JCRMO – 03/02/12.PDF

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http://www.marm.es/es/prensa/12.02.01%20Intervenci%C3%B3n%20Comisi%C3%B3n_tcm7-190339.pdf

Ofrecemos en este artículo la Intervención íntegra en materia de agua del Ministro Miguel Arias Cañete en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente celebrada el pasado 1 de febrero de 2012.

Arias Cañete comienza con un repaso por la herencia recibida y continúa con un avance de las políticas que se aplicarán en esta nueva legislatura.

Herencia recibida

En el caso del agua, recurso escaso y por tanto de vital importancia para España, según lo establecido por la Directiva Marco del Agua se debería haber terminado en diciembre de 2009 el proceso de planificación hidrológica de las Demarcaciones Hidrográficas.

Para España, se han definido 25 Demarcaciones: 13 intra-comunitarias, cuya planificación es competencia de las Comunidades Autónomas; 9 inter-comunitarias, en las que la responsabilidad planificadora es del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Ceuta y Melilla. En total 25 planes, de los cuales sólo se ha culminado hasta la fecha 1 de las cuencas intracomunitarias (Cataluña).

Por este motivo, la Comisión Europea ha presentado una demanda contra España en el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento en dos puntos relevantes: plazo de aprobación y realización de un proceso de participación pública. La probable sentencia condenatoria supondrá una sanción económica. Es, por tanto, un hecho lamentable que en estos momentos seamos el país más atrasado en Europa en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, y que la no aprobación de tales planes pueda llegar a comprometer inversiones realizadas con Fondos Europeos o del Banco Europeo de Inversiones, en materia de agua.

En segundo lugar, Señorías, el sistema de desaladoras, que sustentaba el abastecimiento para consumo humano y riego agrícola a todo lo largo de la costa mediterránea. El plan inicial suponía la construcción de 51 instalaciones, de las cuales únicamente 17 se encuentran en explotación y 15 en construcción.

Este plan ha implicado ya una inversión de 1.664M€, y precisará de otros 762M€ adicionales si queremos que las 32 desaladoras iniciadas estén operativas, con lo cual la inversión total será de 2.426M€. Es más, las desaladoras actualmente operativas únicamente producen 111,56 hectómetros cúbicos de agua desalada, lo que supone apenas un 16,45% del total de 678,18 hectómetros cúbicos que deberían estarse produciendo. El coste de producción por m3 (1,1 €/m3 aprox.) es, en el caso del regadío, uso previsto en el plan de desaladoras, muy superior a lo que puede soportar el usuario (0,30 €/m3 máximo), y, por tanto, genera una cadena de subvenciones encubiertas para hacer viable su uso. Es más, algunas de las desaladoras (ya terminadas) ni siquiera pueden entrar en servicio al 100% por carecer de licencias, faltar la conexión a la red de agua potable u otras razones.

Es cierto que la técnica de desalación se ha demostrado muy útil es medios muy áridos, cercanos a la costa o a aguas salobres y con bajos aportes hídricos, pero no lo es menos que resulta insostenible ambientalmente como base del abastecimiento por su alto consumo energético y los efluentes de alta concentración salina que genera.

Por otra parte, les informo también de que el Reino de España tiene dos expedientes sancionadores abiertos por incumplimiento de la Directiva 91/207/CEE que hace referencia a la calidad de las aguas mediante depuración. Las actuaciones en esta materia aparecen recogidas en el denominado Plan Nacional de Calidad de las Aguas, cuya ejecución está tan retrasada que ha dado lugar a dos procedimientos sancionadores: el Exp. 2004/2037 de depuración de aguas residuales urbanas en Zonas Normales y el Exp. 2002/2123 de depuración de aguas residuales urbanas en Zonas Sensibles.

En el primero de estos expedientes se nos exige la depuración de 23 grandes núcleos urbanos (de más de 15.000 habitantes equivalentes), de los cuales 11 ni siquiera han comenzado a construirse. Respecto del segundo, es preciso que dentro de las llamadas Zonas Sensibles se construyan 39 instalaciones depuradoras para minimizar posibles daños de los efluentes urbanos en áreas de calidad ambiental que limitan a núcleos de población.

Finalmente, en materia de depuración se ha recibido, además, de la Comisión un requerimiento de información sobre aglomeraciones de entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes, con deficiencias en el cumplimiento de la Directiva.

La cantidad de núcleos afectados asciende a 912 entre deficiente recogida de aguas residuales o mala depuración. Por el alto volumen de inconsistencias estamos ante el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.

En relación con las Sociedades de Aguas, que fueron creadas para la ejecución de obras hidráulicas de forma rápida y eficaz, en la actualidad operan 4: Acuanorte, Acuasur, Acuaebro y Acuamed. Todas presentan idéntico funcionamiento y objeto, distinguiéndose por su ámbito territorial. 

Estas sociedades fueron creadas con el objeto de realizar inversiones solicitadas mediante encomienda de gestión por el Ministerio y financiarse con recursos propios (aportaciones de capital del Departamento), fondos de la UE (FEDER y Fondos de Cohesión) y reversiones de los usuarios. El problema es que dos de las fuentes de financiación no están disponibles hasta que se acaben las obras. Hemos comprobado que en alguna sociedad se han realizado inversiones por encima de los recursos propios (más de 4.000 M€, contando únicamente con 1.6252 M€) y sin disponer de los ingresos debidos a las otras fuentes de financiación.

Esto supone dejar a la sociedad técnicamente en estado de insolvencia, con la necesidad de 800 M€ en financiación para poder terminar y poner en explotación las inversiones. En cuanto al Plan Especial del Alto Guadiana, aprobado mediante el Real Decreto 13/2008, fijaba una serie de inversiones para la comarca del Alto Guadiana que han generado expectativas incumplidas en la zona. El Plan proponía unas inversiones de más de 2.800 M€ para el periodo 2008-2015 y de más de 2400 M€ en el periodo 2016- 2027.

Necesitamos reordenar el uso sostenible del acuífero 23 y afrontar la modificación de los usos de las explotaciones de aguas subterráneas existentes, pero mediante actuaciones eficaces, que sean coherentes con disponibilidad presupuestaria existente. La promesa incumplida, contenida en dicho Plan, de regularizar 8.000 pozos ilegales ha supuesto otra desilusión para los agricultores de la zona, que dificultará la ordenación hidráulica del Alto Guadiana. 

Esta situación se ve, además, agravada por la firma de convenios por cuantías elevadas (más de 200 M€) sin la correspondiente reserva presupuestaria por parte de los organismos de cuenca responsables.

Planes de futuro para la política y gestión del agua

La política y gestión del agua tendrá, como finalidad prioritaria, garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio nacional. Y el suministro debe entenderse de modo integral, considerando tanto las necesidades humanas como las propias del mantenimiento de los ecosistemas ligados al agua. Al mismo tiempo, el agua supone un elemento vertebrador territorial, y como tal necesita de la gestión solidaria y sostenible para cubrir las necesidades de las distintas regiones españolas.

Este carácter integral y vertebrador exige una gestión unificada y coordinada. En este sentido es necesario marcar una relación jerárquica clara entre las distintas instituciones implicadas en la gestión del agua. Tenemos que mejorar la coordinación legal, económica y de planificación entre la DG del Agua, las Confederaciones Hidrográficas y las Sociedades de Aguas. Por ello, es necesario dejar claro el reparto de responsabilidades, de modo que los actuales Presidentes de las distintas Confederaciones Hidrográficas tendrán consideración de subdirectores generales, dependientes del Secretario de Estado y del Director General del Agua.

Asimismo, las Sociedades de Aguas revisarán las encomiendas de gestión recibidas en el pasado y necesitarán de la aprobación de la DG del Agua en sus nuevas inversiones y cuentas anuales.

En materia de legislación y normativa de aguas, abordaremos de forma rápida algunos aspectos que en la actual Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico han quedado desfasados e impiden una toma de decisiones eficaz.

Las modificaciones que se proponen quieren dejar claro que la función de policía del Dominio Público Hidráulico es competencia estatal, sin perjuicio de la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas frente a las sanciones por procedimientos infractores en materia de agua. Asimismo, se establecerá un sistema de cálculo de sanciones sobre afecciones al Dominio Público Hidráulico claro y preciso, con el rango normativo apropiado y que evite la inseguridad y posible arbitrariedad.

Con el objetivo de asegurar el suministro de agua en suficiente cantidad y calidad, con el acuerdo y apoyo solidario de todas las Comunidades Autónomas, abordaremos el Pacto Nacional del Agua. Este pacto será de larga duración y tendrá un carácter estratégico y vertebrador para todo el territorio nacional. Y resultado de este Pacto Nacional será la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que contemple los acuerdos del Pacto y materialice sus objetivos.

Este nuevo Plan Hidrológico tendrá en cuenta todas las tecnologías e infraestructuras existentes. Propondrá la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas de manera que se asegure la eficiente gestión del recurso, el aumento de caudales en zonas con actual déficit hídrico y el abastecimiento a precios razonables para cada uso.

Finalmente, deberemos explorar la creación de mercados transparentes con los derechos del agua ya existentes. El uso sostenible del agua exige alcanzar un 100% de la depuración de las aguas. Este objetivo supondrá el cumplimiento de la Directiva 91/271 y, en consecuencia la desaparición de los procedimientos sancionadores actualmente en curso.

Para ello se ejecutarán 23 actuaciones (depuradoras o colectores) en ciudades grandes en Zonas denominadas Normales, 39 actuaciones (principalmente depuradoras) en Zonas Ambientalmente Sensibles y actuaciones en gran parte de las más de 912 aglomeraciones menores.

Las infraestructuras de saneamiento son, por tanto, la inversión prioritaria en la Dirección General del Agua, hasta conseguir este objetivo. La situación actual, con fuertes limitaciones presupuestarias, nos exige una mayor coordinación entre los entes inversores y una adecuada priorización de las inversiones. La depuración combinada con la reutilización supone una oportunidad para generar nuevos recursos hídricos. Nos proponemos aumentar el volumen empleado actualmente hasta llegar a 650 hm3/año de agua reutilizada.

La sustitución de agua fresca por reciclada conllevará una mejora de calidad del caudal circulante y asegurará el mantenimiento de los caudales ecológicos y humedales. En los cursos bajos se dispondrá del uso del agua reciclada como aporte complementario al caudal disponible.

Como dije al principio, la Directiva Marco del Agua preveía que en 2009 todos los Estados Miembros habrían elaborado y aprobado los planes de cuenca para cada una de las Demarcaciones de los Estados Miembro. Los largos procedimientos de información pública y las negociaciones y mala coordinación entre los distintos actores del territorio (regantes, sindicatos, asociaciones de usuarios, distintos niveles de gobierno en materia de aguas, etc) han llevado a una situación de lentitud e inoperancia.

La nueva estructura de gestión y decisión, más coordinada, entre la DG del Agua y las Confederaciones Hidrográficas redundará en una agilización y finalización de los planes. Es nuestra competencia la elaboración y tramitación de los planes de cuencas intercomunitarias, mientras que las Comunidades Autónomas elaboran los de las cuencas intra-comunitarias. Pues bien, nuestro objetivo es tener revisados y terminados todos los Planes de Demarcación Hidrográfica inter-comunitarios (9 planes), en el mínimo tiempo posible, (septiembre de 2013) e apoyar a las CCAA en la redacción y aprobación de los planes que están bajo su competencia y responsabilidad.

Un caso particular será el del Plan Especial del Alto Guadiana. La responsabilidad de la gestión ordenada del acuífero 23 y el mantenimiento sostenible de la actividad y los ecosistemas en la región nos exigen actuar de forma consciente, sin generar falsas expectativas y rindiendo resultados concretos.

Por ese motivo, procederemos a derogar el Plan existente y a plantear uno nuevo, adecuado a las disponibilidades presupuestarias reales y que tome en cuenta las necesidades sociales, regularizando las extracciones subterráneas en conformidad con la capacidad de recarga del acuífero y fomentando el uso sostenible del agua.

Será responsable del desarrollo de este nuevo Plan Especial del Alto Guadiana la Confederación Hidrográfica del Guadiana y, por encima de ella, la Dirección General del Agua.

Descargar Intervención Íntegra de Miguel Arias Cañete

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha asegurado que las líneas del Plan Hidrológico Nacional anunciadas por el ministro Miguel Arias Cañete recogen lo que siempre ha defendido el PP castellano-manchego.

Esteban, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha detallado que esas reivindicaciones son la prioridad de la cuenca cedente en el uso del agua, la garantía de la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de Castilla-La Mancha y la solidaridad entre las regiones.

Eso es -ha dicho- lo que siempre ha defendido el PP y lo que está recogido en iniciativas parlamentarias que fueron rechazadas por el PSOE cuando era mayoritario en la comunidad autónoma.

En ese contexto, Esteban ha reprochado al PSOE la “demagogia” que ha hecho sobre este asunto, sus cambios de criterio y de las reglas del juego, que haya “engañado” a los ciudadanos y que ahora quiera “perseverar en un error que lo único que ha hecho ha sido generar guerras” entre comunidades autónomas.

A su juicio, lo que necesita España es una política nacional conjunta que solucione los problemas de agua de todo el estado y de la comunidad autónoma, porque en los ocho años anteriores han faltado medidas y ha sobrado “demagogia”.

“Ya era hora de que un ministro hablara claro”, ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico, quien ha explicado que las soluciones han de ser negociadas, pues los planteamientos individualistas sólo conducen a enfrentamientos.

Por ello, ha emplazado al Partido Socialista castellano-manchego a volver a posiciones de consenso como hizo con el PHN que aprobó el Gobierno de José María Aznar.

(Castilla La Mancha) REGIONES-AUTONOMIAS | > AREA: Política

01-02-2012 / 14:51 h

Guadalajara, 1 feb (EFE).- El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha defendido hoy la conveniencia de contar con un plan hidrológico nacional para solucionar los problemas en materia de agua y trasvases.

Labrador, que ha visitado la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, a declarado que en materia de agua hay que buscar una solución «que no sea sectorial ni parcial», y ha recordado que este el mensaje que viene repitiendo el PP de forma constante.

«Somos un Estado y la solución pasa por un plan hidrológico nacional, una solución que ya propuso el anterior gobierno del PP y que fueron otros los que paralizaron cuando todo el mundo había llegado a un acuerdo», ha apuntado el delegado del Gobierno, que ha abogado por una salida que satisfaga a todos los españoles.

Por otra parte, ha declinado dar a conocer quién será el nuevo subdelegado del Gobierno en Guadalajara, aunque ha señalado que se conocerá «a la mayor brevedad posible».

Preguntado al respecto por los periodistas, no ha querido dar su nombre y ha abogado por respetar los trámites institucionales, pero ha adelantado: «será una persona con vocación de servicio público, mucha capacidad de trabajo, gran capacidad de gestión y con un amor a los ciudadanos de Guadalajara y de toda España».

«Ese es el perfil que tendrá la persona que ostente el privilegio y la responsabilidad de ser subdelegado», ha añadido Labrador.

También se ha referido a la reunión que mantendrá esta tarde con la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, con el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha y con el comisario Juan Carlos Ortiz Argüelles, y el general jefe de la Segunda Zona de la Guardia Civil, Joaquín Eugenio Ruiz Seco.

Ha avanzado que se trata de una reunión conjunta para analizar la situación, con el objetivo de tratar de evitar duplicidades y tratar de gestionar los servicios de la forma más eficiente para los castellano-manchegos.

Durante su visita, Labrador se ha reunido con los responsables de la Comandancia de la Guardia Civil, con la presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, Ana Guarinos, y con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Antonio de las Heras. EFE

Decía Manuel Lorenzo Pardo, el ingeniero que diseñó el trasvase Tajo-Segura para la II República que luego se apropió Franco, que “el agua calienta más que el fuego y emborracha más que el vino”. Eso quedó claro ayer, tras el anuncio del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de formular un nuevo plan hidrológico nacional que incluya trasvases “solidarios” para llevar agua a Alicante, Almería y Murcia. En esta región, la más afectada, el PP sostiene que le da igual de dónde les llegue el agua, “incluso del Amazonas”. La geografía hizo que las miradas se dirigieran más cerca: al Ebro y el Tajo.

Si alguien pensaba que recuperar el trasvase del Ebro era sencillo, ayer tuvo un baño de realidad. Si en 2000 la obra iba a ser “un paseo militar” —el mismo Cañete fue cazado por una cámara diciéndolo— doce años después parece inviable. El PP de Aragón aprendió cómo se pierden unas elecciones por el agua y ahora ha vuelto al poder pero lo hace junto al Partido Aragonés. Y ayer, el portavoz de este partido en las Cortes Autonómicas, Alfredo Boné, advirtió: “Los aragoneses nunca aceptarán que se resuciten viejas amenazas, como la del trasvase”. Cualquier intento de llevar agua del Ebro (aunque sea de Tarragona, lejos de Zaragoza) rompería el pacto de Gobierno.

Tal es el clima en la comunidad, que la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, pidió al Ejecutivo central “respeto al Estatuto de Autonomía” ante la posibilidad de un trasvase del Ebro. El estatuto fija una reserva exclusiva para Aragón de 6.500 hectómetros cúbicos (más de seis veces el derogado trasvase), lo que impediría que hubiera agua excedentaria. El texto es constitucional pero solo porque no tiene aplicación práctica, según falló el Constitucional.

En Cataluña, CiU se guardará de no cometer los mismos errores que cometió hace diez años al apoyar el Plan Hidrológico Nacional de Aznar. Entonces soliviantó a los habitantes de la ribera del río. Fue la puntilla que llevó a la primera derrota electoral de CiU. Diez años, y con el Gobierno catalán otra vez en manos de CiU, los nacionalistas ya han dejado claro que su actitud será “diferente”. “Quedamos muy escaldados con el tema del PHN. Ya veremos cómo evoluciona y cómo se concreta el plan, pero vista la experiencia y el resultado de la gestión política de hace diez años, actuaremos diferente”, señaló el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs. La reivindicación de CiU es el trasvase del Ródano.

Cospedal baja el tono en público y facilita que la obra afecte al Tajo

Por si había dudas, los alcaldes del Delta del Ebro se sumaron: “Nuestra oposición será clara ante cualquier propuesta de trasvase, nos opondremos frontalmente”, aseguró Ferran Bel, alcalde de Tortosa y senador de CiU. El pasado septiembre, el pleno de este Ayuntamiento votó en bloque —incluido el PP— contra la demanda de la diputación de Castellón de transferir agua del Ebro.

Si no es el Ebro queda el Tajo, bien sea desde Toledo, desde Extremadura o alguno de sus afluentes como el Jarama o el Tiétar, y con la posibilidad de dejar agua en el Guadiana. En cualquier caso, afectaría a Castilla-La Mancha, la única comunidad de la que ya nace un gran trasvase, el de la cabecera del Tajo. Allí, su Gobierno ha optado en cambio por bajar el tono. La presidenta de la comunidad, Dolores de Cospedal, es además secretaria general del PP y difícilmente podría poner en peligro de forma abierta un plan del Gobierno de Rajoy. No tiene el margen de actuar como barón díscolo. Eso quedó claro cuando aceptó el almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) nada más llegar el PP a La Moncloa tras haberlo rechazado —al menos oficialmente— cuando el ministro era el socialista Miguel Sebastián.

El portavoz regional, el popular Leandro Esteban aplaudió que Cañete busque una solución “integral, conjunta, unitaria, respondiendo al principio de prioridad de la cuenca cedente, además de cubrir las necesidades hidrológicas presentes y futuras desde un principio de solidaridad entre regiones”. Esteban lamentó que durante años se haya hecho “tanta demagogia” con el agua en la comunidad y lamentó que el PSOE quiera “perseverar en un error que ha conducido a generar guerras del agua entre regiones”.

La defensa de un acueducto solidario levanta a las cuencas cedentes

Pero el PSOE considera que con el agua puede hacerle daño a Cospedal —que acabó con la hegemonía socialista por un solo diputado—. “Estamos a favor de un nuevo PHN, sí. Pero del que empiece por el fin del Tajo-Segura”, declaró el portavoz del PSOE en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro. La capital, Toledo, ha visto cómo el trasvase reducía el caudal del río y cómo la falta de depuración de Madrid ha hecho que la contaminación sea cada vez mayor. Y han surgido movimientos ciudadanos como la Plataforma en Defensa del Tajo, que fue capaz en 2009 de reunir a decenas de miles de personas en Talavera contra el trasvase.

Un problema de plazos

Ejecutar un trasvase es un problema político, pero además lo es técnico. No porque todas las opciones no estén más que estudiadas, sino porque en este momento el Ministerio de Medio Ambiente debe aprobar con urgencia los planes de cuenca, que reparten el agua: abastecimientos, caudal ecológico, usos agrarios… España lleva más de dos años de retraso y Bruselas no acepta más demoras.

Pero en esos planes —que están casi listos pero en el cajón— las cuentas solo cuadran a martillazos. No hay agua y no tiene pinta de llover. En el Ebro era imposible cumplir la pretensión de Aragón de ampliar los regadíos y la de Cataluña y los ecologistas de duplicar el caudal ecológico del Ebro en la desembocadura hasta 200 metros cúbicos por segundo.

En el Tajo, la presidenta de la Confederación, la socialista Mercedes Gómez, colgó en la web el borrador de plan, que considera el Tajo sufre un déficit «no admisible» y que habría que reducir a la mitad el actual trasvase al Segura porque la entrada de agua en los pantanos de los que nace el trasvase ha caído un 47% en el periodo 1980-2006 respecto al 1959-1979, cuando se diseñó la obra. El documento (varios tomos tras años de trabajo técnico) fue retirado después de que lo publicara este diario. Sin embargo, tampoco es tan sencillo que un nuevo equipo cambie la disponibilidad de agua que allí aparece, los gráficos de aportaciones o rebaje los caudales ecológicos. Que el trasvase actual del Tajo no sirve como se ideó es algo que ya se acepta incluso en Levante. La obra estaba diseñada para trasvasar 600 hectómetros cúbicos al año, pero esa cifra solo se alcanzó en 2000.

Al problema de los planes de cuenca se suma la sequía. Pese al invierno tan seco, España aún tiene reservas en los embalses. Pero si no llueve, en otoño la situación puede ser mucho peor. Y las tensiones políticas crecen con la escasez.

El PSOE opina que si el Plan Hidrológico propuesto por Arias Cañete plantea aumentar los trasvases «daremos muchos pasos atrás en el posicionamiento político del país»

Soraya L. Hernández

Era de suponer que el anuncio que el miércoles realizó el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, de ‘resucitar’ el Plan Hidrológico Nacional (PHN), derogado por el Gobierno socialista, no iba a caer bien dentro de las filas socialistas. Especialmente «porque hay otras alternativas», manifestó José Luis Martínez Guijarro. No obstante, «se puede hablar de un nuevo Plan Hidrológico Nacional si se incluye en el mismo el fin del trasvase Tajo-Segura. Así empezaremos a llegar a acuerdos», apuntó el parlamentario socialista, quien añadió que si de lo que se trata es de un nuevo Plan Hidrológico que plantee aumentar los trasvases, «creemos que es dar muchos pasos atrás en el posicionamiento político del país».
Pero el enojo no solo va dirigido hacia el ministro, sino también hacia María Dolores Cospedal, en su condición de presidenta de Castilla-La Mancha. Martínez Guijarro lamentó profundamente que en el Congreso de los Diputados, donde compareció Arias Cañete, se «vuelva a hablar» de trasvases desde la Región a otros territorios pero, sobre todo, que eso se permita «con la connivencia» de Cospedal.
Por todo ello, criticó que en la reunión de la Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes el PP haya tenido «mucha prisa» en aprobar un procedimiento para retirar proposiciones de Ley en el Congreso que, a su juicio, incluiría la retirada de la Ley del Agua aprobada por el Gobierno socialista «para dejar vía libre a que no haya ningún problema en la aprobación de nuevos trasvases». En este sentido, explicó que la Ley del Agua de Castilla-La Mancha se aprobó unos meses antes de que terminara la anterior legislatura y se remitió a la Cámara Baja donde está pendiente de su toma en consideración. «Lo que quiere hacer el PP es retirarla antes de que se tome en consideración», recalcó.
El PSOE no está en contra del procedimiento para la retirada de proposiciones de Ley, añadió. «De lo que estamos en contra es que ese procedimiento se aplique a la retirada de esa proposición de Ley en la que se incluían todas las reivindicaciones que en materia de agua se habían incluido en el Estatuto de Castilla-La Mancha».

ATC. Martínez Guijarro compareció en rueda de prensa junto al responsable de Greenpeace Carlos Bravo, quien dio argumentos en contra de la instalación del Almacén de residuos nucleares que el Ejecutivo central instalará en Villar de Cañas (Cuenca). La organización plantea presentar un recurso contra esta decisión del Gobierno y para ello se reunió ayer con el PSOE en las Cortes. Bravo señaló que, al margen de los motivos de seguridad conocidos para estar en contra de su construcción, se hallan los económicos. Defendió que un Almacén Centralizado cuesta unos 2.000 millones, mientras que los Individualizados rondan los 80 ó 100 millones. Además, añadió Guijarro, «está comprobado que un ATC no es un factor de desarrollo, sino más bien todo lo contrario», dijo.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal¹, ha considerado “una gran noticia” tener un ministro de Agricultura y Medio Ambiente² “que tiene bien claro que España debe tener un Plan Hidrológico Nacional”.

Asimismo, ha valorado que “es un ministro que dice que ese plan debe partir del principio de unidad de cuenca, de preferencia de la cuenca cedente sobre la receptora, tanto para fines presentes como futuros, y contemple además el principio de solidaridad territorial, porque en España hay agua para todos, pero está mal repartida, es una mejor noticia”.

Así se ha pronunciado la presidenta Cospedal a preguntas de los medios de comunicación, tras reunirse con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y los máximos responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la región, en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional.

En este mismo contexto, María Dolores Cospedal ha subrayado que el Gobierno regional que ella preside siempre ha apostado por un Plan Hidrológico Nacional, desechando las posturas anteriores, basadas en el enfrentamiento entre comunidades autónomas entre sí, sin que ello supusiera ningún beneficio para las mismas.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Andrés del Campo, ha calificado este miércoles de «positivo» el nuevo Plan de Regadíos y la Ley de Desarrollo del Medio Rural que esta mañana ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

    Así lo ha asegurado Del Campo a los medios tras reunirse con el ministro y representantes de las distintas cuencas hidrológicas en la sede ministerial. Allí ha valorado la buena disposición del ministro en los temas tratados y ha asegurado que la modernización de los regadíos servirá para utilizar el agua con una «mayor eficiencia» y «beneficiará» tanto a los regantes como al resto de la sociedad.

    El ministro ha anunciado que su departamento diseñará un Plan Nacional de Regadíos, que se plasmará en un «nuevo Plan Hidrológico Nacional», que garantice el suministro de agua en «calidad y cantidad suficiente», de forma «integral y solidaria» en todo el territorio nacional, tanto para las necesidades humanas como las del mantenimiento de los ecosistemas.

    Además, Arias Cañete ha asegurado que se mejorará la coordinación de las confederaciones hidrográficas y las sociedades de aguas y que se revisarán «todos» los planes de demarcación hidrográfica, al tiempo que se potenciará la reutilización y la depuración con el objetivo de cumplir con la normativa europea.

    «Nosotros vamos a prestar nuestra máxima colaboración», ha asegurado no sin antes denunciar el «uso político» que se hace «desde algunas Comunidades Autónomas» de la gestión del agua. «La peor contaminación no es la contaminación difusa de los agricultores sino la política», ha dicho.

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

    Asimismo, el presidente de Fenacore ha subrayado la necesidad de aprobar los planes hidrológicos de cuenca para así poder realizar un Plan Hidrológico Nacional, al tiempo que ha informado de que el ministro va a estudiar la derogación del artículo de la Ley de Aguas por el que se cedía agua a «Cataluña, Aragón y la zona del Guadalquivir» ya que, a su juicio, «no se puede compartir la Comisaría del agua entre la Administración central y las autonomías».

    «El ministro nos ha dicho que lo va a estudiar y que lo va a solucionar y eso es muy positivo ya que la derogación de este artículo evitará conflictos entre las Comunidades Autónomas, las provincias y de los usuarios», ha recalcado.

    Por otra parte, durante la reunión se ha abordado el coste de las tarifas eléctricas. Un tema que para los regantes es «muy importante» ya que, según ha comentado, la potencia máxima contratada sólo se utiliza durante los meses de riego y se les exige contratar una cuota anual. En este sentido, ha explicado que el pago fijo se ha encarecido un 450 por ciento en un año y ha informado de que, por ello, se le ha propuesto al ministro que el agricultor sea el que pague por potencia consumida y no contratada.

    Asimismo, ha sugerido que se les aplique el IVA reducido como ya funciona en otros países como Italia y que, incluso, en España ya se aprobó en el Parlamento y en el Senado durante la pasada legislatura. Por ello, se ha mostrado confiado en que se dé prioridad a las autoridades para la instalación de energías renovables que cubran el autoconsumo de las comunidades de regantes.