Es la última instancia que les queda. Tanto la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) como el Ayuntamiento de Albacete, están a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto a los recursos en casación que ambas entidades interpusieron contra los fallos que les obligaban a pagar más de un millón de euros en el caso del Consistorio y 60.000 euros en el de los regantes manchegos.

El origen de este pleito está en ese convenio, firmado en julio del 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Unión Sindical de Usuario del Júcar (USUJ). Los regantes valencianos e Iberdrola, propietarios del embalse hasta entonces, cedieron al Estado el uso de Alarcón. Pero se fijaron unos volúmenes de agua reservados para la USUJ y las condiciones en las que, alcanzados esos niveles, podrían ser utilizados por otros usuarios de la cuenca del Júcar. Con la sequía de 2005 las reservas bajaron tanto que Albacete tuvo recurrir a esos volúmenes de reserva para beber. La CHJ, le autorizó, pero aprobó una resolución obligando a pagar una compensación a los regantes valencianos. En 2006 se repitió.

José Ramón García Antón esbozaría una sonrisa de inmensa satisfacción si hubiera conocido el fallo del Tribunal Supremo antes de que falleciera una tarde de principios de agosto de 2009. Pero han tenido que transcurrir tres años más para que la Sala de lo Contencioso Administrativo se pronunciara en una sentencia que respalda absolutamente la política hídrica que él defendió incluso ante la Justicia: la unidad de gestión de las cuencas de hidrográficas dentro de la demarcación del Júcar.

Así lo deja claro el Supremo en una sentencia en la que le acaba de dar la razón a la Generalitat frente al empecinamiento del Gobierno central de separar la gestión de las cuencas intercomunitarias de las intracomunitarias.

El Alto Tribunal español deja sentado que las delimitaciones de la demarcación hidrográfica «debe basarse en límites hidrológicos y no administrativos». Esto supone dejar sin efecto una sentencia de octubre de 2004 por la que se anulaba el Plan del Júcar por no excluir las cuencas intracomunitarias y, por ende, se anulaban los trasvases, como el del Júcar-Vinalopó.

La sentencia del Tribunal, al permitir que haya una gestión y planificación conjunta de las cuencas intercomunitarias e intracomunitarias dentro del seno de la misma demarcación hidrográfica, rehabilita los trasvases entre una demarcación, como puede ser el del Júcar-Vialopó.

Romper la unidad de gestión y planificación de las cuencas del Júcar, la del Vinalopó, el Turia de la de los barrancos de Castellón, la de los cortos y bravos ríos de la Marina y los de la Safor era darle a la Generalitat «que gestione la miseria».

El Supremo cita expresamente el articulado de la Directiva Marco del Agua (2.15 y 3.1). La ley de Aguas, cita también el Tribunal, considera la demarcación hidrográfica como «la principal unidad a efectos de gestión de cuencas». Las demarcaciones hidrográficas son la nueva denominación que reciben las cuencas hidrográficas, que incluye también las aguas subterráneas y las costeras.

El Tribunal Supremo también cita que el Ministerio de Medio Ambiente, al recibir un requerimiento de la Comisión Europea, se comprometió a introducir las reformas legales precisas para que se integren en una demarcación las cuentas intercomunitarias y las comunitarias. El fin de esta decisión, a la que ahora obliga el Supremo, no sólo es que se pueda gestionar toda la demarcación, sino que también se pueda actuar en la planificación de manera conjunta y en la protección de las aguas de la demarcación.

La Sala de lo Contencioso del Supremo recuerda una sentencia suya, fechada el 20 de octubre de 2004, por la que anuló el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar porque «no se ajustaba al criterio, entonces vigente, de planificación de cuenca hidrográfica e incluía cuentas intracomunitarias de la Comunitat y de Castilla-La Mancha. Pero ahora, advierte, ha cambiado.

Asegura el Supremo que «no es contrario a derecho que una demarcación hidrográfica incluya en su delimitación territorial cuentas intracomunitarias». Con ello rechaza los argumentos expuestos también por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.

Advierte el Alto Tribunal que excluir de la Demarcación del Júcar las cuentas intracomunitarias de la Comunitat Valenciana implica «un tratamiento desigual sin justificación razonable».

Y asegura el Supremo que sería procedente la exclusión de las cuencas intracomunitarias de la Comunitat «si así lo requiriesen razones ideológicas para una más racional planificación y gestión del agua». Pero no es el caso.

(Comunidad Valenciana) AMBIENTE-NATURALEZA | > AREA: Ciencia y tecnología

27-10-2011 / 15:10 h

Valencia, 27 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha planteado al Tribunal Supremo una cuestión de ilegalidad sobre un apartado de un artículo del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real decreto en 2003, referido al cálculo del canon de vertidos no autorizados.

La cuestión de ilegalidad, que ha sido admitida a trámite por el Supremo, se plantea a raíz de una sentencia del TSJCV de febrero de 2010 que plantea la posible anulación de ese apartado, para lo que sería competente el Tribunal Supremo, según han indicado a EFE fuentes del tribunal valenciano.

La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV se refiere a un recurso interpuesto por una empresa de frío industrial de Santa Pola (Alicante) contra la aplicación por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de un canon, contemplado en ese reglamento, por el vertido de aguas residuales en el parque natural de Las Salinas.

En concreto, la empresa recurrió ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Valencia la liquidación de la CHJ del canon de control de vertidos de aguas residuales de 2004, por importe de 21.936 euros, si bien éste desestimó la reclamación, decisión de la empresa recurrió ante el TSJCV.

La sentencia del TSJCV anuló y dejó sin efecto el canon impugnado, «por ser contrario a derecho», y acordó plantear al Supremo cuestión de ilegalidad sobre el artículo del reglamento de dominio público hidráulico de la Ley de Aguas referido al coeficiente del canon.

La parte recurrente sostenía que el volumen de vertidos sobre el que se debió girar la liquidación del canon era de 30.412 metros cúbicos, según su declaración presentada en 2004, y no sobre 182.500 metros cúbicos que se determinaron mediante una estimación indirecta.

Tampoco consideraba aplicable el coeficiente de mayoración 4 -recogido en ese reglamento-, puesto que tenía solicitada la autorización de vertidos pero la Administración no le había contestado, por lo que se le debería haber aplicado el coeficiente corrector del 0’02%, teniendo en cuenta que su vertido no era contaminante, sino beneficioso para el humedal protegido.

La sentencia del TSJCV señala que el volumen de agua sobre el cual la Administración calculó la liquidación del canon no estaba «justificado», y «ni siquiera es explicable desde parámetros de razonabilidad», por lo que considera improcedente el coeficiente de mayoración 4 aplicado por la CHJ.

La causa de esa improcedencia, según la sentencia, es la aplicación hecha del artículo del reglamento, norma que «excede el mandato legal» y que «vulnera» un artículo de la Ley de Aguas que no establece para los casos de vertidos sin autorización que el coeficiente a aplicar sea el límite legal máximo de 4.

La Sala opina que ese precepto reglamentario «vulnera» el principio constitucional de reserva de ley, «viciando con ello de ilegalidad» el canon litigioso en el que se aplica el coeficiente de mayoración 4. EFE

Desde Piacenza (Italia) la Mesa Nacional del Ajo anunciaba ayer su total oposición a la «más que probable» concesión a China de la Indicación Geográfica Protegida Ajo de Jinxiang, por considerar tal medida como un «agresión» al sector productor, en el que Castilla-La Mancha y, en concreto, Cuenca y Albacete tienen gran peso.
Fuentes comunitarias consultadas ayer por La Tribuna de Albacete, confirmaron la decisión en todos sus extremos, salvo en un detalle: la medida no es nueva, sino que se remonta al año 2007, como parte de un acuerdo de reconocimiento mutuo de marcas de calidad llamado ‘10 por 10’.
En virtud de dicho acuerdo, en julio de 2007, hace ya cuatro años, la UE aceptó reconocer 10 productos chinos, uno de ellos el Ajo de Jinxiang; a cambio, China reconoció, como contrapartida, 10 productos europeos, de los que dos son españoles y, para más detalle, andaluces, los aceites de oliva de Priego de Córdoba y Sierra Mágina, ambos en Andalucía.
Las mismas fuentes señalaron que el acuerdo ‘10 por 10’ se basa en un memorándum entre la UE y China firmado en 2005 y que las negociaciones entre ambos bloques se desarrollaron entre noviembre de 2006 y julio de 2007.

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La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha resaltado este martes el valor de la apuesta realizada por el MARM para el desarrollo de un regadío sostenible, capaz de compatibilizar la rentabilidad de las explotaciones y la mejora de la calidad de vida en el medio rural con la eficiencia hídrica y energética.

   Durante su intervención en la inauguración del II Congreso Agricultura y Regadío», organizado por la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que se celebra en Sevilla, la ministra ha señalado que con esta apuesta se refuerza la competitividad de las producciones, de las empresas agrarias, reduciendo el consumo de agua por hectárea, añadiendo que «las nuevas infraestructuras son ahorradoras netas de agua, lo cual significa un especial beneficio en cuencas deficitarias como las de Andalucía».

   Tras destacar la importancia que el regadío tiene para la agricultura, el sistema alimentario, el empleo, la sostenibilidad y el desarrollo rural, Aguilar ha resaltado el esfuerzo realizado por el MARM con importantes actuaciones, fundamentalmente en modernización y transformación de regadíos. Con ello, «se ha conseguido que si hace unos años se destinaba al regadío el 80 por ciento de la demanda total de agua, hoy esta demanda se haya reducido en un 20 por ciento».

   En este sentido, Aguilar ha recordado que el Ministerio ha venido desarrollando este trabajo a través del Plan Nacional de Regadíos, acelerado después con el Plan de Choque, y con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las comunidades de regantes, habiéndose actuado en más de 1,4 millones de hectáreas, con una inversión pública de 2.345 millones de euros.

   En concreto en Andalucía, la ministra ha señalado que la inversión del MARM desde 2004 ha permitido lograr un ahorro de agua de 168 hectómetros cúbicos al año. «Estos resultados, ha indicado Rosa Aguilar, se deben a un esfuerzo común de los regantes, de las Administraciones central y autonómica y de las empresas que han innovado y desarrollado la tecnología más adecuada para estas modernizaciones».

   En el marco de este compromiso del MARM y para garantizar el futuro para el regadío, Aguilar ha explicado que se está trabajando en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Comunidades de regantes para perfilar la Estrategia Nacional para Modernización y Sostenibilidad de Regadíos horizonte 2015.

   «A través de esta estrategia, se impulsa la colaboración público privada para fomentar el ahorro de agua, la transferencia de tecnología, el uso de recursos no convencionales y la mejora de la eficiencia energética en los sistemas de riego, interviniendo sobre más de 860.000 hectáreas, lo que supondrá un beneficio económico y también medioambiental», ha explicado.

   En su intervención, Aguilar ha destacado el papel determinante que desempeñan los regantes y sus comunidades en materia de gestión medioambiental de suelos y agua, tanto en la reducción y control de la contaminación difusa como en la recuperación y protección de acuíferos y otros recursos naturales, como la biodiversidad, hábitats y paisajes, así como en la reducción de procesos de erosión y desertización, resaltando

muy especialmente el esfuerzo que los agricultores están realizando en materia ambiental en sus explotaciones.

SINGULARIDAD DEL AGUA

   Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz trillo, ha recordado que en 2005 se transfirió a Andalucía la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, la cuenca del Mediterráneo y luego la Atlántica.

   Asimismo, ha señalado que la reclamación de las competencias del Guadalquivir, así como las anteriores, nace de la voluntad de demostrar que Andalucía es capaz de prestar «un servicio público de calidad» desde la proximidad. De igual manera, se entendía que «el agua para Andalucía tiene una clara singularidad» tanto geográfica e hidrológica como económica y social.

   En este sentido, ha afirmado que de aquí nace la idea de administrar «el agua con vocación de hacerlo con justicia», en un doble sentido, en cuanto a la administración de un recurso «muy escaso en Andalucía» y «sobre todo desde el punto de vista social».

   «Entendemos que tocaba hacer esa gestión desde Andalucía para lograr un recurso que sea de todos», y por eso nació la Ley de Aguas, que está impregnada por la sostenibilidad y que trata asuntos tan importantes como los bancos públicos de agua, el reparto y la tutela de derechos que genera el agua y el Observatorio Andaluz del Agua.

APOSTAR POR EL AGRICULTOR ACTIVO

   Por su parte, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, ha reclamado que la Política Agraria Común (PAC) debe apostar por el agricultor activo y las explotaciones productivas, de maneara que «la reforma no penalice la agricultura de regadío». Asimismo, ha pedido mecanismos de regulación de mercado.

   «Si hay una diferencia entre la reforma 1992 y la de 2000 es que entonces teníamos precios porque había mecanismo de gestión de mercado y hoy no tenemos mecanismos y prácticamente no tenemos precios», ha subrayado. A esto ha añadido que el 80 por ciento de la renta de los agricultores viene de la producción.

   Además, ha señalado que se necesita una PAC con un segundo pilar que apueste por la modernización de los regadíos, porque «hay que seguir compitiendo en los mercados», ya que, el 60 por ciento de la producción final agraria la produce el regadío.

   Por último, ha destacado que UPA va a «seguir peleando» para que en el futuro inmediato el Guadalquivir se gestione «desde Andalucía por andaluces» porque es «un recurso imprescindible en el desarrollo económico de Andalucía y del medio rural».

   Por su parte, el presidente de Areda, Marcelo Morales, ha señalado la importancia de esta asociación dentro del regadío andaluz, ya que ha duplicado el número de hectáreas desde el I congreso de Areda. De manera que cuenta en la actualidad con 315 comunidades, más de 207.000 hectáreas repartidas por toda Andalucía.

   Según ha detallado, «sin regadío son impensables las explotaciones agroalimentarias» siendo «el agua sinónimo de riqueza y prosperidad y siendo vital para fijar la población».

   Por último, ha reclamado que la PAC apueste por agricultores con explotaciones productivas, como «son el regadío» y que establezca mecanismos de gestión de mercado.

Ahora que ya se sabía lo que es una ósmosis inversa, el Ayuntamiento paraliza el proyecto. Durante ocho años la instalación de la planta ha sido un motivo permanente de debate en la corporación. El excesivo nivel de sulfatos del agua del Júcar que bebíamos desde el 2003 aconsejaba realizar una obra técnicamente sencilla. Para su realización se sucedieron convenios con intervención del Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento. La ejecución estaba en marcha pero el otro día, como les informamos puntualmente, la concejal de la cosa anunció el parón Se teme que se trate de una renuncia definitiva, no obstante considerarla ‘interesante’ al equipo de gobierno, que justifica su decisión porque le parece un recurso «excesivamente caro», y porque el agua del Júcar que tenemos ahora «cumple con los parámetros de la legislación europea».

Es asombroso lo ocurrido si recordamos la obsesiva fijación de la oposición sobre la que estimaba ineludible necesidad de este plan. Concretamente, los senadores peperos, ahora cesados, la incluyeron en diciembre ultimo en un paquete que incluía exigencias prioritarias, achacando su retraso al «fuerte recorte inversor del Gobierno de Zapatero».

Pedían acelerar las obras del Palacio de Justicia, la autovía de Romica y la de Caudete-Fuente la Higuera, además de diferentes planes de regadíos, la segunda fase para la sustitución de bombeos en La Mancha, y, como decimos, la famosa planta de ósmosis. ¿No sabían entonces que nos costaría un ‘güevo’ la parte correspondiente de un total de 7,7 millones de euros que apoquinarían las tres administraciones implicadas? Y en cuanto a la calidad del agua que consumimos, resulta que es «excelente», y no cuando mandaba Perez Castell, que promovió la infraestructura porque no había quien se la tragara. El padre Júcar, que a veces se raja, es capaz de ir a otras bodas de Caná y trasvasarse a unas tinajas, ya convertido en vino. Sin descartar los bautismos que sugiere su milagrosa pureza, aunque no sea el Jordán.

Hay que reconocer que con la jodida ósmosis lo hemos pasado fenomenal. Era conmovedor ver el esfuerzo oficial por descifrar el significado del palabro, con su inquietante énfasis, pasando el trámite con unos tragos de agua mineral, y no del grifo, por si las moscas.

Cuando supieron que se trataba de utilizar una membrana semipermeable para separar y quitar los sólidos disueltos, los orgánicos, los pirogénicos, la materia coloidal, submicro-organismos, virus hasta un 99 por ciento y el mismo porcentaje de todas las bacterias, respiraron tranquilos y tomaron una decisión entusiasta: ¡Vamos a por la ósmosis! Iba a ser, el día de la inauguración, como una nueva traída del agua, ¡qué digo, como la traída del santo, tratándose del agua bendita!

De momento, brindemos con el vigente caudal del Júcar, solera 2011. Y si la ósmosis se queda en agua de borrajas, como ocurrió con la caducidad del Trasvase en la reforma del estatuto y Cospedal mirando para otro lado, qué le vamos a hacer, otra vez será.

Francisco Belmonte revalidó su cargo ayer como presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), abriendo una nueva etapa de cuatro años que, según dijo, afronta con «esperanza» aunque «no van a ser fáciles». Una de las grandes preocupaciones del colectivo, la revisión del plan hidrológico del Júcar, que según recordó fue el aliciente que le hizo ponerse de nuevo al frente de la organización, continúa paralizada y acumula ya un retraso de dos años.

Sobre este Plan, del que dependen los intereses de los regantes albaceteños, afirmó que «cada día que pasa» es más compleja su actualización: «Si se hubiera hecho cuando por ley estaba previsto, y antes de finales de 2009 hubiera quedado hecho, todo sería más fácil», puntualizó. A su juicio, el proceso ha ido «enconándose» cada vez más «no por nosotros sino por el Ministerio, que ha sido incapaz de sentarnos en una mesa a negociar».

A juicio de Belmonte, un cambio tras las elecciones generales del 20-N no favorecerá este proceso ya que «van a ser del mismo color político todas las comunidades autónomas implicadas y el Gobierno central». Explicó, en este sentido, que «en Albacete somos muy pocos votos» frente a Valencia y que «Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos», por lo que confió en que «por parte de la sociedad civil no permitamos un atropello en el tema del agua», un propósito que también trasladó a la alcaldesa, Carmen Bayod, presente en la asamblea de ayer en la que salió reelegido.

Dijo que el plan del Júcar podría «revisarse en dos tardes» con la voluntad de todos los implicados, aunque «si una de las partes tiene la prepotencia de decir que el río es suyo, ahí se acaba todo». Insistió, además, de que no hablamos solo de uso sino que «lo que Valencia ha estado haciendo con el Júcar ha sido abusar», algo que, puntualizó, «no vamos a permitir».

Sentencia

En ese empeño en que «las Administraciones cumplan lo que han dicho los tribunales», en referencia a sentencias como la del Tribunal Supremo de 2004, Belmonte pidió el apoyo del Gobierno regional a la hora de favorecer los intereses de los usuarios albaceteños del Júcar y que «se ponga las pilas» porque «para eso los hemos elegido, no para que defiendan al Partido Popular de Valencia ni al de Murcia».

La asamblea general extraordinaria de la JCRMO, celebrada en el salón de actos de la CCM en la calle San José Calasanz, reunió a 234 personas, el 18,3% de los socios de la entidad, con un total de 66.000 hectáreas representadas, más del 50% de la superficie total de regadíos que aglutina la JCRMO. Los asistentes emitieron, personalmente o mediante sufragio delegado, 5.372 votos, ya que en el orden del día figuraba la renovación de cinco vocales y del presidente.

Los más votados entre los siete candidatos que se presentaron fueron, por este orden, Francisco Belmonte, Juan Ramón Pérez, Miguel Barnuevo, Sebastián Casanova y José Vicente García Palazón. De ellos solo repiten Belmonte y Barnuevo, mientras que el resto asumen por primera vez el puesto.

Tras esta designación, los nuevos vocales, junto con los vocales de la Junta de Gobierno a los que no les tocaba renovar, votaron al presidente de la entidad, puesto por el que compitieron Belmonte y la actual vicepresidenta, Mercedes de Lis. Ambos ya se enfrentaron hace cuatro años, pero la balanza volvió a inclinarse ayer del lado de Belmonte, que obtuvo 3.278 votos, mientras que su contrincante contabilizó 2.057 y hubo 37 abstenciones.

También se votó el plan de explotación correspondiente a la campaña 2011-2012, «similar» al del periodo anterior y «sin restricciones», ya que «el estado actual de las reservas de agua del sistema Júcar se considera suficiente para asegurar el abastecimiento».

Los regantes valencianos piden a la alcaldesa una entrevista para acercar posturas antes de demandar al Ayuntamiento

24.10.11 – 00:40 –

J. BATISTA | VALENCIA.

EN CIFRAS

10

La deuda hace referencia a la utilización por parte de Albacete de diez hectómetros cúbicos de agua durante la pasada sequía, exactamente entre los años 2005 y 2008. Otros 46 municipios también tomaron recursos superficiales almacenados en el pantano de Alarcón y pagaron las indemnizaciones correspondientes. Se trata de localidades situadas en la provincia de Valencia, la mayoría de ellas en el área metropolitana. Entre las más importantes están la capital de la Comunitat y Sagunto.

150

Con la firma del convenio de Alarcón Albacete tuvo acceso al agua del pantano en cualquier situación. Desde entonces ha utilizado 150 hm3, y de estos, sólo debe pagar por los diez que tomó durante la sequía.

La reclamación administrativa que el pasado julio envió la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj) al Ayuntamiento de Albacete, que solicitaba el pago la deuda pendiente por el uso del agua del Júcar almacenada en Alarcón durante la pasada sequía, ya ha obtenido respuesta, aunque no puede considerarse positiva.

La nueva alcaldesa del municipio, Carmen Bayod, ha mostrado su clara intención de no abonar los pagos pendientes, que ascienden a 1.087.430 euros. Al menos, es lo que se desprende de las declaraciones que formuló el pasado 11 de octubre, tras reunirse con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues. Entonces, la primera edil, preguntada por los impagos, dijo que «mientras quede una sola instancia para acudir, lucharé por solucionar esta injusticia para la ciudad de Albacete», tal y como se señala en la nota de prensa emitida por la localidad. Bayod se refería así al recurso de casación que interpuso Albacete a una sentencia emitida por el TSJCV que daba la razón a los regantes valencianos tras una denuncia del mismo municipio. De momento, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado al respecto.

El conflicto data de la anterior sequía. Tal y como establece el actual Plan Hidrológico del Júcar y el convenio de Alarcón aprobado en 2001, los usuarios que toman recursos superficiales almacenados en el pantano del mismo nombre cuando el volumen está por debajo de la curva de reserva establecida -entre 263 y 334 hectómetros cúbicos en función del mes-, están obligados a pagar una indemnización a los regantes valencianos, que son los propietarios del embalse y disponen de derechos históricos para su aprovechamiento derivados de su construcción, financiada íntegramente por Usuj. Así, los pagos sirven para compensar los costes que soportan los miembros de la entidad, pues al compartir los recursos del pantano se ven obligados a extraer agua del subsuelo a través de pozos, lo que supone una carga económica añadida.

De esta forma, tanto el plan como el convenio cumplen con la legislación estatal en materia de aguas, que establece que los abastecimientos urbanos tienen prioridad en la utilización de los recursos frente a otros usos como los regadíos. Eso sí, en este caso la prevalencia llega mediante una expropiación de los derechos de Usuj.

Hay que recordar que la medida tiene un carácter temporal, pues sólo se aplica en épocas de sequía, es decir, cuando el volumen de Alarcón no supera la citada curva de reserva. En situaciones normales, tanto Albacete como otros 46 municipios de la provincia de Valencia, sin olvidar a varias comunidades de regantes, pueden utilizar el agua del pantano sin restricciones y de forma completamente gratuita.

Tras conocer las declaraciones de la alcaldesa, Usuj remitió una carta a Bayod en la que se le pide una entrevista con el objetivo de acercar posturas y «volver al clima de consenso que permitió aprobar el Plan Hidrológico vigente que todos debemos cumplir», según reza la misiva, firmada por el presidente, José Manuel García de la Cuadra. En caso de no llegar a un acuerdo, los regantes presentarán un contencioso exigiendo el pago.

La alcaldesa insistió en que el millón de euros que reclaman los regantes valencianos le llevará a acudir a cualquier instancia para defender los derechos de los albaceteños

R. SERRALLÉ

N.GARCÍA

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, habló ayer de la reclamación de más de un millón de euros que la Unión de Usuarios del Júcar (USUJ) hace al Ayuntamiento de Albacete por la utilización extraordinaria de agua del embalse de Alarcón, indicando que se trata de un convenio y, aunque sea según la normativa, «entiendo que hay unas partidas leoninas para el Ayuntamiento de Albacete».
Carmen Bayod manifestó que acudirá a cualquier instancia para defender los derechos de los albaceteños y que «reconozcan que es una injusticia».
La alcaldesa de la ciudad, que hizo estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció ayer junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el presidente provincial del PP y consejero de Educación, Marcial Marín, y la candidata al Congreso por Albacete, Maravillas Falcón, dijo que lo mejor en relación al agua es tener el consenso que dio el Plan Hidrológico Nacional (PHN), derogado por el PSOE. Recordó que Zapatero hizo una barbaridad rompiendo el PHN, que «contaba con el consenso del 86% del Consejo Nacional del Agua».

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