El senador del PSOE por Guadalajara Jesús Alique ha registrado una pregunta escrita dirigida al Gobierno, en la que le pregunta si considera «justa» la última derivación de agua aprobada por la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. En nota de prensa el PSOE, que indicó que Alique ha presentado otra pregunta al Ejecutivo sobre el futuro del parador de Molina de Aragón, explicó que el senador cuestiona al Gobierno si cree si «lógica» la reciente aprobación de una derivación de agua del Tajo al Segura de 228 hectómetros cúbicos, «teniendo en cuenta que la cabecera del Tajo se encuentra actualmente al 41% de su capacidad, mientras que el agua embalsada en los pantanos del Segura representa el 56,3% de su capacidad, en una situación con pocos precedentes históricos».

Recuerda este socialista guadalajareño que poco después de que la Comisión aprobase una derivación de 228 hectómetros cúbicos para el primer semestre de 2012, de los que 168,9 hectómetros son para regadío, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que el país está entrando en un periodo de sequía, con unas aportaciones en lo que va de año hidrológico en Entrepeñas y Buendía que son las cuartas más bajas de los últimos cien años. «La cuenca del Tajo en su conjunto se encuentra por debajo de la media de los últimos diez años y las reservas embalsadas son un 18% menos que las del año pasado. Por el contrario, la cuenca del río Segura almacena la mayor cantidad de agua de los últimos 52 años hidrológicos», dice el senador socialista. En estas condiciones, Jesús Alique estima que «no es razonable que el Gobierno de Rajoy haya aprobado este último trasvase del Tajo al Segura, que va a suponer el vaciado de los pantanos de Entrepeñas y Buendía a las puertas de un ciclo de sequía», como «tampoco es lógico el silencio cómplice del Gobierno de Cospedal, que todavía no ha sido capaz de presentar un recurso en contra».

Las declaraciones de Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia (PP), no han sido bien acogidas en el seno del PP castellano-manchego. Cospedal, en su día, ya aseguró que no iba a tolerar un trasvase al Levante desde el Tajo Medio, algo que sí exige Valcárcel, «del Tajo Medio o de donde sea», y Vicente Tirado aprovechó ayer para dar un tirón de orejas al presidente vecino. Le recordó que Cospedal ya fue contundente al respecto y dejó claro que se iba a hablar de un Plan Hidrológico Nacional (PHN), «no de lo que quiera un presidente autonómico, sino todos los españoles». Insistió, por tanto, en que lo que persigue el Gobierno es garantizar agua en calidad y en cantidad suficiente para todas las comunidades. «No es el momento de enfrentamientos, de estar estableciendo criterios partidistas, es el momento de tener altura de miras, valentía para hacer un plan hidrológico perdurable en el tiempo».
A renglón seguido, repitió que no se puede repetir la «irresponsabilidad» de José Luis Rodríguez Zapatero que derogó el anterior PHN. «Vamos a hacer un plan hidrológico desde el consenso, el diálogo y con soluciones efectivas que van a beneficiar mucho a Castilla-La Mancha», añadió el secretario general del PP regional.
Minutos más tarde, comparecía también en las Cortes la diputada ‘popular’ Cesárea Arnedo, que compartió al cien por cien las palabras de Tirado. No obstante, añadió que le sorprende cada día más que el PSOE se aleje por momentos del consenso. En este punto, recordó que los socialistas estuvieron de acuerdo en aprobar por unanimidad el anterior Plan Hidrológico Nacional de 2001. «Los mismos que ahora dicen no, dijeron entonces que sí».
No obstante, aseguró que su formación no cejará en el empeño de alcanzar el mayor acuerdo posible en lo que se refiere a agua y manifestó su confianza «en la plena capacidad» del ministro Arias Cañete para lograrlo.
El Grupo Parlamentario Socialista, por contra, lamentó la propuesta del PP para retirar del Congreso de los Diputados la Ley de Agua que hace un año aprobó el Ejecutivo socialista.
«No estaba previsto que de debatiera esta propuesta» (fue añadida media hora antes de comenzar el pleno del jueves), manifestó el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Martínez Guijarro. Con esta decisión, añadió, «Cospedal ha mentido hasta en tres ocasiones a los castellano-manchegos: lo ha hecho sobre el cementerio nuclear, sobre el Estatuto de Autonomía y sobre el paro».    

El director del Agua de la Generalitat será nombrado mañana presidente de la CHJ

D. MARTÍNEZ / ALICANTE

Día 09/02/2012

Nueva vuelta de tuerca a la recién estrenada política hídrica del Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo acometerá esta semana el relevo al frente de las dos confederaciones hidrográficas que afectan a la Comunidad, la del Segura y la del Júcar, para situar a dos presidentes con perfiles técnicos fuertemente identificados con las tesis hídricas que han venido defendiendo de forma conjunta la Generalitat y el Gobierno de la Región de Murcia.

Según ha podido saber ABC, el Consejo de Ministros tiene previsto nombrar mañana al actual director general del Agua de la Generalitat, José María Benlliure, como nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en sustitución del socialista Juan José Moragues. Al mismo tiempo, también se aprobará el nombramiento del homólogo de Benlliure en Murcia, Miguel Ángel Ródenas, como nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en el lugar de Rosario Quesada Gil.

El Gobierno socialista situó en 2004 a Moragues —marido de la ex alcaldesa de Gandía Josefa Frau— al frente del Júcar, un cargo desde el que se dedicó a aplicar la política antitrasvasista emanada del Ministerio de Medio Ambiente que entonces dirigía Cristina Narbona. En cuanto a Quesada Gil, tomó posesión a mediados de 2010 en sustitución del también socialista José Salvador Fuentes Zorita, que dimitió por su oposición a las limitaciones al trasvase Tajo-Segura, que entonces se debatían en Castilla-La Mancha y el Congreso de los Diputados.

Cambio de discurso

Con la llegada del PP al Ejecutivo, se ha producido un giro de 180 grados en el discurso hídrico del Gobierno. Hace una semana, el nuevo ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció en su primera comparecencia en el Congreso su intención de recuperar un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que no descarta las transferencias entre cuencas —si bien no parece probable que contemple el derogado trasvase del Ebro, máxime en un momento complicado para las grandes inversiones—.

En lo que toca a la Comunidad y a la provincia de Alicante, la llegada del PP al Gobierno supondrá, tal como ha venido contando ABC, una revisión de la política respecto a los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó. El cambio de política se articulará desde los organismos de gestión de cuenca a través de Benlliure, en el caso del Júcar, y de Ródenas, en el Segura.

En el caso concreto del Júcar, los dos grandes asuntos pendientes de revisión son, de un lado, el trasvase, y de otro, el nuevo plan de cuenca —que, según el borrador iniciado en la etapa de Moragues, reducía en 40.000 hectáreas la superficie de regadío en toda la Comunidad, con un quebranto económico de un millón de euros—.

Reunión con los regantes

El nuevo presidente de la CHJ conoce perfectamente las reivindicaciones de los regantes alicantinos, con los que ha mantenido diversos contactos en su etapa como director general del Agua —un cargo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, al que Benlliure accedió en la etapa de José Ramón García Antón como conseller—, y con los que mantiene una sintonía casi absoluta. Buena muestra de ello es que, según ha podido saber este periódico, una de las primeras reuniones que mantendrá Benlliure tras tomar posesión de su cargo será con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó.

El PP ya evidenció antes de las elecciones generales su apuesta por recuperar la toma original del trasvase Júcar-Vinalopó en Cortes de Pallás —cerca de Cofrentes—. Dado que la toma está construida, el proyecto solo precisaría de la conexión con el trazado actual, que arranca en el azud de la Marquesa, en Cullera. La conexión costaría unos 60 millones de euros, estaría lista en un año y se amortizaría en tres.

Recursos de agua subterránea, gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, recarga de acuíferos…son tópicos continuamente repetidos por responsables de las políticas de agua en nuestro país desde que las aguas subterráneas se integraron en el dominio público del agua, por la Ley de 1985.

En estos 26 años ha habido un aprovechamiento masivo de estas aguas debido principalmente a la iniciativa privada. Son decenas de miles las hectáreas de nuevos regadíos que se han implementado con este recurso, a pesar de que existen grandes lagunas en el conocimiento de muchos acuíferos y verdaderos agujeros negros en su gestión; que ha abocado, en no pocos casos a situaciones indeseables.

Cuando he planteado estas cuestiones a muchos responsables políticos, han terminado reconociendo, unos que las aguas subterráneas son las hermanas pobres, otros que son las huérfanas de las políticas de aguas. Sin embargo siguen presentes en la retorica de todos.

No voy a glosar aquí el importante papel que desempeñan las aguas subterráneas como recurso, en el medio ambiente y la cultura tradicional.

Las aguas subterráneas tienen aun un largo camino por recorrer en nuestro país, pero son necesarias: investigación, innovación tecnológica y financiación y sobre todo un marco normativo adecuado, que la legislación actual no satisface.

En el año 2005, por invitación del entonces Director General de Aguas, D. Jaime Palop, se constituyo un Grupo de trabajo en aguas subterráneas independiente, formado por personas procedentes de centros de investigación, comunidades de usuarios, empresarios, asociaciones profesionales y profesores universitarios.

Este Grupo de trabajo recibió el encargo de analizar la práctica de la gestión del agua y mediante la consulta al mayor número posible de colectivos implicados en las aguas subterráneas, proponer medidas conducentes a la mejor gestión de este recurso. De forma que la propuesta de reforma tuviera una amplia base social que recogiera las aspiraciones, opiniones y estudios de los colectivos involucrados: usuarios de diversos sectores, profesionales, técnicos, asociaciones que velan por el medioambiente, administraciones, etc.

Los trabajos realizados durante tres años se coordinaron desde la Universidad Autónoma de Madrid, por considerársela terreno neutral, aunque se conto en todo momento con el apoyo inestimable del personal de la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico.

Se realizaron 18 reuniones técnicas, 23 reuniones de convocatoria libre en 7 ciudades diferentes, información en Web y debate permanentes de diferentes borradores en on line. Con la participación de más de 900 personas interesadas, de regantes, usuarios diversos, organizaciones agrarias, sindicatos, profesionales de diversas titulaciones, centros de investigación, universidades, etc.

El resultado, filtrado jurídicamente por dos catedráticos en Derecho Administrativo expertos en legislación de agua, fue un gran número de propuestas que se presentaron a la Dirección General, estructurada en propuestas articuladas de reforma a la Ley de agua, propuestas de modificación del Reglamento de Dominio Público hidráulico, Guía de propuestas generales de actuación y Acciones de acompañamiento.

De las propuestas presentadas, la de reforma de la Ley de aguas, paso por el Consejo Nacional del Agua y a continuación a perderse en un cajón de los despachos ministeriales. Algunos aspectos de las propuestas de modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, fueron recogidos en su última modificación y nunca más se supo de las iniciativas y propuestas restantes. Esto ha motivado un fuerte sentido de frustración en los centenares de personas que participaron con sus ideas y perdiéndose una vez más la oportunidad de mejorar la gestión de las aguas subterráneas.

Desde aquí pido a los nuevos responsables de las políticas de agua que desempolven la documentación citada, la analicen, modifiquen lo que consideren debe ser modificado y den un paso decidido para contribuir a mejorar la gestión del agua subterránea, que constituye la mitad oculta del ciclo natural del agua y si no se gestiona bien esta mitad nunca tendremos una buena gestión del agua en España. 

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada¹, ha asegurado hoy ante el Pleno de las Cortes Regionales, que con la participación activa del Gobierno regional “y también con la de toda nuestra sociedad civil, las demandas en materia hidrológica de nuestra Comunidad van a ser impulsadas y defendidas por el Estado, dentro de un marco normativo infinitamente más seguro, eficaz y de aplicación en todo el territorio nacional”.

De esta manera se ha expresado la titular de Fomento en referencia a la iniciativa del Grupo Popular de retirar la Proposición de Ley relativa al agua de Castilla-La Mancha, presentada por el anterior Ejecutivo regional.

Marta García² de la Calzada ha subrayado que las circunstancias que daban aliento a esta Proposición de Ley han desaparecido, dado que “los objetivos contenidos en ella van a estar salvaguardados en los nuevos planes de demarcación que se están elaborando en el nuevo Plan Hidrológico Nacional³, que va a garantizar las necesidades hídricas de nuestra región, siendo beneficioso para Castilla-La Mancha y para nuestro país”.

“El nuevo Gobierno nacional, en apenas un mes tras su toma de posesión, se ha comprometido a alcanzar un Pacto Nacional del Agua que supere el fracaso de 2005 y el desacierto de una política hidráulica que no benefició a Castilla-La Mancha. Y, lo que es más importante, se abre la puerta al espíritu de consenso de 2001”, ha recalcado la consejera.

La titular de Fomento ha recordado ante el Pleno de la Cámara que el Plan Hidrológico⁴ Nacional de 2005, que supuso la derogación parcial del Plan Hidrológico Nacional de 2001 a instancias del Partido Socialista⁵, “dejó a Castilla-La Mancha huérfana en cesión de agua y dejó a la cuenca del Tajo como única cuenca cedente en todo el territorio nacional”.

Además, Marta García ha criticado que “la filosofía del Plan de 2005 era que las necesidades del sureste español se atendieran exclusivamente con aguas del Tajo y de las aguas procedentes de desaladoras que, por decenas, se iban a construir en el litoral mediterráneo”.

“De las 51 desaladoras previstas, sólo hay 17 en funcionamiento y a un nivel de capacidad del 16 por ciento, 15 están todavía en construcción, y el resto de las previstas están en trámites”, ha enumerado la consejera.

Además, para llevar a cabo este plan, Marta García ha detallado que la inversión ha sido de 1.664 millones de euros, “siendo necesario llegar a la cantidad de 2.420 millones de euros para poder finalizarlo, a lo que hay que sumar el alto coste energético y medioambiental de estas instalaciones”.

Por todo ello, la responsable de Fomento ha calificado el citado Plan Hidrológico del año 2005 como un fracaso. “Y así también lo debieron entender los miembros del Partido Socialista, porque inmediatamente iniciaron una catarata de iniciativas administrativas, judiciales y legislativas de escaso resultado, que revela no tanto la firme defensa de los intereses de los castellano-manchegos, sino un reconocimiento de su error al haber respaldado el Plan de 2005, y una rectificación por la vía inadecuada”.

Ni una taza de chocolate caliente, ni una bufanda de lana. Para que un diputado regional entre en calor no hay nada mejor que un debate sobre agua. Y por eso el pleno de ayer estuvo muy caldeado. No estaba en la previsión meteorológica del día, sino que fue media hora antes de empezar la sesión cuando se incluyó una propuesta del PP para retirar del Congreso de los Diputados la Ley del Agua que hace un año aprobó el Gobierno del PSOE. La mayoría de los votos populares consiguió finalmente que la Ley no se tramite en Madrid.
Sobre el contenido de esta normativa no hubo mucho debate, porque PP y PSOE coincide en defender bastantes puntos: la necesidad de la Tubería para llevar agua a la Mancha, la prioridad del abastecimiento para Albacete del Júcar o la reivindicación de una lámina de agua en los embalses de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, para seguir atrayendo al turismo. Incluso los dos piden una reserva de agua. El PSOE la cifra en 4.000 hectómetros y el PP la lleva a 4.500. «Son necesidades que deben satisfacerse conforme al principio de prioridad de cuenca cedente y serían revisables según las necesidades futuras», recalcó Teruel.
¿Dónde está la diferencia entre unos y otros? En la herramienta para conseguir esas reivindicaciones. Para el PSOE sería más efectivo intentar aprobar esa Ley del Agua en el Congreso de los Diputados y teme que Cospedal no quiera hacerlo por sus aspiraciones políticas en el seno de su partido. El PP, en cambio, confía en el pacto nacional del agua que ha prometido alcanzar el nuevo ministro de Agricultura. La consejera de Fomento también se postuló a favor de esta segunda opción. En su discurso, optó por las formas templadas

El sector agrario, al que según recordó lleva vinculado profesionalmente toda su vida, fue protagonista del discurso que Federico Pozuelo (Alpera, Albacete, 1950) pronunció ayer en su toma de posesión como subdelegado del Gobierno en la provincia. En un acto que presidió el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, el hasta ahora coordinador de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura dijo que entrega, honradez y diálogo serán los tres principios en los que basará su actuación.

Pozuelo, que juró su cargo ante una nutrida representación de autoridades políticas de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento; religiosas; representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; Justicia; organizaciones agrarias y sindicales y funcionarios de la Subdelegación, agradeció a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, la confianza depositada en él, señalando que dedicará a su nueva tarea toda la «entrega y responsabilidad» que requiere el puesto, y «sin perder de vista un sector al que llevo dedicado toda mi vida profesional, el sector agrario».

Subrayó, en este sentido, que se trata de una actividad estratégica e imprescindible para el desarrollo de Castilla-La Mancha, y a la que tiene previsto apoyar solventando uno de los asuntos que más preocupación genera, el de los robos en las explotaciones agrarias. «Especial mención merece la delincuencia en el medio rural», señaló Pozuelo, ingeniero agrónomo y funcionario vinculado a la administración de Agricultura, quien apostó por «intensificar» los medios humanos, materiales y legales «que permitan su disminución».

El nuevo representante del Gobierno en la provincia tuvo palabras de «reconocimiento, respeto y colaboración» hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, representadas en la sala de la Subdelegación donde se celebró el acto, entre otros, por el general jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, Joaquín Ruiz, y el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en la Región, Juan Carlos Ortiz.

«Soy consciente de que asumo esta responsabilidad en un momento difícil para España y para Albacete», manifestó Federico Pozuelo, quien aludió a la «profunda crisis económica» y a los 49.000 parados de la provincia.

A este escenario de falta de empleo se refirió también el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, quien confió en que puedan incorporarse al mercado laboral quienes «se encuentran sin posibilidad de trabajar aunque ese sea su deseo», en el marco de una crisis «que nos ha venido dada».

Labrador dijo del subdelegado que es un hombre «sensato» y «trabajador», destacando de él su vocación de servicio, y se mostró orgulloso del conjunto de subdelegados del Gobierno de la Región que empiezan esta semana su tarea con el objetivo de aunar esfuerzos entre instituciones y administraciones, evitando «duplicidades».