Para COAG es un documento «decepcionante» porque no evitará que la renta agraria siga cayendo ni la desaparición de cuotas lácteas y derechos de plantación de viñedos

El borrador de la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) no puede haber tenido una peor acogida. No satisface a ninguna organización agraria y todas, esta vez en bloque, han alzado su voz para pedir su retirada. COAG-IR califica la nueva reforma de «decepcionante y alarmante» al considerar que de aprobarse acabará con el campo castellano-manchego pues, exponen, que no hará nada por evitar que la renta agraria, que en los últimos años se ha contraído un 20%, siga cayendo, ni contempla medidas para evitar la desaparición de cuotas lácteas y derechos de plantación de viñedos. Han recordado, además, que entre 2003 y 2010 (con la anterior reforma) han desaparecido el 20% de las explotaciones de la Unión Europea, algo que consideran que aumentará si la Comisión Europea no da marcha atrás y modifica el documento presentado el miércoles.
Igualmente, rechazan la definición de «agricultor activo», pues en «absoluto» corresponde al modelo de agricultor y ganadero profesional que debe apoyarse desde la PAC, y el establecimiento del límite máximo de ayudas, criticando que, en base a la actual reforma, el 11% de los beneficiarios percibe el 70% de las subvenciones.
El borrador propuesto por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, tampoco incluye medidas para equilibrar la cadena alimentaria. A juicio de los responsables de COAG-IR, no se puede permitir que mientras los agricultores y ganaderos pierden un 20% de su renta, grandes cadenas de producción como Mercadona o Carrefour hayan incrementado sus beneficios en más de un 40%.

Un paso atrás.
Las nuevas propuestas de Bruselas han cambiado de rumbo y responden más a las presiones externas que a los problemas de los agricultores, denuncia Asaja. Para la organización agraria, la PAC planteada se traduce en un aumento de burocracia para los agricultores, incrementando sus costes, exigiéndoles prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, limitando su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y, por tanto, sus rentas. Sin embargo, insiste en que no hay que alarmarse porque hasta el 2014 queda «mucho trabajo por delante» para conseguir una agricultura que beneficie tanto a los agricultores como a los consumidores.
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) también califica de «muy negativa» la propuesta europea y opina que es «un verdadero ataque a la agricultura productiva y a los verdaderos profesionales». El responsable de la organización en la Región, Julián Morcillo, en declaraciones a Efe, considera que la propuesta legislativa «no avanza nada» en el concepto de agricultor en activo, algo en lo que tenía muchas esperanzas por entender que se trataba de una ocasión para orientar las políticas agrarias hacia los verdaderos profesionales del campo.    

La viceportavoz del grupo municipal socialista, Carmen Oliver, propuso ayer al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que negocie con la iniciativa privada del sector del turismo la gestión del mirador del depósito de la Fiesta del Árbol para que se pueda abrir «cuento antes» y así impulsar el turismo en la ciudad, uno de los sectores que más empleo está generando en estos tiempos de crisis.

Oliver consideró que, una vez que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) entregue las obras de reconversión del depósito de agua de la Fiesta del Árbol al Ayuntamiento de Albacete, su equipo de Gobierno se esfuerce en buscar nuevas fórmulas que hagan posible que esta infraestructura no permanezca cerrada como ocurre, por ejemplo, con el Centro Joven ‘Mari Llanos Martínez’, «que el Ayuntamiento aún no ha puesto a disposición de los jóvenes de la ciudad, a pesar de que ya está concluido, a falta de equipara con puertas los despachos de este Centro», insistió.

Oliver recomendó al equipo del Partido Popular que convoque reuniones y encuentros con el sector del turismo para que sea éste quién aporte propuestas y sugerencias, ya que la gestión del depósito del agua «no tiene por qué ser directa del Ayuntamiento, sino que su explotación se puede sacar a concurso público».

La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, ha expresado su rechazo a la propuesta legislativa sobre la reforma de la PAC en el horizonte de 2020 presentada por el Comisario Europeo de Agricultura, Dacian Ciolos. Para Rosa Aguilar, la reforma planteada es “decepcionante” y merecedora de “casi una enmienda a la totalidad” ya que “no da respuesta a los desafíos en que estos momentos tiene la agricultura europea”.

En rueda de prensa, Rosa Aguilar ha marcado las “líneas rojas” del Gobierno de España en esta reforma, sobre las que mantendrá una firme posición frente a la Unión Europea. En este punto, ha hecho referencia al modelo de pagos directos, el “greening”, la convergencia entre los Estados Miembros y la redistribución de las ayudas dentro de cada uno de ellos, las medidas de competitividad y de mercado y el desarrollo rural.

Para el Gobierno de España, el tema de mayor transcendencia es el nuevo esquema de pagos directos que, aunque en la propuesta de la Comisión Europea se mantiene como elemento fundamental de la PAC, sufre un cambio sustancial en cuanto a la determinación de su cuantía. Ese modelo implicaría llegar a un pago uniforme en cada Estado Miembro o Región antes de 2020 lo que supondría un abandono de las referencias históricas, utilizadas por muchos Estados Miembros, al final del periodo. España rechaza de plano tal opción.

Respecto al ‘greening’, la ministra ha explicado que la PAC es, actualmente, una política verde y será necesario consensuar las medidas que le hagan avanzar en esa línea. Para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la inclusión del concepto de ‘greening’ en la reforma de la PAC es un objetivo positivo, aunque ha considerado necesario revisar el nivel del 30 por ciento de greening sobre los pagos directos. “Habrá que reconocer que son muchos los agricultores que ya ponen en práctica medidas medioambientales”, ha asegurado la ministra.

Rosa Aguilar ha defendido además que la convergencia entre Estados Miembros se haga de forma progresiva y “nunca a costa del bolsillo del agricultor”. Para la titular del MARM, el horizonte de convergencia que plantea la Comisión Europea requiere fondos adicionales.

Del mismo modo, la ministra ha criticado el concepto de agricultor activo incluido en la reforma de la PAC al considerar que se trata de “un manifiesto desastre” que no se puede permitir ya que supone la exclusión de la misma a los agricultores que se dedican al cien por cien a la agricultura pero que no reciben ayudas directas de la PAC.

Sobre las medidas de competitividad y mercado de la PAC, España defiende que la Comisión Europea vaya a más. La ministra ha considerado un avance el hecho de que la propuesta de Dacian Ciolos mantenga la posibilidad de pagos acoplados a la producción o el apoyo a sectores y zonas específicas, pero ha considerado que el planteamiento que se hace es insuficiente y que debe ser reforzado.

Respecto a las medidas de gestión de mercado y gestión de crisis, Rosa Aguilar ha asegurado que las experiencias vividas han demostrado la insuficiencia de los recursos e instrumentos con los que cuenta actualmente la PAC para hacerlas frente de manera efectiva. Para la ministra son necesarias medidas más ambiciosas y mecanismos ágiles, flexibles y automáticos de intervención, con niveles adecuados de desencadenamiento de los mismos, ya que “no se puede ir a paso de tortuga”. En este sentido, Rosa Aguilar ha calificado este capítulo de la reforma como “una oportunidad desaprovechada”.

Del mismo modo, Rosa Aguilar ha rechazado la propuesta sobre el segundo pilar de la PAC, referido al desarrollo rural, de elevar la tasa de cofinanciación de los Estados Miembros por encima del 50 por ciento, al tiempo que ha echado en falta políticas que incentiven la igualdad de género en el medio rural y una apuesta real por la incorporación de los jóvenes a la agricultura. Con esta propuesta “no hay un rejuvenecimiento de la agricultura” ha dicho la Ministra.

Tras el intenso calendario de trabajo acordado por el Gobierno y las comunidades autónomas en su reunión del pasado día 5, Rosa Aguilar ha destacado la voluntad del MARM de defender con “uñas y dientes” a los agricultores al tiempo en que ha confiado en que las administraciones central y autonómicas alcancen una posición común sobre la reforma en los temas más importantes para España.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera alarmante la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC), presentada por la Comisión Europea en Bruselas, porque pone en peligro el modelo social de agricultura, el tejido productivo y la seguridad alimentaria de Europa.

COAG rechaza esta propuesta porque profundiza en los errores que han llevado al sector agrario a la crisis actual: ayudas desligadas de la producción, (que favorecen a grandes propietarios de tierras absentistas en detrimento de la agricultura productiva, profesional y generadora de empleo), desregulación de los mercados y liberalización del comercio agrícola, caldo de cultivo para la volatilidad de precios y especulación, (que para los agricultores/as está suponiendo precios a la baja y aumento de costes), y para una mayor dependencia del exterior en cuestiones alimentarias. Además, COAG considera el pago por “verdeo” una “pseudo-medida ambiental”, que provocaría un trasvase injusto de ayudas a favor de las explotaciones con más dimensión, absentistas e improductivas.

“El modelo más sostenible y verde de agricultura pasa por mantener en nuestros campos a los agricultores y ganaderos profesionales, que generan empleo, gestionan el 80 por ciento del territorio, preservan el paisaje y mantienen vivo el medio rural. Sin embargo la UE, sorprendentemente, “tiñe de verde” la PAC priorizando la superficie y no la producción, obviando que sin cultivar, la tierra es un desierto de arena”, ha apuntado Miguel López, secretario general de COAG. Esta organización propone un pago directo al activo agrario, siempre condicionado al cumplimiento de compromisos de actividad productiva, empleo, sostenibilidad medioambiental, condiciones socio-laborales, de calidad y seguridad alimentaria.

De forma más concreta, podemos establecer el siguiente análisis:

Mercados agrarios. Resulta muy decepcionante que las propuestas de la Comisión Europea no contemplen instrumentos públicos efectivos para regular y estabilizar los mercados agrarios. Por el contrario, se sigue adelante con la desregulación, proponiendo eliminar cuotas de producción (azúcar y leche) y derechos de plantación (viñedo). Ni siquiera se plantea actualizar los desfasados umbrales de intervención y almacenamiento privado, (caso del aceite de oliva), que se aplican a un número limitado de productos. “En un contexto de volatilidad de precios en los mercados mundiales de materias primas es incomprensible que la UE no baraje medidas para poner orden y control. El 70 por ciento de la renta de los profesionales agrarios viene por el mercado, y si no conseguimos estabilizar los precios, nos abocan a vender por debajo de costes y en breve, a echar el cierre. Europa no puede dejar la alimentación en manos de los fondos especulativos”, ha apuntado López.

Ayudas directas compensatorias. La propuesta de Reglamento de Pagos Directos de la Comisión Europea implanta un sistema de ayuda por hectárea o superficie, completamente desacoplado de la capacidad productiva y la actividad desarrollada en las explotaciones, de forma que favorecerá a aquéllas explotaciones con gran base territorial, mientras perjudicará a otras con poca base territorial y alta productividad. Por tanto se refuerza a la propiedad de la tierra en detrimento de los profesionales y activos agrarios y el modelo social de agricultura.

COAG rechaza rotundamente este modelo de ayudas, que puede llevar al sector agrario español a situaciones dramáticamente injustas como puede ser la transferencia de rentas desde cultivadores de regadío y ganaderos hacia grandes propiedades latifundistas. A todo ello se uniría que, según los cálculos realizados sobre la propuesta de perspectivas financieras de la UE, en el periodo 2011-2019 las ayudas comunitarias a los agricultores españoles se verían reducidas un 17 por ciento.

Acuerdos comerciales terceros países. La liberalización comercial de los intercambios agrícolas está detrás de la desregulación, especulación y volatilidad de los precios que está afectando a las producciones agrarias en los últimos años. Es imprescindible que todas las regiones del mundo dispongan de los instrumentos para garantizar su propio modelo de agricultura y alimentación en el marco de la soberanía alimentaria.

Paralelamente, no podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Adicionalmente, debe ser obligatorio informar a los consumidores, por ejemplo en el etiquetado de los productos agroalimentarios, acerca del proceso productivo y las normas que se han cumplido en la producción, transformación y comercialización.

Cadena alimentaria. En opinión de COAG, la figura de la Organización de Productores (OP), como herramienta para concentrar la oferta y vertebrar el sector productor en origen, no encaja en la estructura de nuestro sector productivo. Consideramos que la vertebración económica del sector productor debe realizarse a través de la integración cooperativa y que la negociación colectiva de precios y la homologación de los contratos debe poder realizarse en el seno de las organizaciones interprofesionales (OIAs) de todos los sectores.

Y si la situación de agricultores y ganaderos invita poco al optimismo, los próximos cambios normativos que se van a producir amenazan con agravarla aún más. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Coag no ocultan su preocupación por el escenario en el que la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) pueda colocar al sector agropecuario.

«Ahora nos encontramos en plena incertidumbre de que es lo que a pasar con los presupuestos de 2014», señala el responsable de la Unión de Pequeños Agricultores en la provincia. Mientras, el coordinador provincial de Coar-IR se pregunta qué va a pasar con el mundo de la agricultura tal y como hoy se conoce. Y es que la reforma de la PAC, aunque no sea el único motivo de preocupación del sector, también inquieta y mucho.

En solo diez años han desaparecido más de un 36% de explotaciones agrícolas con tierras en la provincia de Albacete

La bajada de renta agraria, la falta de relevo y la crisis del sector motivan esta situación, según las organizaciones agrarias.«No hay cosa peor que se te quite la ilusión. Y nos la han quitado. No la hay». Quien así se expresa es el coordinador provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) en Albacete, Fernando Ruiz. ¿El motivo de sus quejas? La crisis que desde hace muchos años arrastra el sector y que provoca el más absoluto desánimo entre el colectivo agropecuario.

Un desánimo que avala la evolución, en negativo, que ha experimentado en la última década el censo agrario en la provincia de Albacete. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2009, en Albacete había un total de 20.888 explotaciones agrícolas. Eso frente a las 32.948 que había registradas, según la misma fuente, una década antes. De esta forma entre 1999 y 2009 el campo albaceteño perdió un 36,6% de este tipo de explotaciones.

Un descenso que también se tradujo en el número de hectáreas de superficie agrícola contabilizadas en la provincia. En la última década el censo agrario albaceteño ‘perdió’ más de 292.700 hectáreas, al pasar de contar con 1.310.470 a tener 1.017.764 hectáreas.

Desde las organizaciones agrarias tienen claro qué cuestiones han contribuido de forma decisiva a que se produzca esta situación que desde el sector lamentan. Un sector, el agropecuario, que desde hace años atraviesa su particular ‘vía crucis’ en forma de grave crisis del campo que amenaza con cronificarse.

La pérdida de renta agraria sufrida en los últimos años, que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) estima en un 20% mientras que Coag la eleva hasta un 30 o un 40%, es uno de los motivos que arguyen las organizaciones agrarias. Con unos costes de producción que crecen exponencialmente, sobre todo el relativo a la factura eléctrica, y unos precios irrisorios los que se pagan por sus productos a los agricultores, las retribuciones de los profesionales del sector se han resentido notablemente, tal y como denuncian.

Pero ésta no es la única causa que señalan el relevo generacional hoy por hoy es prácticamente inexistente. Una situación que desde las organizaciones agrarias creen que, lejos de mejorar, se verá agravada a medida que pase el tiempo tal y como demuestra la tendencia de los últimos años.

Una cuestión ésta que refrendan tanto el representante de Coag como el secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julián Martínez, quien insiste en que los agricultores que se jubilan no tienen a quien legar su labor y sus explotaciones ya que la situación del sector hace que sea poco atractivo como futuro laboral.

Medidas

Y, ¿qué hacer ante este panorama? Ante esta situación desde Asaja de Castilla-La Mancha instan a las administraciones a que tomen medidas para evitar la desaparición del sector agrario que se está produciendo. Para la organización agraria es necesario que la administración busque soluciones tendentes a favorecer e impulsar la agricultura y el medio rural.

Aunque es difícil determinar quien se lleva la peor parte en el declive, a pasos agigantados, que está sufriendo el mundo agropecuario en la provincia de Albacete, lo cierto es que es en el sector ganadero donde se ha abierto una brecha mayor en la última década tal y como han denunciado en diferentes ocasiones.

 El último indicador de sequía elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar a fecha 31 de agosto de 2011 no refleja una situación preocupante para ningún sistema de explotación en la Comunitat Valenciana, Albacete y Cuenca. Todas los grandes sistemas, incluidos los del Túria, Júcar y Mijares tienen un indicador «verde» de normalidad y solo la Marina Alta con indicador «naranja» de alerta y el Vinalopó-l´Alacantí en «amarillo» de prealerta rompen la tendencia imperante en cuenca.

Los citados indicadores, que forman parte del Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía (PES), se elaboran mensualmente. En su definición se utilizan más de 34 parámetros en distintas localizaciones de la cuenca que incluyen: el volumen almacenado en los embalses, el nivel piezométrico de los acuíferos, las aportaciones de los ríos en régimen natural y la pluviometría de los últimos meses.

En este sentido, fuentes de la Confederación Hidrográfica creen que todavía es «prematuro» hablar de sequía aunque preocupa, sobre todo, el descenso en los caudales de los ríos.

El retraso en la aparición de las lluvias ha tenido ya una incidencia directa sobre los caudales de los ríos, muy disminuidos, y resecado la capa más superficial del territorio, con un descenso en la producción agraria —olivar y frutos secos— que la Unió de Llauradors ha valorado ya en nueve millones de euros. En este contexto, la imagen de pequeños embalses resecos—casi balsas— comienza a ser frecuente en algunos medios de comunicación mientras la inminencia de las elecciones permite también a las fuerzas políticas recuperar la exigencia de trasvases.
Según Alfonso Calera, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y director de la Sección de Teledetección y SIG, desde donde se monitoriza la evolución de la cuenca del Júcar, «los satélites están indicando una pérdida de humedad casi absoluta en los niveles superficiales, con consecuencias directas sobre las cosechas y una mayor demanda de recursos en las zonas regables».

El verano ha sido cálido y con un 30 % menos de precipitación de lo normal en la Comunitat valenciana. En septiembre, cuando suelen comenzar las precipitaciones, las cosas no han ido mejor, con un 60 % menos de lluvias de lo que se considera normal y con una temperatura media de 1,5 grados superior a la habitual.

Anticiparse a la falta de agua
El ciclo de sequía que se inició en 2004 provocó la adopción por parte del Gobierno de una serie de estrategias y medidas para paliar los efectos de estos episodios recurrentes en España y en especial en el área mediterránea. En 2007 se aprobaba el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía en la Confederación Hidrográfica del Júcar. A través de diversos indicadores de situación que incorporan también tendencias previsibles y la experiencia acumulada, ha sido posible definir unos umbrales de sequía que obligan a adoptar medidas de prevención específicos para cada sistema fluvial en la cuenca del Júcar.

De agua volvió a hablar ayer el coordinador regional de Izquierda Unida, Daniel Martínez, en el balance que hizo de los cien días del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.

El representante de la coalición izquierdista aseguró que en estos momentos los embalses del Segura están «en máximos históricos», porque, según argumentó, el trasvase Tajo-Segura ha estado llevando más agua a los embalses de Murcia durante los primeros cien días de gobierno del PP en la Región, que con el Ejecutivo socialista de José María Barreda.

Martínez insistió en que «en la cuenca del río Segura hay ahora más agua trasvasada que en los últimos años» y añadió en este sentido que «el estado de sus embalses produce envidia a los embalses del Tajo». En esta línea incluso, defendió, es la envidia en cuanto a «la calidad del agua».

En opinión del coordinador regional de Izquierda Unida estos cien primeros días se han aprovechado, según Daniel Martínez «para trasvasar bajo cuerda más agua que en los últimos años».

Para Martínez «la prueba significativa es el embalse del Cenajo», donde , en su opinión, finaliza el trasvase, y que está «al 90% de su capacidad», lo que calificó «de máximos históricos».

Recortes

También se refirió Daniel Martínez en su comparecencia a los recortes en la enseñanza por parte del Gobierno del Partido Popular, una política que, para Martínez, «crea más paro y desigualdad».

Igualmente, señaló que no hay grandes diferencias con la política que aplicaba el Gobierno de Barreda. «Solo las formas, las personas y una falsa austeridad marcan distancia entre un gobierno y otro», concluyó el responsable de la coalición izquierdista.

El coordinador de IU manifestó que la crisis económica está produciendo un aumento de la desigualdad, de la pobreza y de la exclusión social, lo que genera un incremento de la demanda de servicios y prestaciones. De ahí, tal y como abogó Martínez, que desde Izquierda Unida consideran que hoy más que nunca son necesarios los servicios sociales.

Para Martínez la solución a la crisis o al menos las medidas a adoptar para hacer frente a la misma están claras. «A más crisis, más políticas sociales», esgrimió.

En la misma línea la apuesta de IU pasa por la creación de empleo con un cambio de modelo productivo. También piden una modificación de la política fiscal.

Igualmente desde la formación política castellano-manchega solicitan que se refuerce en estos momentos de incertidumbre la educación y la formación. También hicieron un llamamiento para que se apuesta por una mejor sanidad pública.

Son muchas las comunidades de regantes de la provincia que se están planteando sustituir los contadores del riego por goteo que fueron sustraidos en los campos en la última temporada por otros iguales… pero de plástico. Y es que los constantes hurtos sufridos han hecho replantearse a los agricultores la búsqueda de un material que sustituya el latón y que, al mismo tiempo, no tenga tanto valor económico, con el fin de evitar las visitas de nuevos ladrones. Ayer, los regantes de Almassora se pusieron manos a la obra y ya están cambiando los contadores.