Los regantes no quieren ´nacionalistas´ al frente de las confederaciones

JOSÉ SIERRA El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá una nueva estructura administrativa que en la práctica supone un recorte sustancial de las competencias y presupuesto autónomo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que pasa a estar bajo las órdenes directas del director general del Agua.
Tras la reforma, los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Tajo, Guadiana, Duero y Ebro pasan a ser subdirectores generales.
La aprobación del nuevo organigrama abre la puerta al nombramiento del valenciano José Maria Benlliure como Presidente de la CHJ. No obstante, Benlliure ya es director general en la administración autonómica -su cargo no entró ayer en la remodelación del segundo escalón del Consell-, por lo que el nuevo puesto -subdirector general- ha perdido interés desde el punto de vista estrictamente funcionarial. Además, Maria Dolores de Cospedal podría estar jugando sus bazas para que el ministro de Agricultura. Miguel Arias Cañete, nombre a un castellano-manchego como presidente de la CHJ, lo que sin duda sería leído como un «éxito» en la región que gobierna la secretaria general del Partido Popular.

Un «nacionalista» en el Ebro
Por otra parte, entre los nombres que suenan para presidir la Confederación Hidrográfica del Ebro figura el de Xavier de Pedro, miembro del Partido Aragonés Regionalista (PAR). De Pedro está considerado uno de los principales activistas en contra del trasvase del Ebro y autor intelectual de la reserva de 6.500 hectómetros cúbicos contemplada en el Estatuto de Aragón y que hace prácticamente inviable cualquier trasvase.
Luisa Fernanda Rudi, del PP, gobierna en Aragón aunque depende de los votos de sus socio: el Partido Aragonés Regionalista al que pertenece Xavier de Pedro y cuyo nombramiento debería ser visto con recelo en las comunidades como la valenciana que esperan un trasvase del Ebro.

MURCIA- Uno de los principales objetivos que se marcó el Gobierno presidido por Mariano Rajoy era el de articular una política hidrológica que pusiera fin a uno de los problemas endémicos que históricamente presentó España, el de la sequía y el reparto equitativo del agua para que todas las regiones gozaran de este elemento. El propósito de Rajoy venía además refrendado por la Constitución, ya que el texto de 1978 recoge al Estado como el único órgano que tiene competencias para decidir sobre el reparto territorial del agua.
Abanderado por esta convicción, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció el pasado 1 de febrero en el marco de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, el diseño y posterior puesta en marcha de un nuevo plan hidrológico que se articularía en base al uso de trasvases y tendría en la solidaridad su principal punto de actuación. De esta forma, la intención del ministro es iniciar en breve una ronda de contactos con todas las comunidades para alcanzar una postura común que sea respetada por todas las regiones.
Cañete buscará el consenso, algo de lo que históricamente ha adolecido nuestro país en materia de política hidrológica. Uno de los principales polos antitrasvasistas de España se situaba en la cuenca del Ebro dentro de los territorios de Aragón y Cataluña. En ambas regiones la incidencia nacionalista alejaba la posibilidad de que se aceptara el trasvase de agua desde una cuenca excedentaria como la del Ebro hacia una deficitaria desde el punto de vista estructural como la del Segura.
Precisamente en territorio aragonés es donde se ubica en la actualidad el principal escollo para que la idea planificada por Cañete se lleve a buen término. Históricamente este territorio siempre se ha mostrado reticente para aceptar el trasvase de agua procedente de la cuenca del Ebro. De esta manera, el apoyó que ofreció al plan hidrológico ideado por el socialista José Borrel en la década de los 90 durante el mandato de Felipe González, se encontró supeditado a la construcción de las obras contempladas en el Pacto del Agua que tenían como objetivo garantizar la existencia de agua dentro de la cuenca cedente garantizando una reserva estratégica que oscilaría entre los 4.000 y 5.000 hectómetros cúbicos.
Sin embargo, este aspecto no fue suficiente para que Aragón prestara su apoyo al Plan Hidrológico Nacional (PHN) ideado por el presidente José María Aznar, por lo que mantuvo su oposición a la iniciativa. Ahora el Gobierno de Aragón vuelve a poner sobre la mesa de negociación la necesidad de ejecutar las obras del Pacto del Agua. De esta manera, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno Rudi, Modesto Lobón, anunció que durante la próxima reunión que mantendrá con el ministro Cañete  le planteará la necesidad de que Aragón cuente con un decreto de medidas contra la sequía, así como la construcción urgente de las obras incluidas en el mencionado Pacto.
Desde las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel se tiene clara la hoja de ruta que se va a seguir durante el periodo de negociación con el Gobierno. De hecho, Rudi ha avisado que dentro de la propuesta de Cañete no se puede contemplar la inclusión del trasvase del Ebro, como sucedía en el caso del diseñado por Aznar. Por tanto, Aragón puede tener la llave para que el nuevo plan hidrológico de Cañete se pueda llevar a cabo sin caer en los mismos problemas que han imposibilitado que el acuerdo en materia de agua haya sido posible hasta el momento. Ahora llega el momento de que se imponga el consenso por encima de otro aspecto.

El acuerdo de libre comercio firmado entre la UE y Marruecos, que abre las puertas de Europa a los productos de la huerta marroquí, ha puesto en pie de guerra al sector agrario de la región. No obstante, desde la patronal agraria Asaja se esperan «compensaciones» que palien las pérdidas previstas, que podrían rondar los 2.200 millones anuales en el conjunto del país. Como advierte su secretario general, José María Fresneda, «estamos totalmente convencidos de que el Gobierno de España habrá sabido negociar una compensación».
Según explica, el acuerdo firmado el jueves es un «monigoteo de cuidado» para los agricultores, que van a ver como entran por las fronteras productos marroquíes sin los controles de calidad y trazabilidad que la Unión Europea sí se exige a los nacionales. «Nos va a resultar imposible competir en precio con estos productos».
Por ello, Fresneda insiste en que las compensaciones al campo tienen que llegar «de inmediato». Y es que, preguntado por un posible ‘paliativo’ a través de la PAC, replica que los agricultores «no pueden esperar» ante los «graves daños» que van a sufrir productos «estratégicos» como el aceite de oliva, el ajo, el melón o el albaricoque. «Va a ser un espolio», avisa.
Este acuerdo, que entrará en vigor en mayo y tendrá vigencia hasta 2017, permite la entrada en el continente europeo de un mayor volumen de productos agrarios desde el país africano, elimina restricciones, suprime algunos aranceles y liberaliza las exportaciones en el resto de productos agrícolas, entre ellos, la fruta de hueso o el aceite de oliva.
Según Asaja, bajo el argumento de apoyar las reformas democráticas en el norte de África, la Unión Europea va a provocar «un grave daño» a los agricultores españoles por la competencia desleal que se va a producir.

Un «mazazo» para todos. En la misma línea se posiciona el sindicato agrario COAG-IR. En nota de prensa, apunta que este acuerdo es un «duro mazazo» para el futuro del campo castellano-manchego, «en un momento muy delicado».
Por ello, advierte de que «vamos a recurrir el acuerdo que es nefasto parar nuestra agricultura». «Este acuerdo sólo beneficia a los países del norte de Europa ya que supone la transformación de 300.000 hectáreas de cereales para producir frutas y hortalizas, lo que supone un ataque directo a la agricultura mediterránea, que es la que predomina en esta región».
«Somos conscientes de que estamos ante una grave crisis económica pero no nos podemos engañar pensando que los productos que van a llegar van a ser más baratos, porque lo cierto es que las medidas higiénico sanitarias que se les exigen a nuestros productores no son las mismas que se exigen en Marruecos», añade este sindicato agrario.
En este sentido, Alejandro García-Gasco, actual integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Coag , si bien agradece el apoyo de los europarlamentarios españoles, sí considera que han primado los intereses de las empresas españolas y francesas que operan en Marruecos «frente a los de nuestros agricultores». «No se puede poner a la agricultura como moneda de cambio para otros intereses».

falta de liderazgo. Por su parte, las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, muestran su indignación ante la falta de liderazgo del Gobierno español en las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos.
Y hacen especial hincapié en los daños que ocasionará al sector del aceite. Se elimina los derechos de aduana aplicables al aceite de oliva procedentes de Marruecos, que a fecha de hoy se sitúan en el entorno de 1,25 euros/kg, y además establece que la Unión Europea sólo podrá exportar a Marruecos, sin aranceles, 2.000 toneladas de aceite de oliva. Un «mal acuerdo», por el que Marruecos «podrá introducir en Europa todo el aceite de oliva que desee».    

El Consejo de Ministros aprobó ayer las nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura y que suponen una «disminución significativa» debido a la reducción de los costes de energía eléctrica del último período, que han sido menores que los estimados. Según informó el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, estas tarifas tienen como objetivo recuperar los costes anuales de explotación, funcionamiento y conservación del acueducto, así como amortizar las inversiones realizadas por el Estado. Para el cálculo de las nuevas tarifas, la Dirección General de Aguas ha tenido en cuenta los costes energéticos del transporte, los costes de la explotación así como un factor de corrección debido a la liquidación de la tarifa del año anterior. La bajada de las tarifas actuales se explica por la disminución de energía eléctrica empleada, así como una mayor utilización de horas valle, según ha señalado el ministerio.

Aunque para el actual proyecto de tarifas se ha hecho una estimación de consumos similar a la registrada el pasado año, el ministerio ha recordado que la estimación de ingresos para el año 2012 se encuentra supeditada a los consumos que se produzcan, y que verían en función de las necesidades de agua de los cultivos. Los consumos más importantes son los que se suministran al sudeste, tanto para riegos como para los abastecimientos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y para la provincia de Almería. Las nuevas tarifas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

Cabe apuntar que el diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, Alejandro Alonso, hizo un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno para que no bajara las tarifas del agua que se trasvasa desde el Tajo hasta el Segura. Recordó que los pantanos de cabecera del Tajo se encuentran en prealerta por la sequía. Este año hidrológico, explicó Alonso, los pantanos de Entrepeñas y Buendía han tenido sólo unas aportaciones de 89 hectómetros cúbicos; y de la serie histórica sólo ha habido dos años en los que las aportaciones han sido más bajas.

«Es el segundo pero dato de la historia y supone el 4 % del percentil de la serie corta, es decir, es una situación muy preocupante», alertó Alonso, quien criticó la decisión.

A comienzos de semana, la diputada regional del Partido Popular Cesárea Arnedo denunciaba que el PP no conocía cómo se habían invertido los millones de euros que los regantes murcianos habían pagado a Castilla-La Mancha por el agua del trasvase Tajo-Segura.

Una recaudación que el diputado regional y secretario local del PSOE de Albacete, Modesto Belinchón, defendió ayer a este diario como que se había destinado a una «buena inversión». Destacó que se habían dedicado más de 100 millones de euros a obras de abastecimiento, casi 928 en el plan de depuración a cinco años y más de mil millones de euros -contando también las ayudas europeas- a modernización de regadíos. Defendió que se trata de una serie de obras «que hemos hecho en Castilla-La Mancha para ser más austeros, para ahorrar con el agua y para que nuestros regantes tengan asegurado el poder regar las cosechas todos los años». «Ahí es donde está el dinero de los regantes; invertido en obras de abastecimiento, de depuración, que mejoran la cantidad y la calidad de nuestra agua y que facilitan que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan agua de calidad al abrir los grifos de sus casas y que no sigamos teniendo que ir con cisternas a pueblos a llevar agua», defendió Belinchón.

Rechazó las críticas del PP preguntando dónde estaba ese dinero y aseveró que «ellos saben dónde está, tienen los números, están las obras de abastecimiento, las depuradoras hechas en los últimos años».

Lamentó que «lo saben bien» pero que con estas acusaciones lo que quieren «es ocultar la realidad de que la presidenta de la Junta, María Dolores Cospedal, ha vendido los intereses de Castilla-La Mancha por sus intereses particulares de seguir como secretaria general del PP».

Depuradora de Villarrobledo

Sobre en qué obras se ha invertido el dinero que llega de los regantes murcianos en Albacete, Belinchón detalla que, por ejemplo, la última que entró en funcionamiento «fue la depuradora de Villarrobledo, una obra importantísima en un municipio que está afectado por esa situación de falta de agua».

También explica que «tenemos otros muchos ejemplos en las depuradoras y en las obras de abastecimiento que hemos ido haciendo en todos los municipios».

Sobre la transformación de regadíos se refirió a inversiones en lugares como en Fuenteálamo, donde se han invertido ocho millones de euros, o en Cancarix, «una zona especialmente significativa, porque es una zona con cinco pantanos y que no tenía agua y donde la agricultura es muy importante».

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves por holgada mayoría el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, que abre las puertas a los productos de la huerta marroquí, contra lo que han luchado hasta el último minuto los agricultores hortofrutícolas españoles. El acuerdo ha recibido 369 votos a favor, 225 en contra y 50 abstenciones.

Análisis: El acuerdo con Rabat revela un conflicto de intereses

El acuerdo de asociación de la Unión Europea con Marruecos, ratificado este jueves por el Pleno de la Eurocámara, revela el conflicto de intereses económicos ante la progresiva liberalización comercial, con el tomate como principal damnificado.

La Comisión Europea cree que el tratado -respaldado por el Consejo, la Comisión, el Ejecutivo marroquí y ahora también por el Parlamento Europeo- es «equilibrado» y reforzará las relaciones entre ambos, pero el sector hortofrutícola español lo rechaza como «la amenaza más grave desde la adhesión de España a la UE».

El acuerdo aumentará las importaciones a tipos reducidos para tomate, berenjena, calabacín, ajo, pepino, naranjas, clementinas, melones y fresas marroquíes, y Marruecos se compromete también a liberalizar el 45 % de las importaciones agrarias de la Unión Europea (UE) de inmediato, el 61 % en cinco años y el 70 %, en diez.

España es el segundo exportador al país tras Francia, y Marruecos el principal destino de nuestras exportaciones a África.

Empresas españolas están presentes en Marruecos en sectores como el textil, la agricultura -frutas y verduras, legumbres, cereales, plásticos para invernaderos, maquinaria, herramientas, agroquímicos, semillas o plantas- o el pesquero, como las conservas.

Además, los acuerdos comerciales de Rabat con EEUU, con países árabes del mediterráneo y con Turquía permitirán el acceso preferencial a estos mercados para firmas españolas que se instalen en Marruecos, país con economía al alza y 32 millones de habitantes.

España exportó a Marruecos por valor de 3.760 millones de enero a noviembre de 2011, según datos oficiales, mientras que importó por 2.798,80 millones, con un saldo positivo de casi un millón de euros.

Destacaron los envíos, en valor, de tecnología industrial, medio ambiente y energía, moda, industria auxiliar y de construcción, materias primas e industria química, mientras que España importó de Marruecos moda, tecnología industrial, pescados, químicos y hortofrutícolas (en este último caso, por 147 millones de euros).

La UE exportó en 2010 a Marruecos por valor de 13.680 millones e importó por 7.700 millones, según la Oficina de Estadísticas de la UE (Eurostat), mientras que las exportaciones de Marruecos a la UE llegaron a 7.364 millones, aunque sus compras fueron mayores, hasta 13.600 millones.

La Unión Europea compra a Marruecos productos manufacturados y ropa, productos agrícolas, pesqueros, lubricantes o mineros, mientras que le vende maquinaria y equipos de transporte, bienes manufacturados, químicos y productos agrícolas o pesqueros, entre otros.

Pero los agricultores españoles critican el «drama» que supondrá el nuevo acuerdo para un sector que suma el 63 % de la producción agraria (8.600 millones año) y el 60 % del empleo (450.000 activos).

La competencia alauí, que ha sido creciente en virtud de las relaciones institucionales UE-Marruecos y que tienen como punto de partida el Acuerdo de Asociación, en vigor desde 2000, le ha costado a España 300.000 toneladas de exportación y 15.000 trabajadores sólo en los dos últimos años, sobre todo en tomate, según el sector.

Unas 26 empresas canarias, ocho alicantinas y cinco murcianas han cerrado por esta presión, han asegurado desde la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), que detalla que por cada 1.000 toneladas que dejen de exportarse se pierden 50 empleos en beneficio de Marruecos -donde los temporeros cobran 60 céntimos al día, frente a 7-8 de España-.

El acuerdo crearía «un nuevo marco de competencia totalmente desconocido» hasta ahora, ha asegurado el director general de Fepex, José María Pozancos.

Se ataca al «único» sector capaz de crear empleo, ha indicado desde Cooperativas Agro-alimentarias Cirilo Arnandis, y sería «la puntilla» para el campo, según el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos.

«Ni nos gusta, ni nos interesa» ha afirmado el presidente de Asaja, Pedro Barato, mientras que el secretario general de COAG, Miguel López, ha insistido en que Rabat vulnera los cupos de entrada.

El acuerdo beneficiará sobre todo a grandes firmas franco marroquíes -Azura y Soprofel- y otra de capital marroquí, Dominios Agrícolas, propiedad de la familia real alauí, que controlan el 90 % de la producción del país, según critican desde el campo español.

El eurodiputado José Bove -vicepresidente de la Comisión de Agricultura en la Eurocámara y ponente del informe sobre el acuerdo- suma al debate su afirmación de que el acuerdo no es sostenible -para exportar 250.000 toneladas de tomate alauí se necesitan 25 millones de metros cúbicos de agua-, y de que beneficia a grandes agronegocios.

El acuerdo «ha llevado a agentes financieros a anticiparse y posicionarse a las puertas de la Unión», ha puntualizado Bové, quien asegura que un fondo de Abu Dhabi cuenta con autorización para cultivar 700.000 hectáreas cerca de Guelmin, al sur de Marruecos, con nuevas plantaciones de cítricos, olivos y hortícolas.

La inclusión del Sahara en el acuerdo también levanta ampollas.

Para el delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, un dictamen de Naciones Unidas de 2002 «deja claro» que no pueden firmarse acuerdos que exploten recursos de un territorio no autónomo como el Sahara, más aún cuando -a su juicio- no beneficia a su población.

Pero, según Beyun, mil hectáreas de invernaderos de tomate y flores se han construido a las afueras de Dakhla (Sahara) impulsadas por la Casa Real alauí, que consumen «un bien escaso en el desierto» como el agua.

Asaja exigirá "rigor y vigilancia extremos" para que Marruecos cumpla

El sector hortofrutícola español se muestra totalmente decepcionado por el resultado de la votación en el Pleno del Parlamento Europeo este jueves de la ratificación del Acuerdo UE Marruecos que implica mayores concesiones en el apartado agrícola al reino de Marruecos y que perjudica de forma directa a nuestros productores de frutas y hortalizas. ASAJA exigirá a la UE el establecimiento de compensación destinadas a paliar las pérdidas que sufrirán los productores españoles así como el máximo rigor y vigilancia extrema para que las importaciones procedentes de Marruecos cumplan con todas las condiciones fijadas para acceder al mercado comunitario, subraya ASAJA en una nota.

Tras el resultado de la votación, el propio ponente José Bové ha decidido retirar su nombre del Dictamen. Hay que recordar que la Comisión de Agricultura del PE rechazó la ratificación del Acuerdo, mientras que la Comisión de Negociaciones Internacionales enmendó el Dictamen de Bové hasta darle una orientación contraria a la inicial que era la de oponerse a las pretensiones de la Comisión Europea de ratificar el Acuerdo.

Durante el debate que tuvo lugar el pasado martes en Estrasburgo, ya se pudo observar que la delegación española se quedaba prácticamente sola en su rechazo al Acuerdo y que buena parte de los diputados se decantaría por hacer caso omiso a las consideraciones de la Comisión de Agricultura.

El Pleno del PE ha ignorado por completo las consideraciones del Informe Bove, donde además del conflicto del Sahara Occidental, se pone de manifiesto la falta del preceptivo estudio de impacto económico; el incumplimiento sistemático de las cláusulas del Acuerdo en vigor por parte de los exportadores marroquíes y los operados en la UE; las irregularidades aduaneras, y la falta absoluta del mas mínimo principio de reciprocidad en las condiciones de producción y venta.

Tras este inmerecido castigo a las producciones españolas, que ven como anualmente este Acuerdo supone perdidas para el sector de 2.240 millones de euros (un 16% de su facturación), es de vital importancia que nuestra Administración centre sus esfuerzos en que las autoridades comunitarias establezcan compensaciones económica para paliar dichas pérdidas y apliquen las cláusulas del Acuerdo con total y absoluto rigor, impidiendo fraudes e irregularidades en las importaciones y nuevos incumplimientos sistemáticos de las condiciones, cantidades, calendarios y precios de entrada de productos importados de Marruecos.

Estos esfuerzos deben centrarse no solo en una nueva reglamentación comunitaria que no de lugar a interpretaciones que desvirtúen el Acuerdo, sino también a la puesta en marcha de recursos suficientes para que la Unión Europea disponga de una verdadera frontera común, y que determinados puertos europeos dejen de ser el “coladero” que actualmente son.

El PSOE acusa al PPE de votar contra las compensaciones a los agricultores

El PSOE ha acusado al el partido popular europeo (PPE) de rechazar las compensaciones a los agricultores españoles que serán víctimas del cuerdo agrícola entre la UE y Marruecos.

En un comunicado, la delegación socialista del Parlamento Europeo denuncia que el PPE «ha votado en contra de una enmienda socialista que pedía compensaciones económicas a los agricultores ante el impacto negativo que pudiera tener este acuerdo».

A ese texto, la eurodiputada valenciana Josefa Andrés había introducido una enmienda pidiendo compensaciones, enmienda que no ha conseguido el apoyo necesario del pleno.

«A pesar de todos los esfuerzos de la Delegación Socialista Española, el Partido Popular Europeo ha tumbado la enmienda que pedía compensaciones económicas para resarcir a los agricultores más afectados», señala el comunicado.

La eurodiputada Josefa Andrés ha calificado la actitud del PP de «deplorable e incomprensible».

Sin embargo, aunque el grueso del PPE ha votado a favor del acuerdo, el PP español ha votado en contra de forma distinta y en contra del acuerdo, tal y como han confirmado a Efe fuentes parlamentarias.

Andrés ha asegurado que «a pesar del rechazo de la enmienda de las compensaciones, «los eurodiputados socialistas nos comprometemos a continuar trabajando desde hoy para conseguir las peticiones básicas que los agricultores nos han venido pidiendo para defender sus intereses».

La petición de compensaciones empezará ante la Comisión Europea, que, según la eurodiputada socialista, «se comprometió en la sesión plenaria, haga un seguimiento estricto de los volúmenes importados y de la calidad sanitaria, sobre todo en los productos más delicados».

El PP replica que fue el Gobierno socialista el que respaldó el acuerdo

Así lo ha afirmado en declaraciones a Efeagro el portavoz popular de agricultura en el Congreso, José Cruz Pérez Lapazarán, quien ha puntualizado que su partido siempre ha mantenido una posición unánime contra el acuerdo, liderada entre otros por el líder del PP andaluz Javier Arenas, mientras que es el PSOE, a su juicio, quien no es «coherente».

Lapazarán ha asegurado que la ministra del ramo del anterior Gobierno socialista, Rosa Aguilar, «dijo en su día que el acuerdo no iba a influir» sobre los productores de frutas y hortalizas, tesis que también sostuvo -ha aseverado- su secretario de Estado Josep Puxeu.

«El PSOE votó el año pasado a favor del acuerdo en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo», según Lapazarán, para quien «ese cambio de posición ha venido a influir en esta votación tan desagradable» de hoy en la Eurocámara.

«No es de recibo que proteste (el PSOE) y reclame al PP lo que ellos no han sabido hacer», ha argumentado.

Respecto a la posición del PP en el tiempo, ha destacado que siempre han mantenido coherencia en sus planteamientos contrarios al acuerdo, lo que dejaron claro en las reuniones con alcaldes de pueblos que podrían verse afectados o con las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, y que pidieron además al PSOE que presionara al Grupo Socialista Europeo para no ratificarlo.

Sobre la votación en la Eurocámara, el diputado del PP ha señalado que han prevalecido los intereses de los países del norte de Europa -con oportunidades de negocio en sectores como el lácteo o los cereales-, «que han podido con los países del sur».

Ahora -ha esgrimido- sólo queda vigilar que se cumple el acuerdo en sus «estrictos términos» y evitar que las fronteras sigan siendo «un coladero», como hasta ahora, lo que ha permitido que Marruecos haya venido exportando más de lo que tiene reconocido, una evidencia que reconoció la propia Comisión Europea pero que negó -ha criticado el diputado- la también ministra de un Gobierno socialista, Elena Espinosa.

«Hay que recuperar ahora la senda del equilibrio, vigilar fronteras y que se cumplen los términos del acuerdo», ha concluido.

UPA condena "rotundamente" la aprobación del acuerdo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha condenado rotundamente la decisión del Parlamento Europeo de aprobar un acuerdo de liberalización comercial entre la Unión Europea y Marruecos que es “absolutamente injusto” según la organización agraria. El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha declarado desde Bruselas que rechaza “firmemente” la decisión del Parlamento y ha lamentado que una mayoría de eurodiputados haya hecho “oídos sordos” a sus reivindicaciones tras” años de trabajo y negociaciones”.

Lorenzo Ramos ha declarado que “España, y sus agricultores, volvemos a ser moneda de cambio en Europa. El Parlamento justifica la aprobación del acuerdo en temas que nada tienen que ver con la cadena agroalimentaria”.

El nuevo acuerdo liberaliza el comercio de todos los productos agroalimentarios, excepto de tomate, pepino, fresa, clementina, ajo, calabacín y azúcar, que ven incrementados sus cupos de forma notable. De este modo, en tomate se pasaría de las 233.000 toneladas anuales a las 285.000 toneladas en 2014, siendo el producto más afectado. El de calabacín ascendería de 25.000 a 50.000 toneladas: el de pepino, de las 5.600 a las 15.000: el de clementina, de 130.000 a 175.000, y el de ajo, de 1.000 a 1.500 toneladas. Por otra parte, prevé la apertura de dos nuevos contingentes para la fresa de 3.600 y 1.000 toneladas.

Una vez aprobado el acuerdo, desde UPA han exigido participar en los mecanismos de control de las importaciones, ya que a juicio de la organización el anterior acuerdo se incumplió de forma sistemática en cuanto a cupos y precios de entrada, y el nuevo acuerdo podría sufrir las mismas deficiencias. Exigimos que, al menos, el nuevo acuerdo sea un acuerdo “con garantías”.

UPA ha pedido “garantías para los agricultores españoles para que podamos competir en un mercado justo y transparente; garantías para los consumidores de toda Europa, para que vean asegurada la sanidad, calidad y seguridad de los productos hortícolas que consumen; garantías para la agricultura familiar de Marruecos, para que verdaderamente se vean beneficiados por este acuerdo, y no sólo las 3 empresas de capital franco-marroquí que el propio Parlamento Europeo reconoce que se lleva el 70% de los beneficios de este acuerdo; garantías para los trabajadores de Marruecos, para que vean protegidos sus derechos laborales, evitando la explotación y el trabajo infantil; y garantías para el Sáhara Occidental, territorio donde se ubican varias explotaciones que explota Marruecos en los territorios ocupados”.

El secretario general de UPA ha exigido compensaciones para los agricultores más afectados por el nuevo acuerdo: “Somos los paganos de esta decisión europea, y es de justicia que seamos compensados por el perjuicio tan grave al que se verán sometidas nuestras explotaciones”.

Fepex prevé consecuencias "catastróficas"

En declaraciones a Efeagro, el director de Fepex, José María Pozancos, ha criticado el «planteamiento egoísta» de la Eurocámara, al apoyar el convenio con la esperanza de colocar excedentes de otras producciones europeas, como cereales y leche, en el mercado marroquí, sin valorar los efectos para el empleo en las regiones hortofrutícolas.

También ha considerado «ficticia» la «ilusión» compartida por un «amplio grupo de eurodiputados» sobre las posibilidades de la Primavera Árabe.

Pozancos ha destacado que el acuerdo es para los productores españoles «como si a la Europa industrial le colocasen a China en la frontera», recordando que Marruecos cuenta con una superficie de cultivo de un millón de hectáreas y unos costes laborales de 60 céntimos la hora.

Sobre la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), Pozancos ha indicado que es imposible que paralice el impacto de la inmediata entrada en vigor del protocolo agrícola, debido a los largos plazos del procedimiento, que puede durar tres años.

Los productores españoles se verán obligados, ha añadido, a buscar un «plan B» desde el punto de vista productivo, con la modificación de calendarios y variedades, lo que en su opinión «distorsionará todo el sector hortofrutícola europeo y creará muchos problemas en toda la Unión».

Fepex considera que el acuerdo agravará la crisis y la destrucción de empleo en España.

Según sus datos, sólo en el sector de tomate y en el último año, el acuerdo en vigor ya ha provocado la destrucción de 12.500 empleos en comunidades autónomas como Andalucía, Canarias, Valencia o Murcia, con tasas de paro superiores al 30 %.

También considera necesaria la plena integración en el régimen de ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) para el sector de frutas y hortalizas, la aprobación de medidas de gestión de crisis eficaces y la reforma del sistema de precios de entrada que gravan las importaciones.

Decepción entre los agricultores europeos

El secretario general del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas de la UE (Copa-Cogeca), Pekka Pesonen, ha afirmado en un comunicado que el acuerdo «amenazará miles de empleos» en las zonas rurales de la UE, ya gravemente afectadas por la crisis.

En su opinión, la Comisión Europea tendría que haber efectuado una evaluación previa del impacto socioeconómico antes de seguir adelante con este acuerdo.

Pesonen ha destacado que las importaciones de Marruecos no deben respetar las elevadas normas de producción de la UE, lo cual «es motivo de gran preocupación» para el Copa-Cogeca.

Explicó que el acuerdo agrícola con Marruecos introducirá contingentes de importación significativamente más elevados en comparación con el acuerdo anterior para seis productos sensibles: tomates, calabacines, pepinos, ajos, cítricos y fresas.

«Ello favorecerá aún más la balanza comercial ya positiva de Marruecos, y tendrá un impacto desastroso sobre el empleo en las zonas rurales de la UE», ha señalado.

No obstante, Pesonen ha acogido favorablemente el hecho de que los eurodiputados hayan aportado algunas ligeras mejoras al acuerdo, como, por ejemplo, cambios al sistema europeo de controles y de salvaguardas a las importaciones de Marruecos, que se ha revelado ineficaz en el pasado.

En este sentido, ha instado a la Comisión Europea a asegurar la correcta aplicación de dichos controles y salvaguardas, con el fin de evitar serias perturbaciones del mercado.

«La Comisión Europea debe también trabajar sobre el sistema de precio de entrada y gestionar los contingentes mensuales de forma apropiada», ha subrayado.

Los agricultores marroquíes, satisfechos

El presidente de la Confederación Marroquí de Agricultura y de Desarrollo Rural (COMADER), Ahmed Uayach, dijo a Efe que la aprobación de dicho acuerdo «dará un nuevo impulso a las relaciones marroco-europeas y es una señal política clara para promover las relaciones entre ambas partes».

«Esperamos con ello abrir una nueva página entre España y Marruecos porque hay una complementariedad económica entre ambos países, concretamente en el ámbito agrario», aseveró Uayach quien precisó que la relación entre Marruecos y la Unión Europea está basada en el principio de «ganador y ganador».

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Marroquí de Productores y Productores Exportadores de Frutas y Verduras (APEFEL), Younes Zrikem manifestó su «satisfacción y alivio» por la aprobación del acuerdo agrícola que según él «pasó por un proceso largo y complejo».

Para Zrikem, el acuerdo es «favorable para ambas partes» y tendrá «un impacto positivo sobre las relaciones entre Marruecos y la UE».

El embajador europeo en Rabat, Eneko Landáburu, consideró en un comunicado que la aprobación del acuerdo «es de extrema importancia en este momento en que emprendemos una nueva era de partenariado» y traduce el hecho de que la UE «está comprometida más que nunca con su apoyo al proceso de modernización (de Marruecos)».

Canarias ve "inaudito" un acuerdo contra la producción local

Juan Ramón Hernández no entiende cómo se puede mantener la competitividad de las producciones canarias frente a las que tienen controles fitosanitarios distintos, y ha comentado, en declaraciones a Efe, que da la sensación de que el acuerdo se ha adoptado contra Canarias.

El consejero no entiende que se firme el acuerdo agrícola y no el pesquero y consideró que ahora sólo queda como alternativa la revisión del reglamento de precios de entrada a la Unión Europea, algo que el Gobierno canario exigirá al español para que lo haga valer ante la Unión Europea.

Juan Ramón Hernández indicó que con el acuerdo aprobado hoy por el Parlamento europeo entrarán en la Unión Europea 65.000 toneladas más de productos marroquíes mientras que las producciones canarias están en recesión.

Insistió el consejero en que no es posible competir cuando tanto los controles fitosanitarios como los costes laborales son muy inferiores en Marruecos con respecto a España.

Juan Ramón Hernández está de acuerdo en que Marruecos es un país amigo y debe tener un trato preferente con la Unión Europea «pero no hasta el punto de perjudicar» a la producción local.

Unió de Pagesos ve el acuerdo "un despropósito"

UP, la principal organización agraria de Cataluña, asegura en un comunicado que este nuevo acuerdo acentuará aún más la competencia desleal que sufren los productos catalanes en relación con los procedentes de países terceros a causa de la elevada exigencia de las normas de producción europeas.

Además, sostiene, «legalizará prácticas ilegales que se venían realizando en las importaciones de fruta y hortalizas procedentes de Marruecos».

UP cree que el Parlamento Europeo está llevando a cabo una política «errática y contradictoria» en materia agrícola, ya que por un lado reconoce que los payeses europeos representan un sector estratégico, mientras que por otro les obliga a soportar costes de producción muy superiores a los de los competidores de fuera de la UE y permite que productos procedentes de países con normativas muy laxas compitan con los europeos.

Las cooperativas exigen "contundencia" en el control

La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) ha lamentado la aprobación del nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos y ha exigido contundencia en los mecanismos de control y ayudas para mejorar la competitividad de las empresas cooperativas.

En un comunicado, FAECA advierte de las consecuencias negativas para la agricultura andaluza, principalmente para el sector hortofrutícola, del nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, que ha aprobado hoy el Parlamento Europeo.

Ha lamentado que los eurodiputados «hayan desoído a quienes se oponían al acuerdo por desequilibrado y por los perjuicios que ocasionará a los sectores más importantes de la agricultura andaluza».

En cambio, el Parlamento Europeo ha primado las relaciones políticas con el Magreb, el interés económico de determinados sectores industriales y de la agricultura continental, así como la inclinación favorable de determinados Estados miembro, según FAECA.

FAECA ha exigido contundencia en la aplicación de los mecanismos de control y las cláusulas de salvaguardia para que a partir de ahora se vigilen eficazmente las cantidades y precios de entrada de todos los productos y no como hasta ahora venía sucediendo.

Asimismo, ha urgido como contraprestación herramientas para optimizar la competitividad del sector agrario y de las empresas cooperativas, vía mejora de las estructuras de producción -a través de ayudas a la inversión- y mediante el acceso a los mercados.

El Consell cree que desprotege al consumidor

El Consell ha asegurado que la ratificación del acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos «deja desprotegidos» a los consumidores, ya que el tratado «no contempla mecanismos efectivos de control».

Así lo ha manifestado la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, quien ha calificado de «muy grave» la aprobación de este texto que se ha quedado ratificado en el pleno del Parlamento Europeo, según informa la Generalitat en un comunicado.

La titular de Agricultura ha criticado que se haya dado luz verde a un acuerdo que «no contempla mecanismos efectivos de control» en los precios de entrada para evitar el fraude de forma, a su juicio, los consumidores quedan «totalmente desprotegidos».

Según Hernández, el tratado «consolida una situación de competencia desleal» por parte de las producciones marroquíes y en especial a cultivos como el tomate o los cítricos.

Por ello, la consellera ha reiterado que los consumidores «no tendrán las mismas garantías» en lo referente a calidad y seguridad, algo que «no ocurre» con los alimentos producidos en la Comunitat y en España.

Hernández ha apostado por aprovechar la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para establecer un marco normativo que exija las mismas condiciones de producción a los alimentos obtenidos en los Estados Miembros que a los procedentes de países terceros para su comercialización en Europa.

Asimismo, ha exigido revisar las condiciones de aplicación de contingentes y los precios de entrada, además de extremar los controles en este campo para evitar que el sector compita en condiciones desiguales.

Valcárcel lo califica de "injusto y desiquilibrado"

En un comunicado de prensa Valcárcel ha dicho este acuerdo «atenta contra los muy legítimos intereses de la agricultura tanto española como murciana, así como de los agricultores de toda la Unión Europea», al tiempo que ha afirmado que «no ofrece garantías de ningún tipo sobre los controles fitosanitarios y las exigencias de la UE que se aplican a la agricultura murciana y española», además de que «incumplir» los cupos y los precios de referencia.

El presidente murciano ha criticado la «hipocresía de quienes ahora cambian el sentido de su voto y, sobre todo, critican la actitud del Partido Popular, cuando éste ha dicho y hecho hoy lo que siempre dijo que haría, que es votar en contra de este acuerdo porque perjudica a los agricultores españoles».

En este sentido, ha asegurado que «el grupo parlamentario popular ha dicho en Estrasburgo exactamente lo que dijo que iba a hacer y se ha mostrado totalmente contrario a la ratificación de este acuerdo», al tiempo que ha criticado que el PSOE dijese que iba a votar a favor y hoy votase en contra, aunque se ha alegrado por ello.

«Cuando fui a ver al señor Juan Fernando López Aguilar, presidente del grupo parlamentario socialista y portavoz en esa Cámara europarlamentaria, para pedirle que apoyara la decisión de no ratificar y poder tumbar el acuerdo con Marruecos, me dijo personalmente que lo sentía, pero estaba a favor del acuerdo con Marruecos», ha explicado.

Aunque, tal y como estaba previsto, el acuerdo ha quedo aprobado, el presidente murciano ha conseguido que se incorpore al texto una resolución para aumentar la vigilancia y el seguimiento de las exportaciones de productos agrícolas de Marruecos, en la que se establecen medidas correctoras para mejorar el control de las importaciones y acabar con la entrada fraudulenta de productos.

Además, según Valcárcel, el Gobierno español mantendrá las reivindicaciones ante la UE para que la futura reforma de la PAC incluya una «profunda modificación» de los mecanismos de precios de entrada para evitar la «competencia desleal» de países terceros, como consecuencia de los acuerdos comerciales internacionales, como el de Marruecos.

«Sería otra oportunidad que en el documento y en la negociación de la futura PAC se debata y al final se adopte como principio básico no conceder nada que signifique un perjuicio para los intereses de los agricultores murcianos», ha remarcado Valcárcel.

Hortyfruta calcula que se perderán 12.000 empleos

En un comunicado, la Interprofesional ha exigido al Gobierno que solicite a UE compensaciones para el sector hortofrutícola español por el impacto económico negativo y la pérdida de empleo que tendrá la entrada en vigor del nuevo acuerdo.

Hortyfruta ha calculado unas pérdidas medias por campaña de un millón de euros para cada empresa comercializadora, y de entre 8.000 y 10.000 euros para cada agricultor por la «sustitución» en los mercados de la producción andaluza por la de Marruecos.

Asimismo, ha advertido de que el descenso de los precios por la «entrada masiva» de tomate y el exceso de oferta en los mercados implicará la «desaparición» de muchas explotaciones.

A medio plazo, podrían perderse 4.000 hectáreas de cultivo, más de 2.000 agricultores y un 15 por ciento del volumen de comercialización de frutas y hortalizas, ha señalado.

Hortyfruta ha subrayado que es «imposible competir con un país cuyos costes medios de producción son la mitad que los andaluces y los costes totales que incluye la puesta en el mercado (confección, transporte y otros gastos) son un 23 por ciento inferiores».

Además, ha señalado que el acuerdo «no garantiza la igualdad de condiciones y de oportunidades entre ambas partes» y tampoco incluye «un sistema de control de cantidades y precios eficaz».

Asimismo, ha recordado que «Marruecos ha incumplido sistemáticamente los términos de los acuerdos comerciales con la UE sin que la Comisión Europea actúe».

Por ello, ha pedido a la UE «que mejore el código aduanero para controlar que se cumplan las cuotas y los precios de entrada establecidos» y que en caso de incumplimiento «imponga las sanciones pertinentes».

La Interprofesional ha considerado que «es el momento de que la Unión Europea ofrezca soluciones ante las continuas crisis de mercado y se defina una Política Agraria Común en la que se establezca una gestión de crisis útil y efectiva para el sector».

También ha reclamado una «mayor operatividad» para las organizaciones interprofesionales, de modo que «puedan actuar efectivamente en momentos de crisis de mercados».

Hortyfruta ha advertido de que las producciones de frutas y hortalizas afectadas por el acuerdo se localizan principalmente en regiones con una alta tasa de paro, «como es el caso de Andalucía».

Además, ha añadido, el acuerdo llega en un momento en el que el sector atraviesa una «profunda crisis económica y de consumo que está lastrando la rentabilidad de los agricultores».

La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) ha advertido de las «consecuencias económicas y sociales devastadoras» que tendrá el nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, ya que según sus cálculos supondrá la pérdida de 12.000 empleos a medio plazo.El presidente de Murcia y vicepresidente primero del Comité de las Regiones (CDR), Ramón Luis Valcárcel, ha calificado de «injusto y desequilibrado» el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos que ha sido aprobado por el Parlamento Europeo.El sindicato agrario Unió de Pagesos (UP) ha considerado «un despropósito» que el Parlamento Europeo haya ratificado el acuerdo agrícola con Marruecos y ha lamentado que Europa dé de esta manera «la espalda» a la producción mediterránea.El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno canario, Juan Ramón Hernández, ha dicho que es «inaudito» que el Parlamento Europeo haya aprobado hoy el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, que va, ha añadido, contra la producción de Andalucía, Murcia y Canarias.Los representantes de agricultores marroquíes expresaron su satisfacción por la ratificación del acuerdo agrícola aprobado hoy por el Parlamento Europeo con mayoría holgada (369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones).Los agricultores europeos han expresado su profunda decepción por la aprobación en la Eurocámara del acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, y han advertido del drástico impacto que tendrá ese convenio sobre el sector de las frutas y hortalizas y en particular los tomates.La Federación Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) prevé que el acuerdo agrícola con Marruecos que ha ratificado el Parlamento Europeo tendrá consecuencias «catastróficas» para el sector español, que se notarán ya en la próxima campaña.El PP ha calificado de mala noticia la ratificación del acuerdo con Marruecos en Estrasburgo, al tiempo que replica a las críticas del PSOE, que acusó al presidente del Gobierno Mariano Rajoy de «no mover un dedo para evitarlo», porque según ha recalcado fue un Ejecutivo socialista quien lo respaldó.Ginés Mena/EFE

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha considerado sacar a solicitud unificada ocho grandes lotes de líneas de ayudas para agricultores y ganaderos de la región, una de ellas financiada al 100 por cien por la Unión Europea (UE) y siete cofinanciadas entre la UE, el Ministerio de Agricultura y la Junta, por valor de unos 758 millones de euros, de los que 36 serán aportados por el Ejecutivo castellano-manchego. Se trata, según aseguró ayer la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, en la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Estuvo acompañada por el portavoz regional, Leandro Esteban, quien aseguró que es una apuesta “clara y decidida” por el sector primario de la Comunidad Autónoma. “Esto pone en valor la apuesta del Gobierno de Cospedal por el sector primario, un sector que consideramos estratégico para nuestra región porque creemos en este sector como capaz de generar riqueza y empleo”, señaló Soriano, quien añadió que estas líneas de ayuda son “una buena noticia”.

Pago único

La consejera ha concretado, en primer lugar, que con esta línea unificada se van a convocar ayudas de pago único a la agricultura y la ganadería financiadas al 100 por cien por la UE. Además, ha dicho que incluye todas las ayudas desacopladas que perciben los agricultores y ganaderos de la región. El presupuesto de esta línea de ayudas de pago único, cuyas solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de abril, supone una inyección al campo de Castilla-La Mancha de más de 550 millones de euros y beneficiará a más de 160.000 agricultores y ganaderos castellano-manchegos.

Estas ayudas se han desacoplado, por lo que los agricultores y ganaderos recibirán una ayuda en función al número de hectáreas. Así, entre las ayudas desacopladas figuran a los frutos de cáscara, entre los cuales se incluye el pistacho, a las proteginosas, a la prima por sacrificio en el ganado bovino y a las semillas, entre otras.

También como novedad, Soriano ha apuntado que se ha incluido una nueva ayuda nacional a los frutos de cáscara cofinanciada entre el Gobierno regional, que aportará el 33 por ciento, y el Ministerio de Agricultura. Asimismo, los agricultores y ganaderos que soliciten este tipo de ayudas en la convocatoria de 2012 podrán tener el borrador de las mismas vía web, en la página de la Consejería, o podrán recibir, quienes hayan facilitado el correo electrónico, el borrador en su domicilio.

Habrá indemnizaciones compensatorias para las tierras más desfavorecidas de la región

Del mismo modo, el portavoz regional, Leandro Esteban, anunció que se han convocado ayudas de indemnización compensatoria dirigidas a los agricultores por el incremento de costes de producción que suponen las tierras situadas en zonas desfavorecidas.

De este modo, en Castilla-La Mancha se podrán beneficiar por estas líneas de ayudas hasta 832 términos municipales de toda la región, que suponen unos 18.000 agricultores y ganaderos. El presupuesto es de 20 millones de euros.

Por último, se han convocado ayudas, también cofinanciadas entre UE, Junta y Ministerio, a los servicios de asesoramiento, con un presupuesto de 2,3 millones de euros y que van dirigidas tanto a entidades que se dedican a asesorar como directamente a agricultores.

Control de conejos

La consejera de Agricultura, Maria Luisa Soriano, aseguró que el plan de emergencia para el control de conejos aprobado la pasada semana por el Gobierno de Castilla-La Mancha está dentro de la legalidad. Así se ha pronunciado Soriano a preguntas de los medios sobre el hecho de que la organización Ecologistas en Acción denunciase que este plan del Ejecutivo castellano-manchego es “ilegal”. Soriano ha explicado que el departamento que dirige se puso en contacto con esta organización ecologista “y llegamos al acuerdo verbal de que esa medida entra dentro de la legalidad” contemplada en la Ley Regional de Caza y en la ley nacional, un asunto que consideró “zanjado”.

OTRAS AYUDAS

– El Gobierno regional ha convocado ayudas agroambientales para el fomento del pastoreo en el ganado ovino-caprino, cofinanciadas por la UE y que contarán con un presupuesto de 5,6 millones de euros. Beneficiará a 830 ganaderos aproximadamente.

– La tercera línea de ayudas son para distintos cultivos y razas de ganadería. En concreto, se trata de nueve líneas de ayudas confinanciadas por la UE, el Ministerio de Agricultura y la Junta, que cuenta con un presupuesto de 46 millones de euros.

– Otra línea de ayudas es la destinada a razas autóctonas en régimen extensivo. Están cofinanciadas por el Ministerio y la Junta y cuentan con un presupuesto de dos millones de euros.

– También se han convocado ayudas a la reforestación de tierras agrícolas con un compromiso de 15 años. Cofinanciadas entre UE, Ministerio y Gobierno regional, van dirigidas al mantenimiento de las explotaciones.

APUESTA

“Esto pone en valor la apuesta del Gobierno de Cospedal por el sector primario, un sector que consideramos estratégico para nuestra región”, apuntó Leandro Esteban.

Xavier de Pedro, dirigente del Partido Aragonés, podría ser el próximo presidente del organismo que gestiona los recursos del Río Ebro en nueve comunidades autónomas

ABC / MADRID

Día 17/02/2012 – 05.43h

La Confederación Hidrográfica del Ebro, el organismo que regula y gestiona los recursos del Río Ebro a su paso por nueve comunidades autónomas, podría pasar a depender del Partido Aragonés (PAR), formación con la que el PP gobierna en coalición en Aragón y que tiene en el «no» a los trasvases una de sus principales banderas. Fuentes cercanas a la formación regionalista dan por hecho que la presidencia recaerá en Xavier de Pedro, director general de Desarrollo Estatutario y miembro de la ejecutiva del PAR. La Confederación, que desde 2008 está presidida por Rafael Romeo, tiene entre sus misiones la elaboración del plan hidrológico de cuenca, es decir, el documento que, entre otras cuestiones, fijaría posibles excedentes de agua, una vez detraídos los caudales necesarios para el mantenimiento ecológico del cauce y las reservas para usos industriales, agrícolas y de boca.

Este organismo será clave desde el punto de vista técnico en el futuro plan hidrológico nacional que quiere redactar el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. En una reciente comparecencia en la Comisión de Agricultura del Congreso, el titular del ministerio, Miguel Arias Cañete, anuncio este nuevo plan con trasvases de agua «excedentaria», aunque en ningún momento llegó a mencionar la posibilidad del Ebro. El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, en cuya redacción participó De Pedro, fija una reserva exclusiva para la Comunidad aragonesa de 6.500 hectómetros cúbicos, lo que imposibilitaría que futuros trasvases partiesen de la Cuenca del Ebro.

El Partido Aragonés, en el que milita Xavier de Pedro, tiene en el «no» al trasvase uno de sus principales idearios. El compromiso del PP en Aragón de negarse a cualquier intento de trasvases fue determinante para que el partido que dirige el ahora presidente de las Cortes autonómicas, José Ángel Biel, aceptase formar coalición de gobierno con los populares y, recientemente, entrar a formar parte del Ejecutivo.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto en el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El nuevo organigrama dota de mayor eficiencia a los departamentos, recorta el número de direcciones y subdirecciones generales, simplifica las estructuras administrativas y reduce en más de medio millón de euros los costes de funcionamiento.

La reestructuración obedece al nuevo escenario de contención presupuestaria y con ella se da una respuesta adecuada a la política agraria, alimentaria, pesquera y ambiental. Establece como pilares básicos del Departamento la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Subsecretaría, la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y la Secretaría General de Pesca. El Organismo Autónomo Parques Nacionales queda adscrito al ministro.

Con este ajuste se pasa de las 61 subdirecciones generales que integraban la anterior estructura a 52. Asimismo, se reestructuran las Confederaciones Hidrográficas, dotándolas del rango orgánico de subdirecciones generales, lo que supone la desaparición de las cinco direcciones generales actuales.

La reducción de órganos superiores afecta también a los organismos públicos adscritos. Se suprimen dos organismos autónomos: el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) y el Parque de Maquinaria.

Las funciones del primero se integran en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y en la Secretaría General de Pesca. Y el segundo pasa a depender de la Dirección General del Agua.

De igual manera, el nuevo diseño recoge la integración de materias y áreas de las políticas ambientales, agrarias y rurales. Así, con la supresión de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, se dividen ambas áreas de actividad quedando la protección del Medio Natural incluida en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Por su parte, el área de Política Forestal se enmarca en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.

En esta línea, la Dirección General del Agua pasa a integrarse en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, segregándose la política de regadíos, que queda integrada en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.

SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

La nueva estructura orgánica establece como competencias de esta Secretaría de Estado la formulación de las políticas de calidad ambiental y la prevención de la contaminación y el cambio climático, la evaluación ambiental, el fomento del uso de tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles.

También le corresponden las políticas del ministerio referentes a la protección del medio natural sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca en la materia. Igualmente, entre sus competencias destacan la biodiversidad, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, así como la definición de los objetivos y programas derivados de la directiva marco del agua y la gestión directa del dominio público hidráulico.

Serán igualmente materias de su competencia las políticas sobre protección y conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre, y la participación en la planificación de la política de investigación en materia de biodiversidad de los ecosistemas marinos.

De la Secretaría de Estado dependerán como órganos directivos:

• La Oficina Española de Cambio Climático, con rango de dirección general, que a su vez contará con las subdirecciones generales de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático y la de Comercio de Emisiones y Mecanismos de Flexibilidad.

• La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, que asumirá la parte de competencias relativas a la conservación del Medio Natural y la Biodiversidad de la extinta Dirección general de Medio Natural y Política Forestal, contando para su gestión con las subdirecciones generales de Residuos, de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial, de Evaluación Ambiental y de Medio Natural.

• La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, de la que dependerán las subdirecciones generales de Dominio Público Marítimo-Terrestre y de Protección de la Costa, quedando dependiente de esta Dirección General la División para la Protección del Mar.

• La Dirección General del Agua, que contará para el desarrollo de sus funciones con las subdirecciones generales de Planificación y Uso Sostenible del Agua, de Programación Económica, de Infraestructuras y Tecnología y de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico.

A través de esta Dirección General quedan también adscritas al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la Mancomunidad de los Canales de Taibilla y las Confederaciones Hidrográficas. Los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar, Tajo, Guadiana, Duero y Ebro tendrán el rango de Subdirectores Generales

SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

De esta Secretaría General dependerá el desarrollo y coordinación de relaciones multilaterales en el marco de las políticas agroalimentarias, la investigación e innovación en materia agroalimentaria y de regadíos, el sistema agroalimentario y el desarrollo sostenible del medio rural y del territorio y la política forestal.

Asimismo, le corresponderá la definición y ejecución de las políticas del Ministerio referentes a industrias y mercados alimentarios, recursos agrícolas y ganaderos, sanidad animal y vegetal, acuerdos sanitarios y fitosanitarios con terceros países, ordenación territorial, desarrollo sostenible del medio rural, cuestiones horizontales de la PAC y relaciones bilaterales y multilaterales en materia agroalimentaria.

Entre sus atribuciones se encuentran la determinación de los criterios para establecer la posición española ante la UE y en los Acuerdos de la Unión Europea con terceros países que tengan contenido agrario y alimentario. También, el desarrollo de las acciones dirigidas al fomento de los cultivos agroenergéticos con criterios de sostenibilidad y las relaciones institucionales con las organizaciones profesionales y otras entidades representativas de los sectores agrario y alimentario. Depende de la Secretaria General la subdirección general de Apoyo y Coordinación y la presidencia del Consejo interministerial de Organismos Modificados Genéticamente.

De esta Secretaría General pasan a depender las siguientes Direcciones Generales:

• La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, que contará con las subdirecciones generales de Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Vitivinicultura, cultivos Herbáceos e Industriales, Productos Ganaderos, Medios de Producción Ganaderos, Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales.

• La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria que se segrega modificando su anterior rango de subdirección general y que contará con las subdirecciones generales de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera y de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal.

• La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal que asume las competencias sobre materia forestal que se gestionaban en la desaparecida Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, y las de regadíos que dependían de la Dirección General del Agua. Cuenta con las subdirecciones generales de Programación y Coordinación, de Modernización de Explotaciones, de Fomento del Desarrollo del Medio Rural, de Silvicultura y Montes y de Regadíos y Economía del Agua. Esta Dirección general tutelará también la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA).

• La Dirección General de la Industria Alimentaria que se hace cargo de parte de las competencias del FROM en lo relativo a las campañas de promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura y en la que se integran las subdirecciones generales de Fomento Industrial e Innovación, de Estructura de la Cadena Alimentaria, de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, de Promoción Alimentaria y de Control y Laboratorios Alimentarios.

Queda también adscrito a esta secretaría General el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que asume también funciones del FROM.

SECRETARÍA GENERAL DE PESCA

Forman parte de sus competencias las siguientes materias: Política en materia de pesca marítima en aguas exteriores y acuicultura, la ordenación básica del sector pesquero, las bases de la comercialización y transformación de los productos pesqueros y la participación en la planificación de la política de investigación en materia de pesca.

También le corresponden las relaciones institucionales con las organizaciones profesionales y otras entidades representativas de interés en el sector pesquero. Ostenta las funciones relativas a los acuerdos pesqueros de la Unión Europea con terceros países, las derivadas de la participación de España, por sí o en el seno de la delegación de la Unión Europea, en organizaciones internacionales de pesca y la cooperación internacional en asuntos pesqueros y acuícolas en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

De esta Secretaría dependen como órganos directivos

• La Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura que cuenta con las subdirecciones generales de Caladero Nacional, Aguas Comunitarias y Acuicultura, Acuerdos Pesqueros y Organizaciones Regionales de Pesca y Protección de los Recursos Pesqueros.

• La Dirección General de Ordenación Pesquera en la que se enmarcan las subdirecciones generales de Política Estructural, de Economía Pesquera y de Control e Inspección.

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Corresponde a la Subsecretaría la asistencia al Ministro en las funciones de control de la actividad del departamento, evaluando el funcionamiento del personal y de los servicios del Ministerio, así como el seguimiento de la contratación de obra pública de competencia del Ministerio.

Es también competencia de este departamento la asistencia para la preparación de las conferencias sectoriales, así como las relaciones institucionales con las organizaciones profesionales y otras entidades representativas de interés en los sectores medioambiental, agrario, alimentario y pesquero, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría de Estado y de las Secretarías Generales.

Igualmente forma parte de sus cometidos la coordinación y análisis para la implantación de medidas ante situaciones excepcionales en los sectores agroalimentarios que impliquen la necesidad de establecer actuaciones de carácter financiero, laboral o fiscal, la dirección de la Oficina de Adversidades Climáticas y Medioambientales, el seguimiento, análisis y prospectiva de los aspectos sociales, económicos y ambientales vinculados con las distintas áreas estratégicas del departamento, así como la definición de los ejes directrices plurianuales que orientan los estudios del departamento.

Dependen de la Subsecretaría con nivel de dirección general

• La Secretaría General Técnica que cuenta a su vez con la Vicesecretaría General Técnica, la subdirección general de legislación y Ordenación Normativa, la de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, la subdirección general de Relaciones Internacionales y Asuntos Comunitarios y la de Estadísticas. También depende de esta Secretaría General la División de Estudios y Publicaciones.

• La Dirección General de Servicios con varias subdirecciones generales como la Oficina Presupuestaria, la Oficialía Mayor, la Subdirección General de recursos Humanos y la de Sistemas Informáticos y Comunicaciones.

También dependen de la Subsecretaría como subdirecciones generales el Gabinete Técnico, la Inspección General de Servicios y la subdirección general de Análisis, Prospectiva y Coordinación. Asimismo están adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Subsecretaría, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO), dependiendo funcionalmente del Subsecretario el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM-Valsaín).