La Comunitat cierra el jueves un año hidrológico incomparable. Hay que remontarse décadas atrás para encontrar datos de agua embalsada tan positivos. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de cuyos ríos se nutre gran parte del territorio valenciano, deja atrás un ejercicio de tranquilidad, sin tensiones de ningún tipo entre los diferentes usuarios, algo impensable cuatro años antes.

Sólo como botón de muestra, ha habido reserva suficiente para transferir durante meses un metro cúbico de agua del Turia a la Albufera, algo que no sucedía de forma continua desde hace seis años. De esta forma, se reduce la aportación del caudal depurado de Pinedo, limpio pero con fósforo y nitratos, en favor del agua viva del río.

La reserva hídrica prácticamente se ha duplicado a lo largo del año hidrológico (de octubre a septiembre). En la actualidad, los pantanos de la Confederación acumulan 1.623 hectómetros cúbicos, lo que significa que se encuentran al 48,7% de capacidad. Hace semanas el nivel llegó a ser mayor (la pasada se situó en el 49,1%), debido a que la Confederación reduce el volumen de embalsamiento al final del ejercicio, una medida que tiene mucho que ver con la seguridad de cara a frenar posibles avenidas como consecuencia de las lluvias torrenciales del otoño.

En cambio, al final del año hidrológico 2008-2009, el nivel de agua se situaba en un 28,1%. Y ya entonces se determinó el fin de la sequía que tanta tensión causó en los ejercicios anteriores. Además, el dato es bueno se mire por donde se mire. La media de los últimos cinco años es de un 19,3% de agua almacenada en todas las presas de la cuenca, y en los últimos diez, del 21,1%.

La principal causa de la bonanza han sido las precipitaciones, tal y como explican desde el organismo regulador de la cuenca. No es que en otros años no haya llovido, sino que en esta ocasión ha caído donde debía. «El balance que debemos hacer es positivo tras años de recuperación», explica Federico Bonet, el director técnico de la CHJ. «Ha influido la distribución geográfica de la precipitación, pues ha llovido más en las cabeceras de los ríos (que es donde se concentran los pantanos)», señala, lo que hace prever un nuevo año de tranquilidad hidrológica, al menos, desde el punto de vista técnico. De hecho, las reservas actuales darán tranquilidad al abastecimiento para los próximos dos años, teniendo en cuenta las previsiones iniciales.

La recuperación respecto a la época de sequía es más que palpable, como se aprecia en el gráfico adjunto. Por ejemplo, entre 2005 y 2007 el almacenamiento total, en 22 pantanos, no superó los 616 hectómetros cúbicos (18,4%), mientras que en la actualidad, sólo Alarcón, el más grande de los que suministran a la Comunitat, suma 568.

De hecho, los embalses más importantes han conseguido reservas muy buenas, que en el caso de Contreras y Alarcón, son las mejores del siglo XXI.

A juicio de Bonet, las medidas adoptadas por los diferentes actores del agua también han influido en la situación actual. «Un ejemplo es Valencia, que en los últimos cuatro o cinco años ha reducido su consumo, lo que también indica que hay una mayor concienciación, mientras que además se ha producido un esfuerzo importante en la modernización de los regadíos», señala el director técnico. Al fin y al cabo, el uso agrario es el que más cantidad de agua precisa.

Agua en el nuevo cauce

Una de las consecuencias más llamativas de la bonanza hidrológica se ha podido comprobar en el nuevo cauce del Turia, que durante muchos de los meses de 2010 ha estado llevando el agua que ni el pantano de Benagéber ni el de Loriguilla han podido embalsar. Se trata de una imagen más que difícil de ver. En el caso del primero, se debe a que ha estado técnicamente lleno durante buena parte del año, y en el del segundo, a que las deficiencias de la vieja infraestructura impiden, por seguridad, un mayor porcentaje de llenado.

Precisamente, Bonet explicó que la previsión es que los trabajos de mejora de los embalses como el de Loriguilla estén terminados a mediados del año que viene. En este caso, a los problemas del desagüe de fondo, que se solventarán con la intervención, hay que añadir las filtraciones que se producían en una de las laderas, lo que suponía un riesgo en caso de avenida.

La solución llegó con la inyección de cemento en las grietas, lo que ha permitido incrementar el agua embalsada en siete hectómetros cúbicos por encima del límite de seguridad, situado en 23.

La tranquilidad que garantiza el incremento espectacular de las reservas de agua no se ha trasladado a la arena política, donde se mantienen las continuas exigencias políticas de las comunidades autónomas. Si bien este año la reivindicación histórica del trasvase del Ebro todavía se ha podido escuchar de forma periódica, la batalla se ha librado en torno al trasvase Tajo-Segura, que garantiza la supervivencia de los regadíos del sur de Alicante y Murcia.

El enfrentamiento más crudo llegó con la intención del Gobierno socialista de Castilla-la Mancha de crear una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos de sus ríos en su Estatuto de autonomía, lo que en la práctica anulaba el citado trasvase. Al final, el Estatuto no salió adelante, si bien el equipo de José María Barreda pretende impulsar una ley en el Congreso que recoja sus aspiraciones hídricas.

Además, existe el temor de que se reduzca el agua que llega del Tajo con el futuro plan de cuenca del río, que plantea aumentar el caudal ecológico y las reservas para la propia región, por no hablar del lento avance de las desaladoras del plan Agua, alternativa al trasvase del Ebro.

El presidente de Castilla²-La Mancha, José María Barreda³, aseguró este sábado en referencia a las reivindicaciones de nuestra Comunidad Autónoma respecto al agua que “vamos ganando terreno, porque estamos cargados de razón”. “Cada vez son más escuchadas nuestras razones”, añadió, al tiempo que insistió en que “tenemos que librar la batalla de la defensa del agua y de nuestros intereses, haciendo valer que tenemos derechos que nos asisten”.

Barreda hacía estas manifestaciones en Buendía (Cuenca), donde inauguró las obras de rehabilitación de la Ermita de ‘Nuestra Señora de los Desamparados’, en un paraje ubicado en la margen derecha del río Guadiela y a escasos metros del embalse de Bolarque.

El jefe del Ejecutivo regional subrayó que “mantenemos nuestra reivindicación” para que podamos tener agua en el entorno de nuestros pueblos. Por ello, a los alcaldes de los municipios ribereños que luchan por conseguir una lámina permanente de agua les dijo que “siempre tendréis en mí un aliado, un cómplice, alguien que va a luchar permanentemente por vosotros”.

Día del Emigrante

La inauguración de estas obras se ha hecho coincidir con la celebración del Día del Emigrante, una jornada instaurada por el Ayuntamiento de Buendía desde el año 2006. “Es una buena idea celebrar este día”, manifestó el presidente Barreda, recordando que en torno a un millón de castellano-manchegos, muchos de ellos de la comarca de La Alcarria, tuvieron que emigrar en los años 50 porque veían como las tierras más fértiles de nuestros pueblos estaban siendo anegadas por las aguas de los pantanos y las inversiones se hacían en otros lugares.

En este contexto, el máximo responsable del Ejecutivo regional reivindicó que “ahora tenemos Autonomía y por eso muchas cosas están cambiando, porque somos los responsables de nosotros mismos”.

Por su parte, el alcalde de Buendía, Vicente Obispo, se declaró defensor de nuestros embalses y agradeció al presidente Barreda el haber estado siempre de su lado en la defensa de lo que, dijo, “es nuestro”.

Una jornada festiva

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, compartió esta jornada festiva junto a más de medio millar de personas, que concluyeron de esta celebración con la degustación de calderetas elaboradas por los vecinos y vecinas del pueblo.

Todos ellos han coincidido a la hora de mostrar su satisfacción por la rehabilitación de la Ermita de ‘Nuestra Señora de los Desamparados’ y sus alrededores, puesto que además este lugar acoge a la Virgen de los Desamparados desde el primer sábado de septiembre hasta el segundo sábado de mayo, cuando es llevada en procesión hasta el pueblo.

En el verano de 2003 la Sierra de Enmedio sufrió un incendio que afectó no sólo a la ermita, sino también a un entorno con alto valor medioambiental y con un extraordinario atractivo turístico. Con la ayuda del Gobierno regional se consiguió rehabilitar el paraje y sus instalaciones, con el ensanchamiento y acondicionamiento del camino desde la presa hasta la misma ermita.

Se rehabilitó el puente que atraviesa el Guadiela, se reparó la propia ermita y su patio, y se dotó al lugar de servicios y merenderos para el uso y disfrute de todos los vecinos y visitantes. En total, se realizó una inversión de casi un millón y medio de euros.

A las eléctricas se les hace inviable ya continuar soportando en sus balances el déficit de tarifa -cantidad que se debe a estas compañías por retrasar las subidas tarifarias necesarias-.

Pero el Gobierno, lejos de solucionar el problema ha fijado la congelación de la única parte del recibo de la luz que regula y se limitará a trasladar a la tarifa un alza del 4,8% por el encarecimiento de la energía, a sabiendas de que con esta maniobra el desajuste eléctrico se disparará hasta en 2.000 millones más. Por ello, el sector se ha puesto en pie de guerra y estudia denunciar ante el Tribunal Supremo la política tarifaria.

Fuentes del sector explicaron a elEconomista que Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.ON analizan todas las posibilidades sobre plantear un recurso contra el Gobierno, de forma individual e incluso a través de la patronal Unesa, como se ha hecho en otras ocasiones.

Pero lo relevante en esta ocasión es que estas compañías podrían llegar a denunciar al Ministerio de Industria por prevaricación, en tanto que el departamento que dirige Miguel Sebastián está perjudicando al sector e incluso ha hecho un cálculo del daño a las empresas, en un momento donde se intenta solucionar el déficit de tarifa, que asciende ya a 17.624 millones de euros.

Estas compañías utilizarán, si finalmente formulan la denuncia, la nota informativa que envió Industria por error a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para solicitar un informe sobre el borrador de tarifas donde se incluía la congelación de los peajes y que todavía está siendo valorado por este organismo.

En este documento adjunto al mencionado borrador, Industria especificaba que esta medida provocaría un nuevo desajuste de entre 1.247 y 1.905 millones de euros en la cuenta del déficit tarifario para el año 2010 si se contabilizan los extracostes de las energías renovables y de la distribución.

Con todo, las eléctricas entienden que el Ejecutivo está incumpliendo la ley y los compromisos acordados con el sector, ya que se promulgó un decreto que fijaba unos límites para el déficit de tarifa de forma que este año se cerrara a 3.000 millones de euros y el próximo en 2.000 millones, de tal forma que en 2011 el desajuste tan sólo fuera de 1.000 millones.

Sin embargo, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) denunció ayer que la subida en un 4,8 por ciento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz en octubre no es suficiente para contener el déficit de tarifa, que este año podría situarse en entre 4.500 millones y 5.000 millones de euros, informa Ep.

Según estos datos, se rebasaría el límite de los 3.000 millones de este año y se dispararía en hasta 2.000 millones más, tal y como adelanto elEconomista. Estas cantidades han hecho que el Ministerio de Economía haya sido previsor y haya propuesto la emisión de 25.000 millones en el folleto para la colocación del déficit en los mercados financieros. Esta cantidad supone 5.000 millones más de lo previsto.

Según Industria, la ampliación de la cobertura no es consecuencia de que se vayan a subir los límites fijados para el déficit de tarifa, sino a las posibles refinanciaciones.

Daño a los consumidores

En el otro lado, se encuentran los consumidores que tendrán que pagar ahora los retrasos del Gobierno a la hora de actuar. El Ejecutivo continúa aplazando las subidas necesarias hasta que la bola de nieve se ha hecho inabarcable. ¿Cuál es el resultado? En las próximas revisiones, el Gobierno tendrá que sumar una parte para financiar el desajuste eléctrico, además de las alzas que correspondan por el precio de la energía.

De momento, para la revisión de octubre el recibo subirá un 4,8%, como consecuencia de los resultados de la subasta celebrada el pasado martes. Para realizar este cálculo, el Ministerio toma el precio del producto base y el de producto punta (incrementos del 4,9 y 5,4%, respectivamente) y, al aplicar las curvas de demanda del cuatrimestre para las tarifas con y sin discriminación horaria, resulta el componente de energía de las mismas.

A estos se le suman los servicios complementarios, garantía de potencia y margen comercial. Por último, se incorporan los peajes (que se han congelado). Con todo, la subasta se disparó un 11% y, teniendo en cuenta que este índice supone la mitad del recibo eléctrico, la luz debería haber subido un 5,6%, pero Industria lo rebajó hasta el 4,8% y esto tampoco ha gustado a las eléctricas.

La subida de la tarifa eléctrica para un consumidor doméstico que no utilice la electricidad para cocinar ni calefacción o aire acondicionado supondrá unos 3 euros más al mes tras conocerse que a partir del próximo 1 de octubre el recibo de la luz subirá un 4,8%. El problema es, según denuncian las asociaciones de consumidores, que en los últimos tres años acumula un alza del precio de más del 30% y, tal y como señalan los analistas, la subida de octubre no será ni la última, ni la más grande, pues se espera un incremento de al menos el 15% el próximo año, aunque el sector reclama un 40%.

Un cálculo hecho por la asociación de consumidores Facua señala que la conocida como Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, la que utilizan unos 26 millones de clientes, todos domésticos y pymes, acumula un encarecimiento superior al 30% en los últimos tres años. No hay que olvidar que este año la tarifa ya subió en enero, un 2,6%, y que en julio se le añadió el incremento del IVA, del 16% al 18% que, si bien no se recoge en la TUR, sí lo hace en el recibo final que pagan las familias.

Para la asociación de consumidores, la subida del precio de la energía eléctrica es «desproporcionada e injustificada». Facua acusa al Ministerio de Industria que dirige Miguel Sebastián de «plegarse» a los intereses empresariales al dar luz verde a una subida que «lesiona los intereses económicos y los derechos de los usuarios».

Facua carga contra el Ministerio de Industria por lo que considera «opacidad informativa» por limitarse a difundir un comunicado anunciando la subida de tarifa en octubre, destacando que el alza media por hogar será, a nivel del Estado español, de 1,75 euros, sin especificar «cuáles son las características de ese supuesto usuario medio, en potencia contratada y kilovatios por hora consumidos, ni si la cantidad incluye o no los impuestos indirectos».

El problema es que las cifras, según el déficit de tarifa -que es la diferencia entre el monto total recaudado por las tarifas integrales y tarifas de acceso (que fija la Administración y que pagan los consumidores por sus suministros regulados y competitivos, respectivamente) y los costes reales asociados a dichas tarifas (costes de adquisición de la energía para las tarifas integrales, de transportar, distribuir o subvencionar determinadas energías como las renovables)-, muestran que los consumidores domésticos no pagan al momento el verdadero coste de la energía, un bien escaso, sino que se abona a plazos a través del citado déficit que tiene que avalar el Estado ante las compañías eléctricas. Y, si el déficit suma ya más de 2.600 millones de euros este año y el sector cree que superará al menos los 4.000 millones a cierre del ejercicio, es que algo no funciona bien.

Sube 6 veces más que el IPC La organización vasca de consumidores EKA-OCUV ha considerado «injustificada e inaceptable» la subida del recibo de la luz, «más aún en un momento de crisis como el actual».

Con esta nueva subida, según la organización de consumidores, la energía eléctrica se encarece ya un 10% en lo que va de año, es decir, «seis veces más que lo que subió el IPC (1,6%) en el segundo trimestre, y 25 veces más que lo que crecieron de media los salarios (0,4%) en dicho periodo». Desde julio de 2007 a enero de 2010, en dos años y medio, la electricidad se ha encarecido un 26%, mientras el IPC acumulado fue del 4,2%.

El responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, afirmó que el precio de la energía «no viene del cielo», sino de «una política aplicada por el Gobierno Zapatero», y que en este caso los «planteamientos ideológicos, el cueste lo que cueste«, han conducido a que la electricidad haya subido un 70% con el actual Ejecutivo español.

El consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, señaló esta mañana que la repercusión media que la subida del precio de la electricidad, a partir del próximo 1 de octubre, tendrá sobre los bolsillos de los consumidores será de 1,7 euros al mes.  

«Es muy difícil cuantificar en cuánto dinero se traduce la subida para los ciudadanos, ya que hay familias que pagan treinta euros al mes y otras que pagan 300 euros. Pero la estadística dice que la repercusión media será de 1,7 euros al mes», precisó Navarro.

Al principio de sus declaraciones, el consejero explicó que la subida del precio de la electricidad, anunciada para el 1 de octubre, se refiere concretamente a la tarifa de ‘último recurso’, tarifa que tienen más de 27 millones hogares españoles, y que en Extremadura la tienen más de quince mil hogares.

En este sentido, detalló que la subida es del 0,5 por ciento para los que no tienen discriminación horaria y del tres por ciento para los que sí tienen discriminación horaria (un precio diferente según la hora del día).

Así, detalló que la tarifa de último recurso es la suma de dos componentes. Por un lado, una tarifa que la fija el Gobierno, la cual no se ha tocado. Y otro componente a tener en cuenta es el precio de la electricidad en el mercado libre de la misma, donde se hacen subastas, y en la última celebrada, el precio estuvo más alto que hace tres meses.

«Y por eso, a pesar de que el Ministerio de Industria ha congelado la parte de la tarifa que le corresponde fijar, hay otra parte que es el puro mercado, donde si sube el precio de la electricidad, se traduce en una subida al consumidor», matizó Navarro.

Sin embargo, esta subida de la luz a partir del 1 de octubre no afectará a aquellas familias que tienen contratado el bono social, que en Extremadura sobrepasa los cien mil hogares.

NO AFECTA A LOS REGANTES

Asimismo, Navarro aseguró que esta subida de la electricidad no afectará a los regantes, ya que la tarifa que se incrementa es la de ‘último recurso’, que es sólo para consumos con una potencia máxima de diez kilowatios, y los riegos, en su inmensa mayoría, están fuera de esa tarifa.

«Sí es cierto que desde que se ha producido la liberalización del sector eléctrico, hay una queja por parte de los regantes sobre que la repercusión del coste de la electricidad les es difícilmente soportable. Y en esta línea, vienen trabajando los Ministerios de Industria y de Agricultura, con el fin de buscar algún mecanismo que permita la viabilidad de las explotaciones agrícolas de regadío», concluyó diciendo el consejero.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha reclamado hoy que se refuercen las competencias estatales en materia de aguas para que la administración central se encargue de planificar todas las cuencas del territorio español y garantice los intereses generales.

Así lo ha indicado en un comunicado el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, a raíz de la divulgación del documento «Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social», elaborado por el grupo parlamentario socialista.

El texto presentado por el PSOE, que propone crear un «Ente Gestor Global dependiente de la Administración General del Estado que coordine todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas», asegura que la gestión del agua no se hará atendiendo a «fronteras territoriales», sino que existirá una «gestión única e integrada de las demarcaciones por cuencas geográficas naturales».

Del Campo ha subrayado que la petición de reforzar las competencias estatales del agua no es «nueva» para los regantes, que insisten en la necesidad de combatir la «territorialización» de la gestión del agua, después de que los estatutos catalán y aragonés plantearan el «blindaje» del Ebro.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la Constitución Española dicta que la administración de las cuencas que discurren por más de una Comunidad corresponde en exclusiva al Estado.

Para Del Campo, es «inconcebible» que se fracture el principio de unidad de cuenca para dar paso a un «modelo insolidario» que divide los ríos de forma «artificial» por tramos autonómicos y genera «guerras del agua» entre las comunidades.

Además, ha reiterado su respeto «absoluto» al principio de unidad de las cuencas y a las confederaciones hidrográficas como instituciones consolidadas en las que participan «sin extralimitarse en sus competencias» todos los usuarios y agentes interesados en la gestión del agua

EFE.- La Asociación Rural de Trabajadores Autónomos de Castilla y León (ARTACYL) y la organización agraria de la que depende, ASAJA, han pedido hoy, en un comunicado, que «la normalidad sea la tónica dominante» el próximo miércoles 29.

«Los sindicatos de clase UGT y CC.OO. nunca se han preocupado de los problemas del campo ni tampoco lo han hecho de los problemas del medio rural, lugar en el que ni han estado, ni están, ni se les espera», han criticado.

«El medio rural no les debe nada y no quiere ser cómplice de una convocatoria hecha más para justificarse en su papel que para solucionar problemas», han añadido.

ASAJA y ARTACYL han demandado que «se respete el derecho de los trabajadores a trabajar y de los empresarios agroalimentarios a tener abiertas sus plantas fabriles».

Por ello, esperan que transcurran «con normalidad» las campañas agrícolas propias de la época, como la recogida de la patata, de la uva o de hortalizas, «y particularmente la recogida y procesado de la leche y otros productos ganaderos que son perecederos».