Los alcaldes de las localidades albaceteñas de Peñas de San Pedro y Alcadozo se encerrarán en la delegación de la Junta para protestar por las facturas millonarias que les reclama la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por unas obras hidráulicas previstas en el Plan de Emergencia.

Los alcaldes de estos municipios, Antonio Serrano y Ángel Alfaro, respectivamente, han anunciado esta tarde, en nota de prensa, que iniciarán el encierro después de Semana Santa y les acompañará la actual portavoz del PP de Pozohondo, Amparo Núñez, otro de los municipios afectados por estas obras.

El origen del conflicto que ha llevado a los alcaldes a tomar esta decisión son los nueve millones de euros que la CHJ les reclama por unas obras hidráulicas de conexión con la Estación de Transferencia de Agua Potable de Albacete (ETAP) previstas en el Plan de Emergencia y ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente.

Los alcaldes han señalado que realizan este encierro después de «más de tres años de gestiones infructuosas» con las Administraciones implicadas en las obras de conexión de estos municipios con la ETAP de Albacete.

Han recordado que el BOE reclama a los tres ayuntamientos implicados, Peñas, Alcadozo y Pozohondo, «la suma de casi nueve millones de euros, por unas obras ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, a propuesta de la Junta de Comunidades».

Los alcaldes citados, además de la teniente de alcalde de Pozohondo, Amparo Núñez, han señalado que también remitieron una carta a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, el pasado 28 de febrero, solicitando una reunión urgente.

Han lamentado que, desde entonces, «ni el presidente de la Junta, José María Barreda, ni su delegado en Albacete, Modesto Belinchón, ni nadie del Gobierno de España» se ha puesto en contacto con ellos.

«Ni tan siquiera nos contestan, por lo que no nos dejan más camino que el de encerrarnos en la delegación de la Junta», han concluido.

Desde hace tiempo, los alcaldes y la portavoz popular de los citados municipios vienen realizando acciones de protesta para impedir que sus ayuntamientos tengan que hacer frente a estas facturas millonarias. EFE

El programa de control y seguimiento de la calidad del agua del trasvase Júcar-Vinalopó que la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) está llevando a cabo, desde hace más de un año y mediante inspecciones periódicas, confirma que la calidad de los caudales que se están almacenando en el embalse de San Diego, en el término de Villena, son aptos para riego de cultivos pero no para consumo humano.
Del seguimiento de las analíticas realizadas hasta la fecha se concluye que la calidad del agua tomada en el bajo Júcar, en el Azud de la Marquesa concretamente, y trasegada hasta Villena no presenta excepciones a priori para su uso en agricultura. Desde Acuamed se indica a este respecto que una buena muestra de ello son los tradicionales aprovechamientos agrícolas de la Ribera del Júcar, que vienen usando estos mismos recursos hídricos de forma satisfactoria.
En cuanto a la potencialidad de ser empleadas también en el abastecimiento humano no se presentan excepciones aunque, según se puntualiza desde la entidad estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, debe entenderse que como todas las aguas que discurren por los cauces naturales, y las del trasvase lo son, debe realizarse antes de su consumo por prescripción de la legislación sanitaria un tipo de tratamiento específico que adecúe sus características para convertirla en agua potable. «De igual manera que se viene haciendo con las aguas de la misma procedencia en la cuenca del Júcar para el abastecimiento del área metropolitana de Valencia», se puntualiza desde Acuamed.
Desde que se iniciaron los bombeos para la puesta en carga del embalse de San Diego se realizan periódicamente en este punto los mismos controles que en el Azud de la Marquesa, donde se encuentra la toma de las aguas superficiales del trasvase Júcar-Vinalopó. Las valoraciones se realizan en función de los posibles usos, según la legislación vigente y en coherencia con los otros criterios de clasificación que se adoptan en el marco de la campaña de seguimiento de Acuamed. Unos parámetros que se complementan con los datos que a su vez ofrece la Red Integral de la Calidad de las Aguas que explota la Confederación Hidrográfica del Júcar. De esta manera se aprovechan las determinaciones analizadas en el marco de los programas de control del organismo de cuenca, logrando así una única muestra que permite un completo diagnóstico de la calidad del agua en el Azud de la Marquesa. En este contexto, la evaluación de la aptitud del líquido elemento aborda con especial detenimiento la presencia o no de sustancias prioritarias y de otros laguicidas, nutrientes y clorofila.
Toda esta información facilitada por la entidad estatal contradice, por tanto, lo que la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja ha venido manifestando sobre la calidad del agua desde que los primeros caudales llegaron a la balsa de San Diego, que está ahora en fase de llenado y almacenará antes del verano 12 millones de metros cúbicos. Los regantes aseguran que está contaminada y se niegan a regar sus campos con ella aunque los informes oficiales lo niegan con rotundidad.

La Conselleria de Infraestructuras y Transporte ha otorgado a a la empresa Ciener SA, filial de Iberdrola, la autorización para la construcción de una central hidroeléctrica denominada «Tous del Río» y que aprovechará los caudales regulados del embalse destinados al regadío de la Ribera.
El aprovechamiento hidroeléctrico de Tous, que Iberdrola reclama apoyándose en una concesión de 29 de agosto de 1934, se completa con otra central situada en las proximidades y que aprovecharía los caudales del Júcar liberados a través del Canal Júcar-Túria con destino al regadío y al abastecimiento de Valencia.
La producción estimada para el conjunto de las centrales «Tous del Río» y «Tous del Canal» es de 33.300 GWh/año y la potencia total autorizada es de 34.695 KW. Fuentes de Iberdrola dijeron que entre ambas instalaciones podría abastecerse a una ciudad de unos 50.000 habitantes.
Ambas centrales estaban previstas en el proyecto inicial de la presa de Tous y suponen cerrar el aprovechamiento hidroeléctrico del río Júcar, que quedaría casi en exclusiva en manos de Iberdrola después de que la compañía haya obtenido también el aprovechamiento de pie de presa de Alarcón. Recientemente también, la compañía ha remodelado la central de Contreras para reducir e impacto de la turbinación sobre el río Cabriel.
Según fuentes de Iberdrola, la fecha estimada para el inicio de las obras «una vez obtenidas las ultimas autorizaciones»-al parecer la Confederación Hidrográfica del Júcar no ha finalizado el expediente- sería el segundo semestre del año 2013. Las tomas están hechas, así como parte de las conducciones y solo faltaría la instalación de las turbinas
La central autorizada ayer por la conselleria en el ámbito de sus competencias está formada por dos grupos con capacidad para turbinar 6 y 24 metros cúbicos por segundo. De este modo, Iberdrola se garantiza la flexibilidad de la explotación tanto para pequeños caudales como para los que se liberan en primavera y en época estival para atender todas las demandas del regadío de la Ribera y el llenado del arrozal de la Albufera.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha declarado legal el trasvase de agua del Tajo-Segura para la supervivencia de las plantaciones leñosas y ha desestimado, de esta forma, un recurso interpuesto por la Asociación de Municipios Ribereños.
Asimismo la sentencia desestima el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas, así como la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental antes de la aprobación del trasvase y la infracción del Plan Hidrológico del Tajo como consecuencia del trasvase.
El recurso contencioso administrativo fue interpuesto por dicha asociación contra el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros del 16 de enero de 2009, que autorizó el trasvase de 20 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo-Segura para el riego que garantizase la supervivencia de las plantaciones leñosas.
En concreto, el recurso pedía la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros y, en consecuencia, del trasvase autorizado, lo que fue respondido por las representaciones legales de la Comunitat Valenciana y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
Internacionalización
La Asociación de Municipios Ribereños sostenía en el recurso que los trasvases «alteran el nivel de los embalses y tienen una importante repercusión ecológica, desde el punto de vista de la supervivencia de determinadas especies, así como desde la perspectiva del paisaje».
Al entender que ninguna de las disposiciones legales nacionales contempla la necesidad de realizar la evaluación de impacto ambiental para desembalsar agua ni medida correctora alguna, la asociación instó a aplicar directamente las directivas comunitarias, alegando que el conflicto «no puede resolverse únicamente aplicando la legislación nacional».
El Tribunal Supremo considera esta petición «improcedente» ya que lo que se pretende «no es que el Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas se pronuncie sobre la interpretación o validez de una norma comunitaria, sino que se aplique un determinado marco normativo al caso, lo que es tarea encomendada al juez nacional».

El delegado del Gobierno reconoce el aumento, mientras que hay colectivos, como los regantes, que han contratado seguridad

Barreda reclama más guardia civil en los pueblos para acabar con la oleada de delincuencia que sufre el campo

El presidente regional, José María Barreda, calificó ayer de «intolerable» el aumento de los robos en las zonas rurales y pidió al Gobierno que incremente la vigilancia y que, si para ello, tiene que ampliar la plantilla de la Guardia Civil «que lo haga».

Barreda hizo estas declaraciones en Ciudad Real, a preguntas de los periodistas sobre este asunto, añadiendo que «la Guardia Civil tendrá que reforzarse, ampliar su plantilla, hacer lo que deba» para solventar la situación de la delincuencia en el campo.

Estas consideraciones de Barreda se produjeron después de que la organización agraria Asaja tachase de «olla a presión» el clima de tensión que se vive en provincias como Ciudad Real, tras los numerosos robos que están sufriendo los agricultores y ganaderos. Al respecto, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano , reconoció que están aumentando los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas y que son la preocupación «principal» de su departamento. Durante la presentación de los datos de criminalidad y delincuencia en 2010 en Cuenca, Díaz Cano declaró que a finales de 2010 y comienzos de 2011 «se viene produciendo un incremento del robo en las explotaciones agrícolas».

Experiencia piloto

Cabe recordar que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha puesto en marcha una experiencia piloto para proteger a los agricultores de los robos que sufren en sus explotaciones. Algunos, según explicó en su momento el presidente de la entidad, Francisco Belmonte, han sido víctimas de hasta cinco episodios de este tipo en un año, algo que, según explicó, hace inviable la actividad agrícola.

El plan se ha iniciado en una zona en la que los regantes se han unido para contratar una empresa de seguridad privada que, llegado el caso, avisa a la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y el objetivo es poder extender el servicio al resto de explotaciones, afirmó el presidente de la Junta Central de Regantes.

Los ladrones se llevan el cobre de los sistemas de riesgo y, últimamente, hasta el latón de la cabeza de los aspersores.

A finales del pasado año, una veintena de agricultores de la zona de la carretera de Murcia también se unieron para costear un servicio de seguridad privada, hartos de tanto robo. Llegó un momento que los agricultores se cansaron de lamentarse, pues los robos les causaban daños muy importantes económicamente.

La directora del Agua ordenó ayer suspender unas jornadas sobre caudales ecológicos de sesgo antitrasvasista

La Confederación del Tajo sigue con su estrategia de cercenar el acueducto

El organismo que dirige una exconsejera de Barreda intentó poner reservas estratégicas; y patrocina actos que cuestionan el canal

La directora general del Agua del Ministerio, Marta Morén, ordenó ayer suspender las jornadas nacionales sobre caudales ecológicos después de la noticia publicada por ‘La Verdad’ que recogía la protesta de los regantes del Trasvase Tajo-Segura. Estos calificaron de provocación la iniciativa auspiciada por el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Tajo, ya que una de las jornadas estaba dedicada a los caudales ambientales del Tajo en el nuevo plan de cuenca y la mayoría de participantes exigen el cierre del canal. José Manuel Claver, presidente del Sindicato de Regantes, subrayó que estas jornadas se iban a celebrar en plena campaña electoral (los días 4 y 5 de mayo en Madrid). Claver recibió ayer una llamada de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, Charo Quesada, informándole de que las jornadas se habían suspendido. La demarcación del Tajo no dio información.

Marta Morén, por su parte, confirmó la suspensión explicando que cualquier jornada de estas características debe ir en paralelo al proceso de información pública de los planes de cuenca. Morén estaba entre los participantes y debía inaugurar el acto. Como publicó ayer este diario, el debate sobre el caudal ecológico del Tajo estaba monopolizado por ponentes opuestos al Trasvase. Además de la presidenta y del jefe de la oficina de planificación de esta cuenca, figuraban el director del Centro Regional de Estudios del Agua de Castilla-La Mancha, que ha realizado varios informes en contra del acueducto, así como un representante de WWF-España y la presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Éste es el último intento por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo para poner en tela de juicio el acueducto. Es la segunda vez, al menos, que el Ministerio de Medio Ambiente corrige iniciativas de este organismo que preside Mercedes Gómez, que fue consejera de José María Barreda. En la ocasión anterior hizo una «corrección de errores» del Esquema de Temas Importantes del plan del Tajo introduciendo reservas genéricas en los pantanos de cabecera, de donde parte del Trasvase. Marta Morén señaló entonces que iba a dejar sin efecto esos cambios de calado que se habían hecho al margen del proceso de planificación y sin contar con los órganos de gobierno. El Sindicato de Regantes exigió las dimisiones de Gómez y del jefe de la oficina de planificación, Bernardo López-Camacho. Paralelamente, esta Confederación promovió otros actos en Talavera de la Reina contrarios al Trasvase.

Una larga lista

La directora general del Agua comentó que su última visita a Murcia que su departamento iba a controlar el nuevo plan de cuenca del Tajo por todo lo que hay en juego.

Mercedes Gómez asumió la presidencia del Tajo el verano pasado sustituyendo a José María Macías. Barreda lo consideró un triunfo, dando por hecho que se imponían los criterios de Castilla-La Mancha para la regulación de esta cuenca. Previamente, dicha confederación autorizó nuevas concesiones para Madrid y Toledo con cargo a la cabecera del Tajo con un trámite irregular. Asimismo, expulsó al director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, de una reunión sobre el plan de cuenca. Los regantes del Trasvase fueron convocados a otra mesa de trabajo con el mismo fin, que después se suprimió sin dar explicaciones.

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha comparado las tarifas de agua en 52 ciudades, comprobando que los ciudadanos de Murcia, Alicante y Cádiz son los que más pagan por el agua. El precio del agua en España, para un supuesto de uso medio, es de 1,39 euros el m3.

Para poder llegar a la conclusión de cuáles son las ciudades con el agua más cara o más barata, se revisaron las tarifas municipales de agua en 2009, 2010 y 2011, teniendo en cuenta el alquiler de equipos, cánones comunidad autónoma, etc..
El precio del agua subió en 2010

El precio del agua subió a lo largo del 2010 un 4,5% hasta situarse con un precio medio de 1,36 euros el m3. En ese incremento influyó el incremento del IVA que se aplica en la mayor parte de los servicios relacionados con el suministro del agua, un IVA que subió del 7 a 8% en general, y 16 a 18% en el caso de alquiler de contadores.

En los primeros meses del 2011, la mayor parte de las ciudades han actualizado ya sus tarifas aunque en 17 de ellas no se han producido modificaciones (puede que haya cambios a lo largo del año). La subida media ha sido mucho más limitada: se sitúa en un 1,2%, con lo que el precio medio del m3 de agua pasa de 1,36 en 2010 a 1,39 euros en 2011.

Vitoria y Granada (esta última ya era una ciudad con altos precios) han protagonizado las subidas más fuertes en el precio del agua en 2011: su subida de tarifas supera el 8%.
Las ciudades más caras

– Murcia se destaca como la ciudad donde el servicio de agua es más caro: 2, 6 euros el m3. Además, en 2011 ha subido un 6%.

– Cádiz, Alicante, Las Palmas, Barcelona y Ceuta también están entre las ciudades más caras: en estos lugares el m3 de agua está por encima de los dos euros.

– Las ciudades más baratas, fijándonos en el precio del agua son Palencia y Guadalajara.
Cálculo para un consumo medio de 175 m3/año (€/m3)

* Palencia 0,68
* Guadalajara 0,78
* Burgos 0,83
* Ávila 0,84
* Soria 0,88
* Orense 0,88
* Segovia 0,92
* Teruel 0,99
* Valladolid 0,99
* La Coruña 1,01
* Ciudad Real 1,02
* Melilla 1,04
* San Sebastián 1,06
* Santander 1,06
* Cuenca 1,06
* León 1,08
* Zamora 1,09
* Lugo 1,1
* Vitoria 1,11
* Zaragoza 1,14
* Cáceres 1,14
* Pamplona 1,15
* Logroño 1,17
* Lérida 1,23
* Salamanca 1,26
* Badajoz 1,29
* Vigo 1,31
* Pontevedra 1,31
* Girona 1,32
* Toledo 1,34
* Huelva 1,4
* Albacete 1,44
* Huesca 1,44
* Oviedo 1,49
* Bilbao 1,55
* Almería 1,55
* Málaga 1,55
* Córdoba 1,64
* Madrid 1,77
* Sta. Cruz de Tenerife 1,77
* Tarragona 1,78
* Jaén 1,85
* Valencia 1,89
* Palma de Mallorca 1,89
* Granada 1,91
* Sevilla 1,97
* Ceuta 2,01
* Barcelona 2,02
* Las Palmas de Gran Canaria 2,13
* Alicante 2,16
* Cádiz 2,19
* Murcia 2,6

La organización agraria Asaja ha tachado de «olla a presión» el clima de tensión que vive en la provincia de Ciudad Real tras los numerosos robos que están sufriendo los agricultores y ganaderos.

Así lo han considerado en rueda de prensa hoy los presidentes locales de Asaja en Argamasilla de Alba y Membrilla, Cristóbal Jiménez y Ángel Bellón, respectivamente.

Los dirigentes agrarios han subrayado que los agricultores y ganaderos no soportan más robos y están dispuestos «a cualquier cosa», pues están viendo como les arrebatan su forma de «ganarse la vida».

Han explicado que a las cuantiosas pérdidas que producen estos robos hay que sumar los perjuicios que conllevan, como el retraso en las labores propias de cada temporada o el no poder comenzar los periodos de riego debido a la sustracción de transformadores o de cable de cobre de los sistemas móviles de riego, entre otros.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes del Estrecho de Peñarroya, Bernabé Ruiz, ha cuantificado las pérdidas en la zona de Argamasilla de Alba en unos 250.000 euros, una cantidad que, ha destacado, los agricultores no podrán asumir.

Además, ha subrayado que últimamente les están robando hasta los caudalímetros, cuya reposición genera grandes desembolsos.

El secretario provincial de Asaja, Florencio Rodríguez, ha reiterado que el sector está «desesperado» y ha advertido de que si continúa esta situación pueden producirse «graves consecuencias».

Ante esta situación, la organización agraria ha vuelto a exigir a los representantes políticos que aporten medidas y que las incluyan en sus programas electorales.

Rodríguez ha dicho que seguirán denunciando estos hechos, pues no se conforma con el silencio de los dirigentes políticos, que se amparan en sus cifras y estadísticas.

«El problema de los robos en el campo es un problema real, que está llevando a la ruina a numerosos ganaderos y agricultores, y creando una situación muy peligrosa», ha aseverado Rodríguez.

Los dirigentes agrarios han reiterado la petición de que se endurezca el código penal para este tipo de delitos y han sugerido que a los delincuentes detenidos se les confisquen los vehículos usados para cometer los robos

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha declarado la legalidad de un trasvase de aguas del Tajo al Segura para la supervivencia de las plantas leñosas y se ha negado a plantear la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como le había pedido la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, indica que la citada asociación recurrió el acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de enero de 2009 por el que se decidió trasvasar veinte hectómetros cúbicos de agua de la cabecera del Tajo al Segura con destino a un riego de socorro.

En su reclamación, los demandantes señalaron que «los trasvases alteran el nivel de los embalses y tienen una importante repercusión ecológica desde el punto de vista de la supervivencia de determinadas especies y desde la perspectiva del paisaje».

Por ello pidieron al Alto Tribunal que elevara el asunto a los tribunales europeos al entender que «no puede resolverse el conflicto planteado únicamente aplicando la legislación nacional, que no recoge protección ambiental alguna y entendemos que contradice las directivas comunitarias en materia de medio ambiente».

Al rechazar este extremo del recurso, la Sala de lo Contencioso indica que la propuesta es «improcedente», y añade que las directivas europeas en la materia han sido incorporadas ya a la legislación española a través, entre otras, de la Ley de 2006 que «introdujo importantes cambios para dar cumplimiento a las exigencias comunitarias y clarificar y racionalizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental».

En cuanto a la necesidad de que estos trasvases deban contar previamente con el informe previsto en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, el tribunal reitera su jurisprudencia de que las normas autonómicas no son de aplicación en el caso de los trasvases de cuencas intercomunitarias.

El TS rechaza la interpretación que hace la citada Asociación, y afirma que las leyes autonómicas deben interpretarse «únicamente conforme a la Constitución, de modo que quedan proscritas aquellas interpretaciones que supongan una vulneración de la misma, que es lo que sucedería si en los trasvases relativos a las diferentes cuencas se hiciera tabla rasa de la diferenciación entre cuencas intercomunitarias e intracomunitarias».

La sentencia señala también que el trasvase es concebido en la Ley del Plan Hidrológico Nacional, de 2001, «como un importante instrumento vertebrador del territorio, evitando que zonas con déficits estructurales de recursos hídricos vean estrangulado y amenazado su desarrollo económico y social por la incertidumbre del suministro de agua».

Afirma también la Sala que con el desembalse acordado por el Gobierno para este riego de socorro no se rebasó el límite de los 240 hectómetros cúbicos previsto por la Ley como volumen a partir del cual no se podrá trasvasar.

El recurso, que no ha prosperado ante el Tribunal Supremo, contó con la oposición del la Generalidad Valenciana y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, con sede en Murcia.

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), Jorge Olcina, ya señalaba hace unos meses que se preveía que el comienzo de 2011 no trajera lluvias importantes, y así ha sido. El experto destaca que el frío invernal «no ha sido muy intenso, pero sí constante», precisamente por el tiempo anticiclónico -estable, en consecuencia- que ha dominado la situación. Las lluvias que se han producido en la mayor parte de la península ibérica, añade, «se han debido a frentes» que han entrado por el Atlántico y que, salvo rara vez, llegan debilitados al Mediterráneo y apenas dejan precipitaciones. Resulta curioso, en este sentido, que las lluvias más intensas del invierno -y también algunos de sus jornadas más frías- se hayan producido precisamente ya al final de la estación, en los días centrales del mes de marzo.
Olcina explica que todo apunta a que 2011 será «un año seco», tal y como se consideran los ejercicios en los que se producen más de 150 días anticiclónicos. Añade, en este sentido, que «no parece que vaya a cambiar radicalmente la situación». Esta tendencia se veía venir, debido a que durante diciembre se produjo el fenómeno de «La Niña» en el Pacífico, algo que, explica, tiende a producir inviernos secos.
La primavera es habitualmente más lluviosa que el invierno en la zona del Mediterráneo, y por el momento esta previsión también se cumple en parte, ya que los últimos días de marzo también fueron algo inestables. Sin embargo, la llegada del mes de abril ha traído consigo de nuevo un tiempo anticiclónico, «y parece que seguirá así en los próximos días», con lo cual es probable que tampoco la estación primaveral sea abundante en precipitaciones.
Pese a ello, Olcina hace hincapié en que no hay motivo alguno para ser alarmistas. Entre otros aspectos, porque «hay reservas de agua abundantes». Así, según los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la cuenca del Júcar se encuentra a un 58,9% de su capacidad, y la del Segura al 72,3%, unos índices que no se alcanzan con frecuencia. Además, aunque apenas ha llovido en la Comunidad Valenciana, sí lo ha hecho en las zonas altas de las dos cuencas hidrográficas, lo que supone un mayor alivio aún.