En un principio, dicha prohibición se había establecido hasta final de año, pero Moscú anunció ayer jueves prolongarla hasta septiembre de 2011 en pro de su mercado interno y después de los incendios y la grave sequía que han asolado el país, y que han acabado con la cuarta parte de su producción de cereales.

Sin embargo, aún habrá que esperar para conocer cuál es la verdadera repercusión de este anuncio en el mercado nacional.

En esta semana, por ejemplo, en la Lonja de Barcelona destaca el descenso de la cotización de la cebada, hasta 180 euros/tonelada, y la del maíz de importación, que se sitúa en 205 euros/tonelada, mientras que el trigo mantiene su tendencia alcista, hasta alcanzar entre 162 y 200 euros/tonelada.

En Segovia, la cebada y el trigo pienso repiten una vez más cotización y se sitúan en 156 y 174 euros/tonelada, respectivamente, al igual que en la lonja de Albacete, donde los trigos siguen manteniendo sus precios entre 148 y 202 euros/tonelada.

En este sentido, los operadores del mercado aseguran que se están dando señales alcistas en el ámbito internacional, aunque el mercado nacional no está «siguiendo el tirón», un hecho «anómalo» teniendo en cuenta que habitualmente si el precio se incrementa en el exterior también sube en España.

En el mercado de futuros agrícolas, desde el comienzo del mes de julio el precio del trigo se ha encarecido alrededor de un 40 por ciento, aunque sigue lejos de los máximos históricos de 2008 cuando la escasez de granos elevó las cotizaciones, según han recordado analistas consultados por Efeagro.

A diferencia de lo sucedido en 2008, el repunte de precios sólo está afectando al trigo y, como la coyuntura económica es diferente, la inversión se encuentra «mucho más limitada» porque existe una mayor aversión al riesgo.

En su opinión, mientras que el resto de países productores no sufran reducciones en sus cosechas -como ha sido el caso de Rusia y la región alrededor del Mar Negro-, no habría justificación para un nuevo incremento del precio, por lo que cobran especial importancia las cosechas de los países del hemisferio sur, actualmente en proceso de siembra.

En cuanto a la situación de España, han destacado que en los últimos años se habían incrementado las exportaciones procedentes de los países de Mar Negro, pero que no existe riesgo de desabastecimiento porque en el mercado hay una relativa abundancia de grano procedente de Estados Unidos o la Unión Europea.

Es posible, según han apuntado, que el precio de importación sea mayor que el obtenido durante los años anteriores, pero en ningún caso estiman una situación «especialmente crítica».

Por lo que se refiere al anuncio de Rusia de prorrogar la prohibición de exportación, no hay que alarmarse por ello, ya que según los expertos no debería suponer una presión extra al mercado internacional, porque lo que afecta realmente es la producción y que no registre nuevas revisiones a la baja.

Por su parte, los operadores españoles insisten en que a corto y medio plazo no hay fundamentos para que los precios se disparen hacia arriba o hacia abajo, lo que hace que la situación sea «imprevisible».

Por el momento, España ha solicitado ante la Unión Europea que se utilicen cereales que están guardados en los almacenes públicos, con el fin de paliar los altos precios.

La Comisión Europea, sin embargo, cree que es «demasiado pronto» para recurrir a esa actuación, ya que se puede garantizar el abastecimiento de cereal.

Sumado a todo ello, quedan por saber los datos finales sobre la cosecha de esta campaña, especialmente la de maíz, que se conocerán a final de mes o a principios de octubre.

Los precios, tanto los que amenazan con venirse abajo como los que parecen iniciar una escalada sin fin, estuvieron presentes en la Asamblea General de Asaja-Albacete, celebrada ayer en el Salón de Actos de la Caja de Castilla-la Mancha y con lleno absoluto.
Durante la asamblea, en la que resultó reelegido José Pérez Cuenca al frente de la organización en Albacete, el secretario regional del la misma, José María Fresneda, lanzó dos mensajes con la crisis de precios de fondo, uno dirigido a los viticultores, que están en plena vendimia, y otro a los productores de cereal, que están sumidos en medio de un ‘rally’ alcista provocado por el corte de exportaciones desde Rusia.
«A los primeros, les diría que aquel que no tenga precios garantizados por encima de costes, que no vendimie -afirmó- por que la ayuda a la destilación le va a llegar, porque la producción de este año ha sido menor y porque la exportación ha ido razonablemente bien, así que no se justifica pagar precios por debajo de costes por parte de las bodegas».
«Y a los segundos, les diría que no se dejen llevar por el ansia -recomendó- porque no creemos que estas alzas sean meramente especulativas; tenemos delante una buena oportunidad para reordenar la comercialización y distribución del sector, sería un error tremendo dejar pasar esta ocasión».
Paralelamente, y durante la celebración de la asamblea, el director general de Producción Agropecuaria de la Junta, Francisco Martínez Arroyo, anunció que se ha previsto que, una vez finalice la campaña de la vendimia, se publicará una Orden de ayudas que contribuirá a paliar los daños del viñedo afectados por las tormentas o por otros fenómenos climatológicos adversos a lo largo de la campaña de la vendimia,
Martínez recordó los efectos de las últimas tormentas del mes de agosto que tuvieron una incidencia importante en la provincia de Albacete, especialmente en los municipios de Tobarra, Albatana y Ontur, afectando a unas 2.000 hectáreas de cultivo en su conjunto y de forma particular en zonas de almendros, olivar y viñedo «quizá el más perjudicado por encontrarse precisamente en plena época de campaña de recogida».    

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha considerado «maximalistas» algunas de las peticiones formuladas por los regantes, y ha precisado que «más que una ley» orgánica del agua, lo que demandan es «atención», que haya «suficientes» recursos «en calidad y cantidad» y que se avance en la aplicación de una nueva regulación de las tarifas eléctricas.

   Puxeu ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la propuesta de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) de desarrollar una ley orgánica en materia de aguas que «ponga coto definitivamente a las injerencias de las comunidades autónomas en competencias exclusivas del Estado».

   A juicio del responsable del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), algunas de las peticiones de los regantes son «maximalistas». Cree además que lo que estos piden es tener recursos «en condiciones» para poder definir «estrategias económicas y de futuro estables», así como un marco regulatorio que les permita seguir con su actividad y crecer.

   En este sentido, tras afirmar que es «fundamental» para España tener un sector agrario y agroalimentario «potente» ya que en la actualidad «somos líderes» en este ámbito, ha reconocido que la agricultura y la ganadería «dependen en buena parte» del regadío.

   Puxeu ha hecho estas declaraciones en un encuentro con los medios posterior a la clausura del encuentro ‘Política de Agua en España. Innovación, Desarrollo y Sostenibilidad’, que se ha celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y en el que también ha participado representantes de los regantes.

Cospedal considera «electoralista» la propuesta de llevar al Congreso las reivindicaciones de Castilla-La Mancha

El presidente de los regantes murcianos llama a Barreda «mosca cojonera» y éste le replica que es una «sanguijuela» por querer todos los recursos hídricos

Sigue el cruce de acusaciones entre los dirigentes de Castilla-La Mancha y los de Murcia a cuenta del agua. Y es que la propuesta de llevar de nuevo al Congreso las reivindicaciones hídricas tras el fracaso del Estatuto, anunciada por el presidente regional, José María Barreda, en el Debate del Estado de la Región, no ha sentado nada bien a la comunidad vecina.

Buena prueba de ello es el cruce dialéctico entre el presidente de los regantes murcianos, José Manuel Claver, y el propio Barreda. El presidente autonómico atribuyó ayer a Claver que el pasado jueves le llamara «mosca cojonera» tras la aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de esta propuesta socialista. El presidente regional se quejó de «las expresiones un tanto singulares» que le dedicaron consejeros del Gobierno murciano, aunque atribuyó a uno de los miembros de ese Ejecutivo unas palabras que pronunció José Manuel Claver, presidente de los regantes del Tajo-Segura, quien le comparó con una «mosca cojonera» en unas declaraciones a la Cadena Ser que ayer recogía la prensa murciana». A lo mejor ellos son sanguijuelas que lo que quieren es llevarse todo el agua aunque no la necesiten», algo a lo que «están acostumbrados» y lo que «saben que se ha acabado», respondió Barreda, quien no obstante ha afirmado que no es necesario «perder las formas» y que él no entrará «nunca» en las «descalificaciones personales y en los insultos», ya que sólo pretende hacer «planteamientos políticos».

Defender a la Región

Barreda recalcó que su planteamiento político prioritario es «defender los intereses de Castilla-La Mancha sin ninguna interferencia», ya que es a lo que se debe.

El Gobierno murciano también arremetió contra Barreda al que acusó de nuevo de tener «una obsesión enfermiza» con los murcianos al tiempo que le pidió que centre sus esfuerzos en defender los intereses de los castellano-manchegos «que no tienen nada que ver con el agua».

Tampoco tuvo tranquilidad el presidente regional dentro de Castilla-La Mancha, donde el diputado regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha Leandro Esteban aseguró que las resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en el Debate del Estado de la Región suponen la «equiparación ideológica y programática y la identidad plena» de los socialistas castellano-manchegos con los socialistas a nivel nacional y la equiparación del presidente del Ejecutivo regional, José María Barreda, con el presidente del Gobierno de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero. Para ello se basó en que la mayoría socialista rechazó propuestas contra la congelación de las pensiones y la bajada de sueldo a los funcionarios «con lo que demuestra que está a favor del mayor recorte social de la historia».

También la presidenta de los populares castellano-manchegos, María Dolores de Cospedal, consideró «electoralista» la propuesta de llevar de nuevo al Congreso las reivindicaciones hídricas.

A Cospedal le contestó la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, quien aseguró que la proposición de ley sobre el agua que el Ejecutivo regional presentará en el Congreso de los Diputados «no es una propuesta electoral» si no «un planteamiento del presidente Barreda desde hace mucho tiempo». Rodríguez contraatacó acusando a Cospedal de «asumir y copiar las enmiendas que Valcárcel le dictaba», en referencia a la oposición del presidente de Murcia al Estatuto de Castilla-La Mancha. La portavoz del Ejecutivo castellano-manchego consideró que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, debería haberse quedado más tiempo a ver el debate «para comprobar que Cospedal es una candidata nefasta».

Ambas formaciones recibieron críticas de Unión, Progreso y Democracia (Upyd), el partido de Rosa Díez, que consideró que el debate fue «estéril». Acusó al PSOE de maquillar los resultados económicos y al PP de anunciar medidas sin concretar.

Por último, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, participó en Santander en una jornada en la que se ha debatido la perspectiva autonómica del agua y en la que ha defendido ante otros responsables autonómicos las reivindicaciones hídricas de Castilla-La Mancha.

La firmeza con la que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, está dispuesto a defender las necesidades de agua para Castilla-La Mancha han sentado muy mal en Murcia. A la reacción del diputado nacional del PP por esta región, Jaime García-Legaz, que pedía al PSOE que “pare los pies” a Barreda e impida el éxito de la proposición de Ley del Agua que el presidente castellano-manchego llevará al Congreso de los Diputados, se sumó con insultos personales el presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, que llamó al propio Barreda “mosca cojonera” porque, dijo, “es la típica que la apartas y vuelve una y otra vez, al final hasta que no le das un palmetazo no se puede terminar con ella”.
Barreda se pronunció ayer sobre estas palabras y dijo que su planteamiento en alusión a la cuestión hídrica en la Comunidad Autónoma pasa por defender los intereses de los castellano-manchegos “sin ninguna interferencia”.

Barreda, que hizo estas declaraciones tras inaugurar un Consultorio Local en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), advirtió que “como presidente ce Castilla-La Mancha, me debo a esta tierra y por tanto mi obligación primera, por encima de cualquier otra, es tratar de defender siempre, y en los temas del agua más, los intereses de mi tierra y de mis paisanos”.

El presidente aseguró que será férreo en la defensa de esta tierra sin perder la perspectiva de saber que Castilla-La Mancha es la parte de un todo que es España. Del mismo modo explicó que la obligación y la responsabilidad que tiene, porque así se lo han encomendado los ciudadanos, “es Castilla-La Mancha y es a lo que me dedico y a lo que me voy a dedicar le guste o no le guste a Valcárcel y a sus consejeros”.

Barreda se tomó la expresión “mosca cojonera” con ironía, pese a que lamentó que se haya pasado de las criticas a las descalificaciones personales.
A este respecto José María Barreda considera que se les podría aludir como “sanguijuelas que quieren llevarse toda el agua” aunque no la necesiten, que es a lo que están acostumbrados durante todos estos años y saben que se ha acabado. Barreda, que apuntó este comentario en tono jocoso, opinó que no se deberían perder las formas y hacer siempre planteamientos políticos y que beneficien a la sociedad.

La respuesta del líder de los regantes murcianos no se hizo esperar: Claver dijo que le hubiera  dado igual llamarlo “mosca cojonera que conejito de Duracel, que parece que no termina nunca”.

El pleno de las Cortes aprobó la resolución del grupo socialista en la que apoya llevar al Congreso una proposición de ley con las demandas de agua que recogía el Estatuto y rechazó la propuesta del grupo popular de privatizar la Radiotelevisión regional como medida de ahorro.

Con las votaciones de las siete propuestas de resolución presentadas por cada grupo se cerró el debate sobre el estado de la región, el último de la legislatura antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo próximo.

Las resoluciones se votaron en bloque y se aprobaron las del PSOE, con los votos en contra de los diputados populares, y se rechazaron las del PP.

En sus propuestas, el grupo socialista ahondó en las demandas de agua y el fomento de la I+D+i y de la formación y el empleo apuntadas el miércoles por el presidente de Castilla-La Mancha , José María Barreda, mientras que el PP incidió en la bajada de impuestos y critica los recortes en sanidad y servicios sociales.

Que Barreda se marche

En las intervenciones de los diputados para defender sus resoluciones hubo varias constantes: por parte de los populares, el «váyase, señor Barreda»; por los socialistas, recordar que el PP no aplica en las comunidades donde gobierna las recetas que plantea para Castilla-La Mancha .

El socialista Felipe Rodríguez fue más allá y señaló que le parecía «muy fuerte» que el PP pida a Barreda que se vaya y no pida a su jefa de filas, María Dolores de Cospedal, que se quede en Castilla-La Mancha ; «nosotros no decimos a Cospedal que se vaya, sino que se quede», dijo.

El debate se cerró con el tema del agua, con el apoyo a la propuesta lanzada el miércoles por Barreda de llevar al Congreso una proposición de ley que contenga todas las aspiraciones de la región que quedaron truncadas con la retirada del Estatuto de Autonomía.

El popular Leandro Esteban le preguntó por qué perdió el tiempo retirando lo que ya tenía y que ahora pretende llevar otra vez y lo comparó con el jugador de dominó que, teniendo ficha para jugar, pasa, para así demostrar que sabe.

«Fue usted quien firmó la retirada del Estatuto», le dijo Esteban a Barreda, al que acusó de utilizar el tema del agua.

Por el contrario, el socialista Antonio Salinas señaló y contrapuso la actitud de los dos principales responsables políticos de la Región en el tema del agua: Barreda, «comprometido», y Cospedal, «hipotecada».

El PSOE defendió las inversiones en I+D+i, recordó que Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha aumentado el gasto en este aspecto e instó a la Junta a continuar en esa dirección.

También instó al Gobierno regional a continuar impulsando industrias vinculadas a sectores emergentes y a generar oportunidades de empleo; así como a seguir desarrollando políticas en defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos.

En cuanto a educación, la resolución del grupo socialista animando a desarrollar la recientemente aprobada Ley de Educación con la más amplia participación de la comunidad educativa y de los agentes sociales y económicos, fijando un calendario preciso de actuaciones; y otra propuesta aprobada insta a poner en marcha un plan de salud y bienestar social.

La que no salió adelante es la propuesta del PP de privatizar RTVCM, iniciativa criticada por el socialista José Manuel Caballero, quien opinó que lo que realmente quiere privatizar el partido de Cospedal es la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Los diputados populares, por su parte, fueron recordando algunas de las medidas apuntadas el miércoles por Cospedal para salir de la crisis y criticaron el recorte en gasto sanitario y de servicios sociales que aprobó el Gobierno regional, así como la deuda alcanzada por la comunidad autónoma.

«Van a dejar la Región con más trampas que una película de chinos», afirmó Antonio Lucas-Torres, mientras que su compañero de filas José Manuel Tortosa defendió la bajada de impuestos como la manera más universal y eficaz para combatir una crisis y, en otro punto, pidieron una regeneración democrática.

En el debate no faltaron las alusiones a la CCM ni a la Fundación Virtus ni al caso Seseña como cada vez que se celebra un debate en las Cortes.

Representantes de las comunidades de regantes y de organizaciones ecologistas han coincidido hoy en denunciar la pérdida de la unidad de cuenca, que implica la fragmentación en la gestión de los ríos españoles, y han pedido que no se gestionen según los límites administrativos sino geográficos.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Andrés del Campo, ha dicho que «es una pena» que España, que en 1926 fue el primer país en crear las confederaciones hidrográficas, «ahora sea el primero en destruir» el modelo que permite gestionar los ríos en función de sus límites geográficos, y no administrativos.

La Unión Europea «ha copiado literalmente» el modelo español, ha afirmado Del Campo durante su intervención en el curso «Política del agua en España. Innovación, desarrollo y sostenibilidad», en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), en la que ha lamentado que España sea «la primera en destruirlo, ahora que Europa lo impone a los países miembros».

Del Campo ha recordado el ejemplo del Guadalquivir, el primer río cuya gestión pasó a manos de la Junta de Andalucía en 2009, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía de la comunidad, pero, a su juicio, en clara contradicción con la Directiva Marco del Agua y la Carta Europea del Agua (Estrasburgo, 1977), que establece que «los recursos hidráulicos deben cuadrarse en el marco de las cuencas naturales antes que en las fronteras administrativas y políticas».

El responsable del área de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín, ha coincidido con el presidente de Fenacore y, en rueda de prensa en la UIMP, ha lanzado una crítica contundente: «Nos parece una aberración intentar modificar los límites de las demarcaciones hidrográficas», ha afirmado.

Martín ha tildado de «auténtica barbaridad» el traspaso de competencias sobre el Guadalquivir y «el intento de destripar la cuenca del Júcar», unas medidas que van a tener «consecuencias muy negativas en la gestión del agua», ha asegurado.

El ecologista ha confiado que el Tribunal Constitucional «atienda» el recurso de la Junta de Extremadura, porque «la única manera» de gestionar el agua es que esa gestión sea «unitaria».

Según Martín, uno de los principales problemas de «desgajar» la gestión de los ríos son «las dudas que se están poniendo en los límites de las demarcaciones».

Del Campo ha solicitado «criterios homogéneos de gestión del agua en todas las comunidades autónomas» y ha reclamado al Gobierno «la elaboración de una ley orgánica que reúna definitivamente las competencias exclusivas del Estado sobre el agua».

El representante de los regantes ha expresado la preocupación de los agricultores ante el hecho de que los protagonistas de las discusiones en materia de agua sean «los alcaldes de los pueblos o los presidentes de las comunidades autónomas».

«Se está trasladando a la opinión pública un concepto localista del agua cuando realmente es el Estado el que tiene competencias», ha recordado Del Campo, que ha llamado al Gobierno a «poner orden» y a definir «claramente» sus competencias en este sentido. EFE

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha exigido el desarrollo de una Ley Orgánica en materia de aguas que «ponga coto definitivamente a las injerencias de las comunidades autónomas en competencias exclusivas del Estado».

   Según indicó Del Campo durante su intervención en uno de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), las autonomías se han atribuido competencias en estos últimos años a través de reformas estatutarias con articulados más o menos «egocéntricos» en cuencas intercomunitarias.

   Los regantes alertan de que la cesión de competencias sobre el Guadalquivir «ha sentado un mal precedente», e insisten en que la planificación hidrológica nacional corresponde al Estado, tal y como recoge el artículo 149.22 de la Constitución Española y la Ley de Aguas.

   Ante esta situación, Del Campo insistió en la necesidad de zanjar este «grave error político» y recordó que las comunidades autónomas ya participan de modo directo en la gestión del agua, dado que por ley tienen representación institucional en las Confederaciones Hidrográficas y ostentan las competencias sobre la demanda.

   Además, afirmó que modificar los límites naturales para hacerlos coincidir «artificialmente» con las delimitaciones administrativas generará un modelo autonómico «insolidario», así como «guerras del agua».

   En este sentido, advirtió de que una «excesiva territorialización» de la gestión de las cuencas puede derivar en una «auténtica sequía estructural», al no existir recursos suficientes para atender todas y cada una de las demandas locales.

El pleno de las Cortes de Castilla La Mancha aprobó la resolución del grupo socialista en la que apoya llevar al Congreso una proposición de ley con las demandas de agua que recogía el Estatuto. El debate sobre el estado de la región, el último de la legislatura antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo próximo.

El debate se cerró con el tema del agua, con el apoyo a la propuesta lanzada el miércoles por Barreda de llevar al Congreso una proposición de ley que contenga todas las aspiraciones de la región que quedaron truncadas con la retirada del Estatuto de Autonomía.

El popular Leandro Esteban le preguntó por qué perdió el tiempo retirando lo que ya tenía y que ahora pretende llevar otra vez y lo comparó con el jugador de dominó que, teniendo ficha para jugar, pasa, para así demostrar que sabe. «Fue usted quien firmó la retirada del Estatuto», le dijo Esteban a Barreda, al que acusó de utilizar el tema del agua.

Por el contrario, el socialista Antonio Salinas señaló y contrapuso la actitud de los dos principales responsables políticos de la Región en el tema del agua: Barreda, «comprometido», y Cospedal, «hipotecada».

La proposición de ley aprobada ayer recogerá lo que estaba previsto en el Estatuto en cuanto a participación en órganos de gobierno, en planificación hidrológica, en inversiones y en la gestión de los recursos que afectan a Castilla-La Mancha. Contendrá, anunció el miércoles Barreda , «todas y cada una de las nuevas competencias» que otorgaba a la Región el estatuto y que no fue posible aprobar por la «falta de apoyo del Partido Popular». El presidente manchego aseguró que «la sociedad de Castilla-La Mancha, representada por la Mesa del Agua, nos ha pedido que ni cedamos ni nos resignemos, y yo ni cedo ni me resigno».

Barreda aprovechó para anunciar además otras medidas en este ámbito como la constitución, en las próximas semanas, de un nuevo Consejo Regional del Agua del que van a formar parte representantes de la Administración regional y local, usuarios, así como organizaciones empresariales, sociales, medioambientales, universidades y expertos de reconocido prestigio.

Barreda advirtió que al igual que se puso en marcha la Agencia del Agua que figuraba en la reforma del Estatuto de Autonomía, no cesará en la exigencia del máximo nivel de competencias para la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha.

En este punto, el jefe del Ejecutivo manchego insistió en la importancia estratégica que el agua tiene para Castilla-La Mancha y resaltó el esfuerzo que el Gobierno regional está haciendo participando en el proceso de revisión de los planes hidrológicos de cada una de las demarcaciones, y defendiendo de esta forma los intereses de Castilla-La Mancha en cada tramo de cada una de las 7 cuencas hidrográficas que nos afectan.

En este marco, explicó, se están logrando avances importantes como la garantía de caudales ecológicos en el Tajo a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera, o más recientemente, la revisión de las normas de explotación del Acueducto Tajo-Segura.

A partir de ahora, tal y como señaló Barreda, los recursos del Tajo se mantendrán en los pantanos del Tajo y únicamente se transferirá el agua cuya necesidad se justifique y posteriormente se comprobará el uso que se le ha dado. En este sentido, aseguró que el nombramiento de la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Mercedes Gómez, «representa para nosotros una buena noticia».

La propuesta de Barreda ha sido rechazada frontalmente por el gobierno murciano, mientras que desde el Consell no se ha realizado ningún tipo de valoración.