El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, presidirá hoy la reunión de la Mesa del Agua en la que se va a presentar el borrador de la Ley de Agua que recoge las pretensiones de la región en materia hídrica. En el borrador se incluyen las reivindicaciones de la región que no salieron adelante al ser retirado el proyecto de reforma del Estatuto.

Pérez Rubalcaba ha anunciado estos planes al responder al senador popular Miguel Ángel Arauz, quien le había dicho que el Gobierno debería tomar nuevas medidas para la «situación insostenible» que viven los agricultores españoles, que «no aguantan más» ante los numerosos robos que sufren. A raíz de unas conversaciones con asociaciones de agricultores de Andalucía, Pérez Rubalcaba, según ha explicado en la Cámara Alta, ordenó a la Guardia Civil que hiciera «un estudio de inteligencia» sobre este tema, en el que participaron las 16 comandancias más vinculadas a este tipo de asaltos. Fruto de dicho trabajo han sido los nuevos planes puestos en marcha este mismo mes y que abordan desde el robo del cobre, «el más usual en los campos», ha reconocido Rubalcaba, a otros como el que se produce en la época de la recogida de la aceituna. También ha recordado que desde hace seis años hay un plan estratégico para aumentar la plantilla de la Guardia Civil. En la actualidad trabajan 84.000 agentes, 15.000 más que los que había cuando gobernaba el PP, ha destacado Rubalcaba, quien ha subrayado los 211 puestos principales que se han creado en este Cuerpo, cuyos miembros trabajan durante las 24 horas del día. Antes Arauz había reclamado al ministro un total de once medidas para frenar los robos, entre las que incluía trasladar guardias civiles y policías desde la ciudad al campo, así como habilitar a los policías locales, agentes de medio ambiente, guardas forestales y de cotos de caza para colaborar en la vigilancia de los campos. Además, ha propuesto una reforma del Código Penal por la que se considere delito el robo en una cuantía de 100 euros y no de 400 como hasta ahora. El senador popular ha asegurado que hay un sentimiento de «indefensión y rabia» entre la gente del campo, ya que solo se recupera el 24 por ciento de lo robado y ello hace que únicamente denuncien el 10 por ciento de las personas afectadas. «Estamos trabajando con planes específicos y confío que esa alarma pronto se disipe», ha insistido el ministro del Interior.

El Plan de Reforestación del PEAG; los ramales de la tubería a la llanura manchega; la planta de osmosis inversa de Albacete o la sustitución de bombeos de la Mancha oriental han protagonizado la primera reunión entre la ministra Rosa Aguilar¹ y el presidente José María Barreda² hoy en la sede del Ministerio de Medio Ambiente³, Medio Rural⁴ y Marino⁵.

La ministra de Medio Ambiente⁶, Medio Rural y Marino⁷, Rosa Aguilar, comprometió este martes más de 200 millones de euros con Castilla⁸-La Mancha para llevar a cabo actuaciones en materia hidrológica. La responsable de la cartera de Medio Ambiente, compareció junto al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, tras una larga reunión en el ministerio en la que se habló de agua, del Plan Especial del Alto Guadiana y de los ramales de la infraestructura de la tubería a la llanura manchega, entre otras cuestiones.

Según indicó Aguilar en enero del próximo año, el ministerio y el Ejecutivo autonómico firmarán un acuerdo de reforestación incluido en el PEAG, cuya inversión asciende a 5 millones de euros. Del mismo modo, también a principios de año se licitarán por valor de 170 millones de euros dos ramales para la tubería a la llanura manchega que garantizarán el agua en cantidad y calidad a los municipios beneficiados por esta infraestructura.

Junto a estos 170 millones la ministra habló del proyecto del EDAR y el colector de Toledo que suponen otros 40 millones de euros, cumpliendo así, según indicó, con el compromiso adquirido con el Gobierno de Castilla-La Mancha⁹ de un convenio que poco a poco se hace realidad. A este respecto Aguilar se refirió también a la licitación de la redacción de los proyectos de la planta de osmosis inversa de Albacete y a la sustitución de bombeos del acuífero de la Mancha oriental.

“Se trata de pasos importantes que damos para hacer realidad el PEAG y pasos que se seguirán dando porque queda constituido un equipo de trabajo que seguirá las directrices adoptadas en este primer encuentro”, aseguró Rosa Aguilar que subrayó la voluntad inequívoca del ministerio de cumplir con Castilla-La Mancha y con sus ciudadanos.

En la misma línea se pronunció el jefe del Ejecutivo autonómico al destacar la buena sintonía con el gabinete de Aguilar, así como el compromiso adquirido de esta con las necesidades de Castilla-La Mancha. “Tiene las cosas claras y voluntad de colaborar con el Gobierno”, añadió.

El trasvase y la planificación hidrológica

En la línea de la política hidrológica nacional y en respuesta a un medio de comunicación sobre la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, el presidente Barreda explicó la lamentable situación en la que se encuentran los pantanos de cabecera y reiteró que los ríos de España son de todos los españoles, que los castellano-manchegos también son españoles y que por ley como cuenca cedente tienen prioridad sobre la cuenca receptora.

Del mismo modo lamentó declaraciones como las de la dirigente del PP en Castilla-La Mancha en las que sugiere que hay que llevar agua de donde sobre hacia donde se necesite, a lo que el presidente Barreda se pregunta “¿dónde sobra?”. Así explicó que Castilla-La Mancha forma parte de la España seca y que hay que tomar decisiones concretas y dejar de hablar de generalidades.

A este respecto la ministra Aguilar indicó que desde el Ministerio se apuesta por el diálogo y el acuerdo que lleve a Castilla-La Mancha agua suficiente en cantidad y calidad para su desarrollo, “de ahí las inversiones que estamos realizando”.

La reserva de agua de los embalses que componen la cuenca del Júcar ha aumentado un 64,5% respecto al año anterior, según el último informe hidrológico de tendencia hecho público hoy por la delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.624 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 48,7% del total del agua embalsada y con un incremento de 637 hectómetros cúbicos respecto al año anterior cuando el porcentaje de agua se situaba en un 29,6%.

Además, el incremento del agua embalsada registrado ahora en la cuenca del Júcar supone un 118,3% más que la media de los últimos diez años, una cifra «sensiblemente» superior al 39,2% de aumento que han experimentado las reservas de agua en el conjunto de España como media de la última década.

Un millón de metros cúbicos de agua, o lo que es lo mismo 1.000 millones de litros, que ahora se pierden en las fugas de las tuberías, sobre todo en las más viejas, dejarán de derrocharse gracias al nuevo sistema de detección de fugas y a la división en sectores de los 463 kilómetros de tuberías que tiene la ciudad.

Estas dos actuaciones forman parte de las mejoras que el Ayuntamiento de Albacete se ha decidido hacer en la red de abastecimiento de la ciudad, destinando 1,8 millones de euros del segundo Fondo Estatal de Inversión Local, a estos proyectos. «Pocas ciudades están tan implicadas en la gestión del agua como para destinar fondos públicos a mejoras tecnológicas que convertirán a Albacete en un referente nacional», llegó a decir ayer Asunción Martínez, directora general de Aguas de Barcelona (Agbar), socio privado del Ayuntamiento en la empresa Aguas de Albacete, que compareció junto a la alcaldesa, Carmen Oliver, para detallar estas inversiones.

El sistema de búsqueda de fugas supondrá «casi triplicar» el número de localizadores; pues a los 100 aparatos móviles (que se van colocando en distintos puntos de la red tratando de captar pérdidas de agua) con los que se trabaja actualmente, se sumarán otros 185 que se colocarán en puntos fijos, de tal manera que cuando detecten una posible pérdida enviarán un SMS a una central de telemando desde donde se averiguará si se trata de una fuga para repararla de inmediato.

Además, los kilómetros de tuberías se dividirán en 13 sectores hidráulicos, con 38 puntos de control, que permitirán conocer al instante el caudal, la presión y el nivel de cloro del agua, «esto es algo básico en una gestión del siglo XXI y nos permitirá reducir las pérdidas, detectando dónde se producen más fugas», explicó el gerente de Aguas de Albacete, Manuel Pérez.

Éste detalló que actualmente la empresa no factura entre 3 y 4 hectómetros cúbicos de agua de los que se consumen en la ciudad, y estimó que con las mejoras introducidas en los próximos «dos o tres años» se conseguirá evitar la pérdida de 1 hectómetro cúbico, es decir, de 1.000 millones de litros de agua.

En la válvula Monóvar, «el corazón» del abastecimiento de la ciudad, desde donde se rebaja la presión del agua que entra a la red de abastecimiento a la ciudad, también se ha invertido algo de dinero para garantizar su funcionamiento aunque haya un corte en el suministro de luz.

Otra de las mejoras ha sido la colocación de 23 sensores en los colectores de aguas residuales o fecales, que avisarán del nivel de ocupación, para evitar que se desborden.

El Gobierno considera que la Comunitat Valenciana no sufre ningún problema de abastecimiento y tiene el agua asegurada para atender las necesidades de la población, la industria y el turismo.

Así responde el Ejecutivo a una pregunta escrita formulada por el senador del PP Pedro Agramunt sobre el suministro de agua a la Comunitat Valenciana ante los «retrasos» en la construcción de desalinizadoras.

En su respuesta, el Gobierno precisa que esta región ha recibido importantes recursos adicionales de agua desde el año 2004.

Así, se ha ampliado en una tercera parte (seis hectómetros cúbicos) la producción de la desalinizadora de Alicante I y se ha puesto en servicio la de Alicante II (veinticuatro hectómetros cúbicos).

También se han puesto en funcionamiento, con una producción de 48 hectómetros cúbicos de agua, las desalinizadoras Antonio León Martínez-Campos y San Pedro del Pinatar II, físicamente ubicadas en Murcia pero que abastecen a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (que proporciona agua al 50 por ciento de la provincia de Alicante, incluida su capital).

Por otra parte, la desalinizadora de Torrevieja, que aportará otros 80 hectómetros cúbicos, está muy avanzada y se encuentra pendiente de determinados permisos de la Generalitat para su terminación y puesta en servicio.

El pasado verano, comenzaron las obras de las desalinizadoras de Sagunto (Valencia), Mutxamel-Campello (Alicante) y Cabanes-Oropesa (Castellón), que producirán conjuntamente 47,5 hectómetros de agua.

Además, se han adjudicado las obras de las desalinizadoras de Denia (Alicante) y Moncófar (Castellón).

Sólo las obras puestas en marcha desde el año 2004 y citadas anteriormente suman una nueva aportación de agua superior a 200 hectómetros cúbicos al año, a las que hay que añadir las instalaciones existentes con anterioridad, subraya el Gobierno.

Resalta que este conjunto de actuaciones puestas en servicio han posibilitado garantizar las necesidades de abastecimiento de la población, de la industria y del turismo en la Comunitat Valenciana.

Se han cumplido cinco años desde que el municipio hellinero realizó las primeras actuaciones para preservar sus reservas acuíferas de la planificación realizada por la Confederación Hidrográfica del Segura para enviar agua a la Región de Murcia, durante una etapa en que la sequía afectó profundamente a las cuencas de los ríos Júcar, Segura y Tajo.
En este tiempo, el tema del agua ha tenido diferentes episodios significativos, con tres protagonistas destacados: de una parte el organismo de cuenca, que durante la mayor parte de este contencioso estuvo presidido por José Salvador Fuentes Zorita y por la otra el Ayuntamiento local, cuyo alcalde, Diego García Caro, ha venido mostrando una oposición radical a este trasvase de las aguas subterráneas. Igualmente, en esta reivindicación permanente por defender los recursos hídricos ha intervenido de manera enérgica la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha entablado todas las acciones legales pertinentes con el fin de evitar que el agua de esta región se utilizase en la vecina para diferentes fines.
Es también importante resaltar que el regidor hellinero ha sido reiterativo en indicar que nunca se negaría el agua a Murcia, siempre que esta fuese necesaria para el consumo humano, pero de la misma forma, no estaba dispuesto a que con la misma se alimentasen explotaciones agrarias creadas en zonas anteriormente montuosas, o proyectos urbanísticos desarrollados preferentemente para potenciar los recursos del turísticos en el sureste.
Por otro lado y aunque el enfrentamiento con la Confederación alcanzaba cotas más elevadas durante estas cinco últimas anualidades, no deben olvidarse otros hechos anteriores, que igualmente resultaron significativos en esta batalla por los recursos hídricos. Entre los mismos cabe destacar el proyecto que afectaba al pantano de Camarillas y el túnel Talave-Cenajo, que igualmente provocó una oposición férrea por parte del Ayuntamiento de Hellín y el Gobierno regional al proyecto inicialmente previsto para llevar a cabo esta infraestructura.
Si sumamos esta etapa, el conflicto sobre el agua se alarga más en el tiempo, aunque estos contenciosos quedaron en su momento cerrados con una revisión sumamente importante en cuanto a las condiciones de realización del túnel y, especialmente, en la forma en que se realizaría el control del agua trasvasada por el mismo, cuando fuese necesario utilizarlo, de acuerdo a la finalidad para la que fue creado.
A pesar de aquél episodio concluyó en su momento, es importante destacar que la oposición a la concepción del mismo provocó el primer enfrentamiento serio entre el alcalde hellinero y sus compañeros de partido en el Gobierno de España, concretamente con la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.  

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha coincidido con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, en que la no aprobación del Estatuto de Castilla-La Mancha ha sido «una oportunidad» perdida para la región que, a través de ese documento, habría podido solucionar sus problemas de agua.

   Barreda, que ha inaugurado este sábado el tercer Foro Regional de Periodistas de Castilla-La Mancha que se celebra en Ciudad Real, ha señalado, a preguntas de los medios, que «si el Estatuto se hubiera aprobado en el Congreso con el apoyo del PP se habría zanjado el problema del agua».

   En este sentido, ha lamentado que en otras Comunidades Autónomas sí hayan sido capaces de alcanzar acuerdos Gobierno y oposición, como en Valencia o Murcia, sin que el agua se utilizara como «arma arrojadiza. Pero aquí, en Castilla-La Mancha, el PP regional nos hizo a última hora la pirula, como se dice vulgarmente, cuando llegó el señor Valcárcel al Congreso y dejó claro que en materia de agua en el PP manda él».

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

   Durante su intervención, el máximo responsable del Ejecutivo castellano-manchego ha recordado la importancia que la planificación hidrológica tiene en Castilla-La Mancha, un territorio al que le afectan siete cuencas, «y si nos hubiéramos puesto de acuerdo en la prioridad de la cuenca cedente, hubiéramos dado un paso adelante muy importante».

   En este sentido, Barreda ha explicado que, «lamentablemente», Castilla-La Mancha no forma parte de la España húmeda, sino de la seca «por lo que no nos sobra el agua para todo tipo de usos y hay que marcar las preferencias. Yo estoy de acuerdo, y siempre lo hemos demostrado, en que los ríos son de todos los españoles, pero también de los castellano-manchegos y debemos tener preferencia», ha concluido.

La nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, aseguró ayer que el fallido estatuto de Castilla-La Mancha fue «una oportunidad perdida» que se malogró por culpa del PP. El documento, que generó una herida que continúa abierta en la polémica guerra del agua, incluía una reserva hídrica para usos futuros que llegó a cifrarse en 6.000 hectómetros cúbicos, y que en la práctica, suponía un enorme agravio para los intereses de la Comunitat.

Por un lado, habría provocado la desaparición del trasvase Tajo-Segura, por no hablar de los perjuicios para los abastecimientos urbanos de la Comunitat que se nutren de pantanos castellanomanchegos, tal y como defendieron expertos, regantes y los miembros del Gobierno Valenciano. De hecho, fueron las pretensiones hidrológicas planteadas las que propiciaron el fracaso del Estatuto en el Congreso ante la falta de acuerdo con el PP.

La reflexión de Aguilar se produjo en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha recogida ayer por Europa Press. Además, su postura chocaba frontalmente con otra de sus afirmaciones, al señalar que dedicará todos sus esfuerzos a propiciar un pacto del agua nacional.

Preguntada por el fallido estatuto, Aguilar apuntó que cuando algún grupo político, en este caso el PP, hace fracasar la oportunidad de un consenso, «es como darle un portazo en la cara a los ciudadanos y las ciudadanas». «Porque cuando los grupos políticos nos ponemos de acuerdo desde el diálogo y alcanzamos el consenso, gana la ciudadanía, y en este caso fue una oportunidad perdida, malograda por el PP, que podía haber hecho avanzar y mucho a Castilla-La Mancha con su nuevo estatuto de autonomía. Lamentablemente no fue así», dijo.

En cuanto a propiciar acercamientos de cara a un posible pacto, dijo que «merece la pena intentarlo, sabiendo que hablamos de un recurso necesario, imprescindible para la vida y escaso». También recordó que lo primero que planteó en su comparecencia en el Congreso fue que «para hablar de agua, lo primero que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo todos los partidos políticos y renunciar a hacer política electoral con ella».

Las declaraciones de Aguilar fueron secundadas por José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, quien dijo que el PP utiliza el agua como arma arrojadiza. «En Castilla-La Mancha el PP regional nos hizo a última hora la pirula, como se dice vulgarmente, cuando llegó Valcárcel (presidente murciano) al Congreso y dejó claro que en materia de agua en el PP manda él». También señaló que está de acuerdo con la idea de que los ríos «son de todos los españoles, pero también de los castellano-manchegos y debemos tener preferencia».

Además, llama la atención la contradicción entre la ‘buena voluntad’ de la ministra respecto a los pasos dados a nivel técnico en la elaboración de los documentos que deben regir la gestión de los ríos en las próximas décadas. Es lo que sucede con el futuro plan de cuenca del Tajo, que prevé aumentar el caudal ecológico, limitando las reservas susceptibles de ser trasvasadas a la Comunitat. O con el del Segura, que opta por aumentar el uso de agua desalinizada, opción rechazada por los regantes al ser más cara, y en la actualidad, inviable. Incluso con el del Ebro, que puede suponer la muerte técnica (a nivel político murió en 2004) de un futurible trasvase.