La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha pedido al nuevo Gobierno que saldrá de las urnas del próximo 20 de noviembre la recuperación del Ministerio de Agricultura, después de que se integrara en la cartera de Medio Ambiente, Rural y Marino en 2008 «pasando de la ignorancia ecologista al fundamentalismo ambientalista».

   Asimismo, con el fin de proteger la competitividad del sector, en crisis por la subida de los costes de producción y la caída de precios, los regantes plantean la necesidad de un escenario energético competitivo que suponga un ahorro significativo con respecto al actual y zanje las continuas especulaciones de subidas tarifarias que se ciernen como una amenaza sobre el campo español. En la actualidad, la luz representa más del 30% de los gastos de producción.

   En su opinión, la aplicación de unos costes energéticos más competitivos garantizaría al Ejecutivo entrante la colaboración del sector en la modernización de las más de un millón de hectáreas pendientes de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2015, actualmente paralizada debido a unos costes energéticos inasumibles que se han multiplicado de manera exponencial y que hacen inviable la transformación hacia riegos de presión (aspersión y localizado).

   Dentro de este paquete de medidas electorales, los regantes solicitan también la puesta en marcha de una Política Agraria Comunitaria (PAC) sólida que defienda la agricultura de regadío sostenible de los «ataques» de las nuevas directrices europeas.

   «Después de habernos endeudado por cincuenta años para transformar nuestros sistemas de riego y poder producir más y mejores alimentos con menos agua, en línea con las indicaciones de la FAO, solicitamos que se destine parte de los fondos comunitarios orientados al segundo pilar de políticas de desarrollo rural a reforzar la agricultura de regadío sostenible, ya que en general los criterios para asignar estos recursos tienen una base más política que de interés agrícola», señaló el presidente de Fenacore, Andrés del Campo.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha solicitado al gobierno que salga elegido en las elecciones del 20 de noviembre la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que garantice la coordinación de todos los planes de cuenca de acuerdo a los intereses generales de los usuarios, impulsando la construcción sostenible de obras de regulación y trasvases intercuencas.

   Por otra parte, insta al nuevo Gobierno a proseguir con la línea iniciada con la devolución de competencias del Guadalquivir, de manera que «sea única y exclusivamente el Estado responsable político de aguas como rigen los principios de unidad de cuenca y gestión que ampara la Constitución y la Directiva Marco de Aguas (DMA)».

   En esa línea, el programa de la Federación pide el establecimiento de un Pacto Nacional que garantice la recuperación de todas las competencias por parte de las confederaciones hidrográficas cedidas a las distintas comunidades, «para evitar el derroche de recursos económicos y la descoordinación en la gestión del agua».

   Esta petición de los regantes se enmarca dentro de un programa más extenso de propuestas dirigidas a las distintas fuerzas políticas que concurren a las elecciones, con el fin de garantizar la actividad de un sector estratégico para la economía española.

   Otra de las propuestas de la Federación se centra en la recuperación del Ministerio de Agricultura, «después de que en 2008 el sector quedara relegado a un segundo plano con la integración de los asuntos agrarios en la cartera de Medio Ambiente, Rural y Marino».

   Por otra parte, plantean al nuevo Gobierno «la necesidad de un escenario energético competitivo» para la modernización de las más de un millón de hectáreas pendientes de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2015, paralizada «debido a unos costes energéticos inasumibles que se han multiplicado de manera exponencial».

   Dentro de este paquete de medidas electorales, los regantes solicitan también la puesta en marcha de una Política Agraria Comunitaria sólida que defienda la agricultura de regadío sostenible de los «ataques» de las nuevas directrices europeas «encaminadas a establecer un pago fijo por hectárea en lugar de incentivar la producción/productividad».

La consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, se ha reunido, durante esta pasada semana, con el Consejo Rector de la Cooperativa y Bodegas San Dionisio de Fuenteálamo (Albacete), donde les ha detallado los pagos de las ayudas europeas que se han adelantado estos últimos meses y les ha anunciado la «inminente» convocatoria de las ayudas para las Cooperativas y a las Industrias Agroalimentarias (FOCAL).

FOMENTO DE LA UNIÓN Y DEL COOPERATIVISMO. Además, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano señaló en esta reunión que «es preciso fomentar el cooperativismo y la unión de todos frente a los grandes distribuidores, que se han concentrado mucho en los últimos tiempos mientras el sector productor está muy atomizado y esto provoca debilidad».
La consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano que estuvo acompañada en esta reunión por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, aseguró, además, que el Gobierno regional, que preside María Dolores Cospedal, va a apoyar a las cooperativas, a las industrias y a las agrupaciones de productores «para hacerles más fuertes y competitivos en la cadena agroalimentaria».    

(Castilla La Mancha) ELECCIONES | > AREA: Política

06-11-2011 / 18:10 h

(Corrige el titular de la previsión transmitida con clave tl7026)

Cieza (Murcia), 6 nov (EFE).- El presidente del Congreso, José Bono, ha dicho hoy en Cieza que si el agua que ha de ser trasvasada es sólo la del Tajo que «vayan cerrando las huertas de Murcia porque el Tajo no da para más», y ha añadido que «después de la que armó el PP con el trasvase del Ebro, ahora no dicen ni media palabra».

Bono, que ha participado en un mitin junto a Ramón Ortiz y María González Veracruz, ha advertido que el agua debe ir de donde sobra a donde falta, pero que el agua que sobra en España «no sólo puede mirarse en el Tajo, y eso no lo dice el ex presidente de Castilla-La Mancha, sino el plan de cuenca del Tajo, solo hay que ver como huele, que es un una inmensa cloaca».

«El PP les había dicho que el Ebro, y ahora piensan que ya tienen el voto ganado y en el bolsillo y les importan tres puñetas el agua», ha agregado.

Ha recordado que el PP movilizó, trasladó en autobús a Valencia muchos murcianos para pedir el trasvase del Ebro, «y en estos momentos no lo llevan ni en su programa electoral, como si hubiera desaparecido el Ebro y aquellas reivindicaciones al final da la impresión que mas que agua, lo que pedían eran votos».

«Es que acaso Murcia era el escudo y la presentación de la necesidad del agua y ahora es tierra quemada electoralmente y ya no precisan mas que el seguidismo del voto», ha añadido, para ironizar: «Hay especialistas en no mojarse aunque jarree agua del cielo».

Ha apuntado que el PP se ha hartado de hablar del Ebro en los últimos años, por lo que ha reclamado un mínimo de coherencia y a los ciudadanos de Murcia «un máximo de dignidad».

Por otra parte, ha afirmado que aquel político que en esta campaña electoral «quiera tumbarse a la bartola a lo mejor se lleva un chasco», y ha añadido que «es más fácil ganarle al PP que a algunas encuestas».

Bono, que ha venido a Cieza a arropar al número 1 al Senado por Murcia, Pedro Ortiz, y la número 1 al Congreso, María González Veracruz, ha recordado que cuando era candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha había un periódico que hasta en seis comicios publicó encuestas en las que daba ganador por mayoría absoluta al PP, y siempre ganó el PSOE.

«Yo me conformo con ganar en las urnas», ha agregado, y le dijo al director de ese periódico que él, en cambio, se conformaba con que ganara el PP en las encuestas que elaboraba ese medio.

Ha indicado que algunas encuestas «son de fogueo», pero sobre la última, publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aún reconociendo que el PP saca una diferencia grande al PSOE, ha remarcado que en ese sondeo Alfredo Pérez Rubalcaba está mejor valorado que Mariano Rajoy y el porcentaje de indecisos es mayor que la diferencia entre ambos partidos.

De igual modo, ha señalado que en esa encuesta del CIS, a la pregunta de si el PP gobernase, los ciudadanos contestaron en su mayoría que estaríamos peor, por lo que ha considerado que en esta campaña electoral «hay motivos para luchar», ya que, a su juicio, «esto no está ganado ni perdido; depende de nosotros».

Ha reconocido que el momento que se vive es «difícil, de tempestad y crisis», necesitado «del mejor capitán que guíe la nave por esta mar de dificultades» y que el piloto es Rubalcaba. EFE

Ni se lo esperaban, ni se lo explican. El cambio copernicano de los planes hídricos del PP ha caído como una losa sobre los regantes y agricultores alicantinos que durante los últimos años han ido de la mano con los mandatarios del PP, hasta convertirse en el azote a la política hídrica de José Luis Rodríguez Zapatero.

• Olcina: "No es una baza electoral, es un tema de Estado"

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La impresión es que se han impuesto las tesis de Cospedal y Rudi a las de Fabra

De nuevo se están organizando actos en defensa del Tajo-Segura

Asaja incide en que «el problema es que Zapatero se lió con Carod Rovira»

La Unió cree que «el PP se ha quitado la careta» tras años de «manipulación»

Ahora cuando el PP tiene aspiraciones, y muchas posibilidades de alcanzar el Gobierno e instalarse en La Moncloa, el trasvase del Ebro no figura en su programa, y el apartado dedicado al agua presenta más sombras que luces. El programa electoral de Mariano Rajoy deja la puerta abierta para que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, número dos del PP, pueda recurrir el trasvase Tajo-Segura y planea incertidumbres sobre el futuro del Júcar-Vinalopó, cuyas obras ha finalizado el ejecutivo socialista y están paralizadas por disconformidad de los usuarios con la toma de agua inicial.

Los regantes, y en especial los dirigentes agrarios de las diversas agrupaciones que durante los últimos años se han encargado de llenar autobuses para manifestarse a favor de los trasvases, se sienten «intranquilos, decepcionados, indignados o huérfanos», según coincidieron varios de los afectados durante estos últimos días. Todos, además, tienen claro que los intereses y criterios del PP en Castilla-La Mancha o de Aragón han sido los que se han impuesto, y que Mariano Rajoy ha dejado en la cuneta al PP valenciano, y a los regantes que durante tantos años le apoyaron en la calle con el lema Agua para todos. El malestar que ha generado este cambio de actitud entre los profesionales del campo es tan patente que la próxima semana se celebrarán asambleas para empezar un gran acto de apoyo al trasvase Tajo-Segura en La Vega Baja.

Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante en Elche, está muy decepcionado y considera que «cualquier partido que no defienda y apueste claramente por los trasvases moralmente no puede ni pedir el voto a los alicantinos, yo del PP ni me presentaría». Urbina, no obstante, responsabiliza tanto al PP como al PSOE de ser «los responsables» de la actual situación de incertidumbre porque «han estado jugando con el agua durante años». Eladio Aniorte, presidente de Jóvenes Agricultores, y hombre próximo al PP, advierte de que «no vamos a permitir reducir caudales de unos trasvases que ya están consolidados», en referencia al Tajo-Segura. Aniorte atribuye la polémica a las «idioteces que dicen los políticos en campaña electoral», y anuncia que seguirán «exigiendo a Rajoy el trasvase del Ebro» hasta que sea una realidad.

Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Regantes del Vinalopó y uno de los líderes del movimiento Agua para todos, insiste en que los políticos deben «dar un paso atrás para dejar que sean los técnicos los que trabajen y decidan». Martínez advierte de que si el PP no incluye y confirma con «hechos» su apuesta por los trasvases «tendrá a todos los agricultores enfrente».

Pese a la irritación y malestar inicial al comprobar el cambio de criterio de Génova, algunos de los dirigentes agrarios, los más próximos al PP, han empezado a modular su discurso, y confían en las promesas verbales de Rajoy que siempre ha defendido las transferencias entre cuencas.

La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, y la consejera de Agricultura, Maritina Hernández, reunieron el miércoles a los regantes para tranquilizarles, pero no lo consiguieron. Ahora son palabras, antes estaba por escrito. El cabeza de lista del PP por Alicante, el ex ministro Federico Trillo, también tiene previsto encontrarse con los regantes para convencerles de que el PP no ha variado su posición. «No se crean cuentos, ni películas, el PP no ha cambiado en nada su discurso y haremos las cosas cuando podamos».

Pero lo único cierto es que en el programa electoral de estas elecciones, el PP copia prácticamente su propuesta de 2008 pero con algún matiz importante, no da por sentado que existan cuencas excedentarias, es decir, no está claro que sobre agua, e introduce que «si las hubiere» se plantearían la posibilidad de ejecutar transferencias. El cambio del PP se fundamenta en dos cuestiones básicas. Por un lado, la actual situación de crisis financiera impide comprometer una inversión millonaria como es el trasvase del Ebro (requeriría más de 500 millones de euros); por otro lado, hay un motivo político clave: en Aragón y Castilla-La Mancha, donde ahora gobierna por primera vez el PP desde hace años, existe un fuerte sentimiento antitrasvasista. «Rajoy en La Moncloa no puede permitir abrir una guerra entre comunidades hermanas gobernadas por un mismo partido», admite una fuente del PP en Alicante.

Es más, la propuesta electoral de los populares se basa en el Pacto del Agua de Aragón, mediante el cual el parlamento aragonés veta cualquier trasvase del Ebro, y asegura una reserva estratégica de agua «desmedida e injustificable», según opina Antonio Rico, catedrático de Análisis Geográfico y Regional en la Universidad de Alicante. Sin embargo, los regantes no entienden por qué Rajoy se ha plegado de esta manera a los intereses de Cospedal. «Si los programas electorales están para no cumplirlos, hubiera podido dejarlo como estaba», admite otro regante. Pedro Valera, de Asaja en Elche, admite que Cospedal «se ha salido con la suya, pero el problema es de Zapatero que se lió con Carod Rovira y a partir de ahí no nos aclaramos», dijo.

Ernest Blasco, de la Unió de Llauradors en Alicante, tiene claro que el programa electoral de Rajoy «evidencia las mentiras y la tremenda manipulación» que el PP «ha sometido» a los regantes. Para Blasco «nos han tomado el pelo», y ahora «el PP se ha quitado la careta». La Unió recuerda que el trasvase Tajo-Segura abastece tanto a regadío como a consumo humano, ya que de esta conexión beben 70.000 personas.

La tesis y los argumentos que barajan los expertos que defienden los trasvases son claras: España dispone de una media de 111.000 hm3/año, consume unos 21.000 hm3/año, y tan sólo se trasvasan unos 1.200 hm3/año. Y con este volumen tan reducido, se garantiza el suministro de agua potable de 15 millones de habitantes y de 600.000 ha de los regadíos más competitivos. Por eso consideran que hay margen suficiente para respetar caudales ecológicos y garantizar las demandas de agua en las cuencas excedentarias y, además, para plantear la realización de nuevos trasvases como el del Ebro. Un trasvase moderado y viable de 350 hm3 a la Comunidad Valenciana y otros de 100 hm3 a Barcelona.

Olcina: "No es una baza electoral, es un tema de Estado"

El agua no figura como un tema de Estado en el programa electoral del PP. Las referencias directas al Pacto del Agua de Aragón y la amenaza directa que se intuye sobre el Tajo-Segura, revela que la propuesta con la que Mariano Rajoy se presenta a las elecciones ha sido elaborada desde Toledo y Zaragoza. «Los intereses regionales han primando sobre intereses generales», admite el catedrático de Análisis Regional de la Universidad, Antonio Rico. Por su lado, el exrector de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, una de las voces más autorizadas en esta materia, insiste en que «el agua nunca debe ser una baza electoral, es un tema de Estado». Por eso este experto pide a los políticos que «prescindan de la demagogia y apliquen criterios técnicos» en la planificación hídrica.

Joaquín Melgarejo, catedrático de Historia Económica en Alicante y autor de varios informes sobre el impacto económico del trasvase del Ebro, encargados por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), quita hierro a la polémica y cree que la propuesta electoral de Rajoy «no dice que no se hará el trasvase, es ambiguo en su redacción, pero habla de transferencias sobrantes». Bien distinta es la opinión de Rico quien lamenta «las pocas líneas» que el programa del PP dedica a la planificación hídrica. «Esta actitud constituye un error histórico y una grave irresponsabilidad política, máxime cuando de la solución de ese problema dependen centenares de miles de empleos y exportaciones agrarias que son vitales», asegura Rico, quien considera que una cuestión de Estado como ésta «no puede ser tratada de forma tan simple y sesgada como lo ha sido en dicho programa electoral del PP».

Gil Olcina, catedrático también de Análisis Regional, tilda de «precipitada e inadecuada» la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que aunque «no era un documento perfecto era una propuesta seria» que garantizaba llevar agua de las cuencas sobrantes a las deficientes.

Rico extrae una conclusión sumamente preocupante: «Hay un giro copernicano del PP en materia de agua porque hay dirigentes políticas muy señaladas y conocidas que han impuesto su opinión por encima del interés general y de los criterios técnicos», en referencia a María Dolores de Cospedal con una «imposición, carente de sentido común, en la que hay regiones que ganan y otras que pierden».

Y entre las regiones que pierden claramente se encuentran la Comunidad Valenciana y Murcia, que no sólo pierden la opción del trasvase del Ebro, sino que también pueden perder o ver reducidos los trasvases existentes, poniendo en riesgo centenares de miles de empleos.

Los expertos consultados por este periódico coinciden en lamentar que la palabra trasvase estuviera proscrita durante los últimos 8 años de Gobierno socialista, y ahora también lo esté en caso de un hipotético Gobierno popular. También echan en falta referencias concretas al mantenimiento de los trasvases existentes, que son infraestructuras estratégicas para el mantenimiento del empleo y la generación de riqueza en Cataluña (Ter-LLobregat y minitrasvase del Campo de Tarragona), Comunidad Valenciana (Júcar-Turia, Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura), Murcia (Tajo-Segura) y Andalucía (Tajo-Segura, Negratín-Almanzora y Guadiaro-Majaceite). Sin estos trasvases peligraría la viabilidad económica y social de 600.000 ha de las más competitivas y rentables de los regadíos españoles. Regadíos todos ellos de vocación exportadora de los que dependen más de 500.000 empleos.

Y en materia de abastecimiento de agua potable, de trasvases y grandes viajes de agua depende el suministro de más de 15 millones de habitantes. En la situación en la que se encuentra España, poner en riesgo el empleo y las exportaciones agrarias que generan esas 600.000 ha es una irresponsabilidad «gravísima e inadmisible», según concluye Rico.

 El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado en el año 2000 por el Gobierno de Aragón contra un artículo de la Ley de Aguas, referente a la regulación de los contratos de cesión de derechos de agua.

En una extensa sentencia, el fallo del alto tribunal señala que desestima el recurso por la «desaparición sobrevenida de su objeto» al haberse derogado y modificado los artículos de la Ley de Aguas impugnados por la DGA.

«Los artículos de la Ley 46/1999 objeto de impugnación, han sido derogados y sustituidos por ciertos preceptos del texto refundido de la Ley de aguas que son objeto del recurso de inconstitucionalidad», dice la sentencia conocida hoy.

El TC agrega que «la controversia en relación con los artículos recurridos de la Ley 46/1999 se traslada prácticamente en sus propios términos a las impugnaciones que son objeto del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón contra los arts. 67 a 72 del texto refundido de la Ley de aguas».

«A resultas del razonamiento anterior hay que concluir que ha desaparecido de forma sobrevenida el objeto del recurso de inconstitucionalidad deducido contra el artículo único de la Ley 46/1999», dice la sentencia.

El recurso del Gobierno de Aragón aludía a tres apartados del artículo único de la Ley 46/1999 de modificación de la Ley de Aguas, según el cual permitía, entre otras cuestiones, la suscripción de contratos de cesión de agua en todo tiempo y no sólo para situaciones de sequía.

Asimismo, el Gobierno aragonés sostenía que resultaba «literalmente imposible» la tutela de la administración sobre los contratos por los escuetos plazos que otorgaba ante posibles perjuicios a terceros o medioambientales, entre otras consideraciones.

Advertía también de que el reconocimiento de la autorización por silencio administrativo positivo del contrato era «contradictoria con el régimen constitucional del dominio público».

El Gobierno aragonés exigió en su recurso que se configurara una autorización administrativa con un plazo suficiente para que el procedimiento regulado fuera real y efectivo y que, en ningún caso, el silencio administrativo pudiera ser de contenido positivo.

En el momento de presentar el recurso ante el Constitucional, el entonces presidente aragonés, Marcelino Iglesias, lo consideró «fundamental» para los intereses de Aragón y resaltó el hecho de que fuera admitido a trámite, porque ello indicaba que para el TC el recurso «tenía fundamento». EFE

Hacer política de aguas y no con el agua. Ésa es la advertencia que ayer realizó el presidente de la Confederación del Júcar quien reiteró que son cosas distintas.

Moragues señaló al ser preguntado por la intención del Partido Popular si gana las elecciones de recuperar el Plan Hidrológico Nacional (PHN), que primero tendrán que dejar claro a cual se refieren. «Habrá que ponerle una fecha a este plan», señaló el máximo responsable del organismo de cuenca.

Sin dejar resquicio alguno a la duda, el presidente de la Confederación abogó porque en materia de política de aguas impere el sentido común. «Hay que intentan solucionar los problemas», manifestó.

En este sentido Moragues hizo un llamamiento argumentando que no sería bueno que generar problemas mayores. «No los hagamos tan grandes que a ver si un día tenemos la desgracia de ganar las elecciones» dijo apuntando que a lo mejor entonces son conscientes de que no se pueden llevar a cabo esos proyectos.

Argumentos a los que se sumó el responsable de los regantes albaceteños quien indicó que no se puede pretender hacer un Plan Hidrológico Nacional simplemente con los técnicos y los decretos.

Francisco Belmonte insistió una vez más en que si en su día se hubiese cumplido todo lo que se reflejó en el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) aprobado en 1998 «hoy no estaríamos así».

Por otra parte, Moragues detalló una vez más la necesidad de que se cumpla las sentencias que se dictan.

Así hizo hincapié en que lo primero que hay que hacer en este sentido es delimitar las cuencas, tal y como estableció el Tribunal Supremo. Una delimitación que consideró esencial para dar cualquier otro paso. Además recordó que si a alguien «no le gusta» la delimitación que se haga puede recurrir a los tribunales y exponer sus motivos.