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Un decreto de medidas urgentes modificará cuatro grandes leyes ambientales

Mar, 10/04/2012

EFE

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado la inmediata aprobación de un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que modificará cuatro de las leyes más relevantes en la materia, como las de agua o residuos.

En su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, Arias Cañete ha avanzado que algunas de las medidas urgentes de este Real Decreto afectarán a la Ley de Aguas; y que su objetivo será «reforzar las competencias del estado en esta materia» y mejorar la coordinación entre la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas.

En cuanto a las medidas concretas para la reforma de esa ley que contendrá el decreto, el ministro ha citado que se cambiará el sistema para el nombramiento de presidentes de las Confederaciones, que se modificará el importe de sanciones por infracciones a la Ley de Aguas, y los criterios para la valoración de daños.

Habrá también «revisión» del Plan Especial del Alto Guadiana con «nuevas fórmulas para la cesión de derechos -de agua- entre particulares, dada la situación de sequía».

Esta compra/venta de derechos de agua por parte de los agricultores tiene la finalidad de que se reduzcan las extracciones del gran acuífero del Alto Guadiana, donde se encuentran el Parque Nacional de Tablas de Daimiel o el humedal de Los Ojos del Guadiana, que han sufrido graves problemas por la sobreexplotación del acuífero.

El Real Decreto, que previsiblemente apruebe el Consejo de Ministros este viernes dada la inmediatez con la que lo ha planteado el ministro, también contendrá reformas de la Ley de Calidad y Evaluación Ambiental, «para mejorar los procedimientos, tanto en lo relativo a la calidad de las resoluciones adoptadas, como en la reducción de plazos para resolver».

Asimismo, Arias Cañete ha indicado que ya se han iniciado los contactos con las Comunidades Autónomas, responsables de la tramitación ambiental de sus propios planes, programas y proyectos, «para coordinar criterios y procedimientos».

La tercera ley afectada por las medidas urgentes será la de Patrimonio Natural, el ministro ha hablado de desarrollar el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a través de planes sectoriales.

«El desarrollo de estos planes se iniciará con el del Sector del Turismo, cuya finalización está prevista para 2013, y tendrá como objetivo la integración de la conservación de la biodiversidad y el desarrollo del turismo», ha añadido.

Además, ha dicho que se ha constituido un grupo de trabajo en el ministerio para la modificación de la normativa de especies invasoras para «acabar con las distorsiones y la inseguridad jurídica que la aplicación de esta norma estaba generando a los usuarios del medio natural»; y que ese cambio hará que la pesca y la caza sean introducidos como mecanismos de gestión.

Ha apuntado también que se revisarán las diferentes figuras de protección para que cuando en un espacio natural confluyan varias, se armonicen a través de un plan de gestión único.

Finalmente, la cuarta ley a la que afectará el Real Decreto es la Ley de Residuos sobre la que ha subrayado que hay que mejorarla para «simplificar y reducir las cargas administrativas a los operadores», y que «su redacción ocasionaba ambigüedad e inseguridad».

En relación a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) ha avanzado que «se modificará la ley para delimitar con mayor precisión su ámbito de actuación».

En esa línea ha dicho que el mes que viene se constituirá una Comisión Nacional de Residuos, en la que estarán todas las administraciones competentes, y que tendrá como fin abordar una mejora en la gestión de los residuos en España.

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PP: El PSOE no está autorizado para dar lecciones de agua

La portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, ha señalado este lunes que los socialistas de la Comunidad Autónoma son los «menos autorizados» para dar lecciones en materia de agua cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha, está trabajando para «dinamizar la economía de la región y podamos salir de la crisis».

   Riolobos se ha referido así, en rueda de prensa, a la Comisión Ejecutiva que el PSOE celebrará este lunes en Guadalajara, donde tiene previsto aprobar un documento de trabajo para llegar a un gran acuerdo por el agua.

   «El PSOE no nos va a dar lecciones en materia de agua porque el Plan Hidrológico Nacional, (PHN), que fue el mayor pacto sobre el agua que se hizo en este país con el 80 por ciento de avales de colectivos y asociaciones, los socialistas lo destrozaron, dejándonos un problema que el PP resolverá pero no con las lecciones que el PSOE nos dé», ha concluido.

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El Pacto Hidrológico Nacional podría llegar a finales de 2013 o principios de 2014

  El Pacto Hidrológico Nacional podría llegar a finales de 2013 o principios de 2014, pero no antes de conocer la disponibilidad y necesidades sobre este recurso, según ha señalado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

   Hasta la fecha, en los primeros cien días de Gobierno, ha defendido que ya existe una hoja de ruta en política de agua y ha agradecido a Cataluña el esfuerzo que ha realizado para ordenar sus aguas, ya que es la única demarcación que ha concluido sus planes de cuenca.

   Durante su primera intervención en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, el ministro ha reprochado al Gobierno anterior, tanto la situación económica heredada como el hecho de que en política de agua «ahora» le toca hacer en dos años lo que el Ejecutivo anterior no ha hecho en ocho años. «Ha hecho grandes discursos pero no hemos hecho nada de lo que hemos dicho. He dedicado los primeros días a ir a Europa a decir que voy a intentar e dos años hacer lo que no se ha hecho en años», ha insistido.

   Arias ha reclamado esfuerzos para recuperar la «credibilidad» y el «prestigio» de España en materia de agua y costas, cumplir con las desaladoras y la depuración y cumplir con Kioto, no desde la compra de derechos sino desde la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

LEY DE COSTAS

   El proyecto de reforma de la Ley de Costas llegará a la Cámara Baja para iniciar su tramitación «antes del verano», en junio, para que haya tiempo a estudiarlo, hacer comentarios y alegaciones, al tiempo que en materia de calidad del aire no será «tan pronto, pero sí a partir de octubre», según ha señalado el ministro.

   Ha definido sus líneas de actuación al frente de este departamento y se ha centrado en la importancia de que España cumpla con sus compromisos internacionales a nivel nacional e internacional, algo que considera su «obsesión» medioambiental.

   En materia de costas, ha prometido que en la reforma de la Ley no va a favorecer «ninguna especulación urbanística, ni hoteles, ni ‘Algarrobicos’, aunque, en todo caso, ha añadido que en los deslindes hay que ser «inteligentes y pragmáticos» y ha prometido que no se van a tocar las zonas de servidumbre (100 metros), sino que la norma procurará la seguridad jurídica y que no se favorezca la especulación.

   Asimismo, ha expuesto que, a su juicio, «no es normal que aquí nadie tenga valor» para firmar cosas, como en el caso de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de refinería y oleoducto Balboa, porque la gente «no puede esperar cinco años una decisión» y ha exigido que no se mezcle la política con las declaraciones de impacto ambiental.

   Igualmente, ha anunciado una ley reguladora de Parques Nacionales para que el Gobierno pueda coordinar la gestión de estos enclaves ya que «cuando hay problemas» se recurre al Gobierno.

   El titular de Medio Ambiente ha vaticinado que este va a ser un año de «muchos proyectos de leyes» hechos «con inteligencia» para que se apliquen cuando vuelva el crecimiento y ha defendido su seriedad, porque va a todos los consejos de ministros de la UE. «Es más duro estar en Bruselas dos días con cara de perro defendiendo la PAC que una semana en Nairobi en el PNUMA», ha apostillado y ha subrayado que con el secretario de Estado de Medio Ambiente, España está representada «al máximo nivel».

   En lo que va de legislatura, ha recordado que ha visto «a todo el mundo» y que mantiene una hoja de ruta con las ONG ambientales con las que se reúne cada 45 días.

FINANCIACIÓN DE DESALADORAS

   Respecto a agua, ha expuesto que lo primero es delimitar las demarcaciones hidrográficas, ver si falta o sobra agua y ha añadido que ya hay un mapa trazado en política de agua. En este ámbito ha agregado que ha conseguido, a través del Banco Europeo de Inversiones, los 600 millones de euros para acometer las obras para concluir el plan de desaladoras. En cuanto al Pacto Nacional del Agua, ha dicho que no puede aprobarse en tanto en cuanto estén cerradas las demarcaciones y ha vaticinado que no será antes de finales de 2013 o principios de 2014.

   Sobre el cumplimiento del Protocolo de Kioto y los compromisos de reducción de emisiones ha insistido en que la posición del Gobierno es «no asumir objetivos incumplibles, lo cual no quiere decir no ser ambiciosos» y ha expuesto las cifras económicas del coste de comprar derechos de emisión para cumplir estos objetivos, algo que no cifra en menos de 400 millones de euros. «Mi obsesión es que nosotros cumplamos los compromisos internacionales que asumamos», ha reiterado.

   Por otro lado, ha anunciado que tanto él como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirán a la cumbre Río+20 que se celebrará el próximo mes de junio en Brasil y ha valorado que esa cita es una «oportunidad única para reforzar el multilateralismo y el uso eficiente de los recursos disponibles».

   Arias Cañete ha reflexionado también sobre los incendios forestales y ha incidido en que es la «única partida» que no se reduce porque el Gobierno es «consciente» del apoyo que debe ofrecer a las comunidades autónomas en esta materia.

   En todo caso, ha reprochado que «no están siendo fortuitos, sino provocados» y ha propuesto modificar el sistema judicial para estos casos, en los que en la actualidad los delitos de incendios son juzgados por un jurado popular que habita cerca de la zona donde vive el pirómano.  

   Tras concluir su comparecencia ha señalado a los periodistas sobre la DÍA de la refinería Balboa que él no la ha firmado ni tiene nada que ver ya que ha sido firmado por la directora general competente tras ser elaborada por los técnicos del ministerio.

   Finalmente, se ha referido a la sequía y, tras las lluvias de la Semana Santa y las que se prevén para los próximos días, ha asegurado que el Ministerio sigue «vigilante» con la sequía, atento a al cantidad de agua embalsada y observando la cantidad de riego que será necesario para el verano. «Seguiremos muy vigilantes de la evolución, sobre todo del sector ganadero», ha concluido.

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El PSOE vuelve a proponer una reserva de 4.000 hectómetros para un pacto del agua

El PSOE ha renovado su dirección regional, pero mantiene algunas cuestiones intactas. Es el caso de la posición que defienden en la ‘batalla’ del agua. Emiliano García-Page volvió ayer a abanderar la cifra de los 4.000 hectómetros de reserva para toda la región como base para alcanzar un pacto de agua con el Gobierno. La cifra la puso su antecesor en el partido, José María Barreda en las últimas fases de la negociación del Estatuto de Castilla-La Mancha, que se retiró del Congreso de los Diputados en el 2010.
Minutos antes de la reunión de la dirección regional socialista en Guadalajara, García-Page anunció que el PSOE de Castilla-La Mancha va a proponer un decálogo al Gobierno regional como base para llegar a un gran acuerdo regional sobre agua. El pacto sería clave en la situación actual, donde se están negociando las necesidades de hectómetros de los planes de cuenca y con un futuro Plan Hidrológico Nacional en el horizonte.
García-Page resumió el decálogo en la necesidad «técnica, que no política», de que la región cuente con una reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos en todas sus cuencas. «Si Cospedal está con Castilla-La Mancha y no con Valcárcel, debe aceptar esa reserva estratégica y habrá acuerdo», señaló.
El líder socialista planteó que hay otras comunidades en las que se han alcanzado acuerdos en materia de agua, como Murcia, Valencia y Aragón, las que podrían ser las ‘rivales’ de Castilla-La Mancha. «Puedo entender que haya gente que defienda que el Plan Hidrológico Nacional debe basarse en trasvases. Ahora, lo que no acepto es que se pueda decir que no puede haber trasvase desde el Ebro y que sí puede haber trasvase desde el Tajo», apuntó. Page aprovechó y visitó la cabecera del río en Sacedón.

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El PSOE aprueba hoy una resolución para llegar a un «gran acuerdo» por el agua en la región

La Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha aprobará hoy en Guadalajara una resolución en materia hídrica en la que se plasmará la importancia del agua para la economía, la industria y agricultura de la región donde quede incluida la reserva estratégica de agua que necesita la comunidad para garantizar las necesidades presentes y futuras de la agricultura, industria y economía, así como para mantener el caudal ecológico de los ríos y preservar los acuíferos.
El secretario de Organización, Jesús Fernández Vaquero, señaló que la resolución se trata de un documento base para alcanzar un acuerdo regional por el agua en las Cortes y en el seno del Consejo Regional del Agua con vistas a la previsible negociación del futuro Plan Hidrológico Nacional, informó el partido en nota de prensa. Afirmó, además, que el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, propondrá un acuerdo por el agua en Castilla-La Mancha para defender sus derechos y necesidades de forma conjunta como lo hacen ya en Aragón, Murcia o en la Comunidad Valenciana.

OTROS ACUERDOS. Además del agua, el ofrecimiento de García-Page al Gobierno de Cospedal incluye, entre otros, un gran acuerdo por el empleo y el crecimiento; otro por la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos; y uno más por la financiación de los ayuntamientos.

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Los agricultores recibirán 100 millones en devoluciones del impuesto del gasóleo

Unos 200.000 agricultores y ganaderos pueden solicitar desde este mes de abril y durante todo el ejercicio de 2012 la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) sobre el gasóleo C consumido en 2011 -unos 100 millones de euros, según cálculos del sector- para lo que deberán presentar factura. El importe de las cuotas que se devolverán será aproximadamente de 78,71 euros por cada 1.000 litros, según han recordado desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), una cuantía que permitirá a los productores paliar en parte el alto coste del carburante, cuyo precio se ha incrementado en casi un 40% durante el último año.

Su presidente, Pedro Barato, ha detallado a Efeagro que es necesaria agilidad en estos pagos, lo mismo que para las compensaciones de los seguros agrarios y para el adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), con el objeto de facilitar el acceso a liquidez de los agricultores y ganaderos en un momento de especial dificultad para el campo.

La orden EHA/996/2010 de 21 de abril establece el procedimiento para esta devolución parcial de las cuotas del IEH, una medida que fue diseñada en 2007 para compensar el alza de costes de producción en el sector agrario por la subida del petróleo, y que los agricultores y ganaderos pueden presentar de forma telemática a través de sus organizaciones agrarias.

En 2011, el precio del carburante se situó en un precio medio de unos 0,94 euros por litro, mientras que en 2012 se ha roto la barrera del euro, según han recordado desde Cooperativas Agro-alimentarias.

Los agricultores valoran esta devolución, aunque sus demandas van más allá, al exigir un gasóleo profesional con IVA superreducido y la eliminación del IEH.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha explicado a Efeagro que estas transferencias fueron pactadas en 2007 con el Gobierno para compensar a los agricultores por el «desmesurado» precio del gasóleo, por lo que pide al Ejecutivo que no intente atribuir estos fondos a las medidas de apoyo acordadas en la Mesa de la Sequía, que cuantifica en tan solo 10 millones de euros.

Blanco ha valorado la devolución, pero recuerda que el sector pide también contar con una tarjeta profesional para «automatizar» la devolución del IEH desde el momento en el que se produce el consumo y no un año después, así como una reducción del IVA.

Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha apuntado a Efeagro que la devolución del impuesto se acordó cuando el precio del litro de gasóleo C cotizaba a 60 céntimos, mientras que actualmente se ha disparado a 1,05 y 1,10 euros, por lo que han planteado al Gobierno que adopte nuevas medidas.

«Después de Semana Santa nos reuniremos con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para ver qué se puede hacer, porque este y otros costes de producción han subido de forma tremenda», ha incidido Ramos, quien ha precisado la imposibilidad de repercutir estas alzas en los productos finales.

«Los ganaderos, por ejemplo, han visto subir en 5 de las antiguas pesetas el coste del pienso, mientras que el valor que reciben por la leche de vaca ha caído en 3 pesetas», ha asegurado Ramos, que califica de «insoportable» la situación, aunque valora que la devolución del IEH contribuirá a dotar al sector de algo más de liquidez.

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El paro agrario sube un 3%

El paro en agricultura se ha incrementado en 4.882 personas en marzo en comparación con el mes anterior, el 2,99 % más, y, aunque desde que comenzó el año el desempleo agrario no ha parado de subir, se trata de un aumento menor frente a enero (+4,3 %) y febrero (7,37 %).

Sin embargo, según los datos de los Servicios Públicos de Empleo del conjunto de las comunidades autónomas, en los últimos doce meses el sector primario ha registrado un espectacular incremento en el número de parados, con el 17,37 % más, hasta 168.344 desempleados, 24.913 personas más frente a marzo de 2011.

En total el paro registrado en España se ha situado en 4.750.867 personas, el 0,86 % más frente a febrero y el 9,63 % más en comparación con marzo del año anterior.

Por otro lado, casi un 30 % de los parados en agricultura han sido extranjeros (49.289, de ellos, 14.707 de origen comunitario y 34.582 extracomunitarios), colectivo en el que el paro ha subido el 3,14 % mensual y el 9,11 % en tasa interanual.

Por comunidades autónomas, Andalucía registra el mayor número de parados en el sector primario con 56.739 personas (2.242 más), seguida por Castilla-La Mancha, con 19.239 (730 más) y por la Comunidad Valenciana, con 18.231 (992 más).

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Lee más sobre el artículo Entrevista a Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente
Playa de Berbes, en el concejo de Ribadesella, situada entre las localidades de Berbes y Vega. Esta playa ha sido declarada Monumento Natural e incluida en la Red de Espacios Protegidos por su gran interés botánico.

Entrevista a Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente

Madrid, 1 abril (EFE).- Con amplias competencias que en otras legislaturas fueron propias de un ministro, Federico Ramos, el nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente del ‘macro’ ministerio de Arias Cañete, confiesa que su reto es «conseguir que el medio ambiente no se perciba como antagónico ni del crecimiento económico ni de la generación de empleo».
En una entrevista con EFEverde, el secretario de Estado repasa los que serán los ejes de su gestión; y critica la «complicada herencia» recibida del Gobierno socialista, especialmente en cuestiones de agua.
Ramos, nacido en Madrid en 1973, es abogado del estado y antes de entrar en política ejerció su profesión, entre otros sitios en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Antes de ser nombrado secretario de Estado, desempeñaba el cargo de Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. EFE/Pilar González

LEY DE COSTAS
Pregunta (P): Si más del 95% de la costa está deslindada, ¿A qué se refieren cuando hablan de reformar la Ley de Costas para dar seguridad jurídica?
Respuesta (R): La Ley de Costas de 1988 es una ley perfeccionable y mejorable en muchos ámbitos. Tras años de aplicación nos damos cuenta de que tiene muchas ineficacias, y genera dificultades de interpretación o aplicación práctica. En este Ministerio hay 25.000 expedientes por resolver en materia de costas. Y una ley que genera tal cantidad de expedientes es porque en algún punto no está siendo suficientemente eficaz o clara.
P: ¿En qué sentido irá su reforma?
R: La costa es importante por su valor medioambiental, pero debe contemplarse la actividad humana. Y esa actividad necesita un marco de seguridad jurídica. En materia de deslindes hemos visto que no se ha sido homogéneo en la aplicación de los criterios en las distintas provincias. Esto merece una revisión. Tampoco se ha sido uniforme en la gestión de las concesiones, ni en la autorización de usos que pueden ser más o menos compatibles. Después de años de vigencia de la actual ley hay nuevos usos o nuevas demandas sociales relativas al litoral que merecen ser reguladas.

P: ¿Qué nuevos usos quieren regular en su Ley de Costas?
R: Nuevos usos de ocio, de aprovechamientos energéticos de tipo experimental, cultivos marinos, demanda de puesta al día de infraestructuras turísticas a la que no estamos siendo capaces de dar respuesta; o infraestructuras que se han construido hace muchas décadas y que reclaman una puesta al día. Para dar una respuesta a todas esas cuestiones tenemos que diseñar un procedimiento que sea eficaz; para que no tardemos tres ni cuatro años en responder a las propuestas.

P: ¿Qué nuevos tipos de ocio quieren regular en la ley?
R: En el año 88 -cuando se aprobó la Ley de Costas- había una determinada demanda sobre las playas, y ahora mismo hay más demandas u otro tipo de demandas. Habrá que valorar si merece la pena avanzar en ese sentido, o si hay que dar un nuevo marco.

Playa de Berbes, en el concejo de Ribadesella, situada entre las localidades de Berbes y Vega. Esta playa ha sido declarada Monumento Natural e incluida en la Red de Espacios Protegidos por su gran interés botánico.

EFE/Sol Valero de Bernabé

P: ¿Se plantean urbanizar zonas que aún no han sido urbanizadas?
R: En principio no. La primera prioridad de la nueva Ley de Costas será la protección del litoral. A pesar de lo que se ha dicho, nuestro objetivo no es enladrillar la costa. Ahora, sin eso, hay mucho margen de mejora.

P: ¿Ampliarán las concesiones del dominio público costero más allá de 2018?
R: Habrá que dar una solución a esas concesiones más allá de 2018 por supuesto. Las concesiones son una tradición en muchas zonas del litoral a las que hay que dar una respuesta. Esa respuesta debe hacer compatible la conservación del litoral, y la conservación de los puestos de trabajo que a menudo generan estas concesiones. Nuestro deber es buscar la forma de que continúen o se adapten, y a la vez se conserve el entorno y no se degrade.

DESALADORAS
P: El PSOE sostiene que las desaladoras que no se han puesto en marcha es por culpa de las trabas que han puesto Ayuntamientos y Comunidades Autónomas del PP.
R: Eso es incierto. La apuesta por las desaladoras vista con el tiempo fue una apuesta no suficientemente meditada, con un objetivo muy a corto plazo, caras y no bien planificadas. Ahora nos encontramos con que hay muchas construidas que no tienen suministro eléctrico suficiente para funcionar al cien por cien de su capacidad; otras en zonas donde ofertan agua a unos precios que el mercado no demanda… Nos hemos encontrado con una herencia envenenada en materia de desaladoras.

P: Si entramos en un periodo de sequía, ¿No les vendría bien ponerlas en marcha?
R: No somos antidesaladoras. La desaladora es un recurso más. Lo que decimos es que las desaladoras ni son la única solución, ni se dimensionaron de la forma adecuada, ni se planificaron correctamente. Su planificación suena a una improvisación de más de 2.000 millones de euros, y con un recurso tan valioso como el agua merece todas nuestras críticas.

P: Dicen que hay 17 desaladoras en funcionamiento, 15 en construcción y quedan casi 20 sin hacer, ¿Van a concluir el plan de desaladoras y a hacer las que faltan?
R: Estamos examinando las instalaciones -en construcción- una a una y viendo cuál será la decisión final a la vista de su eficiencia económica. No vamos a avanzar más de eso. No vamos a empezar ninguna nueva, bastante tenemos con poner en marcha lo que tenemos.

CUENCAS
P: ¿Piensan bajar de rango las Confederaciones Hidrográficas para que dependan de Madrid?
R: Si. Está previsto reforzar la coordinación en materia de gestión de agua y por tanto, reforzar la dependencia jerárquica de las Confederaciones Hidrográficas en relación al ministerio. Entendemos que la política de agua es una política de estado, como ha dicho el Tribunal Constitucional, y que debe gestionarse con una visión de conjunto.

P: ¿Mantendrán la obligación existente en la actual planificación hidrológica de incorporar escenarios de cambio climático en los nuevos planes de cuenca?
R: Los planes de cuenca se adaptarán a la Directiva Marco del Agua y, por tanto, contemplarán todos los parámetros que recoge la directiva. Serán unos planes modernos, adaptados y pensados a largo plazo.

CALIDAD DEL AIRE / RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

P: ¿Qué quieren decir cuando hablan de que la Ley y el Plan de Calidad del Aire deben adaptarse a la realidad?
R: El Plan Nacional de Calidad del aire es un plan hueco, con declaraciones de intenciones y poco más. Se aprobó de prisa y corriendo, sin el debido acuerdo ni participación de las Comunidades Autónomas ni de los ayuntamientos, que son quienes lo tienen que aplicar. Un plan de calidad del aire no debe ser resultado de la improvisación ni de una idea feliz, sino de un examen y de escuchar a quienes les compete aplicar sus medidas.

P: ¿Se plantean rebajar las exigencias financieras exigidas a las empresas en la Ley de Responsabilidad Ambiental?
R: Entendemos que esas garantías deben adaptarse a la realidad en la que opera cada empresa. Se tendrá que exigir una garantía acorde a la actividad, al sector de la empresa y al riesgo que genere. Merece la pena distinguir e hilar más fino.

LEY DE RESIDUOS / SDDR
P: ¿Están de acuerdo con los objetivos de reciclado de la Ley de Residuos, y con la posibilidad de implantar Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) como preveía la misma?
R: Esa ley se puede mejorar en diferentes aspectos, pero los objetivos de reciclado son importantes y hay que tenerlos para avanzar, porque así lo marca la Unión Europea. Para alcanzar esos objetivos somos partidarios de contar con una pluralidad de sistemas a los que puedan acudir los operadores del mercado y las distintas empresas y administraciones. Somos más partidarios de abrir el abanico de posibilidades que de imponer un sólo sistema, porque entendemos que hay varios que pueden ser útiles o que en otros países se han aplicado con éxito.
 

P: ¿Eso quiere decir que no están en contra del SDDR?
R: No estamos en contra, pero preferimos que su implantación se haga de forma voluntaria, gradual, y que sea la propia dinámica del sistema la que demuestre cuales son los más eficaces y por los que merece la pena apostar.

ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
P: España tiene una ley de acceso a la información ambiental que no siempre se cumple. ¿La mantendrán, la reformarán?
R: Si el Gobierno actual apuesta por la transparencia no seremos nosotros los que en materia de medio ambiente demos un paso atrás en transparencia, información y participación.

RED NATURA MARINA
R: ¿Cómo llevan los deberes pendientes de la Red Natura Marina?
R: Creemos que merece la pena trabajar en diseñar bien esa red, en dejar unas áreas protegidas que realmente merezcan la pena, en conciliar los usos tradicionales para evitar conflictos entre pescadores o usuarios con la protección. No somos partidarios de declarar protecciones contra nada, y menos contra las personas que tradicionalmente estaban o disfrutaban de esas zonas, sino buscar siempre cómo conciliar y cómo tener en cuenta a quienes allí estaban.

CAMBIO CLIMÁTICO
P: ¿Cómo van a ser sus políticas de cambio climático?
R: La principal preocupación es cumplir con los compromisos asumidos a nivel internacional. En esta materia se ha hablado mucho en España pero la realidad es que se ha hecho poco. Se ha vendido mucho humo, se han contado muchas cosas, pero real, real, plasmado, no se ha hecho demasiado por parte de las administraciones. Además, hay empresas españolas y emprendedores españoles con proyectos de reducción de emisiones a los que hay que respaldar antes que seguir gastando dinero fuera en compensar nuestras emisiones, como se ha hecho en las últimas legislaturas.
 

P: ¿Tienen proyectos concretos sobre la mesa en ese sentido?
R: Sí, y con ellos vamos a trabajar. Hay proyectos de todo tipo, de eficiencia energética, relativos a edificios, a transporte, etc y creemos que es mejor indagar aquí. Este es un camino que hay que recorrer. Queremos que la gente innove, busque nuevas formas y ese es un campo al que vamos ayudar, antes que compensar comprando en el extranjero a otros países, porque a medio y largo plazo es insostenible ya que no reduce las emisiones.

ENERGÍA
P: ¿Qué opina del mix energético español?
R: El Ministerio de Industria está trabajando y haciendo grandes esfuerzos por resolver una herencia complicada en materia energética, financieramente difícil, a la que hay que dar salida. Nosotros entendemos, y ellos también lo saben, que cambio climático y energía están estrechamente vinculados y debemos trabajar de la mano, pero tenemos la obligación de hacerlo de una forma económicamente viable.
Como mix me parece que en España hemos diversificado nuestras fuentes de generación de energía, que en el tema de las renovables, el problema estaba siendo su financiación y por tanto merecía una corrección. Habrá que avanzar en que fórmulas nos permitan obtener energía limpia y económicamente viable.

P: ¿Considera que la energía nuclear en España es limpia y barata?
R: En comparación con otras puede considerarse que es objetivamente más barata, y en cuanto a la limpieza poco más puedo decir, me parece que todo el mundo saber cuales son los contras y los pros.

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La inversión en medio ambiente y agua cae un 55% e ignora el trasvase

J. S. VALENCIA Los presupuestos del Ministerior de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno Rajoy son, como habían advertido los portavoces del Ejecutivo, «los más restrictivos de la historia reciente en España» y lo son con una víctima claramente señalada: la gestión del agua y la construcción de infraestructuras para asegurar su suministro. En términos globales, el presupuesto para la Comunitat Valenciana del ministerio que preside Miguel Arias Cañete pasa de 72.465.490 euros a menos de la mitad, con tan solo 32.372.170 euros y muy lejos de las previsiones que tenía el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que cifró en euros la inversión en 2012 en 53.201.930 euros.
Además, el ministerio no quiere esconder sus intenciones para el próximo año 2013, en el que preve inversiones ligeramente inferiores a las del actual, con una previsión de 31.488.900 euros.
El presupuesto ignora la mayoría de los compromisos del Partido Popular mientras fue oposición. No hay ni un solo euro para financiar estudios o programas, menos todavía obras, relacionadas con el trasvase del Ebro. Se quedan fuera de las previsiones del Estado obras emblemáticas y largamente reivindicadas por los gobiernos del PP en Valencia como la presa de Vilamarxant o las actuaciones para la defensa de la Ribera de las avenidas del Júcar (Presas de Sellent , Montesa y Marquesat)
Tampoco hay inversiones previstas dentro del Plan Nacional de Calidad de las Aguas para la Comunitat Valenciana, pese a ser también una de las reivindicaciones contra el anterior gobierno.
El ministerio mantiene no obstante las actuaciones encomendadas a Acuamed para la regeneración del lago de la Albufera.
Paradójicamente solo existe una cierta continuidad en las desaladoras en construcción-el Gobierno, pese a sus críticas, ha decidido terminarlas-quizá para no perder los fondos europeos recibidos.
De hecho, frente a la caída global de las inversiones del ministerio, solo Acuamed, la empresa pública que construye las desaladoras, mantiene en un nivel ligeramente superior al del año pasado sus inversiones en la Comunitat Valenciana, con 131 millones de euros frente a los 128 del pasado año, triplicando con su presupuesto el del propio ministerio, que incluye a su vez el de una devaluada Confederación Hidrográfica del Júcar
La otra gran empresa pública responsable de la modernización del regadío, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias de la Meseta Sur (Seiasa) mantiene e incluso aumenta sus inversiones en Castelló y Valencia y las recorta en Alicante. En conjunto dedicará a diversas obras de modernización de regadío algo mas de 6,3 millones de euros frente a los 3,1 millones de euros del ejercicio anterior.
Por último, el Fondo de compensación dedicará 5,655 millones de euros a tres actuaciones hídricas entre las que se incluyen las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó-Elche, en teoría responsabilidad económica de la Comunitat Valenciana. Los 5,6 millones de euros destinados a estas tres obras son la misma cantidad empleada el año pasado en 22 obras que beneficiaron a otras tantas poblaciones valencianas.

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