso de una licencia única para toda España, modificar la Ley de montes y apoyar la pesca.

Para salir de la crisis el Gobierno mira al campo. También en las plantaciones de Castilla-La Mancha y en sus explotaciones ganaderas tienen los ojos puestos algunas de las empresas líderes del sector agroalimentario del país. La idea es que por toda la región se siembren proyectos como el de Senoble en Talavera. Esta empresa no sólo va a abrir una nueva planta en la ciudad de la cerámica para seguir haciendo yogures, sino que también se nutrirá de la producción láctea de las ganaderías bovinas de la zona. La idea es que se multipliquen los proyectos que se basan en esta relación a dos bandas entre la empresa y el agricultor o ganadero. Con este objetivo, Cospedal se reunió ayer con el Foro Interalimentario, una asociación que reúne a empresas agroalimentarias que suponen el 25% de producción de España.
El director general de Foro Interalimentario, José Ignacio Arranz, resaltó que una comunidad como Castilla-La Mancha «tiene un potencial agrícola y ganadero de toda la vida», pero que quizá hay que reorientar hacia una nueva filosofía. «Castilla-La Mancha es un asiento importantísimo para poder dar lugar a una promoción y un desarrollo de toda la actividad agrícola y ganadera, que ahora mismo puede estar contenida, pero que tiene un modelo de negocio por donde puede progresar», aseguró
Arranz explicó que su modelo beneficia a todos los eslabones de la cadena. Empezó por el primero, el del sector primario de agricultores y ganaderos, a los que garantizaría «relaciones estables, a largo plazo y absolutamente transparentes». Luego se beneficiarían las industrias porque podrían conseguir cerca los productos agrarios. «Entonces la materia prima recorrerá menor distancia, podremos ser más eficiente y optimizar transporte», añadió. Por último, el consumidor también saldría ganando porque tendría un producto de «seguridad innegociable, calidad excelente y al precio más bajo posible».

El Gobierno les allana el camino.

Por parte del Gobierno regional quedó claro que quieren que se afiancen algunas empresas que ya están en Castilla-La Mancha, como Sada o Incarlopsa, y que son las principales de su ámbito en España. También quieren anunciar nuevos proyectos como el de Senoble en Talavera. Para conseguirlo, el portavoz del Gobierno aseguró ayer que no dudarán en hacer lo necesario para «allanar el camino».
Leandro Esteban explicó que el Ejecutivo va a elaborar un documento estratégico para que estas empresas conozcan las ventajas de venir a Castilla-La Mancha. Entre los puntos a favor, destacó que se pondrán en valor las infraestructuras para la instalación de nuevas compañías. También se mostró dispuesto a abordar las «reformas legislativas o jurídicas que sean necesarias».
Y es que si alguna empresa se anima a venir a Castilla-La Mancha por todos estos puntos a favor, el Gobierno regional se anotaría un ‘puntazo’. Tal y como reiteró Leandro Esteban, proyectos de este tipo traen riqueza y generan empleo. No sólo dan trabajo de manera directa, sino que también proporcionan ingresos a agricultores y ganaderos, lo que permite afianzar la población de zonas rurales de Castilla-La Mancha.
Si el anterior Gobierno socialista hizo de las energías renovables o de la aeronáutica sus banderas estratégicas para la región, el Ejecutivo de Cospedal está convencido de que Castilla-La Mancha puede ser un motor agroalimentario, que es un sector que da mucho margen para la innovación y la investigación.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que se analizarán «todas las alternativas para que haya agua en todos los territorios» y ha abogado por «establecer un gran pacto nacional sobre el agua», del que se derivará un Plan Hidrológico Nacional.

En rueda de prensa, tras presidir la comisión de seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, el ministro no ha descartado el trasvase del Ebro y ha precisado que no estaba en condiciones de dar a conocer ninguna propuesta concreta «hasta conocer los datos de los ríos españoles», una vez que se hayan elaborado los planes de demarcación de las cuencas hidrográficas españolas.

«Lo otro serían ejercicios teóricos políticos», ha observado, para comentar que «si no hay agua, no se pueden hacer cosas, y si hay agua, se puede hablar», reconocer que «la sequía más intensa en España la está padeciendo Aragón, no el Levante«, señalar que la planificación hidrológica «tiene que tener el máximo consenso para ser viable» y opinar que hay que hacer pedagogía porque «cuando las cosas se explican y son razonables se puede llegar a acuerdos».

«El Gobierno tratará de buscar un equilibrio» y «vamos a hacer un ejercicio técnico de responsabilidad de la mejor gestión del agua», además de buscar el «consenso político», mientras que ahora «sería un apriorismo por mi parte decir que vamos a hacer una cosa u otra», igual que por «un apriorismo político» hay quien dice «trasvase no, desaladoras sí».

Arias Cañete ha sostenido que «vamos a analizar los caudales disponibles, los caudales ecológicos necesarios, no sólo en Aragón», que «ha hecho un ejercicio de cuantificación muy claro del agua que necesita», igual que Cataluña y otras Comunidades autónomas, y «tenemos que respetar todos».

En este sentido, ha afirmado que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de Pedro, «que tiene una enorme sensibilidad aragonesa, estoy seguro que hará un buen ejercicio en la definición del plan de demarcación de la cuenca del Ebro».

También ha argumentado que «tenemos que impedir que en una situación de sequía como la que estamos atravesando en este momento, los embalses de Aragón estén el 60,8 por ciento de su volumen total, cuando la media de los últimos años era del 75,6 por ciento» por lo que «necesitamos más capacidad de almacenamiento».

A su entender, «no solo los trasvases son un problema, el problema en estos momentos es la falta de infraestructuras de almacenamiento, de regadío, de distribución y abastecimiento de agua y de saneamiento en poblaciones» por lo que «hay muchos temas que tienen prioridad».

PLANES DE DEMARCACIÓN EN 2013

El ministro de Agricultura ha recordado que España tenía que haber concluido los planes de demarcación de las cuencas intracomunitarias e intercomunitarias en 2009 y «llevamos un enorme retraso porque no hay ninguna cuenca de las intercomunitarias que haya concluido su plan de demarcación».

Por eso, ha precisado, la Unión Europea «nos ha denunciado ante el Tribunal de Justicia y están abiertos expedientes sancionatorios contra España por incumplimiento», de forma que es «prioridad del Gobierno concluir los planes de demarcación antes 31 de diciembre 2013».

En el caso de la Cuenca Hidrográfica del Ebro, ha dicho que «ya estamos en la fase de información pública y esperemos que en 2013» esté aprobado.

Cuando todas las demarcaciones cuenten con su plan, y con lo que resulte de los mismos, su objetivo es «establecer un gran pacto nacional sobre el agua» y de él derivar un Plan Hidrológico Nacional para «tener una política que pueda ser desarrollada por los sucesivos gobiernos al margen del color político de los mismos», buscando la «máxima racionalidad en el empleo del agua» y los «equilibrios entre territorios».

El secretario provincial del PSOE en Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha anunciado que presentará una denuncia conjuntamente con la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debido a los “incumplimientos del caudal ecológico tanto del Tajo como del Alberche así como de la calidad de las aguas y los plazos de los planes de cuenca”.

   En rueda de prensa, ha señalado que van a ir a Bruselas a presentar esta denuncia en “mano” previsiblemente en junio ante “la situación generalizada que se está produciendo y ante la falta de pronunciamientos claros, concisos y contundentes del PP”.

   En ese sentido, ha recalcado que hay “muy poca complicidad” con la región del PP y de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en este asunto, y por ello ha puesto en valor la necesidad de estar mucho más “unidos” como hacen en otras regiones como Aragón, Valencia y Murcia.

   De igual manera, ha mostrado su postura en contra de la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, al igual que lo han hecho los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, (CHT) “porque es completamente inviable”.

DEFENDER LOS INTERESES DE LA PROVINCIA

   Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo  y Alberche de Talavera de la Reina, Miguel Ángel Sánchez, ha señalado que recurrir a Bruselas “es la opción que hemos acordado adoptar, para defender los intereses del agua de toda la provincia de Toledo”.

   En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha incidido en la necesidad de elevar a Bruselas la situación de los dos ríos y la nula definición que se está haciendo tanto de los caudales, como del plan de cuenca.

   La plataforma, ha dicho su portavoz, va a continuar “presionando” para intentar “desbloquear” la situación y por ello recurrirá ante la Unión Europea, de la mano del PSOE y junto a IU, para trasladar estas consideraciones a través del eurodiputado  Willy Meyer.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, eligió ayer Aragón como escenario de su primer gran acto en torno el agua. Pese a no descartar ninguna opción para resolver el déficit hídrico de las regiones deficitarias, volvió a mostrarse tibio con los trasvases y regresó a Madrid sin fechas ni plazos para la construcción de infraestructuras básicas a excepción de las del denominado Pacto del Agua en Aragón.
En rueda de prensa, tras presidir la comisión de seguimiento de las obras del Pacto del Agua, Arias Cañete recalcó que «hay dos nortes muy claros» para el Ejecutivo nacional, «respetar a rajatabla la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos para Aragón», recogida en el Estatuto de Autonomía, y «hacer las obras en función de los acuerdos que se hagan en Aragón».
En relación a los trasvases El ministro Miguel Arias Cañete, aseguró que se analizarán «todas las alternativas para que haya agua en todos los territorios» y ha abogado por «establecer un gran pacto nacional sobre el agua», del que se derivará un Plan Hidrológico Nacional.
El ministro no descartó el trasvase del Ebro aunque precisó que no estaba en condiciones de dar a conocer ninguna propuesta concreta «hasta conocer los datos de los ríos españoles», una vez que se hayan elaborado los planes de demarcación de las cuencas hidrográficas españolas.
«Lo otro serían ejercicios teóricos políticos», añadió.
«El Gobierno tratará de buscar un equilibrio» y «vamos a hacer un ejercicio técnico de responsabilidad de la mejor gestión del agua», además de buscar el «consenso político» mientras que ahora «sería un apriorismo por mi parte decir que vamos a hacer una cosa u otra», igual que por «un apriorismo político» hay quien dice «trasvase no, desalinizadoras sí».

La consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades, María Luisa Soriano, destacó ayer la importancia del abono en la última semana de más de 47 millones de euros de ayudas europeas al sector agrícola y ganadero. Concretamente, se ha realizado el pago de 13,5 millones de euros del Pago Único, otros 11,4 millones de ayudas a las vacas nodrizas y, por último, se ha abonado el tercer pago de la medida de la reestructuración y transformación del viñedo de más de 22 millones de euros.
«Pretendemos con este pago, como novedad en esta campaña, hacer pagos de expedientes por encima de cuatro puntos, lo que ha sido posible gracias a los 30 millones de euros de más que nos concedió el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de unos remanentes de otras medidas», subrayó.
Soriano aseguró que desde la Consejería de Agricultura «hemos presentado al ministro nuestras inquietudes con respecto a la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), sobre todo lo que respecta a la ficha financiera, así como la preocupación de que el borrador de la reforma no atiende al modelo de agricultura que tenemos en España, ni en la región, porque nosotros queremos y creemos en un modelo de agricultura, rentable y competitivo».
No obstante, mostró su confianza en el Ministerio. «A Miguel Arias Cañete le faltó tiempo para defender en Europa los intereses del campo español. Nuestra confianza es que va a haber un consenso con las comunidades autónomas y con otros países que pueden tener los mismos intereses que el campo español, buscando las alianzas necesarias para defender de manera común los mismos objetivos».

(PSCM-PSOE) El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido en rueda de prensa “el mismo trato para el Tajo que para el Ebro”.

Se refería Guijarro al Plan de Cuenca de ese río que señala que el Gobierno de España establece unos caudales ecológicos y una reserva estratégica para las comunidades autónomas de Aragón y La Rioja que hacen imposible cualquier hipotético trasvase hacia el Levante.

El portavoz socialista apuntaba, por tanto, que en el futuro Plan de Cuenca del Tajo, que se encuentra aún en fase de elaboración, Rajoy y Cospedal deben contemplar “caudales ecológicos y una reserva estratégica para Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Y si la suma de ambas cuestiones obliga a replantearse el futuro del trasvase Tajo-Segura, que se replantee”.

En este asunto, Guijarro pedía a Cospedal que ejerciera de Presidenta y defendiera los intereses de la región. “De lo contrario, nadie entenderá que el futuro Plan Hidrológico Nacional del que habla el PP se haga a costa del Tajo y contra los intereses de nuestra tierra”.