Hace unos días, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Valencia  se firmó la adhesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar al proceso de constitución de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel por parte de su presidente , D. Juan José Moragues Terrades , y en presencia de D. José Vicente Antón , presidente de la Asociación de Municipios Ribera del Cabriel.
    

Durante la reunión se procedió a valorar la importancia que tendría para la zona que la Unesco declarara el Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera para potenciar el desarrollo socioeconómico de los municipios integrantes de la misma y la puesta en valor de los recursos de la zona.
    

La figura del MAB, o reservas de la biosfera,  permite tener un marchamo de calidad, un sello de identidad sobre un área geográfica determinada, creando una imagen de entorno en relación a unos valores naturales singulares. Em este caso el río Cabriel, que resulta ser el río mejor conservado de clima mediterráneo del mundo.
    

El Valle del Cabriel alberga unos valores naturales de primer orden (flora , vegetación , fauna , elementos geomorfológicos , etc.) pero además los pobladores del Valle del Cabriel han dejado su impronta desde tiempos pretéritos, con un excepcional patrimonio cultural tangible ( patrimonio histórico artístico, etnográfico, histórico-cultural, etc.) e intangible (folklore , tradiciones ,artesanía , gastronomía, etc.) , que es preciso conservar y poner en valor .
     

El territorio que formaría parte de esta declaración tiene como hilo conductor al río Cabriel desde su nacimiento en la sierra de Albarracín (Teruel)  hasta su desembocadura en el Júcar (Valencia) y abarcaría algo más de 498.000 Has. , tres comunidades autónomas (Aragón , Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana ) y  4 provincias (Albacete , Cuenca , Valencia y Teruel) y 66 municipios .
  

El presidente de la Confederación se mostró muy interesado por este proyecto y se comprometió a apoyar y colaborar técnica y financieramente , así como a participar en el órgano de gestión que se constituya.
  

También agradeció a la Asociación de Municipios Ribera del Cabriel y a los Grupos de Desarrollo Rural (Prodese , Adiman , Manchuela de Albacete)  el gran papel que están llevando a cabo para conseguir esta declaración y les animó a seguir trabajando en esta línea .

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, reiteró ayer en Bruselas el rechazo de España al pago base propuesto en la reforma de la PAC y ha asegurado que el nuevo modelo de ayudas propuesto por la Comisión Europea plantea «grandes incertidumbres y problemas en cuanto a su aplicación». «Tiene un encaje muy difícil en nuestro modelo productivo, caracterizado por la gran diversidad y riqueza de las producciones», ha aseverado la ministra.

Para Rosa Aguilar, «el nuevo modelo de pagos directos que se establezca deberá dar respuesta a las necesidades de las distintas orientaciones y sistemas productivos de la agricultura y ganadería española, elemento que compartimos con los estados miembros mediterráneos». La titular del MARM ha expresado además su preocupación por los impactos a los que puede conducir la aplicación de esa reforma «tanto a nivel sectorial, como territorial e individual, ya que condiciona la viabilidad futura de muchas de las explotaciones agrarias de nuestro país produciendo desequilibrios territoriales y sectoriales». La ministra ha explicado que las inquietudes de España se concentran en los dos elementos fundamentales del nuevo modelo de ayudas: el pago de base y el llamado «componente verde». Respecto al pago de base, el reglamento propone el establecimiento que es inaceptable para España, de una tasa o pago uniforme a nivel de región o de Estado Miembro, en el año 2019 a más tardar. Con respecto al pago adicional para prácticas beneficiosas con el medio ambiente y el clima, el componente verde, Aguilar ha coincidido con los objetivos aunque ha explicado que es «imprescindible tener en cuenta que la agricultura europea, que los agricultores y ganaderos, ya cumplen con todo un conjunto de disposiciones y exigencias medioambientales recogidos en nuestro ordenamiento, que hacen que nuestra agricultura sea sostenible». En este sentido, Rosa Aguilar ha defendido que la aplicación del componente verde debe estar vinculada a «una simplificación real y efectiva de las normas». «Las medidas que se apliquen dentro de dicho componente verde han de ser sencillas, fácilmente aplicables y generalizables, y en ningún caso podrán suponer una pérdida de competitividad ni de productividad a las explotaciones europeas», ha abundado la ministra, quien ha rechazado que el incumplimiento de las obligaciones de este componente verde afectara a los pagos de las ayudas a los agricultores. Además, y buscando la mejora de la competitividad de las explotaciones europeas, el Gobierno de España entiende que habría que revisar a la baja el porcentaje del 30% de los pagos directos dispuesto para dicha ayuda verde. Por otro lado, desde España, ha afirmado la Ministra, no puede aceptarse la falta de adecuación de las medidas propuestas «hacia algunas de nuestras producciones más representativas», tales como el olivar, el viñedo, la producción frutícola, los sistemas productivos en regadío o las producciones ganaderas de las zonas de montaña, entre otras. Ante este nuevo escenario planteado por la Comisión Europea, la Ministra ha considerado «fundamental» aumentar los recursos disponibles para el componente de ayudas acopladas y flexibilizar su aplicación, al tiempo que ha subrayado «la importancia de la incorporación de jóvenes» dado el fuerte grado de envejecimiento de los activos del sector y la necesidad de fomentar el relevo generacional, así como «la incorporación de la mujer como elemento activo prioritario» en los sectores agrícola y ganadero.

En las últimas semanas, varios de los antiguos manantiales y surgencias del término municipal de Alcadozo han vuelto a la vida, a causa de las precpitaciones registradas en el anterior año hidrológico y lo que llevamos del actual.
Uno de los casos más llamativos, del que se han hecho eco los medios de comunicación de la propia localidad, es el de la Fuente del Ojo, situado entre Alcadozo y Peñas de San Pedro.
De acuerdo a los datos de un estudio realizado por la UCLM sobre los pequeños ecosistemas acuáticos de la provincia de Albacete, en el punto donde se encuentra esta fuente, que forma parte de la cuenca endorreica de Pozohondo, se había experimentado entre 1970 y 2008 un drástico descenso de los niveles piezométricos, de «aproximadamamente» 100 metros de variación.
La fuente está compuesta de dos surgencias. A finales de 2009, el caudal estimado por el equipo dirigido por el profesor Gregorio López estimó que el caudal que sumaban ambas era de 1,5 litros por segundo; un año más tarde, ya era de 20 litros por segundo, unas 13 veces mayor.

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Vuelta a la idea original. A falta de presupuesto para construir una potabilizadora que convierta en viable el trasvase Júcar-Vinalopó, el PP apuesta por recuperar en los próximos meses la toma original de la transferencia, en Cortes de Pallás. El proyecto, presentado por los regantes del Vinalopó —potenciales usuarios del trasvase, aunque ninguno ha suscrito aún el convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para recibir agua—, prevé la coexistencia de las dos tomas: la de Cortes de Pallás (que se abandonó en 2005) y la actual, en el Azud de la Marquesa.

La conexión de la transferencia, totalmente terminada desde finales del pasado año, con la toma original —descartada por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona— tendría un coste cero para las arcas públicas, dado que las obras ya estaban finalizadas cuando se cambió el trazado de la tubería. Así, frente al desembolso económico que suponía la potabilizadora prometida por el PSOE (y que nunca se llegó a presupuestar), la propuesta que estudia el PP no implica sobrecostes.

Según la propuesta de los regantes —respaldada por la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor— el protocolo de uso establecería la preferencia de la toma actual, al final del río, siempre que los niveles de calidad del agua permitiesen usarla para riego. Para vencer la resistencia de los regantes del Júcar, el proyecto que estudiará el PP contempla destinar la toma de Cortes a un «banco de agua», es decir, el agua trasvasada desde el curso medio del Júcar sería vendida por los regantes valencianos a los alicantinos, y no enviada por orden del Ministerio.

«Giro» en la CHJ

La doble toma para el Júcar-Vinalopó es solo uno de los «giros» que el PP plantea a la política hídrica desplegada por el PSOE en la Confederación del Júcar. Si los populares ganan el próximo domingo, como apuntan las encuestas, controlarán todas las instituciones con presencia en el consejo de gobierno de la cuenca —el Ministerio, la Generalitat, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valencia—.

El relevo del actual presidente de la CHJ, Juan José Moragues (nombrado por Narbona en 2004), será el primer paso para devolver la política hídrica del organismo de cuenca a los planteamientos anteriores a la llegada del PSOE al Gobierno central. Principalmente, mantener la unidad de cuenca —que se rompía con el Decreto aprobado por el Gobierno en 2009, y tumbado hace unas semanas por el Supremo—. Un criterio que facilita, precisamente, el trasvase Júcar-Vinalopó, que de otro modo se consideraría una transferencia entre cuencas distintas.

También se mantendrá la superficie de regadíos reconocida por la Generalitat en la Comunidad, y que el actual presidente de la CHJ pretendía reducir en 40.000 hectáreas. Así constaba en el Esquema de Temas Importantes (ETI), borrador del Plan de Cuenca, que ahora debe analizar el consejo del agua de la CHJ. De haberse aprobado dicha reducción —al convertir en terreno «potencialmente regable» parte del actual regadío—, se habrían revisado a la baja las necesidades de agua de Alicante.

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea analizan hoy el sistema de pagos directos que plantea la propuesta de la Política Agrícola Común (PAC) que la titular española, Rosa Aguilar, prevé rechazar ante sus homólogos europeos. La Presidencia polaca de turno de la UE ha preparado un cuestionario para el intercambio de opiniones sobre la reforma propuesta por la Comisión Europea, que se centra en el modelo de pagos directos y la distribución de las ayudas directas entre y en los propios Estados miembros.

La propuesta que presentó la Comisión en octubre fue recibida con indignación tanto por el sector como por la mayoría de los gobiernos. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha adelantado que rechazará en el Consejo de Ministros el modelo de pagos directos. España rechaza «el pago base» que propone la Comisión Europea, porque «no reconoce la diversidad de cultivo ni las zonas y métodos de producción». En su opinión, «pone en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones, precisamente las más eficientes con alto rendimiento pero también con importantes costes productivos». La ministra reiterará que el giro que se da a los pagos directos en la propuesta de reforma «no legitima socialmente a la PAC» y es «inaceptable» porque «generará importantes desequilibrios territoriales y productivos en nuestro país». En el almuerzo, los ministros abordarán el llamado incentivo verde o prima ecológica, en virtud de la cual se debe vincular un 30 % de las ayudas directas a compromisos medioambientales, otra de las propuestas incluida en la PAC que ha suscitado controversia. España está a favor de una PAC «más verde», pero lamenta que la Comisión abogue por poner en ese sentido «el reloj a cero». «Los agricultores están haciendo ya políticas medioambientales y eso ha de valorarse», dijo Aguilar a principios de mes en la Eurocámara, donde aseguró que es «un error no valorar lo que ya se hace en la realidad cada día para preservar el medio e impulsar el desarrollo sostenible de la agricultura». Se ha abierto además un debate en el seno de la UE sobre la prolongación de las cuotas de producción de azúcar más allá de 2015. Hungría lo pide y cuenta con el apoyo de Austria, Lituania, Francia y Rumanía, según fuentes diplomáticas, que han explicado que esta idea no figura en la propuesta de la Comisión Europea, pero algunos países han solicitado que se incluya. Los ministros evaluarán además el grado de aplicación en cada país de la directiva para la protección mínima de las gallinas ponedoras que entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y que establece que éstas deben disponer de al menos 750 cm2 de superficie de la jaula, de un nido, de una yacija que permita picotear y escarbar, de un bebedero apropiado y de dispositivos de recorte de uñas. Algunos países han reclamado a la UE más tiempo para que sus explotaciones puedan aplicar la norma. España está todavía en el proceso de aplicación de la directiva. En la parte de Pesca del Consejo, los ministros mantendrán un debate sobre la dimensión exterior de la Política Pesquera Común. Aguilar pedirá a la UE «una posición más decidida» en materia pesquera para «impulsar y reforzar» los acuerdos con terceros países, los cuales deben garantizar que la actividad se desarrolle «según modalidades que sean satisfactorias para ambas partes». El debate girará en torno a la convenios de asociación con terceros países, los acuerdos bilaterales, los lazos con las organizaciones regionales de gestión de pesca y con las organizaciones internacionales de conservación, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En cuanto a los acuerdos de pesca bilaterales y con terceros países, España, Francia, Portugal, Italia y Grecia defienden la continuidad de esos convenios. También defienden una fuerte presencia de la Comisión ante las organizaciones regionales.

J. SIERRA VALENCIA El número exacto de hectáreas de regadío que existen en la Comunitat Valenciana se ha convertido en los últimos meses en el penúltimo motivo de enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno central. Ni uno ni otro parecen capaces de ponerse de acuerdo sobre algo que debería ser cuantificable con relativa facilidad gracias a los recursos de la propia administración y al uso de modernas tecnologías, incluidos los satélites.

Sin embargo, las cifras que manejan la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar están muy alejadas y difieren también de las que figuran en el censo agrario del Instituto Nacional de Estadística y de las admitidas por los propios regantes.

La discusión no es baladí. En el fondo no importan tanto las hectáreas como los derechos de éste regadío a recibir agua. Pese a que nadie ha planteado una revisión concesional— a cada hectárea de regadío le corresponde una dotación teórica de agua, dependiendo del tipo de cultivo y cuyo suministro debe garantizar el Estado—, en el fondo se trata de tomar posiciones en el reparto de caudales que debe figurar en el próximo plan hidrológico y sirve también para determinar los balances de recursos y demandas que, de ser negativos, podrían utilizarse para reclamar trasvases desde otras cuencas hidrográficas.

Descenso
Según el Censo Agrario elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a a 1999, dentro de la superficie agrícola utilizada había 301.413 hectáreas de regadío de las que no se regaban ya 17.848 ha.

En contra de lo que pudiera pensarse, ni la expansión urbanística ni la crisis de la agricultura parecen haber hecho excesiva mella en el regadío. Según el censo actualizado de 2009, cuyos datos definitivos se cerraron hace unos meses, la superficie regable era de 289.949 hectáreas, lo que supone un descenso de 11.464 has. (3,8%).

En sus alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes del Plan Hidrológico de la Demarcación Júcar, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana asegura que la superficie regada es de 350.000 has. Además, se rechaza como «no aceptable» que en los cálculos que figuran en el Esquema de Temas Importantes, antesala del nuevo plan hidrológico del Júcar, «no se reconozcan las superficies que figuran en los expedientes de concesión de aguas».

Dicen que calcular la Unidad de Demanda Agrícola «atendiendo exclusivamente a la superficie realmente regada es contrario al estudio de la demanda porque niega la posibilidad de que se use el derecho al uso de las aguas en su totalidad…». Es decir, los regantes quieren que el plan les asigne el máximo teórico necesario para regar todas sus superficies, al margen de si se riegan ya o no. El excedente podría derivarse así hacia campos de golf, para los que los propios regantes piden un estatus similar al del regadío, en intercambios con otros usuarios o para atender futuras ampliaciones de las zonas regables.

La Generalitat Valenciana cuestiona también las cifras del Ministerio de Medio Ambiente. La CHJ solo ha incluido 261.000 hectáreas en sus planes para la Demarcación Júcar mientras el plan de cuenca vigente situaba la superficie regada en 300.940 has y la Generalitat calcula una superficie total de 318.995 has y que es , dice, «la que se ha de considerar».

El caso del Vinalopó
Solo en el Vinalopó-Alacantí, donde algunos caudales para la agricultura acaban en los abastecimientos urbanos, la disparidad es brutal. Según la CHJ, la superficie regada es de 30.488 has. El Instituto Interuniversitario de Geografía sostiene que trabajos de campo, fotointerpretación y encuestas directas realizadas en 2006 «confirman» la existencia de una superficie regable con derechos de uso reconocidos que supera las 85.000 has. No obstante, admite como superficie «regada» la de 70.699 has, muy lejos todavía de la considerada por la Confederación Hidrográfica.

El año 2011, que está a punto de finalizar, empieza a parecerse a algunos de los años más secos de la historia de la capital albaceteña, pues hasta el mes de octubre, se han contabilizado precipitaciones que ascienden a 231,6 litros por metro cuadrado, una cifra que dista en más de 100 litros por metro cuadrado en cuanto a la media de lluvias de la última década se refiere (353 litros por metro cuadrado), según los datos ofrecidos por Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En lo que queda de año, la capital podría recuperarse y llegar a la media de precipitaciones, pues en lo que llevamos de noviembre, hasta el día 9, se han contabilizado ya unos 40 litros por metro cuadrado.

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El Estado puede asumir temporalmente y con carácter provisional la gestión de las demarcaciones hidrográficas que afecten a las autonomías que todavía no hayan asumido las competencias en materia de cuencas intracomunitarias.

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso que presentó la Comunidad de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto 125/2007 que fijó el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.

Esta autonomía sostenía que varias disposiciones eran nulas porque otorgaban competencias al Estado central en la gestión de las cuencas. La tesis manchega se apoyaba en que «la Administración General del Estado carece de competencias en materia de aguas, respecto de las cuencas intracomunitarias, de manera que no puede establecer las demarcaciones hidrográficas cuando se refieren a cuencas hidrográficas cuyas aguas discurren en su integridad por única única comunidad autónoma».

En concreto, Castilla-La Mancha entendía que el Estado podía invadir la gestión de las demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar, correspondientes a Murcia y Comunidad Valencia, respectivamente. De esta forma, la región manchega pretendía ‘sacar’ al Estado de la gestión de ambas zonas.

Pero el Tribunal Supremo ha respaldado la competencia estatal en este caso concreto y lo ha hecho por varias razones. El resultado es que ha puesto sobre la mesa un interesante planteamiento jurídico que puede servir para frenar la guerra del agua.

Tanto Murcia como la Comunidad Valenciana sostenían la legalidad de la norma, porque «también existen cuencas intracomunitarias en Castilla-La Mancha gestionadas por el Estado» y porque «carece de sentido fragmentar la gestión, precisamente en tales demarcaciones». Además, apuntaban que ellas mismas «no tienen el ejercicio efectivo de la competencia sobre las cuencas intracomunitarias».

El Supremo ha aceptado tales planteamientos y ha rechazado las pretensiones de Castilla-La Mancha e, incluso, ha ido más allá para explicar su decisión.
La sentencia, redactada por la magistrada Pilar del Teso Gamella, explica que el decreto introdujo «una nueva noción en nuestro Derecho interno». El motivo es que «la demarcación hidrográfica tiene una sustantividad propia e incluye las cuencas intracomunitarias en el caso de autonomías que no hayan asumido efectivamente la competencia de aguas, al no haberse materializado las transferencias de medios y servicios».

La sentencia precisa que «ahora, la demarcación, como unidad de gestión, como antes lo fue con carácter único la cuenca hidrográfica, ha de permitir una administración equilibrada de los recursos hídricos, en atención al conjunto y trascendencia de los intereses afectados».

El Alto Tribunal insiste en que «la nota de la provisionalidad para fijar las demarcaciones hidrográficas intenta salir al paso de los vacíos que se producirían en la gestión de los recursos hidráulicos». Esto se puede producir «si la Administración General del Estado se inhibe respecto de las cuencas intracomunitarias y las Comunidades Autónomas no han asumido los medios materiales y personales para desempeñar tal servicio».

Y concluye: «La solución contraria haría que se resintiera la racionalidad del sistema, introduciendo una suerte de tajante escisión que bloquearía la gestión del agua y sometería a la misma a una suerte de lenta descomposición».

Estrategia frustrada
Según explica a EXPANSIÓN Rafael Ariño, socio director del despacho Ariño & Villar, «Castilla-La Mancha intentaba evitar la regulación estatal de la cuenca valenciana y murciana intracomunitaria, lo que suponía dejar las competencias sobre la materia en la Confederación Hidrográfica del Júcar y Segura, algo en lo que ambas comunidades estaban de acuerdo». Sin embargo, precisa, «la región de Castilla-La Mancha prefería impedir que tales confederaciones mantuvieran dichas competencias porque considera que podría perjudicarle».

Sin embargo y frente a este último criterio, «el Supremo defiende la libertad de asunción de competencias por parte de las regiones y en tanto no las asuman, el derecho del Estado a regular transitoriamente la materia para evitar un vacío normativo que seguramente buscaba Castilla-La Mancha».