El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo, ha afirmado este sábado que el cambio de normas de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura es «una buena noticia que supone una victoria para Castilla-La Mancha en su lucha por el agua».

   A preguntas de los medios antes de inaugurar en Chinchilla de Montearagón (Albacete), el Centro de Mayores de la localidad, Pardo ha manifestado que de esta forma se «reconocen los derechos de la región para priorizar el derecho de la cuenca cedente del Tajo sobre la del Segura».

   «Es un paso más en la nueva lucha que se abrió tras la retirada del Estatuto de Autonomía de la región», ha dicho el presidente de las Cortes regionales, que ha concluido afirmado que se trata de «una nueva lucha que Castilla-La Mancha va a librar gota a gota y cuenca a cuenca».

Después de las reacciones a favor (desde el Levante) y en contra (en Castilla-La Mancha) por la petición de los regantes de un nuevo trasvase de 230 hectómetros cúbicos hasta final de año desde la cabecera del Tajo al Segura, la reunión de la Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura, celebrada ayer, parece que ha dejado contentos a todas las partes; y es que se aprobó la derivación de agua, pero con un cambio de reglas significativo.

El Ministerio de Medio Ambiente, según un comunicado remitido ayer, aseguró que atenderá todas las demandas «justificadas» de agua solicitadas a través del trasvase Tajo-Segura, y dada la situación de normalidad de reserva de agua, se establecerá una programación para los dos próximos trimestres del año hidrológico.

Además, la Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura decidió someter a estudio la revisión de las normas de explotación que rigen este trasvase del Tajo-Segura. Según el Ministerio, se ha constatado que la situación de reserva de agua tanto en la cuenca cedente como en la receptora es de absoluta normalidad, por lo que se ha decidido establecer una programación para los dos próximos trimestres del año hidrológico.

Programación quincenal

Así, se acordó aprobar una disponibilidad en cabecera de hasta un máximo correspondiente a las demandas solicitadas para los diferentes usos. El volumen de agua disponible se mantendrá en la cabecera del Tajo y se trasvasará en función de la demanda real. Las demandas se programarán quincenalmente y se servirán en función de esas demandas reales, llevando a cabo un control a posteriori. El Ministerio realizará un seguimiento técnico de control para atender las demandas «de manera motivada y razonada».

Estas decisiones fueron valoradas muy positivamente por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ya que a partir de ahora «el agua del Tajo estará en el Tajo, en los pantanos de cabecera y no en los del Talave-Cenajo», indicó.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, en Ciudad Real, el presidente aseguró que los castellano-manchegos «hemos dado un gran salto hacia delante en nuestra filosofía de agua para todos, sí pero agua para todo no» ya que «no era justo que el agua del Tajo no se regulara en el Tajo, sino en el Segura».

Consideró «crucial» que se hayan revisado las normas y aplaudió el hecho de que, a partir de ahora, los demandantes de agua tengan que justificar no sólo qué uso van a darle, sino también demostrar que la han utilizado para dicho fin.

«Sólo cuando se justifiquen las necesidades reales de la cuenca receptora se considerará trasvasar el agua», apuntó Barreda, que advirtió que las peticiones decaerán si no se justifican, informó ayer la Junta.

También se mostró muy satisfecho porque, por vez primera, se tienen en cuenta las existencias de la cuenca cedente y las necesidades reales de la cuenca receptora, lo que demuestra un importante «cambio de mentalidad» pues, recordó, hasta ahora bastaba con la mera petición formulada desde la cuenca receptora para que se considerara y se planteara como un derecho de los regantes.

«Hasta ahora, la estrategia de Murcia era regular las aguas del Tajo no en los pantanos de la cabecera, sino en el Segura, y en cuanto había agua en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, independientemente de sus necesidades, pedían un trasvase para tener ellos el agua», indicó.

Según el presidente, esta situación que consideró «injusta e irracional», no garantizaba una lámina de agua estable y permanente en la cabecera del Tajo, por lo que, reiteró, este cambio de mentalidad es fundamental para conseguir este objetivo.

«Hemos dado un paso muy importante», apuntó el presidente, que reiteró que la valoración es fundamental por lo que tiene de cambio de filosofía, de orientación, y por lo que va a ocurrir a partir de ahora en relación con las normas de explotación.

Aseguró que la situación de indefensión que Castilla-La Mancha sufría hasta ahora, en la que sólo la petición de agua de los regantes de Murcia provocaba que se hiciera efectiva sin ningún tipo consideración, ha cambiado.

La Comisión de Explotación del Tajo-Segura acordó ayer aprobar un trasvase de 298,5 hm3 de agua con destino a Murcia y la Comunitat Valenciana.
La autorización fue recibida con satisfacción tanto en Murcia como en la Comunitat Valenciana después de varios años en los que se cuestionaban las decisiones de este organismo que después debe ratificar el Gobierno.
El director general del Agua de la Generalitat valenciana, José M.ª Benlliure, se mostró ayer «satisfecho» con la concesión de 298,5 hm3 para el semestre para toda la cuenca del Segura, de los que aproximadamente 100 hm3 corresponderán a la provincia de Alicante.
Benlliure destacó que «la Generalitat está conforme con la resolución ya que por fin se han atendido las peticiones que se llevan haciendo durante todo el año desde la Conselleria de Medio Ambiente y con estos 298,5 hm3 se acaba con la incertidumbre que han estado padeciendo los regantes alicantinos, así como la presión que los humedales y acuíferos han estado soportando».
También el presidente del Sindicato Central de Regantes, José Manuel Claver, reconoció estar «contento» con la decisión.
La Comisión de Explotación acordó crear un grupo de trabajo para la modificación de la regla de explotación del Tajo-Segura con el que se mostró de acuerdo Benlliure y que fue acogido como un triunfo por el presidente de Castilla-La Mancha, José Maria Barreda.

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) ha presentado sus consideraciones al Esquema provisional de Temas Importantes dentro del proceso de Participación Pública del Plan Hidrológico de Cuenca de la demarcación hidrográfica del Júcar, han informado fuentes de la entidad.

Según las alegaciones de COIAL, la previsión de reducción de la actividad agraria que contempla el plan «es una mera especulación», pues el periodo estudiado «no es lo suficientemente amplio para ser significativo».

Esta circunstancia, según los ingenieros agrónomos, conlleva «una menor dotación hídrica para el sistema agrario y limita sus posibilidades en pleno cambio del modelo productivo, lo que imposibilita la regeneración de la actividad agraria, que hasta el momento disponía de una dotación hídrica mayor».

Además, la reducción de la dotación hídrica para la agricultura «impide que el modelo agrario se ajuste a la demanda, que es lo deseable para el incremento de la competitividad y viabilidad del sector».

Según el Colegio de Ingenieros Agrónomos, «si la agricultura emplea el 80% de los recursos hídricos de la demarcación hidrográfica», los estudios agronómicos base para la determinación de la dotación hídrica «deben ser más precisos, pues existe «tecnología, medios y conocimiento técnico para poder ajustar con mucha más precisión el cálculo de las dotaciones por cultivos y por zonas agroclimáticas».

Indican también que los cálculos, realizados a partir del censo agrario, «pueden llevar a resultados imprecisos», por lo que un pequeño error en las estimaciones «supone una variación muy significativa en términos absolutos del volumen de agua asignada».

Los ingenieros agrónomos aprecian también «una tendencia a la inversión de los recursos hídricos para la renaturalización de los sistemas fluviales».

En su opinión, esta actuación tendrá como consecuencia «una desnaturalización del sistema agrario, que forma parte del medio ambiente, contribuye a fijar CO2, crea y mantiene suelo fértil, crea paisaje y ecosistemas de alto valor ecológico, mantiene puestos de trabajo, fija población en el medio rural y es la base de la seguridad alimentaria». EFE

La senadora del Partido Popular por Albacete, Encarnación Naharro, realizó ayer una rueda de prensa para denuncia la mala situación de sector agrícola en la provincia y la región. Naharro calificó como «penosa» la situación que atraviesan los agricultores y ganaderos, «como consecuencia de la nefasta política de Barreda y la oportunidad perdida de Zapatero durante los seis meses de presidencia europea».
En tal sentido, la senadora popular señaló que la ministra Espinosa no tiene un modelo claro para la negociación del nuevo modelo de la PAC que pueda garantizar la viabilidad del sector agrario español tal y como se ha pedido mayoritariamente desde el Senado, «ya que el primer documento conocido del PSOE era muy perjudicial para los intereses españoles». Asimismo, Naharro recordó que ha presentado iniciativas para que el Gobierno de Zapatero concrete cómo van a afectar los recortes de Medio Ambiente a las inversiones previstas para la provincia, «ya que este departamento es el más afectado, junto a Fomento. Hay muchas carencias en materia de abastecimiento de agua potable, de depuración de aguas, de la planta ósmosis en Albacete, de regadíos, de sustitución de bombeos que se van a frenar por el recorte, y que no quieren explicar», puntualizó la parlamentaria.

Trámites eternos. Por otro lado, Encarnación Naharro también lamentó que los trámites y resoluciones con los agricultores, y más concretamente con los viticultores, «se ralentizan eternamente, en tanto que no se agilizan las subvenciones pendientes». Asimismo, recordó que los agricultores tienen muchos problemas para pasar la ITV de los tractores tras una modificación de la norma, «Actualmente hay 1.500 tractores que no han podido pasar la ITV y eso implica pérdidas para los agricultores», además, comentó que este año hay ausencia de las ayudas para este trámite obligado.
Otro punto importante que denunció la senadora popular, es la destilación para uso de boca que propuso al Gobierno, «que ha sido otro fracaso ya que no ha llegado ha desaparecer ni el 50% de los dos millones de hectolitros previstos, como también han resultado decepcionantes medidas estrella como el Plan de Apoyo al Viñedo de Secano o el Plan de Ayuda a la Ganadería anunciado en 2008 y 2009». Por último, Naharro exige la relación de las obras a nivel nacional para llevar un control de las acciones acometidas.  

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, firmó ayer un convenio de colaboración con el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), organismo dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de un estudio sobre el estado ecológico de los ríos que atraviesan Castilla-La Mancha y la determinación de los caudales ecológicos de tramos de ríos de interés regional.
El proyecto, que comienza ahora tendrá una duración de 24 meses, aunque según adelantó Sánchez Pingarrón, desde el Centro Regional de Estudios del Agua se han comprometido a tener un primer avance de dicho estudio para el mes de septiembre.
El importe global de este proyecto se eleva a 410.500 euros, cantidad de la cual el Gobierno regional aportar el 53%, en torno a 223.000 euros, mientras que el resto corre a cargo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El convenio suscrito ayer viene a sumarse a la colaboración que mantienen ambas instituciones, tal y como indicó el director del CREA, José María Tarjuelo, que precisó que «desde la Universidad nos sentimos orgullosos de poder seguir ayudando al Gobierno regional con estudios técnicos a la toma de decisiones, a la planificación y a la conservación del medio natural».
Sánchez Pingarrón destacó que el resultado de estos estudios de investigación que se van a realizar ahora desde el CREA «van a ser muy importantes para todo el proceso de planificación hidrológica en el que ahora estamos inmersos todas las comunidades autónomas, con la revisión de sus planes de cuenca».
El titular de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda insistió en que «queremos que nuestros ríos corran limpios, que den la garantía del abastecimiento y de los recursos que se requieren para otros usos como la agricultura y el desarrollo industrial de la región», pero también que «queramos conservar nuestros ríos y tenerlos en buen estado y de ahí que la información exhaustiva que nos facilitará este estudio será muy importante».
El estudio se plantea tres objetivos clave: el establecimiento de cuales deben ser los caudales ecológicos de los ríos en los tramos que atraviesan la región; otro es contar con una amplia red de estaciones de referencia, de puntos de control de la calidad del agua, siendo 22 los puntos de control que ya hay en marcha en los ríos de la región en colaboración con la UCLM; y realizar estudios, que afectan sobre todo al Tajo, sobre cómo el trasvase afecta a este río.
Precisamente, Sánchez Pingarrón confirmó que el Tajo está en una situación deficitaria.

NO A OTRO TRASVASE. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, se refirió a la nueva petición del Sindicato Central de Regantes del Gobierno de Murcia de un nuevo trasvase del Tajo-Segura de 230 hectómetros cúbicos, una cantidad señaló que «se corresponde con el 25% de lo que hay en los pantanos de cabecera», por lo que anunció que el Gobierno regional se opondrá al mismo.
Si bien, Sánchez Pingarrón indicó que «es cierto que hemos tenido un buen año hidrológico», también en estos casos apuntó «la buena gestión y administración hidráulica lo que aconseja es que no dilapidemos ese agua, porque este año o cualquier año futuro puede ser complicado, y para eso están las reservas, para poder regular y utilizar los recursos en cualquier momento».
No obstante, el consejero afirmó que «lo sorprendente de esta petición es que ahora mismo en el Segura hay embalsados 740 hectómetros cúbicos, es decir, que los pantanos del Segura están al 64%, y por tanto, tienen recursos suficientes para cubrir todas sus necesidades presentes y futuras de abastecimiento y regadío, no existiendo por tanto justificación alguna para autorizar un nuevo trasvase a una cuenca que en la actualidad tiene recursos para funcionar de manera autónoma».
Todo esto, en su opinión «pone de manifiesto la caducidad de las normas de explotación del acueducto Tajo-Segura». Además, insistió en que «el caudal del Tajo a su paso por Toledo no reúne las condiciones para garantizar la vida de la flora y la fauna».    

Las cuencas de los dos principales ríos de la Comunidad Valenciana, el Júcar y el Segura, cerraron el ejercicio 2009 en estado de prealerta por riesgo de restricciones, según el informe «El medio ambiente y el medio rural y marino en España 2009» elaborado por el Ministerio que dirige Elena Espinosa.

No obstante, las lluvias caídas durante esta primavera han permitido corregir parcialmente la situación. Según el último Informe Hidrológico redactado por el Ministerio, la semana pasada el Júcar alcanzó un caudal de 1.222 hectómetros cúbicos, más del doble que en las mismas fechas de 2009 (cuando la reserva era de 579 hectómetros cúbicos).

Del mismo modo, el caudal actual del Segura alcanza los 685 hectómetros cúbicos, más del doble que el año pasado en estas fechas, cuando sus reservas eran de 326 hectómetros. No obstante, se trata de una situación coyuntural provocada por las abundantes precipitaciones que han descargado sobre la Comunidad Valenciana en los últimos meses y que en junio llegaron a causar inundaciones en la provincia de Alicante.

Inversiones amenazadas

Unos chaparrones que, en cualquier caso, no resuelven el déficit hídrico de la región a largo plazo. Mientras tanto, seis años después de la derogación del trasvase del Ebro, la Comunidad Valenciana carece aún de una solución definitiva para alejar la amenaza de sequía estructural.

El Gobierno anunció el Plan AGUA del Ministerio de Medio Ambiente como alternativa a los recursos hídricos que iban a llegar desde el Ebro, pero ahora las inversiones de este programa también se están viendo afectadas por el tijeretazo decretado al presupuesto público.

En la actualidad, se está ejecutando las obras de la desaladora de Torrevieja y el trasvase Júcar-Vinalopó, que deberían entrar en funcionamiento este mismo año. En cambio, están pendientes de iniciarse las plantas de Guardamar del Segura y Denia, así como las obras complementarias de la desaladora de Muchamiel-El Campello.

En el caso de Denia, el cambio de ubicación de la desaladora —el emplazamiento anunciado inicialmente por el Ministerio de Medio Ambiente provocó un gran rechazo social— ha obligado a reiniciar el proceso y adaptar el proyecto. Fuentes del Ministerio han admitido la posibilidad de que se retrase la licitación de las obras que aún no se han iniciado, a causa del recorte presupuestario impuesto a todos los departamentos del Gobierno.

La desaladora de Muchamiel, que empezó a construirse hace ya más de un año —en junio de 2009—, debería entrar en funcionamiento en la primavera de 2011, aunque el retraso en las obras complementarias, como los colectores, podría demorar aún más la fecha de puesta en servicio.

De esta forma, siguen en el aire los 73,5 hectómetros anuales que debían generar las tres plantas que aún están pendientes de construcción: 17,5 la de Muchamiel, 40 la de Guardamar, y 16 la de Denia.

Sin agua del Ebro

La negativa del Ejecutivo a trasvasar caudales del Ebro a las tierras del sur, mientras sí acepta trasvases temporales a varias locales de Cataluña, ha llevado a que al río Ebro vierta más de seis mil hectómetros cúbicos al mar en tan sólo en los cinco primeros meses de 2010, una cantidad equivalente a diecisiete trasvases anuales a la Comunidad Valenciana. Todo ello, seis años después de que el Gobierno decidiera anular el proyecto del trasvase del Ebro en 2005, en el comienzo de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno no ha resuelto todavía el conflicto abierto entre Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana por la delimitación geográfica de la Demarcación del Júcar, lo que mantiene paralizado el Plan Hidrológico del Júcar, cuyo notorio retraso amenaza con provocar sanciones europeas.
Según la Directiva Marco del Agua, los planes hidrológicos deberían haber sido sometidos a información pública antes de diciembre de 2008 y presentados a Bruselas antes del 22 de marzo pasado.
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha elaborado el Esquema de Temas Importantes, ETI, y lo ha sometido a consultas entre los afectados, aunque este documento es sólo el embrión de lo que debería ser el plan de cuenca. Fuentes de la CHJ aseguraron que están procesando toda la información recibida y sistematizándola, aunque no hay fecha para cerrar el documento.
Castilla-La Mancha acusa a la Generalitat Valenciana de no querer asumir sus competencias sobre las cuencas internas valencianas, pese a que lo contempla la reforma del Estatut de Autonomía y la sentencia del Tribunal Supremo. Mientras, el Gobierno valenciano considera una «barbaridad» las divisiones establecidas en algunos sistemas de explotación, en especial en el del Vinalopó-L’Alacantí, actualmente juntos, y que el Gobierno quiere desgajar.
Tampoco se acepta del lado valenciano que Castilla-La Mancha niegue la existencia de una conexión natural entre el Júcar y La Albufera, a la que en algún documento de la comunidad vecina se le califica de «trasvase».
Además, la Generalitat Valenciana pretende que el Gobierno reconozca la existencia de «Cuencas Internas Endorreícas» -amplias zonas sin salida por cauce definido para el agua superficial-, mientras oficialmente en Castilla-La Mancha no se quiere activar la competencia sobre estas zonas que consideran «irrelevantes» y que tendría que gestionar desgajándolas del Júcar.
La Confederación Hidrográfica del Júcar podría dar luz verde técnicamente al ETI, elaborado sobre los mismos sistemas de explotación que contempla el actual Plan Hidrológico del Júcar, aunque su aprobación definitiva requiere del dictamen de un inexistente Consejo de Cuenca que no se puede formar en tanto no esté delimitada la cuenca y sus representantes.
En este contexto no existe, según fuentes consultadas por este periódico una negociación «de fondo» para aproximar posturas entre los gobiernos regionales y el gobierno central. El Ministerio de Medio Ambiente puede aprobar por decreto la delimitación de la cuenca y, aunque sería recurrible en los tribunales, permitiría crear los órganos consultivos y de gobierno de la demarcación del Júcar y aprobar el contenido del plan de acuerdo a los planteamientos insinuados en el ETI.
Respecto a la negativa de Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana a asumir competencias hídricas sobre sus cuencas internas, no habría ningún obstáculo legal a que la CHJ siguiera con la gestión en tanto no se produzca el traspaso de competencias.
La Comisión Europea ha enviado un primer apercibimiento a España, por no haber presentado en plazo los planes hidrológicos de Cuenca. Además de España han sido apercibidos Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía.

Representantes de los grupos ecologistas de toda España han entregado este jueves en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino una carta dirigida a la ministra Elena Espinosa, con peticiones relacionadas con la planificación hidrológica y consensuadas con más de 30 colectivos ecologistas.
Los grupos, entre ellos WWF, Ecologistas en Acción y la Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases (COAGRET), también han exigido, a través de este documento, la defensa de los ríos.
Entre sus peticiones, destaca la revisión y racionalización de todos los proyectos de embalses y trasvases «porque la mayoría o han quedado desfasados dada la antigüedad de estos proyectos o tienen un insostenible impacto ambiental».
A su juicio, éste es el caso del recrecimiento del embalse de Yesa, «por riesgo geológico»; el embalse de Biscarrués (Huesca), «por la destrucción de la actividad económica de turismo de río»; y el embalse de Mularroya (Zaragoza), «anulado en proyecto y estudio de impacto ambiental por sentencia de la Audiencia Nacional y aun así en obras».
Asimismo, mencionan los trasvases del Tajo medio, Xerta-Senia (Valencia) y Segarra-Garrigues (Lérida) y los proyectos de recrecimiento de Las Torcas (Zaragoza) y el embalse de Korrosparri (Vitoria).
Los grupos ecologistas piden también la aplicación de la racionalidad económica en la planificación de estas «costosas» infraestructuras hidráulicas, haciendo cumplir la exigencia de la Directiva Marco de Agua respecto a «la recuperación de costes».
Además, reclaman el reconocimiento de los afectados por los embalses y trasvases «como parte decisoria imprescindible» y afirman que la participación pública en la planificación hidráulica «debe ser transparente, realista y sobre todo previa a elaborar los proyectos». Por último, solicitan la incorporación de los afectados a los principales órganos de participación de la cuenca, como el Consejo del Agua.

Primero fue Iberdrola y este miércoles fue la patronal eléctrica UNESA quien se sumó al recurso contra la congelación de las tarifas. En primer lugar, porque se ha sobrepasado el déficit tarifario establecido legalmente. Fue un candado impuesto por Solbes que el Gobierno ha decidido desoír porque le ha dado la gana. Pero es que además, desde el punto de vista formal, la decisión debería haber sido estudiada e informada por la CNE. Tampoco ocurrió porque el Gobierno utiliza los organismos reguladores como si fueran clínex.

Así las cosas, el ambiente en el sector eléctrico está más que caliente. Y el resto de las compañías no descartan sumarse al recurso. El problema es que el Supremo está plagado de recursos. Siempre les dan la razón. Pero ya se sabe la maldición del gitano: juicios tengas y los ganes… dentro de una década.