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FENACORE insta al Defensor del Pueblo a que recurra la Ley de Aguas

Madrid, 22 nov (EFE).- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava, a interponer un recurso de inconstitucionalidad en el plazo de tres meses contra la reforma de la Ley de Aguas, según ha informado hoy esta organización.

Ha precisado, en un comunicado, que el recurso se fundamenta en que el Ejecutivo no ha acreditado la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto por el que se ceden las competencias en materia de policía de dominio público hidráulico a Andalucía, Aragón y Cataluña.

A su juicio, esto evidencia que «se ha tratado de incorporar al ordenamiento acortando los plazos habituales del proceso ordinario de aprobación».

Según los regantes, el proceso de reforma acumula «una serie de irregularidades» que justifican declarar nula la disposición final primera de esta ley.

Entre estas, cita como ejemplo el hecho de que la modificación no haya sido llevada a consulta al Consejo Asesor de Medio Ambiente ni al Consejo Nacional del Agua, organismo que, en su opinión, «debería haber emitido un informe preceptivo al respecto, tal y como marca la propia Ley de Aguas en su artículo 20».

Por otro lado, Fenacore argumenta que esta reforma rompe los principios de unidad de cuenca y unidad de gestión establecidos en la legislación de aguas.

En su opinión, también se incumple la Directiva Marco de Aguas que establece que la gestión y planificación del agua debe hacerse por cuencas hidrográficas y con la participación de los interesados.

Además, los regantes han considerado que al margen de su inconstitucionalidad esta reforma es sobre todo «perjudicial para los usuarios porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos», en especial en épocas de sequía.

Por todo ello, Fenacore ha trasladado la necesidad de interponer este recurso de inconstitucionalidad a un centenar de diputados y senadores, así como a los parlamentos autonómicos para «augurar un horizonte estable del agua en España» y evitar que se atente en «forma y fondo contra la Carta Magna». EFE

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Murcia recurre al Constitucional la reforma de la Ley de Aguas

El Gobierno regional presentará el próximo lunes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Real Decreto por el que se modifica la Ley de Aguas, al entender que éste descompone el principio de unidad de cuenca y otorga a regiones como Andalucía competencias que realmente son estatales en materia de control y vigilancia de los ríos.

Así lo dio ayer a conocer el consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, quien rechazó que el control de las aguas que ahora tiene el Estado pase a manos de las comunidades autónomas que así lo han incluido en sus estatutos de autonomía. «Los ríos deben ser gestionados por el Gobierno central», insistió el titular de Agua, quien a principios del pasado mes de octubre, tras reunirse con los regantes del Tajo-Segura, destacó el compromiso del Ejecutivo murciano de asumir la petición de éstos y estudiar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Aguas.

En este sentido, el responsable autonómico aseguró ayer que lo que piden los regantes murcianos es compartido en su integridad por el Gobierno regional, a entender que el agua «es un recurso de todos los españoles». Al mismo tiempo que apuntó que debe seguir siendo gestionado en su totalidad por el Estado español y no por la región por la que pase el agua.

No obstante, Antonio Cerdá expresó su confianza de que finalmente no sea necesario esperar a una resolución del Tribunal Constitucional porque se derogue el texto por el nuevo Gobierno que salió el domingo de las urnas.

De esta manera, la Comunidad actuará en la misma línea que lo ha hecho la Comunidad Valenciana, después de que las Cortes Valencianas aprobaran interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esa misma disposición del Decreto-Ley que modifica la normativa hidrológica, en tanto que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) instó ayer a la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava, a adoptar la misma medida en el plazo de tres meses.

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La Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha ha adelantado cuatro millones de euros más del Pago Único

La Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha realizado por primera vez un anticipo de 4,5 millones de euros del Pago Único, correspondientes a la línea de frutos de cáscara. De esta forma, cumpliendo con el compromiso adquirido por el Gobierno regional de agilizar los pagos al sector, conscientes de la grave situación económica por la que atraviesan, esta consejería ha adelantado cuatro millones de euros más de los 310 millones de ayudas europeas a los que se había comprometido y de los que 299,6 corresponden a la línea de Pago Único.

De esta forma, esta semana se han abonado más de 18 millones de euros correspondientes al segundo pago del anticipo del Pago Único de 2011, para aquellos agricultores que no cobraron el primer anticipo.

La cuantía del primer pago del anticipo del Pago Único de la campaña 2011 fue de 281.466.078,95 euros, lo que supone un 164 por ciento de la cantidad transferida en el primer pago de 2010, y en este segundo anticipo se han transferido 18.088.274,85 euros, lo que supone un 120 por ciento sobre la cantidad pagada en 2010, que fue de 15.134.396,33 euros.

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El Parlamento valenciano acude al TC para evitar que Aragón gestione sus aguas

 21 nov (EFE).- El Parlamento valenciano ha aprobado hoy, a instancias del PP, interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra una disposición del decreto-ley que modifica la Ley de Aguas y que, según los promotores de la iniciativa, permitiría a Aragón gestionar los recursos hídricos que fluyen en la Comunidad.

La proposición, presentada por el grupo popular y que se ha aprobado con los votos a favor de PP y Compromís, el voto en contra del grupo socialista y la abstención de Esquerra Unida, afecta a la disposición final primera del decreto-ley, que regula las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

El diputado popular David Serra ha afirmado que si no se actúa frente a esta reforma, «Aragón gestionará el control y la protección de las aguas que fluyen en territorio valenciano», y ha alertado de que en un futuro «podría pasar lo mismo con Castilla-La Mancha y Murcia».

A su juicio, el decreto ley «rompe la directiva marco en materia de agua, incumple la ley de Aguas afectando al principio de unidad de cuencas, no responde a una urgente necesidad y vulnera principios básicos como la solidaridad», además de demostrar «deslealtad» hacia la Comunitat.

«La competencia sobre legislación, ordenación y concesión de los recursos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma las tiene el Estado», ha aseverado Serra.

Por su parte, el diputado socialista Francesc Signes ha afirmado que el recurso «no tiene ningún sentido» y se ha mostrado convencido de que «la única finalidad» de su presentación es «despistar ante la renuncia del PP a exigir el trasvase del Ebro».

Signes ha recordado que en la votación del mismo decreto-ley en el Congreso de los Diputados el grupo popular, «incluidos los diputados valencianos», se abstuvo y evidenció así «su doble discurso en materia hídrica».

Ha asegurado que los populares pretenden presentar un recurso «para no recibir una competencia que figura en el Estatuto de la Comunitat Valenciana» y les ha acusado de tener «poca voluntad de asumir responsabilidades en materia hídrica».

El diputado de EU Lluís Torró ha explicado que la abstención de su grupo se debe a que la propuesta de interponer el recurso «solo tenía valor propagandístico», si bien ha criticado que la modificación del decreto-ley por parte del Gobierno central se hizo «sin transparencia».

En la misma línea se ha expresado el diputado de Compromís Josep María Pañella, quien ha acusado al Ejecutivo de España de aprobar la modificación con «nocturnidad y alevosía», pero también ha recordado a los populares en Les Corts que ahora que su partido ha ganado las elecciones generales «tienen otro camino» que es «el legislativo» para tumbar la modificación.

El Consell, reunido en pleno el pasado viernes, también acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto-Ley que modifica la ley de Aguas, al considerar que quebranta «el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión» y «fragmenta las competencias» en esta materia. EFE

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Las Cortes valencianas recurren la modificación de la Ley de Aguas

 Las Cortes Valencianas han aprobado la propuesta presentada por el PP para recurrir el Decreto Ley de 26 de agosto de este año por el que el Gobierno central modificó la Ley de Aguas, con el apoyo de los propios ‘populares’ y de Compromís. Por el contrario, los socialistas han votado en contra y EUPV se ha abstenido.

   Desde la oposición, han criticado la intención «electoralista» de los ‘populares’ y han recordado que el Consell presentó otro recurso el pasado viernes porque «calcularon mal los tiempos» para debatir este asunto en el Parlamento valenciano, puesto que se ha discutido tras la celebración de las elecciones generales.

   En esta línea, también han advertido de que sería más rápido que el nuevo gobierno de Mariano Rajoy derogara la modificación que acudir a los tribunales, como han propuesto el PP. Además, han recordado que los ‘populares’ se abstuvieron en la votación del Decreto Ley.

   El diputado del PP David Serra, por su parte, ha defendido este recurso arremetiendo contra el fondo y las formas del Decreto Ley del Gobierno socialista. Serra ha recordado que esta reforma se aprobó el pasado 26 de agosto y se redactó sin consultar al Consejo Nacional del Agua, cuando se trata de una modificación que afecta a las competencias de las comunidades autónomas sobre las cuencas de los ríos, ha explicado.

   «El Decreto Ley es inconstitucional lo mires por donde lo mires» porque «rompe la directiva marco del agua; incumple la Ley de Agua al afectar a la unidad de cuenca» y también a la «solidaridad» hídrica, ha afirmado.

   El diputado ‘popular’ ha criticado la «falta de diálogo» del Gobierno socialista en la aprobación de este Decreto Ley, cuyo único objetivo, ha dicho, era «salvara los muebles» ante la Junta de Andalucía, a la que se le otorga competencias en la inspección, control y vigilancia de las aguas que pasan por su territorio. Unas competencias a las que también podrían acogerse otras comunidades.

   Serra ha advertido de que, de llevarse adelante la aplicación de la reforma por el Gobierno, «nos encontraríamos con que Aragón sería la que llevaría el control y la protección de las aguas que llegan a la Comunitat por el Túria, Mijares o Palencia». «En un futuro, podría pasar con Castilla-La Mancha o Murcia, las que ejerzan estas competencias, porque podrían tenerlas, sobre las aguas del Júcar o el Segura».

   Así, este recurso trata de «subsanar» el «desaguisado» competencial que ha creado el Gobierno al «romper la unidad de cuenca» entre los territorios. Además, ha insistido en su crítica porque fue aprobado el 26 de agosto y no se consultó al Consejo Nacional del Agua.

"NO TIENE SENTIDO"

   Por su parte, el diputado socialista Francesc Signes ha asegurado que el recurso del PP «no tiene sentido» y su finalidad es la de «esconder la renuncia a exigir el trasvase del Ebro» y el «engaño» a los valencianos con el lema ‘agua para todos’. En este sentido, ha recordado que el Decreto Ley se aprobó con la abstención del PP en el Parlamento, lo que considera que es un «doble discurso» de los ‘populares’ porque ahora lo recurren.

   Signes ha defendido que la cuenca como unidad de gestión «no impide que sean diferentes las administraciones que actúen sobre ella, siempre que los objetivos para lograrlos sean definidos por una administración única». En este sentido, criticado que en el PPCV «extienden el concepto de unidad de cuenca hasta el punto de no querer aceptar determinadas competencias».

   Además, ha afirmado que «si los valencianos deciden tener en el estatuto las mismas competencias sobre el agua que Andalucía o Aragón, este decreto lo permitiría, pero el PP no lo quiere».

"PROPAGANDA ELECTORAL"

   Del mismo modo, el diputado de EUPV Lluís Torró ha criticado la interposición de este recurso porque su objetivo era de «propaganda electoral», pero «calcularon mal» las fechas y por eso el Consell tuvo que presentar otro recurso el pasado viernes.

   Torró también ha criticado las formas del Gobierno central a la hora de tramitar este Decreto Ley, sin consultar el Consejo Nacional del Agua y aprobado un 26 de agosto. Pero, es que estos procedimientos «son habituales» en el hacer del Consell, ha denunciado.

   En su opinión, la mejor forma de enmendar esto es que el nuevo Gobierno ‘popular’ lo derogue. «No estamos de acuerdo con el Decreto, pero tampoco con la postura del PP, absolutamente electoralista» y por eso se han abstenido.

   El diputado de Compromís Josep Maria Pañella ha advertido de que si la decisión sobre las cuencas se centra en las CCAA, es «perjudicial» para la Comunitat Valencia por la situación de sus cuencas hidrográfica. Además, ha criticado el uso político que hace el PP del agua.

   En la línea del resto de grupos, ha señalado que el PP «tiene otro camino, que es el legislativo» para modificar este Decreto Ley, «más rápido que el judicial». por ello, «cuando estén en el Gobierno se lo exigiremos», les ha advertido a los ‘populares.

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El Consell recurre al Tribunal Constitucional una norma hídrica a 48 horas de los comicios

El Consell de la Generalitat Valenciana aprobó ayer la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra un Real Decreto del Gobierno central que permite a las autonomías que tengan asumidas las competencias hídricas ejercer labores de policía sobre el Dominio Público Hidráulico. La norma, que supone una modificación de la Ley de Aguas, tenía como objetivo mantener determinados aspectos de la gestión que normalmente realizan las confederaciones hidrográficas en manos del gobierno andaluz después de que el propio Tribunal Constitucional rechazara el traspaso a de las competencias sobre el Guadalquivir a la Junta de Andalucía.
La Generalitat cuestiona ahora- el Real Decreto se aprobó en agosto- la constitucionalidad de este cambio legislativo pues considera que otorga a las comunidades autónomas capacidad para gestionar cuencas hídricas que exceden de su ámbito territorial, labor que está limitada al Estado según el artículo 149.1.22 de la Constitución Española.
En este sentido, el Consell cree que se está quebrantando el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, según lo que recogen los artículos 14 y 16 del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).
La nueva norma permite a Andalucía, Aragón y Cataluña, y también a la Comunitat Valenciana si lo demandara-el Estatut incluye las competencias hídricas- , «el control, la vigilancia, la sanción de las obras y de los aprovechamientos de regadíos y otros concesionarios». Sin embargo, el Consell cree que esta gestión, en las cuencas compartidas por varias comunidades autónomas, «no pueden separarse de la revisión, tramitación y otorgamiento de las concesiones, puesto que genera inseguridad en la gestión de los recursos públicos ya que se fraccionan los procedimientos administrativos y se duplican los órganos que los administran».
También los regantes agrupados en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes han pedido a los parlamentos autonómicos que recurran la norma.

Apoyo de Camps en el CJV
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) considera en un informe que «procede » la interposición por la Generalitat de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley de agosto que introdujo una modificación en la ley de Aguas sobre el sistema de gestión de las cuencas intercomunitarias.
Así lo recoge el dictamen del CJC aprobado en su pleno del jueves por unanimidad de todos los consejeros, incluido Francisco Camps en su condición de miembro nato del organismo consultivo.
El dictamen del CJC recuerda que el decreto ley se aprobó después de que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad del artículo del Estatuto de Autonomía andaluz que atribuía a esta autonomía competencias exclusivas sobre aguas de la cuenca del Guadalquivir, al ser una cuenca hidrográfica intercomunitaria.
La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, solicitó al CJC que dictaminara con urgencia sobre el borrador de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición primera de esa real decreto, que introdujo una modificación en la ley de Aguas.

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Vínculos «entre regantes y productores de renovables»

Los ponentes de la segunda jornada del Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, que se celebra en Pamplona, han destacado las ventajas de establecer vínculos entre regantes y productores de renovables, así como las ventajas de plantas como la paulownia que se cultiva en Ciudad Real.

El congreso, organizado por el Gobierno foral y el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), ha valorado además los beneficios que ofrece la biomasa para la generación de energía, según han señalado en un comunicado los organizadores.

En este sentido, Peter Kasamaki, de Vicedex, ha expuesto su experiencia en el cultivo leñoso de crecimiento rápido, en concreto de la Paulownia, para la generación de energía eléctrica.

Este cultivo que se lleva a cabo en las regiones de Cádiz y Ciudad Real aporta grandes ventajas gracias a su capacidad de regeneración y a sus bajas emisiones de dióxido de carbono.

Asimismo, ha destacado que, en cuanto a los regadíos, «los cultivos energéticos son una alternativa viable frente a los altos costes de la energía convencional», y que «es muy importante establecer vínculos con las comunidades de regantes para facilitar su labor de generación de biomasa».

Por su parte, según la información facilitada por los organizadores, Alberto Lafarga, de la División Agrícola de Intia, adscrita al Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar la biomasa a partir de los residuos de cultivo para hacer frente a las necesidades actuales, aunque ha advertido de que «la eficiencia de este tipo de energía todavía es muy baja».

Además, ha señalado que «el coste de producción es el aspecto clave para su desarrollo» ya que éste determina que la parte de cultivo destinado para biomasa tenga o no espacio dentro de los campos agrícolas.

En lo que se refiere a los biocombustibles ha destacado que «los de segunda generación representan una oportunidad para la utilización de residuos y cultivos energéticos lignocelulósicos en la producción de etanol».

También Josep Turmo, de Abencis, ha señalado que «la búsqueda de un modelo eficiente de aprovechamiento y la reducción del coste de la biomasa es uno de los desafíos que se plantean en torno a la producción».

En este sentido ha expuesto que sus esfuerzos se centran «en la reutilización de maquinaria habitual aunque con nuevas aplicaciones como la siega de precisión por geolocalización o la generación de un sistema de compactación para su transporte».

Inés Echeverría, de Cener, ha dicho que «las previsiones indican que la demanda de biocombustibles para el transporte va a ir en aumento y con mayores exigencias de sostenibilidad».

Debido a esto «se va a requerir un desarrollo de los procesos productivos de segunda generación, para el empleo de biomasas lignocelulósicas y nuevos biocarburantes alternativos».

En lo referente a las experiencias prácticas, César Trillo, de la Comunidad de Regantes de Riegos del Alto Aragón, ha destacado «la sostenibilidad económica, medioambiental y social que suponen los saltos hidroeléctricos», los cuales, ha dicho, «son una fuente de ingresos para aliviar el incremento del coste del agua, derivado del incremento del consumo energético en los regadíos modernizados».

Además, ha señalado que «la minihidráulica es la energía cuyo aprovechamiento tiene el menor impacto ambiental asociado de entre todas las energías renovables».

Por último, Jesús García Ramos, de Aguacanal, ha expuesto experiencias de costes energéticos de explotación en la Zona Regable del Canal de Navarra como por ejemplo en el mantenimiento de estaciones de bombeo o en la utilización de telecontrol en la gestión del regadío. EFE

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«Los regadíos son eficientes si hacen un uso correcto de agua y energía»

«El regadío es un importante generador de riqueza en Navarra y una pieza fundamental del sistema agroalimentario». Así lo señaló ayer Jesús María Echeverría Azcona, director gerente del Instituto Navarro de Tecnología e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA). Sin embargo, la modernización de los mismos ha supuesto una mayor demanda de energía que ha supuesto un importante incremento en los costes de las explotaciones. El reto, según Echeverría, implica una gestión racional de los distintos sistemas de riego. Para ello, se debe sustituir la energía procedente de combustibles fósiles por energías renovables.

El director gerente de INTIA presentó ayer la primera ponencia del I Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables que se desarrolla en el Baluarte de Pamplona. A la cita, que se clausura hoy, acudieron unos 200 expertos. El objetivo del encuentro científico se centra en analizar las fórmulas para la rebaja de costes energéticos y aprovechar las instalaciones de regadío para la producción de energía. Miguel Horta, responsable de la División Riegos de INTIA que presidió la apertura del congreso junto a Fernando Sánchez de CENER, destacó que se busca aplicar las energías renovables a los regadíos y analizar las posibilidades de que las comunidades de regantes o regantes individuales puedan aprovechar, con el sector de energías renovables, sus propios valores como «disponibilidad del agua, de terreno, de líneas eléctricas, y de producción agraria, útiles para procesos de valoración energética», indicó.

36.000 megavatios hora

En Navarra, el regadío ocupa 117.746 hectáreas, cifra que alcanzará las 157.414 ha. En la actualidad, el consumo anual de energía en los regadíos navarros asciende a casi 36.000 megavatios-hora y el importe anual de la factura asciende a 4.733.582 euros. «En el año 2008, a raíz de la desaparición de la tarifa específica de riegos agrícolas se multiplicó por 3,5 el término para la potencia instalada. Se entiende que los regadíos son eficientes si hacen un uso correcto del agua y de la energía», indicó Echeverría.

El director gerente de INTIA señaló que entre las medidas que plantea el Plan de Energías Renovables, elaborado por el Gobierno de España, las de mayor interés para el regadío radican en las fuentes renovables: eólica, hidroeléctrica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica, así como el aprovechamiento de la biomasa.

Por ello, Echeverría enumeró algunas aportaciones que pueden hacer las comunidades de regantes y la administración en la implantación de energías renovables. El director gerente de INTIA indicó que se debe permitir la ubicación de parques solares y fotovoltaicos, ceder el uso del agua para la producción de energía, intentar evitar pérdidas en la distribución de la energía, ayudar en una mejora del balance energético del regadío y aprovechar las grandes tuberías y balsas para generar energía cuando no se rie

"La tarifa de riego ha subido más del 80% en 5 años"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, indicó que muchas explotaciones agrarias se encuentran en el límite de su viabilidad económica debido, entre otras cuestiones, al incremento de las tarifas de riego en los últimos cinco años. Ha sufrido una subida superior al 80%. Lo hizo ayer en la apertura del I Congreso Nacional de Regadíos y Energías Renovables, que se desarrolla en el Baluarte.

Barcina añadió que advierte en la escalada de precios una amenaza a la rentabilidad del sector agrario, en especial del regadío, por la elevada dependencia de la energía y de su precio. «Está en nuestra mano cambiar ese orden de cosas. No en vano, en Navarra, hemos apostado por la creación de nuevas zonas regables como el Canal de Navarra-del que se han construido en los últimos 4 años más de 22.000 hectáreas- y por la modernización de regadíos tradicionales. En una estructura territorial como la nuestra, el regadío es un activo estratégico», señaló.

Asimismo, indicó que, en el sector de las energías renovables, se ha detectado la necesidad de desarrollar en el sector agrario y, en particular, en el regadío las nuevas formas de producción de energía: eólica, biomasa, hidráulica, fotovoltaica o solar térmica. «Se trata de que puedan integrarse armónicamente las necesidades energéticas de los regadíos con las nuevas tecnologías productivas aplicadas a las energías renovables, en beneficio de la sostenibilidad de nuestros regadíos, de su rentabilidad e igualmente de la disminución en la producción de CO2», aseguró Barcina.

El alcalde de Pamplona, el regionalista Enrique Maya, también participó en la sesión de apertura del congreso junto a la consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, Lourdes Goicoechea.

Maya destacó que el congreso nace con la intención de consolidarse como referencia nacional para varios sectores de la comunidad. «Nuestra tierra cuenta con tres condiciones que la convierten en espacio de referencia: liderazgo en energías renovables, la apuesta de Navarra por las zonas de regadío y nuestra pasión en todos los procesos relacionados con la investigación», señaló el alcalde de Pamplona.

EL REGADÍO EN NAVARRA

117.746 hectáreas. Ocupa la zona de regadíos en Navarra. El horizonte de ampliación con el plan foral de regadíos llevará hasta las 157.414 Ha. Con esta última cifra, la Comunidad foral conseguirá alcanzar el 20% de superficie agraria útil.

0,9% PIB. El regadío supone el 0.9% de Producto Interior Bruto, sólo si se tiene en cuenta la producción primaria.

1,8% de la ocupación. En los regadíos, se ocupa el 1,8% de la población activa total.

Valor añadido bruto. El regadío supone el 35% del VAB agrario.

Facturación. El sector agroalimentario factura 3.300 millones, de los que 2.500 corresponden a la industria transformadora, y 800, al sector primario. Es un pilar de la economía de muchos municipios

40.000 propietarios. La extensión de regadío se reparte entre 40.000 propietarios. Más de 5.000 agricultores trabajan estas propiedades.

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El Gobierno aprueba cinco nuevas cualificaciones profesionales agrarias

El Gobierno ha aprobado cinco nuevas cualificaciones profesionales agrarias, que se incluirán en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, para «promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional», según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Real Decreto, que entrará en vigor mañana, establece cinco nuevas cualificaciones y sus correspondientes niveles. En concreto, «Cuidados y mantenimiento de animales utilizados para la investigación y otros fines científicos» y «Cuidados de animales salvajes, zoológicos y acuarios», ambas de segundo nivel.

Añade, de tercer nivel, «Realización de procedimientos experimentales con animales para investigación y otros fines científicos»; «Asistencia a la gestión y control sanitario de animales de granja y producción» y «Asistencia en los controles sanitarios oficiales en mataderos, establecimientos de manipulación de caza y salas de despiece». Según recoge el BOE, estas cualificaciones pretenden «acreditar las correspondientes competencias profesionales», así como su «evaluación y acreditación» con el objetivo de favorecer «el desarrollo profesional y social de las personas y que se cubran las necesidades del sistema productivo».

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