El Partido Popular lamentó ayer la «paralización» del nuevo Plan de cuenca del río Júcar y el «total abandono» de este asunto por parte de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Barreda, de quienes dijo que «han tirado la toalla».

La senadora del PP por Albacete, Encarnación Naharro, se refirió en rueda de prensa a la aprobación, el pasado viernes, del Real Decreto que modifica el Reglamento de Planificación Hidrológica, señalando que, en la práctica, este documento significa que «será el Gobierno el que decidirá» sobre la revisión de los planes de cuenca si no hay acuerdo entre las comunidades autónomas, incluyendo la posibilidad de prorrogar los actuales.

Plazos

La representante popular criticó, en este sentido, la «incapacidad» de los mandatarios socialistas para lograr un consenso que permita sacar adelante la nueva planificación, dentro de un proceso cuyo plazo, marcado por la Unión Europea, «finalizó a principios de 2010».

Este retraso, dijo Naharro, provocará que España «sea sancionada», y afirmó que en 1998, con el Gobierno de José María Aznar, «tampoco fue fácil conseguir un acuerdo» y, sin embargo, fue cuando vio la luz el Plan que está ahora vigente.

A juicio de la senadora del PP, el problema no es sólo que no haya una nueva planificación sino que se mantenga la actual, debido a los «incumplimientos absolutos» en materia de nuevas infraestructuras como la segunda fase de la sustitución de bombeos. A este respecto, comentó que «se va a producir antes el trasvase al Vinalopó» que estas obras que «ni siquiera se han licitado» pese a su importancia estratégica para Albacete, y recordó que la primera fase «prevé que se puedan tomar hasta 33 hectómetros cúbicos de aguas superficiales y, sin embargo, no se ha llegado a más de 20».

Criticó, igualmente, que no se haya puesto en marcha la conexión desde El Picazo a los municipios de La Manchuela, así como la planta de ósmosis inversa para la capital, donde «ni siquiera tenemos la concesión de agua para abastecimiento por problemas administrativos».

Igualmente, Encarnación Naharro manifestó que los socialistas «tampoco han cumplido su compromiso de revisar el convenio de Alarcón», señalando que la política en materia de agua por parte de los Gobiernos central y autonómico es de «mucho ruido y pocas nueces».

Los ministros de Agricultura celebran hasta mañana, en Bélgica, su reunión informal semestral, centrada en la reforma de la PAC, a menos de dos meses de que la Comisión Europea (CE) presente sus primeras propuestas. Los titulares agrícolas mostraron hoy opiniones divergentes, que ponen de manifiesto cada vez más, la complejidad de dicha reforma, que también vendrá marcada por las discusiones generales presupuestarias en las que siempre surge el temor de un recorte en el gasto agrícola. La reforma que está en juego se aplicará en 2014, fecha en la que acaba el actual marco presupuestario de la UE. El debate se ha animado con una posición conjunta publicada recientemente por Alemania y Francia, en la que defendían una PAC fuerte más allá de 2013 y se oponían a cualquier «nacionalización» de esta política. La PAC es la política que más absorbe, la mitad del presupuesto comunitario (58.000 millones de euros previstos para 2010), con España como segundo receptor (7.083 millones en 2008), sólo superada por Francia. La ministra española del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, declaró a Efeagro, que esa postura refuerza las tesis españolas a favor de una política con una partida adecuada para los productores, y aún más ante la volatilidad de los precios. Dentro de la postura franco-alemana es novedoso que Alemania, uno de los principales contribuyentes a las arcas de la UE, rechace nacionalizar las ayudas. Según varias fuentes, Francia y Alemania desearían mantener con pocos cambios la PAC. Pero otros aliados habituales de la posición francesa, como Polonia, han tomado el documento como un amenaza, según afirmó hoy el ministro polaco, Marek Sawicki, quien calificó esa posición como una «forma de ejercer presión». Y es que Polonia critica especialmente otra de las razones que en la reforma de la PAC puede provocar discrepancias: el mantenimiento de criterios históricos para el reparto de las ayudas ó un cambio para conseguir la igualdad entre los nuevos y los antiguos Estados miembros. Por otra parte y en una línea más radical, el secretario de Estado de Agricultura británico, Jim Paice, remarcó que es «inevitable» el fin de los pagos directos. El Reino Unido defiende que no se den subvenciones que no estén vinculadas a la compensación por «un servicio» como podrían ser ahora los fondos que van al desarrollo rural. Entre las ideas que circulan figura la de dar una prima por hectárea, que podría «completarse» si el productor o ganadero cumple ese servicio, según ha defendido hoy también el titular de Dinamarca, Henrik Borge Hoegh. Los ministros de Irlanda, Lituania y Eslovaquia reivindicaron una PAC con un presupuesto fuerte y como nota curiosa, el titular eslovaco Simon Zsolt, cuestionó que haya que modificar muchos los criterios de reparto de subvenciones, tal y como quieren otros estados que, como este país, ingresaron en la UE después de 2004. El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, no quiso desvelar ideas sobre la propuesta que habrá pública el día 17 de noviembre; los primeros proyectos legislativos serán presentados en 2011, momento en que arrancará la negociación final. Los ministros terminarán mañana la reunión informal semestral, que se celebra en Bélgica, con una sesión de trabajo en La Hulpe.

El Consejo de Ministros aprobaba el 17 de septiembre 84 millones de euros para construir los ramales de la tubería manchega y poder abastecer con agua del Tajo a más de un centenar de poblaciones de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, que agrupan a unos 600.000 habitantes. Así lo confirmaba el alcalde de Villarrobledo, Pedro Antonio Ruiz, que indicó que por primera vez vamos a utilizar agua del trasvase Tajo-Segura para el consumo humano en la región.

Acompañado por la alcaldesa de Minaya, Llanos Casas, el alcalde de Villarrobledo señaló que se cumple así el compromiso que en su día adquirió el presidente José María Barreda para garantizar el abastecimiento de agua en esta región.

Infraestructura compleja

Las localidades de Villarrobledo y Minaya, serán beneficiarias de uno de estos ramales, constituyendo para sus vecinos, según Ruiz Santos, un hito histórico, ya que indicó que sus habitantes abandonarán definitivamente el consumo humano de aguas subterráneas, y dispondrán de agua de mayor calidad.

El presupuesto de estas obras que benefician a 20 municipios y a más de 133.000 habitantes en Castilla La Mancha supera los 84,5 millones de euros, que se distribuirán entre los años 2011 a 2014.

Ruiz Santos recordó que estas obras forman parte de una infraestructura más compleja de abastecimiento de la llanura manchega que, con una inversión total prevista superior a los 350 millones de euros, pretende solucionar los problemas de escasez y mejora de la calidad de agua potable disponible para las poblaciones de esta zona.

El regidor local, dijo que era importante para Villarrobledo y Minaya este proyecto, a pesar de que ambas localidades tienen garantizado el consumo de agua, permitiendo así que dejen de extraerse del acuífero 2,5 y 0,30 hectómetros cúbicos de agua al año de cada población.

Se refirió a la mejor calidad que tendrán las aguas superficiales, al llegar ya pretratadas desde las cabeceras correspondientes, sin cargas de cal, nitratos o sulfatos.

Logro regional

Ruiz Santos, terminó felicitando al gobierno de José María Barreda, por conseguir que el agua que los castellano-manchegos veían bajar hacia Murcia y la Vega Baja de Alicante, sirva para el abastecimiento humano, al tiempo que también permitirá el riego en muchas explotaciones agrarias que podrán contar con derechos tras la entrada en funcionamiento de la tubería.

La alcaldesa de Minaya, María Llanos Casas, después de destacar la gran colaboración que existe entre los ayuntamientos de Villarrobledo y Minaya en proyectos comunes dentro de la Mancomunidad Mancha-Centro y de la Asociación para el Desarrollo Integral Mancha Júcar-Centro, aseguró que el proyecto defendido por Barreda suponía una gran inversión que se convertía en una garantía de futuro para el desarrollo de los vecinos de la región,.

Indicó que respondía a una reivindicación histórica de Castilla-La Mancha que permitirá garantizar la seguridad de abastecimiento de agua para uso de boca a una importante zona de la región desde una fuente utilizable y cercana.

El PSOE presentó ayer el documento ‘Gestión sostenible del agua. Hacia un gran Pacto Social’, que analiza la situación del agua en España y plantea las bases para una política sostenible en materia hidrológica, según informa el grupo.

El responsable de la ejecutiva federal del PSOE de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó que este documento «tiene una vocación abierta e integradora, en el marco de una propuesta de Pacto de Estado».

El texto ha contado con la participación de expertos vinculados al agua y su gestión, y está dividido en seis apartados: el agua en España; bases para una política sostenible en materia hidrológica; objetivos y principios; avances realizados hacia un recurso seguro, y nuevas propuestas: retos pendientes y agua y cooperación internacional al desarrollo.

Morán reiteró que «hay que hablar sobre agua y sobre política de agua, sin orillar ninguno de los aspectos que constituyen la compleja realidad de este elemento, imprescindible para la vida y fundamental para la actividad económica».

El PP criticó ayer el «silencio cómplice de Barreda» ante la inminente subida de la luz. Según la portavoz popular, Carmen Riolobos, esta subida asfixiará aún más a los consumidores, que tantas dificultades están atravesando «sobre todo en comunidades como Castilla-La Mancha, a la cabeza en niveles de deuda y desempleo, con un Gobierno socialista absolutamente despreocupado de esta área». Preocupada por que la medida llegue en octubre, Riolobos aclaró que «desde el PP nos negamos a que se apliquen nuevas subidas».  

RD 1161-2010 DE MODIFICACION DEL RD 907-2007 DE PLANIFICACION HIDROLÓGICA.pdf

No lleva ni un día al frente de la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Gobierno regional ya tiene buenas sensaciones con el papel que va a desempeñar Mercedes Gómez. «Hay motivos para la esperanza, porque los nuevos condicionantes y normas del trasvase, y el planteamiento del nuevo Plan de Cuenca marcan una buena dirección que coincide con los intereses de Castilla-La Mancha», aseguró la portavoz del Ejecutivo autonómico, Isabel Rodríguez.
En relación al futuro del trasvase con las nuevas modificaciones, la portavoz no optó por hablar de «cerrar el grifo», sino de «abrir las oportunidades de Castilla-La Mancha». Para conseguir este objetivo, Rodríguez resaltó que «quien dirige hoy la Confederación Hidrográfica del Tajo es una mujer que ha estado en el Gobierno de Castilla-La Mancha, conoce la problemática de agua de nuestra Región y es sin duda garantía de futuro». Aun así, afirmó que desde la Junta seguirán atentos para continuar «reivindicando todas y cada una de las propuestas ahora enmarcadas en la nueva Ley de Agua».

Cambio radical.
Buenas expectativas tiene también el PSOE regional. Su secretario de Organización dijo estar convencido de que Mercedes Gómez hará un buen trabajo en la Confederación: «Podemos estar seguros de que a partir de su presidencia se va a cambiar radicalmente una política con la que no siempre hemos estado de acuerdo». José Manuel Caballero también hizo alusión a la época en la que Mercedes Gómez fue consejera de Agricultura de la Junta. «Es una buena noticia que contemos con una presidenta de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Castilla-La Mancha, vinculada a esta Región y muy sensible a los intereses de nuestra comunidad en materia de agua», aseguró.
Caballero dio por sentado que defender el interés general del Tajo es «defender los intereses de Castilla-La mancha». Y aunque el Plan de Cuenca involucre hasta a cinco comunidades distintas, el secretario de los socialistas de la Región reclamó una defensa prioritaria a las demandas de Castilla-La Mancha, porque es algo «de justicia».

Planes de cuenca
El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto para la regulación de los planes de cuenca reservándose el derecho a decidir si no había consenso entre las comunidades autónomas. Algo «lógico» para Cospedal ya que si el Gobierno no tomara decisiones «no tendríamos gobierno» ironizó.
A pesar de todo criticó el abandono que hizo el PSOE de su responsabilidad en materia de agua al eliminar el Plan Hidrológico Nacional, raíz del actual problema.

El Consejo de Ministros de ayer iba a parir los planes de cuenca, entre ellos el del Júcar, o al menos eso era lo que se esperaban varios de los colectivos implicados. Y, al final, acabó pariendo un cambio técnico en el Reglamento de Planificación Hidrológica.
Esta decisión ha conseguido poner de acuerdo a regantes y ecologistas, dos colectivos que sostienen posturas opuestas en torno a la gestión y planificación del Júcar y que no dudaron en calificar lo ocurrido de «chapuza».
En el día de ayer, la prensa nacional anunciaba que el ejecutivo iba a dar luz verde al Real Decreto que regula la aprobación de los planes de cada cuenca hidrográfica, reservándose el derecho de aprobar la planificación o prorrogar planes existentes, si no hubiese consenso entre las partes.
De inmediato, la Junta, los regantes de la Mancha Oriental y los ecologistas pensaron en la cuenca del Júcar. Como es sabido, el proceso de revisión de dicho plan se encuentra atascado, a causa de una sentencia que se remonta a octubre de 2004.
Ese mes, el Tribunal Supremo sentenciaba que las cuencas internas de la Comunidad Valenciana debían salir del ámbito de la Cuenca del Júcar, conforme a los que dictan la propia Constitución y el propio Estatuto de Autonomía de la región vecina.
Desde entonces, el proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar ha tropezado, una y otra vez, en un escollo, el de decidir qué es y qué no es parte del Júcar, hasta el punto de paralizar, en la práctica, su avance.
A principios de este mismo año, la Comisión Europea había dado un tirón de orejas al Gobierno español, ya que nuestro país es, de lejos, el que más retraso acumula en el proceso, contemplado dentro de la Directiva Marco del Agua.
MANTENER LO QUE HAY. Y, el pasado martes, secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, afirmaba, desde Valencia y a preguntas de los medios sobre el Júcar que «vamos a ser prudentes y hacer un procedimiento lo más riguroso posible y en donde no haya posibilidad mantendremos planificación como la actual».
Así las cosas, en la mañana de ayer, el consejero de Presidencia de la Junta de Comunidades, Santiago Moreno, lanzaba un aviso para navegantes desde Albacete, al señalar que «hay que solucionar los problemas, no prorrogarlos».
«El Plan de Cuenca del Júcar lo que tiene que hacer es ajustarse a la legalidad y, por tanto, aprobarse ajustándose a la Ley y a las sentencias de los tribunales, entre las que figura la del Tribunal Constitucional», afirmó Moreno, que incidió en que lo que no tiene sentido es que se «dilate más en el tiempo una situación que es lesiva para los intereses de los castellano-manchegos».
En consecuencia, «lejos de prorrogarlo, lo que hay que hacer es acatar las sentencias y establecer un Plan de Cuenca que sea de verdad de la cuenca del Júcar y no de otros ríos que no tienen nada que ver con la Cuenca del Júcar».
TOQUE DE ATENCIÓN. Pocas horas después del toque de atención, llegó la decisión del Consejo de Ministros. Contra lo que se esperaba inicialmente, el ejecutivo se limitó a anunciar un cambio técnico en el Reglamento de Planificación Hidrológica, para que las Juntas de Gobierno de las Confederaciones, aprueben, si es necesario, el llamado Esquema de Temas Importantes.
Esta situación provocó una reacción escéptica por parte del presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte: «lo dije y lo repito, no creo que vayamos a tener Plan de Cuenca dentro de esta legislatura, esto es persistir en la enésima chapuza, hacer ver que hacen algo, ganas de liarla».
Belmonte subrayó que, hoy por hoy, su prioridad es la gestión, de un año «excepcional» para la cuenca en el que se ha demostrado «que es posible gestionar la cuenca del Júcar y que haya agua, incluso, para lo que no es Júcar; en estos momentos, me preocupa más que el río Lezuza se desborde a causa de las lluvias que un proceso que sólo saldrá adelante cuando el Gobierno se dedique a lo suyo, a gobernar en vez marear la perdiz».
En parecidos términos, aunque desde posiciones opuestas, se expresó Cipriano Escribano, de Ecologistas en Acción: «esto son ganas de ganeta; si no tienes consenso en el Júcar, decides, que para eso te han elegido, en vez de buscar atajos y salir con la última chapuza que, al final, sólo sirve para que el personal se mosquee».  

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, ha afirmado que la posibilidad de que el Gobierno central apruebe prorrogar el Plan de Cuenca del Júcar «no nos parece de recibo» y ha añadido que dicho Plan «debe aprobarse ajustándose a la Ley y a las sentencias de los tribunales».

   Así lo ha asegurado Moreno en declaraciones a los medios con motivo de su visita al Centro de Operaciones del 112 en la Feria de Albacete, donde ha señalado que «lo que se debe hacer es no dilatar más una situación que es lesiva para los intereses de los castellano-manchegos».

   En este sentido, el consejero ha insistido en que lejos de prorrogar el Plan, se debe establecer un Plan de Cuenca «que sea de verdad de la Cuenca del Júcar y no de otros ríos que no tienen nada que ver la Cuenca y, desde eso, satisfacer las legítimas aspiraciones de los castellano-manchegos», ha concluido.