Ocho de la mañana. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recibe el primer «sms» del día. Son los datos sobre los principales delitos cometidos en las últimas horas: número de homicidios, casos de violencia de género, atracos… Y robo de cable de cobre. Lo que hasta hace unos cinco años era un tipo delictivo que apenas se alzaba a los titulares de alguna noticia se ha convertido, en muy buena parte gracias a la demanda de China en el marco de su apabullante proceso de industrialización, en un quebradero de cabeza tanto para el Cuerpo Nacional de Policía, como para la Guardia Civil.

En efecto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son conscientes de que este tipo de ladrones están cada vez mejor estructurados e, incluso, llegan a conformar mafias internacionales que provocan la siguiente paradoja: la empresa, normalmente de servicios, que sufre estos robos al final debe desembolsar una cantidad millonaria por comprar un material que proviene, precisamente, del reciclaje de lo sustraído. Por consiguiente, es un negocio redondo, en todos los sentidos: tanto para los delincuentes, que obtienen pingües beneficios, como en el círculo vicioso de instalación-robo-venta-reciclaje-instalación en que puede resumirse este fenómeno.

Micro y macro delincuencia

Los expertos coinciden en que el «modus operandi» tiene una doble vertiente: las minúsculas bandas que hacen pequeñas aprehensiones y las mafias organizadas y de carácter internacional. Unos y otros no sólo se diferencian en la cantidad de cobre que roban, sino en sus receptadores, pata fundamental del negocio

Los primeros suelen ser grupos pequeños de gitanos rumanos o españoles, estos últimos vinculados a otros menesteres poco recomendables, como el trapicheo de drogas. Su labor es bien fácil: localizan una subestación, centro de transformación, urbanizaciones, arquetas… En Madrid, por ejemplo, sus zonas preferidas son la M-40, M-45, M-50 y la M-31, aunque ya han pasado fronteras y es en el corredor de La Sagra, e incluso en toda la comarca La Mancha, donde siguen actuando.

Un cortafríos o, en todo caso, una radial son más que suficientes para pegar el corte, tirar del cable y, rápidamente, cargarlo en una furgoneta, camino del poblado. «Como se conocen la legislación, utilizan a los menores de edad de la familia, de 16 o 17 años, para conducir los vehículos, pues saben que no tienen tanta responsabilidad», explica la Guardia Civil.

A las pocas horas, una nube de humo negro y apestoso corona ese submundo que es la Cañada Real (Madrid): es el primer paso de «limpieza» del cable robado. Eliminar el plástico que lo cubre es necesario, principalmente, por dos razones. Por un lado, porque ahí es donde el material lleva tatuado su ADN, los datos de procedencia; además, el cobre sin cubrimiento se paga mejor, aunque pese menos.

El London Metal Exchange (LME) es el organismo que regula el precio del cobre, que es muy fluctuante, aunque podemos situarlo en una media de 5.800 euros la tonelada, sin contar el plástico, que hace ascender el precio a un máximo de 9.000. El dato del LME es de referencia, pues el cobre puro casi no existe en el cableado, pero da una idea cercana de los beneficios que obtiene cada uno de los participantes en esta rueda delictiva.

Porque el destino del botín aquí se bifurca. Si ha sido objeto de un pequeño grupo, irá a manos de un chatarrero fantasma, ilegal. «Los legales saben generalmente cuándo el cable que les llevan es de procedencia ilícita. Piden el carné de identidad al vendedor, lo fotocopian y contabilizan la cantidad que les llevan, se aseguran de su origen. Si perciben algo extraño, avisan a la Guardia Civil o a la Policía», nos dicen desde la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), patronal del sector.

Beneficios por escalón

Pero puede que se la «cuelen» a alguno o que el ladrón tenga ya una agenda de compradores, que es lo más normal. El precio de compra suele ser de un porcentaje del original, y el chatarrero se lo vende a un mayorista, que lo clasifica y lo compacta: su beneficio suele ser del 10%. Luego, en lotes homogéneos de 25 toneladas, llega a una fundición, donde se tritura, se convierte en nuevo material de cobre y se vuelve a recubrir con plástico: el cable está de nuevo listo para entrar en el mercado. En definitiva, que de los 5.800 euros iniciales, el ladrón se puede llevar 1.500 o 2.000, otros tantos el chatarrero, 3.000 o 4.000 la fundición… Al final, a la empresa víctima del delito, la broma le sale por otros 9.000 euros la tonelada, pues lo compra ya con revestimiento plástico.

«Pero el 90% de lo que manejan las mafias es para China», indican en la FER. En este caso son robos al por mayor, de 25 y 50 toneladas, que pueden alcanzar los 300.000 euros. Incluso roban en las propias chatarrerías y centros de reciclaje o a camiones de estas empresas, cargados de material. Llevan el botín a Francia o Italia, y desde un puerto extranjero llega a China.

Allí les pagan 2.700 euros por tonelada y luego fabrican las consolas de videojuegos que disfruta Occidente. El círculo, por tanto, se cierra.

Robos en La Mancha

En Castilla-La Mancha son los propietarios de fincas agrícolas los que llevan meses dando la voz de alarma ante el incremento de los robos. Aunque el principal botín que buscan los ladrones es el cobre, una vez dentro de las explotaciones no hacen ascos a otros materiales de riego, maquinaria agrícola o tractores, sin olvidar los graves daños que ocasionan, en algunos casos, arrancando viñas.

Las organizaciones agrarias (Asaja, UPA y COAG) han denunciado en los últimos días la ola de robos que sufren los agricultores y ganaderos de la región en sus propiedades y denuncian la «falta de respuesta» de las autoridades para atajar los robos.

UPA de Ciudad Real ha exigido que se redoblen «de inmediato» las medidas de seguridad en la provincia ante la oleada de robos. Y es que son continuos los asaltos, destrozos, saqueos e incluso robo de ganado, «lo que está causando no sólo un grave perjuicio económico en las ya maltrechas economías de los agricultores y ganaderos, sino que también les está afectando a la salud aumentando su nerviosismo e intranquilidad», asegura la organización agraria.

Y mientras, desde la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha se asegura que se han reformado las medidas para prevenir los robos de cobre en las explotaciones. El delegado, Máximo Díaz-Cano, aseguraba hace unos días que había pedido a los subdelegados que, en lugar de esperar reclamaciones, visiten las zonas para establecer medidas de cooperación con las organizaciones agrarias y con los agricultores de las zonas más afectadas por este repunte de los robos.

COAG –   La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la comunicación oficial sobre la reforma de la PAC presentado hoy por el Comisario Ciolos es ambiciosa en sus objetivos pero altamente decepcionante a nivel presupuestario y a la hora de concretar los mecanismos de regulación de mercados y medidas para corregir los desequilibrios de la cadena agroalimentaria.

Resulta novedosa la consideración, como primer eje estratégico, de la preservación del potencial de producción agraria en toda la UE, algo que se liga a la seguridad alimentaria de los ciudadanos que no puede darse por garantizada en Europa a largo plazo en tiempos de crisis. Un reconocimiento implícito al carácter estratégico del sector agrario. Saludamos además el elemento novedoso que supone la contribución de los agricultores a la lucha contra el cambio climático y en la respuesta a la crisis energética.

Asimismo, COAG respalda expresamente la idea de ligar el apoyo a los agricultores en activo, así como el establecimiento de un “techo” de ayudas por explotación para que las grandes fortunas no sigan aprovechándose de los recursos públicos. Creemos que el sistema de pagos directos debería pivotar sobre la actividad agraria que ejercen los agricultores y agricultoras profesionales y legitimarse básicamente en el empleo que generan las explotaciones.

Sin embargo, COAG considera muy decepcionante la propuesta a nivel presupuestario, ya que con una UE de 27 países en igualdad de condiciones y unos fondos de la PAC congelados desde 2003 y presupuestados para la Europa de los 15, difícilmente se podrán alcanzar los objetivos tan ambiciosos que se definen y dar respuesta eficaz a los retos que se plantean.

Asimismo, COAG crítica la escasez de medidas planteadas para regular los mercados. La UE debe cambiar su política de desregulación de los mercados y debe reinstaurar los mecanismos que eviten la fluctuación de los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que superen sus costes de producción (gestión y regulación, intervención, control de la producción, almacenamiento privado, cláusula de medidas excepcionales, control en frontera, precios de entrada, contingentes y calendarios, equilibrio en el poder de

negociación en la cadena agroalimentaria, etc.). “Se vuelve a fallar en lo fundamental: el mantenimiento de las rentas. No se hace una política que controle la volatilidad de los precios en el campo y al consumidor final y por el contrario se vuelve a dejar la alimentación en manos de un mercado especulativo”, ha puntualizado Miguel López, Secretario General de COAG, a lo que ha añadido que “el 70% de la renta de los agricultores españoles viene del mercado, por lo que las ayudas, por si solas, resultan ineficaces para resolver la crisis del sector agrario y garantizar las rentas”.

La única parte positiva dentro del apartado de medidas de mercado es el análisis que se hace sobre funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa, en la que se reconoce, sin medidas concretas, el desequilibrio del poder de negociación dentro de la cadena (a favor de la gran distribución) y el injusto reparto del valor, a la vez que se nombran algunos aspectos a abordar: transmisión de las señales del mercado, relaciones contractuales, reestructuración y consolidación del sector primario, transparencia y mercados de futuros.

Por otro lado, COAG también rechaza el enfoque de la Comunicación sobre política comercial que promueve una liberalización aún mayor del comercio internacional. “No podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a las normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Supone traicionar el principio de preferencia comunitaria”, ha subrayado López.

En cuanto a las medidas de desarrollo rural, COAG acoge favorablemente el mantenimiento de un segundo pilar de la PAC destinado a mejorar la eficiencia de las explotaciones agrarias y la gestión sostenible de los recursos naturales, pero rechaza que las herramientas de gestión de riesgos se introduzcan dentro de la política de desarrollo rural, ya que conceptualmente es una política ligada a la gestión económica de la explotación.

La «música» de la nueva PAC le suena bien en el campo castellano-manchego aunque con reservas, porque «no sabemos aún la letra final» de la propuesta. Así lo apuntan tanto las cooperativas como las organizaciones agrarias. Y es que lo bueno -para todos- es que la iniciativa comunitaria apuesta por el agricultor profesional como principal receptor de las ayudas y se da cuenta de la necesidad de garantizar las rentas agrarias, controlar la volatilidad de los precios y primar la producción. En cuanto a lo malo, también coinciden todos en el diagnóstico: La vaguedad del documento y, como denuncia Asaja, UPA y Coag, la no inclusión de un presupuesto firme sobre el que comenzar a debatir.
«El agricultor debe vivir de vender sus productos», apunta el presidente de las Cooperativas agroalimentarias, Ángel Villafranca, quien ve en este primer documento de trabajo un guiño a las «empresas de los agricultores» -las cooperativas- como plataforma para controlar la especulación y la caída de los precios.
Si bien Bruselas no ha detallado aún cómo se van a repartir las subvenciones, Villafranca ya avanza que «las ayudas directas de la PAC han sido una de las causas de la caída de los precios», al ser aprovechadas por la «gran distribución» para regatear con los productos en origen.
Desde Asaja se avanza también algunas de las exigencias que escucharemos en los próximos meses en las mesas de debate, que pasan por que «el presupuesto España debe crecer un 9%».
A priori, el enfoque «verde» que se quiere a la nueva PAC es del gusto de la patronal agraria. Como apunta José María Fresneda, se reconoce el papel fundamental que juegan los agricultores profesionales contra el cambio climático pero, matiza, «todo acaba de empezar» y es necesario que CLM y España defiendan una postura común ante la Comisión.

La Comisión Europea desveló ayer su esperada propuesta para reformar las ayudas de la Política Agrícola Común, más conocida como PAC, en la que se inclina por aumentar las exigencias medioambientales, para incentivar a los productores a que sean más ecológicos.
Un documento de «grandes líneas» que plantea cambios en el reparto de subsidios, pero que deja muchas incógnitas, especialmente sobre su financiación. El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ha querido empezar a sentar las bases, pero es consciente de que la PAC dependerá de las decisiones generales sobre el presupuesto de la UE a partir de 2014, por lo que su propuesta está aún muy abierta, especialmente en los criterios de la distribución de las ayudas.

Más verde y más justa. Bruselas apuesta por una PAC «más equilibrada, más verde y más justa» y que garantice la producción de alimentos, la lucha contra el cambio climático y el mantenimiento de las zonas rurales. Ciolos insistió en que no quiere que la PAC se «revolucione» sino que «evolucione», en un tono mucho más conciliador que otros antecesores suyos en la CE, que años atrás hablaban de mercado y de liberalización, antes de la actual crisis. No obstante, la CE alerta de la necesidad de cambiar la manera de repartir los pagos.
Ahora, las primas se otorgan por hectárea o por explotación, según unas referencias históricas. Ciolos planteó acabar con esas referencias «obsoletas» y en su lugar poner en marcha otro tipo de ayuda, más «verde» o ecológica, que será más cuantiosa si el productor o el ganadero cumple ciertas exigencias medioambientales.
La ayuda estaría compuesta, por una parte, por una prima fija uniforme para una región o un país y tendría otra parte que se concedería vinculada a que el productor o el ganadero cumpla unos «servicios» al medio ambiente (no está claro si la unidad sería la hectárea). Como ejemplo de tales requisitos ecológicos, la CE cita la conservación de pastos, la rotación de cultivos, el barbecho ecológico o la reserva de zonas para fauna y flora.
Por otra parte, la CE pretende igualar el trato a los agricultores de los antiguos y de los nuevos países de la UE, pero si a simple vista esto hace temer menos dinero para España, en la práctica no se puede saber porque los criterios finales están abiertos.
Otra idea que vuelve y que no fructificó en anteriores reformas es limitar las subvenciones que cobran los terratenientes.

Medidas de control. Aunque sin citarlo expresamente, desde la UE se vuelve a hablar de medidas de control del mercado, tras el batacazo de los precios sufrido desde que entró en vigor la última reforma de la PAC, en 2003. Como indican las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, el valor de la producción han caído un 26% desde aquel momento, situándose al nivel de hace casi 20 años.
En cuanto a los controles de calidad, desde el sector en Castilla-La Mancha se advierte de que debe venir por una doble vía: destinando fondos para modernizar y aumentar la productividad, como quieren las cooperativas, y exigiendo «lo mismo» a las exportaciones de terceros países, como insiste Asaja. La Consejería de Agricultura, preguntada por La Tribuna, ha preferido esperar a conocer mejor e l texto.  

En la reunión del Consejo del Agua de la cuenca comunidades y regantes no respaldaron el Esquema de Temas Importantes

19.11.10 – 00:50 –

MANUEL BUITRAGO | MURCIA.

Castilla-La Mancha no acepta que se mantenga en pie la dotación del trasvase

El nuevo plan de cuenca de Segura ha tenido un mal comienzo. El Esquema de Temas importantes (ETI), que es el documento base, recibió ayer el rechazo mayoritario de los miembros del Consejo del Agua de la cuenca.

El informe sólo obtuvo cinco votos a favor de los representantes del Gobierno central. Hubo otras cinco abstenciones y 32 votos en contra de entre los presentes en la sede de la Cámara de Comercio de Murcia. Se contabilizaron otros votos delegados, pero la negativa aplastante, señalan fuentes del Ministerio y del Gobierno murciano.

La Confederación Hidrográfica del Segura no dará marcha atrás y seguirá con los trámites, pese a que el plan ha nacido políticamente muerto y poco consenso.

Dicha votación no es vinculante y el ETI se considera un mero documento de trabajo, apuntan en el organismo de cuenca. En diciembre tienen previsto someter el documento al Comité de Autoridades Competentes. Luego vendrá un plazo de exposición pública y después se redactará el documento final.

El rechazo procede de las comunidades autónomas (Andalucía, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana), los ayuntamientos, los regantes y demás usuarios y los empresarios, entre otros.

El trasvase Tajo-Segura por un lado y la desalinización por el otro aglutinaron la oposición. Castilla-La Mancha no acepta que se mantenga en pie la dotación íntegra del acueducto.

Desalinización

Los regantes y los representantes de los gobiernos de Murcia y de la Comunidad Valenciana, por otra parte, consideran inalcanzable, irreal y muy costoso pretender desalinizar hasta 462 hectómetros cúbicos anuales, que es lo que propone el borrador. En la actualidad, después de seis años del Programa Agua, la producción apenas llega a los 115 hectómetros y sólo se consumen 80.

El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, presente en el Consejo del Agua, manifestó ayer que el nuevo plan del Segura «ha estado muy dirigido desde el principio para eliminar el Trasvase del Ebro y decir que no hace falta».

A su juicio, la presidenta del organismo de cuenca, Rosario Quesada, no ha querido paralizar los trabajos para reconducirlos y adaptarlos a la realidad, a la vista del rechazo que ha suscitado. «Quieren seguir adelante como sea. En los dos últimos años no ha existido diálogo ni negociación. No se han sentado a hablar con el Gobierno regional. Se han limitado a pedir alegaciones y a contestarlas. Lo que ha ocurrido esta mañana ha sido la prueba palmaria del fracaso del Programa Agua», apuntó Cerdá.

Según éste y otros participantes, la mayor parte de la sesión se ha consumido en discutir si se votaba o no. Rosario Quesada confirmó a esta redacción que se había producido dicha votación, que no es vinculante.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha destacado en Cuenca, que el Gobierno regional está consiguiendo materializar sus reivindicaciones en materia hídrica en la cuenca del Tajo.

   A preguntas de los medios, sobre el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, el consejero ha afirmado que están logrando que «el Tajo se planifique teniendo en consideración las necesidades que tiene el propio Tajo, cuidando el río para su propia cuenca.

   Asimismo, ha considerado que el rechazo que ha suscitado el documento en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) indica que el ejecutivo regional está consiguiendo las «justas reivindicaciones» que siempre ha mantenido respecto al Tajo.

   En definitiva, ha dicho, «lo que queremos es que el río Tajo no sea para Castilla la Mancha, sea para todos los pueblos, ciudades y Comunidades Autónomas que están en la cuenca».

   Por último, ha criticado que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, no apoye las reivindicaciones hídricas del Gobierno regional.

La reserva actual de agua de los embalses del Júcar es un 64,6 por ciento superior a la de hace un año y un 121,3 por ciento mayor que la media de los diez últimos años, según el último Informe Hidrológico de Tendencia que ha hecho público hoy la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Los embalses del Júcar disponen de un total de 1.618 hectómetros cúbicos, que equivalen al 48,5 por ciento total de la reserva y suponen un incremento de 635 hectómetros respecto a la misma fecha del año anterior.

El agua embalsada en el conjunto de España en la actualidad se ha incrementado un 58,2 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior» del experimentado en la cuenca del Júcar, que ha crecido un 121,3 por ciento en la última década. EFE

El presidente del Ejecutivo regional, José María Barreda, ha asegurado que cuando Castilla-La Mancha exige que se cumpla la prioridad de la cuenca cedente en materia de agua, «eso no es agredir a nadie, eso es sencillamente defender la ley y el sentido común» y desde luego, ha añadido, «eso lo vamos a mantener pase lo que pase y en todas las circunstancias».

   De este modo, ha asegurado que defenderá con firmeza los derechos que Castilla-La Mancha tiene en materia de agua, con el mismo espíritu de lucha con el que Anchuras (Ciudad Real) defendió hace años su territorio para impedir que allí se construyera un campo de tiro militar.

   Barreda, que ha estado en la localidad, ha hecho referencia a las declaraciones del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que ha expresado su rechazo al Esquema de Temas Importantes (ETI) del Plan Hidrológico del Tajo, aprobado en la Confederación Hidrográfica de dicha cuenca.

   «De forma muy tranquila y completamente en paz quiero decir que vamos a defender los derechos que Castilla-La Mancha tiene cuenca a cuenca, río a río, ahora que se están negociando los planes de cuenca del Tajo, del Segura, y del Júcar», ha manifestado.

   De este modo, ha querido hacer saber a todo el mundo que va a defender de manera eficaz los intereses de los castellano-manchegos e insistió en que «cuando defendemos Castilla-La Mancha no agredimos a nadie».

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de su portavoz, Isabel Rodríguez, ha dicho al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) que no quiere «guerras por el agua» y la pedido «tranquilidad» y «respeto» hacia los castellano-manchegos porque no están «contra murcianos ni valencianos».

   Rodríguez ha respondido así al ser preguntada por las declaraciones hechas este martes por dicho sindicato en las que advertía de que pondrán a todo el sureste «en pie de guerra» si se aprueba el Esquema de Temas Importantes (ETI) del Plan Hidrológico del Tajo en los términos en los que está planteado.

   «No queremos guerras por el agua, nosotros no estamos en guerra, nosotros estamos reivindicando de manera pacífica y serena lo que creemos que es de justicia histórica con nuestro territorio», ha aseverado Rodríguez, que ha recalcado que Castilla-La Mancha está siguiendo los cauces legales y normativos para evidenciar que la región necesita el agua para su desarrollo y para beber.

   Por ello, ha proseguido, «hemos emprendido una serie de acciones desde el ámbito de la política, judicial y legislativo para conseguirlo». «Si eso en Murcia y Valencia lo llaman guerra, pues estaremos en guerra, pero nosotros estamos defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha, y lo estamos haciendo bien, de manera ordenada, siguiendo cada uno de los cauces, y eso es lo que provoca la reacción en la región de Murcia y Valencia», ha declarado.

La organización agraria exige una discriminación positiva para los profesionales del campo, ayudas-estímulo a la producción y a la competitividad y que no se toque el presupuesto

La Comisión europea de Agricultura publicará mañana, con toda probabilidad, el documento con sus consideraciones para la nueva Política Agraria Común y Asaja no se quiere quedar atrás. Ayer presentó un documento con sus propias reflexiones en las que demanda insistentemente el reconocimiento del agricultor a tiempo completo y profesional, las ayudas a la producción y estímulo para la competitividad y que no se toque el presupuesto comunitario para el campo. Son las bases que acordó el Comité Ejecutivo regional de Asaja el pasado 4 de noviembre -al que ha tenido acceso La Tribuna- y que esperan recoja el documento del comisario aunque la esperanza de que eso ocurra es una ‘reflexión’ distinta.
Asaja apuesta por la reforma del régimen de ayudas directas con el fin de lograr una redistribución de los pagos más equilibrada, más sostenible y mejor orientada, que es el segundo de los escenarios que contempla la Comisión Europea entre el mantenimiento del sistema actual con alguna mejora, que «no vale porque el sistema actual no lo acepta la sociedad», y la eliminación total del apoyo a los agricultores «por si cuela», que tampoco contempla la organización, como explicó su secretario general José María Fresneda.
«Entendemos que es lo mejor para Castilla-La Mancha», manifestó, por lo que «nosotros vamos a adelantarnos y damos nuestra posición».

Cambios en las ayudas.
Esa posición contempla un pago básico desacoplado obligatorio para todos los agricultores de cualquier estado miembro o cualquier región de Europa. En segundo lugar un pago ambiental obligatorio, en el que Asaja vuelve a insistir en que se tenga en cuenta al agricultor activo y profesional, «no porque va un día o va tres días tienen que ser los perceptores».
Un pago adicional voluntario vinculado a dificultades específicas del terreno como el clima, y uno adicional acoplado voluntario, para sectores con especiales dificultades. Por último el apoyo a los pequeños agricultores.
En definitiva se haría un mejor reparto de los fondos comunitarios, primando «criterios de profesionalidad, de rentabilidad y de competitividad», para lo que el mantenimiento del presupuesto comunitario debe ser vital como consideró Fresneda, que añadió «yo quiero más, porque hay regiones que perciben tres veces más de lo que percibe Castilla-La Mancha», con lo que también contemplan un paquete de ayudas-estímulo a la producción, la competitividad y una mayor compensación por la aplicación de medidas agroambientales. En materia de gestión de mercados piden mayor control de la calidad de las importaciones, con nuevos instrumentos que creen una red de seguridad alimentaria y eviten la volatilidad de los precios.

«No podemos aguantar otra década de indefinición»
Asaja no quiere un periodo de adaptación a la nueva PAC que se está debatiendo en estos momentos, «nosotros no aceptamos un periodo transitorio largo», dijo José María Fresneda, y explicó que «si tuviera que hacerse para adaptarse, breve, muy breve porque nos ahoga».
«Es necesario que el nuevo sistema comience a aplicarse de manera inmediata», sostuvo el secretario general de Asaja que advirtió del riesgo que eso puede suponer para la seguridad jurídica de los agricultores.
«No podemos permitirnos una nueva década de indefinición, sería terrible para el sector», sentenció Fresneda, del mismo modo que clamó por que no hubiera «ni cambios continuos, ni cambios de orientación o más chequeos médicos, más chequeos ya no».

Unidad de acción.
En el intervalo de la publicación del documento de reflexiones por el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, y la primera propuesta de reglamento de la PAC que podría florecer la próxima primavera, se producirá el grueso de las negociaciones entre países. Es aquí donde Asaja demanda una postura firme por parte del Ministerio y del Gobierno regional, para lo que exigen una «postura nacional, única y uniforme», ya que a día de hoy no existe un modelo de política agraria nacional, lamentó Fresneda, «como tiene las grandes potencias en agricultura», reconoció.
Esa unidad de acción, necesaria según Asaja para fortalecer la postura en las negociaciones, no descarta que las medidas que se aprueben a nivel comunitario puedan tener un desarrollo regionalizado.