La subida de la tarifa eléctrica para un consumidor doméstico que no utilice la electricidad para cocinar ni calefacción o aire acondicionado supondrá unos 3 euros más al mes tras conocerse que a partir del próximo 1 de octubre el recibo de la luz subirá un 4,8%. El problema es, según denuncian las asociaciones de consumidores, que en los últimos tres años acumula un alza del precio de más del 30% y, tal y como señalan los analistas, la subida de octubre no será ni la última, ni la más grande, pues se espera un incremento de al menos el 15% el próximo año, aunque el sector reclama un 40%.

Un cálculo hecho por la asociación de consumidores Facua señala que la conocida como Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, la que utilizan unos 26 millones de clientes, todos domésticos y pymes, acumula un encarecimiento superior al 30% en los últimos tres años. No hay que olvidar que este año la tarifa ya subió en enero, un 2,6%, y que en julio se le añadió el incremento del IVA, del 16% al 18% que, si bien no se recoge en la TUR, sí lo hace en el recibo final que pagan las familias.

Para la asociación de consumidores, la subida del precio de la energía eléctrica es «desproporcionada e injustificada». Facua acusa al Ministerio de Industria que dirige Miguel Sebastián de «plegarse» a los intereses empresariales al dar luz verde a una subida que «lesiona los intereses económicos y los derechos de los usuarios».

Facua carga contra el Ministerio de Industria por lo que considera «opacidad informativa» por limitarse a difundir un comunicado anunciando la subida de tarifa en octubre, destacando que el alza media por hogar será, a nivel del Estado español, de 1,75 euros, sin especificar «cuáles son las características de ese supuesto usuario medio, en potencia contratada y kilovatios por hora consumidos, ni si la cantidad incluye o no los impuestos indirectos».

El problema es que las cifras, según el déficit de tarifa -que es la diferencia entre el monto total recaudado por las tarifas integrales y tarifas de acceso (que fija la Administración y que pagan los consumidores por sus suministros regulados y competitivos, respectivamente) y los costes reales asociados a dichas tarifas (costes de adquisición de la energía para las tarifas integrales, de transportar, distribuir o subvencionar determinadas energías como las renovables)-, muestran que los consumidores domésticos no pagan al momento el verdadero coste de la energía, un bien escaso, sino que se abona a plazos a través del citado déficit que tiene que avalar el Estado ante las compañías eléctricas. Y, si el déficit suma ya más de 2.600 millones de euros este año y el sector cree que superará al menos los 4.000 millones a cierre del ejercicio, es que algo no funciona bien.

Sube 6 veces más que el IPC La organización vasca de consumidores EKA-OCUV ha considerado «injustificada e inaceptable» la subida del recibo de la luz, «más aún en un momento de crisis como el actual».

Con esta nueva subida, según la organización de consumidores, la energía eléctrica se encarece ya un 10% en lo que va de año, es decir, «seis veces más que lo que subió el IPC (1,6%) en el segundo trimestre, y 25 veces más que lo que crecieron de media los salarios (0,4%) en dicho periodo». Desde julio de 2007 a enero de 2010, en dos años y medio, la electricidad se ha encarecido un 26%, mientras el IPC acumulado fue del 4,2%.

El responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, afirmó que el precio de la energía «no viene del cielo», sino de «una política aplicada por el Gobierno Zapatero», y que en este caso los «planteamientos ideológicos, el cueste lo que cueste«, han conducido a que la electricidad haya subido un 70% con el actual Ejecutivo español.

El consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, señaló esta mañana que la repercusión media que la subida del precio de la electricidad, a partir del próximo 1 de octubre, tendrá sobre los bolsillos de los consumidores será de 1,7 euros al mes.  

«Es muy difícil cuantificar en cuánto dinero se traduce la subida para los ciudadanos, ya que hay familias que pagan treinta euros al mes y otras que pagan 300 euros. Pero la estadística dice que la repercusión media será de 1,7 euros al mes», precisó Navarro.

Al principio de sus declaraciones, el consejero explicó que la subida del precio de la electricidad, anunciada para el 1 de octubre, se refiere concretamente a la tarifa de ‘último recurso’, tarifa que tienen más de 27 millones hogares españoles, y que en Extremadura la tienen más de quince mil hogares.

En este sentido, detalló que la subida es del 0,5 por ciento para los que no tienen discriminación horaria y del tres por ciento para los que sí tienen discriminación horaria (un precio diferente según la hora del día).

Así, detalló que la tarifa de último recurso es la suma de dos componentes. Por un lado, una tarifa que la fija el Gobierno, la cual no se ha tocado. Y otro componente a tener en cuenta es el precio de la electricidad en el mercado libre de la misma, donde se hacen subastas, y en la última celebrada, el precio estuvo más alto que hace tres meses.

«Y por eso, a pesar de que el Ministerio de Industria ha congelado la parte de la tarifa que le corresponde fijar, hay otra parte que es el puro mercado, donde si sube el precio de la electricidad, se traduce en una subida al consumidor», matizó Navarro.

Sin embargo, esta subida de la luz a partir del 1 de octubre no afectará a aquellas familias que tienen contratado el bono social, que en Extremadura sobrepasa los cien mil hogares.

NO AFECTA A LOS REGANTES

Asimismo, Navarro aseguró que esta subida de la electricidad no afectará a los regantes, ya que la tarifa que se incrementa es la de ‘último recurso’, que es sólo para consumos con una potencia máxima de diez kilowatios, y los riegos, en su inmensa mayoría, están fuera de esa tarifa.

«Sí es cierto que desde que se ha producido la liberalización del sector eléctrico, hay una queja por parte de los regantes sobre que la repercusión del coste de la electricidad les es difícilmente soportable. Y en esta línea, vienen trabajando los Ministerios de Industria y de Agricultura, con el fin de buscar algún mecanismo que permita la viabilidad de las explotaciones agrícolas de regadío», concluyó diciendo el consejero.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha reclamado hoy que se refuercen las competencias estatales en materia de aguas para que la administración central se encargue de planificar todas las cuencas del territorio español y garantice los intereses generales.

Así lo ha indicado en un comunicado el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, a raíz de la divulgación del documento «Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social», elaborado por el grupo parlamentario socialista.

El texto presentado por el PSOE, que propone crear un «Ente Gestor Global dependiente de la Administración General del Estado que coordine todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas», asegura que la gestión del agua no se hará atendiendo a «fronteras territoriales», sino que existirá una «gestión única e integrada de las demarcaciones por cuencas geográficas naturales».

Del Campo ha subrayado que la petición de reforzar las competencias estatales del agua no es «nueva» para los regantes, que insisten en la necesidad de combatir la «territorialización» de la gestión del agua, después de que los estatutos catalán y aragonés plantearan el «blindaje» del Ebro.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la Constitución Española dicta que la administración de las cuencas que discurren por más de una Comunidad corresponde en exclusiva al Estado.

Para Del Campo, es «inconcebible» que se fracture el principio de unidad de cuenca para dar paso a un «modelo insolidario» que divide los ríos de forma «artificial» por tramos autonómicos y genera «guerras del agua» entre las comunidades.

Además, ha reiterado su respeto «absoluto» al principio de unidad de las cuencas y a las confederaciones hidrográficas como instituciones consolidadas en las que participan «sin extralimitarse en sus competencias» todos los usuarios y agentes interesados en la gestión del agua

EFE.- La Asociación Rural de Trabajadores Autónomos de Castilla y León (ARTACYL) y la organización agraria de la que depende, ASAJA, han pedido hoy, en un comunicado, que «la normalidad sea la tónica dominante» el próximo miércoles 29.

«Los sindicatos de clase UGT y CC.OO. nunca se han preocupado de los problemas del campo ni tampoco lo han hecho de los problemas del medio rural, lugar en el que ni han estado, ni están, ni se les espera», han criticado.

«El medio rural no les debe nada y no quiere ser cómplice de una convocatoria hecha más para justificarse en su papel que para solucionar problemas», han añadido.

ASAJA y ARTACYL han demandado que «se respete el derecho de los trabajadores a trabajar y de los empresarios agroalimentarios a tener abiertas sus plantas fabriles».

Por ello, esperan que transcurran «con normalidad» las campañas agrícolas propias de la época, como la recogida de la patata, de la uva o de hortalizas, «y particularmente la recogida y procesado de la leche y otros productos ganaderos que son perecederos».

 El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha dado este miércoles la «bienvenida» a la propuesta que ha lanzado el Partido Socialista de crear una entidad gestora de los ríos con la que, a su juicio, se abre «un periodo de reflexión» que «debe atender las demandas de la sociedad».

   Durante la presentación en el Palacio de Zurbano de Madrid del III Congreso Internacional ‘El Canal de Castilla. El agua que nos une’ que se celebrará del 20 al 22 de octubre en Palencia, Puxeu ha considerado que se debe continuar la senda de los últimos años para «asegurar el abastecimiento y la calidad de las aguas y el cumplimiento de la directiva marco comunitaria».

   No obstante, Puxeu ha destacado que el Estado autonómico cuenta con un marco singular «muy eficiente», unas competencias «bien definidas» además de «unos estatutos de nueva generación que también indican el marco en el que debemos movernos en la gestión de las distintas competencias».

   «Las discusiones de en que ámbito están muy prefijadas en nuestra legislación de aguas, la directiva marco de aguas y una voluntad muy amplia y consensuada de llegar a acuerdos en la gestión. No se oculta que detrás de la discusión de la gestión de un recurso vital para el desarrollo, para la economía y para el medio ambiente, hay un debate territorial», ha añadido.

   «Ese es el escenario», ha señalado para añadir que a partir de ahí el Partido Socialista da, a su juicio, apoyo al Gobierno y lanza una idea de como gestionar un recurso  «en el que por lo visto puede conseguir consensos en medio y largo plazo».

   Por su parte, ha asegurado que la Administración General del Estado seguirá «con el día a día, gestión y eficacia en las inversiones» atendiendo «muy de cerca» que ese proceso vaya por ese camino» pues, a su juico, lo fácil en el debate del agua es «ir a la confrontación y a la discrepancia» mientras que lo que los ciudadanos reclaman es «buena gestión, eficiencia y seriedad».

   «Por tanto, doy la bienvenida al debate y periodo de reflexión que espero que sea duradero para el bien de todos los ciudadanos», ha concluido.

El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, se mostró «satisfecho» con la propuesta que presentó el lunes el PSOE, que recoge la creación de un ente gestor dependiente de la Administración del Estado que coordine la gestión de todas las cuencas hidrográficas y que pueda resolver conflictos en caso de disputas entre comunidades.
La idea aparece reflejada en el documento ‘Gestión sostenible del agua. Hacia un gran pacto social’. «El partido que apoya al Gobierno ha lanzado una idea que por lo que veo puede conseguir consensos a medio y largo plazo en el debate general de cómo hay que gestionar este recurso fundamental para la economía. Por tanto la iniciativa ha de ser bienvenida», subrayó Puxeu.
La propuesta de este nuevo organismo que marque una política de Estado en materia de agua llega después de que el Estatuto de Castilla-La Mancha encallara en el Congreso por sus aspiraciones de participar tanto de los órganos de gobierno de los organismos de cuenca como en la planificación y gestión hidrológica del Tajo. Unas aspiraciones que sí consiguieron, por ejemplo, regiones como Andalucía con el Guadalquivir o Castilla y León con el Duero. La iniciativa del PSOE, que esconde el germen de un pacto de Estado sobre el Agua, choca ahora tanto con los Estatutos de Castilla y León y Aragón como con la intención del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunciada en el debate sobre el Estado de la región, de llevar al Congreso una proposición de Ley que recoja todas las aspiraciones que en materia de agua contenía el Estatuto.
«Lo fácil en el debate del agua es ir a la confrontación, la discrepancia y el barullo, pero los ciudadanos lo que reclaman son soluciones, buena gestión, eficacia y seriedad», subrayó Puxeu, que entiende que en el debate sobre el agua, que en España sigue «abierto», existe también otro de carácter territorial. Por todo ello, el Secretario de Estado quiso dejar claro que el Ministerio está siendo «completamente respetuoso con el ordenamiento constitucional y competencial», aunque recordó que «la gestión del agua es algo que nos afecta a todos y en la que todos estamos implicados».
«Espero que este proceso de reflexión sea duradero y real por el bien de todos los españoles», sentenció el secretario de Estado.    

La infraestructura, que tiene una capacidad en torno a los 500 metros cúbicos, ha supuesto una inversión de 270.000 euros

El depósito de agua tiene una capacidad de 500 metros cúbico

Ayuntamiento

V.M.

La población de La Herrera, enclavada en la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, estrenará en los próximos días un nuevo depósito de agua que garantizará el suministro de sus cerca de 400 habitantes censados. Su alcalde, Pablo Escobar Vázquez, nos desveló que el coste de la infraestructura asciende a 270.000 euros, de los que la Diputación aportó 250.000. El Ayuntamiento está pendiente ahora de instalar un descalcificador, muy necesario por la dureza del agua en esta zona, cuyos 20.000 euros serán costeados con fondos propios. «El nuevo depósito posee una capacidad de 500 metros cúbicos y el antiguo, de sólo 50 metros cúbicos, permanecerá de reserva para posibles casos de emergencia», precisaba el regidor popular.
Actualmente, la Corporación está acometiendo el arreglo de una de las principales arterias de la población, la calle Mayor, con cargo a los fondos de Diputación. «Este año recibimos 30.000 euros para continuar con las obras de acerado, pavimentación, acometidas de agua potable, sustitución de tuberías e instalación de un sistema que separa las aguas pluviales de las fecales; el presupuesto global es de 130.000 euros y prácticamente se han realizado ya estas actuaciones en la mitad de la calle».
Escobar recordó también otra infraestructura recientemente concluida, una pista polideportiva enmarcada dentro del Plan de Instalaciones Deportivas 2007-2010 del Gobierno regional, con una inversión de 40.000 euros.

Plan de ordenación. En este punto, el alcalde de La Herrera pasó a comentarnos el proyecto más importante para el municipio, que no es otro que sacar adelante el Plan de Ordenación Urbana, «porque muchas actuaciones futuras dependen del mismo, por ejemplo el polígono agroindustrial».
«Comenzamos con el proyecto hace prácticamente cinco años y, tras ser aprobado inicialmente, estamos a la espera de recibir de Urbanismo un tercer informe para su definitiva aprobación a para introducir algún otro tipo de corrección, como ya hicimos en dos ocasiones anteriores», añade.  

El diputado regional del PSOE Antonio Salinas puso ayer en valor dos proyectos “lógicos y legítimos” ligados al agua para Castilla-La Mancha y para la provincia de Ciudad Real que permitirán asegurar el abastecimiento a la población de cara al futuro en condiciones de “calidad y cantidad adecuadas”.

Por un lado, Salinas mencionaba el plan de conducción de agua desde el acueducto Tajo-Segura a la Llanura Manchega para “corregir una situación de déficit” y para garantizar los abastecimientos a las poblaciones por más de una vía. Además, la gran tubería y sus respectivos ramales llevan implícita otra cuestión que considera importante, como es el hecho de que el agua llegará ya potabilizada desde la cabecera a los depósitos de agua de los municipios beneficiarios, 2con el ahorro de costes que ello supone”.

En este sentido, el diputado regional del PSOE se congratulaba de la importante noticia anunciada por el Consejo de Ministros con la aprobación de 84 millones de euros para la ejecución de ramales secundarios.

Por otro lado, el dirigente socialista se refirió al Plan Especial del Alto Guadiana, proyecto ambicioso de largo recorrido que tiene como objetivo corregir el desequilibrio hídrico del Alto Guadiana “compatibilizando el desarrollo y la conservación medioambiental a la vez que se contribuye a la recuperación de las Tablas de Daimiel.

Ante estas medidas en materia hídrica, Salinas comparó dos posiciones opuestas. Una, la del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, “defendiendo, impulsando y desarrollando estos proyectos”. Y otra, la de los dirigentes del Partido Popular, con Cospedal a la cabeza, “de freno, torpedeo y paralización”.

Como ejemplo de esta oposición, Salinas recordaba la estrategia que según el PSOE llevó a cabo la propia Cospedal cuando comparó el trasvase Tajo-Segura con la tubería a la llanura manchega, “pretendiendo confundir y defender las tesis de Murcia y Valencia en materia de agua”.

De hecho, Salinas puntualizaba que esta obra fue declarada de interés general y “el PP la olvidó en los ocho años que gobernó España, tiempo en el que ningún dirigente ‘popular’ de Castilla-La Mancha alzó la voz”.

Ahora, y “ante la evidencia de que, una vez más, Cospedal y los dirigentes del PP no han estado por la defensa del agua para la región”, Salinas emplaza a los alcaldes ‘populares’ de los municipios que van a ver mejorados y garantizados los abastecimientos por medio de la Tubería a la Llanura Manchega a que opinen al respecto.

“Estamos hablando de un proyecto ambicioso, que está vivo y en ejecución”, decía Salinas, y añadía que cuenta con un presupuesto total de 509,6 millones de euros que beneficiará a 600.000 habitantes de 59 poblaciones de Castilla-La Mancha.
Salinas indicaba que la primera fase se encuentra muy avanzada, cuya finalización está prevista en 2011, y que la mayor parte del presupuesto económico del proyecto está comprometido, con dotación presupuestaria y en fase de ejecución.

Por último, Salinas finalizaba señalando que “esta obra viene a garantizar el agua de cara al futuro en cantidad y en calidad para más de un 25% de la población regional”.

España podrá abonar a partir del 16 de octubre hasta el 50% de las primas correspondientes al régimen de «pago único», mientras que la mitad restante llegará a los agricultores en diciembre, fecha en la que se abonan habitualmente. La decisión ha sido aprobada por el Comité de Gestión de Pagos Directos de la UE -formado por expertos de los Veintisiete- y responde a una petición del Gobierno español que, según las fuentes, fue el primero de los países comunitarios en solicitar ese anticipo. El adelanto beneficiará a 800.000 agricultores y su ejecución corresponderá a las comunidades autónomas. Andalucía ya ha anunciado que anticipará el pago de más de 600 millones de euros de ayudas de la PAC a unos 250.000 beneficiarios, según informó la consejería andaluza de Agricultura. El Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino solicitó pagar con antelación las ayudas en la actual campaña, con el fin de que los agricultores pudieran hacer frente a pérdidas en el sector en los últimos meses y a la crisis económica. Por otra parte, el Comité ha dado autorizaciones similares para ocho países comunitarios (Francia, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía y algunas zonas de Bélgica).

Los embalses de la cuenca del Júcar ha acumulado esta semana hasta 1.639 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa un incremento del 151,6 por ciento respecto a la media de los últimos cinco años.

Según un comunicado de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la cantidad de agua embalsada este mes en la cuenca del Júcar es un 73,4 por ciento superior a la del mismo periodo de 2009 y un 130,5 por ciento más que la media de los últimos diez años.

Esta cifra contrasta con la experimentada en el conjunto de España, ya que en la actualidad los embalses del país contienen un 45,9 por ciento más de agua que el promedio de la década anterior, un porcentaje «significativamente inferior» al registrado en la cuenca del Júcar.

Actualmente, los embalses del Júcar disponen de reservas por un total de 1.623 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 48,7 por ciento de la reserva (agua destinada al consumo y al uso hidroeléctrico), con un incremento de 687 hectómetros cúbicos respecto a 2009.

Esta cifra supone un aumento en la reserva de 27,5 puntos porcentuales respecto a hace dos años y de un 29,4 por ciento respecto a la media de los últimos cinco años. EFE