La Subdirección General de Planificiación y Uso Sostenible del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Marm) ha desestimado la autorización de transferir 90 hectómetros cúbicos anuales de agua desde el Ebro a Castellón, tal y como había solicitado la Diputación de esta provincia.

   Asimismo, el Marm también ha desestimado la constitución de un Consorcio de Aguas, «sin perjuicio de que esta solicitud pueda ser planteada en la forma y tiempos previstos en el procedimiento establecido en la normativa vigente para la elaboración y revisión de la planificación hidrológica».

   Dicho departamento gubernamental argumenta su decisión señalando que la dedicación de recursos hídricos de una cuenca hidrográfica para atender determinadas demandas requiere una decisión previa de asignación de recursos dentro de una demarcación hidrográfica, cuando las demandas se sitúan dentro del territorio de la demarcación hidrográfica a la que pertenece dicha cuenca, o de una transferencia de recursos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos, cuando las demandas a atender se sitúan en una demarcación hidrográfica diferente a la de la cuenca hidrográfica de procedencia de los recursos.

   La decisión sobre la asignación de recursos es uno de los contenidos de los planes hidrológicos de demarcación, y se añade que el territorio de la provincia de Castellón queda incluido parte en la Demarcación Hidrográfica del Ebro y parte en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, según la delimitación efectuada por el Real Decreto 12512007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

   Según esto, la solicitud de la Diputación Provincial de Castellón de autorización de transferencia hídrica a la provincia de Castellón de 90 hectómetros cúbicos anuales de agua procedente del río Ebro «sin mayor precisión» constituye, de facto, «una solicitud de una decisión híbrida entre una asignación de recursos, propia del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, y una transferencia de recursos entre la Demarcación Hidrográfica del Ebro y la Demarcación Hidrográfica del Jucar, propia del Plan Hidrológico Nacional».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, visitó ayer las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Confederación, de acondicionamiento medioambiental del canal del Salobral, así como el proyecto de mejora de la calidad del agua para el abastecimiento de la ciudad de Albacete mediante la construcción de la planta de ósmosis.
Moragues se refirió al estado de ejecución de la obra de la planta de ósmosis, que está en el final de la construcción del salmoreducto, es decir, el tubo por el que circula el agua con las sales, fundamentalmente sulfatos, que se retiran del agua que se va a suministrar a Albacete. Un conducto de 13 kilómetros de extensión que abarca desde la planta potabilizadora hasta la planta depuradora.
Dichas obras marchan bien tanto en plazo de ejecución como en presupuesto, siendo el objetivo que estén acabadas para el verano, en torno al mes de junio. El presupuesto de esta obra es de 9.100.000 euros.
De esta forma, los ciudadanos podrán beber agua depurada procedente de la planta de ósmosis el verano próximo, una vez finalicen las obras.

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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado presentar un total de 59 alegaciones, a través de la Agencia del Agua, al proyecto reforma del Plan Hidrológico del Guadiana al considerar que, tal y como está planteada por el Ejecutivo central, va «en contra de los intereses» de la Comunidad Autónoma.

   Así lo ha anunciado en la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, quien ha estado acompañada por el consejero portavoz, Leandro Esteban.

ARGUMENTOS

   Estas alegaciones, según Soriano se presentan en base a varios argumentos como que en esta reforma se reducen «mucho» las asignaciones de agua para el regadío. Concretamente ha señalado que se reduce en 52 por ciento respecto a la dotación actual.

   Otra de las razones por las que el Gobierno regional presenta alegaciones es debido a que los recursos de agua actuales que presenta el Plan «no corresponden con la realidad», ya que los años de pluviometría favorables «no se incluyen en el documento», ha agregado Soriano.

   Además, ha dicho que esta reforma no se corresponde con los usos agrarios que están contemplados actualmente en esta demarcación porque las necesidades para la agricultura «están realizadas a la baja». Así, Soriano ha señalado que el Plan «no contempla» 65.000 hectáreas de regadío de cultivos leñosos que hay en la zona.

   Para el Gobierno regional esta el nuevo Plan Hidrológico tampoco contempla la posibilidad de que haya una gestión de agua participativa entre las comunidades de usuarios, la posibilidad del intercambio de concesiones de agua entre particulares o la posibilidad de aportar recursos hídricos externos.

   A todo ello, la titular de Agricultura ha añadido que el nuevo Plan del Guadiana pretende declarar nuevos acuíferos sobreexplotados, «cuando la experiencia nos dice que el declarar un acuífero sobreexplotado no mejora por sí mismo ni resuelve nada si no se aplican otras medidas», ha agregado.

PLANES DE CUENCA

   Soriano ha aprovechado su comparecencia para calificar del «inadmisible» el retraso que el Gobierno socialista realiza en cuanto a las reformas de los planes hidrológicos de las demarcaciones españolas, que tenían que estar aprobados y enviados a Bruselas desde marzo del 2009.

   «Este retraso nos está perjudicando y mucho porque todavía tenemos zonas que cuando llega el verano se tienen que abastecer con cisternas o donde tenemos un déficit histórico de infraestructuras hidráulicas», ha argumentado.

   Para Soriano, este hecho demuestra que el PSOE «lo que ha hecho en todos estos años en Castilla-La Mancha es demagogia y no ha sabido resolver el problema del agua en la región», al tiempo que ha añadido que los socialistas «callan» ante su Gobierno.

   Por último, la consejera ha esperado que el nuevo Gobierno de España, que tiene «mayor sensibilidad», preste mayor atención al déficit de agua que hay en la región, acepte las alegaciones y lleve a cabo un pacto nacional de agua que garantice en «calidad y calidad» las necesidades de los españoles.

El futuro Gobierno de Mariano Rajoy estudiará la forma de hacer «viable» el Júcar-Vinalopó, un objetivo que prevé recuperar la conexión con la segunda toma en Cortes de Pallás —desechada por la ex ministra socialista Cristina Narbona—. Así lo aseguró ayer el cabeza de lista del PP al Congreso por Alicante, Federico Trillo, en una comparecencia para valorar los resultados del 20-N en la provincia.

El ex ministro confirmaba así la información adelantada por ABC el pasado 15 de noviembre, en el ecuador de la campaña, de que el PP recuperaría el trazado original de la conducción —derogado en 2005— si se imponía en las generales, para hacer llegar agua de calidad y a un precio asequible al interior de Alicante.

El proyecto, con un coste mínimo dado que la toma ya estaba construida cuando se anuló el trazado original, partió de los usuarios alicantinos, que lo hicieron llegar a la Confederación del Júcar (CHJ) como alternativa a la potabilizadora. Según esta propuesta, la toma en Cortes, donde los niveles bacteriológicos del agua son muy inferiores al Azud de la Marquesa —según los análisis de la propia CHJ—, se supeditaría a la toma actual cuando la calidad del agua permitiera destinarla a regadío, y se explotaría como un «banco de agua».

El diputado electo del PP por Alicante, que logró en su séptima candidatura el mejor resultado de la historia, garantizó ayer que el nuevo Ejecutivo apostará por los trasvases, tal como pidieron hace una semana patronal, sindicatos y regantes alicantinos. «Las reivindicaciones históricas de Alicante se convertirán ahora en acción de Gobierno», explicó.

El Tajo-Segura, a salvo

De esta manera, Trillo garantizó la permanencia del Tajo-Segura, tras recordar que fue el PP quien forzó al ex presidente socialista de Castilla-La Mancha José María Barreda a retirar su proyecto de Estatuto, que limitaba las transferencias a Murcia y Alicante. En cuanto al Júcar-Vinalopó, adelantó que buscarán la manera de «hacerlo viable», para lo que se «necesita» estudiar la segunda toma. Trillo evitó precisar el calendario de la actuación (si bien consideró que «no tardará»), al no conocer «las cifras».

El dirigente popular se mostró más cauto respecto a un eventual trasvase del Ebro, mucho más costoso que mantener el Tajo-Segura y modificar el Júcar-Vinalopó, pero insinuó que en el futuro podría estudiarse una conexión con el bajo del Delta del Ebro. También garantizó la llegada del AVE en el menor tiempo posible, y el Corredor Mediterráneo.

Madrid, 22 nov (EFE).- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha instado a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava, a interponer un recurso de inconstitucionalidad en el plazo de tres meses contra la reforma de la Ley de Aguas, según ha informado hoy esta organización.

Ha precisado, en un comunicado, que el recurso se fundamenta en que el Ejecutivo no ha acreditado la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto por el que se ceden las competencias en materia de policía de dominio público hidráulico a Andalucía, Aragón y Cataluña.

A su juicio, esto evidencia que «se ha tratado de incorporar al ordenamiento acortando los plazos habituales del proceso ordinario de aprobación».

Según los regantes, el proceso de reforma acumula «una serie de irregularidades» que justifican declarar nula la disposición final primera de esta ley.

Entre estas, cita como ejemplo el hecho de que la modificación no haya sido llevada a consulta al Consejo Asesor de Medio Ambiente ni al Consejo Nacional del Agua, organismo que, en su opinión, «debería haber emitido un informe preceptivo al respecto, tal y como marca la propia Ley de Aguas en su artículo 20».

Por otro lado, Fenacore argumenta que esta reforma rompe los principios de unidad de cuenca y unidad de gestión establecidos en la legislación de aguas.

En su opinión, también se incumple la Directiva Marco de Aguas que establece que la gestión y planificación del agua debe hacerse por cuencas hidrográficas y con la participación de los interesados.

Además, los regantes han considerado que al margen de su inconstitucionalidad esta reforma es sobre todo «perjudicial para los usuarios porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos», en especial en épocas de sequía.

Por todo ello, Fenacore ha trasladado la necesidad de interponer este recurso de inconstitucionalidad a un centenar de diputados y senadores, así como a los parlamentos autonómicos para «augurar un horizonte estable del agua en España» y evitar que se atente en «forma y fondo contra la Carta Magna». EFE

El Gobierno regional presentará el próximo lunes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el Real Decreto por el que se modifica la Ley de Aguas, al entender que éste descompone el principio de unidad de cuenca y otorga a regiones como Andalucía competencias que realmente son estatales en materia de control y vigilancia de los ríos.

Así lo dio ayer a conocer el consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, quien rechazó que el control de las aguas que ahora tiene el Estado pase a manos de las comunidades autónomas que así lo han incluido en sus estatutos de autonomía. «Los ríos deben ser gestionados por el Gobierno central», insistió el titular de Agua, quien a principios del pasado mes de octubre, tras reunirse con los regantes del Tajo-Segura, destacó el compromiso del Ejecutivo murciano de asumir la petición de éstos y estudiar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Aguas.

En este sentido, el responsable autonómico aseguró ayer que lo que piden los regantes murcianos es compartido en su integridad por el Gobierno regional, a entender que el agua «es un recurso de todos los españoles». Al mismo tiempo que apuntó que debe seguir siendo gestionado en su totalidad por el Estado español y no por la región por la que pase el agua.

No obstante, Antonio Cerdá expresó su confianza de que finalmente no sea necesario esperar a una resolución del Tribunal Constitucional porque se derogue el texto por el nuevo Gobierno que salió el domingo de las urnas.

De esta manera, la Comunidad actuará en la misma línea que lo ha hecho la Comunidad Valenciana, después de que las Cortes Valencianas aprobaran interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esa misma disposición del Decreto-Ley que modifica la normativa hidrológica, en tanto que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) instó ayer a la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava, a adoptar la misma medida en el plazo de tres meses.

La Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha realizado por primera vez un anticipo de 4,5 millones de euros del Pago Único, correspondientes a la línea de frutos de cáscara. De esta forma, cumpliendo con el compromiso adquirido por el Gobierno regional de agilizar los pagos al sector, conscientes de la grave situación económica por la que atraviesan, esta consejería ha adelantado cuatro millones de euros más de los 310 millones de ayudas europeas a los que se había comprometido y de los que 299,6 corresponden a la línea de Pago Único.

De esta forma, esta semana se han abonado más de 18 millones de euros correspondientes al segundo pago del anticipo del Pago Único de 2011, para aquellos agricultores que no cobraron el primer anticipo.

La cuantía del primer pago del anticipo del Pago Único de la campaña 2011 fue de 281.466.078,95 euros, lo que supone un 164 por ciento de la cantidad transferida en el primer pago de 2010, y en este segundo anticipo se han transferido 18.088.274,85 euros, lo que supone un 120 por ciento sobre la cantidad pagada en 2010, que fue de 15.134.396,33 euros.

 21 nov (EFE).- El Parlamento valenciano ha aprobado hoy, a instancias del PP, interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra una disposición del decreto-ley que modifica la Ley de Aguas y que, según los promotores de la iniciativa, permitiría a Aragón gestionar los recursos hídricos que fluyen en la Comunidad.

La proposición, presentada por el grupo popular y que se ha aprobado con los votos a favor de PP y Compromís, el voto en contra del grupo socialista y la abstención de Esquerra Unida, afecta a la disposición final primera del decreto-ley, que regula las competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico.

El diputado popular David Serra ha afirmado que si no se actúa frente a esta reforma, «Aragón gestionará el control y la protección de las aguas que fluyen en territorio valenciano», y ha alertado de que en un futuro «podría pasar lo mismo con Castilla-La Mancha y Murcia».

A su juicio, el decreto ley «rompe la directiva marco en materia de agua, incumple la ley de Aguas afectando al principio de unidad de cuencas, no responde a una urgente necesidad y vulnera principios básicos como la solidaridad», además de demostrar «deslealtad» hacia la Comunitat.

«La competencia sobre legislación, ordenación y concesión de los recursos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma las tiene el Estado», ha aseverado Serra.

Por su parte, el diputado socialista Francesc Signes ha afirmado que el recurso «no tiene ningún sentido» y se ha mostrado convencido de que «la única finalidad» de su presentación es «despistar ante la renuncia del PP a exigir el trasvase del Ebro».

Signes ha recordado que en la votación del mismo decreto-ley en el Congreso de los Diputados el grupo popular, «incluidos los diputados valencianos», se abstuvo y evidenció así «su doble discurso en materia hídrica».

Ha asegurado que los populares pretenden presentar un recurso «para no recibir una competencia que figura en el Estatuto de la Comunitat Valenciana» y les ha acusado de tener «poca voluntad de asumir responsabilidades en materia hídrica».

El diputado de EU Lluís Torró ha explicado que la abstención de su grupo se debe a que la propuesta de interponer el recurso «solo tenía valor propagandístico», si bien ha criticado que la modificación del decreto-ley por parte del Gobierno central se hizo «sin transparencia».

En la misma línea se ha expresado el diputado de Compromís Josep María Pañella, quien ha acusado al Ejecutivo de España de aprobar la modificación con «nocturnidad y alevosía», pero también ha recordado a los populares en Les Corts que ahora que su partido ha ganado las elecciones generales «tienen otro camino» que es «el legislativo» para tumbar la modificación.

El Consell, reunido en pleno el pasado viernes, también acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto-Ley que modifica la ley de Aguas, al considerar que quebranta «el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión» y «fragmenta las competencias» en esta materia. EFE