El año 2011, que está a punto de finalizar, empieza a parecerse a algunos de los años más secos de la historia de la capital albaceteña, pues hasta el mes de octubre, se han contabilizado precipitaciones que ascienden a 231,6 litros por metro cuadrado, una cifra que dista en más de 100 litros por metro cuadrado en cuanto a la media de lluvias de la última década se refiere (353 litros por metro cuadrado), según los datos ofrecidos por Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En lo que queda de año, la capital podría recuperarse y llegar a la media de precipitaciones, pues en lo que llevamos de noviembre, hasta el día 9, se han contabilizado ya unos 40 litros por metro cuadrado.

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El Estado puede asumir temporalmente y con carácter provisional la gestión de las demarcaciones hidrográficas que afecten a las autonomías que todavía no hayan asumido las competencias en materia de cuencas intracomunitarias.

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso que presentó la Comunidad de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 125/2007 que fijó el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

Esta autonomía sostenía que varias disposiciones eran nulas porque otorgaban competencias al Estado central en la gestión de las cuencas. La tesis manchega se apoyaba en que «la Administración General del Estado carece de competencias en materia de aguas, respecto de las cuencas intracomunitarias, de manera que no puede establecer las demarcaciones hidrográficas cuando se refieren a cuencas hidrográficas cuyas aguas discurren en su integridad por única única comunidad autónoma».

En concreto, Castilla-La Mancha entendía que el Estado podía invadir la gestión de las demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, correspondientes a Murcia y Comunidad Valencia, respectivamente. De esta forma, la región manchega pretendía ‘sacar’ al Estado de la gestión de ambas zonas.

Pero el Tribunal Supremo ha respaldado la competencia estatal en este caso concreto y lo ha hecho por varias razones. El resultado es que ha puesto sobre la mesa un interesante planteamiento jurídico que puede servir para frenar la guerra del agua.

Tanto Murcia como la Comunidad Valenciana sostenían la legalidad de la norma, porque «también existen cuencas intracomunitarias en Castilla-La Mancha gestionadas por el Estado» y porque «carece de sentido fragmentar la gestión, precisamente en tales demarcaciones». Además, apuntaban que ellas mismas «no tienen el ejercicio efectivo de la competencia sobre las cuencas intracomunitarias».

El Supremo ha aceptado tales planteamientos y ha rechazado las pretensiones de Castilla-La Mancha e, incluso, ha ido más allá para explicar su decisión.
La sentencia, redactada por la magistrada Pilar del Teso Gamella, explica que el decreto introdujo «una nueva noción en nuestro Derecho interno». El motivo es que «la demarcación hidrográfica tiene una sustantividad propia e incluye las cuencas intracomunitarias en el caso de autonomías que no hayan asumido efectivamente la competencia de aguas, al no haberse materializado las transferencias de medios y servicios».

La sentencia precisa que «ahora, la demarcación, como unidad de gestión, como antes lo fue con carácter único la cuenca hidrográfica, ha de permitir una administración equilibrada de los recursos hídricos, en atención al conjunto y trascendencia de los intereses afectados».

El Alto Tribunal insiste en que «la nota de la provisionalidad para fijar las demarcaciones hidrográficas intenta salir al paso de los vacíos que se producirían en la gestión de los recursos hidráulicos». Esto se puede producir «si la Administración General del Estado se inhibe respecto de las cuencas intracomunitarias y las Comunidades Autónomas no han asumido los medios materiales y personales para desempeñar tal servicio».

Y concluye: «La solución contraria haría que se resintiera la racionalidad del sistema, introduciendo una suerte de tajante escisión que bloquearía la gestión del agua y sometería a la misma a una suerte de lenta descomposición».

Estrategia frustrada
Según explica a EXPANSIÓN Rafael Ariño, socio director del despacho Ariño & Villar, «Castilla-La Mancha intentaba evitar la regulación estatal de la cuenca valenciana y murciana intracomunitaria, lo que suponía dejar las competencias sobre la materia en la Confederación Hidrográfica del Júcar y Segura, algo en lo que ambas comunidades estaban de acuerdo». Sin embargo, precisa, «la región de Castilla-La Mancha prefería impedir que tales confederaciones mantuvieran dichas competencias porque considera que podría perjudicarle».

Sin embargo y frente a este último criterio, «el Supremo defiende la libertad de asunción de competencias por parte de las regiones y en tanto no las asuman, el derecho del Estado a regular transitoriamente la materia para evitar un vacío normativo que seguramente buscaba Castilla-La Mancha».

La empresa ECOENERGIAS DE CASTILLA LA MANCHA , junto a un importante grupo inversor, y la especial colaboración de ASAJA (Albacete), ha iniciado el proyecto de desarrollo para la construcción de una planta de generación de energía renovable con BIOMASA en la provincia de Albacete, con un costo aproximado de 45/50 millones de Euros.

La planta está prevista para generar una potencia eléctrica de 16 MW , usando como materia prima la combustión de paja de cereal, estimándose un consumo de 100.000 Tn/año.

La materia prima se obtendrá principalmente de la provincia, previéndose como ubicación idónea para el proyecto según el estudio de viabilidad la localidad de LA RODA, dado el radio de actuación que se establece como 70 km. para la obtención de la materia prima.

El proyecto se encuentra en un estado muy avanzado de desarrollo, se contempla con mucho interés por parte de los diferentes organismos e instituciones locales, y productores en general.

Las grandes explotaciones de cereal, son especial objetivo para el desarrollo de este proyecto, dado su alto volumen de producción de paja, lo que daría una gran estabilidad de recursos a la planta, a cambio, las ventajas para el AGRICULTOR serían muy amplias, como ejemplo :

– CONTRATO VINCULANTE DURANTE LA VIDA DE LA PLANTA

– PRECIO ESTABLECIDO, CON ACTUALIZACION DEL IPC PUBLICADO ANUALMENTE

– SEGURIDAD DE COBROS CON INGRESOS CIERTOS

– GARANTIA DE RECOGIDA Y DISTRIBUCION , CON AUSENCIA DE ESPECULACION DEL PRECIO DE LA PAJA

– DIVERSIFICACION DE CULTIVOS, CON NUEVAS ALTERNATIVAS, CULTIVOS ENERGETICOS, HIBRIDOS, ETC.

– CONDICIONES Y PRECIOS :

Se llevarán a efecto tres tipos de contratos ( A , B Y C ) : Los compromisos contraídos en los contratos previstos, serán similares a cualquier tipo de contrato comercial que se estén realizando en la venta de los cereales producidos, sólo que al establecerse un precio determinado al kg de paja, es el agricultor quien difiere el precio de la recogida, empaque y distribución a la PLANTA, guardando su propio margen.

El agricultor se compromete a vender en función de hectáreas cultivadas de cereal, todo o un porcentaje determinado de la paja obtenida, y a los precios que se indican, según tipo de contrato:

TIPO A) Materia prima en campo. ( 3pts/Kg ) = ( 18€/tm )

TIPO B) Materia prima empacada y apilada en campo. ( 5,5 pts /Kg ) = ( 33 € /tm )

TIPO C ) Materia prima empacada y puesta en planta. ( 8 pts/Kg ) =( 48€/tm )

Para facilitar una mayor información les remitimos a las siguientes maneras de contacto:

ECOENERGIAS CASTILLA LA MANCHA:

MOVIL : 603819585 / 639179020

EMAIL : Antonio Escribano Antonio.escribano@avanzaempresas.es

EMAIL : Miguel Vargas Mvargas@mvc.es

Todos los contratos se pretenden firmar antes de fin de año 2011 , ya que son necesarios para presentar junto al proyecto , avales y otras tramitaciones realizadas a la entidad financiera y grupo inversor, que financiará la construcción de la planta.

IU de Talavera de la Reina explicó ayer que su partido defiende, como postura oficial desde hace años, que se reduzca a un máximo de 300 hectómetros cúbicos la cantidad trasvasable en el Tajo-Segura para ir «a la eliminación progresiva del trasvase». El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, José María Domínguez, respondió así a preguntas sobre las declaraciones en Murcia del coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de España, Cayo Lara, en las que dijo que su partido es partidario de mantener el trasvase en 323 hectómetros cúbicos anuales, solo para la agricultura.

El PP valenciano busca una nueva posición en la guerra del agua tras el fiasco de la defensa del trasvase del Ebro, que desaparece del programa de Mariano Rajoy, y la acometida de la secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, contra el trasvase Tajo-Segura. La Junta de Portavoces de las Cortes, con mayoría absoluta popular, introdujo ayer un «pleno extraordinario» el próximo 21 tras el previsto para el debate de totalidad de los Presupuestos. En ese pleno se debatirá la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Gobierno, convalidado por el Congreso en octubre, que modifica la Ley de Aguas para que las comunidades que lo hayan recogido en sus estatutos tengan competencias sobre los ríos que atraviesan su territorio.

Se trata de una norma que afecta a Andalucía, Cataluña y Aragón, que tendrían competencias para inspeccionar y sancionar sobre los cauces fluviales en aspectos como los vertidos, gracias a una reforma legal que se las otorga. La reforma se produjo tras las sentencias del Tribunal Constitucional contra los estatutos de Andalucía y de Castilla y León, en respuesta a sendos recursos de Extremadura, que les negaba competencias sobre el Duero y el Guadalquivir porque son ríos que atraviesan varios territorios.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, justificó el recurso porque la política hídrica debe ser «unitaria». Blasco dijo que eso nada tiene que ver con mantener las competencias sobre las cuencas internas que tenga cada autonomía. El PP también ha añadido al pleno del 24 de octubre, de debate de totalidad de la Ley de Acompañamiento, la aprobación del decreto del Consell que simplifica los trámites urbanísticos. La diputada socialista Cristina Moreno aseguró que el PP trata de enmascarar el debate de unos presupuestos «injustos y antisociales».

Defensa del Tajo-Segura

Los empresarios alicantinos exigen, por otro lado, que se disipen las dudas sobre el trasvase Tajo-Segura. Una comisión mixta de la Cámara de Comercio y de la patronal Coepa reclamó ayer «disipar todas las incertidumbres creadas» sobre un trasvase que consideran «vital» para la provincia. Con esta petición los empresarios reaccionan al cambio experimentado por el PP en esta campaña electoral en materia hídrica.

“El futuro Gobierno será quien deberá tomar la decisión de dar luz verde o no al minitrasvase de 90 hectómetros cúbicos de agua del Ebro que reclama la Diputación de Castellón”. Así lo dijo ayer el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, en la visita que hizo a la provincia junto a Juan José Moragues, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y el candidato del PSPV-PSOE, Ximo Puig. Los tres defendieron la labor que en materia hídrica ha llevado a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, “ya que ha garantizado el agua en Castellón y ha solucionado futuros problemas”, apuntó el también alcalde de Morella.

Con respecto al minitrasvase, Puxeu apuntó que la petición de la Diputación “llega en tiempos electoralistas y demanda una modificación de la ley del Plan Hidrológico Nacional”, razón por la que apunta que deberá resolverse tras el 20-N. Además, indicó que “no es verdad que el Ebro es para todos”, ya que es un río mediterráneo “que tiene unos regímenes de aportación muy débiles y un delta de una fragilidad extrema, lo que hay que tener muy en cuenta al utilizar el río”. El trasvase, agregó, era “inviable totalmente”, ya que era “caro, no aceptado socialmente y ambientalmente no sostenible”.

En cuanto a Castellón, Puxeu apuntó que tiene “récord mundial de no reutilización”, y por ello reclamó “responsabilidad con el resto de ciudadanos”.

Por su parte, Ximo Puig lamentó que el tema hídrico es, a día de hoy, un debate “contaminado” por el “partidismo y la voluntad de dividir del Partido Popular. Han malgastado mucho dinero intentando convencernos de que el trasvase era algo urgente y ahora cambian de opinión”. H

La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, ha reiterado hoy que la propuesta de reforma de la PAC, presentada por la Comisión Europea, “afecta gravemente” a la agricultura productiva española y europea, en la reunión que mantienen los Ministros de Agricultura de la UE y la Comisión Europea con el Parlamento Europeo.

La titular del MARM ha considerado que la tasa plana “pone en peligro las explotaciones agrarias que producen alimentos de excelencia y calidad”. Asimismo, ha considerado que condicionar un 30 por ciento de los apoyos a determinados esfuerzos medioambientales supone “poner el contador a cero” pese a que los agricultores están aplicando ya políticas medioambientales.

Rosa Aguilar espera que el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, sea “sensible” a las reservas de España y otros países sobre la propuesta inicial de reforma de la PAC y que atienda la petición de tener en cuenta la “diversidad en la producción agrícola, como la mediterránea”.

La Ministra ha confiado en que todos los eurodiputados españoles apoyen la postura común, “la posición de país”, adoptada por consenso entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas y respaldada por el conjunto del sector.

El PSOE mostró ayer su disposición a trabajar de manera «unitaria» con el Gobierno regional y con las organizaciones agrarias para aunar posturas de cara al «ataque» que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) supone para Castilla-La Mancha. Así lo aseguró su portavoz en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, tras el encuentro que mantuvo con el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julián Morcillo. Para Martínez Guijarro, el borrador de la PAC supone un «ataque» al sector, que puede provocar su desmantelamiento en Castilla-La Mancha si no se replantea.
En este punto, calificó de «nefasta» la distribución de las ayudas que plantea la Unión Europea, pues ese reparto, según está concebido, provocará un «trasvase de ayudas» en perjuicio de los agricultores profesionales. Por ello, insistió en la necesidad de que Castilla-La Mancha se enfrente a Bruselas de forma unitaria, al objeto de defender con mayor fuerza los intereses del campo castellano-manchego. «Es necesario que Castilla-La Mancha presente una posición unitaria a fin de amortiguar el ataque» recibido de Bruselas.

Agricultura de sofá. En similares términos valoró Morcillo el borrador presentado por Dacian Ciolos. Condenó que el documento no prime la producción, ni la garantía alimentaria, y aseguró que su propuesta de distribución de nuevas ayudas va a generar «una guerra de especulación» a la hora de recibir esas percepciones. Tampoco se mostró a favor de que la Comisión amplíe de 17 a 27 millones las hectáreas que en la actualidad tienen derecho a ayuda en España, convencido de que esta nueva distribución perjudicaría a la agricultura productiva, sobre todo en sectores como el olivar o el regadío, en favor de una «agricultura de sofá».
También lamentó que la propuesta de la Unión Europea no establezca ninguna medida de gestión de mercados, ni el principio de reciprocidad para los productos de fuera, ni una «verdadera» negociación colectiva a fin de fijar precios favorables para los agricultores.
Es por ello que la Unión de Pequeños Agricultores mantendrá reuniones con los grupos políticos, con el resto de organizaciones agrarias, con la patronal y con la Federación de Municipios y Provincias, para redactar una defensa común que proteja al máximo los intereses del campo castellano-manchego.